20231016

Estos fueron algunos de los principales temas tratados en el II Foro MAPFRE de Economía y Gestión Patrimonial, celebrado el pasado jueves en la Universidad de Deusto y que contó con representantes del panorama empresarial vasco. Fran Azpiazu, secretario general de Cebek, ha insistido en que el último dato de inflación del 3'5% es un “dato horroroso•”, sin ningún horizonte de control sobre la subida de los precios. Eso hace que se registre una caída de los volúmenes en el sector de la distribución, tal y como ha comentado José Ramón Fernández de Barrena, presidente de grupo Uvesco. En el caso de las aseguradoras, Raúl Costilla, CEO de MAPFRE Vida, ha señalado que el principal problema es la gran antelación con la que deben fijarse los precios. “Los costes han subido mucho en los productos con componente de reparación, cada vez hay que pagar más”, ha explicado. Más allá de lo financiero, otro de los grandes retos para las empresas vascas en los próximos años es la demografía y el envejecimiento de la población. De hecho, País Vasco es una de las comunidades autónomas que más jóvenes ha perdido en los últimos 10 años. La digitalización abre un mundo de oportunidades en este sentido, tal y como ha insistido Costilla, al mismo tiempo que Olatz Imaz, CFO de Corporación Mondragón, ha hecho hincapié en la necesidad de “crear ilusión” para atraer a los jóvenes y poner en marcha proyectos en sectores de futuro. “El Viejo Continente es más viejo que nunca, y eso tiene un gran impacto en la sociedad y en las empresas”, ha defendido Costilla, que anticipa una lucha por el talento y una pérdida de producción en los próximos años. "Si esperamos a 2050 para tomar medidas, estos retos nos van a pasar por encima. Tenemos que empezar ya”.

La compra de automóviles usados sigue duplicando, y en algunas comunidades triplicando y hasta cuadruplicando, la adquisición de los nuevos. De hecho, en Euskadi tres de cada cuatro coches que se han comprado en los nueve primeros meses del año son de segunda mano. En concreto, de los 67.695 turismos y todoterrenos (se excluyen otros vehículos, como las furgonetas y los comerciales) vendidos en ese periodo, el 74% (50.081) eran usados, mientras que solo el 26% restante (17.614) correspondieron a nuevas matriculaciones, según los datos de las patronales Ancove (comerciantes de vehículos) y Faconauto (concesionarios oficiales). En el conjunto de España, la proporción es algo menor. De cada tres automóviles comprados dos son de ocasión, como se denominan en el sector. Así, desde enero a septiembre pasados particulares (el 68% de las operaciones fueron entre ellos) y establecimientos del sector vendieron en el país un total de 2.105.096 coches, de los que el 66,2% (1.393.716) fueron usados y el 33,8% (711.380) nuevos. No obstante, es preciso señalar que la proporción nacional está muy condicionada por las ventas en la Comunidad de Madrid, que concentra casi la mitad de la nuevas matriculaciones. De hecho, es la única comunidad autónoma donde se han comprado en lo que va de año más turismos nuevos (315.956, que suponen el 59,8% del total vendido) que de segunda mano (212.395, el restante 40,2%). Así pues, y dada la distorsión que ocasiona Madrid en la media nacional, aunque Euskadi se sitúa bastante por encima de la media del conjunto del país en la compra de coches usados, en el ranking por comunidades no está entre las que tienen una mayor proporción respecto a los nuevos, ya que aparte de la madrileña solo en otras cinco es menor: Canarias (un 62,7% de automóviles de ocasión comprados este año), Cataluña (69,4%), Baleares (71,5%), Comunidad Valenciana (71,6%) y Aragón (72%).

