20230128

«La clave está en el comportamiento del turismo», señalan fuentes del Departamento de Economía del Gobierno vasco para justificar la brecha que se ha abierto entre el crecimiento del conjunto de la economía española, 5,5%, y el 4,3% que se estima en el PIB vasco. El Instituto Vasco de Estadística, Eustat, presentará el próximo 3 de marzo sus datos definitivos sobre la evolución de la economía vasca. El peso del turismo en la creación de riqueza de Euskadi es muy inferior a su importancia relativa en el PIB nacional, de ahí que las variaciones que se producen en ese sector de actividad tienen también consecuencias diferenciadas. Las circunstancias coyunturales han hecho que la demanda en este sector se haya convertido en uno de los motores de crecimiento en 2022 en España, después de haber sufrido en los dos ejercicios anteriores un hundimiento muy apreciable como consecuencia del confinamiento y las restricciones a la movilidad. El Covid supuso un duro golpe para la infraestructura turística española, que llevó a situar en una posición muy delicada a numerosas empresas vinculadas al tráfico aéreo o a los sectores hotelero y de restauración. Ahora, sin embargo, la recuperación es palpable. En la práctica, lo sucedido en 2022 no es sino un reajuste de las tasas de crecimiento, un proceso de normalización de la actividad económica que ya había registrado un comportamiento asimétrico desde los primeros rigores de la pandemia. La economía vasca, más dependiente de la industria y los servicios avanzados que el conjunto de España, tuvo un deterioro menos acusado en la recesión que se registró en 2020 durante la fase más dura de la pandemia. Todos los expertos coinciden en señalar que pese a la desaceleración general de la demanda que se ha previsto para 2023, fruto del aumento de precios, el sector turístico tendrá de nuevo un año de récord. Buena parte de este fenómeno se debe a la normalización en la llegada de turistas que proceden del norte de Europa.

La economía española mostró dos caras muy distintas en 2022, con un acelerón en la primera mitad del año, sobre todo en el segundo trimestre, y un frenazo en seco en el tercero y el cuarto, que ha constatado el súbito enfriamiento de la actividad y preludia un 2023 complicado. El PIB repuntó un 5,5% el año pasado, superando las expectativas de los principales organismos económicos nacionales e internacionales y del propio Gobierno, que en los Presupuestos para este año vaticinaba un alza del 4,4%, aunque el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, venían anticipando desde hace semanas que el crecimiento superaría finalmente el 5% en el conjunto del año. El dato de crecimiento anunciado ayer por el INE supera con holgura al esperado por el Banco de España, un avance del 4,6%, o la OCDE (+4,7%), y también se sitúa por encima del 5,2% pronosticado por el FMI, que hace apenas una semana revisó al alza en seis décimas su previsión para España. A pesar de ello, el PIB sigue todavía alrededor de un 1,5% por debajo de los niveles prepandemia, que podría no recuperar siquiera este año si se cumplen los augurios de los expertos de un crecimiento por debajo de esa cota. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se apresuró ayer a resaltar el “fuerte crecimiento económico” registrado en 2022, con “la inflación más baja de Europa y récord de empleo”, al tiempo que arremetía contra “los profetas del apocalipsis”, en alusión a quienes auguraban una entrada en contracción en la recta final del año. De acuerdo con los datos del INE, el PIB avanzó un 0,2% en el cuarto trimestre, un crecimiento anémico pero suficiente para diluir, de momento, la amenaza de recesión.

Lanbide, ha realizado una encuesta a cerca de 600 empresas vascas para conocer sus necesidades formativas y mejorar sus políticas de empleo y formación. Y entre los datos más relevantes figura que el 69% de las encuestadas asegura haber tenido dificultades en los últimos cinco años para encontrar perfiles profesionales adecuados a sus necesidades. En concreto, el 43% de los puestos requerían trabajadores cualificados y el 17% no cualificado o de ocupaciones elementales. El resto hacía referencia a personal técnico, profesional científico, intelectual y de apoyo, mandos intermedios, administrativos/as o personal de dirección o gerencia. Según han explicado las empresas, los principales obstáculos para contratar trabajadores cualificados han sido no contar con formación y especialización adecuada, además de la falta de experiencia laboral requerida. En ese sentido, entre los perfiles con más dificultad aparecen oficiales, operarios y artesanos, cocineros asalariados, soldadores y oxicortadores y técnicos en mecánica. En el caso del personal técnico, profesional científico, intelectual y de apoyo, la encuesta apunta también a la falta de formación y a la carencia de experiencia, siendo los enfermeros especializados, médicos, ingenieros y técnicos en operaciones de sistemas informáticos los puestos que más aparecen en sus demandas. La encuesta también desvela que el 65% de empresas consultadas por Lanbide prevé contratar en los próximos dos años en sanidad, hostelería o industria. En su nota, Lanbide destaca que ellos y el Departamento de Trabajo y Empleo, junto a los de Educación y Desarrollo Económico y los agentes sociales, Confebask, CC.OO. y UGT, pretenden, a través de la Comisión Asesora para la prospección y detección de necesidades formativas, implicar a las empresas "en un papel más activo en el diseño y desarrollo de las políticas y programas de empleo y formación". Ver más en Lanbide aquí. 

