20231028

La economía ha desafiado los pronósticos de prácticamente todas las casas de previsión al lograr un crecimiento del 0,3% entre julio y septiembre, un periodo para el que el consenso de analistas apuntaba el estancamiento o incluso la contracción. Sin embargo, la mala noticia es que este avance se ha cimentado casi exclusivamente sobre el consumo privado y, en menor medida, sobre el gasto público, mientras que el sector exterior, la inversión y la productividad (ver información adjunta) están en retroceso, lo que significa que los hogares españoles están tirando de sus ahorros para mantener su ritmo de gasto y que las perspectivas para el futuro próximo no son nada positivas, dado que los motores que podrían impulsarlas están apagados. El Producto Interior Bruto (PIB) nacional creció un 0,3% en el tercer trimestre del año con respecto al segundo, de acuerdo con las cifras que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística. Esto es, una cierta ralentización desde el 0,6% logrado entre enero y marzo o el 0,4% entre abril y junio, pero bastante menor del que esperaban la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y otros organismos de previsión. Al tiempo, la tasa de crecimiento anual se frena al 1,8%, apenas dos décimas menos que en el trimestre pasado, pero menos de la mitad que el 4,1% alcanzado en el primer trimestre del año, lo que pone de manifiesto la intensidad del deterioro del crecimiento económico una vez que se ha agotado el efecto rebote desde los mínimos registrados en el confinamiento, con el turismo ya en cifras cercanas a 2019. El consumo privado ha sido el gran motor del crecimiento, con un alza del 1,4% respecto al segundo trimestre del año, algo que puede resultar sorprendente en un momento en el que la inflación acumulada durante los últimos años ha laminado el poder adquisitivo de los salarios españoles, si bien resulta coherente con el incremento del Índice de Comercio Minorista de septiembre, que refleja una mejora de las ventas del 6,5% anual.

Si el consumo y la creación de empleo son los grandes motores de la economía en la actualidad, la inversión, las exportaciones y la productividad deberían ser los grandes motores para el avance en el futuro. Y la mala noticia es que todos ellos están en negativo. De hecho, la productividad por cada puesto de trabajo equivalente a tiempo completo cayó un 1,6% en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior. E incluso la productividad por hora efectivamente trabajada cae un 0,1% anual en lo que supone el primer retroceso desde hace dos años. ¿A qué se debe esta caída de la productividad? En el primer caso, en el de la productividad por puesto de trabajo, el descenso tiene mucho que ver con el acortamiento de las jornadas laborales, que está directamente relacionada con la destrucción de empleo entre los trabajadores autónomos (que son los que tienen unas jornadas más largas), el creciente peso del empleo a tiempo parcial y la reducción del número de horas trabajadas a la semana, una fórmula que muchas empresas están utilizando como aliciente para muchos empleados, de forma que pueden sortear en la medida de los posible ciertas subidas de sueldos. Sin embargo, el segundo retroceso, el de la productividad por hora efectivamente trabajada, es más preocupante, ya que supone que hay un segundo factor en juego. Este descenso se puede deber a la falta de formación e inversión y a que la incorporación de nuevos trabajadores al empleo, menos cualificados o con menos experiencia que la media, hace que la productividad media caiga. Y eso supone una mala noticia para la economía en el futuro ya que, si con 2,8 millones de parados a las empresas les cuesta encontrar talento que rinda al mismo nivel que sus actual plantilla, es probable que muchos desempleados sean muy complicados de recolocar.

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, compareció ayer en el Parlamento de Vitoria para detallar la información de su Ejecutivo sobre la llegada de los fondos europeos a Euskadi. El montante asciende ya a un total de 1.800 millones que han llegado o directamente a las empresas a través de las convocatorias de la Administración del Estado en los diferentes PERTE (Planes Estratégicos), o a través de las transferencias del Gobierno central al Ejecutivo autonómico para programas concretos pactados previamente en las conferencias sectoriales. Es el montante total desde que empezaran a recalar en el País Vasco las primeras ayudas en 2021. Ahora, una vez aprobada la Adenda –anexo a los fondos europeos que el Gobierno de España ha pactado con Bruselas y reportará otros 80.000 millones, la mayoría en créditos blandos gestionados por el ICO–, la atención del Ejecutivo vasco se centra en su gestión. Azpiazu volvió a reclamar ayer una mayor participación de su gobierno y lamentó enterarse «por la prensa» de la aprobación de esta herramienta. La Adenda contempla 20.000 millones de euros en créditos para las comunidades autónomas y es ahí donde el Gabinete Urkullu reclama una participación directa a través del Instituto Vasco de Finanzas. El Gobierno pide «ejercer de intermediario y participar activamente en la canalización de la financiación a las empresas vascas». Según explicó Azpiazu, en la medida que el organismo del Ejecutivo ya trabaja con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) –que canalizará las ayudas– es perfectamente viable. La vía más cuantiosa ha sido la adjudicación directa a programas que ha gestionado el Gobierno vasco. Un total de 1.135 millones que ha recibido la Administración autonómica y que representa el 4,7% el total de 24.163 millones repartidos entre todas las autonomías. La mayor parte de estas cantidades han aterrizado en el área de Desarrollo Económico (307 millones) para impulsar líneas de ayuda en la energía renovable, seguida de Vivienda y Transportes (245 millones), Educación (153 millones), Justicia y Políticas Sociales (140 millones), Trabajo (99 millones) y Turismo (87 millones). Leer discurso de Pedro Azpiazu. 

