20230929

El repunte de la inflación hasta el 3,5% en el mes de septiembre pilla a los trabajadores vascos con una buena protección gracias al arreón dado este año a la negociación colectiva. Así, más de 345.100 asalariados, el 57% del total, tiene su acuerdo laboral actualizado, el porcentaje más alto desde la reforma laboral de 2012. La subida salarial media que se contempla en ellos es del 4%, según los datos publicados por el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL-LHK) en el balance hasta agosto. El avance logrado este ejercicio es muy notable. Desde enero se han firmado 238 convenios que han permitido duplicar ampliamente el número de personas con sus convenios renovados. En concreto, se han negociado las condiciones de 175.282 trabajadores en ocho meses. La subida media de los convenios vigentes se sitúa en el citado 4%. Como es habitual, los convenios pactados en Euskadi contemplan subidas salariales superiores a los que se negocian en el conjunto de España y son de aplicación en la comunidad. En el caso de los acuerdos vigentes, en el primer caso el incremento alcanza el 4,42% y el 3,16% en el segundo. Para los registrados en el año, los aumentos son del 4,8% y el 3,5%, respectivamente. Hay, además, notables diferencias por territorios. Gipuzkoa se sitúa en cabeza con una subida del 5,7% en los convenios vigentes. Le sigue Bizkaia, con el 4%, y mucho más rezagada está Álava, con el 2,8%. Ver informe CRL-LHK. 

Las diputaciones forales de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa confirmaron ayer de forma oficial su decisión de aplazar la anunciada reforma fiscal en el País Vasco hasta 2024. La decisión, que ya fue anticipada el pasado miércoles, supone una nueva dilación en un proceso de revisión de los principales impuestos –IRPF y Sociedades, especialmente–, que ya fue esbozada en 2019 y que debería haberse acometido en 2020. La declaración de la pandemia provocada por el Covid en marzo de ese año obligó a paralizar el proyecto, que debería haberse retomado en la recta final de este año. Primero la interrupción de la legislatura con las elecciones forales del pasado mes de mayo y después un resultado que ha abierto no pocas interrogantes, han inclinado la balanza hacia una nueva prórroga. Los ejecutivos forales de Gipuzkoa y Álava, gobernados por la coalición PNV-PSE, no cuentan con una mayoría suficiente en las juntas generales. Así las cosas, necesitan pactar y apoyarse en una tercera fuerza para sacar adelante cualquier proyecto legislativo. Y las cuestiones relacionadas con los impuestos nunca son sencillas de pactar, de ahí que se haya impuesto la prudencia y el aplazamiento. Las tres diputaciones señalaron ayer que comienzan ya una evaluación de la normativa fiscal actual con el objetivo de analizar el impacto que tiene la actual normativa –en especial en términos de recaudación–, a fin de tener una radiografía antes de que finalice el año. Trasladar la reforma a 2024 significa, en el mejor de los casos, que al menos en el Impuesto sobre la Renta las decisiones que se adopten no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2025. Esto es, los contribuyentes no podrán apreciar sus efectos reales hasta la liquidación que realizarán en la primavera de 2026.

Las tres diputaciones forales vascas han pactado fijar una fecha para disponer de una «evaluación cuantitativa del actual sistema tributaria vasco», el primer paso para la reforma fiscal pendiente en Euskadi, que incluye también como punto de partida un examen de los resultados obtenidos en las reformas de 2014 y 2018, pactadas por PNV y PSE, con el apoyo del PP. Los gobiernos forales de los tres territorios explicaron ayer que «el compromiso es disponer, antes del 31 de diciembre, de los informes y análisis relativos al impacto económico de la fiscalidad actual». La revisión como tal se abordará ya en 2024, con la equidad y la progresividad como ejes centrales. El IRPF, las deducciones por vivienda, el reto demográfico, la igualdad de género o el emprendimiento serán algunos de los aspectos a repasar. Se persigue, añadieron los Gobiernos forales, «una revisión que permitirá seguir apuntalando la apuesta por la innovación y competitividad del tejido económico de Euskadi». «Tras un periodo de inestabilidad marcado por la pandemia y la invasión a Ucrania, que han desvirtuado los análisis y la evaluación de las reformas fiscales previas, ha sido necesario disponer de un marco de estabilidad para acometer con garantías el proceso de estudio. Teniendo en cuenta para ello la nueva realidad económica, la evolución en materia de empleo y las capacidades y competitividad de las empresas», señalaron. Se trata de «modificaciones para atender y responder a las demandas que la sociedad vasca requiere con la implementación de modificaciones oportunas para consolidar el carácter progresivo, equitativo, justo y solidario del sistema tributario vasco», apuntaron.

