20230304

Ayer por la mañana, en el Parlamento vasco, la vicelehendakari Idoia Mendia defendió la necesidad de estudiar «medidas innovadoras», como la semana laboral de cuatro días en Euskadi. Una propuesta que anunció que había trasladado a sindicatos y patronal para crear un grupo de trabajo en la Mesa de Diálogo Social vasca. Pues tan solo diez horas después, y casi de modo de simbólico por ser el final del último día laborable de la semana, la patronal Confebask mostraba su rotundo rechazo al planteamiento y anunciaba que «votará en contra» de la creación de ese grupo específico de trabajo porque «la actual coyuntura no permite ocuparnos sino de soluciones y compromisos prácticos». La respuesta de la organización empresarial, presidida por Isabel Busto, supone un revés al Departamento de Empleo del Gobierno vasco. Los empresarios quisieron enfriar rápidamente las expectativas generadas por el anuncio de Mendia, que a lo largo de la jornada fue respaldado por CC OO y UGT, los sindicatos que están en la mesa social, ya que ELA y LAB se mantienen al margen de participar en ese foro. El plan de reducción de jornada, si se aprobara, consistiría en desarrollar pruebas en diferentes sectores y recoger sus resultados para identificar buenas prácticas en las «que salgan beneficiadas las empresas y los trabajadores», según explicó Mendia durante el pleno de control. Es decir, que «no incremente las horas de dedicación y no se reduzca la productividad». Llegados a este punto, explican desde el departamento, es cuando se fijarían políticas públicas para favorecer estas medidas, bien con ayudas directas, o bien en la baremación de méritos, puntuando más a las empresas que apliquen estas fórmulas. La negativa anunciada ayer por la patronal Confebask dificulta, de entrada, hacer pruebas con la reducción de jornada. La medida siempre había sido descartada por los empresarios, que han destacado en varias ocasiones que presenta inconvenientes en un tejido económico muy industrializado y muy marcado por los ritmos de producción. Ver nota Confebask. 

El presidente del CRL, Tomás Arrieta, defiende que hay que abordar el debate de la semana laboral de cuatro días, aunque entiende que quizás no es el mejor momento por las actuales circunstancias. "Es un debate que está en la calle y no solo aquí, sino también en otros países, y no me ha sorprendido. En cualquier caso hay que decir que el tema está en una fase muy incipiente. Se ha planteado que lo estudie la Mesa de Diálogo Social y por ahora está incluido en el borrador del Plan de Trabajo, que debe aprobarse este mes. Hay un grupo técnico, una consultoría, que está estudiando algunos aspectos relacionados con ciertos temas que tienen que ver aparentemente con la innovación...Es uno de los temas que hay que abordar. Hay que hincarle el diente. Tiene que ver con un debate cada vez más extendido en la sociedad y en las relaciones laborales, como es la reducción del tiempo de trabajo y ajustar las jornadas laborales para tener así más espacio para la conciliación. Es un debate que hay que abordar...Si se reduce el tiempo de trabajo reduciendo salario, el coste lo soportan los trabajadores. Si por el contrario se mantiene el salario el coste a priori lo soportan los empresarios. Esa es la disputa de fondo. Este planteamiento de reducir jornada y ganar tiempo personal introduce una variable novedosa. Si cada vez somos más productivos, somos capaces de hacer más cosas en el mismo tiempo, una de las propuestas podría ser utilizar parte de esa mayor productividad no solo a incrementar los salarios sino también a reducir el tiempo de trabajo. Es decir, la ganancia de la productividad se debería traducir en incrementos salariales reales que vayan más allá de la inflación...Quizás no es el mejor momento para implementar medidas de este tipo teniendo en cuenta que estamos en una situación complicada de alta inflación en el que bastante hay con mantener el poder adquisitivo. Ahora el reto es ese, por lo tanto, coyunturalmente no es el mejor momento, pero sí hay que abordarlo para cuando se estabilice..."

