20230619

Es necesario un nuevo marco de relaciones con China. El mandato de la Unión Europea el mes pasado, tras la reunión de los ministros de Exteriores de los Veintisiete, era claro: «Hay que reducir la dependencia del gigante asiático». Un llamamiento que le pilla a Euskadi con un récord de compras en China. Y es que, solamente en esos cuatro primeros meses del año, el déficit entre exportaciones e importaciones ha ascendido a 581 millones de euros, un 34% más que en el mismo periodo del pasado año y registros que suponen multiplicar por tres la dependencia en la balanza comercial respecto a 2018. El país presidido por Xi Jinping es el tercer origen de las compras de la economía vasca con 2.160 millones el pasado 2022 y solo por detrás de Alemania y Francia. El planteamiento acordado en la Unión Europea parte de la necesidad de «reducir un grado de dependencia que, siendo tan grande, puede resultar arriesgado», tal y como explicó el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell. Se trata por lo tanto, de «reequilibrar» las relaciones que seguirán siendo necesarias, pero hasta cierto punto. Y la economía vasca, con 781 millones destinados a comprar en China entre enero y abril ha duplicado la cifra de hace cinco años. No es precisamente el mejor modo de avanzar por esa senda. El principal capítulo de compras lo componen las máquinas y aparatos eléctricos que se han adquirido en lo que llevamos de año por un total de 204 millones y representan una de cada cuatro adquisiciones. La cifra, además, multiplica por dos la del año pasado. El textil y la ropa sigue siendo otra de las partidas importante, con 7,4 millones, que se mantiene estable. El mayor incremento lo representa el combustible, principalmente el petróleo. Los efectos de la guerra de Ucrania y los embargos a Rusia se dejan notar y China se ha convertido en un gran vendedor de combustible mineral, aunque en muchas ocasiones no sea más que un mero intermediario de Vladímir Putin.

El esfuerzo que tienen que hacer los hogares vascos para pagar la hipoteca crece por el alza del euríbor y es ya el más alto desde la crisis económica de 2012. Las familias dedican el 30% de su salario a pagar la vivienda, el límite aconsejable. Según los últimos datos de la Estadística Registral Inmobiliaria (correspondiente al primer trimestre de este año), esa cuota de esfuerzo medio se sitúa ya en el País Vasco en el 29,9%, cuando en el pasado diciembre estaba en el 28,47%. A un paso del límite aconsejable. Aunque la hipoteca media sigue encareciéndose, el alza de los salarios compensa parcialmente ese lastre. Una barrera que ya se ha rebasado en el conjunto de España, donde el promedio se sitúa en el 32,3%, revelando que el inmobiliario sigue siendo un mercado inestable y en cierto modo anárquico y olvidadizo. Algo en lo que tiene mucho que ver la concepción de la vivienda en propiedad como casi una obligación, con el alquiler, al que ahora se quiere impulsar desde muchas administraciones, como una opción muy secundaria. El País Vasco ya conoce bien lo que es superar esa, en teoría, peligrosa barrera. Y es que en los años de vino y rosas del ladrillo, aquellos que precedieron al estallido de la burbuja, ese esfuerzo medio representaba en el País Vasco nada más y nada menos que un 47,5%. Era el año 2006, y nadie preveía que todo saltaría por los aires dos años después con Lehman Brothers, ni que la crisis de las hipotecas basura americanas tendría aquí su réplica con nuestro particular pecado original inmobiliario. De hecho, esa relación se mantuvo en Euskadi por encima del precipicio del 30% hasta 2012, cuando se alcanzó un 31,51%. Desde entonces, la tasa vasca ha ido moderándose con ligeras subidas y bajadas (llegó a estar en el 26,1% en 2017).

