20230626

“La negociación colectiva no es estática: debe responder a procurar la mejora de las condiciones laborales de sectores o subsectores de actividad hasta la fecha inexistentes”. Este es uno de los razonamientos principales de la reciente sentencia de la Audiencia Nacional que desestima la pretensión de los sindicatos nacionalistas ELA y LAB, del País Vasco, y la CIG, de Galicia de anular el primer convenio de Marcas de Restauración Moderna. Del formado por compañías como Goiko, KFC, McDonald’s, Taco Bell, Burger King, Pans&Company y Rodilla, entre otras. Todas ellas agrupan ahora entre 75.000 y 100.000 trabajadores, pero dado que trabajan con franquicias las marcas pueden extenderse a unos 200.000 empleados, explica Sergio García Garrido, socio de Analistas de Relaciones Industriales, que es el despacho que ha defendido a las empresas. Todas ellas reunidas en la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración. Estas empresas de restauración entienden que nada tienen que ver con la hostelería tradicional de bares, restaurantes y cafeterías. Y, además, para pertenecer a la asociación es necesario dar empleo a 1.000 trabajadores o más, y tener centros en cuatro o más comunidades autónomas. Por lo tanto, en mayo de 2022 comenzaron las negociaciones de los empresarios con CCOO, UGT y Fetico para firmar el I Convenio colectivo “estatal” de marcas de restauración moderna. Los sindicatos ELA y LAB, nacionalistas y los más representativos en el País Vasco, manifestaron su rechazo al convenio, con el siguiente argumento: “La existencia de un Acuerdo Marco Sectorial de Hostelería que regulaba la negociación colectiva en dicho sector y que establecía prioridad aplicativa de los convenios colectivos sectoriales de hostelería en los diferentes territorios que componen la comunidad autónoma del País Vasco, [Álava, Guipúzcoa y Vizcaya] por lo que no cabría una nueva regulación”. Frente a estos argumentos la Audiencia Nacional da la razón a las empresas por las siguientes razones: “La negociación colectiva no es estática: debe responder a procurar la mejora de las condiciones laborales de sectores o subsectores de actividad hasta la fecha inexistentes. Y el convenio ahora impugnado [por los sindicatos nacionalistas], persigue con la delimitación de su ámbito funcional, dotar de homogeneidad en las condiciones de trabajo a un sector creciente, ajeno a la actividad de la hostelería tradicional, por mucho que se alegue [por lo impugnadores] que las citadas actividades coincidan en lo esencial”. “Se configura la libertad de las partes para poder fijar el ámbito de negociación”, explica Sergio García.

El ciberataque sufrido por Euskaltel para robarle datos y pedir dinero por su rescate no es un caso aislado. Al contrario, las empresas afrontan «una auténtica plaga de extorsiones», según afirman los expertos vascos en ciberseguridad. En Euskadi se denuncian entre 30 y 40 casos al año. El ciberataque sufrido por Euskaltel para robarle datos y pedir dinero por su rescate no es un caso aislado. Al contrario, las empresas afrontan «una auténtica plaga de extorsiones», según afirman los expertos vascos en ciberseguridad. Sin ir más lejos, el año pasado Iberdrola sufrió un asalto que dejó expuestos 1,3 millones de datos de clientes y Laboral Kutxa también sufrió un ‘hackeo’. En este ejercicio se han denunciado ataques por parte de la ABAO, la Sociedad Coral y los Ayuntamientos de Getxo y Durango, entre otros. Pero esto es solo una pequeña muestra de lo que trasciende. Las empresas no están obligadas a notificar estos problemas salvo cuando los piratas hayan accedido a datos personales o se trate de operadores esenciales o proveedores de servicios digitales. Por eso en la mayoría de las extorsiones se paga y se calla. No hay, por tanto, estadísticas precisas. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (Incibe) gestionó el año pasado un total de 448 ataques con ‘ransomware’ como el sufrido por Euskaltel. Se trata de asaltos en los que los piratas informáticos acceden a los sistemas de la empresa, normalmente a través de un correo electrónico ‘trampa’ (‘phising’) que alguien pincha y encriptan los ficheros o los roban para pedir un rescate, casi siempre en ‘bitcoins’. «No hay datos oficiales de Euskadi pero a nosotros se nos notifican cada año unos 30 o 40 casos de este tipo», apunta Koldo Peciña, director general del Centro de Ciberseguridad Industrial de Gipuzkoa, Ziur. La Ertzaintza, por su parte, tiene contabilizadas 114 extorsiones cibernéticas solo en el primer trimestre, pero no diferencia entre empresas y particulares.