Acudir a la ventanilla del banco ha sido tradicionalmente la vía que las empresas han empleado para conseguir financiación. Pero los tiempos cambian y la diversificación del crédito se ha consolidado como una palanca de competitividad y crecimiento. Un signo de fortaleza. Así quedó de manifiesto en el Foro Finanza, organizado por Elkargi con el apoyo de El Correo, El Diario Vasco y Banco Sabadell. Zenón Vázquez, director general de Elkargi –la sociedad de garantía que apoya con financiación, asesoramiento y formación a las empresas vascas–, consideró que la evolución de los productos y servicios financieros en los últimos 50 años «ha sido brutal». Y que el proceso de concentración bancaria experimentado desde la crisis de 4008 hace que la gestión financiera de las empresas deba ser «diferente». El foro debatió sobre las perspectivas económicas a corto y medio plazo. Se planteó la posibilidad de que ciertas empresas sufran, por un lado, las consecuencias de la ralentización económica, y por otro, el escenario de altos tipos de interés.  Ignacio Navarro, director territorial Norte de Banco Sabadell, cerró la jornada con un mensaje similar al de los ponentes en la charla, de «optimismo con cautela: hay incertidumbre y amenazas, pero sigue habiendo cierta alegría empresarial. En España han aumentado un 35% los procesos concursales y en Euskadi sólo un 3%; algo estaremos haciendo bien». A la jornada no faltaron representantes de las asociaciones empresariales vascas, como Carolina Pérez Toledo y Francisco Javier Azpiazu –presidenta y secretario general de Cebek respectivamente–, Eduardo Junkera, máximo responsable de Adegi.

 Ayer, el presidente de Mondragon, Iñigo Ucín, compareció ante los medios por primera vez después de consumarse la salida del Grupo de Orona y Ulma. Y lo hizo para, sacando pecho, dejar claro que la escisión de las dos firmas no ha mellado el poderío industrial de la Corporación ni su ambición y voluntad de crecer. De la misma forma, resaltó que el conglomerado de Arrasate está «en una buena situación» que, matizó, siempre podría cambiar en un escenario como el actual, marcado por una «enorme incertidumbre». Así, tras la presentación en Bilbao en sociedad de Bihar, una nueva cooperativa dedicada al cuidado de personas mayores en sus propios hogares, Ucín reveló que el área fabril de Mondragon facturó el año pasado, sin tomar en cuenta la aportación de las dos cooperativas que prefirieron abandonarla, unos 4.800 millones de euros. Esa cifra comporta, explicó el presidente, un incremento del 15% sobre los datos de 2021, siempre restando el «efecto innombrable», como dijo un Ucín que desde ese momento pasó de largo de aquella polémica para tan solo explicar que no hay «casi nada que gestionar» en ese proceso de abandono del Grupo. Esos 4.800 millones de euros son una cifra no definitiva, pues no incluyen la aportación que a las industrias del grupo hayan podido hacer las fábricas instaladas en el extranjero, cuyas auditorías aún no han sido completadas. Sin embargo, es evidente, la exposición del dato es una suerte de mensaje a navegantes.

Un edificio de 6.800 metros cuadrados albergará a partir de 2025 las nuevas instalaciones con las que el Donostia International Physics Center (DIPC) pretende dar un salto cualitativo en su actividad científica, con una mayor diversificación de las líneas de investigación y una mayor actividad experimental. El inmueble, que se construirá junto a la actual sede del centro de investigación, albergará diversos laboratorios, despachos y zonas de uso común, además de un auditorio para eventos y congresos científicos. A la espera de concretar la licitación de la obra, la inversión estimada se sitúa en torno a los 15 millones de euros financiados por el Departamento de Educación, y se desarrollará en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación foral de Gipuzkoa. El proyecto fue presentado ayer en un acto en el que intervinieron el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, el diputado general, Markel Olano, y el alcalde de Donostia, Eneko Goia, que fueron recibidos por el presidente del DIPC, Pedro Miguel Etxenike. Todos ellos destacaron el papel del centro donostiarra como «punta de lanza» y «buque insignia» en la apuesta de las instituciones vascas por impulsar la investigación básica de excelencia. En sus casi 23 años de existencia, el DIPC ha logrado convertirse en un centro de referencia mundial que atrae a investigadores de todo el mundo.

