20230429

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, reiteró ayer el compromiso de la eléctrica con las compras a los proveedores vascos, en una relación que tiene raíces históricas y que va más allá de los contratos puntuales de suministro de equipos o servicios. El presidente de la compañía se refirió a algunas empresas concretas –que han crecido y se han internacionalizado de la mano de Iberdrola– para asegurar que «no solo compramos, sino que también aprendemos de ellos». En su intervención dejó claro que la relación especial con la industria vasca va a continuar. «Iberdrola ha estado 120 años comprometida con esta tierra y va a estar comprometida, por lo menos, otros 120 años más», remarcó. En la misma línea recordó la existencia en Bilbao de un centro dedicado al desarrollo conjunto de equipos y aplicaciones, en el que Iberdrola y 60 empresas proveedoras están probando nuevas tecnologías, especialmente dirigidas al control y mejora de las redes de distribución. También aludió Galán al reciente acuerdo firmado por la compañía eléctrica y el fabricante de estructuras de soporte de aerogeneradores, Haizea Wind, que va a permitir ampliar su factoría ubicada en el Puerto de Bilbao. El contrato, por valor de 250 millones de euros, se firmó recientemente y permitirá ampliar la plantilla de esta empresa con 350 empleos adicionales así como garantizar carga de trabajo para varios años. Iberdrola usará estos soportes de aerogeneradores en un parque marino del Reino Unido. 

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, reclamó ayer una «política energética predecible y estable» con el objetivo de aprovechar los beneficios que puede generar la transición energética y los miles de millones de euros que habrá que invertir en ella en los próximos años. En la práctica, un mensaje que contiene una crítica velada a la deriva adoptada por el Gobierno español no solo en los mecanismos aplicados para controlar la factura de la electricidad, sino también en sus propuestas de futuro para reorganizar el mercado europeo. «Hay que apostar por más Unión Europea y por que haya menos excepciones de los Estados miembros», matizó. Por otra parte, la junta de accionistas de la compañía ratificó la propuesta del consejo de administración de renovar su mandato hasta 2027. Un respaldo que, según fuentes de la compañía, superó el 98% de los votos. Ayer, en su mensaje a los accionistas, también recordó que la mitad de los 47.000 millones de euros de inversión que la empresa tiene previstos hasta 2025 irán destinados a Estados Unidos. Un país, anticipó en su intervención del miércoles, «en el que hay muchas zanahorias». El presidente evitó ayer las críticas directas a la política energética del Gobierno de Pedro Sánchez –las discrepancias no están en los objetivos sino en la forma de llegar a la meta– y optó por una vía indirecta, la de referirse en tono positivo a lo que hacen otros e Iberdrola cree acertado. Así, se refirió a la apuesta de «reglas comunes» de la Unión Europea en su reforma del mercado eléctrico y también a los incentivos que ha puesto en marcha la Administración de Joe Biden en Estados Unidos «para favorecer las inversiones y también el desarrollo industrial». El crecimiento de Iberdrola en EE UU también depende de la autorización para comprar la empresa PNM, pendiente de aceptación. Ver nota Iberdrola. 

Ni la inflación ni la subida de tipos harán frenar la economía española, según las previsiones que el Gobierno central envió ayer a la Comisión Europea en su nuevo Programa de Estabilidad 2022-2026. Unos planes que esperan una mejoría del mercado laboral que le hará regresar a una situación similar a la vivida antes de que pinchara la burbuja de 2008. El Ejecutivo anticipa a Bruselas que España podrá recuperar la tasa de paro del 10% dentro de tres años, en 2026. Se trata de una referencia que no veía la economía desde hace 15 años, cuando se encontraba en plena expansión inmobiliaria. Solo una vez en la historia España ha tenido una tasa de paro inferior, en 2007, con un 7,9%. Entonces, había 20,7 millones de ocupados y poco más de dos millones de parados, con lo que se consideraba que existía el deseado ‘pleno empleo’. Este nuevo cálculo laboral de Moncloa se fundamenta en la esperada incorporación de 1,1 millones de ocupados más hasta 2026, con una media de unos 400.000 más cada año. Economía recuerda a la UE que esa cifra se suma «al millón de puestos creados después de la pandemia» que «permitirán alcanzar niveles récord de ocupación». Estas nuevas previsiones llegan con los datos de la EPA (Encuesta de Población Activa) del primer trimestre recién publicados, en los que se muestra una ligera caída del empleo poco habitual para este periodo que suele ser históricamente dañino para la economía. A finales de marzo, la tasa de paro se situó en el 13,2%, aunque el objetivo es cerrar en el 12,2%. Por comparar con otros cálculos, el Banco de España la eleva al 12,7% y esperaba llegar al 12% en 2025.

