20231127

Las cargas burocráticas que soportan las empresas son una losa que, en el caso de las pequeñas y medianas, puede llegar a ser muy pesada. Así lo evidencia una reciente encuesta realizada por Adegi, en la que el 89% de las pymes del territorio señala que soportan cargas administrativas altas o muy altas, un porcentaje que está muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 74%, y que implica una pérdida de tiempo y costes adicionales. La encuesta, realizada en toda Europa entre julio y agosto por la asociación empresarial europea de pequeñas y medianas empresas, European Entrepreneurs CEAPME, a la que pertenece Adegi, se llevó a cabo para conocer qué cargas burocráticas se deberían eliminar o simplificar a nivel local, nacional y europeo. Y se hizo a raíz de una propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyes, en su discurso sobre el Estado de la Unión en marzo de este año, en la que defendía reducir en un 25% las obligaciones de informes para las empresas de la UE. En el caso de Gipuzkoa han participado un total de 82 empresas, casi la mitad pequeñas, de entre 10 y 49 trabajadores, y un 35% medianas (50-249 empleados), lo que supone un tamaño medio algo superior a la de las europeas. El 46% de las firmas que ha contestado pertenece a la industria, un 9% a la construcción y un 45% a los servicios. De las empresas encuestadas, la mitad percibe que el grado de las cargas administrativas que soporta es muy elevado; el 39% las considera alta y cerca del 10%, media. Y son las compañías pequeñas y medianas las que consideran su carga burocrática más alta, ronda el 50%, frente a algo menos en las microempresas (41%). En lo que respecta a los sectores, esta problemática se percibe en mayor medida en la construcción, donde el 100% de las empresas dice que sus cargas son altas o muy altas, por el 89% de los servicios y el 87% de la industria.

El Banco de España está detectando que las empresas se ven obligadas a ofrecer elevados salarios, más allá del alcance de la negociación colectiva, a los trabajadores que necesitan de forma perentoria, y que muchas veces no encuentran, para poder seguir produciendo. Dicho de otra manera, la institución sostiene que “en los últimos meses los salarios de las nuevas vacantes de empleo estarían creciendo a una tasa interanual cercana al 6%”. Hasta septiembre –último dato publicado por Trabajo de la negociación colectiva– el incremento salarial medio pactado en convenio es del 3,4%. En una reciente intervención del gobernador, Pablo Hernández de Cos, en el Foro Canarias, eje de inversión, en la Facultad de Económicas de Las Palmas de Gran Canaria, pronunció conferencia titulada Hechos estilizados de la evolución del mercado de trabajo español en la pospandemia y retos del futuro, en la que, por primera vez, hizo un análisis sobre el esfuerzo salarial que deben hacer las empresas para resolver los problemas que tienen para cubrir determinados puestos de trabajo, que requieren una elevada o una determinada formación. En la conferencia, Hernández de Cos explica que “los aumentos del salario medio [para cubrir estos puestos de trabajo] están siendo superiores al incremento pactado en la negociación colectiva”. Y este hecho “refleja diferentes efectos composición derivados, por ejemplo, de los mayores salarios de quienes ingresan por primera vez en el mercado laboral o de quienes cambian de empleo, en un contexto de tensionamiento del mercado laboral”. Vale la pena llamar la atención sobre el hecho de que las retribuciones crecen con las nuevas incorporaciones al mercado de trabajo. Esto significa que muchos trabajadores proceden de carreras universitarias o de cursos de formación profesional que tienen la cualificación que buscan las empresas o que puede servirles para comenzar a trabajar con estas personas.

