20230905

Artículo del director de Formación, Talento y Empleo de Confebask, Asier Aloria, para el quincenal Estrategia Empresarial: "...Cada vez haya menos gente en edad de trabajar, y cada vez, menos jóvenes en particular: en los últimos 5 años, 15.000 menos en Euskadi. Pero, de otra parte, las empresas vascas nos manifiestan que, además de un problema cuantitativo, se hallan ante otro ‘cualitativo’... Llegados a este punto es importante hacer dos matizaciones. En primer lugar, estamos hablando de lo que demanda la empresa privada en Euskadi, responsable del 85% del empleo. Y, en segundo lugar, no es que el sistema educativo vasco (en este caso, universidad y formación profesional) no forme adecuadamente o con la calidad suficiente a sus alumnos. La alineación formación-empresa en Euskadi puede mejorarse -como todo-, pero no está en cuestión gracias, entre otras cosas, al trabajo conjunto de Confebask con gobierno vasco, centros de FP y universidades. El problema es otro. Lo que vemos gracias a los datos que nos aportan las encuestas que realizamos es que hay un importante desconocimiento y una clara desconexión entre los perfiles que piden las empresas y los estudios que elige gran parte de la juventud en Euskadi...Con relación a la Formación Profesional, tres de cada cuatro puestos de trabajo que ‘ponen en circulación’ las empresas vascas tienen que ver 8 ramas concretas de FP que, sin embargo, sólo son elegidas por el 55% del alumnado...Si nos referimos a la universidad, vemos algo parecido: ocho de cada diez empleos que ofrece el sector privado en Euskadi se concentran en siete grados concretos que, sin embargo, sólo los eligen el 43% del total del alumnado universitario. El ‘gap’ es significativo en las ramas universitarias de ingenierías, informática y dirección de empresas...En resumen, nuestros jóvenes prefieren, en un porcentaje cercano a la mitad, estudios con menor salida profesional y personal. ¿Cómo es posible? Es aquí donde encaja la orientación en edades tempranas...Sistema educativo, familias y empresas debemos trabajar juntos para mejorar en este ámbito..."

Con el firme propósito de apoyar a las empresas en el desarrollo de un proceso de transformación interna enfocada en las personas, nació en 2018 ekinBarri, fruto de una reflexión compartida entre las patronales Cebek, FVEM, Cecobi, AVEC-Kimika y Ascobi, impulsoras del proyecto del que derivó un modelo de gestión innovador orientado hacia un escenario de confianza, transparencia y  participación. “Hace cinco años, en plena prepandemia, percibimos que se acercaba un momento de cambio importante y que estaba cogiendo gran velocidad. Factores que habían estado estables, de repente, eran variables y empezaban a incidir sobre los negocios de una manera rápida”, recuerda Marta Martínez, directora de Emprendimiento, Transformación y Personas de Cebek. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de la Diputación de Bizkaia, ha logrado que un total de 60 empresas se hayan sumado al  programa desde sus inicios, y de cara al final de año, sus promotores esperan que la cifra de compañías adheridas se sitúe entre las 80 y 100 empresas. De la mano de cinco pilares estratégicos como son las personas, el compromiso, la confianza, la innovación y la sostenibilidad, el  programa ofrece resultados tangibles a las empresas participantes, es útil, personalizable y de aplicación en cualquier tipo de empresa. “El proyecto tiene una doble mirada: mejorar los resultados empresariales, abordando toda la parte de innovación y de escenarios nuevos. Y también tratar la parte humana y de relaciones que se desarrollan en las empresas”, detalla Martínez.

