20231116

Siemens Energy, la compañía alemana propietaria de la empresa vasca Siemens Gamesa, ha confirmado que en el último ejercicio ha perdido la friolera de 4.588 millones de euros, cifra que ya había pronosticado hace meses, como consecuencia de los problemas que se han surgido en la filial de generación eólica. La multinacional ha identificado a la eólica vasca como su gran problema, ya que de esas pérdidas nada menos que 4.338 millones de euros corresponden al lastre que ha generado en el último año Siemens Gamesa. Los máximos responsables de la compañía, sin embargo, han mostrado su confianza total en la recuperación de la multinacional en los próximos años porque, aseguran, ya está «casi terminado» el análisis técnico de los defectos de diseño que tienen los aerogeneradores. El consejero delegado, Chritian Bruch, ha dado a entender que Siemens Gamesa va a reforzar su capacidad de producción en Europa -lo que beneficia a la estructura que tiene en España-, reduciendo quizá sus instalaciones en otros países. Bruch ha puesto en cuestión la oportunidad de mantener la actividad de fabricación en Sudamérica. El reciente anuncio de paralización de nuevas inversiones industriales en Estados Unidos también parece estar ligado a esta estrategia que, aunque no ha sido desvelado, quizá haya sido forzada por el Gobierno alemán a cambio de la concesión de las ayudas financieras. «España es un lugar importante para nosotros y vamos a seguir allí», ha remarcado Bruch, quien no ha querido adelantar el plan de ajuste que se pondrá en marcha. «Sería precipitado hacerlo en este momento porque no está definido aún», ha remarcado. La firma cuenta ya además con el respaldo del Gobierno alemán, que concederá avales por un importe de 7.500 millones como ayuda financiera a la empresa. El Ejecutivo español no lo ha aprobado todavía, pero el Ministerio de Industria también ha confirmado su disposición a colaborar en este rescate financiero. Siemens Energy ha pedido al Gabinete de Sánchez avales por algo más de 3.000 millones de euros.

El consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch, ha confirmado la tesis que muchos técnicos han expuesto en los últimos meses para definir la causa fundamental de los problemas de Siemens Gamesa. Las prisas han sido el virus que ha minado la salud de la compañía eólica vasca. «Hubo una carrera por ver quién era el que lanzaba la última turbina al mercado», ha reconocido, lo cual supone admitir que la empresa comenzó a vender equipos que no estaban aún maduros, que no habían sido suficientemente probados y que tienen grandes defectos. Una carrera por el mercado que ha estado alentada por todos los fabricantes de aerogeneradores pero también estimulada por los estados, con un cambio en los formatos de subastas de parques eólicos que han priorizado el recorte de las ayudas públicas. Así, los gobiernos exigían producción eléctrica sin ayudas, los promotores de parques a su vez han demandado aerogeneradores más eficientes y rentables y estos últimos han tratado de contentar a todos los anteriores con equipos que, como se ha demostrado, no estaban preparados para satisfacer todas esas exigencias. El choque con la realidad ha sido brutal y se traduce ahora en pérdidas milmillonarias. «No vale la pena señalar a un culpable», ha dicho Bruck a continuación para evitar el debate sobre las responsabilidades personales y directivas en este proceso que ha situado la compañía al mismo borde del abismo. «Eso es ya agua pasada y debemos concentrarnos en solucionar los problemas», ha apuntado para soslayar esa exigencia de responsabilidades.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, reconoce la «preocupación» que suscita en el Gobierno vasco la situación de Siemens Energy debido al impacto que, en términos de empleo, podría tener en las plantas de Siemens Gamesa en Euskadi, por lo que afirma que si solicitan su «colaboración», el Ejecutivo autonómico está dispuesto a adoptar medidas para que dicho impacto sea «el mínimo» posible. El consejero señaló ayer que es un tema que «afecta a una actividad económica importante en Euskadi, como la de Gamesa» y «puede afectar al empleo en este país». En este sentido, Azpiazu indicó que los gobiernos de Alemania y España ya han anunciado medidas de apoyo al grupo y que el Ejecutivo vasco también está dispuesto a tomar las decisiones que estén en su mano para minimizar «el impacto negativo en la actividad y el empleo de Siemens Gamesa en Euskadi». Por su parte, tanto UGT como CC OO pidieron que las ayudas que reciba Siemens Gamesa se condicionen a «garantizar el empleo» de la compañía. Así, la sección sindical de UGT FICA en Siemens Gamesa reiteró su petición a la dirección de Siemens Energy de que mantenga el tejido industrial y el empleo en I+D+i que actualmente tiene en las diferentes instalaciones en España, así como la división de operación y mantenimiento que la compañía también tiene en el país, reclamando que tenga presente esta reivindicación de cara al anuncio que realizará a los mercados el próximo martes, con motivo del Capital Markets Day de la compañía germana.

