20230726

Europa pretende mejorar su autonomía estratégica y reducir así su dependencia de otras potencias, como China, en el suministro de productos esenciales tras las carencias puestas de manifiesto durante la pandemia. El Consejo de Ministros de Industria de la UE, reunido ayer en Bilbao, debatió medidas para reforzar la capacidad de producción de esos bienes por parte del bloque comunitario y aminorar riesgos en un intento de evitar que «huyan» los inversores en esas actividades. La guerra y la pandemia han evidenciado los peligros que tiene la excesiva dependencia de Europa respecto de terceros países como China. Por eso el refuerzo de la autonomía estratégica y la reindustrialización se han convertido en prioridades del Viejo Continente, un desafío en el que rivaliza con EE UU, que, siempre más ágil, se ha puesto a la cabeza en la carrera con un ambicioso paquete de ayudas a las empresas de 350.000 millones. Este reto centró ayer la reunión de los ministros de Industria de la UE, que han celebrado durante dos días una cumbre informal en Bilbao, bajo la recién estrenada presidencia española. En el encuentro se plantearon «medidas para facilitar la inversión pública y reducir los riesgos con objeto de evitar que los inversores huyan de Europa».La reunión de ayer era especialmente importante para Euskadi, dado su perfil industrial y su apuesta por proyectos como Basquevolt, que aspira a convertirse en líder europeo de la próxima generación de baterías de litio en estado sólido. Por ahora, sin embargo, se ha quedado fuera de los fondos europeos por las condiciones establecidas por el Gobierno español en el reparto.

Estados Unidos ha sido el país más nombrado en las últimas juntas generales de las grandes cotizadas del Ibex 35, que han centrado su atención en la primera economía del mundo para pivotar su crecimiento internacional al otro lado del Atlántico. Las multinacionales españolas suman proyectos de inversión directa de más de 32.000 millones de euros, que incluyen desde nuevas fábricas hasta obras faraónicas que prometen transformar las infraestructuras del país, como la futura Terminal One del aeropuerto JFK, en Nueva York. EEUU es el destino de moda y no solo entre las grandes cotizadas. Desde la firma de bolsos Bimba y Lola, que este año ha anunciado su desembarco en el país, hasta el fabricante de encimeras Cosentino, que destinará más de 240 millones de euros para construir en Florida su primera fábrica en Norteamérica, pasando por Repsol, que quiere crecer en el mercado de las renovables al otro lado del Atlántico. Aun así, el interés no es nuevo. Para firmas como Santander, ACS o Iberdrola se trata de una estrategia ya consolidada, pero incluso en su caso la intención por redoblar los esfuerzos para acelerar su crecimiento en este mercado se ha visto fortalecida en los últimos meses. ¿Por qué? Los expertos apuntan a varios factores. La ralentización de la economía europea como consecuencia de la guerra de Ucrania, la crisis energética y los incrementos de tipos y la inflación, males estos últimos de los que tampoco se ha librado Estados Unidos, pero que la Administración Biden ha sido capaz de contrarrestar con uno de los planes de inversión e incentivos económicos y fiscales a cargo del erario público más ambicioso, y caro, en la historia del país. Las barreras de entrada son altas, pero una vez dentro, se trata de un mercado casi dos veces más grande que el de la UE.

“Bidenomics significa restaurar el sueño americano”. Así explica la Casa Blanca el término que han elegido para bautizar la política económica de la Administración Biden a las puertas de la campaña para las primarias presidenciales, y que bien se puede comparar con una reedición del New Deal que puso en marcha Roosevelt para sacar al país de la Gran Depresión. Biden ha tirado de chequera para reactivar la economía tras la pandemia, anunciando el mayor gasto público en la historia del país con la mirada fija en una meta: que la cadena de suministros comience y termine dentro de Estados Unidos. Los socios extranjeros son bienvenidos, siempre y cuando fabriquen en el país, algo en lo que las empresas españolas ya tienen experiencia. El plan es ambicioso, porque también incluye la transformación del modelo energético hacia un sistema más verde. Nueva York aspira a funcionar solo con energía renovable para 2025 tras una inversión de 8.200 millones de dólares. La cifra palidece respecto a los 370.000 millones de dólares que espera movilizar el Gobierno federal en este capítulo. O los 3 billones de dólares que en la próxima década se gastará EEUU en reformar sus infraestructuras, impulsar el coche eléctrico o financiar con dinero público fábricas de chips y plantas de hidrógeno verde.

