20230731

Los récords de afiliación que bate Euskadi tienen letra pequeña. Según Confebask, desde la crisis de 2008 el empleo privado ha perdido 80.225 trabajadores en Euskadi, mientras que el público ha ganado 70.227. Euskadi ha superado con sobresaliente el embate que las dos crisis financieras y la del Covid, sumadas a la guerra de Ucrania y la espiral inflacionista y de tipos de interés altos, han provocado en su mercado laboral. El empleo, con los vaivenes lógicos de cada momento, ha remontado y el pasado mes de mayo rompió la cifra simbólica del millón de afiliados. Sin embargo, el empleo hoy es bien distinto en su composición al que había a finales de 2008. Más trabajo pero distinto. ¿Por qué? Porque dentro de la remontada general los sectores tradicionalmente ligados a la empresa privada (como puedan ser la Industria o la Construcción, entre otros) han visto cómo ‘encogía’ su fuerza laboral, mientras los mayormente ligados al ámbito público (véase la Salud o la Educación) han hecho exactamente lo contrario, han ‘engordado’ para protagonizar las mejoras más abultadas. Así lo señala un informe de la patronal vasca Confebask al que ha tenido acceso DV, que subraya que en estos quince años los subsectores con mayores pérdidas de empleo –todos ligados a la empresa privada– han visto desaparecer por encima de 80.200 puestos de trabajo. En ese mismo tiempo, añade el documento, aquellas actividades tradicionalmente ligadas al desempeño público han liderado la afiliación a la Seguridad Social, sumando más de 70.200 ocupados. El director general de la patronal vasca, Eduardo Aréchaga, evita presentar la situación como un enfrentamiento entre esos dos mundos. Lejos de eso, el ‘número dos’ de Confebask urge a «equilibrar las dos grandes fuentes del empleo en Euskadi». «No podemos dejar de aspirar a ese empleo, el industrial, porque es un empleo productivo, de calidad, con altos salarios y que aporta mucho al país en cuanto a bienestar y PIB». «Ahora que hemos recuperado lo perdido en las crisis financieras y del Covid y que hemos batido los récords históricos, debemos meter el ‘zoom’ y darnos cuenta de los retos por superar. Y es que no todo ha vuelto a su ser en el empleo del País Vasco. Aún nos queda dar pedales», afirma. Ante la pregunta de si el sector público ‘roba’ empleo al privado, Aréchaga evita el enfrentamiento, ni siquiera recurre al lamento ante la imparable tendencia de perfiles antes ajenos a la administración que abandonan las empresas para intentar convertirse en funcionarios. «¿Un competidor? Quizás en algunos oficios o perfiles como gente con ADE o Derecho alguien lo vea como un empleo refugio, pero en general somos complementarios. A nosotros lo que nos gustaría es que la empresa sea un valor y que la figura del empresario guste, que es algo que debemos promover entre todos, y que haya más vocación por ser empresario», subraya Aréchaga.