Las cuotas que pagan a la Seguridad Social más de 1,5 millones de trabajadores, aquellos que tienen unos salarios más altos, subirán más de un 5% ya desde enero, lo que implicará unos 66 euros más cada mes. La reforma de las pensiones culminada este mismo año establece ya por ley cuánto deben aumentar cada año las bases máximas de cotización: se incrementarán en el mismo porcentaje que lo hagan las pensiones –es decir, la inflación media del año anterior, de diciembre a noviembre– más un alza adicional de 1,2 puntos porcentuales. Y así se hará en 2024 aunque no haya cuentas hasta iniciado el año, según confirmaron a este periódico fuentes del Ministerio de Seguridad Social. A falta del dato de la inflación de noviembre, que se conocerá de forma provisional mañana mismo, las pensiones subirán el año que viene en torno a un 4%, según las previsiones que maneja el departamento dirigido por José Luis Escrivá. En la actualidad, el IPC medio de diciembre a octubre se sitúa en el 3,88%. Esto implicará que, con ese incremento adicional que se establece de 1,2 puntos, las cotizaciones máximas se elevarán más de un 5%, un 5,2% si finalmente se eleva la inflación media al 4%. Así, las bases máximas pasarán de los 4.495,5 euros actuales a unos 4.729 euros en 2024, según cálculos realizados por este periódico. Significa esto que el próximo año el salario por el que cotizan los trabajadores aumentará desde los 53.946 euros hasta aproximadamente los 56.748 euros brutos al año (la cuantía final puede variar mínimamente dependiendo de la inflación de noviembre). A partir de esa cantidad no se cotiza al sistema porque está exento, aunque solo por el momento, puesto que en 2025 entrará en vigor ya la nueva cuota de solidaridad que sí les gravará por esa remuneración que sobrepasa las bases máximas. Esta subida de más del 5% de las bases máximas implicará un recargo de unos 66 euros en la cuota mensual. Las empresas cargarán con la mayor parte del incremento y asumirán 55 euros más de coste por sus empleados más caros cada mes, mientras cada trabajador tendrá que pagar unos 11 euros más.

Los empresarios están desbordados por el crecimiento del absentismo laboral, de la ausencia de los empleados en su puesto de trabajo. El último informe de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social ha caído como una bomba en la patronal CEOE, y los empresarios ya no saben qué hacer para que el Gobierno central y las comunidades autónomas se tomen en serio este problema. En su opinión, socava gravemente la competitividad de las empresas. En los nueve primeros meses del año la Seguridad Social y las mutuas registraron más de cuatro millones de bajas laborales, con un crecimiento del 12% respecto al mismo período del año anterior. Este dato se traduce en un coste para el sistema de protección y para las empresas de 25.000 millones de euros, lo que representa un incremento del 15% respecto al año pasado. Las mutuas calculan que, aproximadamente, cerca de 1,4 millones de personas faltan al trabajo todo el año. Este dato se mide dividiendo las horas perdidas de trabajo por el absentismo laboral entre la jornada media laboral, que ya está en una horquilla comprendida entre las 37,5 y las 39 horas semanales. Además, de todas las bajas laborales en los nueve primeros meses del año 100.939 duraron más de un año. Y 32.300 de estos procesos superaron los 18 meses. En este contexto, la Junta Directiva que celebró la patronal el pasado día 22 fue especialmente tormentosa, porque los empresarios advierten que ninguna administración toma cartas en el asunto. Máxime, cuando el problema está en las bajas por enfermedad común, sobre las cuales la sanidad pública es la que tiene la última palabra. Son sus médicos los únicos que pueden dar el alta al trabajador. Y por temor a los sindicatos ningún Gobierno ha cambiado esto, y ha permitido que sean las mutuas o la sanidad privada la que tome la decisión. Sobre esta cuestión los responsables de Trabajo y de la Seguridad Social, tanto del PSOE, como del PP, han pasado como cirigallos. Los empresarios se proponen volver a la carga con la nueva ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, para que, a su vez, movilice a los consejeros de Sanidad de las comunidades en la batalla contra este problema, que grava las cuentas de las empresas. 

