20231030

La reducción de jornada se ha circunscrito históricamente al ámbito de la negociación colectiva, con acuerdos muy diversos atendiendo a las características específicas de cada sector productivo. En ese contexto, y con las cifras que aportan las estadísticas sobre horas trabajadas a lo largo del año, el impacto, en términos reales, de esta medida puede resultar limitado. Josu Ferreiro, profesor de Economía en la UPV-EHU, subraya la “incertidumbre” en torno a las consecuencias globales de esta rebaja del tiempo de trabajo. A su juicio, las grandes empresas y la industria son las esferas laborales en las que ya están en vigor las reducciones de jornada. Su pujanza en Euskadi y Navarra contribuye a explicar que sean dos de las comunidades en las que la semana laboral es más corta dentro del Estado. Ferreiro cree que los trabajadores del sector servicios, con apartados como la hostelería, el comercio o el turismo -donde las jornadas reales se van en muchos casos por encima de las 40 horas- son los que pueden ser más beneficiados, aunque alerta de que para las pymes la adaptación será “más complicada”. “No es lo mismo una zapatería de barrio que unos grandes almacenes”, resume de forma gráfica. Para Javier Arrieta Idiakez, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Deusto, la “escasa” reducción pactada por PSOE y Sumar “no parece suficiente para poder apostar por un derecho efectivo a la conciliación”. Por ello, cree que “hubiera sido mucho más acertado fijar como marco de referencia la jornada anual, respetando los límites entre jornada y de descansos semanales, así como las vacaciones”, puesto que “tanto los empresarios como los trabajadores podrían valerse de una flexibilidad que responde mejor a la realidad económico-social” actual.

Euskadi es la comunidad autónoma con la jornada laboral más corta de toda España en sus convenios colectivos. Pese a esta particularidad, más de 250.000 trabajadores vascos podrían beneficiarse si se llevara a cabo la medida estrella del pacto PSOE Sumar para un nuevo gobierno de coalición, consistente en reducir por ley de 40 a 37,5 las horas máximas de trabajo a la semana. La razón es que sus convenios contemplan más tiempo que las citadas 37,5 horas –1.712 al año–, con lo que se tendrán que ajustar a la baja. Pertenecen a sectores como el comercio, la hostelería o el transporte. Si al final hay un nuevo gobierno de coalición y se cumple lo pactado, se reformará el Estatuto de los Trabajadores para reducir el máximo semanal hasta las 37,5 horas semanales. Eso obligará a corregir convenios actualmente vigentes y prorrogados que afectan a un total de 214.000 asalariados en Euskadi, según fuentes laborales de toda solvencia. A ellos habría que sumar los 37.000 trabajadores que tienen sus convenios decaídos y que en la mayoría de los casos recogen una semana laboral superior a las 37,5 horas. El total arroja unas 250.000 personas, cifra a la que se debería añadir la de colectivos sin convenio, como las empleadas del hogar. Esos 250.000 asalariados suponen en torno al 40% del conjunto de trabajadores con convenio colectivo en Euskadi, que suman unos 608.000. Por tanto, el 60%, casi 360.000 personas, ya cuentan con acuerdos que recogen menos de 37,5 horas. «Aunque el País Vasco tenga una posición aventajada en cuanto a jornada laboral, el impacto de la medida va ser muy importante y la valoramos de forma muy positiva», señala Juanjo López, de CC OO Euskadi.

 El Preco recibió en los nueve primeros meses del año un total de 478 conflictos, que afectan a 105.428 trabajadores de Euskadi. Esto supone un 27,6% más de operarios que los que recurrieron en el mismo periodo del pasado año a este servicio público, gratuito y voluntario del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para solucionar los conflictos colectivos de trabajo en Euskadi. Según datos del Consejo de Relaciones Laborales, por territorios históricos, 226 desavenencias planteadas en los nueve primeros meses de este año (un 37% más que en el mismo periodo de 2022), con 51.863 trabajadores afectados (un 40% más que el año precedente), procedían de Bizkaia. Un total de 116 desacuerdos (los mismos que el año precedente), con 13.049 operarios (-42%), provenían de Gipuzkoa y 136 conflictos (+63,8%), con 40.516 personas implicadas (+72%) se localizaban en Araba. 

