20231129

Un estudio de la Comisión Asesora de Lanbide constata una "brecha significativa" entre los perfiles que piden las empresas y la capacidad del sistema vasco para cubrir esa demanda, con lo que hay dificultades para encontrar determinados profesionales. Concretamente, el estudio señala a enfermeros, diversos tipos de ingenieros y bioquímicos. También hay déficit de universitarios con estudios de biología molecular y matemáticas, así como de titulados en Formación Profesional en las siguientes áreas: agraria, actividades físico-deportivas, electricidad y electrónica, fabricación mecánica, sanidad y química. Por ello esta Comisión Asesora para la prospección y detección de necesidades formativas recomienda a Lanbide adecuar la formación que ofrece a los perfiles que requieren las empresas. El estudio pone de relieve que ha aumentado el nivel de la cualificación de la población ocupada en Euskadi desde 2017, ya que el número de personas "con educación universitaria y de Formación Profesional ha aumentado significativamente". Según el informe, hay campos de conocimiento universitario (arquitectura y construcción e ingeniería y salud) con tasas de paro más bajas que otras ramas. Sin embargo, y pese a sus mejores resultados en los indicadores de inserción laboral, en estas titulaciones universitarias cada vez hay menos licenciados. Por el contrario, educación -uno de los campos con peor tasa de paro- ha experimentado un aumento. En el caso de la FP las menores tasas de desempleo se dan en las áreas de energía y agua, fabricación mecánica y agraria. En este caso hay una coincidencia entre el alza de los titulados en fabricación mecánica y agraria y su inserción laboral. 

Entrevista con Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Considera inaceptable retirar el subsidio de paro a quien rechace una oferta de trabajo, ahora que se prepara una reforma del sistema de empleo. Asegura que las cuantías de las prestaciones en España no son como para disuadir de buscar trabajo. "No se pueden endurecer las penalizaciones con lo mal que funciona el servicio público de empleo. A los parados no les llegan las ofertas, ni formación ni orientación laboral. Me parece una pasada de frenada inaceptable que el Gobierno se plantee ir por ahí, según los globos sonda que han llegado...Solo sé lo que he leído en los medios y al parecer son propuestas de Economía, dentro del paquete que va a llevar a Bruselas. Me parece un debate insultante para los desempleados, que alimenta la tesis de la extrema derecha de culpabilizarles y colocar el problema en los subsidios. En España las cuantías económicas de las prestaciones no disuaden de buscar trabajo... Las posiciones sobre la subida del SMI están alejadas, con lo cual no está nada claro que vayamos a cerrar un acuerdo...Sobre la indemnización por despido, nosotros presentamos una demanda ante el Comité de Derechos Sociales de la UE en febrero de 2022 en la que denunciábamos que la indemnización por despido en España solo tiene en cuenta la antigüedad. El fallo saldrá a principios de 2024 y seguro que ganaremos. Lo que reclamamos es que esto se corrija en la legislación con una indemnización mínima de seis meses de salario, tal como se ha hecho en Italia...Creo que las empresas deben concretar sus necesidades y los servicios públicos de empleo formar a los desempleados para atenderlas. Habrá sectores en los que sea difícil cubrir la demanda por las condiciones. Solo hay que recordar eso que dijo el presidente de la patronal de hostelería de que en esa actividad se trabajan 12 horas. Eso no se soluciona con inmigrantes en situación precaria. El Gobierno ha comprado las tesis de la patronal también ahí...– El alto absentismo se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de las empresas, especialmente en Euskadi. ¿Qué propone?– Nosotros ya hemos apostado por estudiar el tema porque se mezclan muchos factores: la falta de recursos en la atención sanitaria, el aumento de los problemas de salud mental derivados del estrés laboral... No se puede simplificar con la idea de que la gente no quiere ir a trabajar". 

La visita de Pepe Álvarez a Vitoria se produce en medio de la convulsión por el anuncio de Michelin de que prescindirá de 150 trabajadores y que frena su inversión de 75 millones de euros en la planta. "– Michelin ha tomado la decisión justo después de que en la planta alavesa ganase la opción, defendida por ELA y LAB, de rechazar el convenio y salir del comité intercentros. ¿Cree que es una consecuencia?- No, no creo que en esto caso haya una causa efecto y eso que UGT no comparte la posición de ELA y LAB. Después de hablar mucho de este tema, la conclusión es que la empresa ya tenía esa decisión tomada de antemano. Quería recortar plantilla en vez de recurrir a medidas de flexibilidad. En el caso de concreto de Michelin lo veo así. Otra cosa es que, en general, al negociar los convenios en una multinacional hay que tener en cuenta que, cuando advierten que van a tener lío un día sí y otro también, se van.– ELA y LAB suelen tener posiciones más extremas, pero luego ganan las elecciones sindicales, como ocurrió en Mercedes. – Nosotros decimos a los trabajadores la verdad de lo que hay y en las negociaciones tenemos en cuenta que las multinacionales se pueden llevar la carga de trabajo a otras plantas. ELA y LAB tienen una posición demagógica y cortoplacista que lleva a situaciones sin salida. Las personas que les dan soporte tendrán que atenerse a las consecuencias". 

