20231015

Pese a los fondos europeos, la mayor parte de las inversiones que se habían anunciado siguen en fase de estudio. De los 3.200 megavatios en electrolizadores que se han anunciado en España en los últimos tres años tan solo se han instalado 25, otros 30 están en fase de construcción y todo lo demás está en la nube. Ha habido mucha palabra y poco hidrógeno de verdad. «Hay que ser realistas, no se puede conseguir todo lo que se había verbalizado en tan solo tres años», asegura José Zudaire, director genera adjunto al consejero delegado de Petronor. Producir un kilogramo de hidrógeno con la tecnología más convencional –lo que se denomina reformado de gas natural con vapor de agua– emite mucho CO2 pero su coste se sitúa entre 1,5 y 2 euros. Obtenerlo con un electrolizador a partir de electricidad generada en un parque eólico o solar cuesta sobre 6 euros el kilo. Cuando son toneladas las que se necesitan, la brecha es injustificable para cualquier empresa. Es la distancia que separa el beneficio de la ruina. En Estados Unidos han comenzado ya a subvencionar la producción de hidrógeno con electrólisis renovable, en torno a 3 dólares por kilo, para animar a los inversores a recorrer el camino que en su día transitó la eólica, la maduración de la tecnología. «Subvencionar la producción solo tiene sentido si apostamos al mismo tiempo por tener un desarrollo tecnológico propio y generar una industria del sector en nuestro entorno. Esta es nuestra apuesta en el Corredor Vasco del Hidrógeno, por ejemplo. De lo contrario, si lo que vamos a hacer es comprar los equipos y la tecnología fuera, lo más acertado es esperar sentados, no invertir ahora y esperar a que bajen los precios», apunta Zudaire. Y es que China concentra ya la mitad de la producción mundial de electrolizadores. Otra señal más de su capacidad de liderazgo en las tecnologías que están de moda.

No es una tecnología de hoy. Las primeras referencias sobre la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno gracias a la electricidad tienen más de 200 años. Faraday, incluso, elaboró sus ‘leyes de la electrólisis’ en 1834 y según algunos estudios se estima que en 1900 ya existían en el mundo 400 electrolizadores en funcionamiento. Y, sin embargo, los altos costes de producción, en comparación con otras alternativas energéticas, han mantenido al hidrógeno obtenido con electricidad como un reducto. Algo parecido a lo que sucede con la generación de electricidad gracias a las olas del mar. Está ahí, hay experiencias, pero no cuaja. El propio consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, que asistía esta semana a la puesta en marcha del primer electrolizador del grupo suele recordar que sus primeros contactos con esta tecnología se remontan a su más tierna infancia. Un ‘juguete’ bastante común en los años 70, la caja de ‘química recreativa’ de Cheminova –hoy estaría literalmente prohibida su comercialización porque ponía al alcance de menores de edad productos químicos y un mechero de alcohol– enseñaba los rudimentos.

En Alemania, la mitad de las empresas están ya reduciendo su producción por falta de perfiles profesionales. Así lo explica el director general del centro tecnológico de la Corporación Mondragón, Ikerlan, Ion Etxebarria. No es una advertencia que llegue de cualquier lugar, los 30 años de historia del centro y el trabajo con compañías como Airbus o Nestlé –para la que se ha convertido en socio desarrollador de IT– le permiten conocer una fotografía muy fidedigna del ámbito empresarial que se apoya cada vez más en los centros tecnológicos para afrontar las transformaciones necesarias por la falta de estos profesionales. Ikerlan acaba de abrir una sede en Bilbao para aumentar la captación de talento y señala a Latinoamérica como la gran oportunidad de Euskadi «por la facilidad en la integración cultural». "El 80% de nuestros ingresos son de compañías vascas. Con el resto trabajamos con empresas de todo el mundo como General Electric, Airbus o con Nestlé, de quien somos socios para el desarrollo de todo su sistema informático y tecnológico...Alemania es un espejo en el que mirarnos y nos está dando pistas. Hoy el 50% de sus empresas está reduciendo producción por falta de talento, algo que puede acabar generando, según algunos analistas, que su crecimiento en las próximas décadas se reduzca a un 1%...Primero, hay una limitación demográfica. El número de profesionales electrónicos que se necesita en un año no sale de la universidad para nada. La orientación de FP y las universidades, vamos a decirlo así, es mejorable. Se están haciendo avances y desde el Gobierno vasco sé es consciente del problema, pero es fundamental que nos pongamos las pilas todos en colaboración público-privada...Tenemos ventajas y desventajas, pero creo que la gran oportunidad de Euskadi se llama Latinoamérica. Son países con mucha población y las oportunidades que ofrecemos en calidad social y bienestar económico son muy interesantes. Además, la integración cultural es mucho más fácil. Hay que captar talento allí. Nosotros acabamos de abrir una colaboración con México para incorporar diez personas el año que viene..."

