20230129

La reforma laboral ha impulsado una sustancial rebaja en el último año del porcentaje de trabajadores eventuales en las empresas vascas, que ha pasado del 20% al 13%. Ese esfuerzo contrasta con la elevada temporalidad en la Administración vasca, la más alta de España, situada en el 44%. Hace décadas que la temporalidad en el sector público supera con creces la del privado, especialmente en Euskadi. Así, el porcentaje de trabajadores eventuales en el ámbito privado se ha reducido desde el 20% al 13,5%, un mínimo histórico. En contraste, la tasa en la Administración (incluye Osakidetza, Educación, Gobierno...) roza el 44% y se mantiene cerca de los niveles máximos. Los datos proceden de la EPA, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite comparar a las comunidades autónomas y comprobar, una vez más, que Euskadi es el territorio con mayor temporalidad en el sector público de toda España. Su tasa, del 44%, se sitúa muy por encima del 30% de media nacional y contrasta con el 25% de Madrid o Cataluña. No hay una explicación clara de este hecho diferencial. Un factor que ha influido es que en épocas de bonanza se lograron importantes beneficios sociales en forma de permisos, que, sumados al alto absentismo, hizo que mucha carga de trabajo se cubriera con temporales. «Los cambios de la reforma laboral han sido muy efectivos. La tasa de temporalidad del 13,5% en las empresas vascas no solo es más baja que la media nacional sino que es homologable con el resto de Europa», señala Pablo Martín, responsable de Economía de Confebask.

Emilio Titos Exdirector general de Mercedes-Benz Vitoria El empresario ve los «riesgos de perder la competitividad porque, la verdad, no hemos reaccionado a tiempo». "En Euskadi veníamos de años de bonanza en los que el crecimiento se mantuvo en el tiempo, con un déficit controlado. Pero todo ha cambiado con la pandemia... Tenemos una globalización con todo altamente interconectado y efectos colaterales que distorsionan el intercambio de bienes y productos. Además hay un cambio climático, un descenso demográfico. Y todo esto unido a la necesidad de hacer una revolución industrial en un periodo de tiempo que nunca antes fue tan corto...Y a todo ello añadiría una pérdida de valores con la que estamos perdiendo, a su vez, parte de aquello que nos ha dado la ventaja competitiva a nivel global.– ¿A qué se refiere?– Mire nuestros jóvenes, están capacitados para hacerlo todo. Pero hay que recuperar esa educación en el esfuerzo y el compromiso...No sé, veo los riesgos de perder la competitividad porque, la verdad, no hemos reaccionado a tiempo.– El Foro Zedarriak hablaba recientemente de decadencia de la economía vasca. ¿Comparte esa idea?– No es una decadencia de la industria en Euskadi, sino de Europa. Y no vamos a mejor. Es cierto que la economía no está usando las mejores herramientas para competir porque no nos hemos dedicado a ello. Tenemos los medios así que aprovechémoslos. Esa es la llamada de atención que yo haría...Tenemos que abrirnos para que el talento pueda venir a Euskadi y a Álava. Eso lo hemos hablado con el Gobierno vasco, las diputaciones... necesitamos esa apertura. Se necesita una educación internacional, por ejemplo para que los directivos puedan venir con sus hijos aquí, con un modelo de inglés, alemán, francés...-¿Se requiere un cambio cultural en la relación empresas sindicatos?– Mire yo estoy de acuerdo con vivir mejor cada día, pero también habrá que esforzarse con un trabajo compartido y con lo que estoy construyendo; sentirse más a gusto a pesar del esfuerzo... y eso es justo lo que no se está haciendo. Es un problemón cada vez más grande.– ¿Percibe que se va hacia una mayor conflictividad laboral?– Claramente sí porque no se comparte el modelo..."