Laguardia se prepara para sumar a su paisaje otra joya arquitectónica en homenaje al vino alavés. El grupo murciano Juan Gil pretende invertir 15 millones de euros en la ampliación de sus instalaciones de Rosario Vera, la bodega con la que produce vino de denominación Rioja. Esta firma está situada en los terrenos de la antigua Las Hortas, en el cruce con la carretera de Elvillar, y seis años después de embotellar su primera cosecha, ha adquirido unos terrenos adyacentes a su actual ubicación con el objetivo de hacer crecer el pequeño edificio que ocupa actualmente, pero no de cualquier manera. Aspira a que sea un nuevo hito enoturístico para la comarca. Así lo han confirmado fuentes del grupo, que arrancó como una pequeña empresa dedicada al vino de Jumilla hace más de un siglo. «Desde el primer momento sabíamos que la bodega que adquirimos en Laguardia era una instalación que iba a ser insuficiente para el crecimiento esperado y calculamos que en un plazo aproximado de cinco años desde la compra necesitaríamos poder tener una instalación moderna donde pudiésemos elaborar vinos dando un salto cualitativo y cuantitativo importante», señalan portavoces de la firma. Sus previsiones se han cumplido con creces y el nuevo proyecto supondrá un salto cualitativo. Con esta bodega de autor, Rosario Vera busca ganar espacio para el enoturismo y hacerlo a lo grande, con una edificación que no dejará indiferente a quien circule por el lugar. Con una inversión de entre 10 y 15 millones de euros –la misma cifra con la que Faustino encargó su nuevo edificio a Norman Foster– y después de un concurso por invitación a seis estudios de arquitectos de fama internacional, el murciano Manuel Clavel será el responsable de edificar la nueva bodega.

El edificio situado en el número 50 de la Gran Vía bilbaína ha perdido un gran peso como sede de oficinas estatales y autonómicas desde que el Gobierno central concentró casi todos sus servicios en la antigua Aduana tras realizar un desembolso cercano a los 15 millones de euros en su reforma. En el verano de 2020 trasladó al histórico inmueble de la calle Barroeta Aldamar la Oficina de Extranjería, la Demarcación de Costas y la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones. Pese a este proceso de descentralización, el complejo de la Gran Vía continúa albergando un importante número de delegaciones institucionales distribuidas en sus ocho plantas. El Gobierno vasco, por ejemplo, mantiene operativa en el tercer piso la Inspección de Trabajo de Bizkaia, mientras que en el cuarto funciona el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social. La planta baja, también desocupada en la actualidad, acogió en su día la Subdelegación del Gobierno en Bizkaia. Además de estos espacios públicos, el inmueble, que da también a Máximo Aguirre, donde estaba situada a pie de calle la entrada a la extinta sala de exposiciones Juan Larrea, acoge las sedes de las organizaciones empresariales Cebek, Cecobi y Confebask. Las dos primeras se reparten la quinta planta, mientras que la entidad presidida por Tamara Yagüe ocupa la séptima. Pese al importante papel que siguen jugando, la mayor parte de estas instalaciones «presentan importantes carencias», según han confirmado algunos inquilinos a este periódico. Las dependencias acusan el paso del tiempo, presentan un deficiente estado y piden «una reforma a gritos en materia de ventilación, climatización, aislamiento e impermeabilización, además de no cumplir en algunos casos los requisitos de seguridad. Están muy obsoletas», reconocen las mismas fuentes.

Lasaitasuna da Christine Lagardek zuzentzen duen erakundearen ezaugarri nagusietako bat. Ez du gustuko ezohiko erabakiak hartzea, eta hala egin du oraingoan interes-tasak mantentzea erabakita. Testuinguru nahasian hartutako erabakia izanik ere, interes-tasen igoerarekin hasi eta urtebetera honela daude gauzak: % 2,4 hazten ari da AEBko ekonomia eta langabezia inoizko minimoetatik oso hurbil dago. Europan, aldiz, hazkunde ekonomikoa asko moteldu bada ere, enplegu datua ez da okertu. Hala ere, inflazioa ez da murriztu espero bezain sendo eta, beheranzko joera badu ere, petrolioaren gorakadak ekoizpen kateetan nola eragingo duen kezka iturri bihurtu da. Zor publikoaren zama ere bertan da. Ikusi gehiago hemen. 