Las empresas vascas han aumentado sus medidas de seguridad para prevenir ciberataques como el que la semana pasada sufrió Euskaltel. En Euskadi, cada año se registran entre 50 y 60 agresiones de ‘ransomware’, robos de datos con extorsión económica cada vez más sofisticados. La permanente presencia de ciberataques se ha convertido en un auténtico desvelo para las empresas, también las vascas. No existen cifras oficiales del número de ataques de ‘ransomware’ (con extorsión ecónomica por el robo de datos) sufridos por las distintas firmas empresariales de Euskadi pero se estiman en «decenas» al año, entre treinta y cuarenta. En toda España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) –dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital– habla de 448 al año y cada vez más sofisticados. El reciente incidente sufrido esta pasada semana por Euskaltel, a la que unos piratas informáticos rusos publicaron parte de los miles de datos confidenciales robados como chantaje por no acceder a pagarles una cantidad económica, vuelve a poner a la luz una problemática que ha llevado a las compañías vascas a aumentar y reforzar sus medidas de seguridad, según explican a este periódico las distintas organizaciones especialistas en ciberseguridad. Las empresas vascas, además se ven obligadas a blindarse aún más ya que los ataques de hackers se van perfeccionando y han pasado en los últimos meses de limitarse al cifrado de información (normalmente datos confidenciales de sus clientes que obligaba a la empresa a tratar de descifrarla de nuevo para recuperarla) a robarla, descifrarla y publicarla en la ‘dark web’ (zonas oscuras de la web), exigiendo dinero como extorsión para evitar el filtrado público.

El centro de ciberseguridad de Gipuzkoa, Ziur, es uno de los pilares para formar y asesorar a las empresas ante la creciente problemática de los ciberataques. Lo explica su director, Koldo Peciña. "El número de ciberataques está estable, no es que haya un pico, sino que es un tema constante y mantenido. Donde más se está atacando es en el sector industrial, sobre todo manufacturing, por una sencilla razón, que es el sector con menos madurez en materia de ciberseguridad... Ziur nació en 2018 para mejorar esos procesos de ciberseguridad porque se vio que el sector industrial tenía poca madurez y siendo Gipuzkoa un territorio industrial vimos que debíamos proteger a nuestra industria para que sea competitiva. No se le daba al problema la debida importancia y llegamos más tarde que otros. En el año 2000, la banca, con los servicios de banca electrónica, ya se conectó a la red y era el foco de los ataques. Ahora, la industria tiene sus plantas ya conectadas a internet y procesos de transformación digital también conectados y ya son objetivo de ataques, pero llevan diez años de retraso respecto a otros sectores...Las empresas deben empezar a identificar cuáles son los procesos críticos de su organización y sobre ellos implementar las medidas especificas ciberseguridad. Si tu proceso crítico es la producción, pues debes garantizar las medidas de cibereguridad para que se siga produciendo. Luego probar que las copias de seguridad se hacen bien y puedes recuperar la información y seguir funcionando. Mantener actualizados los sistemas con parches de seguridad que no sean vulnerables. También impedir que los usuarios se descargan softwares o aplicaciones o programas de fuentes no autorizadas por la empresa. Y tener antivirus actualizados. Con estas cinco recomendaciones te proteges bastante bien ante ataques de ‘ransomware’. Pero para esto hace falta inversión, tiempo y análisis de procesos críticos. Las empresas se tienen que dar cuenta de que tienen que invertir..."