Jesús Ferreiro, catedrático de Economía de la UPV/EHU, repasa con este periódico esa dualidad del mercado laboral vasco de los últimos quince años, periodo en el que el empleo privado ha crecido pero lo ha hecho con mucho menos pulso que el público. Aún así, Ferreiro resalta la importancia del ámbito público y resalta que los países «más competitivos y resilientes» son siempre los que cuentan con una Administración fuerte y extensa. Al mismo tiempo, reconoce que tenemos una asignatura pendiente con la industria, «cuya fortaleza nos ha ayudado siempre a capear las crisis y que no ha crecido todo lo que debiera».  Ferreiro revela que el sector público, que crece al compás del desarrollo del estado del Bienestar, «trabaja siempre como un estabilizador automático» y sale al rescate de la economía cuando llegan las crisis y el sector privado sufre. A eso, que es lo habitual, se suma la dureza de las dos recientes crisis financieras (las más intensas que se recuerdan) y el tsunami del Covid, dos circunstancias «extraordinarias» que acrecentaron esa tendencia natural. Al lógico reforzamiento de Osakidezta o del ámbito asistencial como consecuencia del Covid, Ferreira añade que «tras los ajustes por la austeridad impuestos a las plantillas públicas en su día, tanto en España como en Euskadi, es normal que hubiera que reforzarlas; además, está la renovación de personal por las muchas jubilaciones». En cualquier caso, el catedrático asegura que «las economías que mejor funcionan, y son más competitivas y resilientes, y hablo de Francia, Alemania, Holanda, Austria o los países escandinavos, son aquellas que tienen un sector público más grande». Dicho eso, Ferreira reconoce que «la industria no ha crecido lo deseable» y que eso es «un problema». «A largo plazo no necesitamos más hoteles sino que otra empresa como Mercedes venga al País Vasco y se instale aquí. El desafío es regenerar el empleo industrial, que socialmente es también más ventajoso, más estable, de más calidad y con mejores salarios», dice. «Si lo que quiero es tener una economía avanzada necesito tener algo más de empleo público y recuperar el manufacturero. No es ‘A’ contra ‘B’, sino cómo recomponer el privado», señala.

El País Vasco quiere ser la avanzadilla de la implantación del nuevo modelo de Formación Profesional en España. Ya tiene todo preparado para aplicar desde el próximo curso los cambios recogidos en el real decreto con el que el Gobierno pretende reordenar la FP del futuro. De modo experimental, unos 10 o 12 centros formativos comenzarán a ofertar los cinco niveles de acreditación oficial, desde las microformaciones (grado A) hasta los títulos en cursos de especialización y másteres en formación (grados D y E). A estas cinco escalas podrán acceder tanto alumnos del sistema educativo como trabajadores y personas en desempleo. Esta oferta académica se extenderá en el curso 2024-2025 a los 70 centros integrados que forman la red vasca de FP. La FP vasca lleva recorrido mucho camino en la transformación del sistema que persigue la nueva normativa estatal, aseguran los responsables educativos del Ejecutivo autónomo. El viceconsejero de Formación Profesional, Jorge Arévalo, asegura que Euskadi cuenta con el modelo más avanzado del país: “Llevamos mucho tiempo con los deberes hechos. Todas las novedades, como las titulaciones a la carta, las convalidaciones con la Universidad, dedicar más horas a la formación en empresas o la FP Básica, ya se habían puesto en marcha en el País Vasco. Y ahora tenemos todo preparado para incorporar el resto de cambios”, dice.

El orden de países en los que la economía vasca más ha comprado en el exterior venía siendo de modo casi continuo Alemania, Francia y China. Con los datos del último mes de mayo, el país gobernado por Xi Jiping ha desbancado a una economía francesa que acusa la desaceleración del centro de Europa. El acumulado de las importaciones a China hasta mayo suma 977,5 millones de euros, un 12,8% más que el año pasado. Pero si se compara con las mismas cifras de 2019, el salto es de un 73%, un avance mucho mayor que el de Alemania (29,3%) y que el de Francia (16,8%). Es una de las consecuencias económicas que ha dejado la pandemia, el incremento del peso estratégico de China. Su política de ‘covid cero’, que paralizó el país, y que su ritmo de crecimiento actual se haya reducido a un 0,8% en el último trimestre no han evitado que en cuatro años la economía oriental haya logrado registros récord. Dos de las cuestiones que más han favorecido este cambio en los últimos meses tienen que ver con la crisis energética provocada por la invasión rusa de Ucrania y por el avance del coche eléctrico. En el primer caso, tras el bloqueo de productos energéticos de Rusia implementado desde la UE, las compras de combustibles minerales –entre los que se cuenta el petróleo y el diésel– se han disparado hasta multiplicarse por siete en el último año. Sus importaciones entre enero y mayo han ascendido a un total 21 millones de euros, frente a los 2,9 de 2022. Y es que esta partida arancelaria era prácticamente residual con China. El impulso en la transición a la movilidad sin emisiones de CO2, que ha llevado a Europa a prohibir los vehículos de combustión en 2035, es otra de las causas que ha generado un aumento de las importaciones. Y es que el desarrollo del coche eléctrico en China está convirtiendo a este país en uno de los principales vendedores y líderes mundiales con marcas como Geely, BYD o Chery que han llegado a Europa bajo el reclamo del ‘low cost’ y a precios muy competitivos.

