20231207

Los inmigrantes contratados en su país de origen por empresas españolas sólo podrán hacer el trabajo para el que fueron reclutados por aquellas. No podrán hacer otra actividad que no sea la del contrato autorizado por el Gobierno. Es más, serán excluidos de la gestión colectiva de contrataciones en el país de origen “quienes hayan hecho actividades distintas [en España] para las que fueron autorizados”. Así se regula en el proyecto de orden ministerial sobre la gestión colectiva de las contrataciones en origen, que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Es una norma que regula estas funciones de las empresas en busca de los trabajadores que no encuentran en España. Debe estar vigente el 1 de enero de 2024 para que las compañías españolas puedan seguir operando. En el caso contrario, deberá interrumpirse esta actividad. La orden también cumple dos funciones: “Cubrir las necesidades de mano de obra de determinados sectores y ocupaciones que se hayan mostrado de difícil cobertura en el mercado laboral interior [España], en función de la situación nacional del empleo y la capacidad de acogida del país”. Por ejemplo, con frecuencia las empresas que más se quejan de falta de trabajadores españoles para ocupar los puestos que necesitan están en la agricultura, la agroalimentación, la construcción, la pesca o en el transporte. En segundo lugar, con esta orden, el Ejecutivo quiere “reforzar las relaciones de colaboración con los países de origen [de estos trabajadores], avanzando en la cogestión de los asuntos migratorios, al realizarse siempre de forma común con ellos”. Así lo explica la norma, que al ser una orden ministerial no tiene que pasar por el Consejo de Ministros, y depende directamente de Elma Saiz, nueva titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La orden para el año que viene aporta otras novedades respecto a la regulación actual: en coherencia con la obligación de la empresa de que el trabajador haga sólo el empleo para el que fue contratado, se fija un número mínimo de cinco puestos de trabajo para los que pueden ser contratados los inmigrantes en su país. Ahora son diez. El Gobierno abre así la puerta a que estas personas puedan ser empleadas para proyectos pequeños, de “menor envergadura” y por pequeñas y medianas empresas. Ahora bien, estos proyectos deben compartir los elementos básicos de lo que se conoce como “migración circular” de trabajadores extranjeros contratados en su país.

El actual ministro de Transformación Digital, José Luis Escrivá, fue el que en la legislatura pasada, cuando era ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, puso en marcha la primera regulación para que las empresas españolas pudiesen contratar trabajadores en su país de origen. De la mano de la patronal CEOE, el ministro constató que, en sectores intensivos de mano de obra, muchas empresas no pueden cubrir los puestos de trabajo que necesitan para funcionar, porque no hay personal suficiente o no aceptan las ofertas de las empresas. Sobre todo, claro está, en sectores con trabajos de especial dureza. Por ejemplo, en la agricultura, la agroalimentación, la construcción, la pesca o el transporte por carretera. Incluso, algunos puestos necesitan una cierta especialización, como en la construcción o en la industria metalúrgica. El caso es que fue una decisión que contestaron tanto Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, como los sindicatos CCOO y UGT. Su razonamiento es que, en su opinión, no tiene sentido que las empresas españolas busquen trabajadores fuera cuando dentro hay 2.850.000 desempleados. Esto supone una tasa de paro del 12% de la población activa. En el fondo, Yolanda Díaz y los sindicatos temen que, en realidad, lo que buscan las empresas con este tipo de contratación en el exterior, es rebajar los derechos y los salarios de los trabajadores. El destino de las empresas españolas para este fin está en África y en Iberoamérica, algunos de cuyos países colaboran con España en esta política.