BBVA, además de reforzar la remuneración al accionista con una nueva recompra de acciones de 1.000 millones lanzada el mes pasado, elevó sus provisiones en sus cuentas referidas a España hasta los 74 millones. Significa duplicar los 37 millones que destinó a este propósito hasta el 30 de septiembre del año pasado. Atendiendo a todos los mercados internacionales en los que opera la entidad presidida por Carlos Torres, las provisiones se elevaron hasta los 210 millones, junto a otros 3.203 por deterioros financieros, un 34% más que el pasado año. Unos gastos a los que ha podido hacer frente holgadamente, quedándose después con 5.961 millones de beneficio récord en los nueve primeros meses del año. Por su parte, la entidad con mayor cuota de mercado en Euskadi, Kutxabank, ha aumentado un 200% sus provisiones hasta septiembre. Con un total de 77,8 millones frente a los 25,4 del pasado año. Tras afrontar esos compromisos la entidad presidida por Antón Arriola logró aumentar sus ganancias un 54% con 385 millones de euros. El margen de intereses está siendo uno de los principales responsables. Y es que el saldo que gana el banco gracias a lo que cobra por prestar dinero ha permitido a Kutxabank ingresar 836,2 millones de euros. Es prácticamente duplicar lo de los primeros nueve meses del año pasado. Laboral Kutxa, como cooperativa de crédito, no está obligada a presentar cuentas trimestralmente. Pero según los últimos datos que ha hecho públicos –referidos a la primera mitad del año–, elevó a 14,5 millones la partida destinada a provisionar su balance. Supone reactivar estos gastos a los que no tuvo que recurrir el año pasado. Y es que en 2020 y 2021 hizo una fuerte dotación de 100 millones que le permitieron cubrir también las necesidades de 2022. La entidad presidida por Txomin Garcia cerró los primeros seis meses del año con un crecimiento de beneficios que lideró el sector con un 68% más gracias a 109 millones. Lo que sí se viene resintiendo son los nuevos créditos, tanto por las solicitudes que empresas y ciudadanos reducen por el coste de los tipos de interés, como por los criterios de acceso, que se han endurecido por parte de los bancos. Las hipotecas también caerán en Euskadi, según el estudio de mercado elaborado por Kutxabank, en un 9,7% este año. Y el volumen del crédito hipotecario en el País Vasco, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha hundido un 26%, hasta niveles de 2020, cuando estalló el covid.

Bodegas de carga, almacenes, máquinas clasificadoras, cintas transportadoras y aviones y vehículos de reparto funcionan ya a toda máquina. Un año más, llega la fecha en la que el movimiento de mercancías se dispara en los centros logísticos alaveses dentro de su particular temporada alta ('peak season' en el argot internacional). Una campaña que va desde finales de este mes hasta inicios del año que viene por la vorágine consumista asociada al 'Black Friday' y la Navidad que se extiende hasta enero, incluyendo las rebajas. Por delante vienen semanas de excesos de pedidos que se dejarán sentir si cabe aún más en el aeropuerto de Vitoria, motor estratégico del territorio en el ámbito de las mercancías. Y es que Foronda espera un incremento de la actividad de hasta un 30% para la presente temporada. Así lo marcan las previsiones que transmiten desde DHL, gigante alemán de la paquetería que mueve más del 90% de la carga en la terminal alavesa. Unos números con los que la infraestructura buscará otro récord histórico al cierre del año. La pista de La Llanada cerró el último con 73.620 toneladas, mejor registro en los más de 40 años de historia del aeródromo, y la octava marca anual consecutiva de acuerdo a las estadísticas que Aena publica desde 2004. 