Según una exploración de los datos realizada por el INE, la mayoría de esos vascos que se han ido al extranjero habían nacido en otros países; es decir, son nacionalizados. En concreto, más de 15.000 de los 18.308 mencionados. El resto, 3.258, sí son jóvenes nacidos aquí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Acaso hay gente que tras llegar a Euskadi, hacer su vida aquí y nacionalizarse española decide regresar a su país de origen? «No es eso», descarta Alberto Galindo, presidente de Asocolvas, la asociación de Colombianos en Euskadi. Se trata de la comunidad extranjera más numerosa en el País Vasco y, como el resto de latinoamericanos, con más facilidades para acceder a la nacionalidad. «Lo que está ocurriendo es que muchos jóvenes que han estudiado aquí en la Universidad se están marchando a otros países». De carrerilla menciona media docena de casos próximos que se han ido a Holanda, Alemania, Reino Unido o Australia. «Es algo que viene ocurriendo en los últimos años porque aquí no encuentran ofertas de trabajo». En el Gobierno vasco se fijan más en lo que ocurre exclusivamente con los jóvenes nacidos en Euskadi –excluyendo los nacionalizados–, entre quienes no se aprecia que la emigración vaya a más. «Se mantiene estable», revela Miren Saratxaga, directora de Juventud. Sus estadísticas sólo llegan hasta 2020, pero entre 2016 y ese ejercicio cada año, de media, se van de la comunidad autónoma 642 jóvenes, cifra que se mantiene bastante estable. Lo malo es que la mitad no regresa. Aunque también se puede ver por el lado bueno: «La tasa de retorno se acerca al 50%». Aunque en Lakua no consideran que «a día de hoy sea un problema la pérdida de esta población joven» autóctona, la Estrategia Vasca para la emancipación juvenil, que busca hacer frente al reto demográfico, le presta una atención especial. Se hace en el programa Ameslariak, que persigue favorecer el retorno de jóvenes que se han marchado. Comenzará a funcionar este año.

El hidrógeno verde como alternativa renovable en plena crisis energética ha recibido estos días un fuerte espaldarazo al sumarse Alemania al H4Med, el futuro corredor europeo de hidrógeno verde que llevará esta fuente de energía limpia desde la península ibérica al norte de Europa. Y Gipuzkoa, concretamente el gasoducto de Irun, tiene un hueco en esta estrategia, aunque en una segunda fase. Enagás, la gestora técnica del sistema gasista en España, incluye al tubo de la localidad fronteriza en la red troncal de hidrógeno (H4) prevista para 4060, en el marco del proyecto del primer hub de Europa. Irun entraría en la segunda fase del proyecto. La primera esta prevista para 4050 con la puesta en funcionamiento del citado H4Med, que subirá a Europa por Barcelona y Marsella. El gasoducto de Irun fue renovado este otoño para aumentar su capacidad de trasvase de gas a Francia y Centroeuropa (Alemania). Es una de las alternativas para aumentar el envío de gas ante el corte del grifo por parte de Rusia como represalia por el apoyo de la UE a Ucrania en la guerra. El Gobierno central y Enagás acometieron una serie de obras para aumentar la potencia del tubo denominado Euskadour y su capacidad de trasvase.

La decisión puede implicar un sobrecoste para las empresas de más de 3.000 millones de euros en un año en el que se prevé una fuerte desaceleración de la actividad económica y del empleo. Pese a la exigencia de los sindicatos para que se haga «de manera inmediata», el mes terminará sin resolver esta incógnita, puesto que el Ejecutivo trata de llegar a un pacto con los agentes sociales a los que ha citado este martes, pese a ser prácticamente una utopía. Lo que sí parece definitivo es que la subida estará entre los 46 y los 82 euros, ya que así lo apuntó la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, al mostrarse esta pasada semana partidaria de «encontrar un buen equilibrio» dentro de esa franja recomendada por el comité de expertos. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz –que es quien lleva las riendas de la negociación–, apostó por su parte por aumentarlo hasta los 1.082 euros. En el caso de Euskadi, esta subida implicaría superar el 51,7% del salario medio en la comunidad autónoma. Solo en otras tres regiones (Madrid, Navarra y Cataluña) estaría por debajo del 60% recomendado por la Carta Social Europea. El estudio de Cepyme resalta que si finalmente la remuneración más baja se eleva a 1.082 euros, en nueve comunidades autónomas y 22 provincias españolas se superaría el 65% del salario medio (véase el mapa adjunto), lo que dificultará la contratación y restará competitividad a la economía.

