20230727

El Consejo Económico y Social (CES) vasco presentó ayer la memoria socioeconómica de Euskadi en 2022, una completa radiografía que recoge indicadores muy diferentes (demografía, economía, empleo, desigualdad, vivienda, atención sanitaria...) y que muestra las luces y sombras de la comunidad autónoma. Por el lado positivo el organismo destaca la resistencia del territorio al golpe de la inflación, con un crecimiento del 4,4%; la mejora en las finanzas públicas, una gasto sanitario y de protección social a la cabeza de España, la alta cualificación de los jóvenes o el elevado índice de innovación en la producción. Por el lado negativo alerta de la pérdida de peso de la industria, que sufre destrucción de empleo; el aumento de la desigualdad que ha traído la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios y la profunda crisis demográfica. Uno de los principales motivos de preocupación es la pérdida de empleo en la industria. «Es algo que ya ocurrió en 2021, que se ha agravado en 2022 y que persiste en lo que va del presente ejercicio», advirtió Málaga. En concreto, la PRA recoge una destrucción de 5.600 puestos de trabajo en el sector manufacturero. «Y resulta llamativo que este retroceso se haya cebado con las mujeres, pese a que apenas suponen el 20% de los trabajadores», añadió. En relación al mercado laboral los responsables del CES vasco también manifestaron inquietud por la baja tasa de actividad, que «solo alcanza el 56% en Euskadi frente al 73% de media europea». En el lado positivo colocaron la mejora en la calidad del empleo, que atribuyeron a la reforma laboral. Según el informe, en 2022 se agravó la «profunda crisis demográfica» que sufre Euskadi debido a que «ni siquiera el saldo migratorio positivo logró compensar el descenso vegetativo». Entre los aspectos más positivos de Euskadi los responsables del CES vasco resaltaron la elevada protección social, en la que la comunidad es líder absoluto. Como prueba de ello recordaron que los 419 millones de euros que se abonaron en el territorio para la Renta Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) suponen el 25% del total nacional dedicado a este tipo de prestaciones.

Los servicios registran un absentismo del 9,1%, que casi duplica el 5,8% de la construcción, mientras la industria alcanza un 8,1% Las ausencias en el trabajo se han convertido en un verdadero problema laboral en Euskadi, que lidera esta clasificación en España cada vez que se publica una medición. Es el caso de la hecha pública por la empresa de recursos humanos Randstad, en la que el porcentaje de la inasistencia al puesto de trabajo alcanza el 8,7% de las horas recogidas en el contrato. Una vez más, el dato más alto de todas las comunidades y 2,4 puntos superior a la media en España, situada en un 6,3%. Además, de las horas que el estudio ha detectado que en Euskadi se dejan de trabajar, en el 22% de los casos no se trata por una baja médica, sino por libranzas, permisos u otras causas. Esta es una de las claves en el análisis del absentismo laboral que enfrenta, además, a patronal y sindicatos: la diferenciación entre lo que se conoce como IT –incapacidad temporal por una causa médica– y el resto de ausencias. Si se atendiera exclusivamente a las ausencias respaldadas por un diagnóstico médico, la tasa en Euskadi en el primer trimestre del año se reduce de ese 8,7% general a un 6,8%. En cuanto a los ámbitos de empleo, es el de los servicios en el que más se acusa este fenómeno. En el País Vasco, los trabajadores de este área faltan a su puesto un 9,1% de las horas. Un dato que es casi el doble que el que se registra en la construcción, con un 5,8%. La industria, por su parte, alcanza un absentismo del 8,1%. La mesa de diálogo social de Euskadi ha acordado el tratamiento de esta cuestión en su agenda por primera vez a petición de Confebask. La patronal quiere resolver este problema en ese foro en el que participa junto al Gobierno vasco y los sindicatos, a excepción de ELA y LAB, que mantienen su negativa a participar. 