La dirección de Michelin se reunirá el próximo 9 de enero con el lehendakari, Iñigo Urkullu, en Vitoria. Aunque la fecha del encuentro estaba fijada hace algún tiempo, tendrá lugar tras las duras declaraciones de la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno vasco en una entrevista, en la que criticaba la distancia de la compañía con el Ejecutivo autonómico y también la mala relación con los sindicatos. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la empresa quiere utilizar esa reunión, a la que previsiblemente asistirá también la consejera Tapia, para recomponer y normalizar las relaciones entre Michelin y Gobierno vasco. Las mismas fuentes apuntan a que por parte de la empresa estarán presentes el director de la factoría de Vitoria, David Udakiola, y la máxima responsable de la multinacional francesa para España y Portugal, Paz Robina. La consejera de Desarrollo Económico hizo referencia en esa entrevista a su impresión de que la actual dirección de Michelin en Vitoria apuntaba ya signos de querer mantener una buena relación con el Gobierno. Sin embargo, no ahorró críticas a la trayectoria de los últimos años de una compañía que, apuntó, «se ha dirigido desde la distancia», en relación a su sede francesa en Clermont Ferrand. Así, se refirió también al hecho de que los últimos responsables de la planta de Vitoria no habían «entendido dónde estaban», puso énfasis en apuntar que la multinacional «no ha hecho inversiones en I+D» en esa factoría y, como guinda, señaló que «ha habido un director al que ni siquiera he conocido». En esa entrevista Tapia también achacó a las «dificultades de entendimiento» entre dirección y sindicatos la elevada conflictividad que ha registrado la fábrica alavesa. El acuerdo anunciado esta semana entre Michelin y los sindicatos UGT, CC OO y CSIF para propiciar un ajuste de plantilla con bajas voluntarias –hay 150 empleos comprometidos–, también puede ayudar a recomponer esas relaciones internas en la empresa. Sin embargo, los sindicatos ELA, LAB, ESK y CGT se han opuesto al acuerdo y sus declaraciones ya permiten intuir que van a mantener una elevada tensión. El objetivo de la dirección de Michelin en l encuentro que mantendrán con el lehendakari también es trasladar el compromiso que mantiene la empresa en relación al futuro de la factoría de Vitoria.

‘Progresividad en frío’ es el término con el que los fiscalistas se refieren al fenómeno que se da cuando la subida de precios disminuye el poder adquisitivo de un salario, pero el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) lo ignora. Un ejemplo, si con 2.000 euros hoy una familia no puede afrontar los mismos gastos que en 2021, no parece justo que se paguen por ellos los mismos impuestos. Para evitar este efecto que supone una subida tributaria encubierta, aunque técnicamente no lo sea, se aplica la deflactación. Un porcentaje de corrección en los tramos de renta sobre los que se establece la retención correspondiente en las nóminas de los asalariados, lo que comúnmente se conoce como las tablas de retención. Desde 2021 y hasta este año, en Euskadi las haciendas forales han aplicado una serie de deflactaciones que acumulan una corrección del 7,5%, pero en el mismo tiempo los precios han escalado más del doble, una suma del 15%. Las cifras dejan una diferencia a favor de las arcas públicas vascas de 7,5 puntos. Atendiendo a los propios cálculos que realizan las diputaciones, cada punto de deflactación supone dejar de recaudar entre 50 y 60 millones de euros. Así, la inflación en los últimos tres años ha permitido a las haciendas vascas obtener unos 375 millones por no haber llevado este ajuste en los tramos del IRPF con el mismo nivel de subida del IPC. La inflación, por lo tanto, se convierte en uno de los mejores contribuyentes porque suma esos casi 400 millones al impacto en el IVA, cuya recaudación llegó a crecer en 2022 un 20%.

 La sostenibilidad medioambiental es uno de los principales vectores –si no el más importante– por el que se va a guiar buena parte del futuro económico, al menos en Europa, donde las normativas concernientes a esta materia son mucho más ambiciosas que las de los países asiáticos o Estados Unidos. Para el nuevo año que arranca en poco más de tres semanas está previsto que entren en vigor varias directivas europeas que obligarán a introducir estándares de sostenibilidad que, de no cumplirse, pueden comprometer el 30% del PIB de Euskadi, en especial por el marco regulatorio que implicará para la industria.  Un reciente informe de la consultora LKS Next detalla el “profundo impacto” que van a suponer, en concreto, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa, que obliga a presentar la información sobre las prácticas ambientales, sociales y de gobernanza bajo el marco de análisis de los objetivos recogidos en los estándares europeos, y la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa, que ampliará las obligaciones de las empresas al tener que dotar de la “máxima transparencia” a toda su cadena de valor. El propósito es “asegurar la prevención y gestión de los riesgos para el Medio Ambiente y los Derechos Humanos no solo en la actividad propia, sino en toda la cadena”. Esto abarca la extracción de material, la compra a proveedores, la fabricación y la entrega del producto final. El estudio de LKS Next recoge que el 30% el PIB de la CAV “está comprometido” si las empresas no cumplen con las nuevas obligaciones en 2024. En este sentido, gran parte de esa actividad productiva (23,4%) viene condicionada por ese peso relativo porcentual de la industria en la estructura económica vasca, por encima del que tiene en el Estado (16,9%), Francia (13,1%) o la media de los Veintisiete (19,9%), según datos de Eustat correspondientes a 2021. Los riesgos son claros: “pérdida de competitividad” de la industria vasca a nivel internacional, con la consiguiente caída de valor de las compañías.  

