20230507

Entrevista con Xabier Sagredo, presidente de la Fundación BBK. Las institución que preside, la Fundación Bancaria BBK, heredera de las antiguas cajas de ahorros de Bizkaia, cumplió el pasado mes de diciembre la exigencia que le había impuesto el Banco de España para retener el control sobre Kutxabank, banco del que posee el 57% de las acciones. Dotar un fondo de 231 millones de euros –ahorrarlo, en términos simples–, con dinero procedente del dividendo pagado por el banco para prever futuras necesidades de recapitalización en caso de dificultades. Cumplido el objetivo, Xabier Sagredo centra los siguientes retos en garantizar fuentes alternativas de ingresos para BBK para que la obra social no corra peligro en los momentos en que –la economía es cíclica y la lógica indica que los buenos tiempos se alternan con los malos– la entidad financiera flaquee en la obtención de beneficios y en el pago de dividendos. No se cierra en banda a una operación corporativa en torno a Kutxabank –uno de esos tópicos ‘guadiana’ que surgen también de forma cíclica en el escenario financiero–, pero pone algunas condiciones. No son muchas en cuanto a número, pero sí difíciles de cumplir al mismo tiempo. "Nuestro apetito al riesgo es bajo o medio. En el fondo de reserva, además, la propia normativa obliga a que esté en activos líquidos y nuestra idea es mantener una cartera equilibrada entre renta fija y variable. Pero todo con máxima prudencia. La idea es que esas inversiones tengan también una vertiente social y estratégica...En su día apostamos por la estabilidad del banco. Pero solo si es bueno para todos, si hay un buen proyecto para el banco, también para el país y para los accionistas estamos dispuestos a escucharlo. No seremos nosotros quienes nos opongamos..."

El presidente de la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Mauri Arregui, repasa en su primera entrevista la situación económica y los retos del territorio, y explica su apuesta para que la institución cameral esté mucho más presente en el plano institucional y en la colaboración con el resto de agentes. «El alto coste laboral daña la competitividad y lleva a empresas de Gipuzkoa a deslocalizar producción». «El acuerdo por la subida de los salarios en el ámbito estatal es una buena noticia que dará estabilidad». Eso sí, advierte de que no se puede bajar el listón de la competitividad, algo que los costes, también los laborales, están poniendo en riesgo. También alerta del gran peligro de la falta de personas. "El año ha arrancado razonablemente bien, dentro de una desaceleración. Son razonablemente optimistas. Hay dos tipos de empresas: las que han sido capaces de repercutir la subida de costes, y las que no han podido y sufren terriblemente en su resultado... La industria seguirá tirando. La construcción también tiene buenas perspectivas. El sector inmobiliario va a ralentizar su crecimiento; ya lo está haciendo fuera... Aquí tenemos más tensión entre oferta y demanda, pero las familias van a reducir su inversión y los promotores dejaremos de invertir en suelo...La Administración lo que tiene que hacer es gestionar mejor el gasto social...Los sueldos ya se han ido ajustando en términos muy cercanos a los de la inflación. El último año, un 4,7% de media, con muchos convenios ligados al IPC. Se están haciendo los deberes... En Gipuzkoa tenemos los costes laborales más altos de España. Y vemos cómo alguna empresa está trasladando producción intensiva en mano de obra a otra región; de Castilla, en concreto. Esto ya ha ocurrido. Es una amenaza siempre presente...Las empresas sí nos trasladan este asunto, su temor ante una pérdida de competitividad por los salarios. Como para sumarle encima la semana de cuatro días...El reto más importante es el demográfico, el envejecimiento de la población y la falta de jóvenes. La falta de talento es una consecuencia. Hacen falta personas para trabajar, para cotizar, para todo. Esto hay que abordarlo entre todos los agentes, y sobre todo las administraciones. No se puede perder el tiempo...– ¿El ámbito público es un competidor feroz para el privado?– Desgraciadamente, hay mucha gente, ingenieros, informáticos, que se escapan al sector público. Se paga bien, es muy seguro y todos creemos que es menos exigente y más flexible en horarios. La gente joven mira por lo suyo y prima la calidad de su vida..."

