20231113

La compra de vivienda se enfría. En concreto, según el Consejo General del Notariado –por coger una de las fuentes–, en septiembre la adquisición inmobiliaria cayó en Euskadi un 25,9%, el mayor descenso de toda España. La constante en 2023 ha hecho que, según el INE, los créditos hipotecarios firmados entre enero y agosto hayan descendido en 2.000 respecto al mismo periodo del año pasado con un total de 13.413 hipotecas constituidas. Es el resultado de siete meses consecutivos registrando cifras negativas, que en mayo alcanzaron el peor dato, con un retroceso del 27%. Así, el volumen de crédito concedido para financiar esas operaciones, que asciende a 3.682 millones, se ha hundido un 26% y son 1.343 millones menos que lo que los vascos pidieron a los bancos en el mismo periodo de 2022. Si bien hay que tener en cuenta que el pasado año se registró en Euskadi el mayor número de compras de vivienda de la última década gracias a la demanda embolsada durante la pandemia. Aún así, las cifras de este ejercicio han caído tanto que están en los niveles de hace tres años, justo cuando el estallido del covid provocó el confinamiento y hundió la economía un 10%. En 2020, hasta el mes de agosto y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los créditos concedidos para comprar vivienda sumaron 3.250 millones, solo 430 menos que en el presente ejercicio. Las razones de esta tendencia se deben, en primer lugar, al encarecimiento de los créditos que ha provocado el euríbor por la subida de tipos de interés hasta el 4,5%. La cuestión no es menor, porque el coste financiero que debe pagar una familia para hacer frente a una hipoteca de 150.000 euros ha subido 300 euros al mes. Supone un aumento que no anima a la compra, como tampoco el escenario económico de desaceleración en el que la inflación sigue subiendo un 3,5% y el conflicto en Oriente Próximo amenaza con afectar al entorno influenciando a los precios de gas y petróleo. Además, los bancos han frenado la concesión de créditos hipotecarios por el aumento de exigencias y una mayor supervisión del riesgo.

«Mientras el empleo resista no habrá problemas». Es la máxima que esgrimen todos los gestores de las entidades financieras en Euskadi. Si bien es cierto que la economía en Europa vive una desaceleración y que los tipos de interés han frenado la actividad, las cuentas de resultados de los bancos insisten en dar tranquilidad. La tasa de paro en el País Vasco se mantiene en el 7%, la más baja desde 2008, y eso garantiza el cobro de la nómina. Un dinero que, ante el frenazo en la adquisición de vivienda, engorda la cuenta corriente o se destina a fondos de inversión y planes de pensiones. Así se refleja en los datos del banco con mayor cuota en el mercado vasco. Kutxabank ha visto como el saldo de sus depósitos subió en el último año en 940 millones. Pero el salto más llamativo es el que corresponde a las aportaciones a planes de pensiones y fondos de inversión. En total un 18,8% más que se traduce en un incremento de 5.021 millones de euros hasta llegar a un total de 31.737. También la morosidad aguanta en datos mínimos, según los resultados presentados en el tercer trimestre de este año. Kutxabank presenta un ratio de mora en los créditos del 1,43%, por un 2,67% otra de las entidades vascas, Laboral Kutxa. Por su parte, CaixaBank registra un 2,7%, por un 3,3% el BBVA y un 3,1% el Santander. Por lo tanto, en los balances bancarios no hay todavía signos de problemas en los clientes por la subida de tipos de interés. Aunque las fuertes ganancias obtenidas por el negocio tradicional se han empleado para aumentar las provisiones. 

Bruselak espainiar estatuari 93.540 milioi euro gehiago onartzeak aukera berriak ekarriko dizkie euskal enpresei. Enpresariak, baina, ezkor daude funtsen kudeaketaren aurrean. Izan ere, Next Generation Funtsak iragarri zirenetik autonomia erkidegoen eta Pedro Sanchezen gobernuaren arteko talka handia egon da kudeaketaren inguruan. ESEPEak izan dira funtsak banatzeko gobernuak erabili dituen tresnak, enpresei zuzendutakoak. Horrek zaildu egiten du erkidego bakoitzari esleitutako kopuruak ezagutzea. Next Generation Funtsak 2026ko abenduaren 31ra bitartean esleitu behar ditu gobernuak. Hiru urte baino ez dira gelditzen epemuga horretarako eta urduritasuna nagusi da eragile nagusien artean. Eduardo Aretxaga Confebaskeko zuzendari nagusiak enpresa munduko kexei ahotsa jarri zien aurreko astean. Enpresarien elkarteko buruak SER irrati katean “funtsak ez direla iristen” azaldu zuen, eta “ etsipena dagoela, eraldaketarako jauzia emateko funtsak jasotzeko itxaropena bazutela, baina ez direla heltzen, batez ere enpresa txiki eta ertainei dagokienez”. Laboral Kutxak emandako datuen arabera, euskal enpresen % 74,6k Next Generation funtsak ezagutzen badituzte ere, % 19,3k baino ez dute eskuratu. Gehiago irakurri. 