«No es fácil traer directivos a Euskadi». El diagnóstico lo realizaba hace unos días un empresario durante el acto celebrado por Confebask, la patronal vasca, por su 40 aniversario. No es una apreciación nueva. La necesidad de importar talento por la crisis de la natalidad se ha convertido en una prioridad de las administraciones y subrayada por infinidad de expertos...En un informe de principios de año, el foro Zedarriak pedía un sistema educativo más «flexible» para que «las familias procedentes de distintos territorios, o con requisitos exigentes de movilidad geográfica, encuentren soluciones sencillas a los itinerarios educativos de sus hijas e hijos»...Euskadi tiene cuatro centros: el Colegio Alemán, el Inglés, el Americano y el Liceo Francés; todos están en Bizkaia, en el entorno del Gran Bilbao, y tienen un fuerte arraigo. Ofrecen una «sólida formación» en tres o cuatro idiomas, incluidos el castellano y el euskera. Un perfil cotizado para las empresas. Los responsables de los colegios aseguran tener capacidad para acoger más alumnos: albergan en sus clases a 2.300 estudiantes, lo que representa el 0,6% del alumnado vasco. La mayoría de escolares son vizcaínos pero «cada vez más extranjeros» se interesan por estos centros para matricular a sus hijos. El director del Alemán, Marius Weinkauf, desgrana los cuatro perfiles más típicos: directivos que llegan a Euskadi (en el caso de los alemanes, por ejemplo, a la planta de Mercedes en Vitoria); profesionales que vienen para proyectos de corta duración, de dos a tres años; retornados del extranjero (esto es, vascos que fueron a Alemania y ahora regresan); y gente que apuesta por el teletrabajo. Empleados de empresas con sede en Estados Unidos, Latinoamérica, Europa... que se mudan a Euskadi por el clima y la calidad de vida, fundamentalmente. El auge del empleo en remoto, de hecho, ha provocado que las solicitudes «se hayan multiplicado por diez» desde la pandemia, puntualiza Jacobo de la Sierra, adjunto a la dirección del centro dependiente del Gobierno alemán. Antiguo alumno del colegio, explica que las familias que acuden a su centro «consideran que la oferta educativa en Euskadi es limitada», sobre todo en lo que se refiere a idiomas. En este sentido, cree que «el sistema educativo vasco tiene hándicaps para la gente que viene de fuera».

Cuando uno se asoma a la lista de los lugares de España que albergan el mayor número de colegios internacionales, no hay sorpresas. Las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona encabezan el ranking, con 58 y 48 centros, respectivamente, según el portal especializado ‘International Schools Database’. Les siguen la Costa del Sol (35), la Costa Blanca (29), Valencia (28), Mallorca (17) y Canarias (16), regiones todas ellas con una importante presencia de población extranjera. Bilbao, con cuatro, se sitúa al mismo nivel que Zaragoza, Granada, Asturias y Girona. La presencia de estos centros no busca sólo satisfacer las necesidades de escolarización de los foráneos ya residentes. Son una apuesta de futuro en la pelea por atraer talento. Málaga es un gran ejemplo en este sentido. Desde hace unos años, la ciudad puja fuerte por convertirse en el ‘hub’ tecnológico del sur de Europa y un polo del I+D, lo que está consiguiendo atraer a gran cantidad de nómadas digitales. En los últimos dos años, sin ir más lejos, la provincia ha ganado 56.242 habitantes, según el INE; ocho de cada diez son extranjeros. La mayoría de estos colegios ofrece una educación con el inglés como lengua vehicular y el currículum británico es el predominante. Sin embargo, existen distintos matices en cada región. Así, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona hay ‘sólo’ cuatro liceos franceses, tres colegios americanos, uno italiano y otro japonés. También hay centros que ofrecen asignaturas en hebreo, ruso o chino mandarín. En toda la provincia de Málaga, por contra, apenas hay dos franceses pero tienen presencia los centros noruegos, suecos...En el municipio malagueño de Benalmádena, donde viven 400 noruegos, hay un colegio de esta nacionalidad. Es una realidad palpable. El Ayuntamiento de la localidad, de hecho, tiene un área exclusiva de Residentes Extranjeros.