El área de educación volvió a ser la más castigada, prolongando el golpe de julio (-5.700 cotizantes), con un descenso de 3.222 afiliados. La causa está en los despidos de eventuales por el verano y también en los fijos discontinuos que pasan a cobrar el paro hasta reanudarse el curso. Educación fue el sector más afectado, pero hubo destrucción de empleo en otras muchas áreas. Así, se redujo el número de trabajadores en alta en la industria (1.940), actividades administrativas (1.200) y profesionales (1.000). Llama la atención que el retroceso fue muy limitado en la hostelería (solo 354 menos), aunque sí se notó más en las actividades recreativas y artísticas, con la pérdida de un millar de cotizantes. Otro forma de desentrañar lo ocurrido este agosto es analizar la destrucción de empleo según el tipo de contrato de los afiliados que han salido del sistema. Los más afectados son los eventuales, que pierden más de 5.200 cotizantes. Dentro de los indefinidos, el descenso se ceba con los fijos discontinuos, con 2.200 menos en agosto, tras el varapalo sufrido en julio. Cabe destacar que este colectivo sumaba 24.200 personas en junio y al cierre del pasado mes solo eran 12.000. La mitad, por tanto, se ha ido al paro en verano y volverán a sus puestos cuando se reanude la actividad. No contabilizan como cotizantes pero tampoco como parados. El retroceso sufrido por el mercado laboral este agosto ha sido muy similar al de ejercicios anteriores. La patronal Confebask apuntó que los datos de este agosto se sitúan en línea con los del año anterior y que a pesar de todo 2023 sigue siendo un año positivo en Euskadi. Ver más en Confebask. 

En el territorio, que hasta ahora venía apuntándose récord tras récord de afiliación, inmune al pinchazo registrado en otras latitudes, el número de ocupados cayó el mes pasado en 4.524, hasta contabilizar un total de 331.803. Eso supone que agosto se ‘comió’ prácticamente todo el empleo creado desde el pasado marzo. El golpe afectó a todos los grandes sectores de actividad de Gipuzkoa, con recortes como los de Educación (1.346 afiliados menos que en julio), la industria manufacturera (784 menos), las actividades científicas y técnicas (con un descenso de 436 ocupados en agosto) o las actividades administrativas y las recreativas y de entretenimiento, que perdieron ambas más de 400 afiliados, igual que los servicios. La Hostelería, que en julio perdió ocupados como consecuencia del final de la actividad de colectividades como los comedores escolares, no remontó en agosto, y su número de ocupados medios apenas mejoró en cinco personas. Según los datos ofrecidos ayer por el Ministerio de Seguridad Social, la caída en el conjunto del País Vasco fue de 12.238 ocupados, un 1,23% sobre los datos de julio, hasta contabilizar 986.497. A este retroceso contribuyeron también los 2.481 afiliados perdidos en Álava y la caída de Bizkaia, con 5.233 trabajadores. El territorio cede fuerza laboral en todos los grandes sectores pero gana 5.545 ocupados desde agosto de 2022. El director de Competitividad e Innovación de Adegi, Patxi Sasigain, aseguró ayer que «agosto es agosto», un mal mes para la afiliación y el desempleo que «no debe servir de referencia para lo que sucede en el mercado». A su juicio, y con la vista puesta más en la comparación interanual, «los datos son relativamente buenos» y «el mercado guipuzcoano sigue mostrándose fuerte».

El mercado laboral español no ha podido finalmente alcanzar el hito de los 21 millones de cotizantes que se había marcado el Gobierno. Con el final de agosto el empleo ha comenzado a desinflarse, aunque esta vez no de la mano de la hostelería, sino mayoritariamente del sector de la educación, que demuestra de la elevada rotación que sufre. Después de unos meses extraordinarios en los que la afiliación a la Seguridad Social había marcado récords, julio mostró ya síntomas de un cierto frenazo con una creación de empleo bastante inferior a la de años previos y agosto no ha logrado romper con la tradición y cerró con más parados y menos trabajadores, según los datos publicados ayer por los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Concretamente, después de seis meses consecutivos en positivo, en agosto se destruyeron 185.385 puestos de media, una cantidad muy similar a la de 2022 (189.963) pero superior a la de 2021 y a la media de las dos décadas precedentes. Esto no implica que haya que alarmarse ante este recorte de empleos, puesto que es lo habitual para un mes de agosto por el fin de la temporada estival. 