Europa ha dado un acelerón innegable en los últimos años para asegurarse un buen número de gigafactorías en las que producir las baterías de los coches eléctricos que se supone que en los próximos años inundarán las calles del Viejo Continente. En el caso concreto de España, contará con una de VW en Sagunto, Valencia; una de la china Envision en Cáceres, y muy probablemente una de Stellantis en Zaragoza. Sin embargo, la UE se está quedando en fuera de juego para controlar la cadena de valor de la batería, que va mucho más allá del ensamblaje de celdas. Según Luca de Meo, presidente de ACEA, la patronal europea de fabricantes de coches, y CEO del grupo Renault, solo el 5% de las materias primas necesarias para la producción de baterías provendrán de Europa en 2030. Ante un panorama con un apabullante dominio chino, los grandes fabricantes europeos Stellantis y Volkswagen están tomando posiciones en toda la cadena de valor de la batería. En el caso de la primera, por ejemplo, ha firmado acuerdos en los últimos dos años para asegurarse el suministro de materiales clave como el níquel, el manganeso, el litio o tierras raras, además de proyectar seis gigafactorías en Europa y América. VW, por su parte, acaba de crear junto a Umicore la joint venture Ionway, que aspira a ser un gigante de la fabricación de materiales clave para la batería. El principal elemento, que supone entre un 40% y un 50% del coste de la batería, dependiendo de la fuente a la que se pregunte, es el cátodo. Sin este elemento, por ejemplo, es imposible para las automovilísticas esquivar el arancel cruzado del 10% que entrará en vigor en 2024 para los coches eléctricos que se vendan entre Europa y Reino Unido en caso de que el 45% del valor de estos no provenga de alguna de estas dos regiones. “Este precursor no se está haciendo en Europa. La gente cree que mientras fabriquemos el coche en Europa podremos exportarlo sin el arancel del 10%. Incluso teniendo gigafactorías en lugares como Sagunto. El problema es que el cátodo no está en Europa, y si supone el 50% del coste de la batería, no hay forma humana de que podamos evitar el arancel”, explicaba Josep Maria Recasens, director de estrategia y desarrollo de negocio del grupo Renault.

La Hacienda Foral de Gipuzkoa recibe un millón de facturas diarias con el sistema TicketBai que ya funciona a pleno rendimiento. De momento, el fisco solo ha abierto 300 expedientes por presuntos incumplimientos. Y es que los propios profesionales y los clientes miran de reojo que se cumpla la nueva norma que busca evitar el fraude fiscal, y la factura en papel es una prueba fehaciente de que las cosas se hacen bien. De momento, la Diputación y la Hacienda foral no han entrado a fondo en una estrategia sancionadora a quienes no aplican la factura digital, ya que el fisco está todavía en una fase pedagógica de implantación. Pero tampoco está quieta. Eso sí, de momento tan solo se han incoado algo más de trescientos expedientes por presuntos incumplimientos a la hora de aplicar el TicketBai en las transacciones económicas con los clientes. Una cifra reducida teniendo en cuenta que son unos 42.000 los contribuyentes obligados. Sobre los 300 expedientes, desde Hacienda se limitan a apuntar que la mayoría se abren por dos razones: detección del propio fisco foral de que no se está aplicando bien el sistema y denuncias de ciudadanos que no reciben el ticket tras realizar su pago en los establecimientos y sospechan de mala praxis. A día de hoy, de hecho, Diputación hace un balance «exitoso» de la implantación del TicketBai, que arrancó en 2021 y que ya está funcionando al cien por cien desde el pasado 1 de junio. El sistema, de hecho, recibe «un millón de facturas diarias», según datos facilitados a este periódico por el fisco foral. En estos casi dos años de funcionamiento se han recibido ya unos 317 millones de facturas, según los datos forales.

