20231206

Los partidos del Gobierno, PNV y PSE, pactaron ayer con EH Bildu dar fuerza de ley a una vieja reivindicación. Se trata de la obligación de devolver las ayudas que estas empresas han cobrado de la administración vasca si abandonan o sacan su producción de Euskadi. Así lo dio a conocer ayer la coalición independentista en un comunicado oficial en el que su parlamentaria Leire Pinedo señaló que «nos parece bien ayudar a las empresas, pero hay que exigirles también responsabilidad y compromisos como el del arraigo en el territorio». Además, el acuerdo incluye el compromiso de aprobar la norma «antes de final de año» para garantizar su entrada en vigor, aunque se produzca un adelanto electoral. Lo que hace prever que el pleno del próximo 21 de diciembre se convierta en una sesión ‘escoba’ que también tramitará la Ley del Instituto Vasco de Finanzas. Bildu planteó esta opción en una proposición de ley en el Parlamento vasco y tanto el PNV como el PSE se mostraron dispuestos a recoger esta regulación en la Ley de Subvenciones que iba a promover el Ejecutivo autonómico. Y así ha sido. En la tramitación de esa norma, que cerró su dictamen la pasada semana, se añadió un nuevo título con tres artículos que regulan la deslocalización. Según el texto, la empresa que haya recibido algún tipo de subvención del Gobierno vasco tendrá que devolverla si se marcha de Euskadi, cierra uno de sus centros de fabricación, echa a la mitad de la plantilla o reduce significativamente su producción. Además, también incurrirá en la obligación de devolución si en el plazo de tres años inmediatos desarrolla en otro lugar diferente al País Vasco la misma actividad. Solamente quedan exentas de devolución las líneas de ayudas recibidas para el impulso del euskera o para actividades de formación de la plantilla. La patronal vasca, Confebask, que compareció en el Parlamento durante la tramitación de la ley, consideró la medida como «injusta y desproporcionada». La directora de su departamento Laboral, Virginia Múgica, apostó por legislar en positivo, desde el fomento, no desde sanciones. «Tenemos que captar empresas. No podemos o no debiéramos legislar ahuyentando a las que quieran venir», subrayó.

La mayoría sindical de Michelin Vitoria aprobó ayer el plan de bajas incentivadas propuesto finalmente por la dirección para ajustar la plantilla de la empresa alavesa en 150 trabajadores. Una apretada mayoría del comité –doce votos a favor, nueve en contra, dos abstenciones y cuatro ausencias– dio luz verde a la oferta de la compañía y a los calendarios laborales de 2024, que prevén la menor carga de trabajo en las dos últimas décadas. El sábado expiraba el plazo dado por Michelin para sellar un acuerdo después de los recortes anunciados el pasado 24 de noviembre. De no haberse alcanzado, la compañía se consideraba libre de compromisos para ajustar su plantilla como considerase oportuno, pero también expuesta a una alta conflictividad laboral en la segunda industria más importante de Álava, que da empleo directo a unos 3.400 trabajadores. El pacto aprobado contempla únicamente la adhesión voluntaria de los operarios al plan de salidas, ya que la dirección se compromete a no despedir por causas productivas a ningún trabajador durante seis meses. El plazo para acogerse a ese plan de bajas se ha extendido, además, hasta el próximo 15 de enero. La votación del comité dejó patente la división sindical, con acusaciones cruzadas entre las centrales que votaron a favor (CC OO, UGT y CSIF) y las que no apoyaron la firma (ELA, LAB, ESK y CGT). El presidente del comité, Alberto Martín, de CC OO, subrayó lo «positivo» del acuerdo. «El diálogo y la negociación dan su resultado», dijo, además de tildar de «negacionistas de lo evidente» –en referencia a las caídas de producción– a los sindicatos contrarios al pacto. «Algunos lo hacen por hacer caja y otros por interés político», afirmó. UGT señaló en un comunicado que el acuerdo viene a demostrar que «frente a la confrontación y la amenaza, el diálogo es la solución», y puso en valor el hecho de que ese «diálogo se traduce en que no se producirán salidas traumáticas de la empresa». Por su parte, ELA, LAB, ESK y CGT se mostraron muy críticos con el resultado de la votación. Para Unai Arregi, delegado de LAB, la propuesta viene a confirmar lo que calificó como «un circo preparado». 