Entrevista con Javier Orduña Moreno, (Valencia, 1959), catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Valencia. Es el principal artífice del principio de transparencia y su aplicación. Magistrado del Tribunal Supremo entre 2011 y 2019, ha contribuido de manera decisiva a la incorporación del Derecho Europeo en España y a elevar los derechos de los consumidores. Sus razonamientos en asuntos como las cláusulas suelo, ejecuciones hipotecarias, vencimiento anticipado y las hipotecas con el IRPH, han sido recogidos por juristas de la Comisión y del Tribunal de Justicia de la UE. Preside los Institutos de Investigación e Innovación Jurídica de los Colegios de Abogados de Barcelona y Madrid. "-España ha registrado un notable desarrollo del Derecho de consumo que se ha reflejado en miles de sentencias condenatorias de los abusos bancarios. ¿Cómo ha vivido esta experiencia como magistrado del Supremo?- He observado que los cambios sociales, culturales y tecnológicos se están produciendo a una velocidad acelerada. A un ritmo vertiginoso. Uno de los más importantes se ha producido en el modo de contratar. Se ha impuesto la contratación bajo condiciones generales. Unas condiciones que predisponen las empresas. Es un modelo completamente distinto del contrato por negociación que es el paradigma que tradicionalmente hemos estudiado. Por lo que ya no sirve definir el contrato predispuesto como un verdadero acuerdo porque el cliente lo haya firmado...Entre los nuevos principios podemos destacar el principio de la transparencia, el justo equilibrio de los derechos de las partes, la no vinculación de las cláusulas abusivas y el principio del efecto disuasorio...Moralizar la economía es poner reglas para hacerla más justa y competitiva, más eficiente. En la medida en que la transparencia evita el abuso del Derecho permitirá una economía más eficiente. El Derecho necesita un rearme de valores para regular nuevas realidades como la inteligencia artificial. Tiene que haber unos principios sólidos que sirvan para asentar con justicia todos estos nuevos sectores económicos...Necesitamos un nuevo Código Civil y una nueva ley de condiciones generales de la contratación, que incluya, en su ámbito de protección, también a los pequeños empresarios y autónomos, que ahora sufren una inseguridad jurídica tremenda..."

Casi la mitad de los autónomos, de poder volver atrás, no lo serían. Concretamente, el 45,3% de los trabajadores por cuenta propia no volvería a darse de alta, según refleja el IV Estudio nacional del autónomo 2023, realizado por la asesora Infoautónomos con la colaboración de la Universidad de Granada. No es fácil emprender y así lo refrendan nueve de cada diez autónomos. Además, el 57,4% de ellos muestra un nivel de satisfacción por debajo de la media (6,7 sobre 10 puntos), asegurando que les resulta muy difícil conciliar su vida laboral y familiar. Las principales barreras con las que se encuentran estos profesionales para emprender son: el sistema de tributación (26,2%), los pagos mensuales de la cuota a la Seguridad Social (25,7%) y la burocracia (23,2%). De los autónomos que deciden dejar de serlo, el 80% admite que se han dado de baja por problemas económicos tales como el incremento del SMI, la carga fiscal o impagos en los cobros a clientes. En este sentido, el 53,9% ha requerido de financiación en algún momento y el 57,1% reconoce haberse visto obligado a acogerse a alguna medida del Gobierno derivada de la pandemia. Pese a ello, el desconocimiento de los autónomos de los nuevos sistemas de cotización y financiación es prácticamente generalizado: más del 80% ignora cómo funciona la Ley Crea y Crece y solo el 30% conoce el programa de ayudas Kit Digital. No todo son datos negativos en este estudio. La independencia (84,76%) y la flexibilidad (69,64%) que otorga el trabajar por cuenta propia son algunas de las ventajas que incitan a los autónomos a dar un paso hacia delante y sumergirse en este mundo.

