20230715

Added Value Solutions (AVS), una ingeniería elgoibartarra que camina con paso firme en áreas tan complejas como el sector aeroespacial (sus soluciones están hoy día en el planeta Marte), los equipos de fusión o los aceleradores de partículas, afronta un cambio importante en su historia y abre su capital, por vez primera en sus 17 años de vida, para incorporar a un socio. No se trata de un compañero de viaje cualquiera, sino del también vasco Talde, pionero en España en el sector del capital privado y que ha suscrito una ampliación de capital de la firma pilotada por Miguel Ángel Carrera, en la que entra como apoyo financiero en una posición accionarial de minoría. La aportación de Talde servirá íntegramente para financiar el crecimiento de la ingeniería, que tiene en el segmento aeroespacial una de sus palancas de crecimiento más importantes. Talde ha participado en más de 160 operaciones de este tipo a lo largo de su historia. En la actualidad, el grupo gestiona más de 370 millones de euros, dirigidos tanto a capital privado como a deuda privada, más otros 150 millones de euros en fase de captación para las nuevas estrategias de deuda privada e inmobiliario. Su base de inversores incluye actores institucionales (fondos de pensiones, EPSV, compañías de seguros, fondos de fondos) e importantes grupos empresariales familiares vascos.

La compañía alavesa Tubos Reunidos comunicó ayer la decisión de su presidente, Francisco Irazusta, de abandonar el cargo tras haber aceptado la oferta de una compañía extranjera cuyo nombre no se ha desvelado. La comunicación realizada por la empresa a la CNMV da a entender que la decisión se ha consumado por sorpresa y anticipa que Irazusta dejará formalmente la firma a finales de agosto. El consejo de administración también ha anunciado que hasta que se produzca el nombramiento de un nuevo presidente, las funciones serán asumidas por el actual vicepresidente, Emilio Ybarra Aznar. «He recibido una propuesta de desarrollo personal y profesional de ámbito internacional fuera de España muy importante para mí y para mi familia. Hemos decidido emprender una nueva aventura y por tanto he tomado esta decisión», indicó el todavía presidente en el comunicado. Su remuneración en la empresa vasca alcanzó el pasado año la cifra de 696.000 euros, según los informes remitidos por la empresa a la CNMV. Irazusta, de 59 años, es donostiarra pero se formó como ingeniero en Estados Unidos, país en el que desarrolló puestos de dirección en varias compañías. También trabajó como directivo en Nueva Zelanda, antes de incorporarse a Tubos Reunidos. En realidad, hasta su llegada a la compañía siderúrgica alavesa, en abril de 2020, toda su trayectoria profesional se había desarrollado en multinacionales extranjeras. Tubos Reunidos ha tenido cuatro presidentes en tan solo seis años –va a por el quinto tras esta dimisión– y la empresa había comenzado a remontar una delicada situación que la había situado al mismo borde de la quiebra en 2021. Ver nota Tubos Reunidos. 

Viralgen y el Hospital Donostia serán los encargados de liderar en Europa un ensayo clínico en el que participarán entre seis y ocho niños del continente afectados por la SPG50, una enfermedad de las denominadas raras que afecta a muy pocas personas en todo el mundo. De carácter degenerativo, los niños que la padecen, tres en España y unos 80 en el mundo diagnosticados, de los que solo son tratables la mitad, van perdiendo movilidad, sus articulaciones se atrofian y puede llevarles a una silla de ruedas o a paralizar absolutamente su cuerpo a una edad muy temprana. Con el objetivo de encontrar un tratamiento que mejore la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad, Viralgen ha producido al completo en su sede de la capital guipuzcoana un producto que ya se está utilizando en un primer paso experimental en Texas, Estados Unidos, gran referencia en terapias génicas a nivel global. Y ahora el testigo pasa a Europa. Más concretamente a San Sebastián, donde este ensayo se llevará a cabo a partir del próximo año con Itxaso Marti, neuropediatra de Osakidetza, como cabeza más visible. Ella será la encargada de inyectar este gen en los niños afectados. «Todavía es un poco pronto para poder hablar con precisión de los resultados que ofrece este tratamiento, pero lo que sí sabemos es que los tratamientos hechos hasta el momento van por buen camino», asegura la médico. La terapia génica que desarrolla Viralgen introduce en estos pacientes, a través de un vector, un gen sano que sustituye al dañado y produce la proteína que renueva la función. No trata, pues, como la medicina tradicional de atajar síntomas, sino que va directamente a la causa. Así, sustituyendo el gen enfermo, busca una curación completa.