La reforma de las pensiones diseñada por José Luis Escrivá para retrasar la edad de jubilación efectiva ha dado sus frutos, según ha destacado el ministro esta semana. En el conjunto de España se ha situado este ejercicio por primera vez en la historia en los 65 años, lo que supone un hito y un importante avance respecto a los 64,4 años de 2019. La mejora es generalizada aunque persisten las grandes diferencias por comunidades autónomas. Navarra (64,3), Euskadi y Asturias (ambas con 64,5) se mantienen como los territorios donde los trabajadores abandonan antes el mercado laboral y lo hacen, además, con las prestaciones más altas. En ese último punto, el de la cuantía, el País Vasco ocupa la primera posición, con 1.779 euros frente a la media nacional de 1.455. En realidad la reforma de Escrivá solo ha dado una vuelta de tuerca a la que impulsó Zapatero en 2011, que alargó la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, también con la pretensión de contener el gasto. Debido al calendario establecido por esta última, ahora son necesarios 66 años y cuatro meses cotizados para llegar al 100% de la prestación, si bien se puede acceder a los 65 años siempre que el tiempo de alta en la Seguridad Social sume 37 años y nueve meses. Lo que hace la reforma del Gobierno de Pedro Sánchez, cuya primera parte entró en vigor el 1 de enero de 2022, es revisar los coeficientes reductores que se aplican para desincentivar la jubilación anticipada, especialmente para aquellos que abandonen el mercado dos años antes de la edad establecida, el máximo permitido en el retiro voluntario.

El sector público vasco está afrontando la mayor confluencia de huelgas de su historia con un otoño más que caliente como se puede apreciar de forma muy gráfica en el calendario plagado de fechas de paros. Esta ofensiva, que aglutina en algunos casos a todos los sindicatos y en otros en los que se queda fuera UGT o LAB, tiene su justificación, según las centrales, en el deterioro que están sufriendo las condiciones de los trabajadores del ámbito público y de sectores que se han privatizado en los dos últimos lustros como consecuencia de la falta de acuerdos y de «voluntad política». Una realidad que contrasta con el avance significativo que está registrando la negociación colectiva en el sector privado, donde está habiendo menos conflictividad. Sin embargo, desde el Gobierno Vasco, hacen una lectura distinta y lo achacan en boca del lehendakari, Iñigo Urkullu, a cuyas palabras se remiten, a una «estrategia de desgaste electoral por parte de la izquierda abertzale» situándolo en un claro contexto preelectoral en Euskadi, al tiempo que acusa también a los sindicatos nacionalistas, especialmente a ELA, de hacer gala de que Euskadi lidera las huelgas, cuando la situación socioeconómica «no lo justifica». Este otoño caliente comenzó la semana pasada con dos días de huelga en las residencias de Araba –están convocadas ocho jornadas–; y ha tenido continuidad esta semana con tres jornadas de paro –lunes, martes y miércoles– en las ambulancias de Euskadi. El miércoles también secundaron otro día de huelga los docentes de la UPV/EHU. Ya el próximo día 24 será toda la enseñanza pública la que está llamada a la huelga y la siguiente jornada se producirá la primera de las dos convocatorias generales en todo el sector público, que volverá a repetirse el 19 de diciembre. Esta confluencia de huelgas en el sector público contrasta este año con una menor conflictividad en el sector privado fruto, defienden los sindicatos, de que se están firmando convenios con contenidos, con subidas salariales cercanas al IPC. De hecho, según datos del CRL vasco, casi el 57% de la población asalariada cuenta con sus pactos actualizados, una de las cifras más altas de los últimos años. Se han suscrito 238 convenios hasta agosto con una subida media para este año del 4,4% (4,82% en los firmados en Euskadi), que en el caso de Gipuzkoa llega incluso al 5,74%. 