El número de trabajadores en España creció en 209.100 personas en el tercer trimestre, un incremento muy superior al registrado en el mismo periodo del año anterior y en el promedio de 2014-2019. El sector privado fue el que realizó el 91,9% de estas contrataciones y en el total de los casos los empleados escogidos fueron extranjeros o ciudadanos con doble nacionalidad, según la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada la semana pasada. En concreto, el país sumó a 146.600 empleados de nacionalidad extranjera durante el verano y a 66.600 trabajadores con doble nacionalidad, mientras que el número de españoles nativos trabajando bajó en 4.000 personas. Esta destrucción de puestos de trabajo entre la población autóctona habría sido muy superior de no ser por que la industria incorporó a 66.600 trabajadores nacionales, ya que en la construcción hubo una pérdida de 24.300 empleados locales; en los servicios, de 25.400, y en la agricultura, de 20.900. Afortunadamente, la caída del empleo nacional se vio compensada por la contratación de extranjeros: el sector servicios incorporó a 110.400 procedentes de otros países y a 53.600 de doble nacionalidad; la industria fichó a 37.600 foráneos y a 6.600 con dos nacionalidades; y en la construcción se colocaron 37.600 extranjeros y 6.200 de doble nacionalidad. En la agricultura –el único sector que destruyó empleo en términos netos– bajó la ocupación en todos los colectivos salvo los de doble nacionalidad, con 100 incorporaciones. El boom de contratos a extranjeros se produjo en un contexto en el que la población activa –el número de personas dispuestas a trabajar– registró un crecimiento sin precedentes, debido a la llegada de inmigrantes al país, y también a que españoles que hasta la fecha no buscaban un puesto de trabajo ahora sí se sienten animados para hacerlo ante el dinamismo que muestra el mercado laboral.

El objetivo primario de la reforma laboral era atajar la temporalidad que caracterizaba al mercado de trabajo. El establecimiento del contrato indefinido como fórmula ordinaria, junto con la restricción de los acuerdos temporales —salvo en algunos supuestos—, y el auge de los fijos discontinuos han alterado drásticamente el paradigma laboral, y provocado un cambio de tendencia notable. Bajo el nuevo marco normativo —que entró en vigor en diciembre de 2021, pero que no se desplegó por completo hasta abril de 2022—, la tasa de temporalidad se ha recortado siete puntos entre el primer trimestre de 2022 y el tercero de 2023 (del 24,2% al 17,2%), según los últimos datos de la EPA. Ahora, la mirada está puesta en la corrección de la parcialidad, singularmente entre aquellas personas que quieren trabajar más horas de las que el mercado les ofrece. Los sindicatos han colocado en el centro de sus demandas la lucha contra la acumulación de horas complementarias que realizan quienes buscan trabajar más tiempo. “La gente trabaja a tiempo parcial cuando no le ofertan más horas para trabajar a tiempo completo, y esto afecta de forma mayoritaria a las mujeres”, radiografió el secretario general de CC OO, Unai Sordo, durante la presentación del paquete de medidas para la nueva legislatura. Entre ellas se incluye la propuesta de transformar contratos parciales en completos cuando la suma de las horas ordinarias y complementarias alcance el 80% de una jornada a tiempo completo. Una cuenta para la que establecen como referencia un periodo de dos años. Al mismo tiempo, contemplan una retribución adicional de las horas complementarias, como contraprestación por la mayor flexibilidad que le dan a la empresa.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que las subidas de los tipos de interés dispararán el coste de la deuda pública española desde los 30.175 millones de euros que se pagaron en 2022 (2,4% del PIB), hasta los 57.800 millones en 2028 (3,3% del PIB). El gasto anual en intereses se incrementaría así en 26.625 millones de euros en apenas cinco años, una tendencia que preocupa al supervisor fiscal. Por ello, en su informe sobre las líneas fundamentales de los Presupuestos de las Administraciones públicas para 2024, reclama ya un ajuste fiscal de 38.000 millones de euros para frenar una futura “bola de nieve” de deuda soberana, que volvería a una senda ascendente en la ratio sobre PIB, incumpliendo así con las nuevas reglas fiscales que previsiblemente entrarán en vigor el próximo año. Pese a engrosar la deuda pública en más de 300.000 millones desde la irrupción de la pandemia y situarla por encima del billón y medio de euros, el Gobierno de Pedro Sánchez ha logrado rebajar la ratio sobre el PIB desde el 125,3% que alcanzó en el primer trimestre de 2021, hasta el 111,6% en el segundo trimestre de este año. Y sus estimaciones apuntan a que se situará en el 108,1% del PIB para el final de este año, lo que supondría una rebaja de 17 puntos en tres años. Así, aunque el volumen de deuda haya aumentado, la capacidad de España para pagarla se ha reforzado.