La compañía cuenta con más de 40.000 ingenieros en plantilla y opera 30 complejos industriales en todo el mundo. El gigante asiático tiene su sede central en Shenzhen. Fundada como fabricante de baterías en 1995 por Wang Chuang Fu, BYD alimentó de energía a toda una generación de teléfonos de Nokia y Motorola antes de iniciar su andadura en el sector del automóvil, primero como fabricante de autobuses y carretillas elevadoras, y más tarde con tranvías, monorraíles, ferrocarriles y un primer turismo eléctrico, el F3, que presentó hace ahora 20 años. Entre sus hitos se encuentran el haberse convertido en el tercer mayor productor de baterías del mundo, ser durante los últimos 10 años el fabricante que más coches electrificados (puros e híbridos) ha vendido en China, haber alcanzado los cinco millones de vehículos eléctricos en el mundo y contar con una cotización en Bolsa que ha llegado a superar los 120.000 millones de euros, cifra que solo mejoran Tesla y Toyota en el sector. Y todo ello con la tranquilidad de fabricar internamente sus propias baterías y semiconductores, evitando depender de terceros. Con forma de hexágono, los trabajadores pueden acceder a ella por medio de un monorraíl construido para este fin. Además, está rodeada por edificios residenciales para los empleados, instalaciones deportivas, un centro de diseño y otras instalaciones necesarias para el desarrollo de vehículos para su comercialización en todo el mundo. La magnitud de la compañía provocó que en 2015 se la reconociera en el puesto 51 entre las empresas capaces de cambiar el mundo. El director general de BYD, Yunfei Li, afirma que su empresa trabaja para lograr “bajar un grado la temperatura global del planeta” y para ello propone seguir desarrollando productos y tecnologías (cuentan con más de 28.000 patentes) que ayuden a sus clientes a proteger el medio ambiente.

Como parte de sus planes de expansión internacional y de aumento de su capacidad industrial, el gigante asiático estudia construir una gigafactoría de producción de baterías en Europa y ha sondeado a España como posible localización. BYD quiere hacer un desembarco potente en el mercado europeo y para ello le convendría contar con fábricas en la región que reduzcan los tiempos de espera. De esta forma, está barajando diferentes países con el fin de encontrar el que más se ajuste a sus necesidades. Con este objetivo, representantes de la multinacional china se pusieron en contacto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para interesarse por las condiciones a las que tendría acceso en caso de decantarse por España como sede de su futura gigafactoría en Europa. Estos contactos preliminares permitieron a la compañía conocer los detalles de las ayudas públicas, tanto estatales como regionales, que podría recibir por la construcción de una planta de baterías en territorio español. La segunda convocatoria del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), lanzada el pasado 17 de julio, recoge ayudas de hasta 300 millones de euros por la puesta en marcha de una nueva gigafactoría.