El nuevo año ha arrancado con novedades de calado para el colectivo de autónomos, que ha estrenado un sistema nuevo de cotización. Una reivindicación histórica de los que trabajan por cuenta propia, basado en los ingresos reales. De la mano de Silvia Martínez, portavoz de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos de Euskadi (UPTA), repasamos las luces y las sombras de los autónomos. Las áreas en las que están protegidos y otras donde, según su punto de vista, deben mejorar junto a la ayuda de las instituciones. La principal novedad es que ya no se podrá elegir la base de cotización, entre la mínima y la máxima, con independencia de la renta obtenida por el afiliado en el ejercicio económico, sino que deberá ajustarse a los rendimientos netos reales. Desde UPTA Euskadi, al igual que otas asociaciones, «veníamos reclamando» este cambio desde hace tiempo. Según asegura Martínez, este sistema «beneficia a los compañeros que sobrecotizaban, que son en torno a un 60% del total de autónomos. Un 20% se queda igual y el otro 20% restante pagará más. Hablamos de aquellos cuyos ingresos son elevados. Antes había una desigualdad entre los que más y menos ganaban, que pagaban lo mismo. Ahora, para entendernos, el esfuerzo será progresivo. Quien más gana, más paga. Ahora sólo falta que el sistema se estrene sin problemas y que la administración cruce bien los datos. Desde UPTA Euskadi precisan que el año terminado ha sido duro, especialmente para el pequeño comercio. Un dato. Según la estadística recogida en su asociación, 511 negocios de este sector han cerrado la persiana el año pasado. 

La guerra desatada en la lucha por el control de la patronal del comercio vizcaína (Cecobi) alcanzó hace dos años límites insospechados. Era la primera vez en 25 años que la batalla se dirimía en las urnas, ya que hasta entonces todos los aspirantes presentaban sus candidaturas sin someterlas a ningún plebiscito por la falta de contendientes en la carrera electoral. Sin embargo, todo cambió el 11 de marzo de 2021 cuando Aingeru Alonso intentó, sin éxito, desbancar a Pedro Campo, que ostenta la presidencia de la potente organización empresarial de forma ininterrumpida desde 2008. La plancha de Alonso perdió las elecciones y después las impugnó al entender que su rival había vulnerado el proceso y que, por tanto, carecía de legitimidad para presentarse a las elecciones. Aseguró que había perdido el apoyo de la sección del mueble de Cecobi (Amubi) –por lo que concurrió en representación de la del metal (Acomet)– y que tampoco había justificado ninguna «vinculación patrimonial» con alguna compañía de este gremio. En medio de estas luchas internas, Luis Rodríguez, que fue expulsado de la entidad en septiembre de aquel volcánico 2021, remitió una carta a los asociados de Amubi en la que acusaba a Campo de tomar decisiones para las que no tenía «atribuciones estatutarias». Le acusó del despido del secretario general, Julián Ruiz, pese a que «no había demostración ni prueba alguna de la falta de disciplina». Dos años después de los comicios y de una lucha sin cuartel, el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao acaba de fallar a favor de Campo a la demanda interpuesta por Alonso. Legitima su presidencia al frente de Cecobi y afea la conducta de la plancha liderada por Alonso y la actitud de Julián Ruiz, que tenía asignado un sueldo de casi 100.000 euros anuales, por «contradecirse» en su argumentario. La resolución avala, asimismo, la «solvencia económica» del jefe de la patronal, en contra del criterio de sus oponentes. El fallo descarta que la candidatura de Campo fuese «irregular» y garantiza que cumplió en todo momento «los requisitos necesarios» para ser candidato en representación de Acomet. El juez también ha rechazado la anulación «de la designación de los miembros» realizadas por el mandatario actual.