Se puede decir más alto, pero no más claro. “El proyecto del mal llamado Estatuto del Becario constituye una seria amenaza para el modelo de prácticas de la Universidad del País Vasco”, según Fernando Tapia, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la UPV/EHU. La universidad pública vasca se une así al coro de voces que le han declarado la guerra al Estatuto del Becario que la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pactado con el único concurso de los sindicatos (CCOO y UGT) tras más de un año y medio de negociaciones y que pretende aprobar antes de las elecciones generales del próximo 23 de julio. La norma que aspiraba a paliar la precariedad de los estudiantes en practicas ha chocado no sólo con los intereses de la patronal (CEOE) sino también con los estudiantes, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), los Consejos Sociales de las universidades públicas, las empresas de formación y las organizaciones de enseñanza privada. En casa, la UPV/EHU asegura a este periódico que la regulación planteada en los términos acordados por Díaz actuará como “desincentivo” para que las empresas sigan ofreciendo prácticas, lo cual perjudicaría la formación práctica de los cerca de 13.000 estudiantes que cada año acuden a empresas y entidades públicas como becarios. Y más grave aún, entre 8.000 y 9.000 universitarios que cada año realizan prácticas curriculares correrían el riesgo de no poder graduarse.

Entrevista con Fernando Tapia, vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad del País Vasco. "Las prácticas académicas que realizan los estudiantes universitarios tienen un carácter formativo y, por tanto, no tienen valores económicos desde el punto de vista del proceso productivo de una empresa o una entidad. En ese sentido, no nos parece adecuado que esta nueva normativa se negocie en la mesa de diálogo social. Creemos que los sindicatos y la patronales no son quienes tienen que pactar el régimen jurídico del Estatuto...El Estatuto delimita lo que son prácticas académicas y lo que no son, lo cual nos parece positivo. Me parece que esa voluntad de establecer las fronteras entre lo que son las prácticas académicas y lo que es un contrato de trabajo es bueno. Pero lo que hace el Estatuto es limitar el número de prácticas extracurriculares que pueden hacer los estudiantes. Además, en su articulado recoge la obligación –que ya está establecida en la Ley General de Seguridad Social mediante una reforma que entrará en vigor el 1 de octubre– de dar de alta al alumnado becario y a cotizar por las prácticas. Esta obligación complica la implementación de esta medida porque está actuando como desincentivo para las empresas a la hora de cerrar convenios de prácticas con las universidades...Ya estamos recibiendo muchísimas comunicaciones de empresas y otras entidades que nos dicen que si tienen que asumir la obligación de dar de alta en la S.S. y de pagar por la cotización de los estudiantes que no van ofertar prácticas. En consecuencia, uno de los efectos inmediatos es que se va a disminuir, yo diría que de forma dramática, el número de empresas y entidades públicas dispuestas a coger estudiantes en prácticas. Y a esto se une una medida inédita en nuestro ordenamiento jurídico, la compensación obligatoria por los gastos en que pueda incurrir el estudiante en prácticas, lo cual es más desincentivador si cabe...Sería una reducción drástica, sobre todo entre las entidades públicas, y no tenemos que olvidarnos que cerca del 60% de las prácticas de nuestros estudiantes se hacen en administraciones públicas que no tienen consignadas en sus presupuestos cantidades para hacer frente a este tipo de gastos. Entonces, todo esto pone en serio peligro la continuidad de la oferta de prácticas de la UPV/EHU tal y como la conocemos hasta ahora...Aquí no aparece por ningún lado el supuesto habilitante de extraordinaria urgencia y necesidad, por lo que si se aprobara por la vía del decreto ley estaríamos ante un ante un fraude de ley clarísimo". 