La inflación vuelve a acelerarse en septiembre, impulsados por la subida de los precios de la electricidad y de los carburantes, que acumulan un alza de hasta 28 céntimos por litro en los últimos meses. El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió a un ritmo del 3,5% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con las cifras que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto es, nueve décimas más que el mes anterior y casi el doble que en junio. Esto no solo supone un golpe al poder adquisitivo de las familias que amenaza el tirón del consumo privado, sino que también supone una vuelta de tuerca al gasto público, al activar una subida de sueldo adicional para los funcionarios y elevar también la cuantía de la revalorización de las pensiones el próximo año. Además, los expertos apuntan a que esta subida de los precios se seguirá intensificando en los próximos meses, hasta el entorno del 5% en diciembre. El IPC subió un 3,5% anual en septiembre, algo que “se debe principalmente al incremento de los precios de la electricidad, que disminuyeron en septiembre de 2022”, según señala la nota de prensa del INE para acompañar estas cifras, dado que Estadística todavía no ofrece datos desglosados. 

El precio del petróleo rebasó ayer los 97 dólares por barril, alcanzando cifras que no se veían desde hace casi un año, y los analistas apuntan a la posibilidad de que rebase en los próximos meses la cota psicológica del triple dígito ante el persistente desequilibrio entre la oferta y la demanda. Esto amenaza con seguir impulsando los precios de los carburantes, que se sitúan por encima de las cifras que justificaban la bonificación fiscal de 20 céntimos por litro el año pasado y, con ello, avivando la inflación. Esto podría poner contra las cuerdas al Banco Central Europeo (BCE), dado que la subida de precios, que apenas se ha frenado con el incremento de los tipos de interés, tiene lugar de forma paralela al frenazo de la economía europea, agravado por el cierre del grifo de la política monetaria. Con ello, el barril de crudo alcanza cifras que no se veían desde hace casi un año, bastante por encima de las cifras previas al estallido de la guerra en Ucrania.

Para la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Yolanda Díaz, cada repunte de la inflación es culpa de los márgenes empresariales, soslayando el renovado encarecimiento de la energía y de los carburantes, principales culpables de la nueva aceleración de los precios en los últimos meses. “Para proteger a las personas y las familias mantengamos lo que ha funcionado, subamos salarios y controlemos márgenes empresariales”, tuiteó ayer la también ministra de Trabajo en funciones, quien señaló que “después del fracaso de Feijóo necesitamos un nuevo Gobierno que se ocupe de la inflación”, afirmación que se produjo en vísperas de la segunda votación del debate de investidura del líder del PP, que previsiblemente se saldará hoy con el mismo resultado que el miércoles: 172 votos a favor y 178 en contra. Posteriormente, tras un encuentro como el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea de Sindicatos (CES-ETUC), Díaz insistió en culpar de la inflación a los “extensos” márgenes empresariales junto a las subidas de tipos de interés del BCE, deslizando que el futuro Ejecutivo progresista actuará sobre dichos márgenes. En su último informe, el Banco de España advirtió de que entre los factores de riesgo de una presión al alza sobre los precios figuran no solo los márgenes empresariales, sino también los sueldos, alertando de que “un aumento de los salarios o los márgenes empresariales mayor que el anticipado implicaría una senda de inflación más elevada”. El supervisor también avisó de que las medidas anticrisis en vigor contra la escalada de los precios se convertirán en el futuro en más inflación tras su retirada. 