El desembarco de las marcas chinas de coches es una realidad, lo que no está tan claro cuáles se asentarán y las que conseguirán ganar dinero. Quince marcas chinas venden sus modelos en España, pero una sobresale: MG. La firma del grupo SAIC destaca del resto en unidades entregadas y en beneficio, al ganar 2,75 millones de euros el año pasado en España (siete veces más), puesto que la mayoría de las firmas chinas en España o no consolida resultados en el país o logra con dificultad ganar unos miles de euros. MG es diferente, ya que acumula más de 20.000 vehículos vendidos en España en lo que va de año (+443%), situándose como la decimosexta firma por volumen del mercado español hasta septiembre y alcanzando una penetración del 2,8%, por encima de otras marcas como Nissan, Mazda o Fiat. Esta cifra le permite jugar en la misma liga que otras como Ford, Opel o Skoda, que atesoran ya un gran recorrido en España. Además, la firma ha situado por dos meses consecutivos (agosto y septiembre) a su modelo ZS, que tiene un precio de 17.190 euros, como el coche más vendido. MG escenificó en febrero de 2021 su retorno al mercado español, siguiendo el legado de la histórica marca inglesa Morris Garages, fundada en 1924. Ahora tiene detrás al grupo chino SAIC Motor, que también comercializa las marcas Roewe o Maxus.

La carrera empresarial por el negocio del biometano, o biogás, en España, que empezó a atisbarse hace meses, se ha desbocado totalmente y decenas de proyectos se agolpan para conseguir los permisos necesarios para su puesta en funcionamiento. Entre ellos, los de enganche a la red convencional de gas natural, para poder verter ahí su producción. En la actualidad, hay más de trescientas peticiones de licencias para otros tantos proyectos, y sus respectivas conexiones a la red de distribución de gas, que en su mayor parte controla Nedgia, la filial de Naturgy. Otras redes a las que también están llegando peticiones son las de Redexis, Nortegas, Madrileña Red de Gas y Gas Extremadura. Las peticiones crecen como la espuma, a un ritmo que está dejando atónitos a todos y ha pulverizado todas las expectativas. Prácticamente hay solicitudes nuevas cada semana, dicen fuentes del sector, que reconocen que esta vorágine está trastocando el mapa empresarial. Solo en la red de Nedgia ya hay, a fecha de hoy, más de 250 solicitudes de proyectos de plantas de biometano para la inyección de gas renovable en su red. En abril de 2023, el número de solicitudes de conexión ascendía a 180. Es decir, el volumen ha crecido un 39% en apenas seis meses. Extrapolando la cifra al resto de redes de distribución, en España en estos momentos hay más de 300 proyectos en marcha en un negocio que hace apenas un año ni se mencionaba.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) alerta de la fuerte intervención del mercado del alquiler en España y pide al país “relajar” los controles de precios. La OCDE asegura que “las regulaciones sobre el control de alquileres son de las más estrictas” de todos los países que forman parte del organismo. Así lo apunta en el informe Estudio económico de España de este año. El documento rechaza más intervención en el mercado. A su juicio, “restricciones adicionales implican un riesgo de coartar aún más la oferta de vivienda”. El informe subraya además que el parque de vivienda social de alquiler está estancado en España. Según sus datos, es el 1% del total de la oferta, uno de los más bajos de los países de la OCDE. El informe advierte que esta situación provoca que “muchos jóvenes retrasen involuntariamente vivir de forma independiente”. El organismo sostiene que más del 60% de la población por debajo de los 34 años vive con sus padres. Por ello, propone “aumentar gradualmente” el parque de viviendas de alquiler social. “Debería ser una prioridad”, destaca. La OCDE destaca que ha habido varios planes del Ejecutivo de Sánchez con este objetivo pero advierte que “no está claro cuántas unidades se han construido” y que “sería bienvenida una mayor claridad sobre el calendario previsto de disponibilidad de estas unidades”.