Las obras del centro logístico que la Compañía Vinícola del Norte de España (CVNE) inició en diciembre encaran su fase final. Tras haber encarrilado la parte exterior de la superficie de 9.000 metros cuadrados que la firma construye en el polígono Casablanca, la compañía trabaja ahora en el interior de esta infraestructura con el objetivo de inaugurarla en octubre, dos meses antes de lo previsto. El centro, que lleva detrás una inversión de 4,8 millones, tendrá capacidad para albergar entre 5 y 7 millones de litros de vino, según han informado fuentes de la compañía. La cifra, enorme, da cuenta del espacio que se liberará en la bodega Viña Real, el espacio privilegiado en el Cerro de la Mesa, desde el que brota una enorme tina de 30.000 metros. Allí se ejecuta todo el proceso productivo del vino, desde que se recoge la uva hasta que las botellas salen preparadas para saborear los caldos de la DOCa Rioja. Un proceso que había limitado en los últimos años el espacio en la bodega y hacía necesaria la edificación del centro logístico, que ahora atisba su apertura. El centro de CVNE estará muy cerca de otra infraestructura que aspira a figurar entre las grandes apuestas empresariales de Rioja Alavesa, el centro de Aeternal Mentis. Una infraestructura que, a diferencia de la de CVNE, parece haber entrado en vía muerta frente al trabajo del grupo vinícola.

La subida abrupta de tipos del Banco Central Europeo (BCE) en el último año ha tenido varios efectos. Por un lado, se está reduciendo la inflación, como se pretendía, aunque de paso se está frenando la economía y se ha provocado un endurecimiento del crédito. El sector financiero, mientras tanto, engorda su cuenta de resultados al recuperar ingresos que se habían esfumado durante la era de tipos cero o negativos. En el caso español, el margen sigue creciendo con fuerza porque la banca no está trasladando con la misma intensidad la nueva política monetaria a los depósitos de las familias. Una de las preguntas recurrentes de los clientes particulares desde hace meses es cuándo va a remunerar más la banca el ahorro. La respuesta, por el momento, sigue siendo la misma: toca esperar. No será hasta 2024, al menos eso es lo que prevén las entidades. “No pensamos que a corto plazo haya que remunerar los depósitos minoristas”, dijo el viernes Onur Genç, consejero delegado del BBVA, en la presentación de los resultados del primer semestre. Uno de sus grandes rivales, el Banco Santander, abundó en esta idea en su conferencia con analistas el miércoles, tal vez para mostrar que la fortaleza en la generación de beneficios se va a alargar algo más en el tiempo de lo previsto. “No esperamos una remuneración mucho más alta en el futuro inmediato”, afirmó Héctor Grisi, consejero delegado de la entidad, tras presentar los resultados. El Gobierno no está conforme con esta deriva generalizada y, por ello, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, encargó hace un mes a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que investigue los motivos por los que la banca no remunera más los depósitos. Los planes sobre el inicio de la llamada guerra por el pasivo se han modificado de forma reciente. Desde hace unos meses, el sector financiero se preparaba para su comienzo a la vuelta del verano. Entre otras cosas, por la necesidad de atraer fondos tras la devolución de la mayor parte de los TLTRO (la financiación a largo plazo que el BCE brinda a las entidades en condiciones muy ventajosas). Sin embargo, el mercado en España sigue inundado de liquidez, esta vez alimentado por el freno en la demanda del crédito. 

Tras una escalada imparable desde hace prácticamente un año, el euríbor despedirá el mes de julio previsiblemente en el 4,15%. Pese al gran alza, supone que se siga ralentizando el ritmo de ascensos que viene registrando en los últimos meses, ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo (BCE) realice algún parón en la subida de tipos de interés. Con respecto a junio, el aumento es de 14 puntos básicos, similar al registrado en el pasado mes, cuando pasó del 3,862% de mayo al 4,007%. Si se compara el nivel de julio de este año con el mismo mes de 2022, el aumento es de 3,29 puntos porcentuales. Además, el indicador continúa en máximos desde noviembre de 2008, cuando se colocaba en el 4,350%. Hay que retroceder quince años para ver un índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España en un nivel similar. En concreto, el anterior máximo está en noviembre de 2008, cuando cerró en el 4,35%. Su máximo histórico fue unos meses antes, en julio de aquel año, alcanzando el 5,393%. Esto se traduce en que una persona que tenga contratada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 años y con un diferencial del 0,99% más euríbor y deba revisar su tipo de interés en el mes de mayo, registrará un aumento de su cuota hipotecaria de unos 265 euros al mes, unos 3.180 euros más al año. Es previsible que el euríbor continúe su tendencia ascendente en agosto, después de que el BCE aprobase el pasado jueves una nueva subida de tipos de 25 puntos básicos hasta elevarlos al 4,25%, su máximo desde que hay registros, por lo que el índice al que están referenciadas la mayoría de hipotecas variables debería recoger esta nueva subida.