Héctor Gómez (Santa Cruz de Tenerife, 1978), ministro de Industria, Turismo y Comercio desde marzo de 2023, visitó Donostia esta semana para inaugurar la III Convención Turespaña, que se celebró en el Kursaal. Se muestra prudente hasta el extremo, en un momento en el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en funciones y España preside el Consejo Europeo. "–Las pymes vascas, el corazón de nuestra industria, lamentan que los fondos Next Generation, sencillamente, no llegan. ¿Qué respuesta les da el ministro?– En este último semestre, hemos activado todos los pertes, el naval, el aeroespacial, el agro, el Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC2), así como el de descarbonización, que va a salir ahora con 1.000 millones hasta llegar a los 3.100. Por otro lado hay medidas para la pyme, los electrointensivos, la I+D... En el VEC2 estamos en fase de resolución provisional, que movilizará una inversión global de 8.500 millones, y habrá un VEC3, con 1.200 millones.–¿Se anima a poner una fecha para la llegada del dinero a la pequeña empresa vasca?–Yo creo que el 2024 va a ser un año en el que se va a notar el impacto real de numerosos programas. 2024 y 2025 van a ser años en los que los fondos alcancen al tejido productivo, a las pymes. En algunos ámbitos ya se notan, pero es una cuestión de tiempo.–El Gobierno Vasco, la CEOE y Confebask piden mayor protagonismo regional en el manejo de los Next Generation...–Los fondos europeos hay que interpretarlos de una manera global y en el marco europeo. Obviamente, se ha atendido a criterios de sensibilidad regional, no cabe ninguna duda. Nunca antes las administraciones locales han contado con tantos fondos como con este Gobierno. La interlocución es permanente..."

El presidente del Grupo Mondragon, Iñigo Ucín, pidió ayer “simplificar” la regulación europea en materia de sostenibilidad, que calificó de “muy estricta”, porque las empresas están teniendo problemas “muy serios” para adaptar su negocio a ese modelo ya que hacerlo requiere de “cada vez mayor financiación, que hay que devolver”. Ucín realizó estas afirmaciones en Bilbao, donde participó en la IV Jornada sobre Finanzas Sostenibles organizada por Abanca Bankoa y APD en una mesa redonda junto a la vicepresidenta nacional de la CNMV, Montserrat Martínez Parera, y el CEO de CAF, Javier Martínez-Ojinaga. Moderada por la directora general de Inverco, Elisa Rincón, los tres intervinientes abordaron aspectos relacionados con la inversión social responsable y el marco regulatorio europeo. Para el presidente de Mondragon, en materia de sostenibilidad empresarial, las firmas europeas tienen “una competencia desleal desde otras compañías, como las chinas, que no están sometidas a estas regulaciones, que tienen un coste”. En este punto incidió en que “de nada sirve trabajar por transformar en la UE un modelo productivo, que en realidad produce el 10% de las emisiones, mientras que el 90% está más allá de las fronteras de Europa; mientras, al mismo tiempo, tenemos que mantener las empresas competitivas”. En este sentido, advirtió a la Unión Europea de que “si no hay empresas, no hay empresas, ni sostenibles ni de las otras”, para añadir que “ese es el gran reto, simplificar la compleja regulación europea porque las empresas deben recurrir a la financiación para acometer la adaptación de sus modelos productivos y de gestión a las normas de sostenibilidad europeas”. “Financiar está muy bien pero eso se tiene que devolver y con una regulación muy estricta, a la hora de devolver, como Europa no haga rápido y claro esa simplificación de su normativa, las empresas tendremos problemas, que ya los tenemos de competitividad en cuanto a precios”, afirmó.