Construcciones y Auxiliar del Ferrocarriles (CAF) está en el radar del mercado. La compañía va sumando seguimiento por parte de analistas, y lo está haciendo de la mejor forma posible: el 100% de las recomendaciones son de compra y el precio objetivo llega a los 40,22 euros, un 32% más que su cotización actual. En 2023 mantiene un tono alcista en Bolsa, con un alza acumulada del 14%, que amortigua en parte el descenso del pasado ejercicio, del 27,5%. La compañía se vio penalizada por el incremento de los costes energéticos y de las materias primas, así como por la falta de semiconductores. El beneficio cayó un 39%. Sin embargo, en el primer trimestre de 2023 el negocio subió el 29% y el ebitda el 23%, mientras que las ganancias quedaron en tablas (21 millones). Desde GVC Gaesco señalan que “la atención está centrada en la capacidad de la empresa de recuperar márgenes ebitda superiores al 9,5% (9,8% en 2018) y en las potenciales operaciones de M&A [fusión y adquisición]. No descartamos una integración con Talgo, complementaria por productos, aunque de complicado encaje accionarial y laboral”. Por otro lado, la firma sitúa la filial Solaris, el área de autobuses y uno de los principales fabricantes europeos en este segmento, como “una palanca en la segunda parte del año”. GVC Gaesco recuerda que “CAF prevé una recuperación progresiva de la rentabilidad en 2023 con un crecimiento de las ventas de entre el 10% y el 15%. Además, tiene diseñado un plan estratégico para 2026 donde prevé pasar de un margen ebit (sin ajustes) del 5,6% en 2021 al 6,3% en 2023, donde incorpora una inversión de 550 millones en crecimiento inorgánico que aportaría unos 400 millones de ventas, y que la ratio deuda neta/ebitda se sitúe en 1,2 veces o 2,2 veces en el caso de que haya operaciones corporativas”. “El pipeline es bueno tanto para trenes como para autobuses”, subraya. La cartera de CAF ha llegado a máximos, por encima de los 13.200 millones. 

El Ayuntamiento de Vitoria pidió ayer la declaración de «zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil». Es lo que de forma común se conocía antes como zona catastrófica tras sufrir un fenómeno meteorológico de una adversidad extrema, como lo fue la histórica granizada del pasado 6 de julio. Así lo anunció la alcaldesa, Maider Etxebarria, tras constatar que los daños provocados por el pedrisco son millonarios. Sólo en más de un centenar de edificios e instalaciones municipales, la factura roza ya los 1,8 millones de euros. La regidora es consciente de la dificultad de que el Consejo de Ministros dé luz verde a la declaración. Sin embargo, se trata de la única vía que existe para optar a ayudas económicas que ayuden a paliar las graves consecuencias de la granizada, que abolló miles de vehículos, destrozó miradores y claraboyas e inundó locales y garajes. «Somos prudentes y realistas, pero sin olvidar que miles de familias se han visto perjudicadas por la tormenta», explicó Etxebarria. A favor de la capital alavesa juega que no fue el único municipio afectado por un episodio similar en aquella fecha. 

