20221219

Las pérdidas en Bolsa y la subida de los tipos de interés han contribuido a la importante caída del valor patrimonial de las EPSV. Los 28.241 millones con los que arrancaron el año estos fondos complementarios para los vascos han menguado hasta los 25.479 –2.762 menos a 30 de septiembre–, el mayor retroceso en los últimos diez años. Los analistas pronostican un cambio de escenario que facilitará la rentabilidad. En los primeros nueve meses del año, según se desprende de los datos facilitados por la Federación de EPSV de Euskadi, el patrimonio que manejan estos fondos de pensiones complementarios para los vascos se ha dejado el 9,7% de su valor. Traducido en euros, 2.762 millones. Así, los 28.241 con los que arrancaron 2022 habían menguado hasta los 25.479 millones a 30 de septiembre. Es la caída de rentabilidad más acusada de la última década, consecuencia del comportamiento general del mercado. Las bolsas han arrastrado la renta variable a un promedio de pérdidas del 15% en Europa y del 20% en Estados Unidos. Además, la subida de los tipos de interés ha impactado en la renta fija, con un descenso medio de entre el 10 y el 15%. Si atendemos al reparto que hacen los gestores con el patrimonio ahorrado por 1,15 millones de socios de EPSV en la comunidad autónoma, no es de extrañar. El 42,6% de los recursos –12.389 millones– se destina a renta fija. Es decir, a la compra de deuda pública, en la mayoría de los casos, y de grandes empresas, siempre a largo plazo. Un 11% –3.298 millones– es renta variable, valores que cotizan en Bolsa; y el 37,6%, para los fondos de inversión –un total de 10.944 millones–, que a su vez diversifican el dinero en diferentes activos inmobiliarios, mixtos y que también cotizan en los mercados financieros. Esta coyuntura deja sentir sus efectos sobre las prestaciones de muchos socios. Esta misma semana, la EPSV de Lagun Aro, con más de 47.000 asociados –solo por detrás de la impulsada por Geroa, la patronal guipuzcoana–, anunció que solo subirá el 1% a las nuevas pensiones y no el 70% del IPC. En este caso, la pérdida de valor de las inversiones afecta a la solvencia de la entidad.

Uno de los siguientes objetivos en el calendario legislativo del Gobierno vasco es la modificación de la ley que regula las EPSV. Se trata de una norma de la que ya se han cruzado borradores entre el Departamento de Economía y Hacienda y la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV). Se persigue, entre otras cuestiones, ampliar el listado de inversiones que la normativa permite hacer a los gestores de estos recursos. Es un índice muy restrictivo, en el que se intenta dar cabida a actuaciones en el ámbito de la energía renovable, la sostenibilidad, las nuevas tecnologías o la salud de vanguardia. Sería un modo de corregir un efecto que actualmente se observa en los casi 30.000 millones de euros que tienen de patrimonio estos organismos. Y es que, de esa cantidad, apenas el 5% –unos 1.500 millones de euros– se invierte en Euskadi. La norma introducirá también cambios en el modo de gobierno de las gestoras de las EPSV, adecuando criterios técnicos que faciliten y hagan más ágil la toma de decisiones. En definitiva, abrir más canales de participación a los socios. Una de las herramientas estratégicas para permitir el desarrollo de estas figuras de ahorro y complemento de la jubilación ha sido la desgravación fiscal. Desde la Federación vasca de EPSV, su presidente, Ignacio Etxebarria, ha señalado en más de una ocasión que revisarla en el caso de las empresas ayudaría para fomentar las figuras de empleo, así como en el rescate para el ahorrador.