El Donostia International Physics Center es un centro de investigación singular que lleva el sello de excelencia del Departamento de Educación del Gobierno Vasco BERC y desarrolla su labor investigadora en el campo de la física y disciplinas afines. El centro cuenta en la actualidad con más de 200 investigadores contratados, muchos de ellos Ikerbasque, además de personal investigador asociado y visitantes. Se trata de una comunidad formada por más de 35 nacionalidades distintas y de muy diversas ramas de la ciencia. Entre los proyectos de investigación que el DIPC desarrolla destacan los relativos a las tecnologías cuánticas, la supercomputación, la física de partículas, la física el estado sólido y nanociencia, así como la incipiente línea de investigación en neurofísica. Las nuevas instalaciones nacen con la vocación de convertirse en un edificio emblemático que potencie la imagen del DIPC como centro de investigación en la vanguardia de la física. Gracias a la ampliación, el centro dirigido por Ricardo Díez Muiño pretende dar un salto cualitativo en su actividad científica, con una mayor diversificación de las líneas de investigación y una mayor actividad experimental. El proceso de crecimiento en el que se halla inmerso el DIPC en la actualidad viene impulsado en gran parte por proyectos competitivos europeos o internacionales. En los últimos cinco años, la partida proveniente de fondos competitivos ha pasado de suponer un 14% a un 49% del total del presupuesto del centro. Solo en los dos últimos años, el personal investigador del DIPC ha captado más de 19 millones de euros en fondos competitivos.

El pasado viernes 13 de enero se celebró el Acto de Inauguración de Fabrika con la asistencia de más de 250 representantes del mundo empresarial e institucional, en un emotivo encuentro celebrado en su nuevo edificio de Miramón. Se inició el evento con la explicación de José Miguel Ayerza (Director General de Adegi) sobre las razones y el viaje que les ha traído hasta aquí, así como con la entrega de sendas traineras a Arantxa Tapia y a la Diputación Foral de Gipuzkoa en la figura de Markel Olano, en reconocimiento a su colaboración con el proyecto. Posteriormente Juan Mancisidor (Director de Fabrika) explicó qué hacen en Fabrika, cómo lo hacen y para quién lo hacen; dando paso a diferentes vídeos con algunos testimonios de usuarios y trabajadores del centro. Después fue el turno de los discursos institucionales, con la participación de Eduardo Junkera (Presidente de Adegi) y el Lehendakari, que ahondaron en el carácter estratégico y transformador de la iniciativa. El momento más emotivo llegó con la interpretación de la Melodía de la Nueva Cultura a cargo de Euskadiko Orkestra, Garikoitz Mendizabal y Gorka Hermosa; con una presentación sobre cómo se gestó y el sentido aplauso a Kepa Junkera, presente en la sala, como iniciador de la misma.

 

Tiene beneficios destacables tanto para los estudiantes como para las propias empresas alavesas y vascas. La Formación Dual es un modelo de inserción laboral ya consolidado en Euskadi que lleva contabilizados más de 13.000 en la Comunidad Autónoma Vasca –desde que se pusiera en marcha en 2012– con la participación de siete mil empresas, siendo éstas unas estadísticas relevantes. Noticias de Álava ha organizado una jornada para debatir sobre los aspectos más importantes de la Formación Dual tanto para empresas como par alumnos. Para Nicolás Sagarzazu –director de Planificación y Organización del Gobierno Vasco–, la evolución “ha sido importante” y “a nosotros nos ha supuesto también un punto de inflexión al darle la importancia que tiene”. En este sentido, según recalca Sagarzazu la Formación Dual ha logrado que se incremente de manera sustancial la empleabilidad del alumnado que había cursado a través de la modalidad dual frente a quien no lo había hecho. Una de las características importantes del concepto de la modalidad dual en Euskadi es que se extiende más allá de lo que es la formación profesional. “Se extiende esto antes incluso que la propia normativa local se hubiera desarrollado”, detalla Adolfo Morais –Viceconsejero de Universidades e investigación del Gobierno Vasco– “vamos constituyendo una seña de identidad de un modelo de educación superior vasco que incluye tanto a la formación profesional que es la que más extensión tiene como a la parte universitaria. Es un modelo único a nivel estatal, que no existe como tal en otras comunidades, hasta que Euskadi lo regula en el año 2017. Por cierto, regula también la unión de la formación profesional dual con el ámbito universitario en un modelo teórico que se está cada vez más implantando en esa colaboración entre Formación Profesional y Universidad”. 