Por primera vez en los casi 30 años de historia de Metro Bilbao, la compañía pública de transportes va a recurrir a un experto externo, al margen de las tradicionales mutuas, para intentar reducir la tasa de absentismo de su plantilla. En el suburbano trabajan 774 personas. Lo hacen encuadradas en tres colectivos principales: oficinas, línea (donde hay 160 conductores y 170 supervisores de estación) y taller. En los últimos cinco años, el número de horas perdidas por el conjunto de los empleados ha crecido un 52%, pasando de las 116.362 horas de 2018 a las 176.922 de 2022. Atendiendo a estos datos, la tasa de absentismo del año pasado en el transporte más exitoso de Euskadi alcanzó el 15,37%, muy por encima del 10,68% de hace un lustro. El índice de absentismo medio de Euskadi ronda el 8%, aunque a mediados del año pasado llegó a estar en el 9%, según los últimos estudios. Hay que aclarar que este concepto no debe identificarse únicamente con las ausencias injustificadas al trabajo –un porcentaje mínimo en el suburbano, según las fuentes consultadas– sino que, en realidad, a la hora de computarlo, la dirección de Metro Bilbao tiene en cuenta las enfermedades comunes, los accidentes laborales, los permisos retribuidos, las horas sindicales y las huelgas. 2022 fue un año con muchos problemas en la compañía desde el punto de vista laboral. Hubo 15 jornadas de paros para exigir la firma de un nuevo convenio colectivo (finalmente se aprobó a finales del verano). Además, se dio una alta incidencia de la variante omicrón del coronavirus en el primer trimestre. La previsión de que la empresa se encaminaba a un escenario en el que iba a producirse una falta de personal disponible por las bajas laborales obligó a la compañías de transportes a reducir un 20% su servicio entre el 7 de febrero y el 23 de marzo. Se canceló uno de cada cinco metros.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, aprovechó el último foro de empresarios iberoamericanos, que se celebró en marzo en la República Dominicana, para censurar con dureza la política económica del Gobierno que afecta especialmente a este colectivo. Incluso, Garamendi acusó al Ejecutivo de que con sus medidas “en algunos casos” quebranta la Constitución. El dirigente de CEOE se refiere a “la libertad de empresa y a la seguridad jurídica [de la misma]” para decir lo siguiente: “En no pocas ocasiones asistimos a una amalgama de errores de política económica, normalmente con un aumento de las cargas administrativas o de exceso de carga regulatoria que soportan las empresas”. Cargas que, “en algunos casos, quebrantan incluso los principios constitucionales más básicos y necesarios para el desarrollo empresarial, como es el principio de libertad de empresa, y terminan generando incertidumbre e inseguridad jurídica. Justo lo contrario de lo que sería conveniente”, para el crecimiento y la creación de empleo. Garamendi se expresa así en un artículo titulado Medidas para favorecer la competitividad de las empresas españolas e iberoamericanas. El trabajo forma parte de un volumen donde participan todos los presidentes de las organizaciones empresariales de Iberoamérica, editado por el Instituto de Estudios Económicos, que es el centro de análisis económicos de la patronal española. En este contexto, Garamendi dice también a sus homólogos iberoamericanos lo siguiente: “En un entorno internacional incierto, complejo y competitivo, los incrementos de costes en distintos ámbitos”, como en las materias primas, los costes financieros o laborales, “pueden perjudicar la actividad [de las empresas]”. Principalmente, “cuando el tensionamiento de éstos es mayor que el de sus competidores”. Y, a continuación, el empresario vasco hace una reflexión que no invita, precisamente, a invertir en España. “En el caso de la economía española, el marco regulatorio y las políticas que se aplican tienden, en general, a entorpecer el crecimiento empresarial, configurando un tejido productivo con un tamaño medio reducido cuando se compara con los países de nuestro entorno”. “Adicionalmente –continúa Garamendi– algunas políticas [del Gobierno] introducen obstáculos para el desarrollo de la actividad emprendedora y empresarial, haciendo menos atractiva la inversión en nuestro país [España] que en otras economías”.