La recuperación de los precios en el sector del petróleo y el gas ha generado una dinámica de aceleración de las inversiones en el segmento de extracción de estos combustibles, pero también un renacer de las inversiones en plantas vinculadas a la energía –centrales nucleares, de carbón...–, al tiempo que comienzan a crecer los proyectos ligados a la transición energética. Todo ello ha posibilitado que Tubacex mantenga la senda de recuperación que inició a finales de 2021, tras una huelga en sus dos plantas de Álava que se prolongó durante nueves meses y acabó con una negociación con los sindicatos que aumentó la jornada y redujo algunos costes laborales. Así, el fabricante vasco de tubos cerró los nueve primeros meses del año con un beneficio neto de 27,8 millones de euros, que supone un incremento del 63,5% en comparación con el mismo periodo de 2022. Desde comienzos de año la acción de esta empresa se ha revalorizado por encima del 50%. La compañía considerado relevante que estos resultados «se han obtenido en un entorno macroeconómico y geopolítico complejo y retador». Las ventas de Tubacex entre enero y septiembre pasados se situaron en 642 millones de euros, lo que supone un incremento importante del 22%, pero lo más trascendente es que la empresa mantiene una abultada cartera de pedidos por valor de 1.630 millones de euros, lo que le permite tener confianza sobre su evolución a corto y medio plazo. En este sentido, su consejero delegado, Jesús Esmorís, reafirma su impresión de que «2023 será un año histórico en resultados. Nuestra cartera actual aumenta la visibilidad sobre 2024».

El Gobierno alemán aligeró ayer la presión sobre Siemens Energy, la matriz de la antigua Gamesa, que, con unas pérdidas que rondan los 4.500 millones, solicitó rescate al Ejecutivo de Olaf Scholz. La multinacional germana está ahogada financieramente tras cubrir los problemas económicos de Siemens Gamesa provocados por los fallos en uno de sus aerogeneradores estrella, el 5.X, capaz de desarrollar 5 MW de potencia en tierra. Dada la importancia estratégica de Siemens Energy en Alemania, donde juega un papel clave en el suministro energético gracias a sus infraestructuras de gas y carbón, el Gobierno germano se ha mostrado dispuesto a ayudar a la compañía, según informaba ayer Bloomberg, que advertía también de la insistencia del Ejecutivo teutón para que la empresa dé un paso al frente concretando con más detalles la solicitud de esos 15.000 millones de euros para su rescate. Una cantidad que serviría para obtener los recursos necesarios con los que mantener sus actividades después de que los bancos le hayan cerrado el grifo de la liquidez. El peso de la antigua Gamesa en la compañía alemana ha ahogado su capacidad tras las pérdidas por la subida de materias primas y los retrasos en los suministros, que terminaron por reventar con la obligación de responder a los compradores del aerogenerador defectuoso. Desde el Gobierno vasco, la consejera responsable de la cartera de industria, Arantxa Tapia, reconoció ayer que la situación en Siemens Gamesa es «compleja» y la solución no se va a dar a «corto plazo». No obstante, mostró la disposición del Ejecutivo vasco a «colaborar» y reunirse con los trabajadores. Tapia opinó que la solicitud de rescate de Siemens Energy, empresa matriz de Gamesa, «ni mejora ni empeora» una situación difícil a la que es la empresa la que «debe buscar una solución», dijo.

Luz verde de la Comisión Europea a la creación de una empresa conjunta entre Iberdrola y la energética inglesa British Petroleum (BP). Tras analizar la documentación presentada por las dos compañías, Bruselas concluyó ayer que esta transacción «no plantearía problemas de competencia, dado su impacto limitado en los mercados en los que operan las dos empresas». La operación se refiere, principalmente, a los mercados de instalación, operación y mantenimiento de una red de estaciones de carga de vehículos eléctricos, con velocidades de carga rápida y ultrarrápida, en España y Portugal. El Ejecutivo comunitario añadió en su comunicado que la operación llevada a cabo por Iberdrola y BP no plantea problemas de competencia debido a «la presencia de un número suficientemente grande de operadores de puntos de recarga alternativos». Bruselas espera que estos mercados «crezcan significativamente» en los próximos tres años. La descarbonización del transporte por carretera es una de las prioridades medioambientales de la Unión Europea. De hecho, los Veintisiete aprobaron en marzo de este año la prohibición de venta de coches nuevos de combustión a partir de 2035. Además, según un informe publicado por ECODES y el Observatorio de Sostenibilidad en mayo de 2022, se estima que para el año 2030 se necesitarán entre 22.901 y 289.130 conectores para vehículos eléctricos en la Península Ibérica. Y para llegar a esa cifra será necesario instalar 25.861 conectores más cada año; o lo que es lo mismo, España y Portugal tendrán casi que duplicar cada año el número de estaciones de carga con las que cuentan actualmente.

