20230202

Luz verde al acuerdo del Metal de Bizkaia para zanjar el duro conflicto por la renovación del convenio colectivo, el más importante del territorio con 52.000 afectados. Las respectivas asambleas de los tres sindicatos que integran la mayoría sindical –CC OO, LAB y UGT– ratificaron a lo largo de la jornada la propuesta del Gobierno vasco en el proceso de mediación, que contempla un alza salarial del 15% entre 2022 y 2025. ELA, que tiene el 40% de la representación y ha ido por separado en las negociaciones, insistió en su rechazo al texto, que calificó de «insuficiente», si bien anunció la convocatoria de una asamblea para votarlo el martes. La patronal FVEM, por su parte, informó a la mañana de que sus órganos de gobierno habían dado el visto bueno. La posición dura de ELA, que ha exigido una revisión salarial con el IPC interanual cada año, ha condicionado la negociación y metido presión al resto de sindicatos, especialmente a LAB. De ahí que hubiese gran expectación por conocer el resultado de la asamblea de la central abertzale. La votación en la que se ratificó la propuesta tuvo lugar a la mañana, al igual que la de CC OO. Pero solo cuando terminó la de UGT, a la tarde, se emitió un comunicado conjunto en el que se notificaba la «aprobación de las tres asambleas», sin más detalles. La propuesta presentada el lunes por el Gobierno vasco contempla una subida salarial del 15% para el periodo del convenio, del 2022 a 2025, que se sitúa por encima del 14% que ofertó la patronal antes de la última ronda de huelgas y por debajo del 17,5% que pedía la mayoría sindical en su última reforma. La subida salarial se reparte de la siguiente manera: un 6,5% en 2022; un 4%, en 2023; 2% en 2024 y 2,5% en 2025. Como ya estaba negociado, el aumento será revisado en función del IPC real al final del periodo del convenio, y se mantiene la garantía salarial para aplicar una subida equivalente al 75% del alza en tablas a los salarios reales.

A mediados del pasado diciembre el pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), tras largas negociaciones con su homólogo francés, la Comission de Régulation de l’Energie (CRE), respaldó un acuerdo para salvar el proyecto de interconexión eléctrica submarina con Francia, por el golfo de Bizkaia, cuyo coste se había disparado hasta un 50% respecto a la inversión inicial. Ambos organismos tienen la potestad de autorizar la infraestructura por ser un activo regulada. Aunque este había pasado de 1.750 millones de euros en 2017 (año de las primeras consultas) hasta los 2.700 millones a finales de 2022, el organismo regulador español aceptó la propuesta de la CRE de incrementar ligeramente el porcentaje de participación de Francia en la infraestructura, fijado inicialmente en un 27%, frente al 43% que asume España (el restante 30% corría a cargo de la Unión Europea, que lo había declarado en 2013 proyecto de interés común o PIC). Ante la magnitud del sobrecoste, debido principalmente a las subidas de las materias primas para la construcción del cable; la incertidumbre sobre el alquiler de barcos cableros o la subida de los tipos de interés, el pleno de la CNMC ha revocado su propio acuerdo de diciembre, según fuentes empresariales. Aunque oficialmente nadie reconoce que esto suponga una renuncia al proyecto, a efectos prácticos este se ha quedado en un limbo. De esta manera, fuentes conocedoras del proceso consideran que la infraestructura, tal como se había diseñado, está muerta y la alternativa, en cualquier caso, es volver a estudiarla partiendo de cero, lo que implicaría la elaboración de un nuevo estudio de coste-beneficio. “A lo mejor no era tan estratégica como creíamos”, comentan las mismas fuentes respecto a una infraestructura promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy. Se desconoce la reacción de la parte francesa, aunque no parece haber manifestado tanta preocupación como la española. Lo que sí parece claro es que no se puede exigir que España asuma tan alto coste, opinan distintas fuentes. Además, y en ello se sustenta también el rechazo de la CNMC, no hay garantías de que el coste no siga subiendo, lo que hace inviable un proyecto que ni siquiera se ha iniciado y lleva acumulado un retraso de dos años, añaden.