El enganche masivo de instalaciones provoca graves distorsiones, como luz a cero euros o luz que se tira porque sobra y no se sabe que hacer con ella. Los problemas están muy estudiados. Tienen nombres más o menos técnicos: curva de pato, curtailments, restricciones de vertido, sobrecarga en los nodos, canibalismo verde… Donde no hay consenso es en las soluciones y en quién asume la culpa. El primer problema es la denominada curva de pato. Se produce cuando hay mucha producción solar o eólica (curva al alza) pero no coincide con la demanda de luz (curva a la baja). Gráficamente se produce una especie de figura en forma de pato. Financieramente es un desastre para el sistema. Provoca el hundimiento de los precios de la luz, llegando a cero. En España, los precios cero, que eran inexistentes hace un año, ahora son habituales los fines de semana. La curva de pato es muy llamativa sobre todo en horas intermedias del día, con mucha producción solar. Pero las fotovoltaicas se defienden diciendo que no son las únicas que lo provocan. Hace dos fines de semana, en plena borrasca Ciarán de vientos huracanados, la eólica cubrió el 60% de la demanda, pero llegó a derrumbar los precios hasta los cero euros durante 17 horas el domingo día 5, algo nunca visto en España. La Asociación Eólica, patronal del sector, hace alarde de que gracias a los molinos, la electricidad baja. Pero usa precios medios, no datos puntuales, cuando los precios están a cero, o cuando amaina el viento y la luz se dispara, con todas las distorsiones que eso provoca. Pasada la borrasca Ciarán, la luz saltó a los 151 euros por megavatio el lunes. Los desbarajustes en el mercado diario de la luz (o pool), con precios spot que suben y bajan de forma enloquecida, se trasladan también por defecto a los precios de los contratos a largo plazo.

El próximo 31 de diciembre sabremos si el Gobierno ha optado por prorrogar las medidas en vigor para combatir el impacto de la inflación, modifica algunas o las anula por completo. Y esa decisión, que depende del Ejecutivo, también condicionará los cálculos de los más de diez millones de hogares (puntos de suministro) que se encuentran acogidos a las tarifas reguladas de electricidad y gas natural. Se trata de las modalidades más protegidas por los paquetes de apoyo puestos en marcha por Moncloa desde el inicio de la guerra en Ucrania, en marzo de 2022. En el caso del gas natural, 1,5 millones de usuarios acogidos a la tarifa TUR; y en la electricidad, unos 8,5 millones que disponen de una modalidad regulada. Desde entonces, cualquier modificación de esas medidas en vigor condicionará la tarifa más óptima que deberían elegir. Si el IVA de la luz vuelve a sus tipos habituales (el 21% frente al 5% reducido en el que se encuentra en estos momentos de forma excepcional); si el impuesto eléctrico también lo hace (del 0,5% actual al 5,1% ordinario); y si se repliegan el resto de medidas vinculadas al bono social (con descuentos de hasta el 80% para las familias vulnerables), el recibo puede subir hasta un 25% de golpe a partir del 1 de enero. Los titulares de contratos eléctricos disponen de un amplio abanico de opciones en el mercado libre con lo precios en vigor en estos momentos.