El año pasado el número total de concursos de acreedores aumentó en Euskadi un 47,8%, ligeramente por encima de la media del conjunto de España (46,3%) y en consonancia con la tendencia que se viene registrando a nivel nacional desde 2016. En total, en el País Vasco la cifra pasó de 458 a 677, frente a los 27.632 contabilizados en toda España. Los datos pertenecen al informe ‘Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales’ elaborado por el Consejo General del Poder Judicial, en el que también se recoge un descenso de las ejecuciones hipotecarias del 23,1%. La cifra supone pasar de 657 a 505 procedimientos, doblando el porcentaje de la media nacional (10,5%) y marcando el segundo mayor descenso tras Navarra, donde cayeron el 28,5%. Los juzgados también recogieron una disminución de las demandas de despido del 5,3%, frente al incremento del 3,1% a nivel nacional. La cifra representa una caída de 5.285 casos en 2021 a 5.005, mientras que el total en España pasó de 117.293 a 120.935. La bajada en Euskadi es la cuarta mayor tras la de Baleares (11,9%), Madrid (9,3%) y Aragón (6,5%).

Los datos definitivos del Instituto Vasco de Estadística en torno al comportamiento de la economía vasca en 2022 llegaron ayer con una buena noticia. Si en el avance publicado en enero pasado se anticipó que el PIB de Euskadi –el valor agregado de los productos y servicios generados el pasado año– había crecido un 4,3%, ahora tras la revisión de todos los datos recogidos esa tasa ha mejorado hasta el 4,4%. Es solo una décima, pero supone que la economía vasca resistió bien el primer año de la guerra de Ucrania y, aunque se encuentra en fase de desaceleración, parece eludir de momento la temida recesión que habían anticipado algunos analistas. El crecimiento de económico de Euskadi en la recta final del año también ha sido revisado al alza en una décima. De esta forma, el PIB del último trimestre creció un 0,5%, frente al 0,4% que se había anticipado en las estimaciones publicadas en enero. Pese a esta revisión al alza no puede ocultarse que la economía vasca se comportó el pasado año significativamente peor que la del conjunto de España, que experimentó un crecimiento del PIB del 5,5%. La clave, según los expertos, hay que buscarla en la diferente composición del tejido productivo y en el mayor peso relativo que tiene en la economía española el turismo. Un sector que el pasado año experimentó un tirón acelerado por el efecto rebote que habían generado las restricciones a la movilidad de 2020 y 2021. La economía de Euskadi es más dependiente de la industria, sector que tuvo un comportamiento más plano durante la pandemia y que por ello también ha tenido una recuperación más tranquila.

La inflación y la falta de suministros han pasado factura a los principales fabricantes ferroviarios españoles pese a la cartera de pedidos récord que acumulan. Talgo redujo su beneficio en un 95% en 2022, hasta los 1,4 millones de euros, y los de CAF disminuyeron un 39% hasta los 52 millones. No obstante, mientras que los ingresos de Talgo cayeron más de un 15% (460,1 millones), los del fabricante de trenes y autobuses guipuzcoano aumentaron un 8% (3.165 millones), superando por primera vez los 3.000 millones. La caída de beneficios contrasta con el nivel de pedidos que ambas empresas acumulan y a los que no pueden atender por el incremento de los costes, en particular el precio de los materiales, y la ruptura de la cadena de suministros que produjo la pandemia que aún se dejan sentir. También se han disparado los costes energéticos —un 250%, según CAF— muy relevantes porque ambas empresas tienen fábricas en España. Talgo cuenta con una cartera de pedidos que se sitúa en los 2.748 millones, o en los 3.000 millones si se tienen en cuenta los contratos adjudicados pendientes de cumplimiento de condiciones precedentes, lo que asegura una actividad plena para el periodo 2023-2025. El más importante es la fabricación de 23 trenes Intercity Talgo 230 para Deutsche Bahn, que forma parte de un proyecto marco de hasta 100 trenes. También la contratación de proyectos adjudicados a CAF durante el año pasado alcanzó niveles históricos, 6.205 millones, un 64% más que en 2021, lo que permitió incrementar la cartera de pedidos hasta los 13.250 millones, un 37% más.