Sidenor anunció ayer su intención de analizar con detalle una importante inversión en Cantabria, en concreto en su factoría de Reinosa, con el objetivo de mejorar la competitividad del tren de laminación que tiene en dicha localidad. El anuncio se formalizó tras una reunión de directivos de la compañía con representantes del nuevo Gobierno de Cantabria, dentro de una comisión de seguimiento creada hace tiempo por ambas partes. La inversión, de materializarse, supondría destinar algo más de 100 millones de euros a modernizar las instalaciones de producción en Reinosa. Sidenor se desprendió en 2019 de una parte de sus instalaciones fabriles en la localidad cántabra –la antigua Forjas de Reinosa– tras la venta al grupo NFL de la acería y de la factoría dedicada a la producción de grandes piezas forjadas. Sin embargo, mantuvo bajo su control otra parte de las instalaciones, que albergan un tren de laminación donde se fabrica acero en barras gruesas, que está especialmente dirigido a los sectores eólico, de vehículos pesados y fabricación de maquinaria. En la actualidad. y tras un bache en la demanda de esos sectores, el tren se encuentra trabajando a dos turnos. Algunos expertos del sector siderúrgico apuntan que de materializarse la inversión de Sidenor en Reinosa puede tener una incidencia, en este caso negativa, en la planta que el grupo tiene en la localidad guipuzcoana de Azkoitia. Ambas factorías, Reinosa y Azkoitia, compiten y son complementarias al mismo tiempo ya que fabrican el mismo tipo de producto –barra gruesa de acero especial–, en trenes de laminación que ya tienen a sus espaldas una vida útil en el entorno de los 50 años. Ambas instalaciones pueden convivir en la actualidad cuando el mercado de ese tipo de productos apunta al alza –es lo que la empresa ha dado a entender que estima para 2024–, pero suponen también un exceso de capacidad cuando la demanda cae. 

Siemens anunció ayer la adquisición de BuntPlanet, una empresa tecnológica con sede en San Sebastián, con el objetivo de reforzar la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en el sector del agua. El software de la compañía guipuzcoana sirve para apoyar a los clientes con soluciones de medición inteligente, calidad del agua e integración de modelos hidráulicos e IA para detectar fugas en las redes de agua. La firma, que ha recibido diversos premios en materia de innovación, la pilotan Ainhoa Lete y Raúl Navas, dos emprendedores. Lete, consejera delegada, destacó que, al unirse a Siemens, se convierten «en parte de un equipo que lidera la revolución digital a nivel mundial». Desde 2019, Siemens tenía ya un acuerdo de licencia con BuntPlanet para vender su software de detección de fugas conocido como ‘SIWA LeakPlus’. Ahora, con esta compra, toda la oferta y el equipo de BuntPlanet se integrarán en la cartera de aplicaciones de la multinacional alemana para las empresas de servicios de agua, lo que la hará aún más completa para todos sus clientes.

Masdar, el grupo de renovables del Emirato de Abu Dabi, e Iberdrola han anunciado en la cumbre climática de la COP28, en Dubái, un histórico acuerdo estratégico para invertir conjuntamente hasta 15.000 millones de euros en eólica marina e hidrógeno en varios países. A partir de esta firma, las dos compañías “irán evaluando el desarrollo de nuevos proyectos en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos”, han explicado sus responsables. Los dos grupos amplían así la alianza que ya tenían para desarrollar el parqué eólico marino de Baltic Eagle, en Alemania. Si se suma la inversión de este otro proyecto, de 1.600 millones, Masdar e Iberdrola van a compartir inversiones por valor de 16.600 millones de euros. Abu Dabi se convierte así en el mayor aliado internacional de Iberdrola. El primer hito del nuevo acuerdo será coinvertir en el proyecto eólico marino británico East Anglia 3, de 1.400 megavatios (MW), que se encuentra en la fase final de negociación y podría firmarse a finales del primer trimestre de 2024. Goldman Sachs y Crédit Agricole asesoraron a Iberdrola en esta operación. La participación de Masdar en este parque eólico podría alcanzar hasta el 49%. Deberá asumir ese porcentaje en la inversión total del proyecto, de 4.900 millones. East Anglia 3 se encuentra ya en construcción y se prevé que entre en funcionamiento en el cuarto trimestre de 2026. Ver nota Iberdrola. 