Las compras de diésel a Rusia realizadas desde Euskadi descendieron ya un 50% el pasado año y un 16% en los dos primeros meses de este 2023. La imagen evidencia la desconexión vasca de Rusia que se inició en 2022 en el comercio exterior que se canaliza en el Puerto de Bilbao. El movimiento, registrado en los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), se adelanta al veto al gasóleo de Vladímir Putin acordado en las instituciones europeas desde el pasado 5 de febrero. Así se desprende, al menos, de los datos oficiales que se recogen en la aduana. Y es que el Gobierno de España ha iniciado una investigación después de detectar diversas maniobras para introducir fraudulentamente este combustible ruso con otra bandera. Las vías con las que Rusia podría burlar esta prohibición van desde el trasvase de la carga entre buques en alta mar hasta la descarga de gasoil ruso en puertos de otra nacionalidad para mezclarlo con producción local enmascarando así su origen. De momento lo que sí se ha detectado es un aumento de compras de diésel en otros países, algunos africanos, como Angola, Libia o Guinea Ecuatorial, así como en Países Bajos y Reino Unido. La importación de petróleo en Euskadi, especialmente desde Brasil, Estados Unidos y Angola, también se ha visto alterada hasta duplicarse en el último trimestre del pasado año con el objetivo de aumentar la producción local de diésel. En definitiva, que los datos están ofreciendo un cambio en el paisaje del comercio internacional del diésel. 

Repsol y Saudi Aramco han dado luz verde a su primera planta de combustibles sintéticos, que supondrá una inversión conjunta de 103 millones de euros y se instalará en el Puerto de Bilbao. Está previsto que esta planta de ‘e-fuels’, cuya primera piedra ya se colocó hace ahora justo un año, esté concluida a finales de 2025 y sea «una de las mayores instalaciones del mundo», con una capacidad inicial de más de 2.100 toneladas anuales o unos 18.000 barriles. Según informó ayer Petronor en un comunicado, la inversión incluye la construcción de la instalación –cuyos productos podrán utilizarse en cualquier vehículo con motor de combustión, como automóviles, aviones, camiones o barcos–, así como un electrolizador de 10 MW, en el que también participarán Enagás y el Gobierno vasco a través del Ente Vasco de Energía.

El Gobierno de Francia va a mantener inalterable su hoja de ruta para extender la alta velocidad hacia el suroeste del país. El trazado del TGV –el AVE galo– que conectará Burdeos con Toulouse y Dax empezará a construirse el año que viene y entrará en funcionamiento, si se cumplen las previsiones, una década después. El problema para España, y especialmente para Euskadi, es que el Elíseo insiste en aparcar la extensión del recorrido que debe unirlo a la futura ‘Y’ vasca. Pese a los insistentes llamamientos a acortar plazos realizados durante los últimos meses por Pedro Sánchez, el lehendakari Urkullu y la UE, Macron no cede. Las obras del enlace con Irun no arrancarán antes de 2037 y durarán en torno a un lustro. Aunque se veía venir, el encargado de ratificar oficialmente los planes del Elíseo ha sido el ministro de Transportes, Clément Beaune. Durante un acto organizado por el periódico ‘Sud Ouest’, que se edita en Burdeos, concretó los plazos de las obras del TGV y, sobre todo, lanzó un contundente mensaje a todos aquellos representantes institucionales que exigen premura a la hora de ejecutar el enlace con España por Euskadi. Francia no aceptará presiones, vino a decir. «No se cuestionará ni cambiará el calendario de la alta velocidad». Si la ‘Y’ vasca se culmina en tiempo y forma –la última previsión habla de que el TAV podría empezar a circular en 2028–, su conexión con Francia será la próxima década la única pieza del puzle que falte para completar el Corredor Atlántico de alta velocidad (Madrid-Vitoria-París-Le Havre). 

Orbea celebró ayer su asamblea anual donde constató la continuación en la generación de empleo, hasta consolidar una plantilla que supera ya las mil personas, de las que el 80% corresponde a empleos generados en el País Vasco. De este modo, la histórica cooperativa vasca logra en tres años duplicar la estructura de su colectivo laboral y acelera la tendencia de atracción de talento internacional, según destacaron ayer sus responsables. La empresa, que actualmente tiene su sede central en la localidad vizcaína de Mallabia, se marcó como objetivo alcanzar el tamaño suficiente para ser relevante internacionalmente, realizando una propuesta diferencial al mercado y con el objetivo de convertirse en una de las marcas más deseadas por ciclistas de todo el mundo. Orbea afirma «haber alcanzado esos objetivos manteniéndose fieles a sus valores e identidad cooperativa, siendo fabricantes, haciéndolo desde Euskadi y gracias al trabajo coral de toda su organización». La cooperativa certifica, por séptimo año consecutivo, el proceso de crecimiento en ventas alcanzando una facturación de 400 millones de euros, el 85% de los cuales corresponden a mercados de exportación. El resultado, después de impuestos y reconversiones, es un 20% superior al del año 2021, «lo que implica un importante fortalecimiento de sus recursos propios». 