Luces pero también sombras. Es la imagen que arroja el dato de PIB conocido ayer, a tan solo un mes de los comicios municipales y autonómicos del 28M, en los que el termómetro económico puede jugar un rol importante, máxime en un entorno de elevados tipos de interés, inflación persistente que se resiste a ceder y de incertidumbre aún por despejar. En este escenario, la economía española ha arrancado 2023 mejor de lo esperado, con un crecimiento del PIB del 0,5% entre enero y marzo en tasa trimestral, según el dato avanzado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que corrobora que el miedo a una recesión ha ido quedando cada vez más atrás, aunque la zona euro no logra sacudirse sus temores, situándose al borde del estancamiento (ver información en página 29). El dato adelantado ayer por el instituto estadístico supera al 0,3% vaticinado por el Banco de España, deja muy atrás el 0,1% pronosticado por los panelistas de Funcas y se aúpa a la banda alta del 0,3%–0,5% esperado por BBVA Research. No bate, sin embargo, el 0,7% que aún seguían mostrando ayer los modelos predictivos en tiempo real de la Airef. El Gobierno se apresuró ayer a resaltar un dato que, sobre el papel, refuerza la imagen de resiliencia económica que se esfuerza en transmitir. “El crecimiento económico se ha acelerado en el primer trimestre del año”, subrayó el Ministerio de Asuntos Económicos que lidera Nadia Calviño, que enfatizó que “España prácticamente ha alcanzado el nivel de PIB previo a la pandemia” (aún le faltan dos décimas), cosa que podría suceder en el segundo trimestre, con un año y medio de retraso sobre el resto de la eurozona, que retornó a la casilla de salida prepandemia a finales de 2021. Ese crecimiento no ha sido, además, homogéneo, ya que se ha sustentado esencialmente en un fuerte aumento de las exportaciones (crecieron un 5,8% gracias al turismo extranjero tras caer un 1% en el trimestre anterior) frente al más moderado alza del 3,1% de las importaciones, y en el repunte de la inversión (+1,2%, el mismo porcentaje que se redujo en el último cuarto de 2022) a lomos de los proyectos vinculados a los fondos europeos. Ambos factores habrían compensado el fuerte deterioro del gasto en consumo de las familias, que se deprimió por segundo trimestre consecutivo al caer un 1,3% a pesar de la mejora del mercado laboral. 

Pese a la mejora de la actividad económica que desde hace semanas anticipaban los índices PMI (gestores de compras), la Unión Europea, en general, y la zona euro, en particular, no acaban de ver la luz al final del nuevo túnel abierto por la guerra en Ucrania. El PIB apenas creció un 0,1% en la eurozona en el primer trimestre del año, dejando patente un débil arranque de año, con la economía del bloque prácticamente al borde del estancamiento. Así lo reflejan los datos adelantados ayer por Eurostat, que eleva ese raquítico crecimiento al 0,3% intertrimestral en el conjunto de la UE. No están todos los que son (la oficina estadística comunitaria solo ofreció el dato adelantado de una decena de países), por lo que la cifra podría cambiar en futuras revisiones, pero evidencia que 2023 sigue siendo en gran medida terreno desconocido para la economía europea, a pesar de un invierno más cálido de lo previsto y de la gradual moderación de las tasas de inflación. Estos factores han permitido a la UE alejarse otro pequeño paso de la entrada en recesión que se temía en el último tramo de 2022, pero no coger impulso. Paradójicamente, el principal lastre del PIB europeo en estos momentos es su tradicional gran fuerza motriz: Alemania, cuya economía está ahora gripada. El PIB alemán, que representa alrededor del 20% del producto interior bruto europeo, mostró un encefalograma plano (0,0%) entre enero y marzo, estancamiento que ha conjurado, de momento, la caída en recesión técnica tras la contracción del 0,5% sufrida en el último cuarto del año pasado. Sin embargo, el dato ha decepcionado porque se esperaba que la economía germana repuntara un par de décimas.