«La crisis no puede ser una excusa para ganar más. Congelar hipotecas, moderar beneficios», indicó a través de su cuenta oficial de Twitter. «Mientras la subida del euríbor encarecerá la hipoteca media en 470 euros al mes, los beneficios de BBVA crecen el 58%, los mayores de su historia», insistió. No es la primera vez que Díaz se pronuncia en público en estos términos sobre las empresas después de que la semana pasada insistiera en que otro sector, el de la alimentación, se estaba «forrando» a coste de subir el precio de la cesta de la compra. Las críticas de la vicepresidenta no fueron las únicas que llegaron desde el ala del Gobierno representada por Podemos. Su líder y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, pidió medidas de intervención de mercado como las tomadas con el gas. Tras confiar en que datos como los de BBVA «hagan abrir los ojos» al PSOE, denunció que «mucha gente muy privilegiada se está haciendo de oro y este Gobierno no lo puede permitir». Frente a los reproches, el presidente de BBVA, Carlos Torres, defendió ayer «el papel que juegan las empresas en una economía de mercado». En este sentido, lanzó varios mensajes durante la presentación de resultados. El primero, que «los intereses de las empresas coinciden con los de la sociedad y al revés». El segundo, que los sectores privado y público deben ir de la mano para fomentar la inversión en el país. «La historia está repleta de ejemplos de economías y sociedades que abandonaron la iniciativa privada y empresarial por otro tipo de modelos con resultados catastróficos», advirtió. Por último, recordó que los beneficios no se pueden medir solo por los miles de millones, sino también por la rentabilidad que, por ejemplo en España, aún no alcanza el coste de capital (el retorno que los inversores esperan alcanzar al invertir en las acciones de una empresa).

BBVA registra el mayor beneficio de su historia tras ganar 6.420 millones de euros en 2022, un 38% más que en el año anterior, según comunicó ayer la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La cuenta de resultados del banco se sustenta principalmente en el negocio de México, que ya supone el 57% del beneficio total del grupo, con 4.182 millones de euros. El margen de interés a nivel global registró 19.153 millones de euros, un 30,4% más y las comisiones crecieron un 12,3%, hasta los 5.353 millones gracias al buen comportamiento de los medios de pago y el negocio transaccional. Los gastos también se elevaron, por la mayor inflación, un 12,9%. La tasa de mora se situó en el 3,4% a cierre de ejercicio, frente al 4,1% registrado un año antes, y la tasa de cobertura se incrementó hasta el 81%, frente al 75% de diciembre de 2021. El buen comportamiento de la cuenta de resultados y la holgura del banco en capital le permite pagar un dividendo en efectivo de 3.000 millones de euros y comenzar un nuevo programa de recompra de acciones por valor de 422 millones, equivalente a un 1,1% de la capitalización bursátil. Sumando ambos, el banco estaría repartiendo un dividendo equivalente a 50 céntimos por acción, lo que supone un pay out del 47%. Además, el presidente de BBVA, Carlos Torres, anunció en la rueda de prensa de resultados que el banco aún cuenta con un exceso de capital de entre 2.100 y 3.700 millones que podrían usarse para repartir un dividendo extraordinario o para seguir creciendo de manera orgánica. “Decidiremos sobre la devolución del exceso de capital que aún tenemos en trimestres venideros. Somos optimistas, pero también somos conscientes de las incertidumbres”, indicó Torres.

Los resultados anunciados por BBVA eran esperados porque el presidente de la entidad lo había ido dejando caer públicamente en las últimas semanas, aun respetando la obligación de no dar cifras concretas que pudieran influir sobre el mercado. Son cifras récord (6.420 millones de euros), pero es lo que normalmente ocurre: cada año las empresas suelen ganar algo más que en el ejercicio anterior. Es lo normal, pero no siempre pasa, porque hay situaciones que obligan a tener más gastos, a hacer más provisiones e incluso a reducir su tamaño. El ejercicio pasado no ha sido así, al revés. BBVA ha aumentado su actividad de manera relevante, sobre todo en México, donde el diferencial de intereses es muy elevado en lo que se refiere a crecimiento del crédito, al tiempo que los ingresos por comisiones también han ayudado en los resultados. De esta forma, el país azteca ha contribuido con el 57% del total a los resultados del grupo. Un año más, las cuentas de resultados se han visto afectadas por la hiperinflación en Turquía, donde la entidad aumentó su participación en Garanti de manera relevante, y en Argentina, haciendo que sus resultados en monedas locales apenas ayuden al conjunto del grupo. La actividad en España aumentó ligeramente, menos de un 2% la inversión crediticia y los resultados crecieron gracias al aumento de los tipos de interés durante la última parte del año y al descenso de las provisiones debido al continuado descenso de la morosidad. Para el conjunto del grupo las provisiones crecieron en línea con lo que lo hizo la inversión crediticia, es decir sobre todo en México y en Turquía, aumentando la tasa de cobertura de los activos problemáticos de forma significativa.