Sin haberse resuelto aún el laberinto de la investidura en Madrid y sin que se pueda descartar todavía una repetición de las generales el próximo 14 de enero que obligue a rehacer todos los planes, Euskadi ya ha puesto en marcha el reloj electoral hacia las autonómicas más inciertas de los últimos años. Quien más quien menos, todos los partidos engrasan la maquinaria a marchas forzadas para que nada les pille con el pie cambiado en un escenario volátil, máxime cuando ha sido el propio PNV el que ha empezado a allanar el terreno para un adelanto de las elecciones a marzo. La fecha de las autonómicas es a día de hoy la principal de las incógnitas. En 2020 se celebraron el 12 de julio como consecuencia del covid, que abocó a retrasar una cita inicialmente prevista para el 5 de abril. Pero ahora, en condiciones de normalidad y habida cuenta de que aquella convocatoria abonó una abstención de casi el 50%, la fórmula no se va a repetir. Por consiguiente, en mayor o menor medida, habrá un adelanto para evitar las adversidades que siempre plantea el verano. Ahora bien, no es lo mismo hacerlo un mes antes que cuatro. En junio o en marzo. Hasta ahora las piezas apuntaban hacia el 9 de junio, coincidiendo con las europeas, pero el PNV recela de esa idea porque la cita autonómica podría verse contaminada por la «polarización» PP-PSOE en una campaña de claro tinte nacional. Esas dudas sobre junio y la conveniencia de trasladar la convocatoria a marzo fueron aireadas por sorpresa esta misma semana por Itxaso Atutxa, cuyas declaraciones se saldaron con un elocuente bocinazo del lehendakari, de viaje oficial en Japón, por alimentar las especulaciones: «No creo que dedicarse a esos ejercicios haga ningún favor a nadie».

Expertos en psiquiatría, cirugía plástica, formación profesional, justicia, minerales y fósiles... Son algunos de los 71.353 asistentes que se han dado cita en los nueve primeros meses del año en los palacios de congresos de la capital alavesa. El Europa y Villa Suso han albergado de enero a septiembre de este curso 184 y 41 convenciones de forma respectiva, lo que hace un total de 225 citas. Si bien estas salas se preparan ahora para el particular arreón de final de curso con cerca de un centenar ‘prerreservas’ en agenda hasta el próximo diciembre. Así lo reflejan los datos que trasladan a este periódico desde el departamento de Promoción Económica, Empleo, Comercio y Turismo del Ayuntamiento vitoriano. Según sus previsiones, los dos grandes equipamientos de la capital cerrarán el ejercicio con al menos 320 encuentros. Un nivel que se sitúa todavía por debajo de los 350 de 2022. El dato también es menor que el de 2019, cuando se alcanzó el récord de asistentes con más de 400 eventos. Sin embargo, en cuanto a las cifras de asistentes, las diferencias son menores. A fecha de octubre del pasado curso se registraban algo más de 75.500 personas, mientras que para septiembre del presente año ya se superan los 71.300, lo que coloca los números en un nivel similar.

Juan Antonio Pedreño preside la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) desde 2008, y el Social Economy Europe, el máximo órgano europeo en esta materia, desde 2015. En la sede de su organización en Madrid analiza el entorno en el que se desenvuelven las cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, fundaciones, cofradías de pescadores y otras asociaciones que se encuentran bajo su supervisión. "Estamos viviendo el momento más importante y significativo que ha tenido la economía social en toda su historia. Todos los gobiernos europeos, la OIT, la OCDE, la Comisión Europea y Naciones Unidas han adoptado resoluciones por unanimidad para potenciar la economía social y desarrollar este ecosistema en toda Europa...Es la primera vez que todas las instituciones europeas e internacionales han identificado a la economía social como el vector empresarial para el futuro de los países...Se aprobó un PERTE para la Economía Social y los Cuidados y deberíamos haber dispuesto de 800 millones de euros para poder mejorar y transformar nuestras empresas. De esos 800 millones, el 80% se ha repartido en las comunidades autónomas, y no tenemos constancia de que esos fondos hayan ido a empresas de economía social. Estamos recelosos de si realmente los proyectos que presentamos en su día se van a poder ejecutar...Nosotros establecemos en asamblea los sueldos, y, por tanto, nuestro componente salarial se decide entre todos. Yo estoy a favor de que los salarios cubran lo suficiente como para vivir dignamente. Hay que erradicar esto de que un trabajador siga siendo pobre después de una jornada de ocho horas. No tiene sentido...El salario mínimo hay que subirlo en la medida en que se pueda, pero también es verdad que se tiene que tener en cuenta el equilibrio con el mundo empresarial. Se han subido las cotizaciones a la Seguridad Social, se está subiendo el salario mínimo y se están reduciendo, por tanto, los márgenes que tienen las empresas. Lo que no podemos llegar es al punto de ahogar a la empresa. Es un equilibrio difícil...No se puede estar subiendo el salario mínimo cada día, y mucho menos hacerlo con efecto retroactivo. No me puedes plantear ahora en noviembre una cosa y que tenga efectos desde febrero, porque yo ya hice entonces una planificación. Esto distorsiona el futuro de la empresa..."