Continúa la guerra en el seno de Cecobi. Nuevo revés judicial para Luis Rodríguez, Aingeru Alonso y el resto de miembros de la plancha que perdió las elecciones a la presidencia de la patronal del comercio vizcaíno en marzo de 2021, que volvió a ganar Pedro Campo. El Juzgado de lo Social número 6 de Bilbao ha desestimado la demanda interpuesta por Luis Rodríguez contra la Delegación Territorial de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco y ha establecido que la marca Amubi, que engloba a la asociación de comercio minorista del mueble y de la que el demandante fue presidente, solo puede ser utilizada por Cecobi. Esta resolución ha puesto de manifiesto las diferencias existentes entre «dos facciones enfrentadas» ante acuerdos adoptados «en el seno de una misma asociación». No obstante, el magistrado ha dado la razón a Pedro Campo al recordar que el principal directivo de Cecobi inscribió a su favor el nombre de Amubi dentro del registro de patentes y marca español. El fallo no solo desestima la demanda, sino que rechaza también las medidas cautelares exigidas por Rodríguez. El pasado 11 de enero la patronal vizcaína volvió a inscribir, en esta ocasión en el Registro de Asociaciones del Ejecutivo autonómico, el acta de la asamblea electoral de la federación minorista del mueble. Presentó, además, un documento oficial que, en su opinión, «demostraba que la marca Amubi es propiedad de Cecobi. Así ha sido siempre y así continuará siendo», subraya el presidente. Rodríguez reaccionó dos días después con la impugnación del registro. Solicitó la anulación del citado trámite e interpuso una demanda contra la Administración autonómica, que el Juzgado de lo Social número 6 rechazó a mediados de febrero. Negó, asimismo, la solicitud de medidas cautelares tras reconocer que se habían cumplido «todos los requisitos» en el proceso electoral. El fallo recoge que se comunicó a Rodríguez «una advertencia» para evitar el uso del distintivo Amubi tras quedar registrado «en beneficio de Cecobi».

La denominada Plataforma de Agraviados de Geroa se volvió a manifestar ayer sábado por el centro de San Sebastián para reclamar a esta EPSV (entidad de previsión social voluntaria) que permita a todos los pensionistas la opción de rescatar su prestación no solo en renta mensual, sino también en forma de capital, de una sola vez. La marcha, que congregó a más de dos mil personas, según los organizadores, reclamó asimismo al Gobierno Vasco que facilite esa modalidad y criticó los planes del Ejecutivo autonómico, avanzados por este diario, de consolidar por ley la actual situación. Los cuatro sindicatos vascos tampoco escaparon de las duras críticas de los organizadores, que consideran que han «abandonado» a los trabajadores. Los convocantes de la manifestación volvieron a salir vestidos de amarillo, emulando a los ‘chalecos amarillos’ de las protestas sociales de Francia, como hicieron en su última gran asamblea en Andoain. Los congregados denunciaron que «Geroa no nos deja rescatar nuestro dinero como queremos. Nos obliga a una renta de unos doscientos euros al mes durante unos 25 años». Lamentan que han estado «toda la vida trabajando para que ahora nos vengan con esto». Los estatutos de la EPSV solo permiten a los trabajadores jubilados rescatar la prestación aportada de una sola vez si no rebasan los 45.120 euros acumulados, según figura en los estatutos. Geroa está dispuesta a analizar la situación en su próxima junta, aunque la filosofía sigue siendo la misma para diferenciar este plan de pensiones de los planes meramente comerciales de los bancos. Buena parte de las críticas de los portavoces, encabezados por Joxe Mari Lazkano, se dirigieron al Gobierno Vasco, al que preguntaron «por qué quieren tutelar la forma de percibir/cobrar nuestro capital».