Entrevista con Nadia Calviño, vicepresidenta primera del Gobierno. Celebra los datos de empleo y de PIB conocidos esta semana. Pero reconoce que la economía se está ralentizando. Insta a los empresarios a negociar un pacto de rentas. “Todos tenemos claro que los salarios tienen que subir en nuestro país. No sólo el SMI; hay que mejorar las condiciones salariales del conjunto de los trabajadores”. "Encadenamos dos años con un crecimiento muy fuerte superando todas las previsiones. Estamos en un entorno de alta incertidumbre pero, si seguimos en la misma línea, recuperaremos el nivel de PIB prepandemia a mediados de este año. Su evolución viene marcada por la caída en 2020, como consecuencia de la pandemia, que fue más intensa en España. Pero el resto de indicadores ya han superado con creces los niveles prepandemia: el empleo, las exportaciones, los ingresos fiscales…. En muchos de ellos lo que estamos recuperando no son los niveles prepandemia, sino los niveles previos a la gran crisis financiera de 2008... Somos el país más avanzado en la ejecución de las inversiones y reformas del plan de recuperación, como ha avalado la Comisión Europea. Hemos recibido 31.000 millones del presupuesto europeo. Hemos transferido a las comunidades autónomas 20.600 millones. Ya se han resuelto convocatorias por más de 23.000 millones y el 45% de los fondos han ido a empresas. El 80% de las licitaciones resueltas son del Estado y ahora el foco está en la ejecución de las comunidades. Hemos ido quitando cuellos de botella y agilizando el despliegue de inversiones. Pero es muy difícil pensar que se puedan agilizar más sin debilitar los mecanismos de control. Y por ahí el Gobierno no va a pasar. Ese es un riesgo que no podemos, ni debemos asumir..."

"...Ya sabe que el pasivo de las Administraciones Públicas asciende a 1,506 billones, lo que supone un aumento del 5,6% respecto al año anterior. Y que eso sucede en un año récord de recaudación. En los últimos cuatro años la deuda ha crecido en 300.000 millones, a pesar de haber recibido de la UE ayudas por valor de 85.365. Para cuadrar los números, el Tesoro tendrá que emitir 257.000 millones de los que 187.000 irán destinados a pagar vencimientos de emisiones antiguas y el resto a financiar déficits nuevos. Para animar la cuestión y dado que el BCE ha dejado de sostener las emisiones e incluso disminuirá su balance en pocos meses, el coste de las nuevas, a tres meses, es de un 2,092% y a 12 meses del 2,99%. El coste medio total es solo de 1,73%, pero ha subido un 12% desde el pasado mes de marzo. Por otra parte, el plazo medio del endeudamiento, que se situó en los 8,15 años en el mes de abril se ha apretado hasta los 7,86 años en el mes de diciembre. ¿Mareado con tanta cifra? Venga, ánimo, que acabamos enseguida. Ahora vamos con las pensiones, un asunto que seguro le interesa más. La promesa de subirlas con el IPC y el hecho desgraciado, se mire por donde se mire, de que la inflación haya sido tan elevada ha dado como consecuencia que el gasto mensual suba un 10,8%, que es la mayor subida de los últimos treinta años. Con ella, la deuda de la Seguridad Social superará los 100.000 millones de euros. ¿Está seguro el ministro Escrivá de que va a poder colmar tan gigantesco agujero con la elevación aprobada de las cotizaciones? Es imposible y si pretendiera hacerlo en la medida necesaria, ¿está seguro de que quedaría algún español cotizando, tras ser aplastado bajo semejante peso? A lo largo de la ‘era Sánchez’ la nómina ha crecido en 41.000 millones, a pesar de que la inflación fue reducida en los primeros años de su mandato y aún contando con los 20.000 millones que se han inyectado al sistema desde los presupuestos generales. Los perceptores han aumentado en un 3,2%, pero el gasto ha crecido un 32,4%..."

Préstamos más caros y ahorro mejor remunerado. Son las dos consecuencias inmediatas que supervisores, analistas y ciudadanos esperaban allá por el mes de julio, cuando el Banco Central Europeo (BCE) decidió acometer su primera subida de los tipos de interés en once años. En su lucha contra la inflación, ya los ha elevado del 0% al 2,5%. Una escalada de auténtico vértigo que los bancos se apresuraron a trasladar al crédito. Sin ir más lejos, el tipo medio aplicado a los nuevos préstamos para vivienda ha pasado del 1,38% (cierre 2021) al 2,70% actual, según el Banco de España. Mucho más tímidas han sido las entidades a la hora de remunerar los depósitos de particulares, donde el interés medio que se paga a 12 meses se limita al 0,41%. En las cuentas corrientes (a la vista), se mantiene en el 0,032%. Prácticamente nada pese a ser la opción de ahorro más demandada tras la pandemia. De hecho, las familias superaron en diciembre el billón de euros en depósitos por primera vez en la historia, tras haber engordado en más de 41.000 millones en 2022. Ante este escenario, un producto ha irrumpido con fuerza en las opciones para exprimir al máximo ese ahorro conservador. Se trata de las Letras del Tesoro, donde los particulares han regresado con más apetito que nunca. En octubre –últimas cifras disponibles– los particulares habían comprado 321 millones de euros en Letras. La cifra es aún muy reducida si se compara con los máximos que reflejan las estadísticas, alcanzados en plena crisis financiera, cuando la media anual rondaba los 4.700 millones. Pero el despegue de los últimos meses es innegable. El actual saldo supone un 200% más que el registrado el mes anterior (99 millones). Y multiplicar por 20 los 17 millones de cierre de 2021.