Hace catorce años otras dos cooperativas, Irizar y Ampo, emprendieron el mismo camino que Orona y Ulma, abondonar la ‘casa madre’, el Grupo Mondragon, para iniciar una andadura en solitario, aunque con diferente recorrido. En este nuevo proceso es inevitable recordar aquel precedente, aunque las cooperativas de Ormaiztegi e Idiazabal han querido en todo momento mantenerse al margen y han declinado pronunciarse al respecto para no interferir en el mismo, arguyendo además que era otra época y que no se trata de situaciones comparables. Y aunque algunos de los pronunciamientos del Grupo Mondragon realizados en 2008, cuando se materializó la salida de ambas cooperativas, son semejantes a los de estos días – «máximo respeto a las decisiones» y «no supone ninguna crisis del modelo de la Corporación», entre otros– , hay una cuestión que marca una clara diferencia, y es que entonces fuentes cercanas al Grupo apuntaban que «era algo que se veía venir». Todo lo contrario que en esta nueva ruptura, que ha cogido por sorpresa al mundo Mondragon pese a que Orona y Ulma habían realizado en junio una propuesta de otro modelo de relación mediante un convenio anual. Un planteamiento que no se llevó al último Congreso de Mondragón realizado el pasado 15 de octubre, y que ha sido el detonante de la salida. La clave reside en que las dos cooperativas que plantearon su salida en 2008 compartían un mismo modelo de gestión, muy específico, el implantado por Koldo Saratxaga, muy diferente del habitual del Grupo Mondragon. Un modelo que Saratxaga impulsó en 1991 en Irizar y que posteriormente se implantó también en Ampo, en concreto en 2003, así como en Urola, la otra cooperativa con la que conformaron la división Goikide en 2005. Un modelo en el que se funcionaba por equipos multidisciplinares autogestionados y autónomos y en el que la flexibilidad y agilidad eran las señas de identidad frente a otro, el de la Corporación, que se percibía «menos ágil y flexible».

Bain Capital parece que no tiene prisa por conformar un núcleo de accionistas nacionales en el capital de su participada ITP Aero. Esa fue la exigencia del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez cuando dio luz verde a la compra de la empresa de Zamudio (Bizkaia) por el fondo de Boston (Estados Unidos). Hasta ahora, tan solo un inversor, el Gobierno vasco, ha confirmado oficialmente su entrada con un 6% de los títulos. Si el fondo estadounidense compró a Rolls-Royce el 100% del fabricante vasco de componentes aeronáuticos por 1.700 millones de euros, ese 6% pudiera haber costado al gabinete del lehendakari, Iñigo Urkullu, unos 100 millones, aunque algunos medios sitúan el precio de la operación en un importe inferior, en el entorno de los 65 millones. Ese parece que es el problema, el alto precio de la inversión. De momento, Bain ha reservado el 27,5% del capital para nuevos socios. La empresa familiar del sector de defensa SAPA, de los Aperribay, tiene interés por hacerse con el 5%. Lleva más de un siglo en este negocio y el Ejército de España es uno de sus clientes tradicionales. En este ámbito, ITP Aero realiza el mantenimiento de los motores de las aeronaves de la Armada. Otro 10% parece que está asignado a BP Capital, que repartiría este porcentaje entre grupos familiares como el de los Urrutia, que operan en todos los sectores a través de su sociedad instrumental Asua Inversiones. La última, y principal, palabra la tiene Indra, que todavía no ha movido ficha.

Desafiando a todos los agoreros, las economías de la Unión Europea (Reino Unido es otra historia) se están comportando mucho mejor de lo esperado. Según las estimaciones de la Comisión Europea, el crecimiento en 2022 ha superado el 3% (más de medio punto porcentual por encima de las previsiones de verano), el desempleo se sitúa en un mínimo histórico del 6,5% y la producción industrial ha caído mucho menos de lo esperado. En la eurozona, que incluye economías más afectadas por la subida de los precios de la energía provocados por la invasión rusa de Ucrania, la economía se ha ralentizado, pero el crecimiento anualizado en el último trimestre de 2022 alcanzó un sorprendente 2,1% (en Estados Unidos fue del 1,9%). Esto no significa que la UE no se enfrente a un invierno difícil. Prácticamente desconectados de los suministros energéticos rusos, algunos países europeos pueden caer en recesión en 2023 y la inflación probablemente seguirá aumentando. Pero a diferencia de las crisis anteriores (la catástrofe económica inducida por el Covid-19 de 2020 y la crisis financiera global y del euro de 2008-2012), esta contracción económica, si se produce, será probablemente leve y breve. Y España, seguramente, logrará sortearla. La economía ha resistido mucho mejor de lo esperado. No cabe duda de que la combinación de la guerra de Ucrania –que desencadenó un fuerte aumento de los precios de la energía, los alimentos y las materias primas al tiempo que incrementó la incertidumbre– y la política COVID cero de China –que ralentizó el crecimiento en toda Asia– han sido duros golpes para todo el mundo, pero sobre todo para Europa. Pero los países de la UE han tomado buenas (y rápidas) decisiones de política económica y energética. Y, además, han tenido algo de suerte.