El siguiente paso en el proceso de mejoras de TicketBai que prevé Hacienda será ofrecer a los empresarios y profesionales la información de sus facturas de compras y servicios emitidas por sus proveedores. Un mecanismo que arrancará a partir del año que viene, explican desde el fisco foral. Hay que tener en cuenta, que, en Hacienda, además de las facturas emitidas por los contribuyentes guipuzcoanos, llega diariamente información sobre las facturas emitidas por las empresas de todas las comunidades autónomas del resto del Estado siempre que la cuantía supere los seis millones, cuando la contraparte es un contribuyente guipuzcoano. De este modo, las empresas podrán descargar los datos de sus facturas recibidas, y cumplimentar sus libros y su contabilidad, sin tener que teclear los datos, lo que supone un gran ahorro de tiempo y de medios. Para los contribuyentes que así lo deseen, encontrarán los borradores de sus Libros de facturas recibidas en la sede electrónica de la Diputación, donde completarán solo los datos que falten, para así, de forma fácil, tener sus Libros elaborados. Diputación destaca que, con los datos de las facturas emitidas, y con los cruces de información entre administraciones, los contribuyentes tendrán prácticamente toda la información a su disposición, lo que supone un gran salto que podremos dar gracias a la digitalización de nuestra economía.

Unos 9.000 trabajadores de colegios concertados de toda Euskadi, entre profesores y personal no docente, están llamados desde mañana y hasta el jueves a secundar los tres días de huelga convocados por los sindicatos dentro de la negociación del nuevo convenio. Los paros afectan a alrededor de 200 centros denominados de «enseñanza de iniciativa social», en los que estudian 130.000 alumnos. Se trata de la mayoría de los colegios concertados, excluyendo a las ikastolas, que tienen su propio convenio. Las centrales ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT –las únicas con capacidad de negociación al superar el 10% de representación entre los trabajadores– denuncian el «inmovilismo» de las patronales implicadas, Kristau Eskola y Aice-Izea, y las acusan de «bloquear» las negociaciones para la renovación del convenio, que debería estar vigente entre 2022 y 2024. El pasado 26 de abril ya tuvo lugar una primera jornada de paros. El anterior convenio, el de 2019 al 2021, se pactó tras 29 jornadas de huelga a lo largo de tres años y fue necesaria la mediación del Gobierno vasco. Los sindicatos, de hecho, han interpelado al Ejecutivo para que se implique en el conflicto y solicitan una reunión con el departamento de Educación. Los trabajadores llevan con el convenio desactualizado desde 2021. A grandes rasgos, las centrales reclaman medidas para aliviar la carga de trabajo, mejoras para los sectores «más feminizados y precarizados», la actualización de los salarios de acuerdo con el IPC, el mantenimiento de los puestos de trabajo ante la caída de la natalidad, mejorar las condiciones en la Formación Profesional, cambios en la contratación temporal y en la fija discontinua y algunas condiciones relacionadas con la salud laboral. También exigen planes de euskera para toda la plantilla, incluido el personal no docente, y planes de igualdad.

Artículo de Igor Eizagirre, Servicios Públicos de ELA. "A las pocas horas de que el 85% de la representación sindical convocara huelga en los servicios públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco (CAPV), el lehendakari y algunos de sus consejeros salieron en tromba para calificar el malestar social de «artificial» utilizando tres tópicos que, aunque viejos y manidos, siguen siendo materia prima de todo un Alderdi Eguna...Recordemos los siguientes datos: –La inversión en salud en la CAPV está a la cola de Europa: 5,7% del PIB, por debajo del Estado (en Europa es el 8% del PIB). –La inversión en educación también está a la cola de Europa: 4,24% del PIB en la CAPV, por debajo del Estado español y solo por encima de la inversión pública en Rumanía e Irlanda. –Condiciones laborales: en el sector público se llevan más de diez años sin acuerdos reguladores, la tasa de temporalidad es del 49%, la más alta de Europa y el triple que en el sector privado (24.000 temporales en Osakidetza y más de 15.000 en Educación), la pérdida de poder adquisitivo es superior al 20% en la última década, y los recortes y escasez de plantillas perjudican gravemente la salud física y emocional de las plantillas. Sin olvidar que hay más de 100.000 personas trabajando en el sector público privatizado...Pese a que el Gobierno vasco dice que tiene voluntad negociadora y que las condiciones de las plantillas del sector público son mejores que en el sector privado, hay que recordar que en este sector privado en el último año se han cerrado decenas de convenios que afectan a miles de personas con subidas salariales como mínimo del IPC. En el sector público vasco de la CAPV, por el contrario, llevamos más de una década sin la firma de ningún acuerdo global de condiciones laborales, con una temporalidad del 49% y una pérdida de poder adquisitivo del 20%. Mientras el lehendakari pide públicamente a las patronales del sector privado que adecúen los salarios a la realidad socioeconómica del país, en los ámbitos donde tiene responsabilidad directa (servicios públicos) ejerce de patronal y aplica rebajas salariales. Eso sí, despejando balones fuera, que ahora toca devolver a la cancha. Jugamos los días 25 de octubre y 19 de diciembre. Nos vemos en la huelga". 