La inflación decepcionará a quienes esperen una tendencia clara, sin sobresaltos. En abril, los precios repuntaron al 4,1% respecto al año pasado, ocho décimas más que en marzo, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El incremento no toma por sorpresa: si el dato anterior se benefició del efecto comparación con el mes en que empezó la guerra en Ucrania, cuando se disparó la energía, con la nueva cifra ocurre lo contrario, al verse condicionada por la moderación que se produjo en el segundo mes del conflicto, cuando se introdujeron ayudas como la bonificación de 20 céntimos por litro de carburante (ya suprimida). La inflación se balancea, movida no solo por los altibajos en los mercados de materias primas, sino también por fuerzas matemáticas. “Como preveíamos, la inflación general ha repuntado por el efecto base”, cree la vicepresidenta Nadia Calviño. Ampliando el foco, la corriente de fondo todavía dice que la desaceleración de los precios está en marcha: el de abril es el segundo dato más bajo del último año y medio. Los riesgos, sin embargo, siguen ahí, y mutan: ahora es la sequía que afecta a las explotaciones la que tiene potencial para hacer más daño, al encarecer los alimentos por las cosechas menos abundantes. Esa posibilidad todavía tardaría: el Gobierno adelanta que los precios de los alimentos se han ralentizado en abril, y con ellos lo ha hecho la inflación subyacente (donde se excluyen alimentos frescos y energía), que se había mostrado muy persistente y en abril rompe esa mala tendencia para caer casi un punto, al 6,6%, más de lo que se esperaba.

El euríbor, indicador al que están referenciadas la mayoría de hipotecas a tipo variable en España, cierra abril al 3,757% de media y retoma la senda alcista que se había frenado en marzo debido a que el mercado pensó que las turbulencias financieras llevarían al Banco Central Europeo (BCE) a relajar la política monetaria y no seguir subiendo tipos. Hace exactamente un año que el euríbor volvió a tasas positivas por primera vez desde 2016. En abril del año pasado se colocó en el 0,013%, con lo que en un año ha subido en 3,744 puntos porcentuales. Esto da una idea de la rapidez a la que se ha incrementado este indicador, que es con el que se calculan las hipotecas variables, y, por tanto, el encarecimiento súbito de los préstamos. En concreto, si recurrimos al simulador de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el sobrecoste mensual de un guipuzcoano que deba revisar su préstamo, por ejemplo a 26 años, con este indicador de abril, aplicando un diferencial de +1 y por un importe promedio que ronda los 160.000 euros en el territorio, la cuota mensual arroja un encarecimiento de 313 euros. Eso, llevado a todo un año, supone 3.755 euros más, aunque cabe recordar que la cuantía final siempre dependerá del calendario de revisión del crédito y del diferencial que tenga comprometido cada ciudadano con su banco.

E precio de la vivienda bajará alrededor de un 5% y las transacciones un 15%. La subida de tipos y la menor disponibilidad de crédito influirán negativamente. Pero la recesión durará poco. En esta ocasión, la culpa no recaerá en la evolución del PIB. Aunque crecerá menos que en 2022 (5,5%), es probable que lo haga por encima del 2%. El boom turístico, el ahorro acumulado por las familias durante la pandemia, el elevado gasto efectuado por las Administraciones Públicas al celebrarse diversos comicios, el aumento de la ejecución de los fondos Next Generation y una considerable creación de ocupación (más de 400.000 empleos) harán que nuestro país sea uno de los que más crezcan de la Unión Europea. Tampoco habrá un exceso de viviendas nuevas. No sobrarán, sino que continuarán siendo escasas. Las malas noticias las proporcionarán las entidades financieras. Por un lado, por la subida de tipos de interés del BCE y, por el otro, por la menor disponibilidad de crédito. Si la crisis bancaria advertida en EEUU no se extiende a la zona euro, el próximo mes de mayo nuestro banco central subirá su tipo principal del 3,5% al 3,75%. Por tanto, un gran número de los nuevos hipotecados pagará más de un 4%, si no poseen una gran vinculación con su prestamista. A las anteriores, se añadirán las proporcionadas por el gobierno. La ley de vivienda hará menos atractiva la inversión en inmuebles en las comunidades donde decidan aplicarla. Por tanto, en ellas reducirá la adquisición de pisos, agudizará la recesión inmobiliaria y desplazará progresivamente una parte de la demanda desaparecida a las autonomías que rechacen ejecutarla. Detrás de ella, irá la oferta, pues las grandes y medianas empresas promotoras priorizarán construir los nuevos edificios en las segundas.