Las familias han reorganizado sus finanzas y el crédito al consumo ha tomado el relevo del ahorro. El Banco de España lo confirmó esta semana: el volumen del crédito al consumo creció en 3.103 millones de euros durante el primer trimestre del año en comparación con el mismo periodo de 2022, un 3,6% más, hasta los 95.294 millones acumulados en marzo. Ahora bien, los resultados de los grandes bancos españoles ya ponían sobre la pista de esta tendencia. Frente al descenso de las hipotecas y los trasvases de depósitos, las entidades han incrementado la parte de su negocio correspondiente, precisamente, al crédito al consumo. El aumento ha sido de un 4% en el caso de CaixaBank, pero se ha disparado hasta un 34% en Bankinter y hasta un 32% en Sabadell. El aumento no ha pasado desapercibido entre los analistas del sector consultados. «Sorprende ese aumento tan generalizado porque lo lógico en un entorno de crecimiento e inflación debería ser una rebaja del consumo pero, a la vista del crédito, está pasando lo contrario», aseguran. «Gran parte del aumento se basa en el crecimiento de la cuota de mercado», explicó el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, en la presentación de resultados del grupo. Pero lo cierto es que hay otras razones de fondo que explican el renovado éxito de este tipo de crédito. «Si miramos el vaso medio lleno, podemos explicarlo por la confianza que genera el comportamiento del empleo, que se está manteniendo bien, y por la dinámica positiva de la economía española. Si miramos el vaso medio vacío, debemos tener en cuenta que en la pandemia muchos hogares acumularon mucho ahorro y eso rebajó la demanda de préstamos al consumo; en el escenario actual, la combinación de inflación y subida de tipos está desgastando el poder adquisitivo de las familias y muchas de ellas, sobre todo las más vulnerables, se están viendo obligadas a recurrir a la financiación». 

El sueño de acceder a una vivienda se ha convertido en una auténtica pesadilla con barreras cada vez más difíciles de salvar, especialmente para los más jóvenes. «Ni tienen capacidad para pagar la entrada, ni un trabajo estable para hacer frente a la hipoteca», indican los analistas de CaixaBank en un reciente informe. «El alquiler, muchas veces compartido por los altos precios, o seguir con la familia, son las únicas alternativas», señalan. Los datos hablan por sí solos. Desde 2012, al calor de la subida de los precios, las familias que viven de alquiler han pasado del 14,5% al 18,1%. Las casas en propiedad, en cambio, bajan del 79,2% al 75,9%, según el INE. El cóctel ha sido explosivo: demanda disparada para una oferta cada vez menor; salarios estancados frente al incremento de los precios; y propietarios que cada vez exigen más requisitos ante la perspectiva de una ley de vivienda que topará las subidas en las zonas de mayor tensión, como Madrid, Málaga, Cataluña, Baleares o País Vasco. «El problema del acceso a la vivienda no se reduce solo a los grandes centros urbanos, sino también en las zonas rurales», añade la socióloga Irene Lebrusán. Apunta al mercado del arrendamiento, donde los precios se han disparado a máximos tras subir un 8,9% en abril, con 22 capitales en las que alquilar es más caro que nunca.

Los ciudadanos pueden empezar a respirar un poco con las últimas señales de moderación lanzadas por los bancos centrales. Máxime después de un año de vértigo. La escalada empezó a principios de marzo de 2022, cuando el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, reivindicaba a Paul Volcker, el hombre que a comienzos de los ochenta acabó con la inflación a base de situar los tipos de interés por encima del 20% y provocando una recesión. Dos semanas después de exaltar su figura, Powell empezaba a recorrer una cuesta casi desde cero que le ha llevado a elevar los tipos hasta el 5,25%. Un año después, Powell apunta al fin de la subida o, al menos, a una pausa. Los bancos centrales han ido prácticamente al unísono desde que la inflación se disparó. Por ello, los analistas ven ya síntomas de agotamiento en este ciclo de subidas de tipos. El BCE decidió rebajar el ritmo de subidas e incrementar el precio del dinero en solo un cuarto de punto. Lagarde, que empezó a subir tipos más tarde que sus colegas, negó que eso signifique parar, pero los mercados no ven ya un gran recorrido y creen que el final del camino está en el 4% o el 4,25% —frente al 3,75% actual—. Es decir, quedan una o dos subidas más. “Europa no puede desacoplarse por completo de lo que ha hecho Estados Unidos. Pero tampoco creo que el BCE quiera arriesgarse. Yo creo que habrá una última subida más en junio”, sostiene Frederik Ducrozet, director de Análisis Macroeconómico de Pictet WM.