El Gobierno español se replantea si mantiene la tasa creada para gravar temporalmente los supuestos beneficios extraordinarios logrados por las energéticas por el incremento de los precios, porque hay que ver si se siguen produciendo y porque hay que tener en cuenta las grandes inversiones que requiere la transición energética. Así se desprende de unas declaraciones ayer de Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica. “Es importante determinar si siguen existiendo o no esos beneficios extraordinarios que intentaban ser identificados en esa figura. La fiscalidad habitual se puede corregir, modular, pero ya no estamos hablando de beneficios extraordinarios, estamos hablando de otra cosa”, ha dicho a Efe la ministra. Las declaraciones de Teresa Ribera se producen apenas unos días después de que la Comisión Europea emitiera su primer balance sobre el impacto de esa tasa en distintos países, y sugiriera la conveniencia de que los gobiernos las fueran eliminando. Además de identificar beneficios extraordinarios, “hay que ser conscientes de que es imprescindible una reinversión masiva para la transformación del sistema energético” y que “cuanto antes se logre hacer esa transición, más estables, predecibles, limpios y asumibles serán los precios de la energía”, ha dicho Ribera. “Si hay beneficios extraordinarios, veamos cómo se puede contribuir” para evitar que “unos ganen mucho y todos paguen más”. “Y cómo puede usted –en referencia a la compañía energética– asegurar que mantiene o acrecienta esa reinversión”.

ELA y LAB han convocado cinco días de huelga en el principal almacén de Eroski, ubicado en Elorrio, sede del grupo de distribución de la Corporación Mondragon, donde trabajan algo más de 400 trabajadores, de los que 130 están por cuenta ajena (el resto son cooperativistas). Los paros se extenderán entre el 11 y el 16 de diciembre, justo en el periodo prenavideño en el que se disparan las compras de alimentación por las celebraciones. Los sindicatos denuncian que Cecosa Hipermercados, la empresa que gestiona el almacén, emplea a «hombres racializados que llevan años cobrando salarios que rozan el SMI, trabajando a turnos, en festivos, levantando grandes pesos e incluso siendo obligados a trabajar en sus días de descanso». Una de sus denuncias es que se aplica el convenio estatal de grandes almacenes, «cuyas condiciones están muy lejos de las que recogen en los convenios del País Vasco». Los sindicatos lo consideran «toda una ironía en una empresa que presume tanto de su identidad euskaldun como Eroski» y exigen que se cambie al convenio de alimentación de Bizkaia. La empresa explican que el convenio estatal se aplica en todas sus plataformas logísticas y que está abierto a negociar con los sindicatos estas exigencias.

La Junta, CEOE, el Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios y la Confederación Internacional de Casas Regionales pondrán en marcha un programa de difusión, publicidad y captación de trabajadores, principalmente jóvenes, ya sean cualificados o no, con el objetivo de favorecer su regreso, en una medida que persigue luchar contra la despoblación, fomentar el arraigo familiar y dar respuesta a la demanda de trabajadores de las empresas regionales. Así, cada ciudadano que quiera regresar recibirá hasta 5.000 euros, que podría incrementarse hasta los 11.600 si además cumple con los requisitos establecidos en 'Pasaporte de vuelta'. El consejero de Presidencia de la Junta, González Gago recordó que la mayoría de los residentes en el exterior «buscan también seguir su vida y carrera aquí», por eso se ha buscado la «posibilidad de favorecer este movimiento, que supone un reto para todos», y que supone una «oportunidad idónea para sumar a sus plantillas a jóvenes profesionales». En muchos casos, incidió, se han formado centros universitarios y de FP de Castilla y León y luego «han adquirido experiencia internacional», sostuvo el consejero, quien estimó que hasta enero de 2024 no se iniciará el programa. Además, las empresas recibirán 5.000 euros por su contratación con el compromiso de que la duración del contrato sea al menos de un año. Igualmente, remarcó que la iniciativa está enfocada tanto para trabajadores por cuenta ajena como para autónomos que deseen emprender en un negocio transferido. Por su parte, el presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio alertó de la situación de las empresas «al no encontrar personal para trabajar». «Queremos aprovechar esa cantidad de castellanos y leoneses que están fuera. Tenemos mucho talento y posibilidades de crear sinergias con ellas para que vuelvan», incidió.