Las Palmas de Gran Canaria, Palma de Mallorca y Getxo, (estas últimas con la misma puntuación) son las ciudades más caras de España a la hora de llenar la cesta de la compra en los supermercados. En cuarto lugar se sitúa Madrid, según el estudio anual que realiza la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en 1.108 establecimientos de 65 ciudades, elaborado en mayo. La asociación ha analizado los precios de 236 productos, que incluyen alimentación, higiene y droguería, y redactado el informe titulado ‘Ir al súper es un atraco’. Para baremar precios, la tienda o ciudad con los precios más bajos recibe 100 puntos y los restantes índices se calculan de forma proporcional. El estudio constata que la subida acumulada en la cesta de la compra es del 30,8% en los dos últimos años y cercana al 15% el último, lo que ha «impactado profundamente en los hábitos de compra» y resulta especialmente perjudicial para las familias con menos recursos. En general, el 90% de los 236 productos que la componen están mucho más caros. Suben con fuerza el azúcar (65,7%), la leche condensada (61,4%) y las zanahorias (56,1%). Se ha disparado también el precio de algunas hortalizas como las cebollas y los tomates de ensalada (+24%). El arroz también está entre los alimentos que registran una subida mayor, igual que el aceite, a pesar de la reducción o eliminación del IVA. Los aceites de oliva se han encarecido entre un 20 y un 25% hasta mayo y el virgen ha subido un 15,4% entre junio y septiembre. Y eso que España es el primer productor mundial.

Ya es definitivo y oficial. Los más de 3,5 millones de empleados públicos que hay en España tendrán este año una subida extra de sus salarios del 0,5%, un alza que se consolida y además se abonará con carácter retroactivo desde el pasado enero. De ella se beneficiarán también los más de 150.000 funcionarios públicos de Euskadi, tanto los de la administración vasca como los de la estatal. La confirmación viene de la mano del dato del IPC armonizado del mes de septiembre que publicó ayer el INE, que eleva su tasa de variación anual al 3,2%. Se cumple así el pacto al que el Gobierno llegó con UGT y CC OO en la Mesa General de las Administraciones Públicas: si la suma del IPC armonizado de 2022 y de 2023 supera el 6%, como así ha sido, los empleados públicos recibirán otro 0,5% adicional al incremento fijo del 2,5% acordado para este año. De esta forma, la subida total se eleva ya al 3%. Sin embargo, lo que no es totalmente seguro es que esta alza y la ‘paguilla’ que recibirán los empleados públicos con los atrasos desde enero se haga realidad ya en su nómina de octubre, como así estaba pactado. Desde el Ministerio de Hacienda no lo dan por garantizado y aseguran que, aunque esa es la «intención» del Gobierno, «hay que ir paso a paso». Así, alegan que primero el INE tiene que comunicar este dato oficialmente al Ministerio y, después, el acuerdo tiene que aprobarse de nuevo en el Consejo de Ministros. Además, esta subida del 3% que tienen ya asegurada para 2023 puede incluso elevarse otro 0,5% extra, aunque en este caso su abono se demoraría hasta los primeros meses de 2024, pero de igual manera se haría de forma retroactiva desde enero de 2023. 

La flexibilización de los requisitos de la nueva RGI ha permitido que cerca de 3.000 familias en situación de pobreza que antes no podían percibir esta ayuda ahora puedan cobrarla. Si en abril de este año había 50.801 perceptores de la RGI en Euskadi, en septiembre son 53.941. Desde el departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco achacan este aumento de la demanda a la «mayor cobertura» que ofrece ahora la RGI –desde la reforma que entró en vigor el 29 de marzo– y no a que la bolsa de pobreza se haya agrandado. Es decir, ahora pueden percibirla personas que antes no cumplían los requisitos. La nueva ley del Sistema de Garantía de Ingresos e Inclusión nació con el objetivo de «llegar a todos aquellos que lo necesiten», aunque «con la idea de que cada vez sean menos», explica a este periódico la directora de Prestaciones e Inclusión del servicio vasco de empleo Lanbide, Sara Buesa, que insiste en que el aumento de solicitantes se debe a esa flexibilización en el acceso para «llegar a unas situaciones de vulnerabilidad real a las que antes no se estaba llegando». Buesa se refiere así a las víctimas de violencia machista y doméstica, víctimas de trata y explotación sexual y personas reconocidas como refugiadas, o que formen parte de acuerdos de reubicación de la Unión Europea, a las que desde abril les basta con estar empadronadas en el momento en el que solicitan la prestación sin necesidad de antigüedad alguna –antes se les pedía tres años–. A las familias con menores, personas con discapacidad o dependencia a cargo también se les reduce el requisito del empadronamiento, que para ellas pasa de tres a un año. La cuantía, por su parte, oscila entre los 800 euros mensuales para familias con un solo miembro a los 1.573. A esto hay que añadirle el complemento del 25% sobre la cuantía base por tratarse de unidades de convivencia especialmente vulnerables.

