20221221

La economía nacional capea el temporal mejor de lo previsto hace unos meses por los principales organismos. Por ello, el Banco de España calcula ahora que el PIB crecerá este año un 4,6%, una décima más de lo estimado hace dos meses, y aleja el riesgo de recesión técnica, aunque reduce su previsión en la misma proporción para el año que viene hasta el 1,3% de avance del PIB. Esta mejora para 2022 se debe a la sorpresa al alza de la actividad en el segundo semestre, con un crecimiento del 0,2% en el tercer trimestre y del 0,1% en el cuarto, según sus previsiones, cuando hace solo dos meses proyectaba incluso caer en recesión técnica al sumar dos trimestres consecutivos en negativo, algo que ahora ya descartan la mayoría de organismos. Además, la ligera revisión a la baja del crecimiento del PIB de 2023 se debe al «efecto arrastre» del mejor fin de año de 2022 y a la peor marcha de la economía europea el próximo. La tasa de inflación para 2023 es la gran sorpresa en las nuevas previsiones macroeconómicas que ayer publicó el Banco de España. El organismo calcula que el IPC armonizado (índice utilizado para hacer comparaciones entre países europeos) se sitúe en el 4,9%, una tasa aún muy alta y alejada del 2% que fija Bruselas, pero siete décimas inferior a la prevista hace solo dos meses (5,6%) por la prórroga de la mayoría de las medidas anticrisis. Más allá, el supervisor indica que la inflación de 2024 será del 3,6%, más de punto y medio por encima de su anterior previsión precisamente porque las medidas terminarán en 2023 lo que supondrá un efecto a alza en ese momento. Los precios no bajarán del 2% hasta 2025, concretamente al 1,8%.

En cuanto a la actividad económica, el Banco de España considera que el comportamiento del PIB habrá sido similar al del tercer trimestre de 2022, donde el INE estimó un crecimiento trimestral del 0,2%, a la espera de la revisión de la contabilidad nacional trimestral que se producirá este viernes. Esto, aunque no llegue a registrar una caída del PIB –que podría todavía producirse, al estar en torno a un crecimiento nulo– sí que indica la misma atonía en la economía española que en el contexto internacional, originado por el empeoramiento de expectativas ante el incremento de la incertidumbre, el endurecimiento de las condiciones de financiación, el deterioro de la confianza de los agentes económicos y las presiones inflacionistas, que merman el poder adquisitivo de familias y empresas. Es más, el Banco de España señala que la economía española se ha visto soportada por el impulso fiscal de los últimos meses. Es decir, la economía se encuentra sujetada artificialmente por el ingente gasto público desplegado por el Gobierno, pero no por generación real de actividad económica. Es una economía sostenida por el gasto público. El gran problema que se presenta es el del enorme endeudamiento que concentra España, en el entorno del 115% del PIB, con casi 1,5 billones de euros de deuda a octubre; y qué sucederá con la economía cuando las reglas fiscales se recuperen y haya que reducir de manera importante el gasto público para cumplir con los objetivos de estabilidad y reducir el enorme déficit estructural que esta política fiscal tremendamente expansiva por el lado del gasto que el Gobierno está aplicando. Ahí, la economía española puede resentirse de manera muy importante, pues no hay pujanza actual en la actividad real productiva, sino que está mantenida en su mayor parte por el gasto público, con lo que las perspectivas no son nada halagüeñas. Eso queda claro en la debilidad que muestra el consumo una vez se ha acabado la estacionalidad de la temporada de turismo. 

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre economía regional referidos a 2021, revelan que la economía vasca se ha estancado en 5,94% del PIB nacional. Es una especie de punto de estabilidad –en 2020 el peso relativo del PIB vasco en el conjunto de España era el mismo–, pero tras una ya dilatada trayectoria de caída. En el año 2000, el primero que tiene en cuenta la actual serie estadística del INE la creación de riqueza del País Vasco suponía el 6,30% del PIB nacional. El mismo trabajo anual refleja también otro de los síntomas de debilidad de Euskadi, que no es otro que su evolución demográfica. Un problema sobre el que se han centrado un buen número de estudios en los últimos años –el último elaborado por la patronal Confebask, en el que advertía del déficit de población activa en las próximas décadas–, pero para el que nadie parece encontrar una solución eficaz. Y es que a finales de 2021 Euskadi representaba el 4,62% de la población española –el 4,63% en 2020–, pero con una tendencia negativa similar a la del PIB. En el año 2000 el País Vasco tenía el 5,14% de la población española. La fotografía que refleja la estadística del INE es la base sobre la que se han sustentado algunas visiones críticas sobre la evolución del País Vasco, en especial desde el sector empresarial. El mensaje más contundente y directo –también el más polémico–, surgió el pasado año de un colectivo de destacadas personas del mundo empresarial y académico, que nació con el nombre de Zedarriak. Aquel trabajo, que hacía un repaso sobre la evolución de la economía vasca en las últimas décadas, concluía que «Euskadi no ocupa ya posiciones de liderazgo», al tiempo que sus autores abogaban por iniciar un «importante proceso de renovación y transformación de la sociedad vasca para garantizar su futuro». Las conclusiones no gustaron y fueron recibidas con desagrado por parte del Gobierno vasco, que no dudó en descalificar públicamente a sus autores. «Si yo fuese el profesor de un alumno que hace ese informe... le hubiese puesto un suspenso clamoroso», llegó a manifestar en una entrevista a El Correo, el pasado mes de junio, el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu. Como hecho singular, el estudio del INE refleja un revés en la trayectoria aparentemente imparable que llevaba la Comunidad de Madrid, que en las dos últimas décadas no ha dejado de ganar posiciones en este ranking. 