La Educación ha sido el punto negro del empleo este verano, con una caída de la afiliación de 221.835 personas en el acumulado de junio, julio y agosto. Resulta llamativo que de esos trabajadores que han perdido su empleo, 135.142 tenían un contrato fijo discontinuo y han dejado de estar dados de alta a la Seguridad Social porque han pasado a la inactividad, pero no computan en los registros del paro. Esto demuestra que la reforma laboral, cuyo objetivo principal era acabar con los bruscos vaivenes que se producen en el empleo –con contrataciones masivas en épocas de mucha actividad y oleadas de despidos cuando esta acaba–, ha conseguido moderar esos movimientos en algunos sectores en cuanto al paro registrado, pero esta moderación no se traslada a afiliación a la Seguridad Social ni ha reducido la estacionalidad. En total, el número de afiliados con contrato fijo discontinuo en el sector educativo ha pasado de 153.240 en mayo a tan sólo 18.099 activos en agosto, según los datos publicados ayer por el Ministerio que lidera José Luis Escrivá, lo que demuestra que el sector ha hecho uso de este tipo de contrato para tener a los trabajadores hasta que acaba el curso escolar y prescindir de ellos durante el verano, lo que les sirve para no tener que pagar sus vacaciones.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que hay aspectos mejorables en la reforma laboral pactada de 2021 que contribuirían a que la caída de la temporalidad «contractual» viniera acompañada de una disminución real de la precariedad y la inestabilidad laboral. En este sentido, Fedea propone mejorar la certidumbre y seguridad jurídica tanto en la contratación laboral como en la extinción del contrato. En este trabajo, elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz y Jesús Lahera, miembros de Fedea, los autores señalan que, tras casi año y medio de aplicación de la reforma laboral pactada de 2021, hay aspectos «claramente positivos y otros preocupantes». En el lado positivo, Fedea reconoce que la reforma laboral está acercando a España «rápidamente» a la media europea de contratos temporales y está siendo «la más efectiva» para reducir la temporalidad contractual de todas las reformas llevadas a cabo hasta la fecha en países con problemas similares. Sin embargo, Fedea aprecia elementos «preocupantes», como el estancamiento de la temporalidad en el sector público y la aparición de «indicios» de que la caída de la temporalidad contractual no está viniendo acompañada, del todo, de una reducción de la precariedad laboral real. «Hay un segmento de los trabajadores que, a pesar de que su contrato ahora tiene la etiqueta de indefinido, sigue siendo muy precario cuando miramos al número de días trabajados, a su salario, al tipo de jornada y a los elevados periodos de inactividad», avisa Fedea. Entre las mejoras del marco laboral que proponen los autores, se encuentra la de dar mayor certidumbre y seguridad jurídica en la contratación laboral, pues las nuevas reglas de contratación que introdujo la reforma de 2021 «están generando problemas de inseguridad jurídica que necesitarían una aclaración normativa o una jurisprudencia rápida».

La patronal española de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) reclamó ayer al futuro Gobierno el cese de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), dentro de un listado de propuestas laborales que también incluyen la reducción de impuestos y cotizaciones sociales, así como la reflexión sobre la sostenibilidad del actual sistema de pensiones. En su manifiesto, esta organización dirigida por Gerardo Cuerva expuso las políticas que considera necesarias para impulsar el tejido productivo y laboral de un país que ubican «a la cola» en atractivo fiscal, y en cuya competitividad detectan «un importante deterioro». Su propuesta para las pensiones recoge la necesidad de impulsar y hacer atractivo el sistema de ahorro complementario. En este sentido, advierten que el incremento de las cotizaciones, en tanto es la «única herramienta» para corregir el desequilibrio entre ingresos y gastos, supone mayores costes laborales para las empresas, de forma que las bases de cotización han crecido más de un 50% en las mínimas y casi un 20% en las máximas. Otra de sus demandas incluye el impulso a un marco laboral competitivo que se sustente en una mayor flexibilidad, la negociación colectiva como herramienta modernizadora y el cese de la «rápida tendencia alcista» del Salario Mínimo Interprofesional. Cepyme insta a considerar la productividad de las empresas y su impacto a la hora de evaluar las subidas de salarios y lamenta el «énfasis excesivo» puesto en que el SMI alcanzara el 60% del salario medio nacional, como recomienda la Carta Social Europea.