Los tipos de interés suben en Estados Unidos 0,25 puntos porcentuales. De esta forma, la Reserva Federal lleva el precio del dinero hasta el rango comprendido entre el 4,5% y el 4,75%, niveles en máximos de los últimos quince años y que no se veían desde septiembre de 2007. La Fed cumple así con su hoja de ruta de seguir aumentando los tipos hasta que la inflación esté controlada y se sitúe en el entorno del 2% (frente al 6,5% actual), pero siguiendo un ritmo más moderado que le permite ganar tiempo y ajustar su plan en función de los efectos que tenga la política monetaria sobre la economía estadounidense. En diciembre del año pasado, ya anunció que había llegado el momento de levantar el pie del acelerador. Entonces, tras cuatro subidas consecutivas de tres cuartos de punto que han supuesto el incremento más rápido de los tipos en las últimas cuatro décadas, se decantó por un alza de medio punto. El mercado estaba atento ayer por si había alguna pista sobre qué ocurrirá en la próxima reunión la Fed. ¿Habrá una pausa o seguirá avanzando en su previsión de superar el 5% en 2023? En un comunicado ayer, la Fed aseguró que “el comité anticipa que habrá más subidas en esta misma línea” en el futuro, aunque sin especificar cuándo ni cuantas.

El Banco Central Europeo (BCE) no ha acabado su tarea. De hecho, la institución monetaria considera que el ciclo de subidas de tipos iniciado el pasado julio está aún lejos de llegar a su fin. Con esos mimbres, los expertos anticipan la ya más que descontada subida de 50 puntos básicos del precio del dinero en la cumbre que se celebra hoy, una cita en la que también prevén que Christine Lagarde, la presidenta del BCE se muestre dura. La autoridad monetaria ha arremetido con fuerza contra cualquier tipo de indicio o rumor que apuntase a un posible freno en el ritmo de encarecimiento del dinero a partir de hoy. Lagarde anticipó que la inflación podría no bajar, o incluso repuntar, en el arranque de año. Por ello, muchos miembros del consejo de gobierno quieren evitar a toda costa cualquier tipo de mensaje triunfalista que pueda dificultar su tarea comprometiendo la credibilidad del BCE de devolver el crecimiento de los precios a su objetivo. “Invitaría a los mercados a revisar su postura. Harían bien en hacerlo”, sentenció la presidenta del BCE, tras el optimista arranque de enero, que lleva las expectativas sobre los tipos de interés hacia niveles previos a la cumbre del BCE de diciembre.

La cesta básica de la compra se ha incrementado casi un 6% con respecto a hace un mes, pese a la entrada en vigor de la rebaja o eliminación del IVA en determinados productos de primera  necesidad. Fuentes consultadas de uno de los supermercados con mayor representación en Euskadi sostienen que este aumento en la cesta de la compra se debe a dos factores. Por un lado, afirman que «el proceso inflacionista continúa sobre estos productos», y que tanto algunos productores como proveedores «nos están llamando para repercutir los mayores costes que están teniendo». De hecho, tras cinco meses consecutivos a la baja, el Índice de Precios al Consumo (IPC) cerró enero en el 5,8%, una décima más que el 5,7% de diciembre. Un proceso al que no puede sustraerse la cadena de alimentación, añaden, y que ha provocado que las asociaciones de consumidores estén alerta. Por ello, indican «que es posible que algún producto haya incrementado de precio debido a esa circunstancia». Aunque dejan claro que «es totalmente legal y adecuado a la normativa, que indica que solo se puede justificar un aumento de precios si es demostrable el incremento de costes». La segunda de las razones que explica esta alza en varios productos básicos –según las mismas fuentes– la encontramos en el nuevo impuesto al plástico, vigente desde el pasado 1 de enero. Así, los fabricantes o importadores de este material deben pagar 45 céntimos por kilogramo de plástico no reciclable con el objetivo de favorecer la reutilización y evitar la generación de residuos, lo que ha derivado en alzas generalizadas de cualquier producto que contenga plástico. Desde la consultora donostiarra Sayma sostienen que «todo lo que supone un sobrecoste incrementa precios en los productos finales". 