“Necesitamos un sistema tributario más estable, más seguro y lo más simplificado posible”, defiende Ana de la Herrán, que desde hace cuatro meses es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda (IHE). Nacida en Madrid, Herrán pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 2006, ha trabajado en el área de Aduanas de la Agencia Tributaria y en el Tribunal Económico Administrativo Regional en Madrid, y actualmente es vocal asesor en el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), dependiente del Ministerio de Hacienda. “Salvados por la campaña”, exclama al ser preguntada por la reforma impulsada desde el Gobierno para permitir a los técnicos de la Administración Pública acceder a Cuerpos Superiores como el de los inspectores mediante pruebas tipo test, una iniciativa con la que ha sido muy beligerante y que ha decaído con la convocatoria electoral del 23J. En esta entrevista, Herrán pide al nuevo Gobierno que salga de las urnas que la reforma tributaria que lleve a cabo aporte “seguridad jurídica” tanto a contribuyentes como a inspectores. "No nos metemos en la política fiscal pero observamos con inquietud y preocupación la vorágine de regulación de estos meses. La reforma fiscal que necesita España requiere sosiego. Para que haya sostenimiento del gasto público tiene que haber figuras tributarias que se ajusten a la realidad, a los principios constitucionales de capacidad económica, progresividad, igualdad y justicia tributaria, pero lo que hemos visto en los últimos años ha sido una vorágine de normas tratando de afrontar el problema del momento sin perspectiva de futuro. Tal es así que algunas figuras no han tenido el éxito que se esperaba, como el impuesto a las transacciones financieras, la tasa Google o ahora el de las grandes fortunas. Y a eso tenemos que añadir los impuestos autonómicos. Para que sea aplicable, la estructura tributaria debe ser seria, estable y tener una coordinación entre las administraciones. Y luego la técnica legislativa tampoco es buena. Hace falta sentarse y, sin precipitarse, pensar en cómo regular el sistema fiscal para afrontar los retos del futuro, no que venga un Gobierno nuevo a derogar todo y hacer otros nuevos impuestos para dar un mensaje al electorado. Queremos que las normas sean claras y se apliquen bien..."

La banca eleva las provisiones y anticipa un primer golpe de la morosidad. En el último año, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja han mantenido a raya el volumen de impagos en sus carteras, pero trimestre a trimestre han ido aumentando paulatinamente el nivel de provisiones, anticipándose para cubrir un posible impacto de la mora en los próximos meses. Santander ha pasado de provisionar 2.101 millones en el primer trimestre de 2022 a 2.873 millones a cierre de marzo de este año. BBVA añadió 968 millones a su hucha para cubrir deterioros en el primer trimestre de este año, frente a 737 millones entre enero y marzo de 2022. Los bancos que cuentan con la mayor parte del negocio en España han acometido un incremento de provisiones más ligero: CaixaBank ha pasado de provisionar 228 millones a 255, y Sabadell, de 172 millones a 186. Por su parte, Unicaja ha rebajado las aportaciones a la hucha para cubrir impagos y ha pasado de 51 millones a 35. En total, el nivel de provisiones en los seis bancos cotizados ha aumentado en 1.052 millones, un 31% interanual. “Tanto en las entidades financieras españolas como en las europeas se viene observando, durante el primer trimestre de 2023 y el ejercicio 2022, un mantenimiento de los niveles de cobertura y del coste de riesgo, si bien, se observan niveles de morosidad aún bajos o estables. Esto se debe principalmente al incremento de los préstamos en vigilancia especial, que suponen un porcentaje de cobertura mayor que los créditos sanos, motivado por la incertidumbre macroeconómica que vivimos”, explican Carlos Marcos y Breogán Porta, socios responsables del sector bancario de Mazars en España.