El informe de competitividad regional que cada año elabora el Consejo General de Economistas (CGE) incorpora en su análisis de 2021 un nuevo apartado dedicado a evaluar el grado de digitalización de cada comunidad. Euskadi sale bien parada en la evaluación, situándose en la zona alta, más de un 10% por encima de la media. No obstante, su posición es la cuarta en el ránking tras Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Los responsables del estudio destacan que «el mayor o menor grado de desarrollo de la transformación digital guarda una estrecha relación con la competitividad estructural». Para analizar este apartado el informe se fija en diferentes aspectos. Euskadi está en el grupo líder tanto en conectividad como en recursos humanos. Sin embargo, desciende a un ‘nivel medio’ en el uso de las tecnologías de la información. Esta es la causa de que su posición sea la cuarta. Madrid va en cabeza a mucha distancia del resto, ya que supera en un 50% la media. Le sigue Cataluña, que la rebasa en más del 40%, mientras que la Comunidad Valenciana está un 15% por encima. A la cola figuran Galicia, Extremadura y Castilla-La Mancha. En cuanto a la competitividad general, Euskadi, con 12,68 puntos, se mantiene sin cambios en el tercer puesto del ránking, por detrás de Madrid (15,12) y Navarra (12,78). El País Vasco perdió en 2018 el segundo puesto y todavía no lo ha recuperado, aunque está cerca. Los motivos de que se sitúe por debajo de la comunidad foral vecina están en el ‘entorno institucional’, un indicador que incluye el esfuerzo fiscal; otro de los parámetros en los está fuera del podio es el ‘mercado laboral’, probablemente debido a la mayor temporalidad del sector público. Según el informe, Euskadi tiene sus principales fortalezas en la ‘innovación’ y el ‘capital humano’, donde se mantiene como líder. Madrid, por su parte, está en cabeza en ‘entorno económico’, ‘mercado de trabajo’ e ‘infraestructuras básicas’. 

El Consejo General de Economistas dibuja en el mapa de España un triángulo, con sus vértices en la Comunidad de Madrid, Navarra y el País Vasco. Las tres regiones son, en ese orden, las más competitivas de España, según esta corporación. Además, alrededor de ellas se encuentran las siguiente más competitivas. Pero es posible trazar otra figura geométrica en el mapa, en concreto, una línea, la que divide el país en dos y abre una brecha entre el norte y el sur. Así, mientras que hacia arriba están las regiones con una competitividad alta (las tres mencionadas), media alta (Cataluña) y media baja (por orden en el ránking, Aragón, La Rioja, Castilla y León, Cantabria, Galicia y Principado de Asturias); hacia abajo están aquellas con una competitividad baja (también por orden, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Castilla-La Mancha, Islas Baleares, Canarias, Andalucía y Extremadura). No sólo eso, sino que además la tendencia a que esa brecha se amplíe aún más es ascendente: en su Informe de la competitividad regional en España, publicado ayer, con datos de 2021, la institución establece que cuatro de las seis regiones que han presentado un crecimiento moderado de su competitividad se encuentran por encima de esta línea imaginaria, por sólo dos por debajo. Mientras, sólo una ha tenido un incremento intenso, Extremadura; y otra sin cambios, La Rioja; mientras que en las otras nueve ha sido leve. Estas son las principales conclusiones del informe, que realiza su propio índice de competitividad a partir de una disparidad de factores, entre los que se encuentran el entorno económico, el mercado de trabajo, el capital humano, el entorno institucional, las infraestructuras básicas, la eficiencia empresarial y la innovación. Con todo esto en cuenta, el índice de la Comunidad de Madrid es del 15,12; el de Navarra, del 12,78 y el del País Vasco, del 12,68. Por contra, como farolillos rojos, Extremadura sólo alcanza un 5,16; Andalucía, un 5,39; y Canarias, un 5,54.