Orange España llevará a cabo una reducción de capital de 500 millones de euros con el fin de equilibrar su valor patrimonial con el de MásMóvil, y poder así cuadrar el acuerdo de fusión que prevé que ambas compañías posean el 50% de la sociedad conjunta que salga de la operación. Según la legislación vigente, para aplicar esa reducción del capital la empresa debe modificar sus estatutos para recurrir a reservas de los recursos propios de la sociedad. En este caso, Orange España reduce su capital en 500 millones para disponer de reservas suficientes con las que formalizar el pago del dividendo extraordinario a su grupo matriz en el momento de la fusión con MásMóvil. El acuerdo de la joint venture establece que la filial debe abonar al Grupo Orange 4.200 millones de euros en forma de un dividendo extraordinario en metálico, estimado en 2.030 millones y la cancelación de la deuda que tiene Orange España con el grupo por otros 2.170 millones. Como consecuencia de la fusión, los accionistas de MásMóvil recibirán otro dividendo extraordinario estimado en 1.650 millones de euros. No obstante, estos dividendos extraordinarios son una cantidad estimada que habrá que volver a calcular en función de los valores reales en el momento de formalizar la operación. Esta operación de reducción de capital, que publica hoy el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), persigue que Orange España esté en disposición de cumplir con los ajustes y plazos acordados en el acuerdo con MásMóvil para el supuesto de que la operación sea aprobada por la Comisión Europea y llegue a ejecutarse. En caso de que no sea así, no se llevaría a cabo.

La liga mundial de la construcción está dominada por las grandes corporaciones chinas, que en 2022 volvieron a liderar el ránking del sector por cifra de negocio. España, con siete representantes en el top 100, conserva su peso, aunque cuenta solo con un grupo entre las 15 primeras posiciones. Se trata de ACS, según el informe anual Global Powers of Construction (Gpoc) de Deloitte. Además del grupo presidido por Florentino Pérez, Acciona, FCC, Ferrovial, Sacyr, OHLA y Sanjose consiguen un puesto entre las 100 mayores empresas del sector constructor, con una cifra agregada de facturación de 75.100 millones de dólares (68.200 millones de euros), un 9,9% más que un año antes y por encima del ritmo de crecimiento medio, del 6,3%. España se consolida en el sexto puesto en cuanto a volumen de ingresos de sus compañías, por detrás de China, Japón, EEUU, Francia y Corea del Sur. ACS ocupa el duodécimo lugar, el mismo que en la lista de 2021, con una cifra de facturación de 35.412 millones de dólares. La constructora española encabeza un año más el ránking de internacionalización, obteniendo el 90% de sus ingresos en el extranjero, con un gran peso en los mercados estadounidense y australiano. Acciona ha ascendido este año tres puestos en la clasificación, hasta el trigésimo tercero, tras elevar un 34,2% los ingresos, hasta 12.863 millones de euros. FCC, pese a bajar una posición, adelanta a Ferrovial en la clasificación y ahora está en el número 43, con 7.954 millones de euros (+3%). El grupo que preside Rafael del Pino ha pasado del puesto 40 al 46 tras haberse centrado en el negocio concesional, si bien sigue siendo la primera constructora española por capitalización bursátil y la sexta a nivel mundial.