“Si tienes el poder de aumentar los precios sin perder cuota de mercado frente a un competidor, tienes un muy buen negocio. Si tienes que rezar antes de subir precios un 10%, entonces el negocio es terrible”. Esta frase del célebre inversor Warren Buffett describe los problemas recientes de las navieras. No solo no pueden aumentar las tarifas, tampoco pueden evitar que bajen: el World Container Index elaborado por la consultora Drewry se ha colocado esta semana en 1.384 dólares por contenedor de 40 pies, un 42% por debajo que en la misma semana del año pasado, y un 3% inferior a la media de 2019, antes de la pandemia. El sector del transporte marítimo de contenedores, uno de los más rentables durante 2021 y 2022, ve así desplomarse los precios de los fletes, golpeados por la lógica de las leyes del mercado: la oferta ha crecido debido a que la construcción de nuevos barcos ha continuado a muy buen ritmo, mientras que la demanda ha caído en medio de la alta inflación, las subidas de tipos de interés y el cambio de hábitos de los consumidores, que terminados confinamientos han vuelto a gastar mucho más en servicios a costa de disminuir sus pedidos de bienes. El bum llegó a ser tal que en 2022 la compañía danesa Maersk, la segunda del mundo tras la italo-suiza MSC, obtuvo un beneficio de 27.000 millones de euros, lo que la convirtió en una de las empresas europeas más rentables. Todo eso ha quedado atrás. “El ambiente de negocios ha cambiado radicalmente”, reconocían sus directivos en mayo. Los resultados de las grandes navieras han ido reafirmando uno tras otro la tesis del cambio de ciclo. En el tercer trimestre de este año, Maersk ganó un 92% menos, y anunció una reducción de plantilla de 3.500 empleados, sumada al recorte de 6.500 llevado a cabo en los últimos meses. Por citar otro ejemplo, la alemana Hapag-Lloyd, la quinta del planeta, redujo sus ganancias un 95%.

Los políticos ven en los beneficios obtenidos por los bancos una suerte de carambola ajena a los méritos de la gestión de las propias entidades y a su capacidad de manejar las dificultades del entorno. Resulta muy fácil convertir en discurso algo que, a base de repetición exacerbada, termina encontrando un sitio en la memoria de los ciudadanos. Es una vieja argucia: crear una falacia para luego rebatirla. La narrativa de que la subida de tipos permite que los beneficios de los bancos aumenten sin trabajo alguno y que hay que gravarlos, porque realmente es el Estado su legítimo propietario, es toda una falsedad. Suppressio veri, en expresión latina. Las falacias suelen dejarse pasar por pereza, desidia, elevada altura intelectual del afectado, atribución de falta de rigor a quien la sustenta o por la ingenua creencia de que el público sabrá distinguirla de un hecho verdadero y la olvidará. Decía el padre del cubismo, George Braque, que “la verdad existe, solo se inventa lo ilusorio”. Una de las curiosas inconsistencias de quienes condenan que los bancos maximicen sus beneficios es que no trasladan esa lógica a los Gobiernos. Puestos a utilizar el mismo lenguaje poderosamente emocional, cuantos más ingresos impositivos estén a disposición de los políticos, mayores pueden ser sus gastos para conseguir ser reelegidos. Quienes dentro y fuera de la política realizan juicios morales sobre la maximización de los beneficios muy pocas veces aceptarían trabajar por la mitad de sus salarios o incluso por la cuarta parte. A pesar de que los bancos manejen millones de euros, no es dinero de su propiedad. Gran parte de este procede de los ahorros o del dinero pagado a los fondos de millones de personas, muchas de ellas con ingresos modestos. Si estas personas no obtienen mayor rendimiento en un banco que en otro sector de la economía, los trabajadores cuyos fondos de pensiones necesitarán para que les proporcione un ingreso cuando estén en una edad avanzada podrían optar por otras empresas. De igual forma, los analistas financieros, en tanto que intermediarios que manejan fondos de pensiones y otras inversiones de un amplio número de personas, no van a querer aceptar para quienes les han confiado sus ahorros una ganancia menor de la que podrían obtener de otros sectores. La retórica emocional que desprecia los intereses y valores de muchas personas, al tacharlas de intermediarios insensibles, es muy falaz porque no demuestra de ninguna manera que quienes están empleados en los bancos tengan menos sensibilidad con las personas para las que trabajan como los políticos pudieran tener respecto de aquellos a quienes representan. Los bancos españoles han sabido adaptarse para capear el temporal, primero con tipos negativos y luego con una brusca y acelerada subida de tipos de interés para tratar de corregir errores de bulto de los supervisores. El efecto del error: el deterioro de las condiciones económicas y la depresión de nuevos negocios. 