Más de 20.000 estudiantes aspiran a ingresar en la Universidad pública, que oferta 8.694 plazas. Los grados relacionados con la salud y los impartidos en inglés son los más demandados. La institución académica reveló ayer que un total de 20.400 estudiantes han formalizado su preinscripción para cursar estudios de grado en el centro. Se trata de una cifra récord, que supera en 1.400 a los que lo hicieron el año pasado. Los 20.400 preinscritos pujarán por 8.694 plazas, una oferta ligeramente superior a la del curso académico que acaba de finalizar. Entre las titulaciones más destacadas están Medicina, Odontología, Enfermería y los estudios que se imparten en inglés: el doble grado en Business and Economics y Biomedical Engineering, que comenzará a impartirse a partir del próximo curso. Por áreas de conocimiento, las carreras relacionadas con ciencias de la salud destacan sobre el resto, ya que han sido elegidas como primera opción por el 37,3% de los preinscritos. El 29,8% corresponde a estudios relacionados con ciencias jurídicas y el 18,5% a ingeniería y arquitectura. Desde la institución universitaria destacan que el interés por este último área ha registrado una subida de dos puntos respecto al año pasado. El desplome de la natalidad que sufre Euskadi todavía no se siente en las enseñanzas superiores, que continúan atrayendo a los jóvenes. «La oferta de estudios de grado ha tenido una vez más una alta demanda, lo que refleja el alto grado de confianza que la sociedad vasca tiene en su universidad pública», destacó la rectora, Eva Pereira.

Mutualia ofrece actualmente cobertura a más de 420.000 personas de Euskadi, «cerca del 45% de la población trabajadora», según recoge la propia compañía. Así lo manifestó ayer la cúpula directiva en una Junta General Ordinaria en la que se aprobaron unos resultados de 16,5 millones de euros en 2022. Sumados a la aplicación de reservas obligatorias para ajustarse a los nuevos porcentajes establecidos por la normativa, acumulan un total de 47 millones de euros. De ellos, 8,2 se destinan íntegramente a reservas y 38,8 millones se ingresan en los Fondos de la Seguridad Social En su balance del año, Mutualia destacó las más de 350.000 asistencias sanitarias, abonando más de 322 millones en prestaciones económicas. Además pusieron en valor una satisfacción entre los beneficiarios que roza el 95%. El año pasado creció de forma notable el número de prestaciones por contingencias comunes, debido a la recuperación en la actividad económica y el empleo. En una Junta General Extraordinaria celebrada también ayer, el presidente de Mutualia, Urtsa Errazti, agradeció el esfuerzo desarrollado por la junta directiva para establecer un sistema avanzado de gobernanza. Tal y como planteó, se trata de un sistema coherente con el propósito de la mutua, a la hora de garantizar el derecho a la salud, seguridad y bienestar en colaboración con la Seguridad Social. El director gerente de la firma, por su parte, apuntó que el incremento del número de días de baja por trabajador «merece una reflexión serena pero urgente de todos los agentes implicados», y destacó que ya se están dando pasos para solucionar el problema. Además, se reconoció con esperanzas de cara a los resultados a medio plazo.

La subida del euríbor y, en consecuencia, las condiciones cada vez más estrictas que las entidades financieras ofertan para firmar una hipoteca volvieron a repercutir en mayo en la compraventa de viviendas en Euskadi. Por cuarto mes consecutivo, las operaciones registraron una bajada anual en la comunidad, que en esta ocasión supuso una reducción del 18,5%. El dato ofrecido ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) marca el cuarto mayor descenso en el conjunto de España tras el de La Rioja (-37%), Madrid (-20,5%) y Canarias (-19,2%). En total se contabilizaron 1.875 operaciones en suelo vasco, lo que supone un total de 108 por cada 100.000 habitantes. El dato apenas representa un 3,3% de las 56.137 compraventas realizadas a nivel nacional, con el grueso de las viviendas en Andalucía (11.376), Comunidad Valenciana (9.453) y Madrid (6.478). En este sentido, el descenso registrado en España fue tan sólo de poco más de un tercio del vivido en Euskadi, al contabilizar una bajada del 6,4%. Con todo, el dato de mayo supone un llamativo incremento del 39% respecto a las compraventas de viviendas realizadas el mes anterior de abril –entonces se materializaron la cantidad más baja desde 2019, con 1.348 ventas de vivienda–, la cifra actual se compara con el mayo del pasado año cuando, se registró la mayor cantidad de transferencias en el País Vasco desde 2007: 2.302 viviendas. 

