20231124

Cerca de 50.000 vascos están a la espera de que se decida la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para el próximo año, un debate que se reproduce cada ejercicio por estas fechas. La cifra de afectados en Euskadi se corresponde con aquellos que no están cubiertos por convenio alguno y entre ellos destaca el colectivo de las empleadas del hogar, que superan las 28.000 en la comunidad y son en su mayoría mujeres. También hay otros ámbitos relacionados con el sector servicios y el agro. En esta ocasión, la CEOE se ha adelantado al ofrecer un incremento del 3% desde los 1.080 euros actuales, pero la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió ayer a los empresarios de que la subida deberá ser al menos del 3,8% –40 euros– para garantizar el poder adquisitivo. Díaz, que suele ser de reacción rápida, esta vez se dio 24 horas de margen para dar una respuesta a la propuesta de la patronal, que ha conseguido el efecto deseado: marcarle el paso al Gobierno en la negociación. Si hasta ahora la líder de Sumar se había distinguido –al menos al inicio de las conversaciones– por defender una propuesta de máximos para, después, ir rebajando si fuera necesario, en este caso la jugada de la patronal le ha hecho cambiar el ritmo y hacer lo contrario: partir de una propuesta de mínimos con el objetivo de calmar las aguas revueltas que separan a Moncloa de los empresarios y tratar de atraerlos a un acuerdo en el diálogo social. Díaz planteó una contrapropuesta que no se aleja demasiado de la CEOE y que puede ser perfectamente asumible por ellos: subir el salario mínimo al menos un 3,7% o un 3,8%, en línea con lo que se ha elevado la inflación media este año. El sueldo de los que menos ganan, situado en los 1.080 euros, aumentaría 40 euros al mes hasta los 1.120 euros, repartidos en 14 pagas.

Los sindicatos CC OO y UGT rechazaron ayer a la propuesta de las patronales CEOE-Cepyme para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) un 3% en 2024 hasta los 1.112 euros mensuales, como propusieron este miércoles las organizaciones empresariales. Ambas centrales sindicales “valoran positivamente la voluntad manifestada por los empresarios”, pero consideran que la subida del SMI tiene que garantizar el cumplimiento del mandato de la Carta Social Europea –60% del salario medio del país)– tal y como se recoge en el acuerdo de investidura. Dicho acuerdo también incluye que esta renta debe garantizar que sus beneficiarios no pierden poder adquisitivo. En cualquier caso, la propuesta de la patronal quedaría también por debajo del umbral del que habló ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha recordado que la inflación media anual con datos hasta noviembre –con la que se subirán las pensiones– oscilará entre el 3,7% y el 3,8%, como clara referencia a la que podría tener Trabajo para elevar el salario mínimo. El ministerio, que deberá tomar una decisión en las próximas semanas y tras escuchar las propuestas de los agentes sociales, aún no ha convocado a patronal y sindicatos a la reunión pertinente, si bien esto podría producirse de un día para otro, según fuentes de la negociación. Si bien, los responsables sindicales se han mostrado contrarios a la disposición patronal a vincular la subida del salario mínimo a lo acordado entre los máximos dirigentes de CC OO, UGT y CEOE-Cepyme para subir los salarios del sector privado un 3% en 2024 y otro 3% en 2025, como quedó recogido en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) firmado en mayo pasado. 

El Gobierno vasco solo tiene un yacimiento de gas en explotación y está fuera de Euskadi, en la localidad riojana de Sotés. Gestiona esa infraestructura a través de una sociedad en la que tiene una participación del 37% junto con las compañías norteamericanas Heyco Energy (58,7%) y Oil and Gas Skills (3,5%). Este consorcio ha recibido esta semana un año más de plazo para sondear un segundo pozo en La Rioja. Así lo solicitaron en marzo todos los socios, incluido el Gobierno vasco, al Ministerio de Transición Ecológica. El movimiento difiere con la posición mantenida por el Ejecutivo de Urkullu. Y es que en abril de 2021 anunció formalmente que renunciaba a seguir explorando pozos de gas, porque «carece de sentido hacerlo si no se va a explotar el yacimiento». Así es como dio carpetazo al uso de los recursos existentes en el subsuelo del sureste de Vitoria, en Subijana. Fue el final de una apuesta que inició el Ejecutivo cuando era presidido por Patxi López y que hubiera permitido acceder a una cantidad de combustible equivalente al consumo de Euskadi durante sesenta años. La intención del Gobierno vasco por desarrollar esta energía de transición, que la guerra de Ucrania convirtió en el nuevo oro, fue mantenida por la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, pero acabó por desbaratarse tras la aprobación de la Ley de Cambio Climático hace dos años en el Congreso. Esa norma permite exploraciones y sondeos, pero no nuevas explotaciones de gas. La propia Tapia aseguró la semana pasada en el Parlamento vasco que «valora todas las alternativas», incluso, «sin descartar la venta o transmisión a un tercero». Mientras tanto, y quizá por mantener el valor de la infraestructura, fuentes del Ejecutivo han confirmado que hubo acuerdo en tramitar la prórroga «porque terminaba el plazo», pero «no hay ninguna decisión tomada en ningún sentido, ni previsión de invertir, de momento, este próximo año».