La negociación colectiva registrada este año en Gipuzkoa está arrojando unos acuerdos con unas subidas salariales muy superiores a las de los territorios vecinos. De hecho, en los convenios registrados hasta junio se recogen un incremento de los sueldos del 5,78% frente al 4,14% de los suscritos en Bizkaia y el 3,89% de los firmados en Araba. Así lo recoge el informe correspondiente a mayo y junio que elabora el Consejo de Relaciones Laborales Vasco (CRL). En el caso de nuestro territorio, el alza salarial es también mayor en los convenios de sector (5,81%) que en los de empresa (5,55%). En Euskadi, la subida de los sueldos es hasta junio del 4,92% si se tiene en cuenta únicamente los acuerdos suscritos en la CAV, ya que el incremento en los firmados en el Estado con incidencia en el País Vasco se limita al 3,82%, lo que deja el dato definitivo de Euskadi en el 4,67%. En los convenios vigentes, es decir, los suscritos en los seis primeros años, más los negociados en años anteriores que se actualizan en este ejercicio, la subida salarial pactada en Gipuzkoa es del 5,72%, frente al 4,19% de Bizkaia y el 2,81% de Araba. El aumento de la CAV es del 4,46% y teniendo en cuenta los estatales con incidencia en el País Vasco, del 4,06%. Se trata, en cualquier caso de subidas que están por encima de los últimos datos de la inflación, que fueron del 2,3% en junio. Al finalizar junio, el 52,9% de la población asalariada vasca tenía sus condiciones de trabajo actualizadas; un 40,9% tenía los acuerdos en situación de prórroga y únicamente el 6,2% –fundamentalmente por el convenio de Restauración de Gipuzkoa– decaídos. Se trata, según el CRL, de los mejores datos para este periodo desde la aprobación de la reforma laboral en 2012.

La Reserva Federal ha llevado los tipos a máximos de los últimos 22 años tras subirlos ayer en un cuarto de punto porcentual, hasta situarlos en la franja comprendida entre el 5,25% y el 5,5%. Cumple así con la hoja de ruta que ya había anunciado y que Wall Street daba por descontada, pese al respiro que dio el dato de la inflación de junio, situándose en el 3% y que hizo pensar por un momento que tal vez fuera argumento suficiente para que el banco central estadounidense no fuera más allá en la escalada del precio del dinero. Pero no ha sido así. Y tras la pausa de junio (la primera tras diez subidas consecutivas desde marzo de 2022), cuando la Fed decidió mantener los tipos y ganar tiempo para ver cómo evolucionaban los principales datos macro, ha vuelto a elevar el precio del dinero hasta un máximo del 5,5%, registro que no se veía desde enero de 2001, y que ya ha superado el tope del 5,25% que se alcanzó en el ciclo alcista de 2004 a 2006, en la antesala de la crisis financiera. Powell explicó ayer que el consejo tomó la decisión por unanimidad, porque si bien considera que “ya se está notando el efecto de la subida de tipos en la demanda, particularmente en el mercado de la vivienda”, todavía no se ha alcanzado el objetivo de situar la inflación en el entorno del 2%. Los mercados, que alternaron ayer indecisos entre el verde y el rojo durante la rueda de prensa de Powell ante la falta de claridad sobre si los tipos han tocado techo o no, terminaron cerrando la jornada en negativo. 