El parque automovilístico de España está compuesto por más de 33 millones de vehículos entre los que se encuentran coches que funcionan con gasolina, diesel, híbridos, combustibles ecológicos o eléctricos. Entre todos ellos, la gasolina es el carburante que más buscan los conductores cuando compran un coche nuevo con más de la mitad de la demanda (54,1%). No obstante, en contra de lo imaginable, el diésel no ocupa el segundo puesto, sino que lo hacen los coches híbridos que ya son el 26% de las búsquedas que realizan conductores españoles. El diesel se sitúa como el tercer tipo (12,2%) mientras que los eléctricos copan el 7,6%, según un estudio de la empresa Carwow. Madrid, con más híbridos. La Comunidad de Madrid es la región de España en la que más coches híbridos se buscan con el 31% de las búsquedas. Como es sabido cuentan con dos tipos de motores, uno eléctrico y uno de combustión, que utiliza gasolina como combustible en la mayoría de los casos. Como resultado, los híbridos generan menos emisiones que los coches de combustión convencionales por lo que cuentan con la etiqueta ECO de la Dirección General de Tráfico. Tras Madrid en cuanto a búsquedas de este tipo de vehículos, se sitúa Castilla y León con el 28,5%, seguida de cerca por Cantabria donde se concentran el 26% de las búsquedas de este tipo de vehículos. Por su parte, en el otro extremo de la tabla, están los archipiélagos canario y balear – con el 19,9% y el 20,4% respectivamente – y las comunidades de Extremadura y Andalucía que cuentan con el 23% de las búsquedas cada una.

La resolución de la fusión entre Orange y MásMóvil tendrá un impacto profundo en el sector español de las telecomunicaciones. Digi, cuarto operador. Una de las consecuencias más probables es la emergencia de Digi, el operador rumano, como el cuarto operador del sector, una posición que ocupa ya –es el quinto tras Movistar, Orange, Vodafone y MásMóvil, a distancia de los otros grupos como Avatel o Finetwork– pero que se reforzará si las condiciones (o remedies) que puede obtener la filial del grupo rumano de los promotores de la fusión son las que se prevén hasta el momento. Aunque el pasado martes Reuters señaló que “Orange y MásMóvil planean vender espectro, una unidad de clientes y una marca, además de ofrecer a Digi acceso a infraestructura”, las fuentes consultadas por EXPANSIÓN señalan que la venta de una marca, aunque fuera de las menores que mantiene MásMóvil, junto con sus clientes, es un asunto que está fuera de la negociación entre Orange y MásMóvil con Digi desde hace ya bastantes meses. De hecho, el grueso de los remedies que exige Bruselas se concentrarían en la venta de una parte de las frecuencias sobrantes de la fusión –al superar el nuevo límite máximo establecido por el Gobierno y en una opción –ejecutable o no– de un acuerdo mayorista para utilizar la red móvil de Orange a un precio preferente.

Tres años de trabajo y un equipo de doce personas están detrás de Lur-1, el primer satélite íntegramente vasco de la historia. La misión ha sido completamente desarrollada por la empresa Added Value Solutions (AVS), con sedes en Elgoibar y en el parque empresarial de Miñano, en Vitoria. Hasta esta última se desplazaron ayer el lehendakari Iñigo Urkullu y la consejera de Desarrollo Económico Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, en una visita que sirvió para estrenar las instalaciones y para comprobar el estado del proyecto, sufragado en un 40% por el Gobierno vasco. «Resulta admirable que una empresa nacida en un pequeño municipio como Elgoibar y asentada ahora en el Parque Tecnológico de Álava, desarrolle y comparta capacidades tecnológicas con aliados de primera división como la NASA o la Agencia Espacial Europea (ESA). Son palabras mayores y sin duda un motivo de orgullo de país», elogió Urkullu. La misión incluye un microsatélite de 57 kilos y una estación de seguimiento en el mismo Miñano. El dispositivo está «siendo ensamblado en estos momentos» en la planta alavesa, donde se probará en enormes cámaras en las que se reproducen las condiciones que tendrá que soportar en el espacio. Lur-1 será lanzado a mediados del año que viene «desde la base Vandenberg, California, en la misión Transporter 11 de SpaceX», desveló Miguel Ángel Carrera, CEO de AVS. Esta firma es una de las compañías líderes del mundo en el diseño y desarrollo de equipos de alta calidad para infraestructuras de investigación, creados para funcionar en ambientes muy complicados y difíciles de mantener. 

El Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, Osalan, está a punto de cumplir 30 años. «Tres décadas de aprendizaje continuo», como las resume la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, quien cree que con el aniversario ha llegado el momento de mostrar «una ambición mayor». «Queremos lograr que la prevención sea un rasgo distintivo de la cultura vasca, que el conjunto de la sociedad tenga una conciencia sobre el derecho a la salud en todos los ámbitos, incluyendo el laboral, que le permita ser exigente», explicó ayer en una jornada organizada en colaboración con la propia Osalan y el Departamento de Trabajo y Empleo coincidiendo con el final de la Semana Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. Mendia aprovechó la ocasión para anunciar que el proyecto de ley de Presupuestos de la comunidad autónoma vasca para el año 2024, entregado ayer en el Parlamento de Vitoria, contempla una dotación de «más de 18 millones de euros» con la que Osalan dará «un salto cuantitativo y cualitativo». «Vamos a trabajar para que la prevención llegue a cada trabajador dentro de la empresa, pero también fuera, y muy especialmente para que cale entre los jóvenes, para que cuando piensen en su futura profesión además de las condiciones salariales valoren las laborales y tengan en cuenta si son saludables», señaló. Entre las novedades que el organismo pondrá en marcha para lograr este objetivo, la consejera destacó «el diseño de un sistema de alertas que llegue a la población». «Nos parece un buen inicio comenzar con las relacionadas con los fenómenos meteorológicos extremos. Son cada vez más frecuentes y nuestro sistema preventivo se debe adaptar. Osalan completará a partir de ahora los avisos que ya envía a los servicios de prevención recordando la forma de evitar riesgos», explicó.

La jornada ‘Cultura preventiva para todas las personas’ arrancó con una mesa redonda sobre sensibilización y concienciación en la que todos los participantes se mostraron de acuerdo en que aún queda mucho trabajo por hacer en materia de prevención. Así lo constatan los datos de una encuesta realizada por el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno vasco en la que, como explicó Olga González, responsable de Proyectos de Osalan, «se ve que mientras el 95% de las personas cree que las condiciones en que se trabaja influyen en la salud, todavía hay un tercio de la población consultada que no entiende la seguridad y salud en el trabajo como un principio básico de las sociedades avanzadas». Entre las conclusiones del sondeo, González también destacó que «más de la mitad de los encuestados que actualmente está trabajando no ve muchos riesgos en su puesto, una percepción que es aún mayor entre las mujeres». En su opinión, esto evidencia la necesidad de incorporar la perspectiva de género a la prevención para contrarrestar su actual «concepción androcéntrica». «Estamos acostumbrados a que en los medios tengan mayor transcendencia los accidentes mortales o graves, que se dan más en sectores muy masculinizados, y se trate menos la incidencia de otro tipo de siniestro o enfermedades laborales», explicó.

La próxima semana, del 3 al 5 de noviembre, el Palacio Euskalduna acoge una nueva edición del Salón Inmobiliario de Viviendas y Decoración de Euskadi (SIE-Home) y como preludio al mismo se ha celebrado un coloquio sobre la situación del mercado de vivienda nueva promovido por El Correo, organizador del salón, y que ha contado con el patrocinio de Kutxabank y el portal pisos.com. La cita estuvo moderada por el secretario general de la Asociación de Constructores de Bizkaia (Ascobi-Bieba), Iñaki Urresti; y en ella participaron Joseba Cedrún, director general de Sukia; Gorka Aranegui, director general de Grupo Eibar; Iker Elordui socio y gerente de Grupo Quorum; y Javier Irizar, socio de grupo Irizar. Urresti introdujo el debate preguntándose a qué se debe la tasa tan baja de producción de vivienda nueva actual. «Los datos de 2022 nos dicen que se iniciaron en Bizkaia en torno a 2.500 viviendas, 2,2 por cada 1.000 habitantes al año», mencionó. «Con el aumento de los costes de materia prima, la inflación y ahora además el coste financiero y la parte administrativa es complicado promover vivienda asequible, porque nosotros lo que hacemos es vivienda que se venda a un precio que pueda generar demanda», comenzó Cedrún. En lo referente al papel de la Administración, el director general de Sukia reconoció que «a veces lo fácil es culpar a la Administración pero muchas veces se encuentran con un marco normativo complicado» y recalcó la necesidad de cambiarlo para que la oferta sea más asequible. «A nosotros no nos gusta tener una oferta cara de precio».