Es normal que cualquier avance en la tramitación administrativa del TAV sea acompañado de un gesto de desconfianza. Son ya muchas décadas de desengaños. ¿Podemos creernos que esto va en serio? ¿Nos acercamos al momento determinante para que Bilbao tenga tren de alta velocidad? Que nos acercamos, seguro. Pero aún queda un camino largo. De lo que habla el estudio informativo es de dos cosas diferentes: el túnel de seis kilómetros que traerá los trenes desde Zaratamo, por un lado, y la estación de Abando con el consiguiente soterramiento, por el otro. Cada cosa tiene su recorrido. Desde el Departamento de Transportes del Gobierno vasco, liderado por el socialista Iñaki Arriola, comienzan recordando que el documento aprobado ayer ha de ser ahora elevado al Consejo de Ministros, trámite que depara pocas incertidumbres. En relación al túnel, será el Gobierno vasco quien licite el proyecto constructivo, próximo paso a dar. Es porque se ha acordado una encomienda de gestión en la que el Gobierno central, que es quien paga la obra, da a Lakua la facultad de gestionarla. Eso sí, antes de que desde Vitoria se licite el proyecto hay que formalizar esa encomienda de gestión. ¿Cuándo ocurrirá? «Esperamos que Madrid haga el trámite pronto», explican desde el área de Arriola. Luego está lo de la estación y el soterramiento de Abando. Es Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias, quien puede licitar ya el proyecto constructivo. Esto debería ir rápido. En ese proyecto se definirá qué parte del tajo quedará en manos de Adif (lo que tenga que ver con cuestiones ferroviarias), «y qué parte haremos nosotros», explican desde el Gobierno vasco. Se refieren con esto último «a la obra civil que defina el proyecto constructivo». Esto es, lo que no tenga que ver con vías y andenes. Y en lo que deberán ponerse de acuerdo con la Diputación sobre si ésta entra o no en la financiación junto con el Ejecutivo vasco y el Ayuntamiento. Una vez redactados los correspondientes proyectos constructivos habrá que licitar las obras. Si esto ocurre en menos de tres años será que ha habido mucha suerte, circunstancia inédita en la historia del TAV en Euskadi.

La Unidad de Ciberdelincuencia de la Ertzaintza investiga en los últimos dos meses un nuevo modelo de ciberestafa que sufren comercios y bares de Gipuzkoa que se inicia con supuestos envíos de paquetería. Estos casos se suman a los ataques sufridos recientemente por hoteles y empresas. La Ertzaintza recibe cada semana dos denuncias por ciberataques en Gipuzkoa. Los ciberataques que han sufrido recientemente los clientes de varios hoteles guipuzcoanos y los propios hoteleros aprovechando las reservas han puesto en evidencia que las estafas cibernéticas que sufren las empresas del territorio son más habituales de lo que cabía pensar. Así lo revelaba posteriormente el centro de Ciberseguridad Ziur del territorio y también lo ratifica ahora la propia Unidad de Ciberdelincuencia de la Ertzaintza, quien explica a este periódico que recibe a la semana entre uno y dos casos de denuncias a empresas del territorio y alerta de un nuevo modelo de ciberestafa a comercios y bares. Sobre estas últimas, la Policía vasca ha recibido en los dos últimos meses también una decena de denuncias por estafas o intentos de estafas no consumados aprovechándose del supuesto envío de paquetería o mensajería. La unidad de investigación de estos ciberataques de la Policía autónoma explica que han sido objeto de estas estafas bares y comercios que mueven un volumen importante de género, pedidos y paquetería, en los que la estafa va dirigida a los empleados.