No hay dudas sobre cuál será la decisión que tomará hoy el Banco Central Europeo sobre los tipos de interés. Se espera una nueva subida del precio del dinero, en 25 puntos básicos, tal y como había sugerido Christine Lagarde en la pasada cita de junio. Los tipos en la zona euro quedarán en el 4,25%, acumulando un aumento fulgurante en el último año desde el nivel de cero. La decisión de hoy del consejo de gobierno del BCE es la previsible, pero el gran dilema está en qué hacer a partir de ahora, si insistir en al menos un alza más de tipos o poner ya punto final a las subidas antes de dañar demasiado a la economía. Los analistas no confían en que Lagarde avance cuáles serán los próximos pasos del BCE. Sí lo ha ido haciendo hasta ahora, al insistir en cada reunión en que la prioridad era la lucha contra la inflación. En junio reiteró que si bien la inflación había disminuido, se esperaba que siguiera siendo “demasiado alta durante demasiado tiempo”. Según señala François Rimeu, estratega sénior de La Française A, “es improbable que Lagarde se comprometa de antemano con alguna orientación explícita para septiembre y más adelante. Sin embargo, quizás advierta de que el ciclo de endurecimiento del BCE no ha terminado”. De hecho, según señala Claudia Fontanive-Wyss, gestora de carteras en Vontobel, “comunicar el fin del ciclo de subidas antes de tiempo podría provocar una espiral de precios y salarios autocumplida en la eurozona”. Nada como un anuncio formal de que los tipos ya están en el nivel deseado para el BCE para que los inversores empiecen a anticipar el momento para su recorte, activando con ello la maquinaria para el descenso del coste de financiación y propiciando un previsible repunte en las expectativas de aumento de los precios.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, explicó ayer que los objetivos de renovables fijados por el Gobierno en el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) “no son realistas “ y que el cierre de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, a partir de 2027, puede provocar problemas de suministro. Bogas participó en la presentación a analistas de los resultados de la eléctrica durante el primer semestre de 2023. Es la primera vez que interviene en un acto desde que el pasado mayo Flavio Cattaneo sustituyó a Francesco Starace como primer ejecutivo de Enel, el gigante italiano que controla Endesa. Cattaneo, que también se ha incorporado a Endesa como vicepresidente el pasado mes, ha empezado a revisar toda la estrategia de Enel y sus participadas, lo que desembocará en un nuevo plan estratégico distinto al de Starace, defensor a ultranza de las renovables. La nueva era de Cattaneo ya se hace notar. Bogas explicó que la compañía está elaborando sus alegaciones al nuevo Pniec, que deben presentarse en septiembre. “El Pniec está abierto a cambios”, señaló Bogas, quien recordó que su aprobación definitiva no se debe producir hasta junio de 2024. El pasado junio, el Gobierno presentó un nuevo plan en el que disparaba las ambiciones en renovables, pasando de 113.000 megavatios en 2030 a 160.000 megavatios. Bogas afirmó que el nuevo Pniec es “positivo” por su carácter ambicioso. Ahora bien, “una cosa es lo que queremos o deseamos” y otra cosa lo que se puede hacer. Hay que “ser realistas”, reiteró. Entre las barreras para cumplir los objetivos, se refirió a las “dificultades técnicas” para integrar toda esta nueva capacidad, la escasez de algunos componentes, la falta de personal cualificado y la creciente oposición social a estas instalaciones.

El que pega primero, pega dos veces. Después de experimentar con una planta para abastecer de hidrógeno verde a los autobuses de Barcelona, Iberdrola está operando en Puertollano la mayor instalación de generación de dicha tecnología de uso industrial en Europa, con capacidad para entregar a la vecina empresa de fertilizantes Fertiberia unas 3.000 toneladas cada año y tras invertir 150 millones. Como dice Ana Valentín-Gamazo, de la unidad de negocio de hidrógeno verde en la eléctrica, “el que llega primero es el que se posiciona”. El plan de Iberdrola es mantener el primer puesto durante al menos tres años, con una nueva planta en Palos de la Frontera (Huelva), que a principios de 2026 debería ostentar otro récord: 23.000 toneladas anuales. Según las declaraciones de Ignacio Sánchez Galán, que en junio firmó un acuerdo con empresas neerlandesas de importación y distribución, el objetivo final es llevar la producción de Huelva hasta las 100.000 toneladas anuales. Pero los rivales vienen cerca y su apuesta es fuerte. La petrolera Cepsa confirmó también en junio sus acuerdos con importadoras neerlandesas para crear lo que ellos llaman el “valle andaluz del hidrógeno verde”. Con una inversión de 1.000 millones de euros aspiran a generar hasta 300.000 toneladas de hidrógeno a partir de renovables en 2027, cuando se hayan completado las dos fases del proyecto: una en Palos y la otra en San Roque (Cádiz). También está Repsol, que lidera el consorcio Shyne (Spanish Hydrogen Network) junto a Alsa, Bosch, Celsa, Enagás, Scania y Talgo, y proyecta para 2030 una capacidad productiva similar a la de Cepsa.