El precio de la vivienda sigue subiendo en Euskadi pese a la carestía de las hipotecas, lo que está lastrando las ventas, que están sufriendo caídas. Una ralentización del mercado inmobiliario que no está afectando a la cotización de los pisos que logran cambiar de manos. De hecho, la vivienda nueva se ha encarecido en el tercer trimestre de este año ni más ni menos que un 8,7% interanual, un ritmo casi desconocido y que supone 3,6 puntos más que en el trimestre anterior. Es decir, que lejos de ralentizarse, la subida se acelera. Así lo constató ayer el Instituto Nacional de Estadística en su informe trimestral. Ese aumento del 8,7% supone la tercera mayor subida desde que estalló la burbuja inmobiliaria en 2007. El incremento más fuerte se produjo el cuarto trimestre de 2020, cuando la vivienda nueva se encareció un 10,8%, mientras que en el primer trimestre de 2019 lo hizo un 9,4%. En el primer tramo de 2018 aumentó un 8,7% como ahora. En el conjunto del Estado el aumento es incluso mayor, del 11%, lo que supone la mayor subida en dieciséis años. En el caso de la vivienda usada, los precios suben de forma mucho más moderada en Euskadi. En concreto, lo hacen un 2,7%, una décima más que la registrada en el trimestre anterior, aunque en los últimos periodos se había producido una desaceleración. De hecho, en el tercer trimestre del año pasado llegó a incrementarse un 7,9% interanual. En cualquier caso crece menos que en el conjunto del Estado, donde la usada se encarece un 3,2%.

La adecuación de la oferta de posgrado a las nuevas necesidades, seguir avanzando en la internacionalización y adaptarse a la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) son los principales retos que se plantea la Universidad del País Vasco para 2024. Así lo aseguró ayer la rectora, Eva Ferreira, en la sesión de Claustro que se celebró en el Bizkaia Aretoa, en Bilbao, un acto en el que también se expusieron los presupuestos del centro. La UPV/EHU ingresó 508,25 millones en 2022, cifra que supone un aumento de 18,4 millones respecto de 2021. Como grandes novedades para el año que viene, Ferreira destacó la puesta en marcha del grado dual de Logopedia y del máster de Derecho en euskera, así como un plan de posgrado que establecerá las líneas estratégicas de la institución para los próximos cuatro años. La rectora presentó también el informe de gestión, el balance de las actividades llevadas a cabo a lo largo del curso 2022-2023. Fueron 200 propuestas que se completaron en un porcentaje del 90,5%. De las restantes, un 5% ya se han iniciado y seguirán desarrollándose en los próximos meses. El porcentaje restante se abordará también con el nuevo año. La apertura más allá de nuestras fronteras es otro de los retos de la institución. La UPV/EHU sigue entre las 500 mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghái. Además, hasta 167 investigadores –en 2022 fueron 151– aparecen en la lista de Stanford del 2%, que recoge a los científicos más citados del mundo. A destacar también que la institución ha asumido la presidencia de Enlight, la alianza de diez universidades europeas que están creando una agenda compartida de formación e investigación.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos presentaron el 15 de junio el último acuerdo del diálogo social de la legislatura, el estatuto del becario, rechazado por la patronal. En torno a un par de horas antes de que la titular del departamento, Yolanda Díaz, y los líderes de los sindicatos UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, empezaran sus discursos al respecto, el PSOE dejaba claro que tampoco suscribía el texto: fuentes de La Moncloa y del Ministerio de Asuntos Económicos decían que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Esto no impidió que Díaz diera por hecha su aprobación: “Se ha acabado el tiempo de pensar en los jóvenes en prácticas como asalariados fantasma”. La norma nunca llegó al Consejo de Ministros, se celebraron elecciones generales y sigue en el cajón, pese a su presentación en sociedad. En el Ministerio de Trabajo ahora confirman que se volverá a convocar la mesa de diálogo social para escuchar a las partes, con el objetivo de que la patronal se incorpore al acuerdo. La reunión se celebrará ya en 2024. “El estatuto del becario es una de las piezas claves del acuerdo de Gobierno. Claramente se dice que se aprobará y habrá que hacerlo cuanto antes. Como dijo la vicepresidenta será una de las primeras medidas”, dijo el lunes el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante la rueda de prensa en la que diseccionó los datos de afiliación y paro de noviembre. “Volveremos a convocar la mesa de diálogo social para contemplar si hay alguna novedad, pero en principio el texto con el que funciona el Gobierno es el que fue acordado con las organizaciones sindicales”, añadió.