La venta de turismos creció en Euskadi un 16,4% el pasado enero respecto al mismo mes de 2022. No obstante, como es habitual, el País Vasco registró el incremento más flojo de España. En el conjunto nacional la subida alcanzó el 51,4%, con 64.147 unidades vendidas. En total, en Euskadi se matricularon el mes pasado 1.625 vehículos, lo que supone una cuota de mercado del 2,5%. La subida experimentada en España no consigue remontar, en todo caso, la diferencia con los datos previos a la pandemia. En la comparativa con el enero anterior al confinamiento (el de 2020), la venta de coches sigue arrojando una diferencia negativa del 25,8%. Así lo señalan los datos aportados por la asociación de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam). No obstante, los resultados suponen una mejora evidente respecto a los números de diciembre que pusieron fin a un 2022 en el que las matriculaciones registraron un mínimo histórico en Euskadi. Durante el ejercicio se vendieron solo 21.948 unidades, lo que supuso una caída del 11% respecto al año anterior. En el conjunto de España la caída fue la mitad, del 5,4%. El director de comunicación de Anfac, Félix García, advirtió ayer que si bien el dato de enero es bueno, «hay que verlo en perspectiva», ya que se compara con otro que estuvo distorsionado por los efectos de la pandemia y el temporal Filomena. Con todo, confió en que este 2023 sea «un periodo clave para la recuperación del sector». Esto dependerá en parte de «las decisiones políticas» que ayuden a contrarrestar las incertidumbres generadas por la inflación.

Las cifras las aporta el Ente Vasco de la Energía (EVE) en su observatorio de coyuntura energética correspondiente al mes de diciembre. En 2022, el consumo total de electricidad en el País Vasco cayó un 3,7%, descenso que fue muchísimo más acusado en los hogares (un 6,8% menos) y en las empresas (donde el recorte llegó al 6,6%) que en los edificios, con un 1,7% menos. Un año antes, en 2021, aún sufriendo los últimos coletazos del Covid pero ajenos a la convulsión sufrida por el sistema energético europeo, el consumo de electricidad en Euskadi creció un 6,2%. Hay que retrotraerse hasta el ejercicio 2020, cuando la pandemia paró empresas y oficinas y nos retuvo en casa, para encontrar un recorte del consumo de electricidad en Euskadi; en aquel ejercicio fue del 8,6%, con un descenso del 12,5% en la industria y el lógico aumento en las viviendas (un 1,4% sobre 2019). Pero, sin duda, donde el efecto del precio resultó más palpable en 2022 fue en una de nuestras industrias más relevantes y con más peso histórico, como es la siderurgia, gran consumidora de energía y en la que el desplome interanual fue de nada menos que un 12,3%. De nuevo, echando la vista atrás y analizando 2021, encontramos un alza en este segmento del 27,4%. Si la lupa se lleva al gas natural, se aprecia que el consumo global en Euskadi en 2022 arroja un incremento del 6,1% que tiene ‘trampa’. Y es que mientras los servicios (las tiendas y los comercios), la industria y los hogares apagaron con claridad la calefacción en comparación con un año antes (con caídas del consumo del 17,9%, el 17% y el 13,2%, respectivamente), tras el alza global se esconde el aumento de las centrales térmicas vascas, que quemaron muchísimo más gas para producir electricidad. ¿Cuánto más? Pues un 100,5% o, lo que es lo mismo, el doble que en 2021.

No será en marzo, como estaba previsto, pero sí antes del verano, en junio a lo más tardar. Eso es al menos lo que dice ahora el Gobierno, que ‘estira’ al «primer semestre» de este 2023 el arranque formal de los trabajos de desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, que el pasado diciembre cumplió una década sin actividad. La planta del Valle de Tobalina, a poco más de 40 kilómetros de Vitoria, se encuentra hoy en lo que técnicamente se define como «fase previa al desmantelamiento», pendiente del traspaso de la titularidad de Nuclenor a Enresa (la empresa pública responsable de la gestión de los residuos radiactivos) y de varios informes y permisos, entre los que figura uno clave: la autorización de impacto medioambiental para lo que será la primera fase de los trabajos. En total, el desmantelamiento se irá hasta los 435 millones de euros con la suma de conceptos como impuestos, tasas, seguros o costes de personal, entre otros. Y esta no es una cifra cerrada. Se refiere sólo a la cuenta a partir de que Enresa tome el control de la central. Porque habría que añadir lo que suponen las operaciones de los últimos meses, lo que el gobierno identifica como «trabajos preparatorios»; 467 millones. Y aún hay más.