El grupo de material ferroviario CAF ha logrado mejorar su rentabilidad, y en los 9 primeros meses de 2023 ganó 53 millones de euros, un millón más que en todo 2022, y un 56% por encima del mismo período del pasado ejercicio. Sus responsables explican que esta buena evolución responde a la progresiva recuperación del negocio de autobuses –que protagoniza su filial polaca Solaris–, que se vio muy afectado por la pandemia y las restricciones de movilidad. El resultado de explotación creció hasta septiembre un 32% hasta 128 millones y el resultado financiero se mantuvo plano pese al alza de los tipos de interés. Hasta septiembre, CAF aumentó sus ventas un 25%, alcanzando los 2.735 millones, en línea con las previsiones de ejecución de la cartera de pedidos. Ésta continúa por encima de los 13.000 millones – “estable en niveles altos”, según el grupo de Beasáin (Guipúzcoa)– pese a la caída de la contratación. En los nueve primeros meses de 2023, CAF firmó nuevos contratos por un valor de 2.707 millones, un 29% menos. En todo 2022, la compañía disparó su contratación por encima de los 6.000 millones, un volumen récord que ahora supone un punto de comparación muy alto, indican en la empresa. El recorte de contratos se concentra casi por completo en el negocio ferroviario. Con todo, CAF cuenta con adjudicaciones hasta septiembre pendientes de firma por 800 millones, que acercan las cifras de este año a las de 2022. En lo que va de 2023 han repuntado de manera considerable las adjudicaciones en España, sobre todo con encargos de Renfe y de Euskotren. Ver nota CAF

La planta de Mercedes en Vitoria ya tiene su calendario laboral. Comité y dirección de la factoría más grande de Euskadi han acordado este miércoles el diseño de la producción del 2024. Para el próximo año, el planteamiento de la multinacional alemana prevé que salgan 140.000 furgonetas de los talleres de la Avenida de los Huetos. La cifra no se acercaría al récord de 153.000 vehículos, que sí se espera romper en este 2023. La dirección de la empresa ha confirmado a los sindicatos las perspectivas de producción que viene sosteniendo durante meses y sí ve factible llegar a la mayor cifra de la historia de la fábrica antes del 22 de diciembre, que será el último día de trabajo este año. La plantilla tiene garantizado ya que no volverá al trabajo hasta el 9 de enero. Será ese día cuando los cerca de 5.000 trabajadores de la firma de la estrella regresarán a sus puestos. Antes, aunque el calendario de 2024 dejaba abierta la posibilidad de activar los días del 2 al 5 de enero y el lunes 8, no se activarán esas jornadas. Según fuentes sindicales, esos días se aprovecharán para avanzar en las obras de la plataforma VAN.EA, la que llevará a Mercedes Vitoria a la era eléctrica en 2026. Esa plataforma de futuro es uno de los condicionantes detrás del descenso productivo previsto para el 2024. No será el único: además de la dependencia obvia de la cartera de pedidos, fuentes sindicales señalan que hay que introducir para antes de marzo algunas modificaciones necesarias para la comercialización de los modelos con los que Mercedes quiere conquistar el mercado.