El 86% de los líderes españoles se muestran optimistas ante la previsión de crecimiento de sus empresas, frente al 77% de los resultados obtenidos a nivel global. Además, casi ocho de cada diez empresarios prevén un progreso favorable de la economía española y el 74% confía en el desarrollo de la economía global durante los próximos tres años. Son datos del KPMG CEO Outlook 2023, un informe en el que han participado 1.325 directivos del mundo pertenecientes a empresas con una facturación superior a 500 millones de dólares, 50 de ellos españoles. No obstante, los consejeros delegados españoles se muestran conscientes de que algunos factores que han limitado su crecimiento en los últimos años son susceptibles de prolongarse. En consecuencia, las medidas para mitigar los efectos de la inflación y el incremento de costes de las materias primas se sitúan como principal prioridad estratégica para los próximos tres años, mientras que los tipos de interés son considerados el principal riesgo para el crecimiento a medio plazo. Con relación a los desafíos derivados de un contexto económico marcado por la inflación, por políticas monetarias restrictivas, así como, un contexto geopolítico complicado, los directivos españoles consideran que proteger al negocio frente a estas amenazas es una prioridad estratégica para los próximos años. Para el 76% el encarecimiento del coste vida afectará negativamente al crecimiento de su compañía, mientras que el 80% consideran que las subidas de los tipos de interés y el endurecimiento de las políticas monetarias podrían prolongar una potencial recesión. Ambos porcentajes son similares a los registrados globalmente (77%).

El 78% de los consejeros delegados españoles prevé que en los próximos tres años se recuperará el modelo de trabajo completamente presencial, y nueve de cada diez estarían dispuestos a recompensar aquellos profesionales que quieran volver a las oficinas. Estas son las principales conclusiones de la última encuesta de la consultora KPMG a un millar de altos ejecutivos que aparecen recogidas en el informe KPMG 2023 CEO Outlook, publicado ayer. En concreto, el 89% de los directivos estarían dispuestos a recompensar a través de retribuciones, incrementos salariales o promociones a aquellos profesionales que pongan empeño en volver a la oficina. “El teletrabajo desde la pandemia cuenta con un amplio apoyo entre los profesionales, especialmente los más jóvenes”, señala el texto, hasta el punto de que esta modalidad se ha podido ofrecer como reclamo para atraer talento o para compensar en cierta medida la pérdida de poder adquisitivo. Por ello, con su eventual supresión “la propuesta de valor al empleado adquiere aún mayor relevancia en estos casos: para garantizar que atrae y fideliza el talento que la empresa necesita, deberá integrar aspectos como el bienestar, los modelos de trabajo flexibles, las oportunidades de crecimiento o el aprendizaje, fundamentales para los profesionales”.