La fortaleza del mercado laboral y el PIB, pese a los altos tipos de interés, dan alas a los Gobiernos europeos y de EE UU para pensar que pueden bajar la inflación sin caer en recesión España podría conseguirlo, aunque se enfrenta a la pérdida del ahorro familiar y a un alto nivel de déficit. Acaba el año con una economía mundial que ha sido, frente a todo pronóstico, fuente de más alegrías que tristezas. La fortaleza que ha mostrado el mercado laboral y el producto interior bruto, pese a los altos tipos de interés, ha dado alas a los Gobiernos europeos y de Estados Unidos para pensar que pueden alcanzar en 2024 la inmaculada desinflación –expresión que se popularizó en febrero de 2022 por una publicación del Financial Times–. Al igual que ocurre con la Virgen María, el término evoca un milagro: en el primer caso, el de la concepción sin la intervención de un hombre; y en el segundo, la reducción de los precios sin ocasionar por el camino una recesión económica. La paradoja de que se puede forzar una desescalada en los precios con crecimiento económico de por medio es en sí mismo un acto de fe, pues el dogma marca que una persistente inflación solo se aplaca subiendo los tipos de interés hasta provocar una recesión. Quien lo dude que se lo pregunte a los alemanes, donde la hiperinflación provocó una reforma monetaria que 100 años después aún recuerdan con miedo. Sin embargo, los datos apuntan a que Estados Unidos, España y algunos otros países europeos pueden estar ante una de esas pocas excepciones en las que la regla no se cumple. En opinión de Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, “hay una posibilidad de que estemos ante un aterrizaje suave gracias a dos elementos: el excedente de ahorro y la resistencia del mercado laboral. Y esto es así en Estados Unidos y en Europa en general, aunque en nuestro país se nota más”.

El presente de la antigua factoría de Nissan en la Zona Franca de Barcelona no es el que esperaban los 1.400 trabajadores que se quedaron sin empleo a fines de 2021. Casi dos años después de que saliera de sus líneas de montaje el último coche, una Nissan Navara, aún hay 980 exempleados a la espera de una solución. A día de hoy, solo hay unas 120 personas trabajando para el D-Hub (conformado por QEV y BTech) y otras 100 en el fabricante de motocicletas y nanocoches eléctricos Silence. De esas 980 personas desempleadas hay unas 330 haciendo cursos de formación subvencionados por la Generalitat de Cataluña para personas en situación de desempleo, a las que en diciembre se sumarán otras 276. Los sindicatos y el D-Hub están negociando la incorporación de estos trabajadores, a los que se les termina el paro en las próximas semanas. QEV, que recientemente ha salido a Bolsa en Ámsterdam tras fusionarse con una SPAC, y BTech proponen contratar a esas 606 personas en formación a partir de febrero, con contratos de formación dual para las primeras 330 personas mencionadas y un contrato normal para las otras 276, aunque ambos grupos recibirían el mismo salario: unos 19.000 euros brutos anuales. Esta cifra está lejos de lo prometido inicialmente y a los sindicatos no les gusta que las contrataciones sean a partir de febrero, ya que los extrabajadores de Nissan perderán el paro antes.

CaixaBank, BBVA, Santander, Ibercaja y Caser han diseñado su hoja de ruta para impulsar los nuevos planes y fondos de pensiones de empleo diseñados por el Gobierno para autónomos, pymes y administraciones públicas. Estas cinco entidades son las elegidas para lanzar en enero próximo los nuevos fondos de pensiones de empleo de promoción pública abiertos, en los que podrá invertir su patrimonio cualquier plan de pensiones de empleo, tanto los nuevos (simplificados) como los ya existentes. Su papel en el impulso de estos productos es doble ya que, como todas las gestoras de pensiones del mercado, disponen de una nueva oferta –los planes de pensiones de empleo simplificados– para ofrecer a sus clientes. Este nuevo producto cuenta con más beneficios fiscales desde la aprobación de la reforma en 2021 y, como su propio nombre indica, su tramitación es más sencilla para hacerlos más accesibles. Además, las cinco gestoras elegidas ofrecen sus fondos de pensiones de promoción pública abiertos, una propuesta que el resto no tiene. La entidades fueron seleccionadas por el departamento que dirigía José Luis Escrivá hasta el pasado día 21, al que ha sustituido Elma Saiz, como ministra de Seguridad Social y Políticas Migratorias. Las cinco firmas han dibujado ya su estrategia para impulsar los nuevos vehículos entre empresas y negociación colectiva; autónomos, y entes públicos, con especial foco en los locales.