 En un mundo en constante evolución, la transición hacia fuentes de energía sostenibles y renovables se ha convertido en un imperativo ineludible. En este ambicioso camino hacia la descarbonización, las grandes industrias desempeñan un papel central y decisivo. Son titanes que moldean no solo la economía global, sino también la dirección que tomará la transición energética a escala mundial.  Tubacex, grupo internacional proveedor de soluciones industriales avanzadas para energía y movilidad, ha recogido el guante del compromiso con el medio ambiente. La empresa, fundada en 1963 y que cotiza en Bolsa desde 1970 como parte del Índice Ibex Small Caps, ha conseguido reducir hasta un 32% sus emisiones de CO2 desde 2019 y su ambicioso objetivo es seguir disminuyendo su huella de carbono hasta el 60% para 2030 siguiendo parámetros validados por objetivos SBTi (validados científicamente). Así lo detalla Jesús Esmoris, consejero delegado de Tubacex, quien explica que el compromiso con el planeta se recoge dentro del plan estratégico ‘Ambición 2030’, que marca la hoja de ruta en sostenibilidad del Grupo: “Las medidas que se han tomado para poder reducir nuestras emisiones han sido implantadas en las 24 plantas de diferente índole pero, sobre todo, en la acería del Valle de Ayala que, en nuestro caso, es la principal emisora de CO2 y hemos realizado diferentes inversiones justamente para evitar estos gases contaminantes”.  

Las ventas del sector del comercio, que engloba el mayorista, el minorista y la venta y reparación de vehículos a motor, cayeron en Euskadi un 2,7% en el tercer trimestre sobre el mismo periodo del año pasado, a precios constantes y una vez extraídos los efectos de calendario. Según los datos dados a conocer ayer por el Instituto Vasco de Estadística, en relación al trimestre anterior y una vez descontados los efectos estacionales, las ventas descendieron un 0,7%. Por subsectores, la evolución interanual de las ventas fue positiva en el de venta y reparación de vehículos a motor, con un crecimiento del 6,3%, y en el de comercio al por menor, con un aumento de las ventas del 0,7% en relación al tercer trimestre del año anterior. Por contra, en el comercio al por mayor las ventas cayeron en términos interanuales un 6,6%. En cuanto al empleo en el sector, el índice de personal ocupado en el comercio del País Vasco aumentó un 1,3% en el tercer trimestre de este año en relación al mismo de 2022, mientras que con respecto al segundo trimestre del presente ejercicio, el crecimiento se situó en un 0,4%.

El frenazo en el IVA que el año pasado presentaba incrementos de doble dígito no es suficiente para pinchar la recaudación. El dinero que han pagado ciudadanos y empresas a las arcas públicas vascas en los diez primeros meses del año creció hasta los 15.048 millones, un 5,8% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado, que se traducen en 831,2 millones de incremento. Bizkaia es hasta el momento el territorio con mayor crecimiento, un 7,3%, por un 4,25% en Gipuzkoa y un 3,4% en Álava. El global alcanzado en Euskadi se mantiene alineado con las previsiones de recaudación realizadas el pasado octubre en el Consejo Vasco de Finanzas. En esa cita, los gobiernos forales y el Ejecutivo autonómico fijaron la cantidad de 18.102 millones para cerrar el año, lo que supone un 5,7% más que el año pasado. El principal causante de estos datos positivos sigue siendo el empleo. El mercado laboral vasco mantiene una tasa de paro en el 7% y más de un millón de afiliados a la Seguridad Social. Son muchas nóminas con la consiguiente retención a efectos de IRPF, que ha permitido crecer a este impuesto en Bizkaia un 9,1%, por un 8,9% en Gipuzkoa y un 7,5% en la hacienda alavesa. Es el tributo más importante en el global de la recaudación ya que representa casi 4 de cada 10 euros de los que ingresan las arcas forales. El impuesto que más ha crecido, en cambio, es el de Sociedades, el que grava los beneficios de las empresas. Hasta el pasado mes de octubre subió en Bizkaia un 27,8%, por un 17,6% en Gipuzkoa y un 11,8% en Álava. El peso de este gravamen en el total del cobro de las haciendas supone una cantidad equivalente al 10%. Los datos evidencian una desaceleración que el propio Gobierno vasco corroboró la semana pasada con los datos del ‘Termómetro Económico’. El indicador referido a octubre acusó un «signos de agotamiento en el gasto tanto en consumo privado como en el público». El propio consejero responsable del área, Pedro Azpiazu, reconoció que el sector industrial todavía no recuperado el PIB previo a la pandemia y explicó que la economía en Euskadi ha mantenido un crecimiento este año gracias a un mayor gasto público y a un consumo interno que se había mantenido fuerte en la primera mitad del año.