Después de tres meses de caídas, la compraventa de viviendas vuelve a recuperarse en Gipuzkoa en mayo y abre un rayo de esperanza en un mercado en el que se estaba dejando notar la subida de tipos y en consecuencia del euríbor, lo que retrae a los consumidores a la hora de afrontar el pago de unas hipotecas que se han encarecido sobremanera. Pero los datos ofrecidos ayer por el INE suponen un respiro y es que en el territorio cambiaron de manos en el pasado mes de mayo un total de 627 viviendas frente a las 439 del mes de abril. Un empujón significativo que supone una subida del 42,82%. El mercado inmobiliario guipuzcoano muestra además un dinamismo mayor que en Euskadi, donde se se incrementan las ventas un 39%, y también que en el conjunto del Estado, donde suben un 29,61% en parámetros intermensuales. En este aumento registrado en nuestro territorio destaca el que registra en números absolutos el mercado de la vivienda usada, que es el más importante por su peso y el termómetro del mercado inmobiliario. De hecho, se han pasado de las 410 viviendas usadas vendidas en abril a las 543. Por su parte, la nueva crece más porcentualmente, pero en cifras absolutas lo hace en menor medida, ya que su peso es menor. De hecho, se vendieron en mayo 84 frente a las 29 de un mes antes. Las promociones de viviendas nuevas suelen ser las que tienen una mayor oscilación en el mercado inmobiliario. 

El Impuesto Especial sobre los Envases de Plástico No Reutilizables, más conocido como el tributo al plástico, aprobado el año pasado en el Estado y concertado con las Haciendas forales, ofrece ya sus primeros resultados en términos de recaudación en Euskadi. Ayer, la Diputación Foral de Gipuzkoa dio a conocer el balance del primer semestre del año, en el que aparecía por primera vez esta figura, que toma razón de ser en la lucha contra el cambio climático y la contaminación, y reportó a las arcas forales 2.2287.000 euros netos. Básicamente, este impuesto obliga a los fabricantes o importadores de este material a pagar 45 céntimos por kilogramo de plástico no reciclable. En cualquier caso, una aportación a las arcas para un mes de junio en el que el dato de recaudación, como sucediera en los meses anteriores, fue bueno y, gracias a la fortaleza del empleo en el territorio y a que el consumo parece no ceder a pesar de la inflación y los tipos altos, la recaudación líquida global mejoró un 6,2% interanual hasta los 1.748 millones de euros. El nuevo impuesto al plástico se concibe, tal y como señala la norma foral que le da amparo, «como un instrumento económico para proteger el medio ambiente, al incentivar comportamientos respetuosos con el entorno natural, corregir externalidades ambientales y prevenir la generación de residuos haciendo efectivo el principio de que el mejor residuo es el que no se genera». Se trata de un tributo de naturaleza indirecta que recae sobre la utilización de envases que, conteniendo plástico, no son reutilizables. Tiene la consideración de envase (añade la norma foral) «todo producto destinado a prestar la función de contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, como pueden ser los vasos de plástico o los rollos de plástico para embalar y evitar roturas en el transporte de productos».

España volvió a anotar un récord en el número de trabajadores y un mínimo en 15 años en el de desempleados. Esta evolución positiva viene acompañada de algunos cambios en la estructura productiva, de sectores que ganan más trabajadores que otros, e incluso de algunos que pierden efectivos pese a la ganancia general del sistema. Una comparación respecto a junio de 2019, el último año sin sobresaltos antes de la crisis sanitaria, refleja un aumento importante en las plantillas educativas, sanitarias y de la Administración pública, pero también de sectores como la programación, la consultoría y otras actividades relacionadas con la informática, con salarios muy por encima de la media. Estas actividades, junto a otras con retribuciones altas, son las que más crecen en términos relativos. En el otro lado de la balanza destacan las actividades relacionadas con la intermediación laboral, las entidades financieras y las fábricas de vehículos, que juntas se han dejado 46.000 empleos por el camino. En número de trabajadores la actividad económica que más crece respecto a junio de 2019 es la educación, que pasa de 1.016.247 trabajadores a 1.172.128. Esta cifra engloba a los profesores de la pública y de la privada, al igual que la estadística de profesionales sanitarios, la segunda que más aumenta: en cuatro años pasa de 1.113.376 a 1.261.907. En ambos sectores son mayoritarios los trabajadores públicos: según los datos del Ministerio de Educación el 72% de los profesores de educación reglada no universitaria son empleados públicos; y según los datos de la Fundación IDIS, la sanidad privada emplea a 269.515 profesionales, así que son minoría respecto a los trabajadores públicos. El tercer apartado de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) que más crece es el catalogado como “Administración pública y defensa; Seguridad Social obligatoria”. Ha aumentado en 128.120 trabajadores, hasta llegar a los 1.239.947. En los últimos años el Gobierno ha lanzado ofertas récord de empleo público, lo que impulsa estos incrementos. 