La inteligencia artificial tuvo un papel crucial en el reciente desembarco de BBVA en Italia. Lo hizo aprovechando la plataforma tecnológica que tenía en España, sus directivos y su banca digital. La apuesta requería una tecnología segura y fiable para permitir altas en remoto de todos los nuevos clientes, garantizando el cumplimiento de la regulación. BBVA creó una tecnología con la start up Das-Nano capaz de ejecutar más de 30 algoritmos de inteligencia artificial para comprobar la autenticidad de cada DNI. El proceso se completaba gracias a la biometría, que permite cotejar si el usuario de la foto y del DNI son el mismo. Con una estructura mínima, procesos seguros y replicando los productos que tiene en España, BBVA Italia ha captado 200.000 clientes en año y medio. Tras la buena experiencia, el banco va a exportar su banco online a muchos otros países europeos. BBVA y CaixaBank trabajan con inteligencia artificial desde 2014. BBVA tiene dos centros de excelencia especializados, uno en Madrid y otro en México. CaixaBank también, así como un laboratorio con Microsoft. Precisamente hace solo unos días, CaixaBank alcanzó un acuerdo con Google Cloud para aplicación de inteligencia artificial en la analítica de datos. Algunos bancos se apoyan en socios tecnológicos y otros optan por desarrollos internos, como Bankinter. Santander está desarrollando modelos propios. El grupo cuenta con un laboratorio de inteligencia artificial en el centro corporativo y en las unidades de negocio. Todo este universo de posibilidades se ha multiplicado con la llamada inteligencia artificial generativa, la que está detrás de ChatGPT. Ya se vislumbra con claridad que será una herramienta clave para acertar a la hora de ofrecer aquellos productos y servicios que mejor pueden encajar con las necesidades del cliente en cada momento. “Aunque suene grandilocuente puede suponer una segunda revolución industrial, porque la inteligencia artificial nos va a dar poderes aumentados en tareas intelectuales. Va a eliminar la parte de las tareas que puede ser más ingrata, desde procesar emails hasta escribir documentos o leer información. Creo que va a tener un impacto muy rápido y muy positivo en la mejora de la productividad en el trabajo diario”, explica Carlos Torres, presidente de BBVA.

Opa de Antin sobre Opdenergy: 865 millones de euros. Inversión de Interogo (Ikea) en Bruc: 600 millones. Compra de la totalidad de X-Elio por parte de Brookfield: 1.200 millones... Mientras tanto, Iberdrola sigue buscando socios para 28.000 megavatios (5.000 millones de euros) y Grenergy para 6.000 megavatios (1.200 millones). Así se podría seguir con una lista de, al menos, veinte grandes operaciones corporativas en el sector de energías verdes que se han realizado o que se han puesto en marcha en apenas unas semanas en España, donde parece que el festival de las renovables no tiene fin. Cuando parecía que el boom verde había tocado techo, el país vive un nuevo frenesí de transacciones, a cada cual más significativa o novedosa. Antin ha vuelto a las renovables españolas después de años. Interogo, el holding inversor vinculado a la familia dueña de Ikea, irrumpe por primera vez en España y lo hace por la vía de las renovables de Bruc. Naturgy acomete su mayor compra de megavatios verdes con Ardian. Shell, la mayor petrolera europea, que siempre ha ocupado un segundo plano en España en venta de hidrocarburos, enloquece ahora en este país con las fotovoltaicas de Isemaren, con un plan para liderar la carrera. Entre todos, están creando una borrachera de operaciones que supera fácilmente los 10.000 millones en lo que va de año. 