El Consejo de Ministros aprobó ayer para su envío al Congreso una de las medidas estrella del Gobierno de coalición en la anterior legislatura: la Ley de Representación Paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, que obligará a las grandes empresas a alcanzar un mínimo del 40% de presencia femenina en sus consejos de administración. Una obligación que para las empresas del Ibex 35 está a la vuelta de la esquina, a partir del 30 de junio de 2024, y cuyo incumplimiento podría acarrear para las cotizadas no solo elevadas sanciones, sino incluso la suspensión de cotización. La nueva norma ya viene de un largo rodaje. El Ejecutivo la aprobó en segunda vuelta en mayo pasado y la remitió al Congreso para su tramitación, pero el adelanto de las elecciones generales y la disolución de las Cortes provocaron que el proyecto de ley decayera. Ayer, el Consejo de Ministros resucitó la norma, que, una vez que el PSOE ha recuperado el Ministerio de Igualdad de manos de Podemos, será uno de los grandes estandartes de su política social. De hecho, el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha situado entre sus prioridades para la nueva legislatura “seguir haciendo de España un referente mundial en igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”, señaló el 20 de noviembre durante la presentación de su gabinete. Ayer, fue la flamante ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, la encargada de hacer la nueva puesta de largo de la ley (en las dos ocasiones anteriores lo hizo la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, relegando a la entonces ministra de Igualdad Irene Montero), e incidió en el hecho de que no es casualidad que éste sea el primer proyecto de ley aprobado por el nuevo Consejo de Ministros, sino “una declaración de intenciones de lo que pretendemos que sea esta legislatura”, profundizando “en todas las cuestiones que tengan que ver con la igualdad real y efectiva de hombres y mujeres”. “Vamos a ir con todo con esta ley”, afirmó Redondo.

La producción industrial española aceleró su contracción en octubre, con un descenso del 1,5% respecto al mismo mes del año pasado, de acuerdo con los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con ello, el sector cerró el séptimo mes consecutivo en terreno contractivo y agrava su deterioro respecto al mes anterior. Esta caída de la producción industrial, tres décimas más intensa que la del mes anterior, viene acompañada de una debilidad de los bienes de equipo y de una mayor debilidad de los bienes de equipo. En concreto, la caída viene liderada por la producción energética (6,3%), si bien este descenso es menor que el del mes pasado. Una cifra que va seguida del descenso del 1,7% entre los bienes intermedios, debido en buena medida a la debilidad de la economía europea, del 1,3% entre los bienes de consumo duradero y del 0,9% entre los productos no duraderos. Únicamente se sitúan en positivo los bienes de equipo, con un alza del 2,8%, aunque este avance es algo menor que el del mes anterior (4,4%), algo que se puede achacar a la debilidad de la inversión por la incertidumbre, la subida de tipos de interés, el exceso de capacidad ociosa tras la caída de la demanda y el escaso tirón de los fondos europeos, cuyo impacto ha sido pospuesto y revisado a la baja en numerosas ocasiones los últimos años.