India, México y Brasil están en el punto de mira del grupo vasco. La corporación dispone de 1.500 millones para invertir sin disparar la deuda. La industria lo sabe e “inunda” de ofertas por la adquisición de compañías al equipo que lidera Jesús María Herrera, consejero delegado de CIE. Incluso si dispusiera al 100% de esos recursos, la corporación mantendría su nivel de deuda financiera neta (DFN) por debajo de dos veces el beneficio bruto de explotación (ebitda). Esa equivalencia fue de 1,73 veces al cierre del tercer trimestre del ejercicio en curso, al contabilizar 1.196 millones de deuda con un ebitda de 536,7 millones, un 10,1% superior al del mismo periodo de 2022. Sobre los mercados que ahora centran su interés, CIE consigue el 15,3% de sus ingresos en India, con un margen ebitda del 17,1% sobre ventas. Allí busca empresas centradas en el ámbito de los componentes plásticos, entre otras posibilidades de inversión. En esta línea, en Brasil logra el 9,2% de su facturación consolidada, que al tercer trimestre rozó los 3.000 millones. Es el área operativa del grupo con mayor índice de rentabilidad, porque está por encima del 20,5%. Además, el fabricante chino de automóviles BYD ha comprado una de las plantas que Ford cerró en el país sudamericano, ubicada en el estado de Bahía.

El objetivo de programas públicos como Gaztelagun o Emantzipa, que el Gobierno Vasco prevé activar en «las primeras semanas» de 2024, es favorecer la emancipación de los jóvenes y acercar la edad en la que dejan el hogar familiar a los 25 años de media que arrojan los países de la Unión Europea, pero aún queda mucho camino por recorrer para alcanzar ese objetivo. En la actualidad, la edad media de emancipación en Euskadi sigue por encima de los 30 años, y cuatro de cada diez menores de 35 años reconoce que desea independizarse pero no puede, según los datos recogidos en la ‘Encuesta de necesidades sociales 2022’ que publica el Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. Dicha encuesta, que abarca un amplio abanico de necesidades sociales, constata una leve mejoría en los últimos cuatro años en el apartado ‘Población que desea independizarse del hogar actual y no puede hacerlo’: los menores de 35 años que se encuadran en ese segmento de la población se han reducido del 45,7% de 2018 al 42,2% de 2022. Un porcentaje que sigue indicando que cuatro de cada diez jóvenes no pueden emanciparse aunque les gustaría. El informe especifica que el grupo de edad más numeroso es el que abarca de los 25 a los 34 años, con un 29,4%, mientras que el grupo de 15 a 24 años representa el 12,8%. Los programas del Gobierno Vasco para fomentar la emancipación tienen un carácter transversal y afectan a varios departamentos. Si Gaztelagun de ayuda al alquiler depende de Vivienda, desde Lehendakaritza se va a impulsar en los próximos meses otro programa destinado a facilitar el tránsito de los jóvenes hacia un proyecto de vida independiente: el programa Emantzipa. El secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, avanzó la semana pasada en el Parlamento Vasco que esta iniciativa se activará «en las primeras semanas» de 2024. Se trata de una nueva ayuda económica de 300 euros mensuales para la emancipación de las personas jóvenes, cuya implantación está dotada con 53 millones en los presupuestos del próximo año.

El Gobierno prepara una reforma del sistema de pago del subsidio (480 euros al mes) a los 800.000 ciudadanos que lo reciben ahora por no tener derecho a la prestación por desempleo. El Ejecutivo no pretende alterar ni los derechos ni las cantidades percibidas, pero sí cambiar el sistema de pago de manera que al principio la cantidad sea más alta y vaya descendiendo gradualmente con el tiempo. Con este sistema se persigue incentivar la búsqueda de empleo para quienes perciben el subsidio, que además será compatible durante un periodo con el salario del nuevo trabajo. Es un modelo vigente en toda Europa salvo en España. De los 1,6 millones de personas que reciben una ayuda por desempleo, unos 800.000 obtienen un subsidio, que solo se activa cuando no se tiene derecho a la prestación contributiva generada por haber cotizado. La cantidad mensual percibida con estos subsidios se sitúa ahora en el 80% del IPREM, 480 euros. A cambio de los fondos europeos, el Gobierno ha pactado con Bruselas cambiar este sistema de subvenciones para que esté más vinculado al empleo. Así que, según confirman fuentes gubernamentales, se va a modificar el diseño de estas ayudas sin alterar ni los derechos ni las cantidades percibidas: la idea es que, recibiendo en total la misma suma que se iba a embolsar en el conjunto del periodo, el beneficiario tenga una subvención mensual más alta al principio, pero que esta vaya descendiendo gradualmente conforme pase el tiempo. Este modelo está instalado en toda Europa salvo en España. Y así lo recomendaba la OCDE en su último informe. Básicamente hay dos grupos: unos países que hacen muy gradual y lineal esa reducción progresiva como Italia. Y otros que lo van haciendo en escalones más acusados como Alemania. Estos esquemas se formulan así para incentivar a la persona a incorporarse al mercado de trabajo: al ver que la cantidad percibida se va reduciendo, el incentivo a buscar empleo aumenta.