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe,  dio ayer el pistoletazo de salida al mandato con la presentación de su programa de gobierno. Una hoja de ruta muy meditada que tiene un poco de todo: el recurrente y obligatorio compromiso foral de blindar la fiscalidad y los servicios públicos, el deber de ejecutar muchas obras heredadas de la era Rementeria y la evidencia de que la Diputación, como el resto de instituciones vascas, ha entrado en un nuevo tiempo empujada por las circunstancias. El reto demográfico, la crisis climática y la lucha contra el machismo se sitúan por primera vez en la lista de absolutas prioridades. La estrategia pergeñada por la diputada general y su equipo para los próximos cuatro años se marca el reto principal de mantener la «alta calidad de vida» en Bizkaia mientras se abordan los nuevos desafíos del territorio. «El objetivo es trabajar para que todas las personas sintamos que este es un buen lugar para vivir, trabajar y disfrutar», resumió Etxanobe durante su comparecencia. En una presentación sin anuncios estrella tan propios de cualquier arranque de legislatura, la dirigente vizcaína puso en su punto de mira la salud económica del territorio. Que va a ser su mayor desvelo lo lleva anunciando desde la campaña electoral. Convertida ya en diputada general ratificó ayer que su fórmula pasa por fomentar el empleo «de calidad» atrayendo talento y ofreciendo una fiscalidad que seduzca a empresas dispuestas a situar su sede social en Bizkaia. Pese a la incertidumbre generada por la pandemia y la invasión de Ucrania, los indicadores demuestran que el territorio atraviesa un momento de bonanza, con bajos datos de paro y la recaudación fiscal a las puertas de marcar un récord a final de año. Una combinación sobre la que el Ejecutivo foral quiere sostener sus planes futuros.

Con sus dos parques de Vitoria enfilando la recta final de la tramitación medioambiental, Solaria trabaja ya en la construcción de un tercer huerto fotovoltaico en Álava. La empresa española de renovables está negociando con propietarios de distintos concejos de Ribera Baja la adquisición de varias parcelas con el objetivo de levantar una nueva instalación de producción energética ‘green’ en el territorio. Rivabellosa y Quintanilla de la Ribera serían los pueblos en los que se baraja instalar placas de producción fotovoltaica. En esa última localidad, la Junta Administrativa tiene sobre la mesa una oferta de Solaria para hacerse con terrenos que le pertenecen. En Quintanilla de la Ribera, donde el gobierno local es abierto, se va a celebrar este sábado una asamblea en la que los vecinos votarán si aceptar o no el ofrecimiento hecho por Solaria. El presidente del concejo, Jesús Castro, confirmó ayer a este periódico tal extremo. Aunque él a título personal no es partidario de la iniciativa, reconoce que serán los vecinos quienes tendrán la última palabra. Según admite, el interés de Solaria por terrenos de la zona surgió en «mayo o junio». Desde entonces los contactos se han intensificado hasta el punto de cruzar borradores de contratos para asegurarse la propiedad de las parcelas donde la empresa ambiciona instalar las placas. Los contratos, según explica, no se ejecutarían hasta que el parque estuviese encarrilado, pero sí que bloquean cualquier otro tipo de operación sobre mientras no quede confirmado o desechado el huerto solar. 