Europa arde en pleno invierno. El combustible de la inflación le ha subido la fiebre a la tensión social, que recorre el continente como un escalofrío que amenaza con convertirse en pulmonía. Sobre todo si se cumplen los pronósticos más sombríos que auguran una recesión al doblar la esquina del nuevo año, que se estrena sumido en una guerra interminable, una crisis energética que ha convertido la luz y la calefacción en bienes de lujo para muchos ciudadanos y un alza de precios que amaga con recortar drásticamente la ambición de las cenas navideñas. Terreno abonado para la batalla sindical por una subida de sueldos que compense la pérdida de capacidad adquisitiva de los trabajadores cuando la inflación alcanza el 10% en el conjunto de la Eurozona, frente al 4,1% de aumento de los salarios en el segundo trimestre. De Reino Unido a Italia, la calle se moviliza ante otro invierno del descontento –como se conoce a la oleada de protestas que paralizó amplios sectores de la economía británica a finales de los 70, tumbando al gobierno laborista y alumbrando la era Thatcher– que puede convertir las capitales europeas en un polvorín social. Es el segundo capítulo de una temporada de conflictividad laboral que arrancó con un otoño caliente a pesar de que los gobiernos han destinado hasta 674.000 millones de euros en rebajas energéticas: desde descuentos a los carburantes a topes al gas y la electricidad, según cifras publicadas por el think tank económico Bruegel de Bruselas.

La tasa de temporalidad se ha rebajado en cuatro puntos en los tres primeros trimestres de 2022 (del 24,2% al 20,2%), y la diferencia con la media europea en el segundo trimestre del año está en ocho puntos (22,4% y 14,4%, respectivamente), la más corta de la serie histórica. Un documento interno del Ministerio de Trabajo al que ha tenido acceso El País señala que “los efectos de la reforma laboral sobre la temporalidad están siendo muy intensos y extraordinariamente rápidos”. En el texto se compara, de acuerdo con las últimas gráficas recogidas por el organismo europeo de estadísticas, Eurostat, la evolución de las tasas de temporalidad de distintas actividades en los segundos trimestres de 2021 y 2022, y la diferencia con respecto a la media europea. Mientras que la distancia hace un año entre ambos promedios era de 11,1 puntos (25,2% y 14,1%), 12 meses después se ha recortado en tres puntos, gracias también a que el dato europeo se ha elevado ligeramente. “En el análisis comparado por sectores aparecen resultados muy destacados y positivos, porque la temporalidad en España se está reduciendo de forma especial en los sectores que más empleos tienen y en los que más temporalidad había”, indica el documento de Trabajo. Es lo que sucede, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, donde la tasa de temporalidad —intrínsecamente asociada con la estacionalidad del campo— se situaba en el ecuador de 2021 en el 53,9%, la más alta de entre todas las actividades, y que un año después se ha rebajado hasta el 45,4% (8,5 puntos). Algo que ha permitido que la diferencia con Europa haya pasado de 20,8 puntos a 14,9 (45,4% y 30,5%, respectivamente). Algo parecido sucede con la construcción —disparada con los contratos por obra o servicio—, donde los empleos de duración determinada se han reducido en nueve puntos (36,4% y 27%) y la distancia con respecto a Europa es de 13 puntos, ocho menos que hace un año.

El Tribunal Supremo duda de la legalidad del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH). Los magistrados han elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una cuestión prejudicial para que estudie la configuración del tributo, que permitió a las comunidades autónomas establecer tipos de gravamen suplementarios del impuesto entre los años 2013 y 2018, pese a que la normativa comunitaria establece una imposición armonizada. El Supremo ha recibido varios recursos de casación por este asunto tras la negativa de la Agencia Tributaria a devolver los ingresos tributarios del tramo autonómico del IEH, que se estiman en unos 5.000 millones de euros. Los abogados de KPMG han llevado los procedimientos más relevantes. “El Tribunal Supremo se ha enfrentado a una situación sin precedentes”, explica Julio César García, socio responsable de Fiscalidad Corporativa de KPMG Abogados. “La devolución del impuesto ha sido reclamada simultáneamente por dos colectivos diferentes de empresas, y la Administración ha negado la devolución a ambos colectivos”, explica. “Los argumentos para negar la devolución a cada uno de los colectivos son totalmente contradictorios con los que se empleaban para negarle la devolución al otro”, indica Julio César García. “Esta contradicción ha sido advertida por el Tribunal Supremo, que ha relacionado ambos procedimientos, por lo que creemos que si el Tribunal de Justicia europeo decidiera que el impuesto es ilegal, lo lógico sería esperar que el impuesto ilegalmente recaudado se devuelva a unos o a otros”, añade.