Si la multinacional francesa anunciaba la semana pasada un reajuste en su plantilla de Vitoria, que afectará a 150 trabajadores, ayer la empresa hizo pública una drástica reestructuración de tres de sus factorías en Alemania. Allí la firma ha decidido cesar gradualmente la producción en sus plantas de Karlsruhe y Trier, así como la producción de neumáticos nuevos y productos semiacabados en Homburg. La medida, cuyo desarrollo concluirá a finales de 2025, afecta de 1.410 trabajadores, a los que se unen otros 122 que desarrollaban su labor en el centro de atención al cliente del Karlsruhe, que será trasladado a Polonia. La contundente medida obedece a varios factores según un comunicado oficial. Por un lado la entrada en el mercado de «los neumáticos ‘low cost’ para camiones procedentes de países asiáticos» y por otro «el aumento de los costes de producción en Alemania». Michelin asegura que se trata de «decisiones inevitables para hacer frente a estas tendencias a largo plazo». Un futuro que tanto en el país germano como «en las demás regiones del grupo, depende también, y «en particular», «del contexto y la demanda del mercado, la competitividad de las plantas y la calidad del diálogo entre la empresa y sus interlocutores sociales». «Solo juntos se puede lograr el mejor resultado y la mayor competitividad posibles. Esto ayudará a tomar decisiones responsables desde el punto de vista empresarial y de las personas», detalla una nota en la que Maria Röttger, directora de la región de Europa del Norte de Michelin, califica la decisión como «muy difícil y dolorosa de tomar».

La nómina mensual de las pensiones en Euskadi ha ascendido a 853 millones de euros en noviembre, una cantidad a la que hay que añadir la paga extra de fin de año, que suma otros 850 millones. Así, en total, la cantidad destinada este mes a las pensiones vascas supera los 1.700 millones, según los datos dados a conocer ayer por el Ministerio de Seguridad Social. Tres cuartas partes de la nómina mensual, 646 millones –sin incluir la paga extra–, se han destinado a abonar las 382.915 pensiones de jubilación vascas. Son 6.414 más que hace un año y perciben ya, de media, 1.687 euros, un nuevo techo histórico que roza la cifra simbólica de los 1.700 euros y es un 22% superior a los 1.377 de la media en el conjunto de España. Sumando a la mensualidad ordinaria la paga de fin de año, la cantidad media que reciben los jubilados vascos este mes asciende a 3.375 euros. Por otra parte, hay 39.393 pensiones de incapacidad, 134.411 prestaciones de viudedad, 15.838 de orfandad y 2.239 en favor de familiares. En total, el número de pensiones en Euskadi asciende a 574.796. Son 5.551 más que el año pasado, y con una retribución media de 1.484 euros, un 9,45% más que hace un año y por encima de la media nacional de 1.197 euros. Con la paga extra, la cantidad media recibida por este colectivo en Euskadi es de 2.969 euros, la más alta de España, cuya cifra media asciende a 2.396 euros contando el abono de la extra. El coste mensual de todas las pensiones vascas ha crecido un 10,5% sobre noviembre del año pasado y acumula un gasto total en los primeros once meses de 11.020 millones de euros. 

El socialista José Antonio Santano (Irun , 1965) tomó posesión ayer, a la una de la tarde, como secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible. De camino a Madrid, el ya exalcalde de Irun concedió a este periódico su primera entrevista de la nueva etapa política que ayer mismo inició con una primera reunión por la tarde con el ministro Óscar Puente. Tras 21 años de alcalde, sus preocupaciones a partir de ahora tendrán que ver con Adif, Aena, Renfe, puertos del Estado... Entre los retos asegura que van a darle el «máximo impulso» al TAV y acelerar las obras de las estaciones de todo el país, y de las de Euskadi en particular.