Euskadi repitió el año pasado como la comunidad autónoma que más recursos invirtió en investigación, el 2,3% del PIB. Traducido en millones de euros, fueron casi 1.800 los millones dedicados, un récord que supera en un 9,1% la cifra de 2021, que se quedó en 1.647. Además, por primera vez se ha superado el número de 22.000 investigadores en el territorio, lo que supone un porcentaje de más dos de cada cien habitantes. Todos estos datos indican «una tendencia muy positiva en los últimos años», ha subrayado el consejero de Educación Jokin Bildarratz en la rueda de prensa en la que se ha presentado el 'Informe sobre la Ciencia en Euskadi en 2023', en la que ha estado acompañado por el viceconsejero de Universidades e Investigación, Adolfo Morais, y el director científico de Ikerbasque, Fernando Cossío. Bildarratz ha destacado también que el País Vasco es la comunidad autónoma que más fondos europeos capta por habitante. Han sido 240 millones de euros entre 2021 y 2022. «La investigación es una apuesta seria y firme. Euskadi sigue abriendo camino en la investigación científica. Somos un país pequeño, pero nuestra fortaleza científica queda patente», ha asegurado el consejero. La comparativa de la inversión en I+D en Euskadi respecto al resto del país es positiva. Es el único territorio que dedica más del 2% de su Producto Interior Bruto -le siguen Madrid, Navarra y Cataluña-, supera la media nacional -1,5%- y queda a la par de las cifras de la zona euro -2,26%-. Solo Alemania está por encima del 3%, el objetivo marcado por la Unión Europea. El número de investigadores también sitúa al País Vasco a la vanguardia, por delante también de Madrid, Navarra y Cataluña. En 2021 se superó por primera vez la cifra de 22.000 investigadores. Supone un incremento del 4% respecto a 2020 y que más del 2% de la población se dedique al I+D a «a tiempo completo o parcial». En la rueda de prensa, se le ha recordado al vicerrector de la Universidad del País Vasco que los investigadores de la UPV/EHU se han sumado a la huelga de 15.000 empleados públicos en demanda de una mejora de sus condiciones. «Estamos mezclando temas. Los datos de los resultados de investigación presentado hoy son objetivos. Siempre hay demandas y las vamos atendiendo», se ha defendido Adolfo Morais.

Eroski avanza en su proceso de refinanciación para dejar atrás sus problemas financieros. La cadena de supermercados explica en estos días a los inversores, en el marco de la emisión de 500 millones en bonos, sus planes de futuro, que pasan por una estructura de deuda más ligera y sin vencimientos y con ventas de su ladrillo, que ha puesto el cartel de venta en casi toda su cartera. Según la presentación que está realizando la compañía a inversores, Eroski se plantea la venta de hasta 260 millones de ladrillo que considera non core. La capacidad de convertir en dinero contante y sonante los activos inmobiliarios del grupo es uno de los argumentos con los que Eroski trata de convencer a los inversores. “Tenemos la capacidad de vender activos no core a valoraciones atractivas para reducir deuda o reinvertir por hasta 260 millones en activos inmobiliarios no core”, reza la presentación de la compañía. Estos 260 millones se corresponden con casi toda la cartera inmobiliaria del grupo, que la valora en 287 millones en el folleto de la emisión de bonos. Por el momento, Eroski se prepara para vender una pequeña parte de estos activos, por un valor de entre 35 millones y 41, en los próximos meses. “Estamos buscando activamente nuevas enajenaciones de nuestros activos inmobiliarios no estratégicos”, reza el documento.. El folleto de la emisión detalla el perfil inmobiliario de la cooperativa vasca. Esta es propietaria de apenas el 3% de todos los activos en los que opera, ya sean supermercados, hipermercados u oficinas. En los últimos años ha sido muy activa en deshacerse de ladrillo: entre 2020 y 2023 ha generado 121 millones en ventas, incluida una operación de 85 millones por 27 supermercados al fondo WP Carey, que ha seguido operando bajo régimen de alquiler.