Álava da el primer paso hacia la implantación del Impuesto a las Grandes Fortunas. El Consejo de Gobierno de la Diputación, en sesión extraordinaria, dio ayer luz verde al proyecto de la norma que regulará la nueva herramienta fiscal, que traspone a la legislación foral el tributo impulsado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ajustándolo a la singularidad vasca. El trámite –realizado a instancia del departamento de Hacienda, que dirige Itziar Gonzalo– deja encauzado el denominado Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF) para su aprobación legislativa. Porque las Juntas Generales serán las que tengan que dar luz verde definitiva a la medida antes del 31 de diciembre para que pueda ser de aplicación y tener efecto en este ejercicio. A partir de ahora, el Gobierno alavés del PNV y del PSE inicia la búsqueda de apoyos entre la oposición para sacar esta norma adelante. EH Bildu y Elkarrekin ‘a priori’ consideran insuficiente la fórmula elegida por las instituciones vascas para adaptar este impuesto estatal aprobado hace un año. El PP, por su parte, no comparte la filosofía de esta medida. En Gipuzkoa, que también necesitará del apoyo de algún miembro de la oposición, también se ha arrancado con la tramitación parlamentaria del nuevo impuesto. El Ejecutivo alavés ha explicado que el nuevo impuesto será «complementario al Impuesto de Patrimonio, al objeto de evitar una doble imposición sobre los mismos bienes». El gravamen será de aplicación sobre el patrimonio neto de las personas físicas de una cuantía superior a los 3,2 millones, que aplica un mayor tipo impositivo a los patrimonios más elevados.

"... La Inteligencia Artificial (IA) se ha erigido hoy como uno de los catalizadores más poderosos. No solo promete cambiar la forma en que trabajamos, sino construir un mundo laboral mejor, donde los empleados puedan centrarse en generar valor. Y donde las empresas decididas a abrazar esta tecnología podrán competir con independencia de sus recursos y tamaño. La democratización de la IA supone una revolución en la manera de trabajar de las empresas. Las soluciones en la nube y los servicios de suscripción han hecho más accesible la IA a la totalidad de las compañías. Además, la mayor sencillez para desarrollar soluciones basadas en IA multiplica su alcance y sus beneficios. En este contexto, con más posibilidad para acceder a la tecnología y con un mercado en constante cambio, los criterios de medida del éxito empresarial son otros. Históricamente el éxito de una empresa estaba vinculado fundamentalmente a su tamaño, mientras que en la era de la Inteligencia Artificial el criterio se amplía: surgen las ‘habilidades digitales’ como factor determinante. Adoptar de manera efectiva la IA ayudará a nuestras empresas a competir mejor con organizaciones mucho más grandes. Serán más ágiles para detectar cambios o tendencias y más eficientes para adaptarse a las necesidades cambiantes del cliente o a las nuevas demandas del mercado. De ello podrán beneficiarse la automoción, la aeronáutica, la siderurgia, la industria mecánica, la petroquímica o la maquinaria, que figuran entre los principales sectores del tejido industrial vasco tanto por su nivel de facturación como por su aportación al PIB. Un tejido industrial que, tengámoslo en cuenta, está dominado por empresas de pequeño tamaño, con una media de 16,3 empleados. Si bien la mayoría, el 83,7%, cuenta con menos de 20 y solo el 0,7% supera los 250, según los últimos datos del Eustat..."