Solo faltaba el visto bueno de los países europeos para prohibir la venta de vehículos de combustión a partir de 2035 en la Unión Europea (UE), pero el ‘no’ de Alemania e Italia han frustrado su aprobación en el último minuto. La medida, que prohíbe la venta de vehículos de gasolina, diésel e híbridos, forma parte de un ambicioso paquete climático para eliminar las emisiones contaminantes en el continente para 2050. A pesar de haber recibido la luz verde de las instituciones europeas, el bloqueo de Berlín –sumado a los votos en contra de Italia, Polonia y Bulgaria–, podrían tumbar esta iniciativa. La nueva regulación se estaba negociando a nivel de embajadores y estaba previsto que se aprobase en el Consejo Europeo la próxima semana. Con todo, tras constatar las dudas de Alemania, la presidencia de la UE –que este semestre corresponde a Suecia– anunció ayer que la decisión sobre el veto a vehículos de combustión «se ha pospuesto para una reunión posterior». En la práctica, la nueva normativa se ha quedado en un limbo, sin una fecha concreta para su discusión y posterior adopción definitiva. Fuentes diplomáticas apuntaron ayer a las dudas de Berlín y Roma, que podrían llevar a países como Polonia y Bulgaria a votar en contra, como causa del bloqueo. Las quejas de Alemania, principal fabricante de coches del bloque, tienen que ver con los vehículos de combustibles sintéticos de cero emisiones. El ministro de Transportes, Volker Wissing, exigió a Bruselas que garantice que este tipo de vehículos de combustión puedan seguir vendiéndose a partir de 2035. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará este fin de semana a Berlín para encontrarse con el canciller Olaf Scholz. Aunque la visita estaba planeada desde hace tiempo, se espera que debatan esta cuestión. 

La planta de Ford en Valencia aseguró su futuro el año pasado con la adjudicación de nuevos automóviles eléctricos a partir de 2026. Pero ya entonces se había advertido que la factoría española o la alemana de Saarlouis –hoy al borde del cierre si no se vende– tendrían que reducir su plantilla por la menor exigencia de horas de mano de obra que requiere esa nueva tecnología. Ayer, la dirección de la factoría de Almussafes confirmó que va a aplicar un ERE y ha pedido a los sindicatos que creen la comisión negociadora en siete días. Pero no quiso «dar más detalles hasta que comiencen esas conversaciones». Se da por descontado que será alto y que se intentará lo menos traumático posible. Admitiendo que un coche eléctrico requiere hasta un 30% menos de horas, en Ford Valencia sobrarían 1.800 empleos de una plantilla de 6.000 personas. Con una regla similar, Seat cifró en 2.800 empleos el excedente en Martorell, que se electrificará desde 2025. Esa cantidad se absorberá vía prejubilaciones (1.330 personas), amortizando otros 800 empleos; reconvirtiendo la actividad de cajas de cambios de El Prat y ofreciendo traslados a la factoría de baterías que construirán Seat, VW e Iberdrola también en Valencia, aunque en la ciudad de Sagunto. En este sentido, hay que recordar que Ford y VW tienen un acuerdo para el desarrollo y producción de vehículos; o compartir la plataforma de eléctricos MEB de la segunda. Alrededor del ERE de Valencia orbitan otras variables. Para empezar, llueve sobre mojado. La factoría se encuentra inmersa en un ERTE que se extenderá hasta el mes de junio y que mantiene en sus casas a 700 empleados. Y es que, desde la pandemia y la crisis de componentes, la planta valenciana de Ford ha venido encadenando sucesivos ERTE e incluso un ERE, que se aplicó en 2021 y supuso la salida de 630 trabajadores.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, desveló este viernes que el Gobierno ha rechazado la reclamación presentada por este sindicato ante el Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa para elevar el coste actual del despido improcedente en España (33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades). El objetivo del sindicato es hacer estas indemnizaciones más reparadoras del daño al trabajador y disuasorias para el empresario, tal y como reclama el artículo 24 de la Carta Social Europea y el Convenio 158 de la OIT. Sin embargo, el Ejecutivo ha considerado que esta indemnización en España ya es lo suficientemente disuasoria y reparadora del daño que hace el despido al trabajador y así lo ha explicado largo y tendido a lo largo de un extenso documento de alegaciones (de 47 páginas) en contra de la reclamación de UGT que ha remitido al Consejo de Europa antes de que este emita su resolución sobre el caso. Esta negativa del Ejecutivo ha generado “muchísima decepción” en UGT donde, según dijeron este viernes sus responsables: “no esperábamos que el Gobierno hiciera una defensa tan torpe del actual sistema legal de protección del despido improcedente vigente en España”. Aunque Álvarez no quiso culpar a ninguna de las partes del Gobierno de coalición –”entendemos que ha sido una decisión colegiada”, ha insistido–, la citada decepción apunta a la parte liderada por el Ministerio de Trabajo, ya que su ministra Yolanda Díaz viene defendiendo públicamente una reforma del despido compatible con la demandada por UGT, en la que pasen a evaluarse los daños personales de cada trabajador para fijar indemnizaciones más reparatorias y disuasorias, tal y como piden en el sindicato.