Las entidades pasan de cobrar a estos clientes a ofrecerles una rentabilidad del 1,19%, casi el triple que a los particulares. Según las estadísticas del Banco de España, los bancos aplicaban un tipo medio negativo del -0,132% a esta parte del pasivo. Y en febrero de 2020, antes del estallido de la pandemia y de que el BCE metiera otra marcha más en su política monetaria ultraexpansiva, ya cobraban un 0,20% de media. Las empresas tuvieron que esperar hasta junio de 2022 para que las entidades decidiesen eliminar esta penalización. Aquel mes, la banca pasó de cobrar a estos clientes a remunerarlos con una media del 0,327% en el plazo a 12 meses. Poco a poco, y a medida que el BCE imprimía ritmo a la subida de tipos, el sector también fue ajustando al alza la cifra. Y hoy, la remuneración a estos clientes se sitúa en el 1,199% en el plazo a doce meses. La cifra evidencia que la traslación de las subidas de los tipos de interés a los depósitos está siendo aquí mucho más rápida que para los particulares. En concreto, los tipos actuales para las empresas prácticamente triplican el 0,41% aplicado por las entidades a los hogares. A cierre de diciembre, los depósitos de las empresas ascendían a 317.300 millones de euros. Es decir, 59.100 millones más que cuando el sector comenzó a cobrar por este servicio.

"Tras las últimas revisiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), fuertemente al alza, el PIB español habrá crecido un 5,5% en 2022, lo mismo que el año anterior y más de lo anticipado habida cuenta del shock inflacionario y de las incertidumbres generadas por la guerra en Ucrania. Con estos ajustes, la economía española se queda a un tris de recuperar el nivel de actividad prepandemia. La divina sorpresa procede en buena medida del comportamiento de los hogares, que han incrementado su gasto en consumo un 4,3% cuando su renta disponible se reducía casi un 5% en términos reales como consecuencia de la inflación. La divergencia ha sido posible gracias a la utilización a efectos de gasto en consumo de los excedentes acumulados en años anteriores, de modo que la tasa de ahorro ronda el 3,6%, cercano al mínimo de la serie histórica (en función de la información disponible hasta el tercer trimestre). Este fenómeno atípico se ha repetido en otros países de nuestro entorno, pero en ningún caso de manera tan pronunciada como en el nuestro. Las familias alemanas y francesas, por ejemplo, se han mostrado mucho más cautas, en un contexto que sin duda perciben como muy incierto y que les incita a mantener un abultado colchón de liquidez. El revés de la medalla es que el margen de crecimiento basado en el ahorro acumulado se ha agotado, al menos en nuestro país, algo que ya se refleja en el fuerte retroceso del gasto en consumo en el cierre del año (un contundente -1,7% en el cuarto trimestre, según el dato adelantado del INE)..."