Recibir del Estado 700 millones. Eso supone para Iberdrola la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que esta semana ha avalado las ayudas fiscales para empresas españolas que han comprado otras compañías en el extranjero. Es el mejor modo de resumir la trascendencia del pronunciamiento judicial europeo que supone un paso más en el litigio que enfrenta al Estado y a gigantes como Iberdrola, Ferrovial y Telefónica con la Comisión Europea. La eléctrica vasca tuvo que hacer frente a dos pagos a la Agencia Tributaria en 2018 y 2021 de un montante total que ascendía a esos 700 millones que, según señala la compañía en el informe anual sobre sus cuentas, corresponden a una demanda del Gobierno en concepto de devolución de ‘ayudas de Estado’ que venía reclamando Bruselas. Se trata del mayor pago realizado de todas las empresas afectadas por este pleito. Desde Iberdrola no han realizado valoraciones del pronunciamiento del Tribunal General de la Unión, pero fuentes conocedoras del proceso han señalado que la compañía esperará a la finalización del proceso para recuperar los pagos realizados. Y es que sobre el pronunciamiento, la Comisión podría recurrir en casación al Tribunal de Justicia de la Unión (TJUE). En las demandas contra la decisión del Ejecutivo comunitario que consideró ayudas de Estado irregulares los incentivos fiscales del Gobierno de España, también ha participado la Administración General del Estado. El dictamen del TGUE hecho público esta semana respalda la fiscalidad española y corrige a la Comisión, a la que señala que, una vez que estableció la validez de las ayudas no puede cambiar de criterio porque vulneraría el principio de «seguridad jurídica».

El director general de la Unión Española Fotovoltaica (Unef), José Donoso, aseguró ayer que el autoconsumo residencial está cayendo este año de forma “dramática”, una desaceleración que se verá cuando se conozcan los datos a finales del año. Durante la presentación del informe anual del sector de esta asociación, Donoso señaló que el año pasado el autoconsumo creció un 108% y alcanzó los 2,5 GW, “un año pico” que “no va a ser la media”. En lo que va de ejercicio, la caída rondaría el 25%, según fuentes del sector. Para el director general de la asociación fotovoltaica, en 2022 concurrieron dos circunstancias que impulsaron el crecimiento: los altos precios de la energía y las subvenciones que lanzó el Gobierno. Por contra, aunque este año los precios de la electricidad son inferiores a los de 2022, “los consumidores se han habituado a unos precios altos y su percepción no es la misma que un año antes”, considera Donoso. Este también atribuyó la situación a los retrasos de hasta dos años en la gestión de las subvenciones para instalaciones y señaló que la Administración se ha encontrado con 500.000 peticiones, lo que ha provocado un atasco en el pago de las ayudas, que desalienta a quienes se plantean instalar autoconsumo en sus viviendas. Otra razón de la desaceleración en el ámbito residencial está, según Unef, en la subida de los tipos de interés y la inflación, que ha hecho caer la renta de las familias. 

La industria renovable reclama una mayor seguridad jurídica y agilidad en la tramitación de los permisos para el desarrollo y puesta en operación de las instalaciones de energía solar fotovoltaica y eólica para acelerar en la descarbonización y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Este ha sido el gran punto de encuentro al que han llegado representantes de Greenalia, Engie, EDPR, Nexwell Power, Ecoener e Iberdrola durante su participación en el Foro GreenWorld & Sustainability. Los directivos, además, han solicitado a la Unión Europea (UE) medidas de apoyo a la industria renovable que favorezcan la demanda eléctrica y contribuyan a disminuir el consumo de combustibles fósiles, permitiendo a Europa ganar competitividad frente a Estados Unidos y China en la transición energética. El impulso del almacenamiento energético y la mejora de las redes de distribución han sido otras peticiones del sector. Beatriz Mato, CSO y Consejera ejecutiva de Greenalia, destacó que España es un territorio de oportunidades, pero que hay datos que no acompañan pese al compromiso de inversión de los gobiernos para cumplir los objetivos de descarbonización. “Parece que no lo estamos haciendo tan bien como debiéramos. La realidad a día de hoy es que el planeta ha aumentado los gases de efecto invernadero. España los ha elevado respecto a 2020 y también respecto a 1990”, lamentó Mato, que reconoció que Europa está comprometida, pero cuesta “introducir las renovables”.

Metro de Madrid va a convocar de inmediato a los principales fabricantes de trenes europeos y asiáticos a su mayor pedido de trenes de la historia. El suburbano madrileño va a licitar en los próximos días el concurso para fabricar y mantener 80 nuevos trenes con un presupuesto de inversión estimado de 1.100 millones de euros. El contrato ha atraído la atención de CAF, Stadler, Alstom y Siemens, fabricantes con plantas de producción en España que llevan años pendientes de este macropedido, el mayor realizado por el operador regional. En 2008, Metro encargó a CAF la construcción de 302 nuevos coches con un presupuesto de casi 1.000 millones de euros. El fabricante vasco es el mayor proveedor de Metro de Madrid que también emplea tecnología de Alstom, Siemens e Hitachi (antigua Ansaldo Breda). En el sector prevén que el fabricante japonés, con fuertes intereses en Europa y la coreana Hyundai-Rotten también van a estudiar los pliegos de la Comunidad de Madrid.