Zegona negocia con MásMóvil la incorporación de José Miguel García a la nueva Vodafone España como consejero delegado y máximo responsable cuando se haga efectiva la compra de la operadora por el fondo en 2024. Las negociaciones, que ya han comenzado en su fase preliminar con “contactos informales” al máximo nivel, tratan de liberar al ejecutivo del pacto de no competencia que firmó con MásMóvil cuando esta compañía adquirió en 2021 Euskaltel, entonces controlada por la propia Zegona, y que le impide trabajar para otro operador rival hasta el 31 de diciembre de 2024, informaron en fuentes conocedoras de las conversaciones. A cambio de ese pacto, José Miguel García, que ejercía como consejero delegado de Euskaltel, recibió una indemnización de MásMóvil, pagadera anualmente, cuyo importe no se ha hecho público, pero que fuentes conocedoras del acuerdo califican de “millonaria”. Con todo, el mayor problema no sería la renuncia a esa cantidad, a la que estaría dispuesto el ejecutivo, sino la demanda por daños y perjuicios que puede interponer el cuarto operador (tras Telefónica, Orange y Vodafone) y de la que García no podría hacerse cargo en caso de sentencia desfavorable, por lo que la tendría que asumir Zegona. La propia Zegona admite en el folleto remitido a la Bolsa de Londres que el nombramiento de José Miguel García como máximo responsable de la nueva Vodafone España “está sujeto a un contrato y a cualquier discusión sobre los términos y, por lo tanto, no se puede garantizar”.

El endurecimiento de la política monetaria y las turbulencias geopolíticas en Oriente Medio y Ucrania han ralentizado la economía de la Eurozona más de lo esperado. La Comisión Europea publicó ayer sus Previsiones Económicas de Otoño, en las que rebaja un 0,2% el crecimiento de los países de la moneda común respecto a los cálculos que hizo en verano. Pese a ello, prevé que la Unión Europea (UE) y la Eurozona cerrarán el año con un crecimiento del 0,6%. En el caso de España, Bruselas estima que el Producto Interior Bruto (PIB) se incrementará un 2,4% en 2023 –dos décimas más de lo que calculaba en verano y en línea con lo previsto por el Gobierno español en su Plan Presupuestario para 2024–. Además, el dato sitúa al país entre los Estados miembros que más crecerán este año. La Comisión Europea espera que en 2024 la economía española crezca un 1,7% (0,2% menos de lo que calculó en sus anteriores previsiones y tres décimas por debajo de lo que estimaba el Ejecutivo español), antes de repuntar hasta el 2% en 2025. Según explicó ayer el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, «tras un fuerte comienzo de año, la economía española se ha ralentizado en la segunda mitad del año». El Ejecutivo comunitario espera que España vuelva a ganar ‘momentum’ gracias a la fuerza de su mercado laboral y al aumento de los salarios, que reactivarán el consumo privado. Gentiloni destacó, igualmente, la importancia que tendrán en ese proceso las inversiones del Plan de Recuperación español.

La economía europea no va a salir con fuerza de la crisis energética. Lleva tiempo flirteando con caer en una recesión leve, aunque por ahora se ha quedado en el estancamiento. Y para los próximos años, no parece que el escenario vaya a cambiar radicalmente. Si se cumplen las previsiones de la Comisión, mejorará algo. El crecimiento que se espera para este año en la zona euro y la UE es del 0,6%; del 1,2% para el que viene y del 1,6% al siguiente en el área monetaria. Esa anemia económica está muy relacionada con Alemania y Francia, los dos grandes motores de la UE. De España, en cambio, los economistas del Ejecutivo comunitario, que divulgó ayer sus pronósticos, esperan un comportamiento mejor: un crecimiento del 2,4% este año, del 1,7% el que viene, y del 2% ya en 2025. “La economía europea ha perdido su momentum. El PIB real apenas ha crecido en los tres primeros trimestres de este año. En los siguientes, se espera un ligero rebote”, destacó el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, en la presentación del informe de perspectivas económicas. Ese documento y el comunicado informativo que le acompaña remacha varias veces esa idea del “momentum” perdido, o lo que es lo mismo, el frenazo provocó la invasión de Ucrania por Rusia, la escala de los precios energéticos, el descontrol de la inflación y la subida de tipos de interés de los bancos centrales para controlarla.