Pese a la encrucijada en la que se encuentra el futuro del automóvil, con el desafío de la electrificación y las motorizaciones alternativas, las nuevas tecnologías prosiguen su expansión. También en Vitoria, donde año a año aumentan este tipo de coches, gran parte híbridos pero a su vez cada vez más eléctricos. Entre ambos suman ya 4.812 unidades en la ciudad, lo que supone el triple que hace cuatro años, cuando se contabilizaban 1.600. Una potente subida del 200% en ese periodo que se mantiene en escalada aunque de forma más atenuada. El crecimiento este año ha sido de un 10% con respecto al ejercicio pasado, cuando el dato era de 4.352 unidades. Son los números que refleja el censo municipal de vehículos, el registro que sirve de base a la Hacienda local para cobrar el impuesto del que ya se han girado los recibos correspondientes a cerca de 143.000 vehículos. Dentro de las comparativas, es el capítulo de los coches denominados de ‘cero emisiones’ (en el que se incluyen los eléctricos) donde se observa una mayor progresión. Este segmento ha crecido un 35,1% en el último curso en Vitoria. La cifra ha escalado desde las 575 unidades registradas en 2022 a 777 en el ejercicio actual. En cuanto a los automóviles incluidos en la categoría ‘eco’ –que engloba a híbridos enchufables, híbridos no enchufables y los propulsados por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP)–, el número asciende a un total de 4.035, lo que supone cerca de un 7% más que en 2022. Pese a ello, esos más de 4.800 híbridos y eléctricos suponen sólo un 3,2% del parque móvil local de 147.086 unidades recogido en los registros de Hacienda.

" Son muchos y grandes economistas los que han destacado la importancia de la productividad, pero hoy solo recordaremos las palabras del Premio Nobel Paul Krugman, que dice así: «La productividad no lo es todo, pero a la larga lo es casi todo»...En España se trabajan 1.800 horas anuales frente a las 1.350 horas de Alemania. Lo lógico sería que en España generáramos una mayor renta ‘per cápita’. Pero no es así. Resulta que nuestra renta ‘per cápita’ anual es de 27.870 euros, mientras que la alemana asciende a 46.180. ¿A qué se debe tan sorprendente contradicción? Simple y llanamente a que nuestra productividad es notablemente inferior a la alemana. De lo que se deduce que las administraciones públicas y las instituciones privadas deberían poner toda la carne en el asador para indagar los resortes que promuevan esta variable económica milagrosa. No vamos a repetir aquí la larga serie de factores que contribuyen a la productividad de una economía, a cuya cabeza se sitúan, como es archisabido, la formación, el conocimiento y las habilidades de los asalariados. Ahora al grano. Traemos aquí este tema para repasar el estado de una recomendación formulada en septiembre de 2016 por la Comisión Europea para la creación de los llamados Consejos Nacionales de Productividad (CNP)... España, el de mayor pérdida de productividad desde 2013 en la zona euro, no figura en la lista de quienes han seguido las recomendaciones de Bruselas. No tenemos Consejo Nacional de Productividad. Junto a Italia y Estonia somos los alumnos torpes de la clase. Esta negligencia arroja como conclusión una carencia notable de perspicacia y determinación política para afrontar uno de los retos más apremiantes de nuestra economía. Al negarse a secundar las medidas recomendadas por el Consejo europeo, España corre el riesgo de desperdiciar valiosas oportunidades de crecimiento económico, malgastar su potencial y cronificar su lánguida competitividad..."