El jueves, viticultores de Rioja Alta pedían la implicación de las administraciones para financiar medidas de destrucción de uva y vino porque este exceso podría afectar a la rentabilidad de su trabajo. A esta llamada se hicieron eco ayer algunas bodegas, que creen que serán necesarias iniciativas extraordinarias para aliviar la situación, con un récord histórico de existencias en depósitos y barricas y unas ventas penalizadas por la incertidumbre, la inflación y los elevados costes de las materias primas. Íñigo Torres, gerente del Grupo Rioja –la principal asociación de bodegas de la Denominación con más de 50 firmas, 17 de ellas afincadas en Rioja Alavesa–, cree, en cualquier caso, que «hay que estudiar bien todas las opciones» antes de tomar decisiones: «No conocemos aún ni los datos de ventas de final de año y estamos en enero ya hablando de tomar medidas, lo cual está bien porque el problema está ahí, pero vamos paso a paso». Torres está convencido de que habrá que seguir recortando la producción amparada para la próxima vendimia, aunque no habla de cifras: «Si queremos solicitar ayudas de las administraciones para financiar medidas excepcionales para eliminar vino, el sector va a tener que hacer también un esfuerzo, pero, de momento, es algo que estamos tratando en la asociación todavía». El gerente de Grupo Rioja apunta especialmente a las administraciones regionales: «El sector del vino es muy importante para las tres comunidades autónomas y, por ejemplo, el País Vasco ya aprobó una destilación de crisis autofinanciada para la pandemia, y quizás podría ser una opción para afrontar esta nueva crisis».

Se han tomado su tiempo pero el golpe en la mesa ha sido épico. Los empresarios respondieron ayer a la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que ha emprendido una «injusta» campaña «de desprestigio», a juicio de los destinatarios, contra el sector de la distribución alimentaria por la espiral inflacionista de la cesta de la compra y, en concreto, contra el presidente de Mercadona, Juan Roig, al que ha tachado de «capitalista despiadado» y ha acusado de «hacerse de oro» y «llenarse los bolsillos» mientras los ciudadanos sufren para llegar a fin de mes. Las declaraciones de la dirigente morada, que ha venido insistiendo en sus críticas porque «desde que se acabó el bipartidismo ya no hay nadie innombrable, tampoco el señor Juan Roig», habían provocado hasta ahora la enésima disputa en el seno del Gobierno de Pedro Sánchez, pero ayer encontraron también la airada respuesta de la patronal. La CEOE, en vísperas de una nueva reunión de la mesa de diálogo social para acordar el salario mínimo, escenificó sin contemplaciones su hartazgo con el ala morada del Gobierno: los empresarios, avisaron, «merecen un respeto» y no «las difamaciones a las que estamos asistiendo». No solo porque la organización que preside Antonio Garamendi ve una campaña «de claro corte populista» en las palabras de Belarra y una «agresión directa» hacia el tejido empresarial, que está detrás, según recuerdan, de ocho de cada diez puestos de trabajo en España. También porque alerta de que «culpabilizar» a los empresarios de la carestía de los precios y de la inflación es una «estrategia peligrosísima» que afecta «a la convivencia, a la estabilidad del país y a la confianza». Ver nota CEOE aquí. 

El Ministerio de Trabajo convocó ayer a sindicatos y empresarios a una nueva reunión para intentar llegar a un acuerdo sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La cita se celebrará el martes que viene a las 11.00. Las expectativas de acuerdo están por los suelos, dada la distancia que hay entre las posiciones de los negociadores. La CEOE plantea un incremento máximo de 1.040 euros y sujeto a condiciones, como el establecimiento de nuevas deducciones en el sector agrario y la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación pública. Los sindicatos, tanto UGT como CC OO, proponen un aumento hasta 1.100 euros, por encima del 8,4% de inflación del año pasado. Ahora el SMI es de 1.000 euros en 14 pagas, tras la subida aprobada en febrero (acordada con los sindicatos y sin la patronal). También hay diferencias en el Gobierno: el Ministerio de Economía quiere apurar la negociación y prioriza que los empresarios no queden fuera del pacto, mientras que Trabajo espera aprobar la subida cuanto antes y, aunque también defiende la inclusión de la patronal, no le parece indispensable. Fuentes del departamento que dirige Yolanda Díaz explican que la reunión se convoca para precisar si hay alguna opción de acuerdo. De no ser así, en el ministerio apuestan por tomar una decisión inmediata, sin más reuniones.