España corteja a gigantes de la industria de semiconductores como Samsung y Micron en la gran batalla abierta entre los países europeos para atraer a fabricantes de procesadores bajo el paraguas de la futura ley de chips, cuya aprobación está prevista para 2023. La gran ambición del Perte Chip, con el que el Gobierno quiere levantar una industria de diseño y producción de semiconductores en España, es atraer una gran fábrica de fundición de procesadores. Con una inversión pública prevista de 12.250 millones hasta 2027, este Perte es el mayor de los once proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica, debido a las milmillonarios desembolsos que requieren estas plantas. El objetivo no es nada fácil. El Perte se aprobó en mayo con la vocación de crear una industria a largo plazo, una meta ambiciosa y difícil. A esto se suma la complejidad de la materialización de las ayudas y el compás de espera abierto hasta la aprobación de la esperada ley comunitaria, por lo que es de esperar un ritmo lento de ejecución. De hecho, está en una fase embrionaria: se lanzarán las primeras convocatorias de ayudas en el primer semestre de 2023, una vez acotado el ámbito de actuación mediante consultas y manifestaciones de interés. La dotación presupuestaria para 2023 es de 1.250 millones: 450 millones en subvenciones y 800 millones en créditos. España ve una oportunidad porque la industria mundial de chips tiene que incrementar su capacidad de producción para abordar la creciente demanda. Además, Europa tiene un plan de 43.000 millones para atraer a estos fabricantes, en una liza que le enfrenta a EEUU, que ya ha convencido vía subsidios a gigantes como TSCM y Samsung.

El coste medio que puede provocar una brecha de datos a las empresas ha crecido en 2022 hasta un máximo histórico de 4,35 millones de dólares, según datos de IBM Security. En los dos últimos años, la cifra ha aumentado un 13% a escala global. El cibercrimen es un auténtico negocio, que conlleva bajos riesgos y elevados beneficios potenciales para los delincuentes. Los récords de ciberataques registrados siguen batiéndose año tras año, en un escenario de creciente complejidad tras la digitalización acelerada a raíz de la pandemia. Estos aspectos se abordaron en el encuentro Ciberseguridad: Cómo hacer frente a la amenaza global con nuestro talento y recursos locales. “La migración a la nube y la adopción del modelo multi-cloud hibrido, con ecosistemas abiertos, hace que se difumine el perímetro de seguridad de las organizaciones”, explicó Ascensio Chazarra, director de Security Services de IBM. Así, las empresas deben adaptarse a un nuevo entorno en el que “el gran reto es proteger toda la cadena de suministro”. Pese a las dificultades para captar talento, el responsable de IBM subrayó que “hay que poner el foco en la concienciación y la formación porque la mayoría de los ataques llegan a través de vectores humanos”. En la misma línea, “muchas cosas que antes se hacían de forma presencial se están haciendo ahora de modo digital, lo que genera una superficie de exposición mayor para las empresas”. 

La vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo trabajan en esta recta final del año para completar el listado de iniciativas de inversión que irá, junto a las reformas comprometidas con Bruselas, a la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En juego está la opción de pedir hasta 84.000 millones de euros en créditos blandos, además de los 7.700 millones de la asignación extra de transferencias no reembolsables. Las conversaciones entre distintos ministerios y colectivos empresariales están generando altísimas expectativas sobre unas condiciones financieras absolutamente fuera de mercado para los préstamos. Sin que haya trascendido aún información oficial alguna, se esperan “periodos de carencia de 10 a 15 años e intereses cercanos al 0%”, comentan fuentes del Gobierno involucradas en los contactos. Calviño tiene fijada una comparecencia en la Comisión Mixta para la UE del Congreso de los Diputados este jueves para detallar la citada adenda al plan de recuperación. La intención de Economía, señalan las mismas fuentes, es movilizar el 100% de los 84.000 millones en créditos ofrecidos a España. Máxime en las actuales condiciones de mercado. Se trata de un anuncio que grandes empresarios dan ya por asegurado. Las patronales ven como destino el refuerzo de los proyectos estratégicos (Perte) en marcha con déficit de financiación.