Las obras del Polo Cuántico de Donostia, que albergará el sexto ordenador de IBM de estas características en todo el mundo, se retomarán en breve después de que Ikerbasque las haya adjudicado a la constructora Sobrino para que se haga cargo de las mismas. Sobrino quedó el año pasado segunda en la licitación del proyecto por detrás de Murias, que fue la adjudicataria. Pero los problemas financieros que arrastraba esta constructora, que pertenece al grupo Urbas, hicieron que la subcontrata encargada del movimiento de tierras decidiera suspender la actividad hasta que le abonaran las cantidades adeudadas por otros trabajos. No era la única, ya que otras subcontratas del Polo Cuántico siguieron el mismo camino y también reclamaron el dinero adeudado. Un plante que ha hecho que las obras se encuentren paradas desde principios de marzo. Ante esta situación y después de varias semanas de negociaciones con Murias, Ikerbasque –fundación vasca para la ciencia, promovida por el Gobierno Vasco– decidió a finales de marzo rescindir el contrato con la constructora. A partir de ahí inició conversaciones con algunas de las empresas que se presentaron en el concurso, con el objetivo de desbloquear la situación, de modo que las obras se pudieran retomar lo antes posible. Finalmente, ha sido Sobrino la adjudicataria y por lo tanto la que se hará cargo de las obras,

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha realizado pruebas para extender a otras comunidades autónomas el modelo de prácticas que la Fundación Novia Salcedo lleva ejerciendo en el País Vasco durante más de un cuarto de siglo. Por el momento ha realizado los tests en Extremadura y Valencia, además de en la propia Euskadi, con una iniciativa que ha sumado 1.024 jóvenes atendidos de forma individual, y a 468 con becas de formación en una empresa. La iniciativa, denominada Programa Beta Joven, ha venido amparada por los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para el Gobierno de España y se desarrolló durante el año pasado a través de diferentes prácticas en las tres comunidades. En total, su ejecución se ha desarrollado durante 12 meses, tras una fase preparatoria que finalizó en abril de 2022. El programa sumó a cerca de 50 profesionales implicados en las tres comunidades autónomas, y un presupuesto de dos millones de euros para cada una. Algo más del 20% de los participantes logró un contrato al terminar el programa. Se trata de puestos que no estaban contemplados por la empresa, pero que gracias a las prácticas les permitió apreciar nuevas oportunidades. Además, se pudo constatar la validez de la iniciativa para jóvenes con mayor edad de los 25 años contemplados de manera inicial. El programa ha comenzado con la transferencia de conocimientos contrastados en cada territorio, adaptando diferentes elementos a cada uno de ellos para luego empujar a las empresas participantes a orientar sus propios proyectos.

España tiene cada vez más población mayor y menos joven y la tendencia es que esa brecha, si nada lo remedia, se vaya haciendo cada vez más grande. Ya es un hecho, no una proyección. Por primera vez, los mayores de 65 años representan ya más del 20% de la población total de nuestro país. En paralelo, y también por primera vez, la población menor de 20 años no alcanza ya el umbral del 20%. Así lo ha constatado Funcas, el think tank de la Fundación de las Cajas de Ahorro que se dedica a la investigación económica y social, que establece en el recién acabado 2022 ese sorpasso poblacional en España. Es algo que ya ha pasado en los últimos años en otros países como Alemania, Italia o Portugal, pero en España adquiere todavía mayor relevancia dada la brecha socioeconómica que existe –y que cada vez es mayor– entre la generación mayor y la más joven. «El creciente desequilibrio en el tamaño de las generaciones de mayor y menor edad y la mejor posición socioeconómica de las primeras dibujan un contexto más favorable a la tensión que a la solidaridad intergeneracional», advierten desde Funcas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, apuntó ayer que el Gobierno «vigilará que los combustibles que lleguen a España no procedan de Rusia», aunque al mismo tiempo insistió en que «aparentemente está todo en regla». Estas declaraciones de la ministra llegan después de que el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, apuntase este jueves que el diésel ruso «sigue estando en el mercado europeo y en el mercado español», explicando que llega tras hacer escala en destinos como Turquía o el norte de África por Marruecos. Desde ahí, se traslada a España. Esta práctica resultaría contraria a la prohibición de importar diésel ruso a la Unión Europea desde el inicio de la guerra. En cualquier caso, Ribera va a pedir la puesta en marcha «de inmediato» de una respuesta europea para reforzar la trazabilidad de todas las importaciones de productos energéticos que llegan a la UE desde el origen. Fuentes del Ministerio indicaron que la vicepresidenta tercera del Gobierno está ultimando una carta que va a enviar a la Comisión Europea en la que España expone «este modelo garantista, que consideramos necesario». Esas mismas fuentes señalaron que se toman «muy en serio este asunto, no sólo para España sino para el conjunto de la UE», por lo que consideraron que se debe seguir «siendo inflexibles en el cumplimiento firme de las sanciones».