La demanda de matemáticos e informáticos no para de crecer en el mundo y en España pasa factura desde hace años a los institutos —se quedan plazas desiertas porque no opositan a estos perfiles— y cada vez afecta más a las universidades, que se las ven y se las desean para contratarles. Los centros públicos no pueden competir en sueldos y los privados se ven forzados a pagar grandes sumas. El problema va a crecer, pues mientras menguan las tesis leídas, las facultades no paran de abrir grados: los alumnos del ámbito de las Matemáticas han crecido un 39,5% (de 11.000 a 18.200) desde 2015 —cuando se implanta el Plan Bolonia— y los de la Informática un 26,7% (de 45.400 a 62.000), según datos del Ministerio de Universidades. Hay un verdadero furor por estudiar unas carreras con futuro laboral garantizado, pero, a este ritmo, no habrá profesores para tanta demanda. El auge de apertura de grados de Matemáticas, Estadística o de su órbita, como Ciencia de datos, no ha hecho más que empezar. En el curso 2015-2016 se ofertaron en 28 universidades públicas. A Matemáticas se entraba por entonces con un cinco y hasta 2009 habían sobrado plazas. Sin embargo, el curso pasado, estos grados estaban entre las titulaciones de 33 universidades públicas y 23 privadas y se pidieron las notas de acceso más altas de los campus. Hay plena empleabilidad. 

«Espejismo» fue el término que escogió hace unos días el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, para hacer una llamada a rebajar la euforia en el sector bancario a pocos días de que las entidades presenten sus resultados del tercer trimestre. La subida de tipos en el último año ha impulsado los ingresos y los beneficios del sector, que en algunos casos podrían llegar a ser históricos al final del ejercicio. Pese a ello, los supervisores y reguladores nacionales y europeos han intensificado los mensajes en las últimas semanas para que los bancos no caigan en la autocomplacencia ante los riesgos y la incertidumbre que ya se perciben. Por el contrario, quieren que aseguren el colchón con el que afrontan las turbulencias en el horizonte y que sean «prudentes» en las remuneraciones y las retribuciones a los accionistas. Precisamente éste es uno de los principales caballos de batalla en un momento en el que los mayores bancos del país se encuentran inmersos en la ejecución de sus planes de retribución al accionista y recompra de acciones. En esto último destacan los 1.310 millones de Banco Santander, 1.000 millones BBVA y 500 millones CaixaBank, por mencionar los anuncios de recompra más recientes. El BCE y el Banco de España apelan a la «prudencia» como un eufemismo para pedir a los bancos que destinen sus beneficios no tanto a la retribución de sus accionistas como a elevar las provisiones y los fondos de cara a protegerse del deterioro económico en Europa y de los posibles impagos, que ya empiezan a crecer.

Las aerolíneas han emprendido una carrera para hacerse con los pocos aviones que los dos grandes fabricantes –Airbus y Boeing– van sacando de sus fábricas. Un motivo para comprar naves es renovar la flota para reducir emisiones, pero otro es atender el crecimiento de un sector que en España ya mueve más tráfico que antes de la pandemia. Tras un verano de récord, los próximos meses no aflojarán a pesar de la incertidumbre macroeconómica y geopolítica. “Analizamos la demanda cada día y no vemos signos de debilidad”, apunta el consejero delegado de IAG, Luis Gallego, en una conversación con Expansión. El primer ejecutivo del grupo de Iberia, British Airways (BA), Vueling y Aer Lingus reconoce que incluso se podrían llenar más aviones: “Vemos que la demanda está por encima de la capacidad que hemos podido poner en el mercado”. En ese restablecimiento de la actividad, los viajes de negocios, un segmento muy importante para los grupos de red, van más rezagados de lo previsto. “Dijimos que se recuperarían en un 85%, pero aún estamos lejos. El tráfico corporativo está volviendo, pero le va a costar un poquito más de tiempo”, explica.