El hidrógeno verde está llamado a ser una fuente de energía estratégica para sustituir al gas natural, aunque todavía debe resolver una serie de retos tecnológicos que permitan que su producción sea más barata y cuente con un mercado en la industria y la movilidad que hagan posible su producción industrial. Mientras, Euskadi aspira a jugar un papel estratégico en la red de distribución que ya está dibujando el Gobierno de España. Enagas, el operador estatal de gas, ha presentado el BarMar –el proyecto de hidroducto que conecta Barcelona con Marsella– y la canalización a Portugal que han patrocinado los gobiernos español, francés y luso. Una iniciativa registrada en Bruselas y que contempla un proyecto ‘facilitador’ que fija en Euskadi uno de los dos almacenamientos de hidrógeno que requerirá el sistema de distribución previsto para este gas en España. Según explican fuentes del Ministerio de Transición Ecológica a EL CORREO, se están buscando emplazamientos en el País Vasco para construir esta infraestructura en una de las múltiples ‘cavidades salinas’ que presenta la orografía vasca. Estas construcciones rocosas muy poco porosas abundan en Euskadi, donde desde el Gobierno vasco aseguran que se cuenta con unas condiciones de «calidad óptima». Se trata de la cuenca cántabro-vasca, una de las zonas en la península con mejores formaciones geológicas para este fin. De hecho, el proyecto de red de distribución de hidrógeno en España presentado por Enagas contempla un segundo almacenamiento en Cantabria.

Un 54,8% de las empresas vascas cree que el entorno económico empeorará de cara al primer trimestre de 2023, aunque un 57,4% esperan mantener su facturación y un 80,4% el empleo, según el estudio sobre confianza empresarial de Laboral Kutxa referente al primer trimestre de 2023. La encuesta, realizada a 400 empresas de la Comunidad Autónoma Vasca, refleja «una leve mejora del entorno económico con respecto al trimestre previo con una visión algo menos pesimista», explica la entidad financiera. En todo caso, en las expectativas de las empresa vascas, en relación al entono económico, predominan las que consideran que empeorará, con un 54,8% de respuestas. Un 40,4% augura que se mantendrá igual y solo un 4,8% opina que mejorará con respecto al trimestre actual. Las previsiones de facturación indican «una visión algo menos pesimista» para el próximo trimestre con respecto al previo y, en concreto, el 19,6% de las empresas encuestadas consideran que mejorará, un 57,4% que será simular y un 23% que empeorará. En esta línea, el 9,6% prevé que la actividad mejorará en los tres primeros meses de 2023, frente al 31,3% que estima que empeorará. La mayoría, el 59,1% cree que la actividad se mantendrá igual. Según el estudio, se aprecia «una leve mejora» de los pedidos y una subida de los precios. Ver informe Laboral Kutxa. 

Easo Ventures II, el segundo fondo de la sociedad de capital riesgo donostiarra del mismo nombre, cierra este convulso año en los mercados con nada menos que 18 operaciones en apoyo de ‘start up’ por importe de 3,7 millones. El vehículo pilotado por Pedro Muñoz-Baroja y englobado en la órbita de la Fundación Artizarra acumula desde su creación en el año 2021 (desafiando al Covid) 23 inversiones, con 4,5 millones empleados. Junto a esto, el fondo –concebido para invertir en nuevas empresas en sus etapas más tempranas– tiene otras cuatro operaciones aprobadas y pendientes de firma que una vez que se rubriquen elevarán el monto inyectado en un millón de euros adicional. «Este año hemos tenido una alta actividad, con un número de inversiones significativas, especialmente en ‘start up’ en rondas iniciales, también conocidas como ‘semilla’. Para el ejercicio 2023 esperamos un inicio de año con una menor actividad inversora por la situación actual de los mercados, aunque estamos convencidos de que van a surgir nuevas oportunidades interesantes», explicó ayer Pedro Muñoz-Baroja, ‘managing partner’ del fondo. Las participadas de Easo Ventures II son Berrly, Trantor, Dantz Home, Vifit Training, Herko, Mansion Games, Miru Studio, Zinklar, Aglaya Events, Dryfing, Aira System, Normo, Iomed, Darwin Biomedical, IngeVital, Dynamics, CIN Systems y Trovant. La principal misión del fondo, añadió su responsable, «es continuar impulsando el desarrollo de empresas innovadoras, aportando experiencia y visión empresarial a las firmas invertidas». «Además –recordó– cuenta con el respaldo de la gestora Inveready, la aceleradora de ‘start up’ BerriUp y la asesoría financiera y empresarial Norgestion.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha firmado con la empresa Ormazabal una línea de financiación de 40 millones de euros que facilitará a la compañía vasca el desarrollo de su plan de inversión en actividades de I+D en España, en un periodo que abarca los próximos cuatro años. Ormazabal, integrada en el grupo Velatia, es uno de los principales fabricantes de soluciones y desarrolladores de tecnología en el sector de la distribución de energía eléctrica. Con sede en el Parque Tecnológico de Zamudio (Bizkaia) tiene presencia en más de 50 países. Cuenta con una plantilla de más de 2.400 profesionales altamente cualificados y una cifra de negocio superior a los 550 millones de euros al año. Según informó la compañía en un comunicado, el plan de inversiones impulsará la capacidad de innovación de la empresa, que tiene alrededor de 300 patentes registradas. La financiación del BEI le permitirá realizar inversiones para desarrollar nuevos productos estratégicos en un contexto de «nuevos requisitos» para la integración de las energías renovables en la red, así como de cambios normativos que buscan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ver más en Ormazabal. 