Los problemas económicos en la eurozona se agravan a marchas forzadas. Si durante el último año, en el que la economía de la eurozona ha permanecido bordeando el umbral entre un tímido crecimiento y la contracción económica, el empleo había sido el gran baluarte de la demanda interna frente a la escalada de precios, ahora este soporte podría desaparecer. De acuerdo con los datos del Índice de Gestores de Compras (PMI, por sus siglas en inglés) que publicó ayer S&P Global, el frenazo de la demanda y el consiguiente agotamiento en la cartera de pedidos de las empresas junto con el exceso de capacidad productiva han llevado a que el pasado mes de noviembre se destruyera empleo por primera vez en casi tres años, desde la fase más dura de la pandemia. Con ello, “actualmente nos encontramos al borde del abismo” de la recesión. En concreto, el PMI compuesto de la eurozona se situó en noviembre en 47,6 puntos, una cifra algo mejor que la de octubre (46,5 puntos) pero que todavía queda por debajo de la frontera de los 50 puntos que separan el crecimiento de la contracción. Esta cifra apuntaría a un descenso de la actividad del 0,2% entre octubre y diciembre en la eurozona, lo que agravaría la caída del 0,1% registrada en el tercer trimestre y sumiría la economía en una recesión. La caída de los nuevos pedidos acumulada a lo largo de los últimos meses ha llevado a que los encargos pendientes “caigan fuertemente y por octavo mes consecutivo” en noviembre. Un retroceso que, sumado a las escasas expectativas de mejora en los próximos meses ha tenido “un impacto en el deseo de las empresas de contratar personal, ya que el empleo cayó por primera vez en casi tres años”. 

Los alumnos vascos han registrado los peores resultados de su historia en la última edición del informe PISA, el estudio educativo más prestigioso a nivel mundial, que se ha publicado este martes. Nunca Euskadi había sacado resultados tan pobres en las tres categorías que analiza el informe: Matemáticas, Ciencias y Lectura. La primera es la única materia en la que el País Vasco (con 482 puntos) queda por encima de la media española, de la UE y del conjunto de países desarrollados, pese al descalabro de 17 puntos respecto a la anterior edición, de 2018. Tanto en Ciencias (480) como en Lectura (466) se sitúa por debajo de la media nacional y europea. El informe PISA se publica cada tres años desde 2000. Euskadi se unió al estudio en 2003. Se realiza con alumnos de 15 años y en esta edición (que corresponde a 2021 pero tuvo que retrasarse un año por la pandemia) se han analizado 81 países. En cada edición, el estudio hace hincapié en una de las tres competencias. En esta ocasión, ha sido Matemáticas. El retroceso es generalizado entre los países occidentales (en Matemáticas, la media de la Unión Europea cae 20 puntos y la de la OCDE, 17), que ceden ante la hegemonía de las naciones orientales: Singapur lidera el ránking en todas las categorías y sólo Irlanda se sitúa entre las primeras en alguna materia (lo hace en Lectura). El informe apunta a la pandemia como un factor clave para entender el bajón. Serán las futuras ediciones del estudio las que aclaren si los malos resultados son algo puntual o una tendencia. En España, los estudiantes de Castilla y León son los que mejores resultados han sacado en todas las materias. En cualquier caso, lo preocupante es que, pese al retroceso general, Euskadi cae más que el resto. De hecho, en la comparación con los resultados de hace una década, es de las comunidades que salen peor paradas. Los alumnos vascos han retrocedido 23 puntos en Matemáticas entre 2012 y 2022 (es la tercera comunidad con mayor retroceso sólo por detrás de Cataluña y Navarra); 32 puntos en lectura (la segunda que más después de Cataluña); y 26 puntos en Ciencias, más que nadie en España. Euskadi es también la comunidad que más invierte en educación por alumnos: más de 9.000 euros, frente a la media nacional de 5.000 o los 4.500 de Madrid. Los datos de los alumnos vascos en esta última edición vienen a confirmar una tendencia negativa desde 2012.