Pese a que la negociación política se cerró ya en marzo, la Unión Europea está a punto de confirmar que eleva su objetivo de consumo de energía renovable del 22% actual al 42,5 % en 2030. Con ello, se espera un impulso definitivo a las inversiones en fuentes de generación limpia para acelerar en el continente la transición hacia una economía descarbonizada. Para que el acuerdo definitivo salga adelante es necesario que sea validado, así como los últimos retoques introducidos por los países, el Parlamento Europeo. Parece que la cuestión saldrá finalmente adelante, pero lo cierto es que ha habido una dura pugna en los últimos meses entre Francia y Alemania. Ambos países han mantenido un tira y afloja en el seno del Consejo de la UE. Incluso el secretario de Estado germano de Economía y Acción Climática, Sven Giegold, explicó que la adopción del acuerdo el viernes en el Consejo “se ha retrasado meses porque Francia quería equiparar el hidrógeno generado con nuclear al renovable. Esto ha fracasado”. A esto, replicó la ministra francesa de la Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher. Ayer, en su cuenta de Twitter explicó que Francia produjo más renovable que Alemania. La discusión se ha alargado durante meses entre París y Berlín. Francia reclamaba mayor reconocimiento a la energía nuclear, mientras que Alemania intentaba alejar la energía atómica de la legislación sobre energía renovable, apoyada por España, entre otros. El grupo de Alemania y España quería elevar ese umbral hasta el 45% y Francia abogaba por dejarlo en el 40%.El bloque antinuclear no quería que se considerase “verde” el hidrógeno producido a partir de energía atómica, sino reservar esa categoría sólo al que resulte de electrólisis con fuentes de generación renovable, como la fotovoltáica o la eólica. 

Entrevista con Joan Batalla, presidente de Sedigás, la patronal gasista. Tiene claro el mensaje. «España está ante una oportunidad histórica para convertirse en una potencia mundial en biometano». Se trata de un gas renovable que podría suplir a corto plazo hasta un 45% de la demanda nacional de gas natural. Con todo, esta tecnología todavía no goza del protagonismo en la agenda política y mediática que sí han alcanzado en poco tiempo alternativas como el hidrógeno renovable. «En España se están poniendo los mimbres para afrontar la apuesta por los gases renovables, pero queda mucho trabajo por hacer». "Quizá el biometano no sea glamuroso, pero hay que mirar sus beneficios. Uno es la eficiencia en costes. En la medida en que es perfectamente intercambiable con el gas natural, no requiere inversiones millonarias en adecuación de infraestructuras. Y esto es muy relevante porque aquí no se trata de poner en marcha mayores proyectos de biometano para desplegar nuevas redes de distribución y transporte o para que tengamos que cambiar las calderas. No hay que hacer nada...El Gobierno tiene ejemplos que puede seguir, como el de Alemania, Italia o Francia. Esta última, con un potencial similar al nuestro, tiene ya un parque de más de 500 plantas (en España rozan la decena) y la causa es una apuesta clara del Gobierno francés con apoyos a la agricultura para dar respuesta a sus retos de descarbonización y gestión de residuos. Esto se traduce en que Francia inyecta a la red entre dos y tres plantas de biometano nuevas a la semana..."

El Ministerio de Economía y Transformación Digital trabaja en el despliegue de varios programas de ayudas para la digitalización, financiados con fondos europeos, con el objetivo de desplegarlos cuánto antes y sin importar un posible cambio de Gobierno, entre ellos la entrega de un bono de descuento a la hora de contratar Internet y otros servicios como centralitas para pymes. Este es un programa que lleva un tiempo causando malestar en el sector de las telecomunicaciones, ya que en los primeros compases del año se prometió que estaría listo para mayo, pero no se ha cumplido. Concebido inicialmente bajo el nombre de ÚNICO Bono pyme ,el programa cuenta con una dotación de 50 millones para subvencionar estos servicios. El expediente ha sufrido varias idas y venidas y llegó a salir a consulta pública el pasado verano para luego desaparecer de la agenda del Ejecutivo. Sin embargo, en las últimas fechas, el bono, que en sus planteamientos iniciales apuntaba a llegar con sus descuentos a 11.000 empresas y parecía enterrado en un cajón, ha vuelto a la palestra y aparece en la Adenda al Plan de Recuperación enviada a Bruselas. Varias fuentes cercanas al proceso han confirmado que el personal de la entidad dirigida por Nadia Calviño trabaja en lanzar este programa, que no obstante, tendrá algunos cambios respecto a su diseño inicial, ya que, en un principio se planteó conceder su gestión a las Cámaras de Comercio y finalmente parece que será Red.es la entidad que lo gestione, de terminar lanzándose.