“Los fondos europeos llegan con retraso y eso compromete la recuperación”. Éste es el mantra que durante todo 2022 se repite desde el Gobierno vasco, muy crítico con la lentitud de unos recursos que no acaban de impulsar la inversión destinada a dejar atrás la crisis y dar paso a un tejido económico e industrial más moderno, digital y eficiente. Hace 2 años, la Administración vasca aprobó el plan Euskadi Next, con 188 inversiones estratégicas –incluidos 16 Perte– que aspiran a recibir recursos MRR por 5.700 millones de euros hasta 2026. Y después, a petición del Ministerio de Economía, fijó tres prioridades: Movilidad eléctrica, conectada y sostenible; ecosistema del dato, y terapias avanzadas. “Esperábamos que muchas convocatorias estuvieran listas en este fin de año, y no es así”, se lamenta la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Y las expectativas ante 2023 no son optimistas. Hace sólo unos días, el lehendakari, Íñigo Urkullu, advirtió que el escenario de polarización, tensiones y crispación ante el horizonte electoral de mayo amenaza con retrasar la materialización efectiva de los NextGen. El próximo va a ser un año clave en la ejecución de los fondos europeos, ya que en los próximos 12 meses deben estar ejecutados los primeros 70.000 millones de subvenciones, admiten en el Gobierno vasco. “Es el momento del pragmatismo para cumplir objetivos y captar la mayor cantidad de recursos, dice Juan Alberdi, director de Cohesión y Fondos Europeos. Hasta ahora, Pertes aparte, el País Vasco ha recibido el 4,9% de los fondos europeos repartidos entre las comunidades para gestión local, un porcentaje que está ligeramente por debajo del peso de la economía vasca en el conjunto de España (5,9%), pero que supera el de población (4,6%): 972 millones de los 19.600 distribuidos vía concesión directa (167 millones) o conferencia sectorial (805). El Gobierno central administra otros 182; de modo que la comunidad ha absorbido 1.154 millones en 2021 y 2022. Del montante asignado al Ejecutivo vasco, casi el 81% –785 millones– está ingresado ya en su tesorería. 

La aportación de la población extranjera al mercado laboral guipuzcoano y vasco es innegable y más en los últimos tiempos, en los que está cobrando más peso, hasta el punto de que siete de cada diez nuevos empleos creados el último año en nuestro territorio corresponde a trabajadores foráneos. Así lo ponen en evidencia los datos de afiliados extranjeros que dio a conocer ayer la Seguridad Social. Y es que en noviembre la cifra de cotizantes foráneos aumentó en 2.743 personas en Gipuzkoa en relación al mismo mes del año anterior, lo que supone un incremento del 10,44%. Pero es que la cifra total de afiliados aumentó en 3.927 personas, con lo que los inmigrantes copan el 69,84% del aumento de la afiliación. En Euskadi la cifra de cotizantes extranjeros ha aumentado en la misma proporción (10,65%) en el último año al computarse 7.997 más que en noviembre de 2021. Con todo, si se compara con el avance registrado por la afiliación total, que ha sido de 16.417 personas, los extranjeros suponen casi la mitad, en concreto el 48,71% de ese incremento. En noviembre la Seguridad Social ha registrado en nuestro territorio un total de 29.016 afiliados extranjeros, lo que supone 44 más que un mes antes. En el caso de Bizkaia, el avance es de 405 personas, hasta los 39.683, y en Araba se produce un ligero retroceso, de 169 cotizantes menos, lo que deja el total en 14.376. Así en Euskadi el registro de afiliados extranjeros es de 83.075, lo que supone 280 más que en octubre. Con estos datos, los afiliados extranjeros supone ya el 11,4% del total de afiliados guipuzcoanos y en el caso de Euskadi llega al 11,95%. 