Una norma publicada el martes en el BOE permite a empresarios afectados por crisis inesperadas, como la pandemia o la guerra en Ucrania paralizar su actividad y acogerse a un régimen especial de ayudas (los nuevos ERTE). Pero la regulación de esta herramienta legal no vino sola. Escondido en sus disposiciones finales, el Real Decreto 608/2023 recoge un cambio mayúsculo en las reglas del despido colectivo y de enorme repercusión para los empresarios: a partir de ahora, las empresas tendrán que avisar con seis meses de antelación a la autoridad laboral y a los sindicatos si planean cerrar definitivamente uno o varios centros de trabajo y ello supone el despido de 50 trabajadores o más. En concreto, la novedad viene recogida en una disposición que modifica el Real Decreto 1483/2012, el reglamento en vigor que regula los despidos colectivos y la suspensión de contratos. Así, el precepto en cuestión reza que, cuando una mercantil prevea el cierre de uno o varios locales, y este afecte a 50 o más trabajadores, el empresario tendrá que notificarlo a la Dirección General de Trabajo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, con seis meses de antelación a la fecha de arranque del diálogo con los actores sociales. Además, la compañía tendrá que remitir copia de dicha notificación a los sindicatos. La norma recoge una excepción: si el cierre es precipitado e imprevisto, la empresa podrá incumplir el plazo e informar del despido colectivo tan pronto como le fuese posible, sin embargo, en ese caso tendrá que aportar una razón de peso que justifique por qué no avisó antes. Como valora Eloy Castañer, socio del Departamento Laboral de Garrigues, este nuevo periodo tiene “una relevancia extraordinaria”, pues “cambia por completo el procedimiento y la estrategia de comunicación y de negociación de los despidos colectivos, en la medida en que obliga a avisar a las autoridades laborales y a los sindicatos del eventual cierre antes de hacerlo a los propios trabajadores afectados”. Pero el texto no aclara cuál es su fin. “La norma se limita a exigir dicha notificación previa pero no contempla la finalidad de esta ni arbitra ningún procedimiento o actuación a desarrollar durante tal período, dejando en manos de la Administración y de las organizaciones sindicales las acciones a desarrollar durante tan largo espacio temporal”, valora el abogado. Y alerta: dicho lapso puede ser perjudicial para las empresas que atraviesan dificultades económicas y tienen interés en cerrar un centro cuanto antes.

Entrevista con Nacho Álvarez (Madrid, 1977), secretario de Economía de Podemos y portavoz económico de Sumar. "-¿Cómo crear la «herencia universal» que propone Sumar?- Es una propuesta que tiene dos patas. El pago de 20.000 euros y, en segundo lugar y de forma paralela, un impuesto a las grandes fortunas que ayude a financiarlo. Por lo tanto tiene dos objetivos: la redistribución de la riqueza y al mismo tiempo el construir un trampolín que promueva la libertad e igualdad de oportunidades entre los jóvenes. Es algo menos de 10.000 millones y es una medida perfectamente financiable. El incremento de las pensiones en el último año supuso 13.000 millones para este Gobierno y, por lo tanto, ésta perfectamente se puede financiar...Hemos terminado con una anomalía, la temporalidad, pero hay que ir más allá en dos cuestiones: terminar con el paro estructural y asimilarnos a Europa: y salir una hora antes del trabajo para poder conciliar mejor...En el programa lo que llevamos es que el primer año, por ley, se garantice que todos tengan la misma jornada que ya desde hace décadas en nuestro país tienen los empleados públicos: 37 horas y media. Y a partir de ahí, en el diálogo social, llegar al final de la próxima legislatura a 32...Lo que hay que abrir es un debate sobre la evolución de los márgenes empresariales. Seguramente esto evitaría alguna de las asperezas que hemos visto con un fuerte incremento de los márgenes que generaba efectos de segunda ronda en la inflación. En España hay sectores particularmente oligopolizados...Proponemos una autoridad de competencia más reforzada y trocear cuando sea necesario a los grandes grupos empresariales y bancarios de España, como por ejemplo la política antimonopolio en EEUU..."