Las renovables son una de las grandes promesas de empleo a escala mundial. Con la transición energética ya lanzada en Occidente y en parte del bloque emergente, con China a la cabeza, las energías limpias añadieron 4,7 millones de trabajadores el año pasado, según los datos hechos públicos ayer por la Agencia Internacional de la Energía (AIE, el brazo la OCDE para cuestiones energéticas). Son ya 35 millones de personas las que trabajan directa o indirectamente para este sector. La promesa, sin embargo, también conlleva riesgos: la falta de trabajadores capacitados es uno de los mayores cuellos de botella al que se enfrenta esta revolución. El organismo con sede en París constata cómo las empresas del sector afrontan problemas para contratar el personal técnico que necesitan y reclama aumentar los esfuerzos para formar especialistas. “La aceleración sin precedentes en la transición a las energías limpias está creando millones de nuevas oportunidades en el mundo, pero no se están cubriendo a la velocidad requerida”, apunta el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en el informe. “Los gobiernos, las empresas y las instituciones educativas tienen que poner en marcha programas para ofrecer las competencias que necesita el sector de la energía para mantener el ritmo de la elevada demanda”. Según una encuesta de la AIE entre 160 grandes empresas, el segmento en el que más dificultades hay para encontrar perfiles es el de instalación y reparación de equipos. También hay escasez de graduados superiores, segmento que —según las cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)— aglutina al 36% de los empleos energéticos, frente al 27% de la economía en su conjunto.

Tras una subida imparable en los siete primeros meses del año, la rentabilidad de los depósitos hasta los 12 meses de plazo ha echado el freno en agosto y septiembre, meses en los que ha experimentado descensos respecto al mes precedente. Los recortes intermensuales son muy pequeños, pero demuestran que el grueso de las entidades financieras no están dispuestas a seguir subiendo la rentabilidad en el plazo de contratación estrella: entre tres meses y un año. Las grandes ofertas que han puesto en marcha las entidades extranjeras en las últimas semanas no son suficiente para tirar de la rentabilidad media de los depósitos en los plazos medios y cortos. Son movimientos llamativos, pero cada vez más puntuales. Por ejemplo, este mes, la entidad portuguesa BiG ha lanzado un depósito a tres meses al 4% que se sitúa a la altura del 4,06% del italiano BFF en el mismo plazo. Y esta ultima entidad paga el 4,32% entre los seis y los siete meses. La semana pasada, otra entidad lusa, BAI Europa, ha elevado los tipos de interés de sus depósitos a 6 y 12 meses hasta el 4,20% TAE. Ofertas de alto nivel que sin embargo no se traducen en rentabilidades medias más altas en los últimos meses porque no las siguen masivamente el resto de entidades en España. La mayoría empieza a adoptar una actitud más cautelosa a la vista de que ya no hay mucho más recorrido al alza de los tipos de interés en la zona euro y a que muchas de ellas ya han hecho un importante esfuerzo en tipos en los últimos meses.

En el marco de la reforma de las pensiones, el Gobierno tomó la decisión de priorizar el impulso de los planes colectivos en detrimento de los individuales. El gran objetivo es revertir la tendencia histórica de escasa penetración que tienen estos instrumentos en España: apenas el 10% de la población activa ocupada cuenta con un plan de empleo, un porcentaje que se pretende elevar hasta el 50% en el año 2030. Este desafío se abordó en el encuentro El impacto y cabida de los fondos de pensiones de promoción pública en el mercado de previsión español. ¿A qué motivos responde la apuesta por estos fondos de promoción pública? “La experiencia de otros países muestra que el hecho de que el Estado ponga un paraguas en la previsión social tanto pública como privada beneficia a los partícipes”, apuntó Manuel Álvarez Rodríguez, asesor del Gabinete del Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Para ello, ha fijado un techo en las comisiones del 0,30% anual con el fin de contener los costes. Álvarez Rodríguez incidió en la búsqueda de “una transparencia total” y abogó por integrar el concepto de ciclo de vida en la estrategia de inversión. A modo de valoración sobre las novedades normativas, “ha sido fundamental fijar un nuevo marco de sostenibilidad en el sistema de pensiones. Estamos convencidos de que el desarrollo del segundo pilar es la vía adecuada para conseguir resultados e incorporar a nuevos partícipes”, manifestó Andrés Herrero, técnico de planes de pensiones de empleo de UGT. Acerca de la ley de impulso de los planes de empleo, Herrero añadió que “nos gusta que la forma de crecer sea por medio de acuerdos sectoriales y, sobre todo, que se busque una simplificación”.