H&M, uno de los principales grupos mundiales del comercio textil, sigue arrastrando problemas para devolver su rentabilidad y sus ingresos a los niveles previos a la pandemia, cuyo impacto seguía digiriendo cuando en 2022 comenzó la guerra en Ucrania y la escalada de costes. La compañía sueca cerró su último año fiscal con un beneficio de 3.566 millones de coronas suecas, 318 millones de euros al cambio actual. Una caída del 70% respecto al ejercicio 2021, después de un mal último trimestre. En este cosechó una pérdida neta de 77 millones de euros, disparando de nuevo las alarmas por la evolución de su rentabilidad. Sus acciones retrocedieron este viernes un 4%. Desde que comenzó la pandemia, su valor bursátil ha caído un 40%. En ese último trimestre, el fabricante textil se apuntó unos costes extraordinarios de alrededor de 75 millones de euros relacionados por su plan de ahorro, anunciado en noviembre pasado, y que conllevará el despido de 1.500 empleados y con el que aspira a ahorrar 200 millones anuales. Sin embargo, no es el único factor. La compañía sigue acusando su salida definitiva de Rusia, “un mercado importante y rentable”, según su consejera delegada, Helena Helmersson. También el incremento de los costes en materias primas y transporte, que junto a un dólar fuerte, impactó en “importantes crecimientos de costes en la compra de bienes”, a lo que también sumó unos costes energéticos al alza. “En lugar de trasladar la totalidad de los costes a nuestros clientes, optamos por fortalecer nuestra posición en el mercado”, justificó Helmersson, que cifró en más de 400 millones el aumento de los costes del cuarto trimestre frente al año anterior.

El Banco de España constata que las condiciones de financiación siguieron endureciéndose en el segundo semestre de 2022 y se ha intensificado la traslación del aumento de los tipos de interés al coste de los préstamos. Todo ello se ha traducido en un descenso del flujo de nueva financiación. El endurecimiento ha sido más acentuado en los préstamos hipotecarios a los hogares, donde se ha registrado la contracción más intensa de la oferta bancaria desde 2008. Esto se debe a los mayores riesgos percibidos por los prestamistas y una menor tolerancia al riesgo, lo que ha elevado el porcentaje de solicitudes de préstamos denegadas. Las entidades financieras anticipan una intensificación de este endurecimiento, más pronunciada en la financiación a las empresas. El Banco Central Europeo subió los tipos de interés en julio de 2022 por primera vez en una década con el objetivo de combatir las presiones inflacionistas. A lo largo del segundo semestre del año siguió con nuevos aumentos hasta una subida acumulada del 2,5%. El BCE ha anunciado que continuará subiendo los tipos de interés este año a un ritmo sostenido hasta que se alcance un nivel que asegure que la inflación vuelve al objetivo del 2%. Por otra parte, ese informe del BdE constata que los hogares españoles guardan en los bancos más de un billón de euros, la mayor cifra de la serie histórica del Banco de España, que comienza en diciembre de 1989. Al cierre de 2022, los depósitos de las familias en las entidades financieras habían crecido un 4,57% respecto a diciembre de 2021, según los datos provisionales dados a conocer ayer por el supervisor bancario español, y superaban en un 1,44% las cifras de diciembre respecto al precedente mes de noviembre. Con ello, el ahorro de las familias encadena ya 16 meses consecutivos de subidas.

El Gobierno está negociando con Bruselas para que el plazo para realizar las inversiones del Perte del motor se amplíe hasta 2028. Así lo aseguró la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en unas declaraciones recogidas por EP, antes de la reunión extraordinaria de la Conferencia Sectorial de Turismo del viernes. De esta forma, el Ejecutivo trata de satisfacer la principal demanda de la industria del automóvil, que ha recalcado la necesidad de hacer varios cambios en la segunda convocatoria del Perte del motor para que, esta vez sí, se agoten los fondos (en la primera línea quedaron sin asignar el 75%, unos 2.182 millones de euros). En esa primera convocatoria, una de las principales trabas que impidió la entrada de importantes proyectos de Stellantis, Renault y Ford, fue que el plazo para acometer las inversiones se agotaba el 30 de junio de 2025. Ahora, la ministra de Industria señaló que dicho plazo se podría extender hasta finales de 2027 o, incluso, 2028. “La negociación va por buen camino y facilitará la presentación y la posterior puesta en marcha de proyectos al Perte, lo que permitirá contar con un horizonte de ejecución más flexible y cumplir con las exigencias de los fabricantes”, dijo Reyes Maroto.

No hay en la actualidad batería alguna que tenga la capacidad de almacenamiento de energía de una central hidroeléctrica de bombeo. Esta tecnología madura, que lleva ya décadas de desarrollo, es ahora mismo, en plena transición ecológica, la mejor solución para afianzar el avance de las renovables como la eólica y la fotovoltaica. Permite aprovechar los momentos en los que sopla el viento o pega el sol, con fuerte oferta y bajos precios, para bombear el agua al embalse superior y soltarla en las fases de mayor demanda, reduciendo así la dependencia de las centrales de gas y favoreciendo la descarbonización. Pero este tipo de infraestructuras «requiere unas inversiones muy elevadas y, por tanto, un marco retributivo adecuado que remunere esa capacidad de almacenamiento, algo que todavía no existe en España», apunta Lucía Arraiza, especialista de Regulación de Iberdrola. La eléctrica vasca es firme defensora del bombeo y está construyendo en el norte de Portugal el complejo de Tâmega, un sistema con tres embalses y 1.158 MW de potencia –más de dos veces Garoña–, capaz de almacenar el equivalente a la energía que consumen 11 millones de personas durante 24 horas en sus hogares, convirtiéndose en una de las mayores instalaciones de Europa. La faraónica obra, con una inversión de 1.500 millones de euros, todavía no está terminada. La licitación del Gobierno portugués se realizó en 2008, «antes del estallido de la crisis en un contexto muy diferente al actual», explica Enrique Sola, responsable de Generación Hidroeléctrica de Iberdrola.