"Tras la nueva subida de tipos de interés decidida por el Banco Central Europeo (BCE) —un 0,25%, en línea con lo anticipado— nos acercamos al umbral a partir del cual los riesgos inherentes al arma monetaria se intensifican. Como ya ocurrió en el periodo anterior a la gran recesión, el impacto de los ajustes parece inocuo en las primeras fases del ciclo restrictivo, pero se aceleran posteriormente con la aparición de un episodio de inestabilidad financiera. Por supuesto, los responsables monetarios conocen esa “no linearidad”, si bien en el caso del BCE el objetivo cuasi exclusivo de eliminar la inflación en un plazo corto complica la tarea. El principal argumento esgrimido para respaldar la vuelta de tuerca es que la inflación es persistente: pese al abaratamiento de la energía, la inflación subyacente se sitúa todavía en cotas demasiado altas. Por otra parte, la economía europea —y singularmente la española— evoluciona mejor de lo previsto pese a la subida de tipos, con un crecimiento escueto pero positivo del 0,1% en el primer trimestre. La extraordinaria resistencia del mercado laboral actúa como dique de contención ante la pérdida de poder adquisitivo a la vez que atenúa el riesgo de impago de los hogares endeudados. En todo caso, los niveles de deuda privada son muy inferiores a los observados antes de la gran recesión. En España, los hogares han conseguido aligerar sus pasivos en más de un tercio, en relación con su renta disponible. En el caso de las empresas no financieras, el recorte alcanza el 40%, fruto de un proceso de desendeudamiento que no ha concluido..."

"Sin duda alguna, el acercamiento entre sindicatos y patronal para lograr un acuerdo que está tan próximo que nadie va a atreverse a descarrilar es la mejor noticia que nos ha llegado desde la economía en los últimos tiempos...Dejo para los que saben de análisis políticos la glosa de las ‘peculiaridades’ que acompañan al acuerdo. O, por ahora, casi acuerdo. Me refiero a las duras declaraciones del presidente de la patronal, realizadas hace pocos días, en las que aseguraba que la vicepresidenta Yolanda Díaz «no pintaba nada en la negociación de los salarios». Así ha sido...Como es natural, el Gobierno vasco no ha tardado en instar a los agentes sociales de nuestra comunidad a alcanzar un pacto similar en esto que llamamos el ámbito vasco de relaciones laborales. Y como es habitual, las centrales nacionalistas, que tan mal se llevan en estos tiempos en tantas cosas, se unieron inmediatamente el viernes para criticar con contundencia el acuerdo ‘madrileño’. Si en algo destaca ese ámbito propio es, desde luego, en poner la confrontación por delante de la colaboración. Una de las características que algunos –demasiados, contabilicen las afiliaciones respectivas–, asumen con naturalidad, cuando es una decisión ilógica, extravagante y sobre todo prejudicial para el país". 

En la última década se han ido subiendo los límites mínimos de consejeras en las empresas cotizadas —el Anteproyecto de Ley Orgánica de Representación Paritaria de Mujeres y Hombres en los Órganos de Decisión del Gobierno acaba de situar el umbral en el 40% antes del 1 de julio de 2024—. Sin embargo, y a pesar de la evidente mejora en términos de igualdad, lo cierto es que cualitativamente las mujeres siguen mandando muy poco. Los nombramientos de consejeras suelen reservarse para las categorías de dominicales o independientes. Apenas hay promociones para puestos ejecutivos. Este desequilibrio tiene su reflejo en los salarios. En la Bolsa española solo hay 9 mujeres entre los 160 consejeros mejor pagados. Esta es una de las conclusiones de la undécima edición del informe de retribuciones que elabora El País con los datos enviados por las compañías cotizadas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En 2022, ejercicio que se analiza, volvió a aumentar la desigualdad retributiva. Los consejeros ejecutivos mejor pagados de las empresas del Ibex 35 ganaron de media 4,73 millones de euros el pasado año. Esta cantidad supone 81,5 veces más que los 58.095 euros que percibieron los empleados de las empresas que dirigen. La brecha se amplió con respecto a años anteriores: en 2021 el diferencial entre jefes y empleados fue de 76 veces y en 2020 se situó en 79 veces.