Los grandes gestores de fondos de todo el mundo colocan a España a la cola de la inversión en Europa, tras los últimos días de revuelo político en el país. El acuerdo sobre la amnistía del PSOE con Junts y ERC para sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez y la formación de gobierno han llevado a los inversores internacionales a volver a poner a España en el foco. Pero esta vez con forma de inquietud. Las gestoras de fondos con mayor patrimonio a nivel internacional, que ocupan posiciones relevantes en el accionariado de compañías nacionales, han cambiado su visión sobre el país en apenas una semana y sitúan a España como el país menos interesante para invertir en Europa. Así se desprende de la encuesta de Bank of America a grandes inversores, que el banco americano realiza cada mes a los mayores gestores de fondos , y que tiene en cuenta la opinión de 265 gestores de activos de todo el mundo, con un patrimonio en fondos conjunto de 632.000 millones de dólares. Así, en la encuesta que el banco de inversión realizó a inversores durante la semana pasada, coincidiendo con la aprobación de la amnistía, los grandes gestores de fondos, respondiendo a la pregunta de cuáles son los mercados de renta variable favoritos para invertir en los próximos doce meses, han colocado a España como la última elección. Los gestores de fondos prefieren ahora invertir en otras economías como Italia, Francia, Suiza, Reino Unido o Alemania.

Un debate de investidura desapacible, a ratos tormentoso, para una legislatura que se adivina bronca. Pedro Sánchez justificó ayer en su discurso la amnistía como forma de evitar el mal mayor: que la ultraderecha llegue al poder. “Las circunstancias son las que son”, resumió para explicitar la necesidad de los votos de Junts y ERC. Afirmó que la medida de gracia puede tener efectos balsámicos sobre Cataluña, después de que las recetas del PP hayan sido “un desastre”. “Apostamos por el diálogo y el perdón”, dijo, para tratar de enmarcar la amnistía dentro de un programa socialdemócrata y europeísta frente a la “derecha retrógrada”. En su pacto con Sumar anunció transporte público gratuito para jóvenes y jubilados o un plan de choque contra las listas de espera. Alberto Núñez Feijóo acusó a Sánchez de “fraude” y “corrupción”, aunque acabó reconociendo que la mayoría que le sustenta es “legítima”. Vox amenazó al PP con romper sus pactos si no frustra en el Senado la amnistía. No hubo patada en la espinilla del rival que se ahorrasen los contendientes. Salieron el Falcon presidencial, la corrupción del PP, la pormenorizada lista de declaraciones de Pedro Sánchez negando que haría lo que luego hizo, la vieja amistad de Alberto Núñez Feijóo con un capo gallego y un sinfín de cosas más, ninguna agradable. El líder socialista se carcajeó literalmente en la tribuna de su homónimo popular por la afirmación de este en su investidura fallida de que no es presidente porque no quiere. El segundo se mofó del primero asegurando que llegó a la presidencia sin apenas más currículo que haber sido concejal de Madrid. “Nadie ha hecho más por el separatismo que usted”, disparó Feijóo. “Nadie ha hecho más por Vox al frente del PP que usted”, devolvió el candidato a la reelección.