Cuatro de las cinco comunidades energéticas impulsadas por la Diputación alavesa para generar energía fotovoltaica, las de la Llanada, Gorbeialdea, Añana y Montaña Alavesa, recibirán financiación de la Unión Europea a través de los fondos Next Generation que ha gestionado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En total 3,1 millones de euros que contribuirán a aliviar la carga financiera que tendrán que asumir las cooperativas energéticas. Los fondos permitirán hacer frente a un 45% de la inversión prevista, cifrada en 1,3 millones de euros de media por cada proyecto. A esas cifras, hay que sumar los incentivos fiscales que ofrecerá la Diputación, lo que podría dejar el gasto para una familia de cuatro personas en poco más de mil euros para sumarse al proyecto. Además, los primeros análisis apuntan a un ahorro de costes que oscila entre el 11 y el 40% en función del consumo. Particulares y empresas integrarán cerca del 70% de la cooperativa mientras que el 30% restante lo asumirán la Diputación, el Ente Vasco de la Energía (EVE) y Krean, la ingeniería que forma parte de la Corporación Mondragón que ha contribuido al desarrollo de la iniciativa. Las cuatro cooperativas alavesas generarán 3,8 megavatios de energía para alimentar las necesidades de cerca 3.000 familias con un consumo anual de 2.200 kilovatios hora. La más importante será la que se pondrá en marcha en Maeztu, cuya potencia alcanzará 1,5 megavatios. Esta instalación recibirá casi un millón de euros de estos fondos europeos para su puesta en marcha. Las obras para instalarla en el polígono industrial de Tellazar empezaron en septiembre. «La previsión es que pueda entrar en funcionamiento en primavera y atienda a unas 900 familias del entorno», adelantó ayer el alcalde, Anartz Gorrotxategi.

 La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, señaló ayer, tras la reunión del Consejo de Ministros, que la adenda al plan recién aprobada por el Gobierno va a movilizar los casi 87.000 millones en préstamos concedidos a España, además de los 7.700 millones en transferencias no reembolsables adicionales que ya fueron otorgados en junio, pero que dependían de la referida adenda. En conjunto, una movilización de 94.300 millones de euros adicionales para sumar 160.000 millones en total. Los créditos incluyen 2.600 millones procedentes del programa RepowerEU que irán a programas relacionados con la transición ecológica. Buena parte de los 84.000 millones restantes en préstamos, por su parte, tienen como destino reforzar los 11 planes estratégicos (conocidos como Perte) en marcha, a los que se sumará uno nuevo para la descarbonización de la industria, que será aprobado la próxima semana. En total, España reforzará los proyectos estratégicos destinándoles más de 26.300 millones de recursos públicos adicionales, provenientes de las transferencias y de los préstamos asociados a la adenda. El proyecto del Gobierno va encaminado a asegurar la autonomía del país en cinco ejes principales: digitalización y ciberseguridad, tecnología, energías renovables, industria y sector agroalimentario; si bien también se refuerzan otros ámbitos como el de la salud. El Perte chip, por ejemplo, será el principal receptor con casi 12.000 millones recibidos a través de la adenda, la práctica integridad de los 12.250 millones de presupuesto del programa. La mayoría de estos se harán en formato de préstamo, según explicaron fuentes gubernamentales. El Perte de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento se reforzará en 10.400 millones de euros; el Perte del vehículo eléctrico lo hará en 4.295 millones de euros y el Perte de descarbonización de la industria, que se aprobará antes de terminar el año, recibirá 3.100 millones de euros.