La digitalización de la economía ha acabado con el papel, el cartón y la producción de celulosa. Las zonas geográficas con mayor implantación papelera son Aragón, Cataluña, País Vasco, Navarra, Castilla y León y la Comunidad Valenciana. Según la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (Aspapel), la industria facturó en 2022 como nunca —6.991 millones, cifras dignas de la industria aeroespacial— y el consumo de papel y cartón creció un 2%. Al mismo tiempo, la producción se redujo. Un 4,6% en papel y cartón y más de un 13% en celulosa. “Nuestro sector batió un nuevo récord de facturación”, asegura Manuel Domínguez, director general de Aspapel, “pero este incremento se debió precisamente a la inflación y al alza de costes a lo largo de toda la cadena de valor, por lo que el aumento no se tradujo en un incremento de los beneficios para las empresas de la industria”. Una muestra: Miquel y Costas, una de las grandes, facturó el pasado año 337 millones, un 12% más, pero ganó 31,6 millones, un 38% menos. En el primer semestre de 2023, las cosas van mejor —menos facturación pero más beneficios—. El presidente de Miquel y Costas, Jordi Mercader, es optimista: “El grupo culminará este año su plan inversor de 100 millones de euros para el periodo 2021-2023 y trabaja en el del siguiente trienio, que, como mínimo, igualará esa cantidad”. La realidad, aseguran en el sector, es que la producción de papel y cartón suele estar a la zaga del crecimiento del PIB mundial; y aunque el sector resistió la caída de 2020 un poco mejor que otros debido principalmente al aumento de la demanda del comercio electrónico, su recuperación ha sido menos rápida que la tasa de crecimiento global. En España, la industria trata de abrir senda con un esfuerzo de transformación. 

"...España no figura entre las principales víctimas de las perturbaciones globales, quebrando una maldición que parecía inexorable y que contribuye a explicar la importante brecha de bienestar que persiste frente a las economías más avanzadas (el PIB per capita se sitúa todavía un 15% por debajo de la media comunitaria, evidenciando una divergencia desde principios de siglo). Estos resultados, sin embargo, no son sostenibles a falta de un mayor esfuerzo inversor...La inversión es clave para insuflar un impulso exterior sostenido y afrontar la transición ecológica y digital. Pero de momento no despega tanto como cabría esperar. El gasto de las empresas en equipamiento se sitúa todavía por debajo de los niveles prepandemia. La inversión total dista también del esfuerzo realizado por la mayoría de los países vecinos, alcanzando poco más del 20% del PIB, dos puntos por debajo de la media europea. Alemania invierte el 23% y Francia el 25%. Incluso la maltrecha economía italiana dedica más gasto al equipamiento de su tejido productivo. Se esperaba un mayor dinamismo habida cuenta de la acumulación de beneficios tras el golpe de la pandemia, la inyección de fondos europeos y la entrada de fuertes dosis de capital extranjero, factor que evidencia que la percepción desde fuera es de un cierto optimismo con respecto a las facultades de desarrollo del país. Pero las corporaciones españolas han optado por utilizar una parte de los beneficios no solo para repartir dividendos, sino también para reducir los pasivos, en vez de reforzar la inversión..."

Hasta el 20 de octubre está abierta la ventanilla de la Comisión Europea para recoger las aportaciones que empresas o ciudadanos quieran realizar para regular el uso y programación de la Inteligencia Artificial. Esta consulta pública supone el arranque de las gestiones en el Gobierno de Europa para avanzar en un texto de referencia –‘estándar técnico’– que se aplique a los sistemas de Inteligencia Artificial especializados en la generación de contenidos, es decir, plataformas como ChatGPT o DALL-E. Las aportaciones, que se podrán realizar hasta el 20 de octubre, se emplearán para diseñar el borrador que debe desarrollar los principios acordados por los países miembros del G7 en su reunión del pasado mes de septiembre. La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Estado de Derecho, Vera Jourova, subrayó la necesidad de contar con directrices claras para «promover el uso ético y seguro» de los sistemas de esta tecnología. En la cumbre del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, acordaron celebrar un encuentro en noviembre o diciembre para intercambiar borradores. El objetivo es contar con ese código de conducta por el que las empresas deberán comprometerse a medir el impacto social de sus aplicaciones, así como a vigilar sus riesgos. El carácter no vinculante de la normativa es la cuestión más peliaguda, ya que compañías como Google o Facebook no estarán obligadas a seguirlo.