El presidente y consejero delegado de Naturgy, Francisco Reynés, alertó ayer de un posible aumento del precio del gas a finales de invierno o principios de primavera, cuando se tengan que volver a llenar los inventarios de las reservas sin el combustible que procede de Rusia. En el encuentro ‘El reto de la energía’, organizado por la Asociación Española de Directivos (AED), Reynés recordó que el año pasado aún se rellenaron usando gas ruso, algo que este año ya no será posible, y llamó a evitar que «el espejismo de enero» –con unos primeros 15 días muy cálidos– tape la visión a largo plazo. El directivo señaló que el gas no solo sirve para el uso doméstico, sino que la mayor parte se usa en procesos industriales y para la generación de electricidad. Reynés explicó que hay tres factores que «van a determinar mucho» la evolución de los precios del gas en los próximos meses. El primero es la especulación, que dijo afecta a la parte de las compraventas de gas que se da en el día a día y que es el 25% del total (el resto está sometido a contratos a largo plazo). En segundo lugar, recordó que Rusia es el principal productor mundial de gas y que quitarlo tendrá impacto. Y por últimop citó la recuperación de la actividad en China, que en 2022 redujo un 20% su consumo a causa de las restricciones por la pandemia.

Una plataforma del plástico, en cuya creación trabajarán de forma conjunta el Gobierno vasco a través de Ihobe y el clúster del sector medioambiental Aclima, promoverá la transformación de estos residuos para darles un nuevo uso, y ayudará a identificar las posibles oportunidades de negocio en su gestión. Su puesta en marcha responde a la necesidad de aplicar los requisitos de la llamada responsabilidad ampliada de los productores –su obligación de hacerse cargo de todo el ciclo de vida del producto–, y contribuirá a diseñar, establecer y mantener las herramientas que posibiliten el reciclado y uso de envases industriales y comerciales. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, anunció ayer la plataforma durante un acto or- ganizado por Aclima en la Torre Iberdrola, en el que presentó su nuevo plan estratégico hasta el año 2026. El clúster, con 124 socios y cuyo sector da empleo directo a 11.900 personas y factura 3.125 millones de euros anuales, definió en el documento sus estrategias para reforzar su posición en el proceso de transición ecológica de Euskadi a través del impulso de proyectos de economía circular, descarbonización y digitalización. Tapia defendió que la nueva plataforma del plástico «fomentará la innovación tecnológica de los sistemas de valorización de este material, el desarrollo de cadenas de valor y nuevos modelos de negocio», además de afianzar el modelo de colaboración público-privada para «abordar retos ambientales y de competitividad». 

La nueva Ley de Segunda Oportunidad está en marcha desde el pasado septiembre. Cuatro meses después de la reforma de la norma que vio la luz por primera vez en 2015, los expertos en esta materia insisten en que este mecanismo “funciona”. No obstante, comienzan a apreciarse problemas que generan “inseguridad jurídica” en los pequeños empresarios y particulares que acuden a los tribunales para cancelar sus deudas. La ley atribuye la exclusividad a los juzgados de lo mercantil para conocer este tipo de asuntos, lo cual es aplaudido tanto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en su informe de 2021 sobre el Anteproyecto para la reforma de la Ley Concursal (donde se incluye la segunda oportunidad), como por gran parte de los profesionales jurídicos, ya que son los órganos especializados en estos temas. Sin embargo, los juristas alertan del riesgo de colapso si no se dotan de más medios técnicos y humanos. Antes de la reforma, particulares no empresarios ponían sus casos en manos de los juzgados de primera instancia, que compaginaban las peticiones de segunda oportunidad con pleitos de diversa índole. Por ello, los juristas reclamaban que la competencia volviera a ser de los mercantiles, como lo fue en un primer momento. El problema de este cambio es que la cifra de este tipo de juzgados es menor.