El BCE necesita a la opinión pública de su lado en el duro proceso de radicales subidas de tipos emprendida hace algo más de un año, que ha disparado las cuotas de las hipotecas de los hogares al tiempo que encaran un mayor coste de la vida por la inflación. Su presidenta, Christine Lagarde, reconoció ayer que la efectividad en la comunicación del banco central, una pieza más de su política monetaria y a veces la más decisiva, requiere humildad y ser accesible con el gran público. Y en todo un ejercicio de autocrítica con el fin de recuperar la confianza de los ciudadanos, afirmó también que el BCE se equivocó en su análisis de la inflación, lo que luego condujo a las alzas apresuradas de los tipos de interés. “Es importante para nosotros reconocer que, al igual que otros bancos centrales, infravaloramos la dinámica de la inflación y su persistencia”, declaró Lagarde en un discurso pronunciado en Londres. En la que será su última intervención pública antes de la decisiva reunión del consejo de gobierno del BCE del próximo 14 de septiembre, Lagarde no dio ninguna pista sobre si habrá o no una nueva subida de los tipos, solo reiteró que la inflación es “demasiado elevada”. Lagarde lamentó que la confianza de la opinión pública hacia el BCE esté bajo mínimos, una situación que había mejorado gracias a la rápida respuesta dada ante la pandemia pero que ha vuelto a empeorar ante la escalada de la inflación. Y es a propósito de esa pérdida de confianza cuando Lagarde ha reivindicado “humildad en cómo comunicamos” y en las previsiones de la institución. 

La economía española ha experimentado un crecimiento muy sólido en la primera mitad del año que le ha permitido recuperar el PIB previo al estallido de la pandemia, pero parece que se trata de la calma que precede a la tormenta, dado que en los últimos meses se han ido acrecentando las señales de alerta que apuntan a una intensa ralentización de la actividad en la segunda mitad del año. Así, la actividad industrial se hunde a pasos agigantados, lastrando en su caída al sector servicios, mientras que la agricultura acusa el impacto de la sequía; la construcción, el incremento de los tipos de interés; y el sector exterior, la pérdida de competitividad derivada del encarecimiento de la energía y el estancamiento del mercado europeo. Todo ello queda reflejado en una facturación empresarial en caída libre, con los márgenes de beneficios en contracción, lo que ha provocado que las quiebras empresariales se disparen y que el mercado laboral se empiece a ralentizar. La industria es el epicentro de los problemas de la economía española debido a que tiene numerosas ramificaciones sobre otras áreas de actividad, como la exportación, los servicios o la agricultura, que también padece su propia casuística. La facturación de las empresas del sector cayó en junio por tercer mes consecutivo, sufriendo un descenso del 8,7% respecto a las cifras del año pasado, de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE). Un descenso que se debe en buena medida a la pérdida de competitividad de los sectores más intensivos en energía (como es el caso de la metalurgia, la química o la fabricación de papel, madera, plástico o cerámica), debido a que sus costes se han disparado respecto a los de los países asiáticos hacia donde siguen fluyendo el gas y el crudo ruso, mientras que la industria automotriz no acaba de recuperar el nivel de actividad previo a la pandemia por la incertidumbre entre los consumidores, la pérdida de poder adquisitivo y el escaso tirón del vehículo eléctrico.