Las comunidades autónomas españolas controlan cerca de 211.000 viviendas sociales en régimen de alquiler, de las cuales poseen unas 196.000. Es un número superior al de cuatro años atrás, pero sigue siendo exiguo en comparación con el parque de viviendas: representa entre un 1,1% y un 1,2% de las casas que hay en España, según el censo de 2011 (el INE está pendiente de publicar la actualización con datos de 2021). Los parques autonómicos sí suponen el grueso de la vivienda social en España, que según las estimaciones del Gobierno se sitúa entre 290.000 y 300.000 viviendas. El porcentaje de arrendamientos sociales respecto a los 18 millones de primeras residencias que hay en España se queda muy lejos de la media europea del 9,3%, según el informe ministerial. En Países Bajos asciende al 30%, seguida de Austria (24%) y Dinamarca (21%). Entre las grandes economías continentales, Francia y el Reino Unido rondan el 17%, mientras que Alemania o Italia no llegan al 4%. Con respecto a cuatro años atrás, casi todas las autonomías han aumentado sus cifras. Los mayores incrementos en volumen son las 4.257 casas de más que computa la Comunidad Valenciana, las 2.809 del País Vasco y las 2.158 de Canarias. Pero también Madrid, Castilla-La Mancha, Murcia o Cataluña declaran unas cifras que supone haber ganado en todos los casos más de 1.500 viviendas. Los porcentajes más elevados son el 3,2% de Extremadura y el 3% del País Vasco, que con un cómputo de más de 26.000 viviendas es la que tiene el sistema más nutrido tras Andalucía, que con cerca de 50.000 iguala en porcentaje la medida nacional. Madrid, con más de 22.000 viviendas, es la tercera por volumen, pero en porcentaje está por debajo, con un 0,9%. Y lo mismo le pasa Cataluña, que se acerca a las 22.000 si se suman a sus 18.000 viviendas otras 4.000 cedidas para que las gestiones una agencia de la Generalitat, pero todo junto apenas representa el 0,7% del total.

El economista jefe del Banco Mundial para América Latina y Caribe, William Maloney (Massachusetts, 63 años), acaba de visitar a España con un mensaje optimista para la región. La pandemia y la inflación también ha golpeado a las economías latinoamericanas. Sin embargo, el azote no ha sido mayor que en otras zonas. "Nadie sabe lo que va a ocurrir. EE UU está intentando un aterrizaje suave para acabar con la inflación sin crear una recesión. En todo caso, es cierto que el desempeño de las economías del G-7 es un factor importante que incide en las economías de América Latina, junto al de China, y la evolución de los tipos de interés y del precio de las materias primas. Eso explica mucho de lo que estamos viendo, que no es muy positivo. Esperamos un crecimiento del 1,4% para este año, mientras que para los dos próximos prevemos un 2,4%. Estamos viendo cómo desde 2010 avanzamos una media del 2,2%, mientras que el mundo lo hace un 3,1%, Hay que abordar temas estructurales muy importantes...Para empezar, la educación. Es todavía más importante tras la pandemia, cuando, en general, los niños perdieron un año y medio de escolarización. Y eso se traduce en una caída de ingresos a través del ciclo de vida del 10%. Tenemos también una carencia de infraestructuras: se sigue gastando una media del 3,5% del PIB en la región, cuando Asia o África destinan un 7%. También hay un problema de competitividad...Excluyendo Argentina y Venezuela, los países de América Latina están con una inflación media inferior a Europa del Este y algo superior a Asia. Las autoridades han hecho muy buen trabajo en la gestión de la inflación: han adoptado medidas pronto. Por ejemplo, Brasil empezó a subir los tipos un año antes que la Reserva Federal, y México y Chile lo hicieron nueve meses antes. En los últimos meses, la tasa media de inflación ha bajado y las expectativas no han subido. Para 2024 esperamos una inflación del 5% y se cumplirá con las metas de los bancos centrales..."