El Ministerio para la Transición Energética y Reto Demográfico ha dado luz verde ambiental al proyecto de construcción de dos parques fotovoltaicos, Tara y Umiko, en la localidad de Tauste (Zaragoza) y a la autopista de alta tensión que Forestalia, el gigante aragonés de renovables, pretende construir para evacuar la energía producida en Aragón hasta el País Vasco. Con una longitud total de 185 kilómetros, atravesará La Rioja para llegar a Júndiz, lo que afectará al sur de Álava con 30 torres de alta tensión entre Labastida, Zambrana y Berantevilla. La línea cuenta con un rechazo frontal en la Comunidad vasca y también en la riojana. La Diputación alavesa considera medioambientalmente «insostenible» el proyecto. La compañía quiere evacuar la electricidad en Júndiz. «Somos contrarios a este proyecto porque es absolutamente ineficiente trasladar la energía que se produce en un punto a una distancia tan larga», ha dicho en varias ocasiones el máximo dirigente foral, Ramiro González. El espacio que «ocupe» esta iniciativa con origen en Aragón para volcar su energía a la red en Vitoria «no se va a poder aprovechar por parte de los proyectos que se desarrollen aquí. Esto supone una falta de planificación razonable en la producción de energía renovable que debería de llevar a que estos puntos de volcado estuvieran lo más cerca posible al lugar en que se produce la energía», ha reiterado González. 

Hector Olabegogeaskoetxea Mondragon Healtheko buruak "hazkunde organikoari" eusteko helburua azpimarratu du, eta baikor da etorkizunari begira. Pandemiak emandako bultzadaren ostean, taldetik bertatik beste bultzada bat eman nahi izan diote unitate estrategikoari, bai proiektuen garapenaren, bai start-upetan egiten ari diren inbertsioaren bitartez. "Lehen oso 'fabrillak' ginen Mondragon bezala: hardwarea, ekoizpena... Orain oso modu kontzientean bultzatzen ari gara zerbitzuak", plazaratu du. "Ospitale bakoitza uharte baten modukoa izan daiteke, eta gai izan behar zara uharte horietako bakoitzean sartzeko", gaineratu du. Gehiago irakurri hemen. 

La brecha salarial se debe a razones estructurales como peores empleos, más parcialidad, cargas familiares y menor presencia de directivas. Según el último informe de Emakunde denominado ‘Cifras 2022 mujeres y hombres en Euskadi’ –con datos de 2020, el primero de la pandemia–, el colectivo femenino cobra de media 5.914 euros menos que el masculino en el País Vasco. El dato es negativo y refleja las diferencias que aún perduran en nuestras empresas aunque, si se añade perspectiva al asunto, cabe concluir que el esfuerzo que las instituciones, la sociedad y el ámbito económico están realizando en este sentido empieza a dar sus frutos. Poco a poco. Con prisa y sin pausa. Y es que, según la misma fuente, los hombres ganaron una década antes, en 2010, hasta 7.002 euros más que las féminas. Es decir, en una década la brecha salarial se ha reducido un 15,5% en Euskadi. Ahora, los hombres ganan de media 33.040 euros y las mujeres, 27.126. Algunas de las razones de la disparidad salarial son estructurales y están relacionadas con las diferencias en el empleo, el nivel de educación y la experiencia laboral. Si eliminamos todo esto, lo que queda se conoce como diferencia salarial ajustada entre hombres y mujeres. La parte principal de la desigualdad salarial se explica por la diferente distribución laboral y composición del empleo: las mujeres soportan una inserción laboral en peores condiciones, lo que se traduce en un salario medio menor. A grandes rasgos, el colectivo femenino cuenta con una mayor presencia en los trabajos peor pagados, como los relacionados con el ámbito de la limpieza y los cuidados familiares. Según Eurostat, el 24% de la brecha de género puede explicarse por una sobrerrepresentación de las mujeres en sectores con salarios relativamente bajos. Las mujeres también son mucho más propensas a ser las que asumen interrupciones de carrera.