Mariscadores y pescadores batallan prácticamente en solitario contra los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), aprobados por el Gobierno, que identifican 5.000 kilómetros de costa para poder instalar molinos de viento. Y se quejan ante la falta de información: «Nadie ha venido a hablar con nosotros» «El viento es gratis, la eólica marina no». Este mensaje, en forma de pancarta, cuelga desde hace meses de la fachada de la lonja de A Guarda, en el sur de la provincia de Pontevedra. Resume el rechazo «rotundo» de la cofradía de pescadores Santa Tecla a los hasta tres parques de energía eólica marina proyectados frente a las costas del Baixo Miño, que les convierten en la zona cero de la instalación de aerogeneradores flotantes en España. Desde que en febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto con los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que identifican 5.000 kilómetros de costa para poder instalar molinos de viento, pescadores y mariscadores luchan prácticamente en solitario, con una intensa campaña de concienciación y protestas que cuestiona la falta de información por parte de las administraciones e insiste en que, si estos proyectos de energías renovables prosperan, supondrían «un golpe mortal a la pesca». El espacio habilitado para la instalación de eólica marina representa el 0,46% de las aguas nacionales en Galicia y Asturias, la Costa Brava de Cataluña, Málaga y Granada, Canarias y la zona levantina-balear. La Hoja de Ruta para el desarrollo de la Eólica Marina y de las Energías del Mar en España marcada por el Gobierno en 2021, en consonancia con la Estrategia de la UE sobre las Energías Renovables Marinas, fija el objetivo de alcanzar entre 1 y 3 GW de potencia de eólica marina flotante en 2030 –hasta el 40% del objetivo de la UE para el final de la década– y hasta 60 MW de otras energías del mar en fase pre comercial. Estos planes gubernamentales chocan de bruces con los intereses del sector pesquero y marisquero, que se siente solo. 

La Comisión Europea ultima el reparto de los 3.600 millones de euros del Fondo de Innovación, quizás, el paquete de ayudas más paradójico de cuantos se entregan desde Bruselas. Su objetivo es premiar proyectos innovadores en materia de energías renovables, hidrógeno verde o almacenamiento, en definitiva, iniciativas destinadas a la descarbonización de la economía. Lo curioso es que los fondos que se adjudican han sido recaudados en el mercado de derechos de emisión de CO2, o lo que es lo mismo, son la hucha europea de la comercialización de las emisiones de gases de efecto invernadero. En la presente convocatoria, la tercera, de 239 iniciativas que se presentaron, Bruselas ha seleccionado 41, siete de ellas son españolas. Entre los promotores de los proyectos presentados se incluyen campeones nacionales como Iberdrola, Repsol o EDP. También hay proyectos impulsados por empresas más pequeñas, como Forestal del Atlántico, filial del Grupo Gadisa, que recibirá financiación para la puesta en marcha de una planta de metanol verde en Mugardos. La mayoría de los proyectos españoles se han enmarcado dentro de la categoría de Electrificación industrial e hidrógeno. Ésta, en la que se han preseleccionado 13 proyectos, entre ellos los de Iberdrola, Repsol y EDP, está dotada con 1.200 millones de euros. A falta de que Bruselas notifique el reparto final de las ayudas, fuentes del sector esperan un reparto relativamente equitativo, es decir, que cada una de estas empresas podría recibir en el entorno de 90 millones para el desarrollo de sus proyectos verdes, en su mayoría, vinculados al hidrógeno, un combustible limpio y todavía no rentable que ha ganado enteros en los últimos años como una de las fuentes de energía con mayor proyección para sustituir al gas natural.