“Los indicadores tempranos apuntan a que empieza a haber un cierto repunte de la morosidad en el conjunto de la banca europea”, en opinión de Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), lo que significa que la actual ola de buenos resultados de las entidades no parece que vaya a tener una continuidad en el tiempo, sino que los márgenes tenderán a estrecharse en comparación con los registrados en los últimos dos años. Esto es lo que explicaría, según Guindos, el hecho de que en general los bancos europeos coticen en Bolsa por debajo de su valor en libros, porque los inversores no confían en que los resultados alcanzados hasta ahora se vayan a mantener en el tiempo. La economía de la zona euro registró una caída de una décima del PIB en el tercer trimestre, aunque tampoco hay que fijar mucho la atención en la diferencia “entre una décima positiva o negativa”, dijo Guindos, porque lo relevante es que prácticamente “la economía está estancada y lo va a seguir estando en el trimestre actual”. Ello implica que la demanda de crédito no va a ser potente, a lo que hay que añadir que la subida de los tipos dificulta aún más las peticiones y que los bancos tienden a ser más rigurosos a la hora de prestar sus recursos. El escaso crecimiento saca a la luz las dificultades para hacer frente a las obligaciones financieras de los clientes y empieza a aflorar la morosidad.

Los grandes bancos españoles e italianos disparan su rentabilidad en lo que va de año gracias al impulso de las subidas de tipos de interés del BCE, desde julio de 2022, en su lucha contra la inflación. Entre las seis entidades del Ibex (Banco Santander, BBVA, CaixaBank, Banco Sabadell, Bankinter y Unicaja), todos excepto Unicaja cerraron septiembre con una rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) superior al 10%, una barrera en la que tradicionalmente ha situado el Banco de España el coste de capital del sector. Entre los más rentables de Europa se cuela también el italiano UniCredit. A cierre del ejercicio 2022, solo BBVA, Banco Santander y Bankinter estaban en el doble dígito entre los españoles. En los dos primeros, gracias al negocio fuera del Viejo Continente. Mientras que Bankinter destaca por tener un negocio de menor tamaño pero muy controlado y rentable. El tercer trimestre acabó con una rentabilidad del 18,15%, la mayor entre sus pares nacionales y por encima del resto de grandes europeos. “Hemos sido rentables antes, durante y después [de las últimas crisis]”, afirmó María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, durante la última presentación de resultados. Y al ser cuestionada sobre si era un espejismo este nivel de rentabilidad, como había asegurado unos días antes Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, afirmó: “Será sostenible, no sobre el 18%, pero sí al menos sobre el 15%, porque habrá unos tipos altos por más tiempo de lo que esperábamos”.

"...La economía crece bien cuando el capital productivo aumenta en forma de inversiones netas sostenidas, pero en la circunstancia hispánica lo hace básicamente debido al aumento en el número de trabajadores ocupados, aprovechando el favorable flujo migratorio. A eso se le llama crecer, no mucho, por la cuantía de los recursos utilizados, sin mejora cualitativa alguna, o muy escasa, en la productividad. De ahí que, lamentablemente, la renta real ‘per cápita’ de los hogares españoles se sitúa en un 0,7% por debajo de la de 2007, el tercer peor país en el ranking de la OCDE, mientras que en el mismo periodo ese indicador ha crecido un 22,1% en el conjunto de la organización que acoge a los países más ricos del planeta. La lista de los alumnos aventajados está encabezada por Polonia, con un crecimiento del 60,8% desde 2007. Vecinos nuestros como Portugal o Francia han registrado avances del 10,4% y 10,2%, respectivamente, en este indicador que mide la evolución del cociente entre el Producto Interior Bruto (PIB) y el número de familias. Si analizamos la marcha del PIB ‘per cápita’, con relación al número de habitantes y no de hogares, el crecimiento de España desde 2007 ha sido del 3,8%, lo que sitúa a nuestro país como el quinto con un menor crecimiento económico en los últimos 15 años. Nuestro PIB no ha crecido lo suficiente como para que lo hagan también la renta ‘per cápita’ y la productividad, de manera que la brecha con la Unión Europea se ha abierto algo más de lo que ya lo había hecho durante la década anterior a la pandemia. En la tabla comparativa con la zona euro la renta ‘per cápita’ de España está a la misma distancia de la media que en 1975. El país no ha sido capaz de reducir esa diferencia en 48 años. La divergencia que nos dejó la gran crisis de 2008 no solo no se ha corregido, sino que en los últimos cuatro años se ha ampliado ligeramente. Maravilla que en el debate en curso sobre la reducción de la jornada de trabajo se hable de conquistas sociales más que de la capacidad técnica de una empresa o sector concretos, derivada de un posible aumento de su productividad. Una productividad tan esencial como variable económica que es clave en la senda alcista de los salarios, o la posible rebaja de las horas trabajadas..."