El BCE dejará de comprar unos 90.000 millones de euros de deuda española en 2023 con respecto a lo que venía haciendo en los últimos años, según se desprende del peso español en las compras de Fráncfort. La cifra resulta de que no sólo no adquirirá ya toda la nueva deuda que se emita –70.000 millones previstos– como ha hecho tras la pandemia, sino que dejará de seguir refinanciando parte de la antigua por valor de unos 20.000 millones en 2023. En vez de sustituir bonos que vencen comprando otros nuevos, los liquida. La razón es que al ya finalizado programa PEPP –el creado en marzo de 2020 por la pandemia– se une ahora la reducción gradual del APP –nacido tras la crisis del euro en la pasada década– tras la decisión de este jueves. El conjunto de ambos ha supuesto que el BCE posea nada menos que 416.777 millones de la deuda pública de España: ¡Un tercio del total! Por eso la economía española está resistiendo la cadena de desafíos de estos años, pero esa ayuda ha tocado techo y se va deshaciendo. Afortunadamente es un proceso gradual, relevante para el puzzle que tiene Sánchez en año electoral. El presidente del Bundesbank alemán, el socialdemócrata Joachim Nagel, defendía iniciar ya en enero el recorte del enorme balance del BCE, pero finalmente se lanza en marzo y dosificando para no desatar una tempestad para países que, como España, necesitan colocar enorme deuda el próximo año. Nadia Calviño ha presupuestado nada menos que emitir 256.903 millones que, hasta ahora, le cubría el BCE holgadamente con su paraguas. Ya no. Calviño tiene razón en que no ha habido tormenta de deuda hasta ahora, pero sí un mayor encarecimiento en los últimos meses y, en particular, en los últimos días. 

El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzaron en la madrugada de ayer, después de treinta horas de maratonianas negociaciones, un acuerdo clave para reducir las emisiones de CO2 y abordar su impacto social. El plan busca acelerar el ritmo en este objetivo, eliminando progresivamente los ‘derechos para contaminar’ gratuitos asignados a la industria, a la vez que establece un «un impuesto fronterizo para el carbono», que impone estándares medioambientales a las importaciones. También prevé cobrar por las emisiones ligadas a la calefacción de edificios y el transporte por carretera, con un tope de precios para evitar gravar a los hogares. El régimen de comercio de derechos de emisión (conocido con las siglas en inglés ETS) permite a los productores de electricidad e industrias que requieren un alto consumo de energía como el acero y el cemento que cubran sus emisiones con cuotas. Estos cupos están diseñados para ir disminuyendo con el paso del tiempo para recortar las emisiones e invertir en tecnologías verdes. El acuerdo alcanzado implica que los sectores afectados deben reducir emisiones en un 62% para 2030 con respecto a los niveles de 2005. El pacto también busca acelerar el calendario para una eliminación progresiva del sistema de los derechos para contaminar, con una reducción de un 48,5% para 2030 y una suspensión total para 2034, un programa que estuvo en el centro de las discusiones entre parlamentarios y Estados miembros. El mercado del carbono será progresivamente aplicado al sector marítimo, a los vuelos dentro del bloque europeo y a los sitios de incineración de basura en 2028, dependiendo de que haya un informe favorable de la Comisión.