La patronal no comparte la propuesta que han hecho pública esta semana UGT y CCOO para subir los salarios y renovar el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), aunque el lunes se reunirá con todas sus organizaciones para analizarla en profundidad. Según fuentes de la organización, aunque habitualmente este tipo de propuestas son analizadas por la Comisión de Diálogo Social de la CEOE, dada la importancia de la renovación del AENC –un documento marco que orienta sobre las subidas de sueldos para todo el país en un horizonte temporal de tres años–, en esta ocasión se reunirán todas las organizaciones que integran la patronal. Aunque este análisis conjunto está por hacer, por el momento la propuesta no ha gustado en el número 50 de la madrileña calle Diego de León, ni en lo que se refiere a las subidas de sueldos ni en el resto de detalles. Los sindicatos proponen una subida de los sueldos del 5% en 2022, del 4,5% en 2023 y del 3,75% en 2024, incrementos que resultan excesivos para CEOE, ya que superan en el caso de este año y el próximo las previsiones de inflación de algunos organismos. Entienden, no obstante, que puedan ser un punto de partida para luego ceder en el diálogo. Pero más allá de los números, a la patronal tampoco le encaja firmar un acuerdo para el periodo 2022-2024 cuando estamos acabando el tercer trimestre de 2023, y menos elevar la subida del 22 al 5%, cuando los convenios de empresa registrados el pasado año han incluido revalorizaciones del 3,2% que han sido pactadas con los sindicatos. La CEOE preferiría hablar de un acuerdo para el periodo 2023-2025. Otro de los problemas que plantea la propuesta está en las cláusulas de revisión salarial, que se articularían en función de la inflación pero también de la evolución de los beneficios de la empresa y el sector. Para las patronales, por definición, cualquier cláusula que suponga indexar salarios resulta peligrosa por su efecto arrastre y porque supone una obligación que resta flexibilidad a la empresa y supone una pérdida de competitividad.

Nueva cesión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la CEOE en aras a alcanzar un nuevo acuerdo en el diálogo social, que sería el décimo octavo. El nuevo texto sobre el Estatuto del Becario que envió el jueves su departamento a los agentes sociales no eliminará en ningún caso las prácticas extracurriculares que los alumnos universitarios realizan en empresas y que, a diferencia de las curriculares, son voluntarias y no forman parte del plan de estudios. Ni siquiera les da ningún plazo de tiempo, sino que las mantiene ‘sine die’ y simplemente se limita a acotarlas a un número máximo de horas (concretamente, 480 al año) y ceñirlas a los estudios que realicen los estudiantes. Esta nueva versión del texto supone una enmienda total al planteamiento inicial que mantenía el Gobierno a este tipo de prácticas, las más habituales y por las que se cuelan muchos falsos becarios, según denuncian los sindicatos, por lo que su objetivo era suprimirlas y había fijado en un primer momento un plazo de un año para su desaparición, que amplió a tres años en el último borrador.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, vuelve a hacer oídos sordos a las críticas de los sindicatos y de sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, que aseguran que la segunda parte de la reforma de las pensiones no avanza, y aseguró ayer que el acuerdo es «relativamente inminente». No obstante, cabe recordar que eso mismo lo ha repetido ya varias veces. Lo que sí adelantó Escrivá es que la nueva norma se tramitará finalmente a través de un Real Decreto-Ley y no como proyecto de ley. El ministro reiteró su idea de que esta reforma beneficiará a aquellas personas que tengan unas carreras profesionales «más volátiles» y cuyos últimos años de cotización «no sean los mejores».