Enagás, el grupo que gestiona los grandes gasoductos en España, se va a lanzar a la vuelta del verano a la captación masiva de clientes para que usen el futuro tubo de hidrógeno H2Med, un proyecto faraónico ideado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para potenciar la independencia energética de España. Enagás va a realizar inicialmente un proceso conocido como call for interest para después abrir otra fase denominada open season con el objetivo de ir cerrando contratos para llenar la red troncal que se desplegará en España para abastecer de hidrógeno el H2Med, una gran tubería submarina que unirá España con Francia a través del Mediterráneo. Así lo explicaron ayer los responsables de Enagás ante los inversores en una presentación en la que además de detallar los resultados financieros del primer semestre del año (ver información adjunta), dieron a conocer el estado actual de H2Med, el proyecto más ambicioso de la compañía y del sector energético español en su historia reciente. El call for interest se realizará a partir del 14 de septiembre. Ese día, Enagás dará a conocer más detalles del proyecto H2Med con presentaciones masivas (road-show). Después, entre el 22 de septiembre y el 17 de noviembre, se abrirá un plazo para que las empresas presenten muestras de interés para utilizar la infraestructura. El objetivo de Enagás es asegurarse clientes para esa red a modo de preventa, lo que servirá de garantía para financiar su construcción antes de su entrada en operación, en 2030. 

Iberdrola ha decidido continuar su estrategia de rotación de activos para obtener financiación adicional y continuar así su proceso de nuevas inversiones. En ese contexto anunció ayer la venta de una participación del 49% en la sociedad que construye el parque eólico marino Baltic Eagle, frente a las costas de Alemania y que tendrá una capacidad de generación de 476 megavatios a la hora de electricidad. El parque se encuentra en proceso de construcción y la eléctrica vasca ingresará 375 millones de euros por la venta de esta participación minoritaria, que pasará a manos del grupo Masdar de Abu Dhabi. En la comunicación a la CNMV la empresa ha matizado que a partir de ahora tanto Iberdrola como Masdar realizarán ampliaciones de capital, cada uno en la proporción que le corresponde, para completar la inversión necesaria en la construcción del parque.

Los márgenes de las empresas españolas están en máximos históricos y superan ya los 300.000 millones de euros. Es la cifra más elevada de la serie histórica y se encuentra un 50% por encima de los resultados obtenidos en el cuarto trimestre de 2019, antes de la irrupción de la pandemia de Covid-19. Los datos fueron difundidos este miércoles por el Gabinete de Estudios Económicos de Comisiones Obreras y centran buena parte del análisis en las empresas energéticas, el sector que más se ha beneficiado de la crisis inflacionista y la subida de precios. Según estas cifras, los márgenes de las energéticas se han más que triplicado desde finales de 2019 y superan ya los 97.800 millones. En términos porcentuales, supone una subida del 262%. El debate sobre los márgenes de las compañías, avivado por los sindicatos desde hace meses para exigir las subidas salariales, desembocó en la puesta en marcha del Observatorio de los Márgenes Empresariales, una herramienta con la que el Gobierno de coalición quería conseguir datos con los que tomar decisiones. Los primeros resultados, presentados a comienzos de julio por los Ministerios de Economía y Hacienda y el Banco de España, certificaron que las empresas habían recuperado por lo general los niveles previos a la pandemia, llegando a dispararse en industrias clave como la de la energía. Según corrobora el gabinete económico del sindicato, el aumento de los márgenes no se ha producido con igual intensidad en todos los sectores.