Los 27 Estados miembros de UE dieron ayer luz verde a la nueva Ley Europea de Chips con la que el bloque quiere movilizar 43.000 millones de euros en inversiones y duplicar su producción de semiconductores hasta cubrir el 20% de la fabricación mundial en 2030. El objetivo es reducir su dependencia con Asia en un componente tan estratégico que afecta a múltiples industrias. Este era el último paso necesario para que la ley pueda entrar en vigor. De los 43.000 millones, 3.000 millones llegarán de las arcas comunitarias. “Con esta ley, Europa será un líder en la carrera mundial por los semiconductores”, dijo el ministro de Industria, Comercio y Turismo español, Héctor Gómez, que preside las reuniones entre sus homólogos al ostentar España la presidencia rotatoria de la UE. La nueva normativa se apoyará en tres pilares: el desarrollo de medios tecnológicos a gran escala, un marco para garantizar la seguridad de suministro y resiliencia atrayendo inversión y un mecanismo de seguimiento y respuesta a las crisis con el que anticiparse a la escasez de suministro y ofrecer alternativas en situaciones de emergencia. Se establecerá una “empresa común de chips” con la que canalizar las acciones y que se encargue de seleccionar los centros de excelencia, al tiempo que se ampliará el ámbito de aplicación de las “instalaciones pioneras” para incluir en esta categoría aquellas plantas que producen maquinaria necesaria para la fabricación de chips.

Son muchos los sectores que tienen dificultades para encontrar determinados perfiles de mano de obra y la construcción es uno de ellos. Por ello, las empresas del territorio han acogido de entrada como agua de mayo la posibilidad de poder contratar directamente a extranjeros en origen para algunos puestos determinados. Una ventana de oportunidad que abrió recientemente el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, al actualizar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Un catálogo que incluirá por primera vez perfiles del sector de la construcción, aunque no para puestos tan habituales como capataces o peones, sino algunos muy técnicos y especializados. Concretamente se podrá contratar inmigrantes para ser carpinteros de aluminio, metálico y PVC; montadores de carpintería metálica, aluminio y PVC; instaladores electricistas en general y en particular de edificios y viviendas; conductores operadores de grúa en camión, de grúa fija o móvil. Todos ellos puestos necesarios entre otras cuestiones para acelerar la transición energética a través de la rehabilitación de edificios y la instalación de placas y paneles solares. Txema Muñoz, presidente de Ascongi, la Asociación Guipuzcoana de Empresas de Construcción, integrada en Adegi, da la bienvenida a esta posibilidad de contratar extranjeros en origen, ya que indica que «hace falta mano de obra en casi todos los puestos tanto en lo que respecta a la obra pública como a la edificación. Hay una demanda alta en todas las posiciones y no solo en mano de obra directa». Txema Muñoz no se atreve a realizar una estimación de la cifra de personas que haría falta para cubrir todos esos puestos que se demandan. Indica que el sector está formado por empresas, pero hay mucho subcontratista y obras con clientes privados, lo que dificulta un cálculo, ni siquiera aproximado. 