La OCDE ha hecho públicos este martes los datos del informe PISA 2022 que mide los conocimientos de los alumnos de 15 años en matemáticas, comprensión lectora y ciencias. Las pruebas se realizaron durante el curso 2021-2022 después de tener que retrasarlas un año debido a la pandemia. En esta ocasión, el informe se ha centrado en las matemáticas, y la principal conclusión que arroja es una bajada generalizada en la puntuación de prácticamente todos los países y comunidades que participan en el estudio. De los 80 estados evaluados tan solo dos, Japón y Corea, han conseguido mejorar sus resultados. Euskadi ha alcanzado en la competencia de matemáticas 482 puntos, 17 menos que en el anterior informe PISA de 2018, pero la puntuación lograda por los alumnos vascos se sitúa por encima de la media del Estado (473), de la OCDE (472) y de la Unión Europea (474). Euskadi está en el mismo nivel de rendimiento que Países Bajos, Bélgica, Dinamarca, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Alemania o Francia. En cuanto a los resultados de otras comunidades Euskadi se sitúa en matemáticas en la misma franja de resultados que Navarra, La Rioja, Galicia o Aragón. Y por delante solo se sitúan Castilla y León, Asturias, Cantabria y la Comunidad de Madrid.

El consejero vasco de Educación, Jokin Bildarratz, ha enmarcado los pobres resultados de los alumnos vascos en la última edición del informe PISA en una caída generalizada en el rendimiento académico de todos los países europeos, incluidos algunos como Finlandia o Suecia, que siempre han estado considerados una referencia en materia educativa. Bildarratz ha advertido, además, de que la pandemia ha «condicionado» la foto que arroja el estudio, que analizó el nivel de Matemáticas, Ciencias y Lectura de los alumnos de 15 años de 81 países. Estos estudiantes sufrieron la epidemia a nivel académico, social y de salud mental cuando cursaban 2º de ESO. La crisis obligó a cerrar las aulas durante más de un mes en Euskadi y las medidas sanitarias se alargaron durante dos cursos. Bildarratz ha señalado, al igual que hicieron sus predecesores respecto a anteriores ediciones del informe, que PISA «sólo analiza un pequeño número de áreas» y que «hacen falta más datos para medir el éxito del sistema educativo». «PISA es un indicador más y se ha visto muy condicionado por la pandemia», ha subrayado. También ha recordado que otros países del entorno, como Francia, han anotado caídas muy similares a las de Euskadi. El consejero, además, ha alertado de las consecuencias que está teniendo un incremento «desmesurado» del uso de las «pantallas». Si bien ese descenso generalizado es cierto, también lo es que los estudiantes del País Vasco son de los que más han retrocedido de toda España en comparación con hace una década. La puntuación ha caído 23 puntos en Matemáticas entre 2012 y 2022 (es la tercera comunidad con mayor retroceso sólo por detrás de Cataluña y Navarra); 32 puntos en Lectura (la segunda que más después de Cataluña); y 26 puntos en Ciencias, más que nadie en España. Preguntados por esta cuestión, los responsables del departamento han afirmado que necesitan «tiempo» para analizar «en profundidad» los datos.