La falta de avances en las negociaciones por el convenio colectivo de Petronor llevará a la plantilla de la empresa a convocar un nuevo periodo de huelga tras los dos paros parciales realizados en las primeras semanas de enero. En este caso la movilización comenzará mañana a las 14.00 horas, y se prolongará hasta las 6.00 del lunes. Antes de que arranque el paro habrá una concentración a la entrada de la refinería para exigir a la dirección avances en la mesa negociadora, y para empujarla a cumplir los acuerdos previos. Los trabajadores de la empresa, en torno a un millar, también han sido convocados a una asamblea el día 9, cuando se abordarán nuevas medidas de presión. El colectivo denuncia que no se hayan consolidado en las tablas el IPC anual a sus trabajadores, pese a los 305 millones de beneficios que la petroquímica tuvo los primeros nueve meses de 2022. También reclaman una reducción horaria, recobrar la estructura amortizada durante la negociación, asegurar una estructura en producción que cubra las necesidades o eliminar las restricciones que limitan la concesión de permisos a más de la mitad de plantilla.

La actividad del sector manufacturero español se contrajo en enero ante la debilidad de la demanda, con lo que encadena su séptimo mes de caída. Sin embargo, el ritmo de deterioro se ha moderado por tercer mes consecutivo, siendo el menos intenso desde septiembre del año pasado, según la consultora S&P Global, que ahora integra a IHS Markit. El índice PMI del sector manufacturero español se situó en enero en 48,4 puntos, ligeramente por encima del dato de diciembre (46,4 puntos), pero todavía por debajo de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción. “El sector manufacturero español comenzó 2023 ligeramente mejor asentado en comparación con la segunda mitad de 2022. Aunque aún se encuentra firmemente en territorio de contracción, la última lectura del índice PMI reveló un deterioro más suave de la salud del sector en general, y el más débil desde septiembre de 2022”, destacó Laura Denman, economista de S&P Global Market Intelligence. Las empresas encuestadas achacaron la menor actividad a la debilidad de la demanda, que se reflejó también en un descenso de los pedidos y una caída de la producción.

El plan presentado ayer –y que ahora se abrirá a debate entre los Estados miembro–, contempla una flexibilización de las ayudas de Estado hasta 2025, la movilización de fondos europeos, la creación de un fondo soberano y la mejora de las cadenas de suministro europeas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó que Europa vive «un momento decisivo» y «debe aprovechar» para acelerar la transición energética. «En esta década se decidirá cómo es la economía del futuro. No podemos quedarnos parados». La hoja de ruta europea servirá para hacer frente a las políticas de subsidios puestas en marcha por Japón, Canadá y EE UU. Este último asciende a 337.875 millones de euros. El plan de la UE no ahonda en detalles, ya que el Ejecutivo europeo esperará a conocer la opinión de sus países, pero sí marca cuatro grandes pilares. El primero de ellos consiste en establecer un marco apropiado para facilitar las ayudas a «tecnologías clave». Bruselas quiere flexibilizar las ayudas de Estado para «agilizarlas y simplificarlas», con modelos sencillos de desgravación fiscal o incentivos específicos para las plantas de producción de tecnologías limpias para combatir la deslocalización. La financiación también será esencial para impulsar los sectores estratégicos. Bruselas quiere crear un fondo soberano europeo, un mecanismo que podría estar listo en seis meses. Pero, a corto plazo apuesta por movilizar los 250.000 millones de fondos adicionales de las ayudas Next Generation, así como la financiación sobrante del programa REPowerEU y de los fondos de inversión e innovación.