Acerinox redujo un 54% su beneficio neto entre enero y junio, hasta 278 millones de euros. El consejero delegado del fabricante de acero inoxidable y aleaciones especiales, Bernardo Velázquez, ha destacado que los resultados, que muestran una “una clara mejoría” respecto al segundo semestre de 2022, se han producido “en un entorno complejo” teniendo en cuenta el proceso de reducción de existencias y la menor demanda, por lo que consolidan “un nuevo umbral de rentabilidad”. La mejora, apunta la compañía, se refleja en la comparación entre los dos trimestres de 2023, siendo los del segundo ligeramente superiores a los del primero. El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 462 millones, un 51% inferior al del mismo periodo de 2022, pero un 39% superior al del segundo semestre de 2022. La facturación bajó un 27%, con 3.522 millones. La producción de acería total alcanzó los 1,2 millones de toneladas, un 21% menos. La división inoxidable tuvo unas ventas en el semestre de 2.846 millones, un 11% menos, con un ebitda de 388 millones, un 56% menos que entre enero y junio de 2022 pero un 43% mejor que el semestre precedente. Acerinox ha señalado que el mercado europeo sigue afectado por la situación geopolítica, las incertidumbres económicas y el impacto de la inflación en los costes, especialmente energéticos. La debilidad de la demanda, unida a la corrección de inventarios y a los bajos precios, han provocado un descenso del 62% de las importaciones de producto plano hasta mayo. En Estados Unidos, donde opera a través de su filial NAS, el consumo aparente de producto plano cayó un 29% hasta mayo por la reducción de existencias, que se han normalizado a lo largo del segundo trimestre.

El Ministerio de Industria está a punto de lanzar la nueva convocatoria de su paquete de ayudas para impulsar la fabricación de vehículos eléctricos en España. El plan asciende a 559,6 millones de euros y las empresas tienen un mes a partir del próximo 16 de agosto para solicitarlas. La partida incluye 344,4 millones de euros en subvenciones y 215,2 millones en créditos a bajo interés. Este paquete se suma a los 837 millones de euros que Industria ha destinado a las baterías eléctricas. El Ministerio de Industria ya tiene lista la convocatoria de ayudas a los proyectos del sector de la automoción para impulsar el desarrollo y la fabricación de coches eléctricos y conectados. Previsiblemente, la publicará hoy en el BOE, aunque desde hace unos días el documento figura en su registro de ayudas públicas. Ascienden a 559,6 millones de euros, que se irán repartiendo en función de cómo vayan llegando y aprobándose las diferentes solicitudes hasta agotar disponibilidad. Según consta en el documento, los interesados podrán presentar sus solicitudes entre el 16 de agosto y el 15 de septiembre. Esta línea de ayudas aúna 344,4 millones en subvenciones y 215,2 millones en créditos blandos, con tipos de interés más favorables a los del mercado, y complementa la que abrió el Gobierno en junio por un importe de 837 millones para proyectos vinculados con el desarrollo de toda la línea de negocio vinculada a las baterías. En este caso, Industria se centra en el vehículo propiamente dicho, pero también dará ayudas a la investigación industrial en baterías o pilas de combustible (las que requieren el uso de hidrógeno como combustible).

La alta sensibilidad que tiene el banco en España a las subidas de tipos de interés ha catapultado esta filial como el mayor mercado del grupo por beneficios. Esto no sucedía desde 2009. Desde la crisis financiera, Brasil, Reino Unido y EEUU (sobre todo el primero) han venido alternándose como motor del banco. El tirón de los ingresos en España ha compensado con creces el impacto del impuesto extraordinario (224 millones en su caso) aprobado el año pasado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y abonado en febrero. En todos los países en los que opera, Santander ganó 5.241 millones en el primer semestre, un 7% más que hace un año y ligeramente por encima de lo barajado por el mercado. Según los analistas, el banco ganará 10.000 millones este año, el mayor beneficio de su historia. Las subidas de tipos de interés han disparado los márgenes de las filiales europeas (España y Polonia especialmente) y de Santander México. Esta variable, en cambio, está impactando negativamente en su banco en Brasil (el beneficio ha caído un 39% en el semestre), en otros países de Latinoamérica y en el negocio de financiación de automóviles, muy elevado en Estados Unidos. La cúpula de Santander confía en que el precio del dinero empiece a bajar este mismo año en varios países latinoamericanos. Santander Brasil ha ganado 823 millones en el semestre, un 40% menos. Reino Unido crece un 11%, hasta 818 millones, y México, un 39%, hasta 760 millones. El margen de intereses del grupo totalizó 20.920 millones en el primer semestre, un 13,6% más que hace un año. Las comisiones repuntaron un 4,3% y los gastos, un 9,1%. La rentabilidad sobre el capital tangible (Rote) ha aumentado desde el 14,38% de marzo al 14,49% de junio. Todavía es insuficiente para cubrir el coste de capital. Según el banco, ésta es la razón que explica por qué el banco cotiza en Bolsa por debajo de su valor en libros.