Sánchez ha aclarado el futuro inmediato de al menos tres medidas de apoyo para combatir la inflación: mantendrá el IVA reducido de los alimentos, que está en vigor desde el pasado 1 de enero; extenderá el transporte público gratuito de forma permanente para jóvenes y desempleados; y ampliará el código de buenas prácticas bancarias para que los hogares que no puedan pagar su hipoteca se acojan a las medidas de reestructuración para rentas de hasta 38.000 euros frente a los casi 30.000 euros actuales. También ha dejado un reguero de compromisos que pasan por la ampliación de ayudas, inyección de dinero en familias y empresas, mejoras de las condiciones económicas de hogares vulnerables y un aviso tributario a los ciudadanos que más dinero tienen. «Los ricos tienen que pagar sus impuestos. Es más, mientras nosotros gobernemos, van a pagar más que el resto. Porque lo justo –lo que mandata nuestra Constitución– es que contribuya más, quien más tiene», ha indicado. Subirá el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades (el que pagan las compañías por sus beneficios) hasta el 15%. «Mejoraremos la eficiencia de la administración pública, combatiendo la economía sumergida, ensanchando nuestras bases fiscales, incrementando la progresividad del IRPF, y garantizando un impuesto mínimo efectivo del 15% en el Impuesto de Sociedades», ha explicado. «Hay que acabar de una vez por todas con la evasión fiscal de las grandes fortunas y las grandes multinacionales», ha insistido. En materia de empleo no ha realizado nuevos anuncios, más allá de lo pactado con la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz. Será ésta, ha indicado, «la legislatura del nuevo Estatuto de los Trabajadores», sin precisar mucho más allá. Sí ha insistido en su idea de impulsar una reducción de la jornada laboral a las 37,5 horas semanales, «incorporando incentivos para que las empresas ofrezcan horarios más flexibles y potencien el teletrabajo siempre que sea posible». Por otra parte, ha insistido en garantizar por ley para que el salario mínimo interprofesional /(SMI) «siga aumentando cada año para mantenerse en el 60% del salario medio».

El primer encuentro cara a cara después de un año entre el presidente chino, Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el marco de la conferencia APEC que se celebra en San Francisco, marcó oficialmente ayer el inicio de una nueva etapa de distensión y cooperación entre ambos países. Una reunión etiquetada como ‘cumbre’ que, tras años de tensiones en torno al comercio, los derechos humanos y el futuro de Taiwán, con el consiguiente deterioro de relaciones, vino marcada por una considerable inversión política por ambas partes. En un entorno geopolítico cada vez más inestable, que ha polarizado a ambos estados en los conflictos de Ucrania-Rusia y Palestina-Israel, los dos jefes de Gobierno se encontraron para rubricar acuerdos y desacuerdos. «No hay sustituto para las conversaciones cara a cara», señaló Biden a Xi, recibido con alfombra roja en una mansión a las afueras de la ciudad californiana. «Señor presidente, nos conocemos desde hace mucho tiempo. No siempre hemos estado de acuerdo..., pero nuestras reuniones siempre han sido sinceras, directas y útiles», dijo el norteamericano. «Tenemos que asegurarnos de que la competitividad no se convierta en conflicto. Y también tenemos que gestionarlo de manera responsable... y trabajar juntos cuando consideremos que es de nuestro interés hacerlo», continuó.

EE UU y China acercan posturas frente al calentamiento global. Una declaración conjunta previa a la reunión entre Joe Biden y Xi Jinping en California los compromete a acelerar el despliegue de las energías renovables para avanzar en la sustitución de los combustibles fósiles. Biden y Xi acordaron además evitar que la rivalidad entre las potencias “derive en confrontación”. Ambos países sostienen que tienen la intención de “acelerar” el despliegue de la energía renovable durante esta década para impulsar “la sustitución de la generación de carbón, petróleo y gas”. El objetivo es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los responsables del cambio climático, para que alcancen su pico durante esta década. Además, reafirman su apoyo a que de la cumbre del clima de Dubái, la COP28, que arranca el día 30, salga el compromiso de que la potencia renovable mundial se triplique de aquí a 2030. Aunque la declaración no establece metas concretas, lo que hagan ambas potencias es básico para el devenir en los próximos años de la crisis climática que ya golpea el planeta. Porque ambas acumulan alrededor del 38% de todos los gases de efecto invernadero que expulsa la economía mundial y porque sus políticas arrastran a otros muchos países. En la declaración conjunta de EE UU y China se adelanta que en los próximos planes climáticos, que deberán presentar ante la ONU en 2025, ambas potencias incluirán no solo compromisos respecto al CO2, sino sobre todos los gases de efecto invernadero. “Como los dos mayores emisores del mundo, Estados Unidos y China tienen la responsabilidad única de acelerar la acción climática”, recalca David Waskow, director internacional del área de clima del Instituto de Recursos Mundiales, para quien la parte más llamativa del texto es “el compromiso de los dos países de incluir todas las emisiones de gases de efecto invernadero, incluido el metano, en sus próximos planes climáticos nacionales”.