España experimentó niveles récord de actividad de los fondos soberanos en 2022 y la primera parte de 2023, según el informe que anualmente elaboran conjuntamente el Icex y el Instituto de Empresa (IE), y que ayer fue presentado en Madrid. En concreto, los fondos estatales, como Norges (Noruega) y Mubadala (Abu Dabi), han alcanzado más de 6.000 millones de euros de activos bajo gestión en España. Destaca en los últimos meses la alianza de Norges con Iberdrola para desarrollar una cartera de renovables valorada en más de 1.200 millones de euros de la que Norges tendrá casi el 50%. El acuerdo fue anunciado al máximo nivel en enero por el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el primer ejecutivo de Norges, Nicolai Tangen, aprovechando la visita de ambos al Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza. Los fondos soberanos realizaron once grandes operaciones en España en 2022 y la primera parte de 2023, moviendo 2.900 millones de euros, una cifra récord que igualó el pico establecido en 2014. Estas transacciones, en poco más de un año, superan los importes de activos bajo gestión que tenían en 2009, el año en el que Mubadala adquirió su primera gran participación en Cepsa. Las operaciones se han ido produciendo en todo tipo de sectores, pero destaca la energía, y dentro de ésta, la transición ecológica y las renovables, que han convertido a España en uno de los polos de atracción de este tipo de inversores, junto con EEUU, China y Alemania.

Por el volumen de activos gestionados, más de once billones de dólares, los fondos soberanos serían en estos momentos la tercera economía del planeta, solo por detrás de Estados Unidos y China. Lo relevante, más allá de las cifras, es hacia dónde están virando sus inversiones y quién las hace. Los inversores soberanos más activos el año pasado, en términos de nuevas inversiones, fueron además del noruego Norges dos fondos de Singapur: Temasek y GIC. Los fondos de Oriente Medio, Mubadala, Abu Dabi Investment Authority, Qatar Investment Authority y Public Investment Fund, también ocuparon los primeros puestos de la lista. En conjunto, estos seis fondos participaron en más del 80% de las operaciones analizadas. Si se considera el periodo completo cubierto por el informe, de enero de 2022 a marzo de 2023, Mubadala supera a GIC en actividad de operaciones, participando en casi seis operaciones al mes. “Es la primera vez que un fondo no-singapurense llega al segundo puesto”, recoge el informe elaborado por el Instituto de Empresa (IE) y el Icex. Actualmente hay unos 100 fondos soberanos, frente a los 73 que había hace diez años, y en la actualidad su volumen de inversiones representa 20 veces el tamaño del Ibex 35 u ocho veces el PIB español. El 42% de los activos bajo gestión pertenecen a fondos que no dependen de los hidrocarburos, frente al 57% que sí. Hay cien fondos soberanos, frente a 73 hace diez años, y mueven ocho veces el PIB español

España es el segundo país de la Eurozona que más ha aumentado su deuda pública por la crisis derivada del coronavirus. Y lo es incluso si se tiene en cuenta la revisión al alza del Producto Interior Bruto (PIB) que recientemente realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE), y por la que el pasivo relativo se redujo. Ante un mayor crecimiento y el mismo nivel de deuda, el dato decrece. Pero aun así, sigue ocupando ese segundo puesto y sólo Francia acumula un incremento superior. «A pesar de la reducción de 13 puntos desde el techo, España junto con Francia son los países que más han aumentado su deuda por la crisis de la Covid, y los que mantienen unos de los niveles de déficit más elevados», señala la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que ayer publicó su observatorio de deuda relativo a septiembre y certificó así el descontrol en las cuentas públicas que todavía acumula el Gobierno. Las cifras concretas durante la pandemia son las siguientes. España pasó de tener una deuda del 98,2% del PIB a cierre de 2019 a un máximo del 125,7%. Un incremento de 27,5 puntos. Y en el primer trimestre del presente año la cifra se redujo al 112,8% del PIB, lo que supone un aumento de 14,6 puntos. Incluso si se tiene ya en cuenta la revisión del INE, que arroja una deuda del 111,2% a cierre del segundo trimestre, el incremento alcanza los 13 puntos de PIB. Muy por encima de todos los demás países, salvo de la ya mencionada economía francesa.