En un contexto de aumento de afiliación, pero también de incremento de la cifra de parados, en mayor medida entre las mujeres que entre los hombres, hay una comarca como es la de Costa Urola que se puede vanagloriar de ser la primera del territorio con pleno empleo masculino, al arrojar un índice de paro entre los hombres del 4,75%. Y es que los expertos consideran que las tasas que se sitúan por debajo del 5% suponen el pleno empleo técnico, en la medida en que el desempleo que queda es prácticamente residual y difícil de activar para el mundo laboral. Gipuzkoa ya logró en su conjunto ese pleno empleo técnico antes de la recesión económica de 2008, aunque aquella larga crisis y posteriormente la del covid han impedido que retorne a esos baremos pese a registrar en el último año y medio varios récord de afiliación. Y es que en los últimos meses el desempleo ha crecido porque hay más personas que se registran en Lanbide ante las mayores expectativas de encontrar un empleo. Así, en la actualidad, la tasa de paro del territorio es del 8,2%. Costa Urola, que engloba municipios como Zarautz, Zumaia, Getaria, Orio y Aia, ya bajó de ese listón del 5% de paro masculino en el tercer trimestre del año pasado, al situarse en el 4,87%, y aunque en la recta final del ejercicio volvió a rebasar el 5%, la buena evolución del empleo en primavera hizo que entre abril y junio de este año bajara hasta el 4,61%. Una tasa que en el tercer trimestre ha repuntado ligeramente hasta ese 4,75%, pero lograr consolidarse por debajo de esa referencia del 5%. Una tasa que en el caso de las mujeres es casi tres puntos superior, con el 7,40%, al repuntar en mayor medida que la de los hombres. Pero, con todo, es asimismo la comarca con el índice de desempleo femenino más bajo, lo que hace que la tasa total – hombres y mujeres– sea del 6,06%, consolidándose, asimismo, como la zona con la tasa general más baja.

 El futuro del empleo pasa cada vez en mayor medida por la Formación Profesional. Es lo que proclama un nuevo informe de CaixaBank Dualiza, que destaca que en la CAV se van a generar cerca de 770.000 oportunidades laborales hasta el año 2035, de las cuales el 27,7% (210.000) llegarán del campo de la FP, con especial prevalencia en la rama STEM (por las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). El informe, elaborado en colaboración con Orkestra, el Instituto Vasco de la Competitividad, calcula que, a nivel del Estado, se van a crear 14 millones de empleos, fundamentalmente por la jubilación de personas que se retiran del mercado laboral. De ese volumen total, 3,8 millones de oportunidades laborales vendrán de campos vinculados a la FP. Entre ellos destacarán la industria manufacturera y la de servicios sanitarios. Así, el documento resalta que la presencia de técnicos de FP crecerá hasta representar el 40,8% de todos los profesionales que se desempeñarán en ambos sectores. Por contra, aunque seguirán en porcentajes reseñables, caerá la presencia de técnicos de FP en construcción, energías e industrias extractivas. Todas estas circunstancias van a actuar entre sí como un efecto rebote. En alusión al crecimiento esperado en sectores vinculados a la Formación Profesional, el informe sostiene que “dicha ocupación responde a la demanda del tejido productivo, pero también al número de personas que deciden apostar por la FP en su formación. Si, dentro del total de la población activa el número de personas con FP aumenta, es previsible que el número de ocupados con estudios de FP también se incremente”. 