UGT pedirá esta semana una reunión con el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz para revisar cómo ha funcionado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que se aprobó en enero hasta los 1.080 euros y ver si, a la vista de cómo se ha comportado la inflación general y la de algunos componentes en particular (como los alimentos), es necesario revisarlo al alza. Los sindicatos y el Gobierno se comprometieron en enero, cuando aprobaron el incremento para este año, a reunirse en el mes de junio para hacer esta evaluación, pero hasta ahora nadie había movido ficha para agendar la cita. Fuentes de CCOO explican a EL MUNDO que no tiene previsto pedir esa reunión «porque de momento la subida del 8% parece suficiente para este año y porque, habiendo elecciones previstas para dentro de un mes, no parece muy realista» esa posibilidad. Sin embargo, en el sindicato de Pepe Álvarez sostienen que «los compromisos acordados con el Gobierno no se pueden paralizar por la convocatoria electoral» y que, dado que habían quedado en reunirse en junio para valorar el comportamiento del SMI, esa reunión tiene que producirse.

Los empresarios y economistas consideran prioritario que durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea el Pacto de Estabilidad establezca la obligación de reducir la ratio de deuda en los próximos cuatro años y que el gasto neto se mantenga por debajo del crecimiento económico. Esta es una de las principales conclusiones del informe de coyuntura económica de PwC, publicado ayer. En esta edición, para la que se entrevistó a más de 450 personas entre directivos, asociaciones empresariales y centros de investigación económica, el consenso pide que cualquier país que se desvíe del plan acordado sea sometido en automático al procedimiento de déficit excesivo (PDE) y sea sancionado. No obstante, menos de la mitad están de acuerdo en que se mantenga el límite del déficit en el 3% del PIB y la ratio de deuda en el 60%. Además, creen que es necesario que se negocie con cada Gobierno el calendario de recortes. Entre los retos económicos de la presidencia española de la UE, que comienza en julio, también resalta la inversión en infraestructura digital, que se encuentra por encima del gasto en defensa y del llamado Pacto Verde, abocado a que el bloque sea climáticamente neutral en 2050. En tercer lugar, creen que España debe evaluar si los fondos Next Generation se han usado de manera adecuada y que reactive las relaciones de la región con América Latina para que finalmente se ratifique el acuerdo con Mercosur, que lleva más de 20 años negociándose.

Los banqueros centrales han redoblado los tambores en su batalla contra la inflación, tanto de obra como de palabra, y elevado el riesgo de una recesión económica con todas las de la ley en las grandes economías occidentales. Reino Unido, Suiza y Noruega anunciaron nuevas subidas de los tipos de interés el pasado jueves; la Eurozona hizo lo propio la semana anterior y Estados Unidos, aunque optó por una pausa el día anterior, corrió raudo y veloz a aclarar que venían al menos dos incrementos más. “Queda mucho camino para bajar la inflación al objetivo del 2%”, advirtió el presidente de la Reserva Federal (Fed) estadounidense, Jerome Powell, esta semana en el Congreso. “La inflación sigue muy alta y tenemos que lidiar con ello”, apuntó, por su parte, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey. Acababa de sorprender al mercado con un repunte de los tipos de medio punto, hasta el 5%, cuando se esperaba un cuartillo. “Se prevé que la inflación siga siendo demasiado alta durante demasiado tiempo”, sentenció, por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Cuando los precios se desbocan —y Europa ha vivido la peor escalada en 40 años— el recetario habitual dicta elevar el precio del dinero para encarecer los créditos a empresas y hogares, enfriar la demanda y, por ende, embridar la inflación hasta la citada meta del 2%. Hoy la inflación de la zona euro se sitúa en el 6,1%. Cuánto más subir los tipos, y cómo de rápido, para devolver esa tasa al redil es la discusión que halcones (los más rigoristas con los objetivos de inflación) y palomas (los más heterodoxos) tendrán desde este lunes en Sintra, una deliciosa villa de la posta de Portugal, donde el BCE organiza un foro anual para que los grandes patrones de la política monetaria occidental debatan sobre el camino a seguir.