El bono español a una década superó ayer el 4% de rentabilidad por primera vez desde finales de 2013. El mensaje lanzado este mes por el BCE y la Reserva Federal de que los tipos de interés seguirán a niveles elevados durante más tiempo está impulsando con fuerza los rendimientos de los bonos, en un mercado que está reajustando expectativas después de haber jugado la baza del final de las alzas de tipos y de varios recortes del precio del dinero el año próximo. Aunque con menor intensidad, la prima de riesgo española también asciende estos días y ayer llegó a superar los 112 puntos básicos, máximos de seis meses. Septiembre se encamina a ser el peor mes del año para la deuda soberana, después de que los bancos centrales hayan aguado la expectativa de un giro en su política monetaria y la esperanza de bajadas de tipos el año próximo. El aumento del precio del dinero está ya muy cerca de haber tocado techo, si no lo ha hecho ya, pero el horizonte para los próximos meses es aún de máxima incertidumbre. Solo los próximos datos de inflación permimercado tirán confirmar si la Fed y el BCE ha alcanzado el objetivo de embridar de forma definitiva el alza de los precios y, en todo caso, los recortes de tipos no serían ni mucho menos inmediatos. La perspectiva es una larga meseta para el precio del dinero al elevado nivel actual, sin que la amenaza de recesión, al menos en la zona euro, apunte a ser motivo para abrir la mano a próximas bajadas de tipos.

La oficina germana de estadística Destatis publicó ayer su avance preliminar del Índice de Precios de Consumo (IPC) de Alemania, que se ha situado en septiembre en el 4,5% en tasa interanual, lo que implica un alivio de un punto y seis décimas respecto de la subida del 6,1% registrada por los precios en agosto, y el menor incremento desde febrero de 2022, cuando estalló la guerra de Ucrania. En cuanto a la tasa de inflación subyacente, que excluye la volatilidad de los precios de la energía y de los alimentos frescos, se ha moderado en nueve décimas, hasta el 4,6%. Por otra parte, la economía alemana sufrirá este año una inevitable contracción de su PIB, según las previsiones de los principales institutos económicos germanos, actualizadas también ayer y que corrigen a la baja sus cálculos de primavera. Los cuatro institutos que elaboran semestralmente un informe conjunto prevén ahora una caída del PIB alemán del 0,6% al acabar 2023, lo que supone un retroceso del 0,9% frente a sus predicciones primaverales. Respecto a 2024, calculan que la economía alemana crecerá un 1,3%, tras rebajar dos décimas su anterior estimación.

El PSOE marcó ayer por primera vez una línea roja clara en la negociación con los secesionistas para la investidura de Pedro Sánchez. O al menos todo lo clara que se podía esperar, dada la calculada ambigüedad en la que lleva moviéndose las últimas semanas. Después de que Junts y ERC acordaran supeditar su apoyo a la reelección del presidente del Gobierno a que adquiera un compromiso «para hacer efectivas las condiciones para la celebración del referéndum», los socialistas emitieron un comunicado de respuesta con una frase clave: «Por ese camino no hay avance posible». En realidad, en el comunicado, suscrito de manera conjunta por el PSOE y el PSC, no se menciona de manera expresa el referéndum, del mismo modo que ni Sánchez ni nadie en el núcleo duro de su partido ha dicho hasta ahora abiertamente que haya disposición a conceder una amnistía a los encausados del ‘procés’. Pero todas sus declaraciones públicas apuntan a que así es. E igualmente, en este caso, de sus palabras cabe deducir que no hablarán sobre una consulta para la autodeterminación. «El PSOE y el PSC reiteran su voluntad de apostar por el diálogo como la única forma de garantizar el progreso y la convivencia en Cataluña. Un diálogo que ha de servir para superar la división –alegan en el texto– y no para profundizar en la ruptura y la discordia que tanta tensión generó de forma estéril en Cataluña y en el resto de España».