La principal razón de ser de Zorrozaurre es su parque tecnológico, y ahora vive un momento relevante porque está en pleno tránsito desde el mundo abstracto al tangible: se acaba de dar luz verde a la licitación de las primeras obras con un presupuesto de nueve millones de euros. En concreto, se va a comenzar por el edificio Tarabusi, que se tumbará porque tiene daños estructurales y en esa parcela se levantará un inmueble similar (tiene estatus de patrimonio industrial) y otro anejo en su fachada oeste. Aquí estará la sede del polo empresarial y habrá 5.300 metros cuadrados para empresas y proyectos de tecnología avanzada. «El nuevo edificio, que prevé acoger también el BAIC-Centro Vasco de Inteligencia Artificial, será la punta de lanza» de ese parque tecnológico tan esperado, según las administraciones que impulsan la iniciativa. Son el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación de Bizkaia y el Gobierno vasco. Para dar cuenta de la relevancia del paso que se está dando, este avance fue presentado ayer por el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, y la viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital, Estíbaliz Hernáez, que también es presidenta del Parque Tecnológico de Euskadi (lo que antes era la Red de Parques), donde se integra el de Bilbao. Se trata de una iniciativa importante porque la ciudad, y el País Vasco en general, sufren un declive demográfico intenso y están en plena transformación del modelo productivo. El plan es aprovechar Zorrozaurre para atraer empresas de sectores con alto valor añadido (especialmente tecnológicas y de servicios avanzados para la industria) que también ejerzan como incentivo para la llegada de centros docentes que impulsen a la capital como ciudad universitaria. En fin, se pretende atraer a jóvenes, formarlos y luego retenerlos dándoles buenos trabajos que les permitan comprarse un piso y crear una familia. Como base para todo ello hay que crear un ecosistema empresarial que además genere riqueza, y ahí desempeñará un papel crucial este parque tecnológico.

La Diputación Foral de Bizkaia ya ha enviado una notificación a 94.304 empresas y autónomos del territorio para informarles de que deben implantar la factura electrónica y adherirse al programa ‘Batuz’ a partir del 1 de enero. Por el momento ya lo han hecho 16.017 (el 17%). La iniciativa busca luchar contra el fraude fiscal y permitirá al departamento de Hacienda tener constancia en tiempo real de las operaciones que realizan las distintas compañías y emprendedores. No todos los contribuyentes deberán incorporar el sistema ‘Batuz’ a la vez. Se hará en cinco tandas. A partir del 1 de enero sólo estarán obligadas las grandes empresas, las que la Diputación entiende que tienen menos problemas para realizar los cambios necesarios en su funcionamiento. Son 7.447 en todo el territorio. El 1 de julio es la fecha límite para que se adhieran las microempresas y pymes relacionadas con la industria, la construcción, fabriles, financieras, jurídicas y de seguros (hay 36.233 en esta categoría). A partir de 2025 será el turno de bares, comercios y peluquerías cuyo titular sea una persona jurídica; es decir, que realicen su actividad a través de una empresa (7.845). El 1 de julio de ese año les tocará a los autónomos que se dediquen a estas mismas actividades (13.729). Y ya en 2026 tendrán que hacerlo el resto de contribuyentes: entidades sin fines lucrativos y empresas del primer sector (13.022). ¿Y qué pasa si un comercio no cumple con esta obligación? La responsable foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, explicó ayer tras el Consejo de Gobierno que «no contempla» ese escenario. «Queremos acompañar a los contribuyentes de forma amable en este proceso», puntualizó. Por el momento no están previstas sanciones.

El conflicto por los gastos de formalización de las hipotecas previas a junio de 2019 viene de lejos, después de que el Supremo declarase abusivas las cláusulas que los cargaba en los usuarios en sucesivas sentencias, lo que motivó una oleada de reclamaciones en toda la banca. En esta pugna, la asociación EKA/ACUV aseguró ayer haber logrado «un éxito» después de que Kutxabank asuma, en una respuesta a una reclamación colectiva, que las cláusulas de sus préstamos que atribuían «todos los costes de manera indiscriminada y sin matices» al cliente son «nulas». La asociación interpreta que este reconocimiento supone que «devolverá, con solo presentar las facturas, los gastos cobrados de forma indebida y los intereses legales». Apunta que es el primer banco en dar este paso porque «otros obligan a presentar demandas en los juzgados», señala el abogado de la asociación, Iñaki Velasco.

ELA reclamó ayer al Gobierno Vasco que «no destine 6,5 millones a la Fundación Fabrika, impulsada por Adegi, para estudiar la reducción de jornada de cuatro días, por ser un proyecto que no quiere aplicar y que le permitirá condicionar las conclusiones». Un plan piloto impulsado por el Departamento de Trabajo y Empleo, que dirige Idoia Mendia. El objetivo es poner en marcha el proyecto experimental en 2025 aunque el próximo año se iniciará la fase de diseño. El proyecto contempla esos 6,5 millones para los próximos tres años, de los que 2,5 millones corresponden a 2024. Según explicó Mendia, Fabrika será uno de los agentes externos que colaborarán con el Departamento en el diseño, la implementación y también la posterior evaluación del proyecto, a través de un estudio que determine su impacto en la competitividad. Un encargo que ayer fue duramente criticado por la central nacionalista, que recuerda que Confebask, a la que pertenece Adegi, se negó a debatir el tema en la Mesa de Diálogo Social. ELA aboga por analizar «las reducciones generalizadas de jornada, sin limitarse a la semana de cuatro días». Pero indica que el Ejecutivo vasco «ha aprobado investigar otros elementos de interés de la patronal, como el impacto de los cambios en los beneficios de las empresas, con lo que se mezclará con otros factores y hará que se difumine el análisis del impacto de la semana de cuatro días». ELA asegura que Adegi acepta la realización del estudio porque «podrá condicionar las conclusiones». Ver nota ELA. 