El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el apoyo del PSOE, PP, Unidas Podemos, PNV, ERC, Coalición Canaria, PRC y de Compromís, y la abstención de Ciudadanos y Vox, el real decreto ley, aprobado por el Consejo de Ministros del 28 de junio, que prorroga medidas para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y de la erupción del volcán de La Palma. Es el séptimo paquete de medidas del Gobierno para hacer frente al conflicto bélico y las consecuencias de la erupción del volcán de La Palma. El coste de las medidas es de 3.800 millones de euros. El Gobierno eleva ya a 8.900 millones las ayudas y bonificaciones. Y, en total, a 47.000 millones de euros el valor de todas las medidas para responder a las consecuencias de la guerra. En otros puntos, la norma prorroga hasta el 31 de diciembre, entre otras disposiciones, las siguientes: la rebaja del IVA de los alimentos, al 5% en el caso de aceites y pastas, y al 0%, en el caso de productos básicos como el pan, los huevos, las frutas y verduras. También continúan los descuentos en el transporte colectivo urbano e interurbano, de al menos el 50%. Además, prorroga la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables, que no pueden pagar la hipoteca. El real decreto también mantiene la prohibición de despedir a las empresas que reciban ayudas por el incremento de los costes energéticos. Para reducir plantilla, las compañías no pueden alegar como causa objetiva el encarecimiento de los costes energéticos. En caso contrario, tendrán que devolver las ayudas que reciben.

Las empresas del sector de la distribución llevan meses en el centro de la diana. Incluso desde el propio Gobierno de coalición les han acusado de beneficiarse de manera excesiva a costa de subir los precios para mejorar sus márgenes. Pero los empresarios defienden que el comercio no sale ganando con la espiral de precios, sino que son víctimas de la situación, ya que sus márgenes se están reduciendo como consecuencia de una subida superior de los costes que de los precios a los que venden. Aseguran, además, que están actuando como dique de contención. En un documento de propuestas del sector remitido por la CEOE a los partidos políticos en los días previos a las elecciones, los empresarios advierten de que las iniciativas para topar los precios tendrían un «efecto devastador, reduciendo la disponibilidad de bienes, fomentando el mercado negro e incrementando el precio de estos, así como pérdidas económicas de los negocios y todos los eslabones de la cadena de producción, que se traducirían en una alteración negativa de la estructura competitiva del mercado en sus diferentes formatos, en pérdidas de puestos de trabajo y en el cierre de empresas». Sin embargo, consideran conveniente apoyar otro tipo de iniciativas como las alianzas de compra, que son acuerdos entre cadenas de distribución para negociar de manera conjunta con los proveedores y obtener mejores precios y condiciones. A su juicio, «han demostrado ejercer un rol clave en la lucha contra la inflación, permitiendo a mayoristas y minoristas negociar mejores precios que se trasladan al consumidor final». Defienden este modelo como «un medio para mejorar el bienestar de los consumidores por su efecto favorable para la competencia». Insisten en que este tipo de alianzas permiten a numerosas empresas pequeñas y medianas competir tanto en surtido como en precio y llevar bienes esenciales de gran consumo a todos los rincones de la geografía gracias a su apoyo a las cadenas regionales.