El Puerto de Santander ha protestado formalmente ante la Autoridad Portuaria de Bilbao y también ante el organismo Puertos del Estado, por lo que ha calificado como «una acción sin precedentes». Esta ha sido la reacción a la convocatoria de una «jornada promocional» organizada ayer en Santander por Uniport, la asociación clúster que reúne a la comunidad portuaria de Bizkaia y en la que además del propio Puerto de Bilbao están representadas decenas de empresas de logística. En síntesis, el Puerto de Santander ha interpretado –con bastante lógica– que hay un intento desde los muelles vizcaínos por convencer a las empresas importadoras y exportadoras de Cantabria sobre las bondades y ventajas competitivas que tiene Bilbao frente a Santander. El Gobierno de Cantabria también reaccionó ayer calificando de «deslealtad» la iniciativa comercial porque, sostienen también desde el Puerto de Santander, «las acciones comerciales de los puertos en su área de influencia son habituales, pero jamás hay actuaciones de este tipo en ciudades en las que hay otra autoridad portuaria. No conocemos un antecedente similar en ninguno de los puertos españoles». Fuentes de Uniport aseguran, sin embargo, que la jornada de ayer –una reunión en un hotel de Santander y el trasladado de los asistentes en autobús para visitar los muelles vizcaínos– no es la primera vez que se convoca. «Ya se ha hecho otras veces en Santander», aseguran. Fuentes consultadas señalan que los máximos responsables del Puerto de Bilbao, pese a que la institución también pertenece a Uniport, «no tenían conocimiento de que estaba programada esta acción, ni sus responsables han participado en ella». 

La empresa de logística Algeposa construirá una nueva terminal polivalente en el Puerto de Pasaia, después de que la Autoridad Portuaria haya aprobado la adjudicación de una parcela de 7.247 metros cuadrados en el muelle de Buenavista. Con esta operación, la estibadora incrementa su presencia en la dársena guipuzcoana hasta alcanzar una ocupación de cas 35.000 metros cuadrados. La Autoridad Portuaria de Pasaia ha dado a conocer hoy el acuerdo adoptado a inicios de octubre por su Consejo de Administración de conceder a Algeposa estos nuevos terrenos, en un proceso de licitación al que sólo se presentó su solicitud. La autoridad del Puerto de Pasaia ha incidido en la duración del contrato, que se sitúa en 30 años, puesto que refuerza su estrategia de propiciar acuerdos a largo plazo porque, según afirma, fomenta que estas empresas realicen inversiones en el recinto portuario y adquieran un compromiso de permanencia. Los planes de Algeposa son edificar y explotar una nueva terminal polivalente en esta área que le permitirá incrementar su capacidad de gestión de mercancías. Desde el punto de vista sostenible, la estibadora guipuzcoana ha previsto incorporar una grúa híbrida, que aumenta la eficiencia energética en su funcionamiento.

Sara Ortiz. 2016az geroztik, CIC energiGUNEko ekonomia eta finantza zuzendaria da. Proiektuaren hastapenetatik dihardu ikerketa zentroan. "Ikerlarien zerbitzurako egiten dugu lan, ahalik eta distira gehien egin dezaten", plazaratu du. Ampeako zuzendari onenaren saria jaso du duela aste batzuk: "Geroz eta emakume gehiago gaude kontseilu eta zuzendaritza batzordeetan. Aitortu beharra dago sektore guztietan ez dela erritmo berean ematen ari aldaketa, badira tradizionalagoak diren industria batzuk, zeinak motelago dabiltzan". Gehiago irakurri hemen

Poco a poco la mujer va conquistando espacios de igualdad en todos los ámbitos de la vida y el de la empresa no es una excepción. La presencia femenina es cada vez mayor en las fábricas y oficinas, pero también en los despachos. Allí donde se toman las decisiones. Queda, por supuesto, camino por recorrer, pero la equiparación de sexos en el mundo empresarial «es imparable». Lo creen firmemente aquellas que con su dedicación y brega diaria han llegado a ocupar puestos de responsabilidad y que ahora son fuente de inspiración para las que vendrán en un futuro. A esas empresarias, líderes y referentes está dedicado el Premio Empresarial que cada año otorga la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia (AED). La decimoséptima edición, cuya ceremonia tendrá lugar hoy en el Hotel Carlton de Bilbao, ha querido premiar la «exitosa» trayectoria profesional de Teresa Madariaga, presidenta de Ingeteam, y de Saioa Goitia, CEO de la firma de moda Sophie et Voilà. El galardón también distingue a las empresas o entidades del territorio que ponen en marcha procesos y políticas que permitan «la incorporación plena y efectiva de las mujeres en el tejido empresarial». Este año esa distinción ha recaído en la empresa Ormazabal. Teresa Madariaga Presidenta de Ingeteam «La equiparación de sexos en la empresa es imparable». Ingeteam es una multinacional vizcaína del sector de la energía. Tiene una plantilla de más de 4.500 trabajadores, presencia en 21 países y desde 2015 una mujer en su despacho presidencial. Es Teresa Madariaga, una de las 100 mujeres líderes en España, según el ranking Women to Watch de PwC. Madariaga se muestra orgullosa de recibir un premio otorgado «a las mujeres que, como yo, queremos participar, y de hecho participamos de forma activa, en el cambio social y empresarial tan necesario en el mundo en el que vivimos».