Entrevista con la presidenta de Navarra, María Chivite. La transformación digital y sostenible rebaja la factura fiscal de las compañías. La comunidad cerrará el ejercicio con récord de afiliaciones a la Seguridad Social. La industria genera el 30% del PIB regional. i"Las empresas privadas se han puesto las pilas y están presentes en la totalidad de los Perte, en 133 actuaciones, con un volumen global de financiación prevista de 547,3 millones de euros. De esta financiación se han recibido 493,6 millones de euros...Hay cierta ralentización, nuestra previsión es del 1,7% para este año y del 1,4% para el próximo. Y la de creación de empleo para 2024 es del 1%. Vamos a cerrar mejor de lo previsto, batiendo récord de afiliación a la Seguridad Social, con 308.000 personas trabajando. En la legislatura pasada se crearon unos 8.000 puestos de trabajo. Tenemos muy buenos indicadores económicos, pero también sociales, el menor en pobreza. El crecimiento económico tiene que venir acompañado de cohesión social, porque si no se cuida y crece la desigualdad, vienen los problemas de convivencia y desigualdad...Hay 30.000 personas desempleadas. Cuando atendemos al perfil de las personas que están en paro, el 80% no tiene ningún tipo de formación. Por tanto, la formación es clave para la empleabilidad. Hacemos itinerarios personalizados, que han sido reconocidos por la UE, e insertamos en el mercado laboral. Trabajamos con la Confederación de Empresarios de Navarra, el sector agrario y el Servicio de Empleo Navarro...Es verdad que en Navarra los tipos nominales en sociedades para grandes empresas son más altos, no así los efectivos. El tipo nominal para micropymes es del 19%; para pymes, el 23%, y del 28% para grandes empresas. Pero una cosa es el nominal y otra el real. En el tipo real tengo muy claro que somos más que competitivos. Hacemos desgravaciones fiscales cuantiosas. Si los beneficios los reinvierten, prácticamente no pagas impuestos porque queremos que la empresa navarra sea competitiva y hay que favorecer la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. A las que invierten, los impuestos les van muy bien..."

La dirección de Siemens Gamesa va a hacer un esfuerzo para tranquilizar los ánimos de la plantilla allí donde sea posible. La empresa no contempla ajustes de plantilla en sus instalaciones españolas, pese a la profunda crisis en la que está sumida, con pérdidas de 4.338 millones el pasado año, unas estimaciones de otros 2.000 adicionales en el actual ejercicio y problemas técnicos en sus aerogeneradores que no ha conseguido solucionar aún. Los dos máximos responsables de la compañía, el presidente Christian Bruch –también primer ejecutivo del holding Siemens Energy– y el consejero delegado de la firma eólica, Jochen Eickholt, se reunirán hoy en Madrid con representantes sindicales para intentar rebajar la tensión y trasladar el mensaje de que la actividad en España seguirá siendo importante. Al encuentro han sido convocados los secretarios generales de las federaciones de industria de CC OO y UGT, así como delegados de ambas organizaciones en la empresa. No participará, sin embargo, ELA, que sí cuenta con representantes sindicales en los centros de trabajo ubicados en el País Vasco y Navarra. Representantes del sindicato en la empresa no quisieron hacer ayer comentarios a propósito de su ausencia. La compañía fabricante de aerogeneradores tiene en la actualidad 4.600 empleados en España –de los 29.000 que forman parte de su plantilla global– y 1.000 dependen de sus instalaciones en Euskadi: las oficinas corporativas del Parque Tecnológico de Bizkaia y las factorías de multiplicadoras de Mungia y Asteasu.