La gran Durangoko Azoka siempre asusta en sus cómputos generales: 950 novedades, 689 libros, 179 álbumes… Y si bajamos al detalle, si nos metemos en harina sonora, se confirman decenas de puestos de venta de todo tipo de productos culturales, infinidad de conciertos, un chaparrón de primicias discográficas y muchísimos espacios en los que descubrir los estrenos de las bandas noveles... Nos hemos adentrado en la selva de acordeones, autotunes, vinilos, albokas y guitarras para elaborar esta guía que busca reunir algunas de las paradas más interesantes de la cita cultural que arranca hoy. Comenzamos con trompetas y violines. A lomos filarmónicos llega la primera gran referencia del sello Elkar. Ken Zazpi y la Orquesta Sinfónica de Bilbao unen fuerzas para editar en doble vinilo aquella colaboración realizada hace una década. A la lista original de canciones se añaden ahora cuatro piezas de estreno (‘Noizbait’, ‘Oinutsik’, ‘Ilargia’, ‘Zapalduen Olerkia’) que funcionarán como gancho completista. La Azoka servirá para confirmar que no todos los refranes son certeros. Porque en ocasiones segundas partes sí son buenas. El archiconocido disco-libro ‘Kantu Bat Gara’ de Jon Maia Soria ya tiene continuación y se llama ‘Kantu berri bat gara’. Entre sus variadas contribuciones destacan la posibilidad de escuchar a Silvio Rodríguez entonar en euskera (‘Nostalgia’) y la remodelación del tema de Negu Gorriak ‘Ez dezagun sal’ con el compadreo del bajista Mikel ‘Anestesia’ Kazalis.

La tensión larvada en la que vive Sumar desde hace meses ha terminado por estallar. Podemos anunció ayer que sus cinco diputados pasarán a formar parte del Grupo Mixto tras acusar a Yolanda Díaz de impedirles «hacer política». Los morados ya han subido la presión sobre Sánchez al anunciarle que tendrá que negociar también con ellos los Presupuestos. Podemos eligió la víspera del Día de la Constitución para ejecutar su particular ‘vendetta’ contra Yolanda Díaz. El coportavoz de la formación, Javier Sánchez Serna, anunció ayer en el Congreso que los cinco diputados morados se pasarán al Grupo Mixto tras romper definitivamente con Sumar, coalición en la que concurrieron a las elecciones del 23-J. Un divorcio anunciado –aunque consumado más pronto de lo que se preveía– y fruto de los agravios que los de Ione Belarra consideran que han sufrido por parte de la líder gallega. El terremoto no solo sacude a su espacio político, también complica aún más la legislatura a Pedro Sánchez, al obligarle a negociar con los morados todas las leyes de una legislatura ya de por sí enrevesada, al mismo nivel que tendrá que hacerlo con ERC, el PNV o EH Bildu. El primer escenario de este pulso serán los Presupuestos Generales del Estado para 2024. Podemos ya venía avisando de que actuaría con «autonomía» en el Congreso y pedía al PSOE «sentarse a negociar» con ellos las Cuentas Públicas. Sin embargo, la contundente jugada ha sido «una sorpresa absoluta» para Sumar, que hasta el último momento confió en mantener la cohesión de sus 31 diputados (26 ahora). En el PSOE, su portavoz parlamentario, Patxi López, reconocía que la ruptura «no era buena noticia», pero se mostraba convencido de que, con esta nueva circunstancia, «nadie de la izquierda va a paralizar la acción de un Gobierno progresista».

El propio –y discutido por su implicación petrolera como CEO de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi–, Sultan Al Jaber, presidente de la COP28, ha reconocido que a medida que pasan los años y se intensifica la crisis climática, “la credibilidad de la COP queda cada vez más en entredicho”. Como antídoto a esta imagen, Emiratos Árabes Unidos ha lanzado con BlackRock, TPG y Brookfield un fondo de 30.000 millones de dólares relacionado con el clima. “Si no señalamos el declive terminal de la era de los combustibles fósiles tal como la conocemos, veremos nuestro propio declive terminal”. Con estas palabras del secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), Simon Stiell, se inauguró la semana pasada la COP28. El desafío es titánico, ya que, según el último informe de la ONU, actualmente tenemos un 67% de posibilidades de que la temperatura de la tierra no aumente más de 2°C y un 50% de que no supere los 1,5°C. El último informe 10 New Insights in Climate Science, elaborado por 67 investigadores y dado a conocer estos días en la COP, coincide en que “sobrepasar los 1,5 °C se está convirtiendo en algo inevitable”. Sin embargo, dice que es crucial “minimizar el cuánto se rebasa y por cuánto tiempo” dicho umbral. El problema es que se estima que las emisiones de CO2 de la quema de combustibles fósiles alcancen un máximo histórico este año, al aumentar un 1,1% respecto a 2022.