El gabinete Urkullu ha tomado como aliado a las Cámaras de Comercio para alumbrar una EPSV de empleo preferente exclusivamente para los autónomos. Una bolsa de ahorro que sólo se podrá cobrar en forma de renta mensual. Una iniciativa que podría beneficiar, si así lo quisieran, a 167.000 trabajadores por cuenta ajena, de los que 64.200 son guipuzcoanos, que hoy cotizan como autónomos en la comunidad autónoma. El Gobierno y las Cámaras de Comercio de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava firmarán el próximo 15 de diciembre un convenio para dar carta de naturaleza a esta iniciativa, en la que el Ejecutivo «lleva trabajando casi dos años», según explicaron ayer a DV fuentes del departamento pilotado por Pedro Azpiazu. La idea es que la futura EPSV esté ya en marcha a mediados del próximo ejercicio. Para apoyar los trabajos iniciales y de análisis sobre cómo darle la forma definitiva a esa entidad de previsión social voluntaria, el Gobierno concederá una subvención de 100.000 euros que servirá para afrontar, entre otros, los gastos de creación, constitución e inscripción en el Registro de EPSV de Euskadi. Está previsto también que esos recursos se puedan usar para desarrollar una campaña de información y sensibilización para el colectivo. Las aportaciones de los autónomos deberán ser periódicas. «Sin embargo –matizaron desde el Gobierno Vasco– dado que las contraprestaciones que perciben las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas pueden no ser regulares en el tiempo, cabe que se realicen aportaciones extraordinarias coherentes con las cotizaciones que se realicen al primer pilar». El papel del Gobierno Vasco será de acompañamiento, y es que las grandes protagonistas de la futura EPSV serán las Cámaras. Las tres actúan «coordinadas». 

Es el último trámite legal que falta para activar los cambios incluidos en la nueva ley de Empleo Público y mañana será solventado. El Parlamento vasco aprobará este jueves la ley de Salud Pública, dentro de la cual se incluye una disposición adicional para permitir a Osakidetza contratar a médicos especialistas y profesionales de la enfermería con nacionalidad extracomunitaria, siempre que tengan su titulación homologada. La medida no pondrá por sí sola fin a los problemas de falta de facultativos que existen en algunas áreas concretas de la sanidad vasca, pero sí puede mitigar esta carencia. Solo en Atención Primaria el Servicio Vasco de Salud tiene 186 plazas estructurales de médicos de familia y pediatras que no logra cubrir, a las que hay que sumar otras 33 de pediatras hospitalarios. En algunos servicios de Urgencias y de Anestesia y Reanimación también hay escasez de personal, por citar otros ejemplos. La nueva normativa puede dar además oxígeno a Osakidetza a la hora de intentar cubrir con personal extracomunitario esas plazas que quedan vacantes durante los periodos vacacionales o las bajas de larga duración. También podrá ser una herramienta a la que poder agarrarse para reducir la sangría que provocarán las jubilaciones. Solo este año Salud preveía que colgasen la bata en Bizkaia 524 sanitarios, a los que habrá que sumar 814 más en los próximos dos ejercicios.

La ley vasca de Educación encara su recta final para convertirse en una realidad el 21 de diciembre, fecha prevista para su votación en el pleno del Parlamento Vasco. Finalmente serán solo los socios de gobierno, PNV y PSE, los que validarán con sus votos la norma que regirá el sistema educativo en los próximos años. La decisión de EH Bildu de desmarcarse deja un sabor agridulce en el equipo del consejero de Educación, Jokin Bildarratz, que ha visto cómo en la recta final el pacto educativo firmado en marzo por el 90% de los representantes de la Cámara ha quedado diluido. La inclusión de la enmienda que recoge los modelos lingüísticos ha sido la línea roja que EH Bildu, tras consultar a sus bases, no ha querido traspasar y confirmó ayer su decisión de votar ‘no’ al proyecto de ley educativa con el 95,74% de los votos de los bilkides. Tras la votación esta tarde en el Parlamento del informe de la ponencia sobre el dictamen del proyecto de ley, quedará tan solo el último trámite, el de su paso por el pleno para su aprobación definitiva antes de navidades. Desde el Gobierno Vasco afirman que es «difícil de entender» que EH Bildu «se descuelgue del texto completo», dijo ayer su portavoz, Bingen Zupiria, después de que la coalición votara en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por el resto de los grupos de la oposición. Zupiria destacó «el intenso contraste y negociación» que se ha dado en torno a esta ley, para la que se realizó un proceso de consulta con diferentes agentes antes de llegar a un pacto educativo a día de hoy roto.