A lo largo de 2022, España importó 63,5 millones de toneladas de crudo de petróleo, un 13,2% más que en 2021, lo que supuso acercarse a las cifras anteriores a la pandemia, según la memoria anual de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP). También hubo un incremento –del 7,7%– interanual en la producción de las nueve refinerías del país. El año cerró con una producción bruta de 62,3 millones de toneladas; en 2019, el último año completo antes de la crisis sanitaria, la producción bruta de las refinerías fue de 65,5 millones de toneladas. La producción de gasóleos creció también un 7,7% (alcanzó los 26,2 millones de toneladas) y la de gasolina, un 2,1% (9,9 millones de toneladas). La guerra en Ucrania y las sanciones a Rusia definieron la actividad de las empresas energéticas en el periodo. A pesar de este aumento de las importaciones, se dio un cambio de tendencia: se redujeron «considerablemente» las procedentes de Europa y Eurasia y hubo un «fuerte aumento» en la importación del crudo americano, especialmente el que vino de Brasil y Estados Unidos. En este sentido, la Unión Europea impuso sanciones al crudo ruso, cuyo precio tiene un tope (60 dólares por barril) y, además, no se puede importar por vía marítima en la UE. Sus buques tampoco pueden transportar petróleo crudo y productos petrolíferos de Rusia a terceros países. 2022 también se caracterizó por un cuello de botella en el sector del refino causado en gran parte por estas sanciones al crudo: las refinerías no siempre pudieron adaptarse rápidamente al petróleo de otras procedencias y el proceso se ralentizó. El informe de AOP destaca la «capacidad de procesamiento de crudos distintos a los rusos» de la industria española, que aportó flexibilidad al mercado. De hecho, España consiguió ser exportadora neta de productos petrolíferos en 2022. 

El cerrojazo ruso, casi total, de los gasoductos que enlazan al gigante euroasiático con Europa ha obligado a los Veintisiete a acelerar las compras de gas natural licuado (GNL, el que viaja por barco) desde cualquier rincón del mundo. Paradójicamente, también desde la propia Rusia: el bloque comunitario importó un total de 14,17 millones de toneladas de este combustible ruso por vía marítima, frente a las 12,99 de un año antes, según las cifras publicadas ayer por el Grupo Internacional de Importadores de Gas Natural Licuado (GIIGNL, una asociación en la que están representados los principales nombres del sector). El aumento se explica, además de por el citado cierre de los tubos, por la ausencia de sanciones sobre el gas procedente de ese país, a diferencia de lo que ocurre con el petróleo o los carburantes. En 2022, los dos principales puntos de entrada en la UE del gas licuado ruso fueron Francia y España. Es lógico: son, también, los países que cuentan con la mayor red de plantas regasificadoras (imprescindibles para, tras el viaje, devolver el combustible a estado gaseoso): cuatro y seis, respectivamente. Francia recibió 5,24 millones de toneladas, frente a las 3,72 de España y, a mucha distancia, las 1,92 de la tercera, Bélgica. A diferencia del gas que llegaba por tubo, el GNL ruso procede casi íntegramente de los yacimientos de la península de Yamal. De su comercialización se encarga un consorcio en el que no participa el Kremlin, sino la gasista privada rusa Novatek (50%), las energéticas francesa y china TotalEnergies y CNPC (20% cada una), y el fondo estatal chino Silk Road Fund (10%). El Kremlin, por tanto, no interviene, al meno directamente.