El consejero delegado de BMW, Oliver Zipse, ha advertido de que los planes de la UE de prohibir los vehículos con motor de combustión están empujando a los fabricantes europeos de coches más baratos a una guerra de precios con sus rivales chinos que probablemente no ganarán. “El segmento básico del mercado automovilístico desaparecerá o no lo cubrirán los fabricantes europeos”, afirma Oliver Zipse, señalando las crecientes ambiciones de marcas chinas de automóviles como BYD, especializada en vehículos eléctricos. China, el mayor mercado de automóviles del mundo, ha creado en los últimos 15 años una industria de vehículos eléctricos que ha acaparado gran parte de las cadenas mundiales de suministro de baterías y ahora, con una competencia cada vez más feroz en su propio país, intenta entrar en el mercado europeo. “Quiero enviar un mensaje: Me parece un riesgo inminente”, subraya Zipse, que añade que los fabricantes de automóviles de alta gama como BMW están más protegidos frente a la competencia de los fabricantes chinos, que en su mayoría se dirigen a compradores de vehículos más baratos. Los planes de la UE de eliminar progresivamente los vehículos de combustión para 2035 han sido criticados por la industria automovilística europea, que emplea indirectamente a casi 14 millones de personas. Las preocupaciones van desde la falta de acceso a las materias primas necesarias para fabricar baterías de automóvil hasta el lento despliegue de las infraestructuras de recarga. Zipse también pone en duda que pueda cumplirse el plazo fijado por Europa. 

El grupo automovilístico francés Renault estudia la posibilidad de comenzar a producir coches eléctricos en España cuando se acabe el actual plan industrial de la empresa para nuestro país, que dura hasta 2024. Así lo confirmó el consejero delegado de la compañía, Luca de Meo, a este periódico en un encuentro con un reducido grupo de periodistas en el Salón del Automóvil de Múnich, ayer. “Estamos pensando en eso [hacer vehículos eléctricos en Palencia y Valladolid], pero hay que tener mucho cuidado. Cuando anuncié los cinco modelos híbridos para España, los políticos me pedían eléctricos, pero ¿para qué? No hay ningún español que compre vehículos eléctricos”, explicó De Meo. “Entiendo que es por asegurar el futuro, pero hay que ir paso a paso. España siempre ha funcionado. Yo no tengo ninguna duda que va a ser un país de futuro en el automóvil y para Renault, seguro”, añadió el directivo italiano. En marzo de 2021, la compañía había anunciado su plan industrial para España hasta 2024, en el que se asignaron a Valladolid y Palencia el ensamblaje de cinco modelos híbridos, de los cuales ya han llegado el Austral y el Espace a la factoría palentina. A estos se sumarán el Rafale en 2024 y los dos que aún faltan por llegar a Valladolid, de los cuales no se han dado a conocer sus nombres aún.

El juzgado de lo mercantil que ha instruido la demanda de varios fondos de inversión acreedores del grupo Celsa ha aceptado su tesis y ello les permitirá asumir el control de la compañía al hacerse con la propiedad de un paquete de acciones mayoritario. La decisión, que afecta a tres factorías en el País Vasco –Nervacero en Bizkaia y dos de la filial Celsa Atlantic en Álava– supone un duro golpe para la familia Rubiralta, hasta ahora propietaria de la compañía, que había conseguido un amplio respaldo político por parte del Gobierno de Pedro Sánchez y también del PNV para retener el control. Kutxabank fue la única entidad financiera acreedora que se opuso a las reclamaciones de los fondos de inversión. La resolución judicial no admite recurso alguno. Los fondos señalaron ayer en un comunicado que la decisión judicial les permitirá controlar el 100% de la acciones del grupo, al tiempo que destacaron su voluntad de respetar el empleo. En el caso del País Vasco están afectados casi 500 trabajadores. El origen del conflicto se remonta casi una década atrás, cuando la banca aceptó refinanciar la compañía, que había sufrido un duro golpe durante la crisis inmobiliaria. Buena parte de su producción, como es el acero corrugado que fabrica Nervacero, va destinado al sector de la construcción y es además un producto que viaja mal porque su valor añadido es reducido. En 2017, los bancos comenzaron a deshacerse de la deuda, traspasando los créditos a precios de saldo a fondos de inversión, al intuir que el grupo siderúrgico caminaba hacia la quiebra.