Muchos creyeron que Huawei había muerto. Que las sanciones aprobadas por Estados Unidos contra el principal fabricante de equipos de telecomunicaciones y de teléfonos móviles de China le habían matado. Pero sigue muy viva. Es más, acaba de sacudir el sector de los chips con el silencioso lanzamiento de su último teléfono móvil: el Huawei Mate 60 Pro. Y no es porque cuente con la mejor cámara, la batería que más dura, o el diseño más innovador. No, lo sorprendente del terminal no se ve a primera vista. Es el procesador que le hace funcionar. Porque demuestra que las sanciones han logrado lo contrario de lo que buscaban: que China apueste por la autosuficiencia en el estratégico sector de los semiconductores y desarrolle chips que se acercan en prestaciones a los de una competencia liderada por empresas asiáticas –sobre todo taiwanesas– que sí cuentan con el beneplácito del gobierno norteamericano. Porque, contra todo pronóstico, el último buque insignia de la empresa fundada por el exmilitar Ren Zhengfei cuenta con un chip HiSilicon Kirin –fabricado por el principal productor chino de semiconductores, la Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC), en exclusiva para Huawei– con capacidad para redes 5G y tecnología de 7 nanómetros. Cuanto más pequeños son los chips, más potencia y eficiencia energética ofrecen. Son variables poco relevantes en aparatos de gran tamaño, como un vehículo, pero vitales en los ‘smartphones’. Por eso, las empresas punteras del sector trabajan sin descanso para continuar reduciendo el tamaño.

En 2018, la economía checa superaba a España en renta por habitante y consumaba un cambio de era. El sur hacía años —desde la crisis de deuda europea— que había dejado de ser un polo de expansión para convertirse, en el mejor de los casos, en una región de crecimiento modesto; el este, en cambio, seguía haciendo su propio camino —iniciado tras la caída del telón de acero y acelerado por su integración en la UE—, superando a gran parte del arco mediterráneo. La República Checa, uno de los grandes beneficiados por la externalización de procesos productivos de los gigantes industriales germanos, tiene ahora su talón de Aquiles en el mismo factor que durante años facilitó su imparable ascenso a los cielos: Alemania ha entrado en fase de contracción severa y —aunque las exportaciones siguen contribuyendo positivamente al PIB— ya está arrastrando al antiguo Ducado de Bohemia, el único socio de los Veintisiete que aún no ha recuperado el nivel de actividad prepandemia. “Alemania es nuestro mayor socio comercial, y la economía checa es muy sensible a lo que ocurre allí. Aunque no es la única razón del estancamiento, su débil desempeño es un obstáculo para nuestro crecimiento”, explica Petr Král, director jefe del departamento monetario del banco central checo. Al parón alemán, Král suma el riesgo de caer en la llamada trampa del ingreso medio: el estancamiento de muchas economías tras un periodo de fuerte crecimiento y convergencia con los demás países de su entorno. “El modelo de los últimos 20 años, basado en la mano de obra barata, pero cualificada, y en la proximidad a Alemania se ha agotado”, desliza Lukáš Kovanda, economista jefe del banco local Trinity, que ve “difícil de imaginar” un regreso a los crecimientos del 5% y el 6% de años anteriores. 

El Ejército de Israel ha movilizado a «cientos de miles de militares» para atacar Gaza «por tierra, mar y aire» y «acabar con Hamás». Un asedio que está provocando un masivo éxodo de población civil hacia la zona sur de la Franja que ha llevado a la ONU a pedir corredores humanitarios para «evitar una calamidad». Israel y Hamás están listos para la siguiente fase del conflicto. Cumplida una semana de la operación sorpresa de los yihadistas, Benjamín Netanyahu visitó ayer por primera vez a las tropas y recorrió algunos de los kibutz atacados, como Be’eri y Kfar Azza, escenarios de algunas de las principales masacres islamistas. «¿Estáis listos para la siguiente fase?», preguntó el primer ministro a su infantería y poco después compartió una foto con sus hombres con un texto que rezaba: «Con nuestros combatientes en Gaza, en la línea del frente. Todos estamos preparados». La zona que rodea Gaza, una amplia franja de terreno seco, ha sido marcada como área militar y el paso está restringido. Los uniformados han establecido posiciones de artillería a lo largo de los 42 kilómetros de la verja de separación y los aviones de guerra trabajan sin descanso. La llegada masiva de tropas de los últimos días ha culminado en un auténtico muro humano israelí que blinda Gaza para consumar la «venganza» que reclama Netanyahu contra Hamás.