El presidente de PwC, una de las cuatro grandes consultoras que ha sido sometida recientemente a una inspección laboral masiva, ha defendido el modelo de trabajo de este tipo de compañías y se ha quejado de la «incomprensión» que existe en torno a la forma de funcionar en ese sector. «Las consultoras no podríamos vivir con un horario laboral rígido», aseguró ayer en declaraciones minutos después de concluir una conferencia sobre la coyuntura económica organizada por la Cámara de Comercio de Bilbao. Sánchez evitó lanzar un ataque directo contra el Gobierno y ha insistido en que cuando se conozca el resultado del expediente de la inspección de trabajo su firma la analizará y «adoptará las medidas que sean necesarias». Pese a ello, insistió en justificar que el trabajo que realizan estas firmas «exige momentos puntuales de mucha dedicación, por ejemplo si estás colaborando en la preparación de una OPA, pero también existen mecanismos de compensación para equilibrarlo». El pasado 15 de noviembre –aunque la actuación no se ha conocido hasta la pasada semana–, inspectores de trabajo acudieron de forma simultánea a las sedes en Madrid de las ‘big four’, PwC, Deloitte, KPMG y EY, para levantar actas sobre el funcionamiento de los registros horarios, el cumplimiento real de las jornadas y las horas extraordinarias. Un movimiento que se interpreta como una decisión del Gobierno y en especial de Ministerio de Trabajo de poner en marcha una actuación ejemplarizante en un sector que arrastra una tradicional imagen de excesos en materia laboral: jornadas interminables de más de 12 horas diarias, muchos fines de semana sin descanso y sospechas de manipulación de los registros horarios obligatorios.

Joe Biden quiso celebrar el jueves que la economía estadounidense sigue creciendo a buen ritmo (a una tasa trimestral anualizada del 2,9% entre octubre y diciembre), que la inflación está cediendo terreno y la tasa de paro iguala el mínimo del último medio siglo. El día en que se publicaban los datos de producto interior bruto, el presidente de EE UU programó un acto con los sindicatos en Springfield, a las afueras de Washington, en el Estado de Virginia. Allí hizo gala de proteccionismo económico y rechazó las quejas internacionales (entre las que destacan las europeas) a su proteccionismo económico: “Al infierno con eso”, dijo, y se rio después. Era un entorno propicio para un mensaje nacionalista, ante trabajadores industriales sindicados. “¿Dónde diablos está escrito que Estados Unidos no puede volver a ser líder mundial en fabricación? ¿Dónde está escrito eso? No sé dónde está escrito. Y no va a ser en mi guardia”, dijo el presidente, antes de referirse directamente a las protestas de otros países por su política industrial. “Señoras y señores, estamos siendo criticados internacionalmente por centrarme demasiado en América. Al infierno con eso. Esto es muy serio. La cadena de suministro va a empezar aquí. Aquellos... aquellos países que son democracias, podrán beneficiarse de lo que estamos haciendo, y nos aseguraremos de que tengan... la cadena de suministro no termina con nosotros”, dijo. Biden ha lanzado ayudas y subvenciones para potenciar la fabricación de microprocesadores y para impulsar la transición energética en Estados Unidos. 

La multimillonaria Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de Joe Biden ha ofrecido un gran bonus verde a los expertos en clima y las empresas estadounidenses, pero ha enfurecido a los socios comerciales de Estados Unidos. La ley, aprobada el verano pasado por el Congreso estadounidense, destinaba 369.000 millones de dólares (338.000 millones de euros) a proyectos relacionados con las energías limpias y el clima, provocando una letanía de quejas de los gobiernos de la UE, que afirman que viola las normas comerciales y distorsiona la competencia. Pero los líderes empresariales y el enviado de EEUU para el clima, John Kerry, sostienen que en vez de esperar grandes concesiones de EEUU, la UE y otros socios deben tomar medidas urgentes para hacer más atractivas sus propias condiciones de inversión verde. La alternativa podría ser la pérdida de negocio y la ralentización de los esfuerzos para combatir el cambio climático. Entre las empresas europeas que ya están elaborando planes para impulsar el gasto estadounidense figuran BMW, el grupo energético italiano Enel y la firma noruega de baterías Freyr. “La cuestión básica es que EEUU ha creado un argumento comercial a favor de la inversión en tecnologías verdes”, afirma Luisa Santos, de BusinessEurope, un lobby de Bruselas. La UE se enfrenta a una regulación más compleja y a unos costes energéticos más elevados, lo que “supone un incentivo muy importante para ir a EEUU”. ¿Qué pretende conseguir la ‘ley de Biden’? Al ofrecer a las empresas miles de millones de dólares, en gran medida a través de un sistema de créditos fiscales, la ley pretende impulsar la inversión en tecnologías de energía limpia nuevas e incipientes. También recompensa a las empresas que se instalen en EEUU y que reorganicen sus cadenas de suministro para ubicarlas en el país o entre sus aliados y socios. Las subvenciones pretenden acelerar el ritmo al que las nuevas tecnologías se generalizan y se hacen asequibles. 