Un Bilbao a medio gas recibe este puente a miles de turistas, que ya abarrotan las zonas más emblemáticas de la ciudad. El día invitaba ayer a salir de casa. Festivo, soleado y sin pronóstico de lluvia. Una meteorología con la que uno podría esperar que la ciudad estuviera a rebosar. Y, sin embargo, las calles no estaban llenas. Al menos si el paseo arrancaba en Indautxu o la zona centro de la capital. Es el puente de la Constitución y son miles los bilbaínos que han aprovechado para marchar unos días fuera. Sin embargo, mientras los locales abandonan la ciudad, una nutrida legión de turistas tomaba el relevo (los hoteleros prevén ocupaciones medias de en torno al 90%). Aunque muchos esperaban sumergirse en un Bilbao bullicioso, se han topado con una ciudad a medio gas. Pablo Cordero y Marta Santiago son una pareja de Madrid que hace estos días un circuito por Euskadi. Bilbao es su primera parada y, mientras pasean por una monótona Gran Vía repleta de persianas bajadas, se sorprenden de que la ciudad esté estos días «en estado de coma comercial». Aunque tenían previsto pasar la mañana de ayer en las calles del centro, no les quedó otra que cambiar sus planes e ir directos al Casco Viejo. «Está todo cerrado, nos han dicho que es la única zona de la ciudad con vida», explicaban.

La escasez de talento en determinados perfiles profesionales y la falta de las capacidades necesarias en el mercado laboral hace que cada vez más empresas tengan problemas para encontrar los candidatos que precisan. Resulta paradójico en un país con altas tasas de desempleo como España, pero hay puestos de trabajo que no se logran cubrir. Este escenario da lugar a importantes cambios en los aspectos que los profesionales demandan a las compañías, como se indicó en el encuentro Tendencias en empleabilidad: Dirigiendo la educación. La facilidad de acceso al conocimiento es uno de los principales factores que impulsan la transformación en el mercado de trabajo. “En este contexto, la capacidad de aprendizaje es la competencia fundamental y el mejor pasaporte que tienen las personas para adaptarse”, apuntó Alberto Gavilán, director de talento de The Adecco Group. El tradicional paradigma de formarse para encontrar empleo ha quedado desfasado: las compañías “ya no buscan al sabelotodo”, sino a quien puede aprender rápido lo que necesita. Así, la formación pasa a estar presente a lo largo de toda la vida laboral. En particular, Gavilán incidió en que “las personas que tienen esta capacidad de aprendizaje tan desarrollada comprenden que aprender forma parte de su rutina diaria”. De este modo, son capaces de incorporar ideas nuevas a su forma de trabajar, desechando ciertas habilidades o conocimientos que ya tenían pero han dejado de resultarles útiles, además de afrontar con esa actitud cada día de su vida.