Reunión de máximo nivel de Nadia Calviño con los mayores banqueros en el arranque del curso político y económico. El tono de la vicepresidenta en funciones fue “más constructivo, colaborativo y receptivo” que en los encuentros celebrados en el pasado con las patronales del sector, según fuentes financieras. Los convocados fueron Ana Botín (Santander), Carlos Torres (BBVA), José Ignacio Goirigolzarri (CaixaBank), Josep Oliu (Sabadell), María Dolores Dancausa (Bankinter), Víctor Iglesias (Ibercaja), Antón Arriola (Kutxabank), Juan Carlos Escotet (Abanca) y Luis Rodríguez (Cajamar). Sólo faltó Manuel Azuaga (Unicaja), afectado por los cortes ferroviarios en las líneas que unen Andalucía con Madrid. Es la primera vez en esta legislatura que se producía un encuentro en este formato, sin patronales bancarias y sin presencia del Banco de España. La reunión tuvo cierto sabor a despedida, ya que en unos días se conocerá si Calviño es la próxima presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El nombramiento podría acordarse en la reunión del Ecofin que se celebrará en Santiago de Compostela el 15 y 16 de septiembre. Se trata de un organismo que canaliza buena parte de su financiación a través de la banca. La vicepresidenta económica estuvo acompañada en la reunión de Gonzalo García, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, y de Carlos Cuerpo, secretario general del Tesoro. Calviño aseguró a los banqueros que la hoja de ruta del PSOE, si hay reedición del gobierno de coalición, no contempla alargar en el tiempo el impuesto especial a los beneficios de la banca aprobado el año pasado y pensado para 2023 y 2024, según fuentes presentes en la reunión.

La vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, se reunió ayer con los principales espadas del sector financiero y les insistió en que deben mejorar la rentabilidad ofrecida por el ahorro. En plena carrera por presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Calviño les dio una de cal y otra de arena: por un lado, volvió a reclamar un esfuerzo a las entidades en el pago por el pasivo, mientras que por otro resaltó la importancia de que haya una oferta competitiva de crédito a hogares y empresas para animar la economía del país. Eso sí, el tirón de orejas fue algo menor que en otras ocasiones: “En las últimas semanas hemos visto que han empezado a remunerarse los depósitos”, dijo en una entrevista en Onda Cero. La también ministra de Asuntos Económicos sentó en una mesa a los primeros espadas de la banca española: los presidentes Ana Botín (Banco Santander), Carlos Torres (BBVA) y José Ignacio Goirigolzarri (CaixaBank), Josep Oliu (Banco Sabadell), Antón Arriola (Kutxabank), Juan Carlos Escotet (Abanca) y Luis Rodríguez (Cajamar), así como los consejeros delegados María Dolores Dancausa (Bankinter) y Víctor Iglesias (Ibercaja). Ante ellos, la vicepresidenta valoró la contribución del sector y abordó el impacto de las alzas de tipos en las familias y empresas, así como la oportunidad de la llegada de los fondos europeos.

Los bancos europeos verán colmadas en siete meses una de sus grandes reivindicaciones. La normativa europea les permitirá tener acceso por primera vez a los datos de clientes que manejan las grandes compañías tecnológicas, las llamadas Big Tech. Siempre con el consentimiento previo del usuario. La legislación obliga a que toda esa información viaje por circuitos seguros. En marzo entra en vigor la Digital Markets Act (DMA), que da cobertura legal a esta posibilidad, que ya es una realidad en sentido inverso desde hace cuatro años. La obligación afectará a Alphabet (Google), Amazon, Apple, Meta (Facebook), Microsoft, Samsung y a la matriz de TikTok. La lista se hará pública dentro de unas semanas. Todas estas empresas han comunicado ya a la Comisión Europea que cumplen con los criterios financieros de tamaño y de tipo actividad que exige el reglamento para ser sujeto pasivo. La nueva normativa establece que estarán sujetas a ella aquellas grandes plataformas digitales (buscadores, tiendas de aplicaciones móviles, marketplaces, redes sociales, navegadores web, sistemas operativos móviles, asistentes virtuales, etcétera) que facturen más de 7.500 millones de euros anuales, que valgan en Bolsa al menos 75.000 millones de euros y que cuenten con una masa crítica de más de 45 millones de usuarios activos particulares y de 10.000 clientes empresariales. Se trata de una norma muy disruptiva que no existe en Estados Unidos. Por primera vez, Europa va a intentar resolver los problemas que afectan a la competencia en servicios financieros antes de que se produzcan, no a posteriori como sucedía hasta ahora.