El trasiego de operaciones corporativas en España se produce en un momento crucial desde el punto de vista regulatorio para determinar el futuro del mercado energético a nivel europeo. Mañana se reúne el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la UE. Las expectativas son enormes. Los ministros de Energía de la Unión Europea tratarán de “acordar una orientación general” sobre la propuesta hecha por la Comisión Europea para modificar las normas del mercado de la electricidad. El objetivo, indican fuentes del Gobierno español, que este semestre tiene la presidencia rotatoria del Consejo de la UE, es que los precios de la electricidad “sean menos dependientes de los precios volátiles de los combustibles fósiles y proteger a los consumidores de aumentos bruscos de los precios”. Aunque todos están de acuerdo en la meta, discrepan en cómo llegar. Los desencuentros han dado lugar a dos grandes bandos, con Francia (que defiende las nucleares) y Alemania (que mantiene el carbón), a la cabeza. El Gobierno español –bajo la presidencia rotatoria de la UE– ha pasado de ser el gran precursor de esta reforma a un simple árbitro entre Francia y Alemania. El papel de España se va a limitar a cerrar un sistema de precios en el que Francia y Alemania podrán seguir subvencionando la luz a sus industrias, en detrimento de la competitividad de las renovables españolas, señalan los críticos.

A más estudios, mejores condiciones laborales. En 2021, el salario bruto medio de un empleado con estudios superiores era de 2.606 euros al mes, casi 600 euros más que la media (2.087) y muy por encima de aquellos que terminaron su camino académico en primaria (1.373) o en la segunda etapa de secundaria (1.766). Sin embargo, no todas las actividades que exigen estudios superiores retribuyen por encima de la media a sus trabajadores: hay sectores que implican un alto grado de formación y cuyos salarios no son particularmente altos. Y también al revés, actividades con sueldos por encima de la media en los que la mayoría de los empleados no tienen estudios superiores. Los sectores del primer escenario están copados por mujeres, y los del segundo, por hombres. Para saber cuáles son se puede acudir a la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla el coste salarial medio por divisiones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Entre ellos hay ocupaciones de retribuciones altísimas, como suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (5.537 euros brutos al mes) o fabricación de productos farmacéuticos (3.808), y de sueldos bajísimos, como servicios de comidas y bebidas (1.174) y servicios a edificios y actividades de jardinería (1.156). La encuesta no cruza las divisiones de la CNAE con el nivel de formación alcanzado, pero El País ha obtenido esa información tras solicitar este ejercicio al INE. De los 21 millones de ocupados que recoge la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, el 46,4% de los trabajadores españoles tienen estudios de Formación Profesional (FP) de grado superior o universitarios. Son el grupo mayoritario, frente al 29,8% que terminó en la primera etapa de secundaria y al 23,8% que finalizó en la segunda etapa de secundaria, bachillerato o con un grado medio de FP. También es importante señalar que las retribuciones recogidas son costes salariales, no salarios en sí. 

La emisión de bonos, préstamos y otros instrumentos financieros con certificación verde se impulsa desde hace más de una década para financiar proyectos a favor del medio ambiente y acelerar así la transición energética. El apetito se ha disparado en los últimos años, pero a medida que el sector crece, lo hace también el llamado greenwashing o lavado verde: el dinero teóricamente destinado a financiar la transición energética termina en compañías de combustibles fósiles o en proyectos que implican la deforestación, por más que los compromisos oficiales de las empresas apunten a la necesidad de luchar contra el calentamiento global. El blanqueo climático es, de hecho, una preocupación para organismos internacionales, Gobiernos, sector financiero y sociedad civil. Así, la ONU fijó en noviembre de 2022 una serie de reglas para acabar con esta práctica, y Europa, pionera en el mundo, ha endurecido sus políticas, y la semana pasada, el Parlamento Europeo respaldó la creación del primer estándar voluntario de bonos ambientales. Al otro lado del Atlántico, el Gobierno de Brasil impulsa desde hace años los CRA o agrobonos. Es un certificado de cuentas por cobrar, creado como alternativa a financiación pública para la agroindustria. En la ola de las inversiones verdes, se han multiplicado los CRA dirigidos a proyectos que respeten el entorno en un país donde el deterioro del Amazonas, la mayor masa forestal del planeta y uno de los principales sumideros de gases de efecto invernadero, es crítico. Sin embargo, su misión está siendo cuestionada.