Las empresas que prestan fundamentalmente servicios a la Administración con trabajadores en las más bajas escalas salariales (esto es, servicios de limpieza o servicios sociales, entre otros) se han visto atrapadas por una tenaza articulada entre la fuerte subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en los últimos años, además del alza de los costes de ciertos suministros, y la imposibilidad para trasladar estas subidas a la Administración, establecida en la Ley Contratos del Sector Público, una norma que se aprobó en 2017, cuando la inflación ni siquiera estaba en el horizonte. Por ello, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, urgió ayer al Gobierno a indexar estas subidas del SMI a los contratos públicos para evitar que los márgenes empresariales se vean laminados. Así, se mostró favorable a una mayor subida del salario mínimo, pero “lo que nos tiene que explicar el Gobierno es si va a implementar esa subida a los contratos públicos”, reclamó Garamendi en la rueda de prensa tras la inauguración del IV Foro Económico Francia-España en el que participó también el presidente de la patronal francesa Medef, Patrick Martin. Garamendi fundamentó su reclamación de que la subida del SMI se aplique a los contratos públicos en que “muchas pequeñas empresas que dan servicios públicos están realmente asfixiadas porque es muy fácil decir tú sube los salarios pero yo, sin embargo, me abstengo de aplicar la parte que me toque”. 

Las patronales de España, CEOE y Francia, Medef, abogaron ayer por una reducción de las normas europeas que, según explican, generan “problemas administrativos” e impiden una unidad de mercado en la Unión Europea que hace perder competitividad a las empresas frente a otros mercados internacionales. “Lo que estamos planteando es una reducción de los problemas administrativos que se generan en Europa, queremos apostar por la unidad de mercado, unidad de capitales, el tránsito de personas por los países, igualdad de oportunidades”, señaló el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, tras una reunión con la patronal francesa Medef en la inauguración del ‘Foro Económico Francia-España’. Garamendi recordó que “en los últimos años hay más de 850 normas europeas que luego se trasladan a los países y nos generan esa rotura de la propia unidad de mercado”. Por su parte, el presidente de Medef, Patrick Martin, quiso subrayar que el siguiente año, en junio, tendrán lugar las elecciones al Parlamento Europeo y las patronales quieren trasladar un mensaje de “crecimiento responsable” frente a la corriente de “decrecimiento” en Europa. “Es importante que nuestras empresas, que nuestros movimientos patronales, más que nunca se expresen. Y se expresen para llevar una tesis en la que nosotros creemos que es la del crecimiento responsable. Debemos de llevar un mensaje de pragmatismo, de ver las cosas a largo plazo, las empresas por eso son sinónimo de empleo y de desarrollo duradero”, dijo. Asimismo, el presidente de Medef añadió la necesidad de afrontar el reto de la transición energética, para lo que defendió la necesidad de mejorar las interconexiones con las energías renovables de la Península Ibérica.

Terremoto normativo en el sector energético. Esta vez desde Bruselas. La Unión Europea ha lanzado un aluvión de directrices para incentivar las redes eléctricas y para poner orden en las nuevas redes que transportarán hidrógeno. Todo ello va a desatar una carrera entre las empresas en la que, de partida, hay en juego cerca de 30.000 millones de euros. El tsunami afecta a las grandes eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa, EDP, Naturgy y Redeia (Red Eléctrica). Y también a las grandes gasistas. Además de Naturgy, atañe a Enagás, Redexis, Nortegas y Madrileña Red de Gas. La Comisión Europea ha presentado un “plan de acción” para incentivar la inversión en redes eléctricas, una infraestructura que según sus cálculos precisará 584.000 millones de euros en la presente década. “Para integrar grandes cantidades de electricidad verde y electrificar los sectores de consumo, necesitamos ampliar enormemente nuestras redes de transmisión y distribución. Y debemos hacerlo en poco tiempo y de manera rentable”, dijo en la presentación del plan la comisaria europea de Energía, Kadri Simson. El plan menciona una serie de pautas a seguir por los Estados. Entre ellas, acelerar permisos para desplegar redes e incentivar nuevas infraestructuras, como los puntos de recarga de vehículos eléctricos. También menciona la posibilidad de usar fondos europeos, incluidos los destinados al ámbito regional, los famosos fondos Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Estos fondos van a ser uno de los frentes de batalla. Grupos como Iberdrola y Endesa llevan meses reclamando al Gobierno español una política proactiva para que les ayude en el despliegue masivo de nuevas redes eléctricas auténtico cuello de botella para el desarrollo masivo de renovables. Sin nuevas redes para el transporte, no cabrán nuevas renovables en el sistema eléctrico.