El sector del metal prevé un panorama de dificultades, con escasez de materias primas y nuevas incertidumbres para el siguiente año, según destacaron ayer la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal). En el marco de la asamblea general de AEA, ambas organizaciones, que representan a cerca de 300.000 empresas del sector con más de un millón y medio de trabajadores, retrataron en cifras las caídas que sufrirá esta industria del metal al cierre de 2023. En concreto, el índice de producción del metal caerá al cierre de este año un 0,6% interanual frente al 3,5% de crecimiento del año anterior. Además, las caídas de la producción se reparten entre los bienes de consumo (-9,8%), bienes de consumo no duradero (-0,4%), bienes intermedios (-3,4%) y de energía (-4,6%). Añadieron que este escenario de contracción también está afectando negativamente a los precios industriales, que en septiembre registraron una caída del 8,6%. “En 2024, el déficit y la deuda pública seguirán incrementándose en función de los compromisos sociales y territoriales del nuevo Gobierno y las exigencias europeas de reducción obligarán a compensar esos incrementos con nuevos impuestos y subida de los existentes”, expresó el presidente de la AEA, Armando Mateos. Ambas organizaciones hicieron notar su preocupación respecto a la propuesta del nuevo Gobierno de establecer un tipo mínimo del 15% de la base imponible en el Impuesto sobre sociedades para compensar el déficit y la deuda pública.

La contracción económica que golpeó a la eurozona entre julio y septiembre, debido a la caída de la demanda por la inflación y la subida de tipos, amenaza con extenderse al cuarto trimestre, provocando una recesión económica. Un frenazo que está haciendo mella en el empleo por primera vez en los últimos tres años, ya que el mercado laboral había experimentado un fuerte efecto rebote desde el confinamiento que se ha prolongado hasta ahora. Con todo, se observan algunas señales de que un cambio de tendencia que podría empezar a dar sus frutos el próximo ejercicio. De acuerdo con los datos del Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés), referidos a noviembre y publicados ayer por S&P Global, la economía de la eurozona podría volver a contraerse en el cuarto trimestre del año, después de caer un 0,1% en el trimestre anterior. En concreto, el PMI compuesto de la eurozona se situó en 47,1 puntos, por debajo del umbral de los 50 enteros que marca la diferencia entre el crecimiento económico y la contracción, un dato que apuntaría a un recorte del PIB de en torno al 0,2% respecto al cuarto trimestre que agravaría el retroceso del periodo anterior. “La economía de la eurozona está atascada en el lodo. Durante los últimos cuatro a cinco meses, el sector manufacturero y el de servicios han experimentado un ritmo de contracción relativamente constante”, señala Cyrus de la Rubia, economista jefe del Hamburg Commercial Bank y responsable del informe. Las cifras de noviembre apuntan a la posibilidad “de que se produzca un segundo trimestre consecutivo de contracción del PIB, que equivaldría al criterio comúnmente aceptado para una recesión técnica”, añadió. Y sus dos principales economías, Francia y Alemania, “se encuentran asoladas por una debilidad considerable”.

La facturación de las empresas españolas cayó en septiembre por sexto mes consecutivo, de acuerdo con los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística, a pesar de que la inflación debería estar empujando en dirección contraria. El Índice de Cifra de Negocios Empresarial cayó un 6,2% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado, lo que supone el sexto retroceso consecutivo desde que la facturación empezara a resentirse en abril, y la segunda mayor caída en este periodo. Este descenso se concentra fundamentalmente entre las empresas de suministro de energía eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos, debido al abaratamiento de la electricidad y el gas el último año gracias al aprovisionamiento durante el verano, así como por los planes de ahorro energético y la menor producción de la industria electrointensiva. Así, este sector sufre un descenso de las ventas del 49,7% en septiembre, si bien en los años anteriores había disparado sus ingresos. En segundo lugar, la industria y la minería acusan un descenso del 2,3%, seguidas del comercio (0,9%), mientras que solo el sector servicios se mantiene en positivo (3,6%), aunque con ritmos cada vez más moderados y cerca del estancamiento en tasas intermensuales. Con todo, dentro de cada uno de estos indicadores hay una gran heterogeneidad. Por ejemplo, la industria intensiva en energía (metal, papel, químicos) sufre desplomes de hasta el 17,8%, mientras que el tabaco gana un 16,2%. Y entre el comercio y los servicios, las alzas de la hostelería y el turismo (hasta el 21,3% entre las agencias de viajes) contrastan con el descenso entre las actividades de oficina (9,9%). Sin embargo, lo realmente preocupante es que este frenazo de la facturación se produzca a pesar de que la espiral inflacionista está incrementando los precios de venta al público y, por lo tanto, debería incrementar la facturación en términos nominales. En otras palabras: el descenso de la facturación es bastante superior de lo que sugiere el Índice de Cifra de Negocios.