Entrevista con Timothy Besley Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento de Economía. El académico británico analiza la relación entre la política y la economía, y sostiene que hay que cambiar la sociedad antes que la regulación. Ha sido asesor del Banco de Inglaterra y, además de profesor de Economía y Ciencia Política de la London School of Economics, es uno de los nueve miembros de la Comisión Nacional de Infraestructuras de Reino Unido. Lo que dice tiene repercusión y deja claro que no quiere empeorar las cosas. "Como el resto del mundo hemos sufrido las consecuencias de la pandemia, que se han sumado a otros problemas estructurales y al Brexit para crear la situación actual. Es evidente que hay un problema de falta de mano de obra, pero otros países también lo tienen, incluidos Estados Unidos y la Unión Europea. Es difícil encontrar algo positivo en el Brexit y está claro que hay un coste comercial relevante. Pero tenemos que aceptar el resultado del referéndum y trabajar con este nuevo escenario. A largo plazo el reto es invertir más en educación, vivienda, infraestructuras y en negocios privados. Si invertimos tendremos un buen futuro económico...El Banco Central Europeo ha sido demasiado lento en elevar los tipos de interés. La misma crítica se le puede hacer al Banco de Inglaterra, y quizá en grado más leve a la Fed estadounidense. Pero es muy difícil determinar ahora si esas decisiones son correctas o no, y por eso no me gusta ser taxativo. Habrá que analizar los efectos en unos años... En Reino Unido el gran salto en la desigualdad se dio entre finales de los 80 y principios de los 90. Desde entonces, la desigualdad se ha mantenido estable o ha bajado, sobre todo porque se han tomado medidas para beneficiar a las rentas más bajas. La solución está en crear más oportunidades para quienes menos tienen, sobre todo a través de la educación..."

Iberdrola, el primer grupo energético español, sigue sumando aliados que le ayuden a desarrollar sus ambiciosos planes de renovables. La compañía ultima un acuerdo con Crédit Agricole para incorporarle como socio en el desarrollo de proyectos eólicos marinos (off shore) en Francia. Según explican fuentes financieras, Iberdrola y Crédit Agricole, a través de su división Assurances, irán de la mano a los concursos que está previsto que el Gobierno francés celebre en breve para conceder cientos de megavatios de eólica marina. La alianza con Crédit se suma a la lista de acuerdos que Iberdrola está desarrollando en tiempo récord para incorporar socios financieros estables a sus proyectos que le aporten músculo económico para desarrollarlos. Este esquema es conocido en el argot financiero como stewardship, que literalmente significa llevar las riendas de la administración de una empresa. ¿En qué consiste? Iberdrola empaqueta una serie de activos y traspasa hasta un 49% a un socio (normalmente un fondo o entidad financiera). La compañía pone así en valor su cartera de activos y logra músculo financiero para desarrollar esos proyectos, sin perder la gestión. Además de Mapfre, para una cartera de renovables en España, Iberdrola también ha sellado acuerdos recientemente con Norges, para otra cartera de activos en España, y con Energy Infrastructure Partners (EIP) para el parque eólico marino Wikinger en el Mar Báltico. También está buscando aliados para negocios en EEUU y más eólicas marinas de Alemania. 