Uno de los proyectos ligados a los fondos europeos del Plan de Recuperación que mejor ha funcionado por acogida en el tejido empresarial ha sido el kit digital, diseñado por el Ministerio de Economía y Transformación Digital y dedicado a promover la digitalización de pymes y autónomos, que hasta la fecha se erige como el programa de ayudas más demandado de la historia de este país. Sin embargo, aunque ha habido un número elevado de compañías que han solicitado ese refuerzo para la digitalización, existe una preocupación creciente en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia), adscrita al Ministerio de Nadia Calviño y dirigida por Carme Artigas, porque el ratio de conversión entre los que piden ese bono y los que finalmente lo canjean resulta muy bajo. Según fuentes cercanas a la Secretaría de Estado, la inquietud crece en el Ministerio ya que el nivel de ejecución de ese proyecto, recogido en el Componente 13 del Plan de Recuperación, no se medirá en función de cuántas empresas han pedido el bono para digitalizarse sino en función de cuántas realmente han culminado ese proceso. Los responsables dentro del Gobierno prevén superar los 100.000 bonos concedidos a final de año (canalizando 650 millones de euros de los fondos), si bien ya se han registrado más de 250.000 solicitudes, por lo que el ratio de conversión nunca podría superar el 40%. Es decir, no todas las solicitudes prosperan y algunos agentes digitalizadores (las compañías que prestan el servicio digital subvencionado) aportan otras cifras: «Nosotros llevamos 1.800 solicitudes planteadas, de estas 1.500 presentadas correctamente y, de estas, sólo 50 canjeadas», resume una de las compañías acreditadas como agente digitalizador. «Muchas empresas lo piden porque saben que se traducirá en una ayuda gratuita para su negocio, pero luego, a la hora de la verdad, no llegan a canjear ese bono». 

El coche eléctrico ha arrancado en España con una pesada carga burocrática. Comunidades Autónomas y ayuntamientos mantienen atascados alrededor de 8.000 puntos de recarga a la espera de permisos. El volumen de solicitudes en vilo supone entre el 35 y el 40% del total de puntos instalados en el país, según fuentes conocedoras del desarrollo del grupo de trabajo liderado por Transición Ecológica para poner en marcha el nuevo sistema de movilidad. A día de hoy, España ha desplegado entre 17.000 y 22.000 puntos de recarga públicos, según fuentes del sector. La cifra queda lejos de la meta que fijó el Gobierno para finales de 2022, cuando se debían alcanzar las 45.000 instalaciones. Ayer se reunió el grupo de trabajo para la infraestructura de recarga del vehículo eléctrico impulsado por el IDAE, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. En éste participan asociaciones como Anfac, AEDIVE o Seopan, que ha planteado el interés de los mayores grupos del sector de la construcción y servicios por el despliegue de la infraestructura con propuestas concretas sobre la financiación, ejecución y explotación de la red de puntos de carga. La secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, encabeza la mesa de trabajo. Hay por lo tanto fondos e inversores. El problema es el lento ritmo al que avanza el proyecto de despliegue. El clamor por una simplificación administrativa llega desde todos los frentes. De la industria a los agentes sociales, que exigen al Gobierno agilidad para retener miles de empleos en el sector ante el declive del coche de combustión. Con todos los permisos en la mano, los operadores tardan apenas una semana en poner en marcha el punto de recarga, lo mismo que se demoran las distribuidoras eléctricas en conectar a la red la instalación. El problema está en los plazos para la obtención de autorizaciones. 

La patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) considera que un nuevo alza del salario mínimo «lastrará la competitividad» de las pymes y les perjudicará porque son las que menos capacidad económica tienen. Los expertos proponen una subida que oscile entre un 4,6% y un 8,2%, es decir, supondría elevar entre 46 y 82 euros al mes el SMI, que actualmente es de 1.000 euros brutos mensuales por 14 pagas. Sin embargo, un informe de Cepyme asegura que la subida del SMI en un 8,2% supondría situarlo muy por encima del 60% del sueldo promedio recomendado por la Carta Social Europea en buena parte de España. En concreto, en 13 comunidades autónomas. Es decir, todas menos Navarra, donde sería del 56,1% de su salario medio, Cataluña (56%), País Vasco (51,7%) y Madrid (51%). También señalan que estos incrementos influyen en la negociación colectiva, dejando «obsoletos» muchos convenios en vigor e interfiriendo, por tanto, en muchas de las 4.500 mesas de negociación colectiva que están conformadas en España. Por su parte, el presidente de la patronal de las grandes empresas, CEOE, Antonio Garamendi, que lamentó haber conocido «por la prensa» el informe de los expertos sobre la subida del SMI, aseguró ayer que no acudirá hoy a la reunión con el Gobierno y los sindicatos convocada por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para negociar la cuantía del alza, sino que responderá por escrito a la propuesta que le llegue del ministerio.