Santander no cesa en el afán de limpiar su balance de activos tóxicos ligados al ladrillo. El banco presidido por Ana Botín está preparando en la actualidad una cartera, llamada proyecto Talos II, para sacarla a la venta. Se espera que este portfolio sea de gran tamaño, de hasta 5.000 millones de euros, según fuentes del sector financiero. Se suma a los 530 millones que actualmente están en comercialización del proyecto Sir Barton, de créditos fallidos con garantía hipotecaria. El proyecto conocido por el mercado provisionalmente como Talos II, que actualmente prepara Santander, está compuesto de grandes tiques de créditos fallidos ligados al ladrillo (non performing loans o NPL en la jerga financiera en inglés) con garantía hipotecaria, es decir, con inmuebles como viviendas o comerciales que la entidad puede adjudicarse por impagos. Desde la entidad financiera han rehuido dar información sobre la iniciativa. La idea del banco es llevar el portfolio al mercado en este cuarto trimestre. Esos potenciales 5.000 millones corresponden al valor nominal, mayor que su tasación a precio de mercado, pero hasta que esa cartera no esté en el mercado es difícil conocer un cálculo de su importe real. El proyecto anterior Talos, traspasado en 2021, sumó préstamos morosos por 600 millones y finalmente el fondo Marathon se lo llevó por alrededor de 100 millones.

"... ¿Constituirá esta innovación «la reforma más importante del siglo XXI, a la altura de la revolución de las telecomunicaciones en el siglo XX» como ha augurado recientemente el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordoñez? Mucho arriesga tal profecía. Primero unas aclaraciones esenciales referidas a nuestro signo monetario particular: el euro. Conceptualmente, los euros más representativos son los billetes, que solo puede emitir el Banco Central Europeo (BCE). Cuando los billetes se ingresan en un banco para abrir una cuenta corriente, el saldo en la cuenta se convierte en euros contables. Son también dinero de curso legal, pero están sometidos a riesgo de impago porque no están producidos por el BCE. Son euros digitales, pero del sistema bancario privado que hoy en día lubrican la economía mundial de forma eficiente, en base a billones de transacciones semanales. Lo que el BCE nos presenta ahora es un dinero digital no bancario sino emitido directamente por él y por lo tanto libre de riesgo. Este dinero digital estará asociado a una cuenta bancaria o similar, en Correos u otros, y se movilizará con herramientas similares a las que utiliza el dinero bancario: ‘monederos’ en sentido genérico, que probablemente adquieran la forma de tarjetas de pago. Nada que no se haga ya. En consecuencia, ¿representa el euro digital un avance apreciable sobre el dinero que actualmente utilizamos? Concediendo al progreso financiero el beneficio de la duda, todo apunta al escepticismo o al menos a un optimismo moderado..."