La entidad ha obtenido un beneficio de 3.659 millones de euros en los tres primeros trimestres del año, lo que un 48,2% más que en el mismo periodo del año pasado, según comunicó este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estas cifras suponen que la entidad catalana ha ganado ya más en nueve meses que en todo el año pasado. De hecho, la evolución del negocio ha sido tan positiva que el consejero delegado del grupo, Gonzalo Gortázar avanzó que a principios de 2024 el banco revisará al alza sus objetivos y, previsiblemente, la remuneración al accionista. En la sesión en Bolsa, los títulos de la entidad se anotaron un alza del 2,26%. “Hemos decidido que a final de año actualizaremos los objetivos, ya que vamos notablemente por encima de lo que teníamos previsto. Estamos recuperando esa rentabilidad de manera rápida. Tendremos que hablar del dividendo que pagamos y lo lógico será actualizar los planes al respecto porque estamos claramente por encima”, adelantó el viernes el ejecutivo. Actualmente CaixaBank reparte entre sus accionistas entre el 50% y el 60% de los beneficios. Igualmente, en su plan estratégico para el periodo 2022-2024 el banco se propuso repartir 9.000 millones de euros entre los accionistas, pero el propio Gortázar reconoció que el negocio ha mejorado por encima de lo previsto y previsiblemente elevará esa proyección de remuneración.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos en funciones, Nadia Calviño, volvió a agitar el viernes el avispero en el que se ha convertido esta semana el diálogo entre el Gobierno y los empresarios al asegurar que hay margen para que paguen más impuestos, avalando la propuesta incluida en el programa pactado por PSOE y Sumar de convertir en estructural el impuesto temporal que grava la facturación de las entidades financieras y las empresas energéticas. “Por supuesto que hay margen para que las entidades financieras y energéticas, que están presentando resultados milmillonarios estos días, realicen una mayor aportación fiscal a la que efectúan actualmente”, aseguró en declaraciones a RNE recogidas por EP. La vicepresidenta primera respondió así al ser preguntada por la amenaza lanzada el jueves por Repsol de desinvertir en España si se mantiene el impuesto a las empresas energéticas, tal y como recoge el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. “Yo lo que veo es justamente que cada vez son más los países que están poniendo este tipo de impuestos y, por tanto, la tendencia está muy clara. También veo que los inversores internacionales apuestan por España, que estamos atrayendo proyectos estratégicos importantísimos, precisamente porque España es un país que tiene paz social y un entorno favorable a la inversión y también porque tenemos precios de la energía más bajos que los países de nuestro entorno”, señaló. En su opinión, “los resultados milmillonarios” de los bancos y las entidades energéticas explican y ponen sobre la mesa que es necesario que contribuyan, “pues han de contribuir más quienes más tienen y en este momento quienes están teniendo unos beneficios tan extraordinarios”.

El reciente pacto de gobierno sellado entre PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez sobrevoló ayer toda la rueda de prensa de CaixaBank para la presentación de los resultados obtenidos de enero a septiembre de este año. Estos se resumen en un dato: la entidad ganó 3.659 millones de euros, un 48,2% más que el año pasado, gracias en parte a la escalada de los tipos de interés. Y, sin embargo, a juicio de su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, estas cifras están lejos todavía de ser beneficios «extraordinarios», por lo que advirtió contra la política fiscal del Gobierno en funciones que ha vuelto a quedar plasmada en ese acuerdo de investidura. «Si penalizamos a las grandes empresas nos pegamos un tiro en el pie», dijo tajante. Esta declaración, que se suma al goteo de críticas en la última semana de los agentes económicos, la hacía precisamente Gortázar en respuesta a una pregunta sobre la amenaza de Repsol. El directivo evitó pronunciarse sobre el anuncio de la compañía energética, que ha puesto en duda la continuidad de todos sus proyectos en España por la falta de seguridad jurídica. Pero fue claro a la hora de lamentar que la política del Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene a energéticas o bancos en el punto de mira. Y más ahora que los socios de gobierno quieren prorrogar los impuestos a las energéticas y a la banca que en un principio se vendieron como transitorios. La propia ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, decía esta semana que «no han tenido ningún impacto» en los beneficios de las empresas, mientras que para las arcas públicas ha supuesto este año un ingreso de 2.900 millones de euros. Sin embargo, Gortázar vino a decir que se está poniendo en riesgo la productividad del país, en la medida en que esta se vincula al tamaño de las empresas. «No podemos discriminar en negativo a las grandes empresas por ser grandes, porque habrá menos incentivos para que crezcan cuando es la productividad la que hará que el país sea más rico». De hecho, el mismo argumento de la productividad le sirvió para cuestionar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Si la productividad no se mejora por otra vía «y trabajamos menos, ganaremos menos como país».