Las empresas mineras están replanteándose sus inversiones en México, el mayor productor de plata del mundo, después de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador haya puesto en marcha, hace apenas un mes, una serie de cambios regulatorios que afectan al sector. El organismo público que se ocupa de monitorizar la actividad del sector minero en el país, Camimex, ha avisado de que estas reformas ponen en riesgo inversiones por valor de 9.000 millones de dólares que están proyectadas para los próximos dos años, lo que podría obstaculizar el desarrollo de la tecnología necesaria para desarrollar los enormes recursos de energías renovables que atesora el país norteamericano. Los cambios en los códigos mineros complican la obtención de concesiones para las compañías del sector y amenazan con provocar una ola de litigios por parte de las empresas canadienses que han invertido en México. También está provocando tensiones diplomáticas a nivel gubernamental con su socio comercial, Canadá, de donde proviene el 70% de las compañías mineras que hacen negocios en el país. “Esta ley va a tener claramente un impacto en las decisiones de los inversores del sector tanto en el corto plazo, como en el mediano y largo”, explica Jorge Ganoza, director ejecutivo de la canadiense Fortuna Silver Mines, que lleva invertidos 350 millones de dólares en una mina de plata que opera desde 2011 en el sur de México. “Trabajamos en área remotas, donde es complicado para el Estado crear puestos de trabajo de calidad y no hay otras oportunidades. Estas leyes complicarán las inversiones y perjudicarán a las personas a las que el gobierno quiere proteger”. México es el mayor productor mundial de plata, un metal que ha ganado relevancia porque se utiliza en la construcción de paneles solares, coches eléctricos y redes de comunicación 5G. Además, el país también produce cantidades significativas de cobre y zinc, cuya demanda está aumentando como consecuencia de la apuesta por las energías renovables. El sector emplea a 2,5 millones de trabajadores de forma directa e indirecta.

Estados Unidos y China dieron ayer el primer paso para rebajar la tensión entre las dos superpotencias tras meses de graves fricciones. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, se reunieron en Pekín y acordaron mantener los canales de comunicación abiertos. Los canales de comunicación siguen abiertos, y esa es la gran noticia tras la reunión de cinco horas y media que celebraron ayer el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores chino, Qin Gang, en Pekín. Las conversaciones, “sinceras, sustanciales y constructivas”, según el Departamento de Estado, parecen haber logrado el primer objetivo con el que llegaba el estadounidense a la capital china: tirar de la anilla correcta para desplegar algo similar a un paracaídas y frenar el acelerado desplome de las relaciones entre las dos grandes potencias económicas, tecnológicas y militares del siglo XXI. Los dos gigantes globales han acordado continuar sus contactos de alto nivel, que tendrán como próximo episodio la visita del responsable de la diplomacia china a Washington en una fecha aún por concretar. La visita de Blinken, la primera en un lustro de un responsable estadounidense de Exteriores, era su cita diplomática más esperada en lo que va de año. Pactada entre los presidentes de ambos países —Joe Biden y Xi Jinping— en su reunión de Bali (Indonesia) el año pasado, debía haberse celebrado en febrero y debía haber servido de pistoletazo de salida a un proceso de distensión entre las dos potencias para recuperar una relación bilateral perjudicada por años de desconfianza.  Pero el rifirrafe a cuenta de un supuesto globo espía chino sobrevolando territorio de EE UU dinamitó aquel intento. Hicieron falta meses de delicado ballet diplomático entre altos funcionarios de los dos colosos para reprogramar el viaje.