Las empresas españolas prevén aplicar a lo largo del presente año incrementos medios del 4,4% en sus presupuestos salariales, lo que representa un importante incremento desde el 3,7% medio que aplicaron en 2022. Atraer y retener el talento en un contexto macroeconómico de elevada inflación y un desafiante mercado laboral, siguen siendo las principales causas de este aumento, según se desprende del último análisis de WTW, antes Willis Towers Watson. Este estudio se conoce unos días después de conocerse la propuesta salarial de los sindicatos UGT y CC OO que se decantan por una subida para 2022 del 5%, del 4,5% para 2023 y del 3,75% para 2024 con compensaciones ligadas a la marcha de los sectores. Los resultados muestran que la mayoría de las organizaciones a nivel global (un 85% de las encuestadas en España) han experimentado dificultades para atraer y retener el talento en 2022 y esperan que continúen en 2023 (el 67% en España). Cerca de la mitad (el 48%) de las compañías en España asegura que está considerando ajustar en 2023 los rangos salariales más agresivamente, frente al 38% de compañías que no piensa hacerlo y un 13% que ya lo ha hecho. Solo la agricultura y los servicios de soporte bajan sus previsiones. En el primero de ellos los aumentos salariales serán del 3,6% en 2023 frente al 4,9% de 2022, mientras que en la industria de servicios de soporte bajará medio punto porcentual frente a 2022, hasta el 4%. Por el contrario, el sector inmobiliario es el que tiene previsto incrementar en mayor medida sus salarios con el 6,1%, aunque en línea con el 6% que experimentó en 2022. Metales y minería estiman el 5,7%, los servicios energéticos el 5,8% tras el 3,7% de 2022 y en el sector de vehículos y recambios para automoción se esperan incrementos salariales del 5% para este año.

Ferrovial trata de apagar los fuegos que han crecido en torno a su decisión de trasladar su sede social desde España a Países Bajos, avivados por la indignación del Gobierno. El cambio, aunque legal, ha puesto a la constructora bajo la lupa de varios ministerios y organismos públicos, que vigilan la realidad del movimiento de domicilio fiscal. Son esas dudas las que el grupo trata de sofocar desde que el martes por la noche hiciera públicas sus intenciones. Responsables del grupo, incluido su presidente, Rafael del Pino, están en contacto con el Ministerio de Hacienda, el de Economía y el de Trabajo para insistir en que su traslado responde a una realidad –la de establecer la sede en Ámsterdam, epicentro de las inversiones en toda Europa– y no a una ficción, un maquillaje para pagar menos impuestos. Fuentes de la compañía indican que los contactos son habituales, mientras desde el Ministerio de Economía apuntan que están «analizando en qué se sustancian los argumentos esgrimidos por Ferrovial y sus implicaciones». Sin embargo, descartan que se prepare una normativa ‘ad hoc’ para evitar más casos como éste. En el Ejecutivo siguen muy molestos con una decisión que conocieron casi al mismo tiempo que el mercado bursátil, cuando la corporación anunció sus intenciones con «un comunicado y una presentación de tres hojas» para justificar este cambio, ironizan fuentes gubernamentales. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo una «conversación cordial» con el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, en la que le trasladó que «el Gobierno lamentaba que se hubiera producido» esa intención de irse a Países Bajos «después de cómo España había tratado a Ferrovial durante toda la democracia». También la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantuvo una «intensa» conversación con Del Pino el miércoles. En una conversación telefónica, Díaz le pidió explicaciones y le exigió garantías con el empleo en España. La empresa insiste en que mantendrá su actividad en España, así como el empleo y el pago de impuestos que le correspondan, aunque guarda mutismo sobre el impacto de la decisión en futuras adjudicaciones de obra o contratos con la Administración.