La Comisión Europea ha ampliado en diez días el plazo para resolver si autoriza o no la fusión entre Orange y MásMóvil, con lo que ha situado el nuevo límite teórico para resolver la operación en el 4 de septiembre. La decisión se tomó tras la reunión mantenida en Bruselas el pasado jueves 27 entre los representantes de Orange y MásMóvil por un lado, con los responsables del área de competencia de la Comisión que dirige la comisaria danesa Margrethe Vestager. En esa reunión, los responsables de competencia siguieron poniendo el acento en sus preocupaciones sobre las consecuencias de la fusión, entre las que destacan las dificultades que pueden tener a medio plazo las telecos virtuales independientes para acceder a los servicios de 5G. Estos servicios no son críticos por ahora –Digi o Avatel, los virtuales que más crecen del mercado no los tienen y eso no frena su crecimiento– pero lo serán en unos años. Bruselas decidió el pasado 3 de abril comenzar una investigación en profundidad sobre la operación, lo que se conoce como Fase II y abre la posibilidad de exigir condiciones para dar luz verde a la fusión que crearía el principal operador por número de clientes de España.

El Tribunal de Cuentas ha alertado en su último informe de que siete comunidades autónomas no son suficientemente transparentes con la gestión de los fondos europeos y ha pedido a las regiones que ofrezcan mayor información para llevar a cabo una mejor planificación estratégica de los mismos. Entre las advertidas no se encuentran ni Euskadi ni Navarra, que han facilitado datos sobre el dinero que llega desde Europa durante el año 2022 y 2023. Además, la CAV incluye en espacios web información específica sobre convocatorias y licitaciones autonómicas abiertas. Así se desprende del informe de fiscalización sobre la gestión autonómica del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que el Tribunal de Cuentas señala los errores de la puesta en marcha de las reformas y las inversiones que deben llevar a cabo los territorios. De la misma forma, recomienda cambios para gestionar de formás ágil los proyectos. En cuanto a la transparencia, el órgano fiscalizador ha resaltado que, a pesar de que todas las comunidades han habilitado webs para difundir las actuaciones financiadas con los fondos correspondientes a sus respectivos ámbitos autonómicos, siete de ellas no han publicado datos concretos sobre los fondos ejecutados en el año 2022 y 2023. Por el ello, el Tribunal de Cuentas pide a Galicia, La Rioja, Castilla y León, Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla mayor claridad, «máxime cuando se está entrando en las fases centrales de su ejecución».

Los vascos renuncian a una de cada diez herencias a las que tienen derecho. Y la tendencia va al alza, ya que en los dos últimos años, tras la pandemia del Covid, la cifra ha aumentado en cerca de 500 renuncias anuales en Euskadi y se ha estabilizado por encima de las 2.000, lo que representa un 11% de las herencias tramitadas, aunque los expertos consultados por este periódico no tienen del todo claras las causas de este incremento. El «miedo» a tener que asumir una deuda indeseada siempre está ahí, pero también juega un papel cada vez más importante la posibilidad que ofrece la normativa actual para decantarse por «herencias teledirigidas», que pueden llevar a uno o varios herederos a renunciar en beneficio de otro. A pesar del incremento registrado, Euskadi es la segunda comunidad autónoma donde menos renuncias se producen, solo superada por Aragón. El Consejo General del Notariado publica anualmente un informe sobre las renuncias a herencias que se producen en el Estado, desglosado por comunidades autónomas. En el último, con datos de 2022, se aprecia que los porcentajes fluctúan mucho en función de la autonomía: Asturias encabeza la lista con un 25% de renuncias, mientras que Aragón la cierra con un 10%. Euskadi ocupa el segundo lugar con menor número de renuncias con el 11,16% que marcó el año pasado, que se obtiene de las 2.103 que se contabilizaron sobre un total de 18.836 herencias. Fuentes del Colegio Vasco de Notarios indican que en los diez últimos años el porcentaje de renuncias «se ha mantenido estable en Euskadi» –entre un 11,7% y un 10%–, pero admiten que la cifra «se ha incrementado muchísimo tras la pandemia, con cerca de 500 renuncias más al año a partir de 2021».