El 90% de las ‘start-ups’ no llega al tercer año de vida. Estudiar bien el mercado, crear buenos equipos, controlar la deuda y asesorarse legalmente son recetas para el éxito. El fracaso forma parte del aprendizaje empresarial, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Ya en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas en general, según los datos de Eurostat recogidos en un informe de CEPYME de principios de este año, 6 de cada 10 empresas no superan los cinco años de vida en España —la proporción más alta entre los países europeos después de Rumania y Dinamarca—. En el ámbito de las start-ups, donde el riesgo se supone mayor porque tienen un carácter más disruptivo en el mercado, son 9 de cada 10 las empresas que cierran antes de los tres años, según el Mapa del emprendimiento de South Summit. Pero si el 90% de las empresas emergentes fracasan y terminan en cualquier cementerio web criando malvas digitales, ¿por qué cada vez hay más emprendedores, más aceleradoras e incubadoras para start-ups, más grandes corporaciones que deciden abrir divisiones para captar este tipo de empresas y, sobre todo, más inversión? La respuesta corta que dan todos los expertos consultados para este reportaje: porque al aumentar la inversión y fortalecerse el ecosistema, el emprendedor en general ya no se endeuda para llevar a cabo su idea, así que el fracaso deja de verse como un tabú y pasa a ser una forma de aprendizaje; y porque, por más que el nuevo empresario estudie los errores de sus predecesores, lo más probable es que cometa al menos alguno.

Miles de jóvenes acuden a la feria de orientación universitaria de la UPV en Gipuzkoa a informarse de la oferta académica disponible para el curso que viene. Las notas de corte y la ubicación de la facultad son algunos de los factores determinantes a la hora de decidir qué estudiar. Muchos acuden con sus padres, a la espera del «visto bueno» de estos a su elección, y otros van en cuadrilla sobre posibles grados. Pero Iker, también donostiarra de 17 años, no tiene muchas dudas sobre su futuro. Va a estudiar Óptica y Optometría, aunque todavía no sabe dónde. «La UPV no ofrece esta opción, así que seguramente me iré a Madrid, Zaragoza o Valladolid. Pero, por si acaso, quiero matricularme en alguna otra carrera de ciencias sanitarias aquí, como Farmacia, Nutrición o Fisioterapia», explica. Mejor ser precavido. Necesita en torno a un 10,5-11 de 14 para estudiar esa carrera y seguir así la estela de su madre, que es óptica. «Hace un año no tenía nada claro a lo que quería dedicarme, pero al final me he decidido», apunta Iker. Y su madre sonríe: «Estoy encantada porque no me esperaba que hiciera Óptica y Optometría. Es una carrera muy bonita». Ingenierías, Ciencias de la Salud... y Administración de Empresas. El grado de ADE fue otro de los más demandados. Chenjia Wang, que vive en Andoain, acudió a la feria junto a su amiga Xinyan Wang, que reside en Tolosa. Ambas comenzarán la universidad el próximo curso y al menos Chenjia quiere estudiar ADE en la UPV, aunque en el campus de Bilbao. «Me interesa mucho la economía. He valorado diferentes opciones y esta es la que mejor me encaja», asegura.

Jokin Bildarratz reivindicó ayer el pacto educativo y recalcó que fue apoyado «por el 90% de los parlamentarios». El consejero de Educación aseguró, además, que «lo estamos interpretando con total lealtad». PNV, EH Bildu, PSEEE y Elkarrekin Podemos respaldaron en abril de 2022 un texto que «desde entonces hemos estado trabajando y creemos que podremos devolverlo al Parlamento en el primer trimestre». En estos meses, ese punto de acuerdo se ha ido tambaleando por el progresivo distanciamiento de Elkarrekin Podemos, que no ve concretarse en el papel el espíritu de lo pactado. La formación morada se ha ido alejando de «la interpretación» que Educación está haciendo de algunos aspectos y pide un mayor papel para los colegios públicos y acabar con la segregación. En EH Bildu también han surgido algunas dudas a la hora de compatibilizar la apuesta por lo público y el respaldo a las ikastolas, que se gestionan bajo el marco del concierto. Bildarratz dejó caer alguna reflexión sobre ese aspecto. «Que la diversidad del alumnado vasco se mantenga al margen de la titularidad jurídica de cada uno de los centros» y que «todos deben responder de igual manera ante la diversidad, que es una cuestión compleja». En suma, que no puede ser que el modelo público concentre los perfiles con mayores dificultades y tenga que asumir ese esfuerzo extra en solitario.