En concreto, hay 24 provincias donde el nuevo SMI ya supera el 70% del sueldo medio, de acuerdo con los datos de cotizaciones a la Seguridad Social, encabezadas por Badajoz (donde alcanza el 77%), Cáceres (75,8%), Almería (74,9%), Alicante (74,8%) y Jaén (74,4%) y, más adelante, Ávila, Zamora, Cuenca, Córdoba, Segovia, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Huelva, Ourense, Las Palmas o Lugo. Unas provincias que ya están experimentando ciertos problemas del empleo, más intensos conforme más se aproxima el sueldo medio al SMI, como pone de manifiesto el hecho de que las únicas cuatro provincias que han perdido empleo en 2022 están todas por encima de la cota del 70%, mientras que, de las siete que menos empleo crearon, en términos porcentuales, hay seis que rebasan este umbral. Además, también hay numerosas actividades donde el SMI ha alcanzado un nivel crítico, especialmente en la hostelería, donde la nueva cifra supera ligeramente el sueldo medio actual, pero también alcanza el 87,3% entre las actividades administrativas, el 85,5% en otros servicios o el 84,2% en las actividades artísticas y recreativas. Es decir, sectores que aglutinan 3,6 millones de trabajadores. Esto supone una amenaza para la creación de empleo en casi una quinta parte del mercado laboral español. Si bien estas actividades han crecido con fuerza en el último año, debido al efecto rebote tras la pandemia, también se ha ralentizado notablemente en los últimos meses una vez agotado este efecto.

Francia, con uno de los niveles de desempleo más bajos en una década y media, se dispone a debatir una nueva ley migratoria que permitirá contratar y regularizar inmigrantes sin papeles y demandantes de asilo en sectores con escasez de mano de obra. La ley, presentada ayer en el Consejo de Ministros, también agiliza la expulsión de extranjeros con condenas penales, o que representen una amenaza para el orden público. El llamado proyecto de ley para controlar la inmigración y mejorar la integración es la segunda iniciativa legislativa de calado del Gobierno francés desde la reelección de Emmanuel Macron a la presidencia el pasado mayo. La otra ley central en el segundo y último quinquenio de Macron es la reforma de las pensiones, que esta semana ha empezado a examinarse en la Asamblea Nacional y despierta un rechazo creciente entre los franceses. El martes salieron a la calle, por segunda vez en menos de dos semanas, más de un millón de personas en contra de aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. “Vivimos una situación migratoria que puede parecer preocupante”; dijo al presentar la ley el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin. “No se trata de estar a favor o en contra de la inmigración, sino de poder controlar y definir qué tipo de inmigración deseamos”. La líder de la extrema derecha, Marine Le Pen, denunció “una campaña de regularización de clandestinos que tendrá un efecto llamada para una nueva inmigración clandestina que esperará mañana otra regularización”. La propuesta migratoria, la segunda de Macron desde que llegó al poder en 2017, busca un equilibrio entre la mano dura y las puertas abiertas.

La cita era en la estación de Paddington, al oeste de Londres. Es una de las que más tráfico de viajeros registra cada mañana, pero ayer estaba desierta. Apenas un puñado de personas que aprovechaban los servicios mínimos para viajar. Los conductores de ferrocarril se habían sumado a la ola de huelgas, que anticipaban una jornada histórica: Walkout Wednesday (Miércoles de paros). Más de medio millón de personas abandonaron su puesto de trabajo en la mayor protesta laboral registrada en el Reino Unido en la última década. En 2011, cerca de un millón de funcionarios se plantaron y reclamaron una subida salarial. El día tenía, sin embargo, unos protagonistas claros: los profesores. Un puñado de ellos tomaban café sentados en los bancos públicos de Paddington. Terminaban de preparar sus pancartas, bromeaban y se daban ánimo unos a otros. Llegaban desde Newham, al este de la metrópoli, para participar en la gran manifestación convocada ante Downing Street, residencia oficial del primer ministro, Rishi Sunak, y ante el Parlamento. “No tenemos ganas de estar aquí. La huelga se reparte entre varios días distanciados para provocar el menor daño posible”, explicaba Anna Kettle, profesora de 25 años, designada como portavoz del colectivo. Según cifras de los propios sindicatos y los centros escolares, cerca de 300.000 docentes secundaron unos paros que han cerrado más de 23.000 colegios en todo el país. Conscientes de su capacidad de alterar la vida de muchos ciudadanos con sus acciones, se han esforzado por transmitir a los padres de sus alumnos las razones por las que han decidido convocar una huelga por primera vez en 15 años.