Al menos 424 gigavatios de capacidad de generación de energía fueron instalados el año pasado a nivel mundial, con la energía solar y eólica representando un poco más del 80% de estas nuevas incorporaciones. El rápido despliegue de ambas tecnologías verdes tiene un lado B, al eclipsar al resto de soluciones que podrían contribuir a la descarbonización, especialmente en las industrias que presentan más complejidades para su electrificación. Casi un 20% del total de la oferta energética en 2040 podría ser provista por la bioenergía, según datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE). Esto significa que buena parte del calor, electricidad y combustibles necesarios para un futuro más verde podrían proceder de la transformación de material orgánico ya existente y que, en la actualidad, muchas veces es desechado. “La transición energética pasa necesariamente por el aprovechamiento y el uso de la biomasa, especialmente en sectores industriales termointensivos”, comenta Elías Hernández Igeño, director general de Enso, una firma especializada en la introducción de esta tecnología. “La industria agroalimentaria y farma, por poner solo dos ejemplos, necesitan calor para sus procesos industriales y hoy utilizan combustibles fósiles para lograrlo”, explica Hernández Igeño.

El modelo español de concesiones no funciona, lo que se traduce en su practica desaparición en el ámbito de la obra pública, mientras que sobrevive en el sector servicios amparado en las licitaciones menores que re alizan los ayuntamientos. Esta es la principal conclusión del reciente informe publicado por Oirescon, la oficina de regulación y supervisión de la contratación pública en España dependiente del Ministerio de Hacienda. El informe pide, para llegar a los estándares europeos y cumplir con la normativa comunitaria, mejorar la rentabilidad de los proyectos y poner fin a la inseguridad jurídica en España. “Entre los principales problemas figura que se genera una seria dificultad en los proyectos concesionales para definir la existencia de transferencia de riesgo operacional (inseguridad jurídica) y la ausencia en los proyectos de una rentabilidad apropiada”, destaca el informe publicado la semana pasada, pocos días después de que el nuevo Gobierno echara a andar. Las conclusiones de Oirescon son importantes, ya que se trata del primer organismo oficial que se suma a una reivindicación permanente de los grandes grupos de infraestructuras españoles como Abertis, ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona, entre otros, agrupados en torno a a la patronal Seopan. En opinión de las empresas, España está perdiendo la oportunidad de atraer inversión privada por valor de más de 100.000 millones de euros aprovechando la palanca de los modelos concesionales que sí emplean otros países del entorno. Según la Oirescon, en la UE, los contratos de concesión representan, aproximadamente, el 13% de la obra licitada, mientras que en España es inferior al 4% y menos del 1% , si solo se tiene en cuenta las unidades inversoras del Estado como Adif, Puertos, Dirección General de Carreteras y Aena, entre otros organismos públicos.

Andrea Enria (La Spezia, Italia, 1961) afronta los últimos compases de su mandato como presidente del Consejo de Supervisión Bancaria Europea del BCE. El colofón a toda una carrera dedicada a la vigilancia de las entidades financieras. Enria, que quiere seguir aportando su experiencia a este campo en el futuro, hace balance de su etapa en Fráncfort, en la que ha lidiado con los efectos de la pandemia, la guerra en Ucrania y las subidas de tipos. "Las valoraciones bajas han sido una preocupación para nosotros como supervisores durante mucho tiempo. Si un banco tiene una baja valoración de mercado implica que, si necesita aumentar capital, le será muy difícil conseguirlo, pues tendría que diluir a los accionistas existentes. Hemos observado, por ejemplo, que en el caso del Silicon Valley Bank, el banco tuvo pérdidas en su cartera de deuda y acudió a los accionistas para solicitar una recapitalización, pero no le brindaron apoyo y retiraron sus depósitos, lo que resultó en la quiebra del banco en cuestión de horas. Las bajas valoraciones son una preocupación desde el punto de vista de la supervisión. Después de las tensiones de marzo, vimos que los bancos que estaban en el radar de los mercados en cuanto a preocupación eran precisamente los que tenían bajas valoraciones de mercado. Es importante que los bancos fortalezcan gradualmente su capacidad de inversión, su atractivo para los mercados...Las decisiones de algunos gobiernos de introducir nuevos impuestos han reforzado, para la mayoría de los inversores, la percepción de que los bancos europeos nunca serán rentables porque cuando comienzan a serlo alguien llega y les quita las ganancias a los accionistas... Hay una percepción, que es bastante generalizada, de que los bancos están obteniendo ganancias enormes y desproporcionadas. Es cierto que la rentabilidad ha mejorado significativamente, pero el retorno sobre el capital (ROE) de los bancos europeos sigue siendo inferior al coste del capital...hay cierta preocupación de que cuando se lanzan estos impuestos generalmente se etiquetan como temporales, pero hemos visto tras la crisis financiera global que tienden a permanecer durante un período más largo del previsto. En general, pueden generar un lastre más largo sobre la rentabilidad..."