Las empresas tecnológicas han protagonizado la mayor oleada de despidos recientes. En su caso, se mezclaba un cambio de los hábitos de los consumidores tras la pandemia, el deterioro de la situación económica y el atracón de contrataciones de los últimos años. Algunos bancos se han sumado a los recortes, pero ahora son también empresas industriales y de consumo las que empiezan a suprimir empleo. Esta semana han anunciado despidos, entre otros, el conglomerado industrial 3M, la juguetera Hasbro y ahora también la química Dow. La empresa con sede en Midland (Michigan) reducirá unos 2.000 empleos en todo el mundo, en torno al 5% de su plantilla. La compañía ha comunicado a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) que su consejo de administración ha aprobado medidas de reestructuración para recortar costes estructurales “en respuesta al impacto económico continuado del entorno recesivo mundial y para mejorar su agilidad y competitividad a largo plazo a lo largo del ciclo económico”. El programa incluye una reducción de costes de la plantilla global, amortización y cancelación de activos y comisiones de rescisión de contratos. Dow registrará un cargo en el primer trimestre de 2023 por los costes asociados a estas actividades de 550 a 725 millones de dólares. La mayor parte de esa cifra se destinará a indemnizaciones por despido y costes de prestaciones relacionadas que oscilarán entre 330 y 425 millones de dólares para esa reducción de la plantilla global. Además, habrá costes asociados a actividades de disposición de activos que oscilarán entre 20 y 50 millones de dólares; y amortizaciones y cancelaciones de activos que oscilarán entre 200 y 250 millones de dólares.

China ha recibido al año del conejo con las esperanzas puestas en que este animal, que se asocia con la calma y la amabilidad en el zodiaco chino, traiga paz y prosperidad tras sustituir al feroz tigre. “El año pasado fue muy duro por la lucha antiepidémica; este será el del renacer y recuperar la normalidad”, expresa una chica en el complejo de templos Badachu de Pekín, al que ha acudido para pedir “trabajo y dinero”. La Fiesta de la Primavera, como se denomina el Año Nuevo del calendario lunar, ha llegado un mes y medio después de que el gigante asiático pusiese abruptamente fin a tres años de duras restricciones para frenar la propagación del Covid-19. El carpetazo a la estricta política de Covid cero provocó en diciembre y principios de enero un tsunami de contagios y decenas de miles de muertos, como han reconocido recientemente las autoridades tras las presiones de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, superado el pico de infecciones en las grandes ciudades, los chinos han perdido el miedo a salir a festejar, y en los parques se respira ilusión ante un nuevo florecer. El repentino giro en la estrategia de Covid cero –precedida por una ola de protestas ciudadanas insólitas en el país– llevó al límite a la población y puso contra las cuerdas el sistema sanitario de las grandes urbes en diciembre y principios de enero. No obstante, según informaron este miércoles las autoridades, el brote de infecciones ha empezado a ceder después de alcanzar el pico el pasado 22 de diciembre, dos semanas después del fin oficial de la política de Covid cero. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades calcula que más de 1.100 millones de personas en toda China se han contagiado en esta ola y que unas 73.000 fallecieron entre el 8 de diciembre y el 19 de enero. 

La opción de enviar aviones de combate para reforzar la posición de Ucrania en la guerra empieza a emerger en Washington, las capitales europeas y los círculos diplomáticos de Bruselas. Aunque todavía no hay propuestas firmes sobre este nuevo salto adelante en el apoyo occidental a Kiev, tras el acuerdo para enviar a Ucrania tanques Leopard 2 y la petición firme del Gobierno de Volodímir Zelenski para suministrar aviones, el próximo debate sobre la mesa versa plantea si hay que mandar ahora también, como pide Kiev, aviones de combate. Ucrania no oculta su deseo y, de hecho, ya lo ha hecho explícito en más de una ocasión. Con especial insistencia en los últimos días, tras ganar la batalla de los tanques y conseguir que Alemania, constructor de los vehículos ansiados por Kiev, diera su brazo a torcer en la materia. Por eso, la discusión de los cazas no ha sorprendido ni en Europa ni en Washington. Aunque todavía no está oficialmente situado en la agenda como tema de futuros encuentros internacionales, se acercan varias citas en las que pocos dudan de que los aviones de combate para Ucrania se colarán en las discusiones: solo en la primera mitad de febrero, hay varios encuentros de la UE —incluido uno en Kiev— al más alto nivel, así como reuniones de la OTAN y de aliados internacionales. En cualquier caso, incluso quienes no dudan de que Ucrania acabará recibiendo aviones de combate —“no es una cuestión de ‘si’, sino de ‘cuándo’.