Espaldarazo del Tribunal Supremo a la ley aprobada por el Gobierno a finales de 2021 que permite convertir a decenas de miles de interinos en funcionarios sin necesidad de pasar por el trámite de una oposición. Después de meses de polémicas por su posible inconstitucionalidad y con numerosas críticas por parte de expertos e incluso de parte del alto funcionariado, el Supremo por fin se ha pronunciado avalando esta norma. Considera que «no incurre en inconstitucionalidad» y «cuenta con motivación y certeza suficientes», según explica en una sentencia con fecha del 20 de julio a la que ha tenido acceso este periódico. El objetivo del Gobierno presidido por Pedro Sánchez para aprobar esta ley no es otro que reducir la elevada temporalidad que hay en los organismos públicos, superior al 30%, al 8% comprometido con Bruselas, después de la regañina que el Tribunal Europeo hizo a España por este abuso de la precariedad en los trabajadores públicos. El Alto Tribunal rechaza un recurso interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local contra el real decreto aprobado en el último Consejo de Ministros del año 2021 y respalda que el personal interino de las entidades locales pueda acceder a un proceso para ser funcionario de carrera con el fin de reducir el empleo temporal y cumplir con el régimen jurídico del empleo público, siendo el personal temporal una excepción. Legitima la norma que reserva concursos y no oposiciones para quienes lleven más de cinco años como temporales. 

Tres días después de las elecciones generales, el Gobierno vasco decidió ayer presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de vivienda, uno de los proyectos estrella de Pedro Sánchez en la pasada legislatura, al entender que invade competencias de Euskadi. La medida abrió una grieta en el Gabinete de coalición al dividir al PNV –su impulsor– y al PSE. Además, enrarece la relación entre los jeltzales con el candidato socialista a La Moncloa en plenos tanteos para la investidura. Tres días después de unas elecciones generales que dejan como principal opción para la gobernabilidad la reedición de un Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar tremendamente dependiente de los partidos que conforman la llamada ‘mayoría de la investidura’ (PNV, ERC y Bildu, a los que hay que sumar a Junts), el Gobierno vasco, en un movimiento inesperado, acordó llevar ante el Tribunal Constitucional la ley de vivienda por invasión competencial, una de las normas estrella que Pedro Sánchez vende en su legado como «histórica». La decisión conlleva una enorme carga política ya que ha supuesto la división dentro del Gobierno vasco por el desmarque de los socialistas, que criticaron el paso dado por el ala jeltzale. Es la primera vez en tres años de legislatura que los tres consejeros del PSE –Idoia Mendia, Iñaki Arriola y Javier Hurtado– se plantan y piden que conste en acta que ellos se desmarcan de su socio. Arriola se mostró muy crítico con esta decisión al considerar que esta ley ofrece «una oportunidad a Euskadi» y «amplía derechos». También la dirección del PSE se vio obligada a emitir un comunicado señalando que «esperan que este recurso no entorpezca la puesta en marcha de la legislación estatal y prive a la sociedad vasca de una herramienta muy positiva». Más que el fondo, lo sorprendente ha sido el ‘timing’ elegido: el primer Consejo de Gobierno tras las elecciones generales. 

El Gobierno vasco recurrirá el cambio de estatutos que el Consejo Regulador de Rioja diseñó para blindar la exclusividad de su producción frente al proyecto ‘Viñedos de Álava-Arabako Mahastiak’; una maniobra defensiva que avaló el Ministerio de Agricultura el pasado junio. La modificación de normas castiga una hipotética inscripción con doble etiquetado –en la denominación alavesa y la de Rioja– imponiendo un año en blanco a bodegueros y productores que decidieran regresar a la marca original. En síntesis: impone que la uva de Rioja solo se pueda destinar al vino auspiciado por la denominación. Pero Lakua considera que erosiona la libertad de comercio y perjudica al sector. Así que confirma lo ya avanzado hace tres semanas: acudirá al contencioso-administrativo para exigir la derogación de ese nuevo marco normativo. Lo anunció ayer Bingen Zupiria, portavoz del Ejecutivo. Fue una de las decisiones adoptadas en el primer Consejo de Gobierno tras las elecciones generales. Unos comicios en los que el PNV cayó al cuarto puesto en Álava mientras EH Bildu, menos ambigua en su apoyo al proyecto de la denominación alavesa, fue segunda. El paso anunciado por Zupiria no tiene, en todo caso, pleno apoyo en el Gobierno de coalición. Porque se tomó sin el respaldo de los tres consejeros socialistas. Lo mismo que sucedió con el recurso ante el Tribunal Constitucional por la Ley de la Vivienda, confirmado también ayer.