Las cuentas no cuadran en Estados Unidos. El país ha entrado en una espiral de déficit y deuda que se originó en la Gran Recesión, se agravó con la pandemia y no se ha solucionado después. En casi cualquier otro país, esa falta de disciplina fiscal sería insostenible. En EE UU, algunos empiezan a temer que también lo sea. El déficit público se duplicó el año pasado por la caída de los ingresos; la deuda en manos del público va camino de superar su máximo de la II Segunda Guerra Mundial, y los tipos de interés a largo plazo, por una mezcla de factores, han tocado el 5%. Con el envejecimiento de la población y el bloqueo político del Congreso, en el que demócratas y republicanos reman en direcciones opuestas, el problema se agravará. El Gobierno federal cierra su ejercicio fiscal en septiembre y acaba de publicar los datos de ejecución presupuestaria. De forma efectiva, el déficit se duplicó, hasta dos billones de dólares, el 7,5% del PIB por la caída del 9% en los ingresos, pese a ser un año de crecimiento y creación de empleo. La deuda pública, ajustada por las tenencias intragubernamentales, se situó en el 98%. Con ese criterio, la deuda marcó su máximo histórico en el 106% del PIB en 1946 por la II Guerra Mundial. El crecimiento de las décadas posteriores la redujo al 23% del PIB en 1974, antes de la crisis del petróleo. En 2007, aún se situaba en un sano 35%. Con la Gran Recesión, aumentó al 79,4% en 2019. La covid la elevó al 100,6% del PIB por el gasto extra y la caída de actividad. Pese a la recuperación posterior, la deuda apenas se ha reducido. Un 98% de deuda sobre PIB no es ni mucho menos insostenible, pero la trayectoria fiscal sí que lo es, en un entorno de tipos altos y déficit persistente.

Mes de noviembre de vértigo en el que ha de resolverse la investidura de Pedro Sánchez o el día 27 se convocarán automáticamente unas nuevas generales. Las zozobras que vienen sacudiendo la política española desde hace una década, cuando se consumó la abdicación de Juan Carlos I en favor de Felipe VI, y el endemoniado resultado del 23-J derivado de una polarización sin tregua, harán que la heredera al trono oficialice su lealtad y compromiso con los principios constitucionales con un Gobierno en funciones; y su presidente, Pedro Sánchez, negociando su reelección con el conjunto de los soberanistas que rebaten el modelo de Estado y con la tormentosa amnistía a los encausados del procés independentista en el epicentro de las conversaciones. Los socios que ya sostuvieron a Sánchez la pasada legislatura – Podemos, ERC, el PNV y Bildu– darán plantón a Leonor de Borbón Ortiz y también el potencial aliado –Junts– que tiene la llave de esta investidura; y junto a ellos harán lo propio el presidente catalán, Pere Aragonès, y el lehendakari, Iñigo Urkullu. La ausencia en la ceremonia de Estado de la más alta representación de Cataluña y el País Vasco y de las fuerzas llamadas a avalar al líder socialista escora aún más una operación que reorientará, si fructifica, las alianzas del país hacia los nacionalismo periféricos de ambición separatista. De ahí que la estampa en las Cortes de mañana vaya a preludiar con notoria carga política un último mes –noviembre– que se prevé de infarto en la determinación de Sánchez, certificada con su defensa de la amnistía el sábado ante el comité federal del PSOE, de retener el poder con un pacto ampliado y más comprometido con los secesionistas.

En la cuarta semana de guerra en Gaza, Benjamín Netanyahu ha entrado de lleno en escena y ha fracturado la aparente unidad que ofrecía Israel desde la matanza de el 7 de octubre. A las pocas horas de anunciar de manera oficial el inicio de la segunda fase de la guerra y con las tropas asentadas dentro de la Franja, el primer ministro arremetió en su cuenta oficial de X contra los responsables de seguridad del país e insistió en que nunca recibió ninguna advertencia sobre las «intenciones de guerra» de Hamás. Netanyahu escribió que «todos los servicios de seguridad, incluido el jefe de inteligencia militar y el jefe del Shin Bet, eran de la opinión de que la milicia estaba disuadida y quería llegar a un acuerdo». El mensaje se hizo viral, causó un gran malestar y Netanyahu se vio obligado a borrarlo y pedir disculpas con otro twit en el que apuntó que se equivocó y que «nunca debía haber dicho eso», al tiempo que ofreció «todo el apoyo» a los jefes de seguridad a quienes poco antes había cargado el colosal error de seguridad que permitió la matanza de 1.400 personas a manos de Hamás. En el momento que más unidad necesita Israel para hacer frente a una guerra, los medios críticos con el primer ministro le echaron en cara anteponer su salvación política a todo lo demás. En mitad del estrés diario de las ruedas de prensa para actualizar los datos del frente, el portavoz militar, Daniel Hagari, fue cuestionado por el ataque de Netanyahu y se limitó a decir que «no pienso responder a esa pregunta porque estamos en guerra y es en lo que estamos centrados».