Las cooperativas de crédito han acordado elevar un 4,5% el sueldo en 2023 para compensar por la alta inflación. Las patronales Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) y la Asociación Empresarial de Entidades Cooperativas de Crédito (Asemecc) alcanzaron ayer un acuerdo con los sindicatos CC OO y UGT para mitigar en sus plantillas el impacto de la crisis general de precios. Se trata de una medida que afectará a unos 18.000 empleados y que se ha aprobado en el marco del convenio colectivo vigente para el sector de cooperativas de crédito. De esta forma, frente al alza salarial del 1% que estaba previsto en el convenio (que expira en 2023) se alcanzará el citado 4,5%. Además, ambas partes han acordado volver a reunirse en marzo del próximo año para analizar otro posible incremento salarial para estos profesionales, una vez conocidos los resultados obtenidos por las cajas rurales en 2022. Los representantes de los trabajadores llevan meses reclamando a las asociaciones del sector financiero la apertura de una negociación para revisar el convenio colectivo porque defienden que el escenario macroeconómico actual difiere del que existía en el momento de la negociación de los convenios vigentes, con una inflación desbocada y las subidas constantes de los tipos de interés. El pasado mes de noviembre, la AEB, que es la principal patronal bancaria (engloba a bancos como Santander, BBVA, Sabadell o Bankinter) aceptó abrir el convenio actual para acometer una subida salarial también del 4,5% para el próximo año.

Iberdrola Inmobiliaria, la promotora del grupo energético, puede ser la siguiente en desembarcar, con la relevancia de que esta empresa es uno de los mayores propietarios de suelo de España. Esta división inmobiliaria está estudiando si entra en ese negocio, para lo que ya está analizando suelos en distintas ciudades para levantar proyectos de build to rent (en la jerga del sector y en inglés, construir para arrendar). La compañía está analizando actualmente suelos en Madrid, Murcia y Málaga para afrontar este nuevo negocio, según explican fuentes del sector. Desde la promotora se ha declinado detallar sus planes. A diferencia de otras promotoras, que construyen proyectos de llave en mano para terceros como vía adicional a la venta de viviendas a particulares, Iberdrola Inmobiliaria baraja entrar en ese negocio residencial para quedarse como casero. De esta forma, cumpliría el ciclo completo: pone el suelo, promueve la obra y se queda como propietario para arrendarlo a los inquilinos, por lo que recibiría rentas en lo que se conoce como negocio patrimonialista. Entre las grandes promotoras, solo Neinor Homes ha dado ese paso, construyendo sobre su propio suelo y creando la división Neinor Rental por la que recibe ingresos recurrentes como casero de las viviendas. Aun así, esta empresa vasca se encuentra en un proceso de desinversión de esta cartera (que actualmente está en su mayor parte todavía en construcción). Aunque desde el sector se conoce el interés de Iberdrola Inmobiliaria por este nuevo nicho, las fuentes consultadas indican que la decisión de la empresa energética todavía no está tomada. 

El Patronato de la Fundación Consejo España-EE UU ha nombrado al consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, como nuevo presidente por un periodo de dos años. El ejecutivo zumarragarra, que toma el relevo del presidente y consejero delegado de Técnicas Reunidas, Juan Lladó, liderará la institución con el objetivo de seguir reforzando los vínculos comerciales, empresariales, científicos y culturales entre ambos países. «Es un honor representar a una entidad de referencia en las relaciones entre España y EE UU», dijo Imaz.

El Gobierno vasco ha tenido que aportar más dinero a la UPV/EHU. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz, anunció ayer una nueva inyección de 17,5 millones de euros para hacer frente a necesidades de carácter estructural generadas por los gastos de personal. Entre los motivos del aumento, según precisó el titular del área, se encuentran los incrementos retributivos y los de las aportaciones a Itzarri (EPSV), que gestiona el plan de previsión de los trabajadores de la Administración de Euskadi. También el alza de las bases de cotización a la Seguridad Social. No es la única aportación extra que este año ha destinado Educación a la institución académica. En la presentación de los presupuestos del Departamento, Bildarratz anunció más fondos para la facultad de Medicina de Basurto, cuya segunda licitación se publicará en breve. En total, la partida que destina el Ejecutivo de Iñigo Urkullu al presupuesto de la UPV/EHU para 2023 asciende a 362 millones.

La obligación que tendrán los colegios financiados con fondos públicos de reservar plazas para alumnos vulnerables para el próximo curso supone un cambio que de momento inquieta a los centros. La red concertada ya ha trasladado su preocupación al Departamento vasco de Educación. Así lo hizo saber el consejero, Jokin Bildarratz, quien aseguró que «hay preocupación, como la que tenemos todos» siempre que se hace «un cambio importante en cualquier ámbito» sobre «cómo vaya a funcionar». Con todo aseguró que no le han trasladado «recelo» ante el nuevo proceso de admisión. «El concepto está claro, que todos los centros que reciban fondos públicos se van a responsabilizar de igual manera ante la vulnerabilidad». El responsable de Educación ha insistido en que es «consciente de que es una nueva situación para todos» y que en su opinión es «relativamente sencillo de definir» aunque «más complicado de ejecutar. Este es uno de los cambios que se harán presentes ya durante el curso que viene y que se ajusta a los acuerdos del pacto de educación antes de que se conozca incluso el texto definitivo de la futura ley de Educación. En este sentido, además, se engloba la vigilancia que se va a realizar de cada cuota que se cobrará en los colegios concertados que deberá contar con el visto bueno de la administración. De momento, desde el departamento se está haciendo un inventario de las mismas. También el progresivo descenso de las cuotas de enseñanza hasta llegar a la gratuidad total, un recorrido que algunos colegios concertados ya han comenzado. 