En las elecciones generales del pasado domingo la gobernabilidad del país quedó en el aire. El escrutinio otorgó 136 escaños al Partido Popular, 122 diputados al PSOE, 33 a Vox y 31 de Sumar, dejando los dos bloques muy igualados. No obstante, el resultado final podría sufrir variaciones, ya que falta por contabilizar el voto CERA, el de los españoles residentes en el extranjero. Se espera que tras este recuento puedan bailar varios escaños que podrían ser decisivos dado el ajustado resultado electoral. El PP es el que más puede ganar y está pendiente de si el recuento del voto del extranjero puede permitirles sumar otros tres escaños a sus 136 diputados, uno en Madrid que le arrebataría al PSOE, otro en Girona que le ganaría a Junts y un último escaño en Cantabria proveniente de Vox. El recuento del voto de los residentes ausentes es clave, por tanto, para la gobernabilidad y el reparto de los bloques, porque el PSOE podría retroceder a los 121 escaños si el PP suma otro en Madrid y Junts perder uno de sus siete representantes. Con el actual reparto, el PP (136) más Vox (33) suman 169, a los que podrían añadir los de UPN (1) y Coalición Canaria (1), que, sin embargo, tiene reparos con Vox. Esa hipotética y compleja suma alcanzaría los 171 escaños, mientras que el PSOE (122) con sus socios (31 de Sumar, 7 de ERC, 6 de EH Bildu, 5 de PNV y 1 de BNG) sumaría 172, uno por encima del otro bloque. Junts tendría en la abstención la llave de la gobernabilidad. Sin embargo, si el PP suma el escaño madrileño, se colocaría en 172 y el otro bloque en 171. Si los populares lograsen añadir el de Girona, el recuento implicaría 173 escaños frente a 171. En ese escenario, el PSOE necesitaría el sí de Junts y no sólo su abstención. 

Europa arde a orillas del Mediterráneo. La ola de calor que desde hace más de una semana asfixia a los países situados en sus dos riberas, con máximas cercanas a los 50 grados en rincones como Argel o la isla de Cerdeña, ha alimentado una cadena de incendios que, lejos de remitir, gana terreno con el paso de las jornadas. Primero fue Grecia, donde más de 140.000 hectáreas han quedado reducidas a cenizas en nueve días y varios focos siguen sin control, pero las llamas avanzaban ayer también por Italia, Croacia o Portugal y, al otro lado, en África, por Argelia y Túnez. El fuego ha arrasado viviendas y negocios, ha provocado daños en patrimonio natural y arqueológico y ha acabado con la vida de más de cuarenta personas. Y la previsión meteorológica no mejora el horizonte. La primera chispa de esta cadena de incendios en la cuenca mediterránea saltó el lunes 17 en Grecia. El fuego comenzó en la turística isla de Rodas, frente a las costas turcas, donde miles de vecinos y visitantes fueron evacuados hacia el norte en vista de la voracidad de las llamas. Hoy continúan descontroladas en varios puntos, hay constantes rebrotes –los pueblos de Malona, Vatio y el área de Gennadi se llevaban ayer la peor parte– y el goteo de desalojos no cesa. Los Bomberos calculan que desde mitad de mes se han declarado más de medio millar de focos en esta postal griega, ahora teñida de negro, que recibe cada año a 2,5 millones de viajeros.