Continuación de la entrevista con Andrea Enria, presidente del Consejo de Supervisión Bancaria Europea del BCE. "Hay un desafío claro para los bancos. Las grandes tecnológicas podrían obtener una licencia bancaria y, si lo hicieran, surgiría el problema del gran poder de mercado que tendrían en términos de su capacidad para concentrar una enorme cantidad de información a nivel mundial. De momento, no muestran interés en ir en esa dirección, tal vez porque no quieren ser supervisadas de la misma forma que los bancos. Sin embargo, si eso llegara a suceder, sería un problema en términos de la estructura del mercado. Las grandes tecnológicas también podrían, como están haciendo ahora, desarrollar más la banca como servicio, que creo que es el verdadero desafío al que se va a tener que enfrentar el sector. Estas empresas pueden actuar en diferentes puntos de la cadena de valor bancaria sin obtener una licencia, pero de facto ofreciendo, a través de asociaciones o filiales, diferentes tipos de servicios que emulan una parte significativa del negocio de los bancos. Y en este momento no sabemos cómo abordar ese aspecto desde un punto de vista regulatorio o de supervisión, por lo que es un desafío importante..."

Las multinacionales extranjeras instaladas en España reclamaron ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haga una política macroeconómica estable, que sea predecible y reduzca la regulación que afecta a la actividad de las empresas. Todo ello con el objetivo de atraer más inversión extranjera. Las compañías consideran que si se cumplen todas estas condiciones, más una aplicación correcta de los fondos europeos de recuperación, España podría obtener entre 2023 y 2030 una inversión media anual, procedente de las empresas extranjeras, equivalente a los 42.000 millones de euros. El doble de los 20.500 millones de euros que tuvo de media entre 2013 y 2022. Por lo tanto, la asociación Multinacionales con España subraya que hacia el final de la década la inversión extranjera acumulada en las empresas podría estar en una horquilla comprendida entre los 785.000 y los 992.343 millones de euros. Desde los 530.000 millones que había al cerrar 2022. Tanto en los nuevos proyectos, cuando hay que levantar una filial de nueva planta, como con la compra de una empresa que ya está en España. En estos momentos, hay 14.700 filiales de multinacionales extranjeras en España que dan trabajo de forma directa a 1.765.491 personas, y a 2,5 millones, de forma indirecta. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió ayer a las multinacionales extranjeras que están instaladas en España que mantengan su apuesta por el país. Y, para ello, les ofreció “certidumbre, estabilidad y una política económica que les dé confianza” para atraer inversión extranjera. Sánchez clausuró el congreso de la asociación Multinacionales con España, que acaba de cumplir diez años. El presidente aprovechó la ocasión para trasladar la imagen de un país estable, desarrollado, pacífico y con un futuro prometedor, gracias a los 166.000 millones de euros de los fondos europeos de recuperación.

El inicio de la fabricación de coches eléctricos en la planta de Seat de Martorell (Barcelona) se retrasará un poco más de lo previsto, unos seis meses, y no será una realidad hasta 2026. El retraso se vincula a la adaptación de las plataformas de las baterías que montarán esos vehículos, los más pequeños de Grupo Volkswagen. En la factoría catalana se ensamblarán los modelos para Volkswagen (ID.2) y Cupra (Raval), que tienen que convertirse en la punta de lanza de la democratización de los coches cero emisiones del consorcio alemán, además de los que se produzcan para Skoda en Navarra. Fuentes sindicales indicaron que los primeros coches eléctricos saldrán de Martorell durante el primer trimestre del año, mientras que un portavoz de la compañía, sin negar esa nueva fecha, mantiene que el estreno se prevé a partir de 2025. Una de las dudas, es si esos primeros vehículos montarán celdas de baterías fabricadas en la gigafactoría que se construye en Sagunto o si se tendrá que tirar de la planta alemana de Salzgitter, la primera impulsada en solitario por el grupo a través de su filial Powerco. En todo caso, la remodelación necesaria de la fábrica, que ha obtenido ayudas tanto del Gobierno como de la Generalitat, se iniciará el próximo año.