La mayor operación que Pontegadea ha acometido este año en España (y en todo el mundo) no tiene nada que ver con el ladrillo. Hace 10 días se anunciaba la compra del 49% de una megacartera de energías renovables en la que Repsol mantendrá el 51%. A cambio ha pagado 363 millones. La última compra de Amancio Ortega no es una ocurrencia ni una extrañeza. En realidad, es coherente con el comportamiento inversor que Pontegadea ha tenido en España en los últimos tiempos. “Es una apuesta más por la diversificación, con un socio de referencia que, además, no es nuevo”, indican en el equipo de análisis de mercados de la firma. De hecho, la compra recuerda mucho a la que supuso el estreno del grupo en las infraestructuras renovables: en 2021 se hacía con parte de un parque eólico por 245 millones. El porcentaje y el vendedor eran los mismos que ahora. Dos años después, y sumando otra adquisición (de nuevo a Repsol) de un parque fotovoltaico, Pontegadea destaca que su cartera de energías limpias ya supera los 1.000 megavatios (MW) de capacidad. La compañía parece sentirse cómoda en ese sector. Su mayor participación industrial —una de las dos patas del grupo, junto con las inversiones inmobiliarias— sigue siendo Inditex, el gigante textil que fundó Amancio Ortega y lo ha convertido en uno de los hombres más ricos del planeta (su fortuna se estima actualmente en más de 86.000 millones de euros, según Forbes). Pero también posee porcentajes minoritarios en Enagás Renovables, las redes eléctricas de España (Redeia) y Portugal (REN), así como en Telxius, una empresa de torres de telecomunicaciones que comparte con Telefónica. En suma, desde hace años aumentan las posiciones del brazo inversor de Ortega en compañías con un denominador común: todas se relacionan con algún tipo de infraestructura y tienen socios de referencia que se encargan la gestión del día a día. 

La primera línea de alta velocidad en Asturias se inaugurará el miércoles con la presencia del Rey Felipe VI y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un primer trayecto que discurrirá entre Madrid y Oviedo, después de 19 años de obras y tras una inversión que alcanza los 4.000 millones de euros. La infraestructura que permitirá este nuevo hito en la historia ferroviaria del país será la nueva Variante de Pajares, un tramo de 50 kilómetros de longitud, de los que el 80% transcurren en túneles, y en el que han llegado a trabajar hasta 4.000 personas a la vez. Las obras comenzaron en 2004 y, pese a estar prevista su apertura en 2010, la complejidad geológica y morfológica del macizo montañoso que atraviesa ha provocado un retraso de hasta 13 años. De hecho, uno de los 12 túneles que tiene será de 25 kilómetros, convirtiéndose en el séptimo más largo del mundo. La infraestructura original se inauguró el 15 de agosto de 1884 por los reyes Alfonso XII y María Cristina y, aunque ha quedado obsoleta, todavía se seguía usando. La nueva Variante recortará en más de una hora el tiempo de viaje entre la capital y la región con los trenes actuales. La alta velocidad discurrirá desde Madrid hasta Pola de Lena (la primera parada ya en territorio asturiano), con parada en Segovia, Valladolid, Palencia y León. Más allá de Pola de Lena parará en Mieres, Oviedo y finalmente en Gijón, aunque ya sin ser alta velocidad, sino que compartirá vía con los trenes de Cercanías. En una primera fase, de Madrid a Oviedo se tardará entre 3 horas 39 minutos y 3 horas 58 minutos, dependiendo del número de paradas. Sin embargo, cuando Renfe reciba finalmente de Talgo los nuevos trenes Avril, se recortará a 2 horas 43 minutos, frente a las 4 horas 28 minutos que se demora actualmente este trayecto.