La banca española ha endurecido aún más las condiciones para conceder hipotecas, créditos al consumo y préstamos a empresas durante el segundo trimestre del año. Así se refleja en la Encuesta de Préstamos Bancarios publicada hoy por el Banco Central Europeo (BCE), en la que el supervisor constata que la subida de tipos, el aumento del riesgo por parte de los clientes y la menor tolerancia de los bancos a esa exposición de riesgo han llevado a las entidades a aplicar criterios más duros a la hora de conceder la financiación. Eso sí, el endurecimiento ha sido menos intenso que en trimestres anteriores. “La percepción de mayor riesgo relacionada con las perspectivas económicas y la situación específica del prestatario, la menor tolerancia al riesgo y el mayor coste de la financiación contribuyeron al endurecimiento”, explica el BCE. Así, el 14% de los bancos europeos aseguran haber elevado las exigencias para conceder financiación a las empresas, el 8% han aumentado los requisitos para las hipotecas y el 18% de las entidades han endurecido el crédito al consumo. Igualmente, el supervisor destaca un frenazo en la demanda de crédito y que ha llevado a la financiación a las empresas a mínimos históricos. En concreto, en lo que se refiere a España, el endurecimiento del crédito a empresas ha sido más suave que en la media de la Unión Europea.

Gestamp, el fabricante de componentes metálicos para la automoción que tiene su sede en la localidad vizcaína de Abadiño, ha cerrado un primer semestre de récord en todas las magnitudes económicas. Así, las ventas en este periodo han alcanzado los 6.273 millones de euros, con un crecimiento del 28,8% en comparación con el mismo semestre del pasado año, mientras que el beneficio neto se ha situado en 162 millones. Una cifra que supone mejorar en un 39% el resultado de junio de 2022. Las claves para este buen comportamiento del negocio de Gestamp hay que buscarlas en la positiva evolución del mercado del automóvil en el mundo, que aunque no ha alcanzado aún las cifras previas a la pandemia se encuentra en plena fase de expansión. El mercado ha crecido un 12% en el primer semestre y, aunque se espera una moderación, apunta a un crecimiento del 5,3% a finales de año, con una producción de 86,7 millones de vehículos. Junto a ello hay que tener en cuenta que la empresa se ha beneficiado de los acuerdo de revisiones de precios que son habituales en este sector y que tratan de recoger las evoluciones de los costes de las materias primas. Para los próximos años se prevé que el segmento del vehículo eléctrico crezca y pase de una cuota de mercado actual en el entorno del 18% a un 41% en 2027. Esta es también una de las claves del comportamiento de Gestamp, ya que desde hace años buena parte de sus inversiones en investigación y desarrollo han estado dirigidas a adaptar su producción de componentes a las necesidades del vehículo eléctrico.

Los trabajadores quieren, lógicamente. Pero ¿y las empresas? Ellas, de forma aplastante, no lo ven viable ya que consideran que impactaría en la productividad y en sus márgenes de beneficios. Así lo afirman el 73,5% de las compañías encuestadas y el 61,4% de los autónomos, según se desprende de la XXVI edición del informe ‘Infoempleo Adecco: Oferta y demanda de empleo en España’ publicado ayer. Esta opinión choca frontalmente con las aspiraciones de los empleados y parados, que en un 66,59% y un 50,69%, respectivamente, sí ven posible la implantación de la jornada de cuatro días con mantenimiento de sus nóminas. Y aquellos que no lo ven posible no es porque no quieran, sino porque consideran que la razón está principalmente en que las empresas no están por la labor. Habrá que esperar a los resultados del proyecto piloto que ha implantado el Gobierno y que ofrece subvenciones a las empresas que reduzcan a cuatro días la jornada laboral manteniendo la plantilla y sus salarios. Sin embargo, la acogida a esta iniciativa ha sido muy escasa y apenas 41 empresas han pedido estas ayudas.