El panorama impositivo español despierta suspicacias en el líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, que lo considera problemático tanto para las familias como para el tejido empresarial español. El popular insistió ayer, después de que Repsol manifestara que “la falta de estabilidad fiscal del país” podría llevar a la compañía a replantearse sus futuras inversiones en España y buscar “otras alternativas”, en que “nunca hemos pagado tantos impuestos como ahora ni hemos tenido una presión fiscal tan alta y nunca las empresas españolas han pagado tantos impuestos como ahora. Y sin embargo, nunca hemos tenido tanta deuda pública”. Algo que, hablando ya exclusivamente desde el punto de vista productivo, ha motivado decisiones de calado, y podría motivar aún más: “Hay una serie de empresas españolas que se han deslocalizado en su totalidad y otras están advirtiendo que lo pueden hacer”, afirmó, en referencia a Repsol. Así, Feijóo expresó su “preocupación” ante la posibilidad de que más empresas asentadas en España busquen salir del país y, en el caso específico de la energética, desarrolló que “es una de las grandes multinacionales españolas”. Feijóo considera que, ante el tributo a los beneficios extraordinarios de la banca y las energéticas, en su momento planteados para 2023 y 2024 pero que el pacto entre PSOE y Sumar plantea prorrogar, la posición de Repsol ha sido la de “mandar un mensaje: una cosa es un impuesto excepcional y otra que se convierta en un impuesto ordinario”. Ante la consolidación de este impuesto, Feijóo cree que empresas como Repsol “pueden hacer inversiones en países donde se facilitan desde el punto de vista fiscal”, en lugar de realizar una inversión similar en España donde “una determinada actividad industrial o económica” tiene “unos impuestos muy por encima de otros países”. Realizó, asimismo, un paralelismo con el caso Ferrovial, cuyo traslado de sede social en abril de este año ya levantó polvareda.

Entrevista con la presidenta del BCE. Dentro de unos días se cumplirá el ecuador exacto de su mandato de ocho años, y se maravilla de lo que ha sido “una curva de aprendizaje pronunciada, pero en el contexto de una increíble serie de choques, puntos de ruptura, cambios... es suficiente para ponerte un poco achispada”. Parece el momento perfecto para hacer balance. "¿qué nota sobre 10 se pondría Lagarde a sí misma?–“Oh, bueno, tengo que demostrar autoestima y confianza, así que diría que 10”, bromea. “No, me quejo mucho de la falta de confianza de las mujeres, así que debería tener cuidado de no ser autocrítica. Pero diría que siete. Hubo una curva de aprendizaje muy, muy brutal y abrupta para empezar. Luego, por supuesto, si nos fijamos en los indicadores clave de rendimiento, no estamos en el 2% [de inflación]”. En el momento de nuestra reunión, se sitúa en el 4,3%...El BCE ha sido criticado por reaccionar con demasiada lentitud al repunte de la inflación del año pasado y Lagarde ha admitido no supo prever hasta qué punto la crisis energética provocada por la guerra de Rusia en Ucrania haría subir los precios al consumo. “Creo que, como tantos otros, al principio lo gestionamos como un caso de manual de una crisis de suministro”, afirma. “La situación se restablecerá al final del choque y se absorberá... eso era lo que se esperaba y nada de ello ocurrió realmente”. “Pero de lo que me arrepiento personalmente es de haberme sentido atada por nuestra orientación futura”, añade, en referencia al compromiso que había adquirido el BCE de no empezar a subir los tipos de interés hasta que hubiera dejado de comprar miles de millones de euros en su mayoría de deuda pública, algo que hizo lentamente durante los seis primeros meses de 2022. “Debería haber sido más audaz”...

Las Fuerzas de Defensa de Israel podrían encontrarse ante uno de los hallazgos más importantes de su prolongada búsqueda de los subterráneos de Hamás bajo Gaza. Los analistas han dado con evidencias que demostrarían cómo el movimiento islamista dispone de un importante centro de operaciones bajo el complejo hospitalario de Al-Shifa, el más importante de todo el área ocupada. En este cuartel general, además, habrían convergido para ocultarse cientos de los terroristas que intervinieron en la masacre de los kibutz el pasado 7 de octubre. La constatación de este búnker es consecuencia del empeño de Tel Aviv por desmantelar la infraestructura subterránea de la milicia, en especial antes de que se inicie la ofensiva terrestre, donde los túneles jugarían muy en contra de las tropas israelíes al facilitar el ocultamiento y los desplazamientos de sus enemigos. El portavoz militar, el contralmirante Daniel Hagari, volvió ayer a recomendar a los residentes de la ciudad de Gaza que se trasladaran al sur ante una gran «ampliación de las operaciones terrestres». Se inició anoche en el norte de la Franja, que acogió combates entre los tanques hebreos y milicianos de Hamás. «Continuaremos atacando en Gaza y sus alrededores», dijo. Hagari añadió que los ataques aéreos se concentrarán en los túneles, por lo que los grandes hospitales serán objetivo claro de los bombardeos.