El dato sigue siendo superior al 34% (un 3,5% más) que de media suponen los impuestos sobre el PIB de los países de la OCDE, y también supera a la de otros del entorno europeo, donde la presión fiscal fue incluso superior a la de 2021. En concreto, la ratio supera el 46% del PIB en Francia, escalando desde el 45,2% del año anterior, mientras que Alemania se mantiene en el 39,3% o Italia en el 42,9%, también por encima de la registrada en 2021. Aunque esta estadística no refleja la totalidad de la estructura tributaria de un país permite comparar la situación fiscal de forma internacional. Así, hasta doce países de la OCDE presentan un dato de presión fiscal más elevado que el español. En todo caso, la referencia nacional tiene algo de truco, pues llega condicionada por la revisión al alza del PIB acometida recientemente por el INE. En concreto, la economía española creció un 5,8% en 2022, cuando los ingresos tributarios superaron los 255.463 millones de euros, lo que supuso un nuevo récord tras crecer el 14,4% respecto a 2021, según datos del Ministerio de Hacienda. Así que tal y como indica la OCDE, en la medida en la que el crecimiento del PIB nominal fue más elevado, la comparativa con los mismos datos de recaudación para el ejercicio da como resultado esa menor presión fiscal. Además, en términos generales, la OCDE recuerda que en ese menor peso de los impuestos sobre el PIB de los países también tuvo mucha influencia la eliminación o reducción de algunos tributos energéticos, dentro de los planes anticrisis lanzados frente a la espiral inflacionista desatada el pasado año. Las ayudas directas también contribuyeron a sostener las economías. Pero en el caso español –donde se aprobaron rebajas fiscales que estuvieron entre las más generosas en materia energética– el avance de los ingresos por impuestos llegó de la mano de la resistencia del mercado laboral y, sobre todo, por el impacto de la inflación sobre determinados impuestos muy ligados al consumo en un momento en el que el IPC se situaba en el 8,4% de media.

El 9 de diciembre de 2022, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron y António Costa presentaron el proyecto H2Med en Alicante. Tras meses de debate sobre por dónde debía pasar el hidroducto –de hecho, también se debatió si debía ser un gasoducto–, Francia, Portugal y España llegaron a un acuerdo al que más tarde se unió Alemania. En este año, el proyecto ha ido dando pasos que se concretaron el 29 de noviembre con la inclusión de gran parte de las conexiones en la lista de Proyectos de Interés Común (PCI, por sus siglas en inglés) que se aprobará en enero. Se espera que en 2030 ya circule por él el hidrógeno, una molécula llamada a descarbonizar industria, transporte y, a más largo plazo, el sector eléctrico. La duda es qué color se impondrá: España, bastión renovable, apuesta por el hidrógeno verde, que se produce con fuentes de este origen; Francia, potencia nuclear, quiere producir el llamado hidrógeno rosa con sus reactores. La red troncal española del hidrógeno tiene una inversión estimada de 4.800 millones de euros y las dos interconexiones internacionales, CelZa (Celorico da Beira-Zamora) y BarMar (Barcelona-Marsella), tienen una inversión conjunta aproximada de cerca de 2.500 millones de euros. La mayor parte, unos 2.135 millones de euros, corresponden a la conexión submarina con Francia, mucho más complicada y ambiciosa. En cualquier caso, ser PCI permitirá que el corredor reciba ayudas europeas. «Podríamos decir que progresa adecuadamente», ilustra Arturo Gonzalo Aizpiri, CEO de Enagás que, como operador técnico del sistema gasista español, es uno de los impulsores de H2Med junto a GRTGaz y Teréga. «Está ocurriendo todo lo que cuando se presentó el proyecto anunciamos que iba a ocurrir», mantiene antes de presumir que se han dado «todos los pasos que era necesario dar para que el H2Med pudiera estar en la avanzadilla de grandes corredores de hidrógeno en Europa».