Las energéticas españolas han ido perdiendo terreno frente a bancos y otro tipo de empresas en la carrera de la lucha contra el cambio climático. Así se desprende del último ránking elaborado por CDP (Carbon Disclosure Project), que revela como Telefónica y Ferrovial sistemáticamente han sido mejores durante más años que las grandes energéticas, como Endesa, Iberdrola y y Naturgy. CDP es una organización sin ánimo de lucro con sede en Estados Unidos y Europa que cuenta con enorme prestigio como referente en la divulgación de la lucha contra el cambio climático. Su informe estrella es el índice que elabora cada año en el que, a modo de ráting como las agencias de calificación, atribuye una nota al comportamiento de cientos de empresas en el mundo. La máxima puntuación es la letra A. El índice CDP se considera la Champions de la lucha medioambiental. El índice publicado este año, con referencia a las actuaciones de 2021, ha sido histórico para España. Por primera vez en el índice mundial de CDP han aparecido 17 grupos españoles. Es una cifra sin precedentes. El anterior récord estaba en 16 y se alcanzó en 2016. Entre los grupos con ráting A que aparecen este año se encuentran Acciona, Aena, Banco Santander, CaixaBank, Inditex, Indra y Telefónica, entre otros. De las empresas del sector energético sólo figuran Acciona Energía, Iberdrola, Redeia (anteriormente conocida como Red Eléctrica) y Siemens Gamesa. Lo más relevante es precisamente la escasa presencia de energéticas en esa lista, sobre todo teniendo en cuenta el panorama económico. 

A primera hora de la mañana del 24 de junio «entre 1.300 y 2.000 hombres intentaron escalar las vallas de seis a diez metros que separan el territorio marroquí del español», según Human Rights Watch. La peor avalancha de inmigrantes que haya sufrido España por la frontera de Melilla es un día cualquiera en El Paso, donde el mes pasado las autoridades migratorias estadounidenses interceptaron en la frontera con México una media de 2.500 personas cada jornada. La cifra era ya un incremento sobre la anterior de 1.700, que en las próximas semanas se espera aumente todavía otro 40%. El miércoles expira el plazo que la Justicia dio a la Administración Biden para dejar de aplicar el título 42 de una ley sobre salud pública y derechos civiles que Donald Trump comenzó a usar durante los peores momentos del covid para justificar la expulsión de inmigrantes sin tener en cuenta siquiera sus solicitudes de asilo político. Se calcula que cerca de dos millones y medio de personas fueron deportadas amparándose en este controvertido capítulo que está a punto de expirar. La pandemia acabó oficialmente en abril, según las directrices del Centro para Control de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, pero el Gobierno de Biden no ha podido pasar página en la frontera. Una ristra de demandas y apelaciones a lo largo del país han tenido a las autoridades colgadas sobre el abismo del río Bravo, donde unos y otros viven entre la espada y la pared. Por un lado, el presidente prometió durante la campaña acabar con esa política «inhumana», considerada una de las más abusivas del Gobierno de Trump en materia migratoria. Por otro, con el tictac del reloj le explotará en la cara una auténtica crisis migratoria en plenas navidades. Biden ha optado por una solución salomónica: acatará la orden del juez para suspenderla el miércoles, pero a la vez ha apelado la decisión para reservarse el derecho de poder usarla en la próxima pandemia.

Finalmente, la txapela se decantó por la veteranía y la experiencia, y Maialen Lujanbio se proclamó campeona de la décimo octava edición del Campeonato de Euskal Herria de Bertsolaris, tras haber llegado al cara a cara con Amets Arzallus, vicecampeón. Después de una jornada en la que los bertsolaris, con altos y bajos ocasionales, destacaron por su regularidad, pocos se atrevían a adelantar los nombres de los dos aspirantes a la txapela, y al final se reeditó una última ronda con aires de ‘déjà vu’, idéntica a las de 2009, en la que se impuso Lujanbio, y a la de 2013, que fue para Arzallus. La de 2022, al igual que la que en 2017 compartieron la bertsolari hernaniarra y Aitor Mendiluze – los más veteranos, con 46 y 47 años, respectivamente– se ha decantado a favor de Maialen Lujanbio, que con la tercera txapela acrecienta su carácter de referencia en la historia del bertsolarismo. El momento en el que la recibió de manos del bertsolari gabiriarra Iñaki Murua, presidente durante muchos años de Euskal Herriko Bertsozale Elkartea, fue muy emotivo. Los aplausos de 13.000 personas puestas en pie también fueron, sin ninguna duda, para él. La combinación entre liturgia y fiesta fue una constante en el interior del Navarra Arena, un recinto enorme capaz de acoger a 13.000 personas que, sin embargo, permite que se genere un ambiente cálido, íntimo en ocasiones. Las dimensiones y la intensidad del encuentro impresionaron a los expertos internacionales.