Entrevista con Rafael Barbadillo Presidente de la Confederación de Transporte en Autobús. Sostiene que Europa no obliga al pago por uso de las carreteras, pero que España se comprometió, y confía en que el transporte público quede exento. El autobús es el medio de transporte que más turistas mueve en España, unos 220 millones de viajeros al año, y las medidas de ayuda a los usuarios recurrentes puestas en marcha el pasado septiembre han supuesto un impulso para el sector que «marca un antes y un después». "Tras el confinamiento la remontada fue muy lenta porque la gente tenía miedo del transporte público y de las aglomeraciones. Fue el verano pasado cuando empezó ya un movimiento más importante de viajeros y lo que muchos ya denominan ‘el efecto champán’. Ya estamos en torno a un 10% por encima de los volúmenes de pasajeros de 2019. Aunque es verdad que con las ayudas de este año al transporte público –con descuentos del 50% en los precios de algunos trayectos y la gratuidad de otros– la demanda está un poco dopada... Ya se tenía un problema de falta de conductores antes de la pandemia. El covid lo tapó porque cayó mucho la demanda y los que estaban en ERTE se buscaron la vida en otro sector como el de las mercancías. Después muchos ya no volvieron a nuestro sector y además, como ahora la demanda está tirando tanto, hacen falta más de los que había...En el tema de los peajes, Europa no obliga a los estados miembros a ponerlos. El Gobierno adquirió en el Plan de Transformación ese compromiso, pero algunos compromisos los está cumpliendo y otros menos, el nuevo gobierno veremos lo que hace. También es cierto que la recaudación actual por el Impuesto de Hidrocarburos es más que suficiente para el mantenimiento de toda la infraestructura. Solo del sector profesional (autobuses y camiones) por hidrocarburos se recaudan más de 10.000 millones al año, que es más que todo el presupuesto inversor del Ministerio de Transportes. Al mantenimiento de carreteras se destinan unos 1.200 millones al año, hay dinero más que suficiente. Si se impone la tasa por uso, entendemos que al transporte público no se le debería de poner, el autobús debería quedar fuera..."

Cerca de un millar de trabajadores del principal aeropuerto internacional para España por número de viajeros, las instalación londinense de Gatwick, han convocado una huelga de ocho días que arrancará el 28, de cara a reclamar mejoras salariales. El sindicato al que están afiliados, Unite, ha llamado a la protesta hasta el 1 de agosto, para retomarla luego del día 4 al 8. En los seis primeros meses del año, las rutas entre Gatwick y España movieron a 3,8 millones de personas, un 42% más que en el mismo periodo de 2022. Reino Unido es el principal país emisor de turistas para España. En los paros hay cuatro firmas involucradas, dedicadas a la asistencia en tierra, gestión de equipajes, agentes de rampa, despachadores y facturación: ASC, Menzies Aviation, GGS y DHL Services. La negociación arrancó en enero, pero «ha fracasado a la hora de hacer ofertas que satisfagan sus expectativas». En Unite apuntaron que parece «inevitable» que se produzcan trastornos para los pasajeros, en cuanto a retrasos y cancelaciones que afectarán a British Airways, easyjet, Ryanair, TUI, Westjet y Wizz. La mayoría de los trabajadores cobra menos de 12 libras la hora. También votarán los miembros en DHL Gatwick Direct, Red Handling y Wilson James, cuyas huelgas podrían comenzar el próximo mes.

Era el 15 de septiembre de 2008. Ese mismo día, Lehman Brothers se declaró en bancarrota, provocando un tsunami financiero del que, quince años después, todavía se sienten réplicas. Aunque en el imaginario colectivo está grabada a fuego esa fecha histórica, el destino del banco quedó sellado 60 horas antes: a última hora del viernes 12 de septiembre. Hank Paulson, que entonces se encontraba al frente del Departamento del Tesoro estadounidense, convocó de urgencia a los líderes de los grandes bancos de Wall Street. Les advirtió de que tenían por delante un fin de semana para prepararse para el colapso inminente de Lehman, ya que el Gobierno se iba a negar a rescatar la entidad con dinero público. A partir de ahí, se sucedieron un sinfín de reuniones a varias bandas con el objetivo de intentar contener la crisis que se avecinaba. Lehman confiaba en Bank of America como su caballero blanco, pero ese mismo fin de semana se desveló que salía al rescate de Merrill Lynch. JPMorgan no era una opción, ya que todavía estaba digiriendo la quiebra de Bear Stearns. Barclays era el último cartucho, pero el domingo a última hora se levantó de la mesa de negociación –semanas después el banco británico se quedaría con la sede de Lehman en el centro de Manhattan, a solo unos pasos de Times Square, durante la subasta de activos–. Paulson defendió en todo momento la decisión del Gobierno de dejar caer Lehman Brothers. “Lo tenemos controlado”. Pero nada más lejos de la realidad.