El número de pensiones en Euskadi ha crecido en el último año en 4.396, lo que deja un total de 572.977, el más alto registrado hasta ahora. Una realidad que sigue impactando en el gasto del sistema, tal y como recogió ayer el avance de datos para julio de la Seguridad Social. El gasto de estas prestaciones solo en este mes supone 848,3 millones de euros, que es la aportación del sistema nacional a los pensionistas y jubilados vascos. Con 79,8 millones más que en el mismo mes del pasado ejercicio, es la cifra más alta de la serie histórica, un hecho que se viene dando recurrentemente en cada actualización de la estadística. La nómina vasca de las pensiones se incrementará así el 10,4% respecto a julio de 2022 como consecuencia del aumento de perceptores y por la subida generalizada del 8,5% de las prestaciones impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. El importe destinado al pago de pensiones en Euskadi desde enero ha ascendido a 5.920 millones de euros. Una cifra que permiten proyectar un gasto total para el presente año de 11.900 millones, equivalente al 83,5% del Presupuesto del Gobierno vasco y al 16,5% de todo el PIB de la comunidad, casi cinco puntos porcentuales por encima de la estimación del 11,7% establecida para toda España. En cuanto a la sostenibilidad del sistema, los trabajadores en activo que cotizan actualmente siguen estando en una ratio por debajo de 2 por cada pensionista en Euskadi. 

El sector energético español está sufriendo en bolsa el dictamen que dieron las urnas el domingo. En apenas dos días, las energéticas del Ibex 35 han recortado su capitalización conjunta en casi 1.200 millones, un retroceso que encabezan Iberdrola y Endesa, que desde el viernes han perdido, respetivamente, 655 millones y 524 millones de su valor bursátil en las dos últimas jornadas. Las expectativas respecto a una amplia victoria del Partido Popular se fueron desinflando en los días previos a las elecciones hasta el punto que, a día de hoy, se da por imposible que la formación logre investir a Alberto Núñez Feijóo tras la renuncia del PNV a negociar. De forma similar han fluctuado las acciones de las mayores energéticas del mercado nacional en los últimos dos meses. El mercado premió a ambas eléctricas después de que Pedro Sánchez anunciase el adelanto electoral el pasado 29 de mayo. Los títulos de la compañía que dirige José Bogas registraron su mejor precio del último año el 28 de junio (21,45 euros por título). Las acciones del grupo que preside Ignacio Galán alcanzaron su máximo anual (rozando los 12,17 euros) el 4 de julio, justo antes del arranque de la campaña electoral. El resultado de los comicios, sin embargo, ha lastrado en bolsa a ambos gigantes energéticos. Endesa e Iberdrola se reparten la mayoría del parque atómico nacional, uno de los vectores energéticos que estaban en juego el 23-J. 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha revisado al alza sus previsiones de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en un punto porcentual, lo que implicaría terminar 2023 con un subida del 2,5%. El organismo internacional ha centrado su optimismo en las cifras récord que está registrando el sector turístico este año en nuestro país. Las nuevas estimaciones son tan positivas que incluso están por encima de las estadísticas que manejaba el FMI hace exactamente un año, antes de que las revisara a la baja por el impacto de la guerra en Ucrania y la crisis energética en Europa. De hecho, si se confirman los datos publicados ayer por el organismo, España se convertirá en el motor del crecimiento de la eurozona, además de ser una de las economías desarrolladas que más crezca este año. La institución liderada por Kristalina Georgieva destacó ayer que en el caso español, así como en el italiano (con una revisión al alza de 0,4 puntos), la mejora en las previsiones se ha producido “ante la mayor solidez de los servicios y el turismo”. No en vano, el año pasado cerca del 60% del crecimiento económico nacional procedió precisamente de este sector. Y las perspectivas para este ejercicio no pueden ser mejores. Ahora bien, los efectos del milagro turístico no irán más allá del 31 de diciembre de 2023, ya que el FMI ha mantenido su estimación de crecimiento para 2024 sin alteraciones, en el 2%. Hasta ahora, eso significaba que el PIB español crecería más el próximo año que el actual, pero tras la actualización de 2023, la nueva lectura indica que la economía del país se ralentizará el próximo ejercicio.