Entrevista con Nouriel Roubini, Fue uno de los pocos que anticiparon la crisis de 2008. En su nuevo libro advierte de una serie de amenazas como la alta deuda, la baja productividad o el envejecimiento. "Creo que la inflación ha alcanzado su punto máximo, pero va a retroceder más lentamente de lo que creen los bancos centrales. Estamos entrando en una contracción económica al endurecerse la política monetaria y fiscal, mientras que en las dos recesiones anteriores, las causadas por la crisis financiera y la covid, la suavizamos para ayudar a la economía a ajustarse. El origen de la contracción económica está en shocks de oferta negativos y no en una demanda excesiva. Al ajustar la política monetaria para combatir la inflación, algo que todo el mundo está haciendo al mismo tiempo, la contracción se vuelve más severa. Y por último, el punto más importante: hay mucha deuda pública y privada en el sistema.P. ¿No puede haber una sorpresa positiva?R. Incluso si algunos de estos shocks de suministro negativos se aliviaran a corto plazo —pese a que el final de la guerra en Ucrania resulta poco probable—, hay fuerzas que favorecen la estanflación. La balcanización de las cadenas de suministro, el envejecimiento de la población, la restricción de la inmigración laboral, el desacople de EE UU y China y otras amenazas geopolíticas, el cambio climático, la guerra cibernética, las pandemias, la explosión de la desigualdad, la caída del papel del dólar como moneda de reserva global… Cada uno de estos factores, por sí solo, impulsan la estanflación en el medio y largo plazo..."

La inversión de unos 10.000 millones de dólares anunciada por Microsoft esta semana en OpenAI, el laboratorio que creó Chat GPT, es un símbolo de las grandes expectativas que genera. Junto a las promesas de grandes avances y mejoras de la productividad, viajan algunos riesgos. La IA tiene visos de provocar considerables cambios en un amplísimo abanico de actividades humanas, desde la vida cotidiana al ámbito laboral, desde el desarrollo intelectual hasta el equilibrio en la relación entre potencias a escala global. Si es fácil imaginar los beneficios que puede propiciar, no es difícil vislumbrar posibles problemas, desde disrupciones en el mercado laboral o en los sistemas educativos hasta malos usos por parte de gobiernos autoritarios. Puede modificar el equilibrio geopolítico y hasta el concepto de creatividad. Si se le pregunta al sistema de inteligencia artificial ChatGPT cómo será la revolución tecnológica que abandera, lo primero que contesta es que “está en marcha y se espera que tendrá un significativo impacto en muchos sectores”. Después, el programa señala que “el potencial de esta tecnología es amplio, pero también plantea inquietudes éticas”. La respuesta refleja bien el consenso mayoritario entre expertos.

La inversión de Microsoft en la empresa detrás de ChatGPT es una apuesta para tomar ventaja ante sus rivales en la nueva era de la IA En un mundo ideal, el primer párrafo de este artículo iba a ser escrito por ChatGPT. Más que nada, por comparar. ChatGPT, el chatbot –o sea, el robot o bot que habla o chatea– de la empresa de inteligencia artificial OpenAI en la que Microsoft ha anunciado esta semana una inversión de 10.000 millones de dólares (9.200 millones de euros) sacó una nota que podría ser B o B- (algo así como notable o notable bajo en el sistema de calificaciones estadounidense) en el examen final del curso Management de Operaciones del Master de Administración de Empresas (MBA) de la Universidad de Wharton. Microsoft valora su inversión en OpenAI como, posiblemente, la operación de mayor importancia estratégica de la empresa en este momento. Nada mejor para demostrarlo que su timing: una semana después de que el presidente y consejero delegado de la empresa, Satya Nadella, hubiera anunciado el despido de 10.000 empleados, el 5% del total de la plantilla. Es, además, una operación muy alambicada desde el punto de vista financiero. Microsoft obtendrá el 75% de los beneficios de OpenAI hasta que recupere el 100% de los 10.000 millones de que va a invertir, aunque no está claro si el capital que OpenAI ya gasta en la nube de Microsoft va a ser descontado de esa cifra. Cuando se haya alcanzado ese techo de 10.000 millones, el gigante del software pasaría a tener el 49% de OpenAI; el resto de los inversores de la empresa el 49%, y la organización sin ánimo de lucro que fundó la empresa de inteligencia artificial –constituida por varios miembros de la mafia de PayPal y hoy simpatizantes del Partido Republicano de EEUU, como Elon Musk y Peter Thiel– el 2% restante.