La competencia entre las marcas chinas en España aumentará el próximo año con el aterrizaje, previsto para la primera mitad de año, del gigante GWM (Great Wall Motors). La nueva estrategia en el mercado europeo contempla integrar sus marcas Wey y Ora como dos líneas de modelos bajo el paraguas de GWM. La compañía asiática opera actualmente en Europa en países como Alemania, Suecia, Irlanda, Reino Unido y también Israel y el año que viene llegará a nuevos mercados como España, Austria, Suiza, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca o Grecia. GWM no ha confirmado cuál será su estrategia en España, aunque es previsible que apueste por una extensa red de concesionarios. Según adelantó La Tribuna de Automoción, GWM se ha decantado por Salvador Caetano para la importación en España, donde competirá con otras firmas del país asiático como Omoda, Smart, BYD o MG, que lidera la ofensiva china. Inicialmente, los vehículos que comercializa GWM en Europa estarán fabricados en China, aunque, según confirman fuentes de la empresa, la previsión es en un futuro próximo construir una planta de producción en Europa, aunque para ello debería registrar volúmenes superiores de ventas en la región. A cierre de año, prevé matricular unas 70.000 automóviles en los mercados europeos en los que opera.

La compañía española Ferrovial ha llegado a un acuerdo para la venta de su participación en el aeropuerto de Heathrow –principal de Londres por volumen de pasajeros– a las entidades Ardian y PIF, el fondo soberano saudí, por 2.735 millones de euros (2.368 millones de libras esterlinas). Según ha comunicado la operadora de infraestructuras este martes, Ferrovial contaba con el 25 % del capital social de FGP Topco, sociedad matriz de Heathrow Airport Holdings Ltd. Dicha participación se ha dividido entre las sociedades de inversión Ardian, que se ha hecho con el 15% de FGP Topco antes en manos de la empresa española, y el fondo soberano saudí, que ha comprado el 10% restante, a través de operaciones separadas. La entidad ha formado parte del desarrollo de la infraestructura londinense durante los últimos 17 años, con la supervisión de una inversión de 13.861 millones de euros (12.000 millones de libras) o la construcción de la terminal 2 del aeropuerto. El acuerdo de venta de Ferrovial, que se convirtió en accionista mayoritario de Heathrow en 2006, está sujeto a determinados derechos del resto de accionistas.

“La humanidad ha abierto las puertas del infierno”. Lo dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, en una reciente cumbre en Nueva York. La COP 28, que se celebrará del 30 de noviembre al 12 de diciembre en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), congregará a unos 70.000 dirigentes, diplomáticos, empresarios, informadores y activistas de casi doscientos países bajo el lema: “Unir. Actuar. Cumplir”, con el fin sellar acuerdos que ayuden a cerrar esas puertas del infierno a las que se refería Guterres. Una tarea complicada si se tienen en cuenta los datos recién dados a conocer por The Lancet Countdown on Health and Climate Change, que revelan que el planeta va camino de alcanzar un calentamiento de 2,7 °C, muy por encima de la senda de 1,5 °C acordada en París, “con graves riesgos para la salud y la supervivencia de miles de millones de personas en todo el mundo”. Datos que vienen a coincidir con los registrados por The MSCI Net-Zero Tracker: “Las empresas cotizadas van camino de calentar el planeta 2,5 °C por encima de la etapa preindustrial; esta trayectoria no está alineada con el Acuerdo de París, aunque es medio grado centígrado menos que hace dos años, según el análisis de las futuras trayectorias de emisiones y los compromisos climáticos actuales”.

La Comisión Europea quiere combatir la inmigración irregular poniendo el foco en las mafias y endureciendo las penas. Bruselas pretende armonizar las definiciones legales sobre tráfico de personas en toda la Unión Europea y las sanciones para este tipo de crímenes –que son transnacionales– con penas de hasta 15 años de cárcel para el traficante si se produce la muerte de migrantes. La pena se quedaría en un máximo de 10 años si el traficante emplea “violencia grave”, si forma parte de una organización criminal y otros agravantes, según una propuesta de directiva presentada este martes en Bruselas. En España, esa propuesta supondría elevar las penas, porque la máxima ahora son ocho años. La iniciativa del Ejecutivo comunitario busca ampliar la jurisdicción para perseguir estos delitos también en aguas internacionales (por donde transita en parte este tráfico). La Comisión, que explora fórmulas para reducir las llegadas de migrantes irregulares, quiere, además, dar más poder a Europol, la agencia europea para grandes delitos internacionales, y reforzar la cooperación entre los socios. Bruselas asegura que el 90% de los inmigrantes irregulares que llegan a la UE usan diferentes servicios de traficantes.