Declaraciones de Francisco Riberas, presidente de Gestamp. El fabricante de componentes para vehículos atraviesa un ciclo positivo. Después de cerrar 2022 con un beneficio neto de 260 millones (+68%) y una facturación de más de 10.700 millones (+32%), la compañía acaba de presentar en su Capital Markets Day sus objetivos de rentabilidad y de negocio, que contemplan dos focos principales de crecimiento: China y el vehículo eléctrico. “El único challenge fuerte que tenemos en el vehículo eléctrico es crecer en China”. En concreto, Riberas señala que EEUU y México son dos pilares de su estrategia y subraya que los fondos desplegados en EEUU para el vehículo eléctrico “van a suponer una revolución”. “Vemos una oportunidad en el mercado, con un camino de crecimiento alto”, subraya el directivo, que recuerda que estos recursos habilitados presentan una oportunidad para los proveedores europeos y chinos, que son especialistas en vehículo eléctrico, mientras que las empresas norteamericanas han hecho “todavía poco” en este terreno. El vehículo eléctrico será la segunda pata que impulse el avance del negocio de la compañía en el futuro, puesto que pasará a representar el 50% de sus ingresos en 2027. Esta mayor presencia estará vinculada con la mayor demanda de este tipo de modelos, que coparán el 40% de la producción para ese año. "En este momento no toca seguir insistiendo en la Euro 7 después de establecer los objetivos para 2035”. "El volumen de empleo directo caerá con el vehículo eléctrico, pero subirá el indirecto y de calidad”. "España tiene capacidad para cuatro gigafactorías de baterías si recupera sus niveles de producción de vehículos”. 

El plan de rescate para hipotecados en apuros ha quedado lejos de las expectativas en sus primeros seis meses de vida. El protocolo, acordado entre Gobierno y banca a finales del año pasado para ayudar a aquellos clientes con dificultades para pagar su cuota debido al aumento derivado de las continuas subidas de los tipos de interés, apenas ha sumado 12.000 operaciones entre las grandes entidades, sin contar con BBVA, único banco que no aporta datos. La cifra supone un 1,2% del máximo de beneficiarios potenciales que apuntó el Ejecutivo en un primer momento, un millón de familias. Éstas pueden optar a unas ayudas consistentes en la congelación de las cuotas, la extensión del plazo de vencimiento y otras soluciones de reestructuración. Los datos, asimismo, reflejan solo las solicitudes recibidas por los bancos. Una vez que un cliente realiza la petición para adherirse al programa, el banco debe comprobar que cumple con todos los requisitos. Y según detallan las fuentes financieras consultadas, el nivel de aprobación está siendo bajo porque, en líneas generales, los solicitantes no cumplen con todos los criterios o no entregan toda la documentación necesaria, por lo que el número final de beneficiarios reales es todavía inferior a esas 12.000 operaciones. Para explicar esta baja afluencia, las entidades apuntan a dos efectos. Por un lado, recuerdan que las cuotas hipotecarias todavía no recogen completamente las alzas de tipos de interés. Por otro lado, los bancos explican que el número final de clientes que entren en el código dependerá, en gran medida, de las condiciones macroeconómicas, que son mejores respecto a las previsiones iniciales. El acuerdo establece unos requisitos muy claros que los clientes deben cumplir para optar a las ayudas y que tienen que ver con el nivel de ingresos, el aumento experimentado en la cuota hipotecaria y el porcentaje sobre el total de ingresos que represente el pago de la hipoteca.

Los 3.000 inspectores, subinspectores de Trabajo y de la Seguridad Social, y personal administrativo de apoyo empiezan hoy la primera huelga indefinida de su historia. La razón es el incumplimiento del Gobierno del Plan Estratégico del departamento, que el Consejo de Ministros aprobó el 16 de noviembre de 2021, después de haberlo pactado con los sindicatos en julio de ese mismo año. El proyecto plantea una renovación de la estructura de la Inspección en toda España, con la contratación de nuevos inspectores, para lo que ya había un presupuesto de 225 millones de euros. Además, el plan prevé reforzar la intervención de la Inspección en los despidos colectivos, en las suspensiones de contratos y en las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, así como ampliar sus competencias para intervenir cuando haya inaplicaciones de convenios colectivos. Hay que recordar que uno de los muchos motivos de enfrentamiento entre la patronal CEOE y el Gobierno en esta legislatura fue la decisión de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de dar mayor presencia a la Inspección en los despidos colectivos. Según la Ley de Empleo, y con una enmienda pactada con EHBildu, los funcionarios tienen la obligación de elaborar un informe sobre la certeza de las condiciones esgrimidas por el empresario para justificar el despido. Bien es verdad que, en su caso, no es vinculante para el juez.