CRRC, el mayor productor de trenes del mundo, con capacidad para fabricar hasta 200 unidades de alta velocidad al año, explora desde hace meses el mercado español con el objetivo de situar sus productos de velocidades alta y muy alta que rivalizan tecnológicamente con los mejores trenes europeos y que, sobre todo, son sensiblemente más económicos. Los directivos de la multinacional asiática han estado de visita en España analizando líneas por donde podrían circular sus trenes eléctricos. Actualmente, existen operadores dispuestos a comprar tecnología china ante la falta de respuesta en el mercado doméstico. Los fabricantes europeos, con las factorías cargadas de pedidos de los grandes operadores incumbentes como Renfe, SNCF y Deutsche Bahn, entre otros, no están atendiendo esta demanda, de menor volumen, de operadores privados que quieren aprovechar las oportunidades que ofrece la liberalización ferroviaria tanto en la Unión Europea como en España. La competencia ya es una realidad en el largo recorrido donde Adif se dispone a lanzar la segunda ola de liberalización. En 2026 se va a abrir a la competencia el mercado de las cercanías y la media distancia a través de contratos de concesión a largo plazo. Además, las empresas ya disponen de libertad para solicitar rutas transfronterizas con cabotaje interno (paradas domésticas). Junto a Renfe, Ouigo (SNCF) e Iryo (Trenitalia), hay más compañías interesadas en entrar en el transporte por tren español. 

Cada vez es más difícil que los engranajes de la oferta y la demanda eléctrica encajen a la perfección. La entrada masiva de renovables, sobre las que no se puede ejercer un control total al depender de la meteorología, ha aumentado de forma exponencial los episodios de desfase entre ambas variables, con un incremento significativo del coste que soportan los consumidores. Son estos últimos quienes asumen, a través de su recibo de la luz, el pago de compensaciones a aquellos generadores que se han visto obligados a apagar o encender máquinas para resolver estos desajustes. En lo que va de año, la factura de estas brechas del sistema eléctrico asciende a 1.400 millones de euros. Como todavía no tenemos soluciones que nos permitan almacenar grandes volúmenes de energía (como megabaterías), es imprescindible que la cantidad de electricidad que producen las centrales térmicas y nucleares y los parques renovables se iguale a los niveles de consumo, de lo contrario, se producen desequilibrios en los flujos de electricidad y desviaciones de tensión peligrosas para la seguridad del sistema. Cuando los pronósticos fallan o surgen imprevistos, Red Eléctrica activa lo que se conoce como servicios de ajuste. Dentro de estos, se encuentran lo que en la jerga del sector se denomina «restricciones técnicas», una suerte de escudo antiapagones que consiste en que Red Eléctrica, en virtud de las competencias que le concede la ley, puede obligar a los generadores a dejar de producir cuando se prevén episodios de sobreoferta o, al contrario, instar a las centrales a aumentar su generación para hacer frente a picos de consumo. La de Red Eléctrica es una labor tremendamente compleja porque debe hacer que la producción case, a cada instante del día y de la noche, con la demanda de millones de consumidores.