La renovación de los convenios en la red concertada, la nueva ley educativa y las sustituciones en la UPV son algunas de las cuestiones pendientes. El inicio del curso escolar será también el del comienzo de las reivindicaciones laborales y en el área educativa, tanto en la enseñanza obligatoria como en la universidad pública vasca, el 2023-24 se prevé agitado. Educación tiene varios asuntos pendientes con los sindicatos vascos antes de que arranquen oficialmente las clases este jueves y las centrales advierten de que el curso se presenta «cuanto menos, poco tranquilo». El lehendakari, Iñigo Urkullu, previó ayer que los sindicatos preparan «un otoño caliente» en sectores públicos como el de la enseñanza. Los centros de iniciativa social (Kristau Eskola y AICE-IZEA) tienen pendiente la renovación del convenio que data de 2019. En abril, sus 9.000 trabajadores fueron llamados por ELA, Steilas, LAB, CC OO y UGT a secundar una jornada de huelga ante el «bloqueo» de las negociaciones del nuevo convenio. En mayo y junio fueron citados a concentraciones y manifestaciones. Poco o nada se ha movido desde entonces, según los sindicatos, por lo que si no hay encuentro, se convocarán movilizaciones sin descartar nada. Las ikastolas también están pendientes de la renovación del convenio. Mientras, el lehendakari, Iñigo Urkullu, dio ayer prácticamente por hecho que la nueva ley vasca de Educación se aprobará antes de que acabe la presente legislatura el próximo julio y recordó que el Gobierno de PNV y PSE tiene «mayoría absoluta» para sacarla adelante en el Parlamento.

La vocación sigue pesando mucho a la hora de elegir carrera. Así lo confirma el informe de la Fundación BBVA sobre universitarios en España, un documento que se realizó entre febrero y mayo de este año con entrevistas a 3.430 personas. Cinco de cada diez jóvenes encuestados reconoce que eligió la carrera porque le gustaba (hasta un 33%) o porque se ajustaba más a su vocación (así responde un 29%), más que por la salida laboral que pudiera tener, criterio que solo hizo decantarse a un 14%. Tampoco se prioriza, según el estudio, la perspectiva de poder ganar mucho dinero. Aunque en las motivaciones hay diferencias por ramas. En el caso de los estudiantes de ciencias experimentales (Física, Biología, Matemáticas...) la vocación es la razón principal para elegir la carrera en la mitad de los casos, porcentaje que se reduce al 36% en Artes y Humanidades y en Ingeniería y Arquitectura. Dos cuestiones en común en casi todos los casos: la elección de los estudios superiores suele ser una decisión muy pensada, ya que siete de cada diez universitarios no sabe qué estudiar hasta que no llega al instituto. Y, pese a lo que los padres piensan, los chavales aseguran que las recomendaciones de sus mayores sí les influyen. Así, cuando los encuestados han enumerado a quiénes han hecho caso o en quiénes se han apoyado para tomar la decisión, aparecen los progenitores en primer lugar, seguidos de los profesionales del sector que conocen. ¿Y los famosos? Pues los ejemplos de personas reconocidas que han estudiado lo mismo y destacan es lo que menos les importa, con una valoración de 2,5 sobre 10, de modo que no son referencia para ellos en este asunto. Una vez empezada la carrera, ¿se muestran satisfechos? A grandes rasgos, la respuesta mayoritaria es que sí, según el estudio. El 46% admite que, si tiene que poner nota a este apartado, estaría entre el notable y la matrícula de honor.