El conservador Kyriakos Mitsotakis, primer ministro de Grecia durante los últimos cuatro años y líder del partido Nueva Democracia (ND), obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones generales celebradas ayer en el país. Con el escrutinio completado en un 98%, Mitsotakis lograba el 40,56% de los votos y 158 diputados, consiguiendo así controlar otra vez el Parlamento heleno para volver a comandar un Ejecutivo en solitario. Está previsto que hoy a la una de la tarde jure el cargo. Después de quedarse a las puertas de la mayoría absoluta en los pasados comicios, celebrados hace cinco semanas y que no permitieron el nacimiento de un nuevo Gabinete, Mitsotakis se ha visto en esta ocasión favorecido por la aplicación de una ley electoral diferente, que premiaba con hasta 50 diputados a la lista más votada para facilitar la gobernabilidad del país. En el discurso con el que celebró anoche su victoria, el líder conservador anunció «grandes cambios» que permitan construir un país «más próspero». Y descartó que vaya a comportarse con «arrogancia» pese al amplio respaldo logrado, siguiendo así el deseo de los electores que han «rechazado las mentiras y la atmósfera tóxica que divide la sociedad». El gran derrotado de los comicios fue Alexis Tsipras, líder del partido izquierdista Syriza, con el que llevó las riendas de Grecia entre 2015 y 2019 y quien confirmó su mal momento al obtener únicamente un 17,83% de los votos. Más de dos puntos por debajo del 20% que había cosechado en las elecciones de mayo, su peor resultado en la última década, lo que pone en peligro su continuidad al frente de la principal fuerza política de la oposición en Grecia, muy debilitada al ser doblada en votos por Mitsotakis. 

Rusia decidió levantar las restricciones y el cabecilla de la revuelta, Yevgueni Prigozhin, sigue en paradero desconocido. Pese a la aparente calma, nada es ya igual. El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, incidió en que el motín muestra “grietas reales en la fachada rusa”. “Hace 16 meses, Putin estaba a las puertas de Kiev. Ahora defiende Moscú”. El temor ahora, advierten analistas y fuentes de la inteligencia, es que el Kremlin redoble sus ataques sobre Ucrania para tratar de demostrar su fuerza. En la mañana de ayer, las calles de Rostov del Don estaban casi vacías de tanques y uniformados. Los mercenarios enmascarados de Wagner, que se hicieron con el control de los edificios oficiales de la ciudad, se marcharon el sábado por la noche, algunos entre aplausos de la ciudadanía. También su líder, el empresario Yevgueni Prigozhin, impulsor de la rebelión que puso en jaque al aparato de seguridad de Rusia y lanzó el desafío más grande al Kremlin en décadas, salió de Rostov entre vítores, mientras la columna de blindados que había enviado de avanzadilla hacia Moscú se daba la vuelta para evitar lo que llamó “un derramamiento de sangre rusa”. Pese a esa marcha atrás, Estados Unidos abandonó ayer la cautela mantenida por los países occidentales durante la jornada de rebelión y alertó de “grietas reales” en el régimen ruso. Pero su salida, supuestamente para dirigirse a Bielorrusia, tras un acuerdo con el Kremlin y la mediación del líder bielorruso, Aleksandr Lukashenko, para poner fin a su intento de golpe militar, no evita que sobresalga el dibujo de una Rusia diferente a la de un día antes de la rebelión. El desafío del deslenguado Prigozhin, ahora en paradero desconocido, que había permanecido leal a Putin y solo a Putin, ha puesto seriamente en cuestión la imagen de hombre fuerte del presidente ruso. Y ha revelado las grietas de un Estado devorado por luchas internas, agotado por la guerra en Ucrania, enfadado con las élites, acosado por la inflación, con la economía casi paralizada por las sanciones occidentales y el éxodo del capital extranjero.