Unos en público y otros en privado, se suceden los movimientos y llamadas entre presidentes de empresas del Ibex y de miembros de la cúpula de CEOE encabezados por Antonio Garamendi, para preparar la reacción empresarial a los pactos de investidura de Pedro Sánchez. Va a ser «de extrema dureza», según anticipan a este diario fuentes de la cúpula de la patronal por los ataques a instituciones y al Diálogo Social. Esta reacción tomará una primera forma este lunes en un contundente comunicado tras la reunión de un comité ejecutivo extraordinario de CEOE convocado por Garamendi. El vasco ya avanzó el jueves que hay «grave preocupación empresarial» tras los pactos con Esquerra y Junts, pero a medida que se ve la letra pequeña y el mapa global de acuerdos, las alarmas se han disparado y se avecina una legislatura de inquietante choque entre un Ejecutivo frankenstein y organizaciones empresariales y grupos líderes del país con lo que implica en litigios, inversión y empleo. «Sánchez se está cargando todo por seguir un rato en su beneficio personal», asegura un destacado miembro de la cúpula de CEOE, que resume el sentir de la organización. Es partidario de emitir una dura declaración que se unirá con fuerza a la presión que implican los comunicados de estos días del Consejo General del Poder Judicial, asociaciones de jueces, fiscales, inspectores de Hacienda y Trabajo... Muestran que se cruzan líneas rojas en esta asombrosa investidura. La cúpula de CEOE y los grandes grupos que respaldan la reacción se basan no sólo en aspectos concretos como el aumento de la presión fiscal o costes laborales, sino en lo general que afecta a la confianza del país. «¿Cómo pedir a un inversor que venga, si los jueces de todas las tendencias dicen que se sienten amenazados por los acuerdos para la investidura? ¿Y cómo pedir confianza en un Gobierno que respeta sus propios acuerdos de diálogo social sólo unos meses?», lanza un alto dirigente de CEOE. Se refiere a «la traición a la reforma laboral pactada hace dos años a cambio de fondos europeos no sólo por el acuerdo con Sumar para cambiar la jornada laboral sin diálogo social, sino, por ejemplo, también en el pacto con el PNV que consagra la primacía de los convenios autonómicos». El propio líder del PNV, Andoni Ortuzar, presumió minutos después de la firma con Sánchez de que «esto en la reforma laboral no fue posible, pero ahora sí». Esa medida, según CEOE, «rompe la unidad de mercado» y coloca a las empresas con presencia en distintas comunidades autónomas en difícil situación. 

Cientos de miles de personas protestaron ayer contra la futura ley de amnistía, cuyo texto aún se desconoce, en las concentraciones convocadas por el PP en calles y plazas de las 52 capitales de provincia. El líder conservador, Alberto Núñez Feijóo, trazó en Madrid su plan contra la investidura de Pedro Sánchez: “No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar”. Unas 80.000 personas, según la Delegación del Gobierno —un millón, según el PP—, se reunieron en la Puerta del Sol para apoyar a Feijóo. La movilización nacional, primera de este tipo convocada por el PP en su historia, llega en vísperas de una investidura para la que Sánchez tiene apoyos suficientes. Las bases de Junts avalaron ayer —86% de los votos a favor— el acuerdo con el PSOE. El Congreso encara la semana clave para la ley de amnistía y la investidura de Sánchez. 

Las críticas de Occidente, de París a Washington, por los bombardeos sobre civiles en Gaza son cada vez más abiertas. Todos apoyan el derecho de Israel a defenderse y responder a la matanza del 7 de octubre, pero la sucesión de imágenes de muerte y destrucción y la cifra de víctimas civiles —más de 11.000— han llevado a las capitales occidentales a reclamar un alivio en los bombardeos. Los dos principales hospitales del norte de Gaza permanecían ayer incomunicados sin admitir ingresos. Occidente endurece día a día el tono ante Israel por los bombardeos sobre civiles en la guerra contra Hamás. Las críticas son cada vez más abiertas. Y la presión sobre el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, mayor. Todos apoyan el derecho de este país a defenderse y a responder militarmente a la matanza del 7 de octubre, en la que, según la última evaluación, murieron 1.200 personas en Israel. Pero la sucesión de imágenes de muerte y destrucción y la cifra de víctimas civiles en Gaza —más de 11.000, según las autoridades de Hamás que controlan la Franja— han llevado a las capitales occidentales, de París a Washington, a reclamar un alivio en los bombardeos israelíes. Lo que hasta hace poco dirigentes de Europa y Estados Unidos sugerían en voz baja a Netanyahu y a su Gobierno ahora se reclama en público y con altavoz. Palabras como “alto el fuego” parecían tabú en algunas capitales occidentales. Preferían hablar de “pausa” o “pausas humanitarias”. Ahora están sobre la mesa.