Independientemente de quién sea el próximo presidente del Gobierno, los fondos europeos encaran la segunda vuelta de su desembolso en la economía española. Tras haberse asignado más de 27.000 millones de euros hasta mayo, la Comisión Europea deberá aprobar en agosto la adenda del plan de recuperación que el Consejo de Ministros remitió en junio. Si sigue adelante, España recibirá a partir de 2024 más de 94.000 millones de los fondos Next Generation EU, cuyo desembolso depende del cumplimiento de las condiciones. La Administración deberá de ser el brazo ejecutor que encauce esos recursos, pero el periodo electoral alargado que vive el país desde el pasado 28 de mayo dará un giro a la estructura de comunidades autónomas y ayuntamientos. Mientras, el Gobierno central seguirá en funciones, al menos, hasta septiembre. No obstante, desde el Ministerio de Asuntos Económicos afirman que en previsión de los procesos electorales avanzaron las reformas necesarias para percibir los fondos y que, más allá de aquellos proyectos que requieran de legislación parlamentaria, las inversiones seguirán su curso. De hecho, el director de estrategia y subvenciones de FI Group, Gerard Brinquis, explica que, lejos de frenarse, el despliegue de los fondos está acelerándose de cara al final del año. “En este último mes hemos tenido muchísima más actividad a nivel de convocatorias de devengación de fondos o de subrogación de convocatorias que en los últimos cinco meses”, afirma.

La Comisión Europea propuso a principios de julio una salida coordinada de la Unión Europea del Tratado de la Carta de Energía (TCE). El principal argumento para justificar su salida, tras casi 30 años de permanencia, es que la actualización del texto le impide cumplir con sus compromisos climáticos, ya que se da mayor protección a las inversiones en combustibles fósiles que a las realizadas en energías renovables. Esta decisión no tendrá efectos directos en las reclamaciones millonarias contra España en curso por el recorte de las primas de las renovables, pero sí genera “incertidumbre” en el sector inversor, según advirtieron expertos en materia energética. El citado tratado entró en vigor en 1998, cuatro años después su firma, y fue ratificado por 52 países, así como por organismos internacionales como la Unión Europea y Euratom, el organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación de la energía nuclear. Su objetivo era fomentar las inversiones energéticas en Europa, si bien se terminó convirtiendo en un problema para los firmantes, ya que muchos de los inversores que se han visto perjudicados por giros políticos y cambios legislativos han reclamado indemnizaciones millonarias, escudándose en este pacto internacional. España ya se sumó en octubre del año pasado a la decisión de Italia y Polonia de abandonar el TCE. Debido a esta protección a los inversores, el Estado español ha tenido que afrontar las consecuencias millonarias del recorte de las primas a las renovables, lo que se ha traducido en, al menos, 51 demandas presentadas ante las cortes de arbitraje internacionales, que han reclamado más de 10.000 millones de euros en total.

Pedro Sánchez rechazó ayer la petición que Alberto Núñez Feijóo le había hecho llegar horas antes por carta urgiéndole a reunirse esta semana para «iniciar un diálogo responsable en beneficio de la estabilidad política e institucional de España». El presidente en funciones, de vacaciones en Lanzarote, emplaza a su rival, en cambio, a hablar a partir del 17 de agosto, una vez que se constituya el Congreso de los Diputados y Felipe VI deba designar a un candidato a la investidura a la que el presidente del Gobierno en funciones ambiciona que acuda Feijóo, pero solo para que se desgaste antes de intentarlo él. Aun sabiendo que no le dan los números –los escaños–, el líder del PP no está dispuesto a renunciar a llevar la iniciativa en la tarea de postularse para presidir el Ejecutivo. Con el apoyo de Junts prácticamente descartado –aunque desde Génova no renuncian a él si se mantiene «en el marco constitucional»–, la única posibilidad de que el líder de la oposición deje de serlo para entrar en La Moncloa es que el PSOE se abstenga en el Congreso. Y eso es justo lo que ayer le pidió en su misiva a Sánchez. Feijóo recuerda en varias ocasiones a lo largo del texto que el PP fue el ganador de las generales y defiende que la complejidad del tablero electoral «no debe minar (...) la mejor gobernabilidad en interés de España, de su cohesión y del marco de convivencia definido por la Constitución», en alusión implícita a la dependencia de su oponente de las fuerzas independentistas. Los socialistas, como demuestra la respuesta de Sánchez, no tienen prisa y se aferran, en un primer escalón de su estrategia, a una investidura fallida del líder gallego, al que ven «desgastado».