Un mensaje de calma y tranquilidad. Ese parece ser el objetivo de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, frente a un auditorio colmado de líderes empresariales. Mientras a pocos metros se ultimaba la decoración navideña de la Puerta del Sol, Calviño resaltó ayer que “invertir en España tiene sentido” y subrayó los méritos de la última legislatura. “La política económica que hemos seguido en los últimos años ha sido muy beneficiosa para las empresas. Las compañías españolas nunca antes habían alcanzado este nivel de beneficios y estabilidad, a la vez que hemos considerado a los trabajadores”, dijo en el Foro de los Mercados de Capitales organizado por Bloomberg. La vicepresidenta defendió que la conformación del nuevo Gobierno “proporciona estabilidad, continuidad a la política económica” e insistió en la “estabilidad política a pesar de la fragmentación en el Parlamento”. En este sentido, resaltó que las políticas del nuevo Ejecutivo continuarán en el mismo sentido incluso si ella fuera nombrada al frente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) en las próximas semanas. En este sentido, respondió directamente a las críticas de la agencia Moody’s, que el viernes pasado alertó del potencial impacto negativo sobre el crédito soberano de España que tienen los acuerdos políticos con formaciones como Junts o ERC. Calviño subrayó cómo ha evolucionado el clima de diálogo desde 2018 y considera que se ha dejado “una época oscura atrás”. “Entonces, las agencias de calificación identificaban la tensión en Cataluña como una fuente de riesgo. Estamos decididos a seguir este camino de diálogo que vemos que tiene buenos resultados”.

La palabra normalización aparece al menos cuatro veces en el nuevo plan estratégico de Endesa, que fue presentado ayer. “Normalización del mercado mayorista de electricidad”. “Normalización de las tarifas del gas”. “Normalización de los márgenes comerciales”. Y por supuesto, “normalización fiscal”. “No es casual”, explica José Bogas, consejero delegado de la compañía, en una entrevista. Gran parte del plan estratégico se ha construido sobre la base de “una vuelta a la normalidad”, después de años convulsos en los que los principios básicos del mercado eléctrico se resquebrajaron por la guerra de Rusia contra Ucrania y las medidas anticrisis que adoptaron gobiernos como el español. Es la primera entrevista del máximo ejecutivo de Endesa una vez que ha sido ratificado en su puesto por la nueva cúpula de Enel, el gigante energético italiano que con el 70% controla la eléctrica española. El plan, para 2024-2026, “contempla mantener inversiones en torno a 9.000 millones de euros”. Es una cifra equivalente e incluso un poco superior a la del plan anterior, para 2023-2025. El nuevo plan estima que hacia la mitad del trienio “esas medidas anticrisis desaparezcan o se reduzcan”, explica Bogas. El plan “podría ser mucho más ambicioso si se despejaran muchas de las incertidumbres que hay en España”, añade.

Entrevista con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Pide «coraje» a Pedro Sánchez y otros gobernantes de los países más endeudados de la Eurozona, porque «vienen tiempos duros» y considera necesario sanear las cuentas para recuperar margen con el que contener una próxima «sacudida» aún desconocida. BAJO CRECIMIENTO. «Nos preocupa la previsión de un crecimiento lento en la economía mundial. Por debajo del de las últimas décadas». ORIENTE PRÓXIMO. «Si la guerra se prolonga o se recrudece, tendrá un impacto tangible en la economía mundial». EUROPA. «Europa tiene una sociedad que envejece y mercados laborales cada vez más justos de personal. Hay que reformar». MEDIDAS DE ESPAÑA. «El Gobierno puede bajar el déficit en 2024 si no renueva las medidas de alivio que expiran este año». INCERTIDUMBRE. «Sencillamente no sabemos lo que se avecina, por eso hay que acumular reservas con las que hacer frente al próximo golpe». PRECIO DEL DINERO. «Los bancos centrales son conscientes de que una bajada de tipos de interés prematura puede ser bastante peligrosa». ARGENTINA. «Ya hemos mantenido conversaciones con el presidente electo Milei y han sido constructivas». REGLAS DE DÉFICIT. «Más importante que las reglas de déficit es completar la unión bancaria. Europa debe ser más competitiva»