La renta per cápita apenas crece en España. Desde 2007 sólo ha repuntado un 16,5%, el segundo dato más bajo de la Unión Europea, y si la observación se limita al periodo 2019-2022 la cifra española es la más pobre de toda la UE. El país en el que menos ha avanzado esa variable en un espacio de tiempo que se enmarca, en su totalidad, bajo la presidencia de Pedro Sánchez. Además, el crecimiento del propio Producto Interior Bruto (PIB) es el tercero más bajo entre 2007 y 2022 y, de nuevo, el más reducido el periodo 2007-2022. Y en cuanto a la productividad, la fotografía es la siguiente: el cuarto menor avance en Europa entre 2009 y 2022 y, otra vez, la cifra más baja de la UE si el espacio temporal se limita a 2019-2022. La economía española, por lo tanto, está totalmente atascada. Sin ganancias en renta per cápita, sin productividad y sin crecimiento. Y así lo evidencian todos los datos apuntados, y que están recogidos en el documento ¿Cómo está la economía española? Reflexiones en período electoral, que ayer publicó Fedea. El texto lo firma Alfonso Novales, catedrático de la Universidad Complutense e integrante de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y a lo largo del mismo se señala que el atasco comenzó con la crisis financiera, sí. Pero, también, que en los últimos años no ha hecho más que agudizarse. Empezando por el PIB per cápita, el documento apunta que es «un indicador de la renta promedio de sus ciudadanos», y que es el que «más frecuentemente» se utiliza para hacer comparaciones entre países. Y en esa comparación, se evidencia la mencionada pérdida de ritmo respecto a Europa. «El PIB per cápita español era en 2007 un 98% del PIB per cápita de la UE-27; un 85% en 2019, y un 79% en 2022. Desde el momento previo a la pandemia (2019-2022), el PIB per cápita español aumentó un 5,4%; es el aumento más reducido de la UE-27», sostiene Novales.

El hidrógeno verde “sigue lejos de alcanzar su potencial, con una demanda limitada a unas pocas aplicaciones tradicionales y la producción de hidrógeno de bajas emisiones en una etapa muy temprana”, se asegura en un informe que acaba de dar a conocer la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Mientras que numerosas compañías aspiran a liderar esta nueva energía en España encabezadas por Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa, Naturgy, Enagás, Redeia, Acciona, Nordex y Redexis, los expertos vienen advirtiendo que habrá que planificar muy bien las inversiones. Y la gran pregunta es: ¿habrá demanda suficiente? En el Escenario de Políticas Declaradas (STEPS) de la AIE, que muestra cómo el sistema energético evoluciona bajo la configuración de las políticas en marcha, la demanda mundial de hidrógeno crece lentamente a corto y medio plazo, alcanzando 110 millones de toneladas (Mt) para 2030 y 120 Mt para 2035. Además, “la demanda sigue estando muy concentrada en sectores que ya utilizan de hidrógeno hoy en día, con una aceptación limitada en nuevas aplicaciones (alrededor del 2,5% de demanda mundial de hidrógeno para 2035)”. La transición verde requiere inversiones millonarias. Y en el caso del hidrógeno verde, pese a las fuertes subvenciones –por ejemplo en España existe el Perte ERHA, que prevé 6.900 millones de inversión pública para las energías renovables, el hidrógeno verde y el almacenamiento– se plantean dudas. Se han anunciado más de 1.200 nuevos proyectos para producir hidrógeno de bajas emisiones a nivel global, pero solo el 5% ha recibido decisiones de inversión firmes, según la AIE. Las razones tienen que ver con la incertidumbre sobre la demanda futura, la infraestructura insuficiente para transportar y entregar hidrógeno a los clientes y la falta de claridad en la regulación y certificación.