Unidas Podemos, el partido minoritario del Gobierno, quiere obligar a Ferrovial a devolver las ayudas públicas que ha recibido en la última década si consuma el traslado de su sede social de España a Países Bajos. Para lograrlo, y desincentivar nuevas fugas empresariales, la formación morada registró el viernes ante el Congreso de los Diputados una proposición de ley, redactada de forma exprés, que penaliza la deslocalización empresarial con la devolución de las subvenciones recibidas en los últimos 10 años. La Proposición de Ley de medidas contra la deslocalización de actividades económicas estratégicas que hayan recibido ayudas públicas, iniciativa a la que ha tenido acceso EXPANSIÓN, busca establecer una suerte de “contrato de permanencia con aquellas empresas beneficiarias de las ayudas o subvenciones públicas”. La norma, detalla el texto registrado por Unidas Podemos, “tiene por objeto establecer medidas para evitar la deslocalización de empresas, industrias, actividades productivas y domicilios fiscales, especialmente de aquellas que hubieran obtenido ayudas públicas”. A tal efecto, “se considera deslocalización la transferencia o reubicación de una industria, actividad económica o unidad productiva o parte de estas o cambio de domicilio fiscal o de domicilio social a otro Estado” por parte de una sociedad, su grupo o matriz. La penalización propuesta por Podemos se introduciría mediante una reforma de la Ley General de Subvenciones de 2003. 

Fuentes jurídicas y del mercado conocedoras del caso han desvelado cuál es el tapón de la Bolsa española que dificulta a una empresa cotizada en este parqué la posibilidad de saltar con sus acciones ordinarias (no con certificados como los ADR) a los mercados de Estados Unidos sin necesidad de pasar por Países Bajos u otra jurisdicción. El problema es la falta de un acuerdo de conexión entre Iberclear, el depositario central de valores perteneciente a Bolsas y Mercados Españoles (BME), con su contraparte estadounidense, la Depositary Trust & Clearing Corporation (DTCC). Esta firma es el verdadero fontanero de Wall Street, ya que su función es (una vez cruzadas las órdenes de compraventa de acciones, bonos y otros productos financieros a través de diversas plataformas como NYSE, Nasdaq o CME), garantizar que los pagos se ejecutan y dar fe de la liquidación y el cambio de propiedad de los valores. Puede parecer un tarea menor, pero es clave para que funcionen los mercados con agilidad, seguridad y a costes razonables, al liquidar cada día operaciones por varios billones de dólares. DTCC tiene acuerdos o conexiones con otros depositarios y cámaras de contrapartida internacionales. Una de las firmas que cuenta con este pacto es Euroclear, cámara que utilizan las bolsas de Euronext (Ámsterdam, París y Milán entre otros) para completar algunas transacciones. En la práctica, estas conexiones facilitan cotizar a la vez en los parqués estadounidenses y los de Euronext, ya que un inversor que compra y vende acciones de una misma compañía a los dos lados del Atlántico puede finalizar las transacciones en un solo depositario. 

entrevista con Francisco de la Torre, economista, inspector de Hacienda, ex diputado del Congreso por Ciudadanos y miembro del gabinete técnico de la directora de la Agencia Tributaria. "Países Bajos es un supuesto claro de competencia fiscal agresiva. Un paraíso fiscal es un sitio opaco, que no coopera judicialmente con otros países. Países Bajos no es ninguna de estas cosas, pero sí practica una enorme agresividad fiscal. Por ejemplo, las empresas norteamericanas dicen obtener allí cuatro o cinco veces más beneficios que en España...El sistema fiscal español debería ser más compacto y no estar sujeto a tantísimo cambio. Sería preferible reformar, por ejemplo, el Impuesto de Sociedades a establecer nuevos gravámenes ad hoc fuera del sistema...¿Se refiere a los nuevos impuestos a la banca y las energéticas?- Sí. El propio legislador dice que están fuera del sistema fiscal, que no son impuestos, a pesar de que son exigencias de ingreso de la Agencia Tributaria que se destinan a gasto público. Esto es, lo que siempre hemos pensado que es un impuesto. Tampoco entiendo las bases sobre las que giran, porque si lo que se pretende gravar son los beneficios extraordinarios eso es lo que se debe hacer, no gravar los márgenes. Y respecto al de las grandes fortunas, parecería más razonable haberlo armonizado a través de Patrimonio, limitando la competencia entre CCAA, en lugar de dar forma a un nuevo impuesto que se puede deducir de otro, que se crea el 29 de diciembre y entra en vigor a las 48 horas. Desde luego, se podría progresar en seguridad jurídica, sí..."