Europa está débil. Frente a la sorprendente fortaleza de Estados Unidos, la zona euro no está respondiendo como se esperaba y los últimos datos recogidos por el Banco Central Europeo (BCE) reflejan un crecimiento más bajo de lo esperado. Esta situación ha llegado al punto de que la autoridad monetaria, en sus actas de la última reunión celebrada el pasado 26 de octubre, apunta directamente a una posible recesión. “Las herramientas de predicción inmediata reflejan un menor crecimiento en el tercer y cuarto trimestre de 2023 del contemplado en las proyecciones de septiembre e incluso implican que habrá una recesión técnica”, reconocen los banqueros centrales. El BCE, hasta la fecha, confiaba en atar un crecimiento débil, pero positivo, que permitiese enfriar la economía sin recesión para controlar la inflación. Los fuertes efectos de las subidas de los tipos de interés acumulados –450 puntos básicos en poco más de un año– unidos a la fragilidad de China y al aumento de las tensiones geopolíticas han debilitado las perspectivas. “Parte de los riesgos sobre el crecimiento identificados anteriormente se han materializado y han surgido nuevos riesgos desde la reunión celebrada por el Consejo de Gobierno en septiembre”, reconocían los miembros del BCE en la cumbre celebrada en Atenas a finales de octubre, en la que el BCE optó por poner fin al ciclo más intenso de subidas de los tipos de interés tras alcanzar el 4,5% con incrementos de las tasas en las 10 reuniones precedentes. En esa cita, las actas muestran que el BCE se planteó si la debilidad en el cuarto trimestre podría provocar un retraso en el repunte de la actividad económica que el banco central anticipaba que llegaría en 2024 de forma gradual. El hecho de que se produzca o no este rebote es clave, pues afectaría directamente a la recuperación del consumo y, por lo tanto, a la inflación que el banco central está combatiendo.

Los grandes hoteleros se mostraron ayer muy críticos contra el maltrato del anterior Gobierno al turismo y han solicitado al nuevo Ejecutivo que acabe con ese trato discriminatorio. En la primera jornada del Congreso de Hoteleros Españoles, que se celebró en Palma de Mallorca, Carmen Riu, consejera delegada de Riu, denunció la falta de atención hacia la actividad turística. “Somos líderes mundiales en turismo y el Gobierno no lo reconoce. Es prioritario hacer un Perte para destinos maduros que necesitamos reformarlos. Es necesario que inviertan miles de millones de euros”, reclamó. Desde organizaciones como la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat), Exceltur o la Mesa de Turismo se ha pedido con insistencia a lo largo del año un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) por un importe de 12.000 millones de euros, en línea con los aprobados para el sector de la automoción, el sector naval o para la descarbonización. Simón Pedro Barceló, copresidente de Barceló, se mostró esperanzado en un cambio en el trato al sector. “Un primer paso adelante es que el ministro de Consumo [Alberto Garzón] que dijo que el sector turístico no aportaba valor ya no está”, aseguró en declaraciones a los medios, en las que recalcó que el sector merece más y mejor atención. “El nuevo ministro y la secretaria de Estado de Turismo deben convencer al resto de ministros de que el sector es prioritario y que la política de promoción de España en el extranjero y la creación de destinos en las comunidades autónomas deben ser una prioridad”. Por su parte, Javier Águila, presidente de Hyatt para Europa, Oriente Medio y África, alertó que el liderazgo de la industria turística española puede estar en peligro si no recibe apoyo público para seguir creciendo. “En Grecia o Arabia Saudí se están poniendo facilidades y políticas de apoyo a la industria y en España, no”.

En el XIX Congreso Hotelero hubo también tiempo para la autocrítica y una de las grandes asignaturas pendientes del sector es, sin duda, la atracción del talento. “Vengo de México y había dos empleadas que habían empezado siendo camareras de piso y actualmente son directoras de hotel. Es una profesión con futuro y muy bonita. Hemos de valorar esta industria para tener las mejores personas. Les hemos de dar una carrera y un objetivo final al que llegar. Es algo que no hemos sabido vender bien”. El jefe de Arcano Partners, Ignacio de la Torre, que también participó en una ponencia, argumentó que el mayor desafío al que se enfrenta España y en general Europa es demográfico. “Sin personas no hay trabajadores y sin formación no hay trabajadores cualificados y es por eso que la tecnología marcará los tiempos y el mayor reto será la formación”. También el presidente de Cehat hizo hincapié en el talento. Para Jorge Marichal es necesario que las administraciones públicas se impliquen en cuestiones como la falta de vivienda, el tráfico o la dificultad para atraer talento. “A veces tenemos que renunciar a clientes porque no tenemos empleados”, remachó el directivo.