Medio año después de la puesta en marcha del impuesto a los envases plásticos no reutilizables las empresas hacen balance del coste añadido que les ha supuesto adaptarse a la tasa que grava con 0,45 euros el kilo de plástico utilizado para fabricar envases de un solo uso. Para más de un 30% de las empresas ha supuesto un gasto de más de 50.000 euros, para el 37% de entre 10.000 y 50.000, y de hasta 10.000 para el resto. Es una de las conclusiones de la encuesta de EsPlásticos elaborada por Anaip sobre la implantación del impuesto a los envases plásticos. Un 71% de los encuestados estima que ha contribuido a Hacienda en cada trimestre con más de 30.000 euros y más de un 28% con menos de 30.000€. Los principales recursos o inversiones que las empresas han tenido que realizar para implantar el impuesto son, por orden de mayor a menor esfuerzo, la modificación o desarrollo de los sistemas informáticos, el desarrollo de nuevos procedimientos de control, la formación a los empleados e información a sus clientes, nuevas certificaciones, inversiones en rediseño y contratación de personal. Además, El 80% de las empresas del sector asegura haber sufrido una pérdida de las ventas tras la implantación del impuesto. Entre ellas, entre un 25% y un 30% nota que hay menos ventas de envases plásticos de un solo uso y aseguran tener problemas para disponer de plástico reciclado, requisito indispensable para no pagar el impuesto. Entre los principales obstáculos detectados en la encuesta se encuentra que casi el 20% de las empresas tiene problemas en detectar y analizar qué tipos de envases se ven afectados por este impuesto. 

La operadora británica de telecomunicaciones Virgin Media O2, controlada al 50% por Telefónica y Liberty Global, recortará unos 2.000 empleos, en torno al 10% de su plantilla de 16.000 trabajadores, hasta final de año con el objetivo de simplificar su estructura operativa y reducir costes. La reestructuración, la primera desde que las filiales británicas de Telefónica y Liberty Global completaron hace dos años su fusión valorada en 31.000 millones de libras (35.880 millones de euros), incluye unos 800 puestos de trabajo relacionados con los cambios de organización que la operadora había anunciado internamente. “A medida que continuamos integrándonos y transformándonos como empresa, actualmente estamos consultando propuestas para simplificar nuestro modelo operativo para brindar una mejor atención a los clientes, que verá una reducción en algunos puestos este año”, afirmó ayer un portavoz de Virgin Media O2, aunque no detalló el alcance de la reestructuración. De este modo, la filial de Telefónica se suma a la ola de despidos recientes anunciados por sus rivales británicos Vodafone y BT en un momento en el que el alza de costes presiona los márgenes del sector de telecomunicaciones. El pasado mes de mayo, el grupo BT anunció que recortará entre 40.000 y 55.000 puestos de trabajo –hasta el 40% de su plantilla total– hasta 2030, y Vodafone desveló 11.000 despidos –un 12% de su fuerza laboral– en tres años.

La Duma Estatal (la Cámara Baja del Parlamento ruso) aprobó ayer en tercera y definitiva lectura las enmiendas a una ley para elevar la edad máxima de reclutamiento obligatorio para el servicio militar de los 27 años a los 30. Ello supone que podrán ser alistados todos los varones de 18 a 30 años a partir del próximo 1 de enero. Se trata de la mayor reforma militar tras la desintegración de la Unión Soviética y parece pretender la reposición de las tropas rusas en un momento en el que sufren serias bajas en el frente ucraniano con la ofensiva prácticamente en punto muerto. La idea sería trasladar a guarniciones profesionales desperdigadas por Rusia para luchar en Ucrania y suplirlas por soldados de reemplazo a fin de que esas zonas no queden desprotegidas ante un hipotético ataque desde el exterior. De ahí la urgente necesidad de más reclutas. Inicialmente se había previsto subir tanto el límite inferior como el superior de la edad de incorporación a filas pero, según el texto final, los topes simplemente se amplían. El presidente del comité parlamentario de Defensa de la Duma, Andréi Kartapólov, habló al principio de un periodo de transición, con una modificación gradual de los años, pero después se anunció un cambio de golpe. Esta nueva norma hará que puedan ser reclutados muchos más rusos. La ampliación de la frontera de edad entre los 18 y los 30 años, según Kartapólov, hará que puedan ser incorporados al Ejército dos millones de personas más que con el anterior rango (hasta los 27). Entrarán a filas, en total, más de nueve millones de jóvenes.