 El Gobierno conservador de Rishi Sunak ha decidido entablar una larga batalla —en gran parte ideológica— contra los sindicatos, y contra el personal del Servicio Nacional de Salud (NHS, en sus siglas en inglés). Más de 100.000 enfermeras y enfermeros realizaron ayer otro paro de 12 horas. Y hoy se pondrá en huelga el personal de ambulancia —unos 10.000 operarios—, con el compromiso mínimo de atender únicamente las llamadas de vida o muerte. El primer ministro británico es consciente de que tiene por delante largos meses plagados de huelgas, pero rechaza las peticiones, algunas procedentes de diputados de su partido preocupados por una opinión pública cada vez más en su contra, de arremangarse y comenzar a negociar en serio con los huelguistas. La dirección de gestión del NHS también ha reclamado al Gobierno que se siente a hablar, y ha desatado la alarma al asegurar que no está en condiciones de garantizar la seguridad de los pacientes. “Nunca queremos alarmar a las personas, pero hemos llegado ya a un nivel en el que resulta necesario decir públicamente que no podemos evitar determinados riesgos a medida que estas huelgas se desarrollan”, dijo a la BBC Matthew Taylor, el director ejecutivo de la Confederación NHS, que agrupa a los centros de salud independientes que forman la red pública de asistencia sanitaria. “Nuestra puerta está siempre abierta a hablar, y queremos ser constructivos a la hora de abordar el futuro. Pero lo que quiero ver, sobre todo, es un NHS capaz de reducir los atascos y listas de espera, y mejorar así la calidad de la atención ofrecida a los pacientes”, dejaba claro Sunak ayer en su comparecencia ante los presidentes de las principales comisiones parlamentarias. “El mejor modo de ayudarlos [a los trabajadores del NHS] y de ayudar a todos los ciudadanos es que controlemos y reduzcamos la inflación lo más rápidamente posible. Debemos asegurarnos de que las decisones que adoptemos no empeoran las cosas”, añadió el primer ministro británico.

Un 56,5% de los jóvenes de entre 10 y 19 años asegura no hablar «nada» de inglés. El dato se reduce muy ligeramente hasta el 55,5% en los que tienen entre 20 y 29 años, y repunta hasta el 70% para los que ya sobrepasan los 30 años. Son los llamativos y alarmantes resultados que incluye la encuesta de Características Esenciales de la Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE), y que revelan la notable falta de preparación de los jóvenes ante una de las exigencias más comunes del mercado laboral. A ello se añade que sólo en torno a un 30% de los ciudadanos de entre 10 y 29 años afirma hablar «bien» inglés, mientras que los restantes lo hablan aunque «con dificultad». Y si se sigue subiendo en las escalas de edad, esta situación se agudiza, esto es, que las personas que no saben hablar nada de inglés crecen de manera sensible. «Si analizamos la situación del inglés, a medida que crece la edad disminuye el nivel de conocimiento de esta lengua para todos sus tipos de uso. Así, entre los mayores de 50 años el porcentaje de los que no hablan inglés supera el 80%. En cambio, entre la población de 20 a 29 años el porcentaje de personas que hablan bien inglés es del 32,0%», explica Estadística en el documento que publicó ayer. En la metodología de la encuesta se señalan claramente las preguntas realizadas: si se entiende diferentes lenguas al castellano y en qué nivel, si se leen, escriben y también si se hablan. Y ese último resultado es que el INE ha destacado en su publicación, dejando patente que más de la mitad de los jóvenes de España reconocen que no hablan «nada» de inglés. El trabajo recoge también en qué ámbitos se emplea la lengua inglesa. «El 17,7% de la población usa a veces, frecuentemente o siempre el inglés en el trabajo. Este porcentaje baja al 11,3% cuando se utiliza con amigos y al 7,7% cuando se usa en familia». Y en el repaso de las comunidades en las que más se habla «bien» la mencionada lengua, la Comunidad de Madrid ocupa el primer puesto con un 22% de la población. En Euskadi, dice hacerlo un 12'3%.