Con esta alianza, Mapfre capta más de 15 millones de clientes potenciales en España a los que ofrecerá sus seguros de hogar, responsabilidad civil y comercio, que “estarán disponibles muy pronto para clientes particulares, autónomos y empresas de las diferentes marcas del grupo”, señalan las entidades. La nueva oferta se distribuirá a través de las distintas marcas de la operadora y en sus canales digitales. Ambas compañías apuntan que “trabajarán en la utilización de tecnología de vanguardia con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y facilitar la resolución de dudas relacionadas con la contratación de seguros”. Con el fin de gestionar su actividad aseguradora el Grupo MásMóvil ha creado una nueva sociedad, MásMóvil Mediación de Seguros, que intermediará la venta de estos productos y maximizará el crecimiento generado por este negocio que le aporta ingresos por comisiones de venta. La firma de telecomunicaciones ofrece a sus clientes desde hace tiempo, seguros de salud, protección de pagos y de terminales. MásMóvil apunta que cuenta ya “con más de 200.000 clientes en su cartera de seguros con un crecimiento interanual por encima del 60%, lo que supone un amplio respaldo por parte de sus clientes a esta propuesta aseguradora del grupo”.

Cuando el miércoles Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad (PVV), ganó las elecciones en Países Bajos, de inmediato llegaron los mensajes de apoyo de Marie Le Pen (Francia), Matteo Salvini (Italia), Viktor Orban (Hungría) y Santiago Abascal (España). La ultraderecha europea considera a Wilders uno de los suyos. Desde 2017 le apodan el ‘Donald Trump holandés’. Entonces fue el segundo más votado en los comicios. Ahora, aunque necesita aliarse con formaciones de derecha o centroderecha, tiene en su mano formar gobierno. Ha triunfado su lema: «Holanda para los holandeses». Y ha vencido con frases xenófobas que repite sin ningún complejo: «Hay demasiada chusma marroquí en nuestra tierra». A Wilders (60 años, La Haya) le gusta empezar sus discursos con un ‘no’. No se siente de extrema derecha, sino liberal. No quiere más inmigración. No acepta las ideas del Corán, el equivalente para él al ‘Mein Kampf’, el manifiesto que escribió Hitler e inspiró al nazismo. No permitirá más mezquitas. No admitirá el velo. ‘No’ a las teorías sobre el cambio climático. ‘No’ al euro. ‘No’ a la Unión Europea... Desde hace años está amenazado de muerte. Suele llevar chaleco antibalas, siempre tiene guardaespaldas a su lado y cambia a menudo de domicilio. Ha habido momentos en los que, por seguridad, sólo podía ver a su esposa una vez por semana. Esa cárcel invisible en la que vive por miedo a un atentado islamista no le ha cerrado la boca. Cargó contra Ángela Merkel tras un ataque terrorista en un mercadillo navideño en Berlín al culpar a la canciller alemana por alentar la acogida de refugiados sirios. Ya antes, en 2004 y tras el asesinato de cineasta Theo van Gogh en Ámsterdam a manos de un islamista, había hablado de una «guerra declarada contra los radicales». «Si no reconocemos que estamos en guerra y actuamos con decisión, me temo que la cosa va a ir a peor». Muchos electores le creen.

El culebrón que ha agitado durante la última semana Silicon Valley terminó el miércoles con el regreso triunfal de Sam Altman a OpenAI, cinco días después de haber sido despedido de la compañía que fundó allá por 2015. Lo que queda ahora por esclarecer es qué llevó a los directivos de la firma a fulminar a Altman. Las últimas informaciones apuntan a enrevesar todavía más esta rocambolesca historia: Reuters habla de una carta enviada a la junta por algunos de los trabajadores en la que advertían de que habían logrado avances en un proyecto de ‘superinteligencia’ artificial que podrían suponer una amenaza para la humanidad. Su nombre, como de película de James Bond, sería Q* (pronunciado Q-star). Quedaría por añadir un ingrediente más, ya que todo lo sucedido habría sido una suerte de golpe de estado encubierto de Altman, que habría eliminado así toda oposición interna a su gestión. El comunicado en el que la junta directiva explicaba los motivos para el despido hablaba de «pérdida de confianza y no ser consistentemente sincero en sus comunicaciones con la junta». Según Reuters y el medio especializado The Information, entre los motivos estaría el desarrollo a principios de este año de una nueva tecnología de inteligencia artificial que superaría con creces sus capacidades actuales. Varios investigadores habrían enviado una carta a la dirección para advertirles de su existencia, algo que no había hecho Altman. Poco se sabe con certeza de este nuevo programa bautizado con el nombre de Q*. Algunas fuentes apuntan a que sería un avance en la dirección de que la inteligencia artificial supere las capacidades del ser humano, lo que se llama Inteligencia Artificial General (AGI, por sus siglas en inglés). Q* habría demostrado sus capacidades resolviendo problemas matemáticos de nivel de Primaria como hacemos las personas, algo que no hacen ChatGPT o programas similares.