La tardía reapertura de China a principios de año después de las draconianas restricciones para hacer frente a la pandemia de Covid-19 generó en el mercado unas altas expectativas de reactivación económica que apenas se sostuvieron cuatro meses. Desde que los datos de actividad del país en mayo empezaron a dar señales de debilidad, la decepción se ha ido imponiendo entre los inversores. Esto se refleja en el flojo comportamiento de la Bolsa china: el índice CSI 300 cae más del 5% en lo que va de 2023. Los analistas sostienen que las perspectivas de crecimiento de la segunda potencia económica mundial se han complicado a corto plazo, fundamentalmente por las dificultades con las que se están encontrando las autoridades de Pekin para enderezar la crisis del sector inmobiliario y restaurar la confianza de los consumidores chinos (ver información adjunta). En Allianz Global Investors reconocen que el objetivo de crecimiento del 5% para 2023 fijado por el gobierno es “modesto” en comparación con los últimos datos chinos. Ahora mismo, muchos ven el vaso medio vacío. “Los retos estructurales han pasado a primer plano, centrándose en la demografía desfavorable, la baja demanda de los consumidores, la reducción del riesgo de las cadenas de suministro y la deuda (especialmente en el sector inmobiliario).

Mientras Israel acumula tropas en la frontera de Gaza para una invasión inminente, el presidente de EE UU, Joe Biden, cerró filas con Tel Aviv pero pidió contención para mitigar la catástrofe humanitaria porque «no debemos perder de vista que la abrumadora mayoría de los palestinos no tuvo nada que ver con los atroces ataques terroristas de Hamás». Biden habló con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. El apoyo «rocoso» que Estados Unidos ofreció a Israel apenas unas horas después de las «atrocidades terroristas» sufridas por parte de Hamás continúa invariable, pero tiene matices. No vale todo. Las imágenes de cientos de miles de gazatíes en la carretera y a pie, con las maletas a rastras, con bebés en sus brazos, o hacinados en el cruce fronterizo de Rafah tras el ultimátum israelí para la evacuación del norte de la Franja han provocado el primer toque de atención de Washington. «No debemos perder de vista el hecho de que la abrumadora mayoría de palestinos no tuvo nada que ver con los ataques de Hamás y está sufriendo las consecuencias de ello», avisó ayer el presidente norteamericano, Joe Biden, en un mensaje en sus redes sociales. Una advertencia pública a las puertas de una guerra que el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu, se ha encargado de repetir que será «larga y dura». La llamada a la contención lanzada por Biden llega después de que el éxodo gazatí haya removido a la comunidad internacional, con críticas directas de la UE, Naciones Unidas o la OMS a la evacuación forzosa que ha empujado a casi un millón de personas hacia el sur de la Franja.

Ni un ápice de marcha atrás en su lenguaje determinantemente bélico. El primer ministro israelí prometió ayer «demoler a Hamás» durante la presentación del nuevo Gobierno de concertación surgido de la crisis posterior a la masacre perpetrada el pasado día 7 por la milicia islamista. Benjamín Netanyahu recordó que «nuestros grandes combatientes están listos» para penetrar en Gaza y «exterminar a los malditos monstruos que se han alzado en armas contra nosotros». «Hamás creía que iba a desintegrarnos, pero seremos nosotros quienes desmantelemos a Hamás», apostilló. El presidente del Likud, el partido de derecha fundado en 1973 por Menahem Begin, se mostró satisfecho de presentar a un «Gobierno de unidad» que, inmediatamente después, se encerró para celebrar un consejo de seguridad en el que se guardó un minuto de silencio por las 1.300 víctimas mortales del lado israelí. A su lado permaneció Benny Gantz, exmilitar, antiguo ministro de Defensa y dirigente de Unidad Nacional (centro-derecha) que hasta ahora formaba parte de la oposición, con una popularidad en alza por su rechazo a la polémica reforma judicial que quiere implantar el presidente. Gantz será ministro sin cartera en este gabinete de emergencia en el que, junto con él, entran otros cuatro miembros de su partido y con el que Netanyahu dijo trasladar «un claro mensaje al enemigo, al país y al mundo».