"La votación en España deja colgado el Parlamento», tituló el ‘Washington Post’ su edición del lunes pasado. Nadie lo niega. Por ello, las dos grandes organizaciones empresariales, CEOE y Cepyme, hicieron en la misma fecha un llamamiento a los partidos alentando a la «responsabilidad para que puedan alcanzarse acuerdos que garanticen el mayor nivel de estabilidad posible y también la moderación necesaria para la buena marcha de la economía y el sostenimiento del bienestar y la paz social». Otras entidades de representación económica se han expresado en línea parecida. Estas proclamaciones aparentemente ‘de estilo’ tienen más contenido en lo que ocultan que en lo que declaran. Y es que, a diferencia de lo sucedido en otros escenarios –como el causado por el celebérrimo eslogan de Bill Clinton «es la economía, estúpido» que le aupó a la presidencia de los Estados Unidos–, el tema económico en nuestro país lleva tiempo discurriendo por un segundo plano, fagocitado por peleas tabernarias sobre otros contenidos, por codazos, insultos y descalificaciones difícilmente entendibles, con el único propósito de alzarse con el poder político en ciernes, a cualquier precio. Mientras la polarización existente alimenta la inquina entre ciudadanos, la economía pierde relieve y se enfría. Las próximas semanas, sumidas en un calendario postelectoral, orillarán más si cabe el debate económico. Con todo, el Ejecutivo en funciones, además de negociar el cuarto tramo de 10.000 millones de las ayudas Next Generation EU y enfrentarse al Plan de Recuperación que da acceso a 95.000 millones en créditos (la llamada ‘adenda’), es más que probable que tenga que prorrogar los Presupuestos Generales de 2023..."

Pertenece a una familia de refugiados y es hija de la mujer que coordina una de las organizaciones que representa los intereses de estos en Países Bajos. Sin embargo, es firme defensora de limitar la reunificación de estos grupos, pese a que llegó a su Estado de acogida gracias a las políticas de reagrupación familiar que ahora quiere recortar. Es Dilan Yesilgöz-Zegerius, actual ministra de Justicia holandesa y aspirante a liderar su partido, los liberales de derecha (VVD). La formación ha encabezado desde 2010 cuatro coaliciones consecutivas en el poder con Mark Rutte como primer ministro y ahora ha quedado descabezada por su decisión de dejar la política al caer el Gobierno, precisamente, por las discrepancias sobre las leyes de asilo. Con su postura dura ante la inmigración, Yesilgöz-Zegerius, de 46 años, aspira a ocupar ese puesto tras las elecciones de noviembre. Si lo consigue, será la primera mujer en acceder al más alto cargo político del país. Sus padres se conocieron en la universidad y ella nació en Ankara en 1977. “Ambos lucharon por la igualdad de derechos de las minorías, desde las religiosas a los kurdos, armenios y homosexuales, y mi padre tuvo que huir”, explicó en un perfil publicado por su partido para darla a conocer cuando fue elegida concejal en Ámsterdam en 2014. El progenitor recaló en Países Bajos y tres años después, cuando ella tenía siete, Yesilgöz-Zegerius viajó con su madre y hermana pequeña a su encuentro como familia de un refugiado político. La organización de su progenitora es interlocutora frecuente del Gobierno para hablar de asilo, pero, pese a haber formado parte de ese colectivo, la ministra Yesilgöz-Zegerius es conocida por su firmeza con las normas de inmigración y dirigió las largas negociaciones sobre los límites a la llegada de familiares de refugiados de guerra. Fue muy estricta. “Es una tontería que me llamen la inmigrante mejor situada. Vaya título”, sostuvo en la misma publicación del partido.