El sector inmobiliario europeo parece ir por delante del resto de regiones en materia de sostenibilidad y descarbonización. Pero el camino es arduo y todavía lo atraviesan grandes sombras oscuras. La principal aparece en la base misma del sistema. Mientras que la demanda de edificios más verdes progresa, es en la propia construcción donde persisten los mayores problemas. “Las emisiones de dióxido de carbono en el sector constructor se mantienen en máximos históricos”, señala un estudio de RICS publicado ayer, coincidiendo con la celebración de la cumbre climática COP28. “El sector no está todavía en la senda de alcanzar la descarbonización en 2050”, completa la que es una de las asociaciones de profesionales inmobiliarios más prestigiosas del mundo. El nuevo Informe de sostenibilidad de la asociación con sede en Londres se basa en una encuesta en la que han participado 4.600 profesionales de todo el mundo. El punto de partida es que los edificios son responsables del 40% de las emisiones y por eso Naciones Unidas ha pedido una significativa reducción de estas hasta llegar a la neutralidad en 2050. De ahí que pregunte por sus percepciones en torno a la materia. De entrada, la mayoría asegura que la demanda de inmuebles respetuosos con el medio ambiente está creciendo. La diferencia entre quienes así lo creen y quienes opinan lo contrario es de 44 puntos, en línea con lo que sucedía en 2022 y 2021. “Esto sugiere que el apetito por edificios verdes continúa creciendo alrededor del mundo”, indican los autores del estudio. Pero esa diferencia no es igual de abultada en todas partes. En Europa (excluyendo al Reino Unido, que es el único mercado nacional que se analiza por separado, a causa del origen británico de la organización) alcanza los 73 puntos, mientras que en América no llega a 30.

Los cambios de compañía bajan con fuerza en un otoño de menor presión comercial. El descenso coincide con la fusión de Orange y MásMóvil, la compra de Vodafone y los cambios en Telefónica. La presión comercial parece haberse enfriado en el sector español de las telecomunicaciones, uno de los más competitivos de Europa durante los últimos años. La tendencia coincide con la ebullición de operaciones corporativas entre las principales operadoras españolas, que van a cambiar la estructura del mercado en los próximos meses. La portabilidad móvil alcanzó los 504.626 cambios de operador en septiembre, un 14,5% menos que en el mismo mes de 2022, según los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y Competencia (CNMC). Esta es la mayor caída interanual registrada desde principios de año (y desde abril de 2022), y tiene lugar, además, en un mes de habitual actividad comercial de las telecos. Durante el mes de septiembre, las operadoras suelen impulsar las promociones comerciales y los descuentos en los distintos segmentos, móvil, banda ancha y televisión, ante el inicio del curso escolar y de la temporada de fútbol, para tratar de atraer clientes de sus competidores. Precisamente este otoño se aceleró la consolidación del sector, con la compra de Vodafone España por Zegona; la negociación por remedies en la fusión de Orange y MásMóvil; y la entrada de Saudi Telecom (STC) en Telefónica, pasando a ser el primer accionista. Y todo en un mercado en el que Digi sigue siendo el challenger, con su imparable captación de clientes, que ha llevado a la empresa a superar los 6,1 millones de líneas.

Telefónica España está preparando el concurso para contratar un nuevo proveedor tecnológico de una parte del core o núcleo central de su red móvil de 5G en España, un proceso que supondrá la sustitución definitiva del equipamiento del fabricante chino Huawei en la red móvil de la operadora española. El core o núcleo es donde reside la inteligencia de la red y las funciones disponibles. El core se combina con la red de acceso de radio (Radio Access Network o RAN), formada por miles de nodos electrónicos (estaciones base) con antenas, repartidos por todo el territorio en torres o azoteas de edificios, para prestar el servicio de telecos móviles. La decisión de Telefónica España supondrá la salida total de Huawei de los core de las redes de los grandes mercados estratégicos de la teleco española (España, Brasil, Alemania y Reino Unido), puesto que España era el último país que quedaba por tomar la decisión final de sustituir al fabricante chino. Telefónica España prevé lanzar el concurso para contratar el denominado plano de usuario del core de su red española en este mes de diciembre o como tarde en enero de 2024. El contrato del core no es el más importante económicamente –se eleva a unas decenas de millones de euros e incluso puede alcanzar el centenar, al ir creciendo paulatinamente–, ya que la RAN, al tratarse de miles de equipos de radio desplegados, tiene un volumen económico mucho mayor de varios centenares de millones de euros. Pero el core es el más importante desde el punto de vista estratégico, ya que determina la tecnología y los servicios que va a ser capaz de proporcionar la operadora.

La estrategia digital de BBVA es la mejor en España y una de las sobresalientes del mundo, según Bain & Company, consultora estratégica estadounidense, que ha analizado la hoja de ruta de los 42 bancos más grandes del planeta. Su lista de ganadores incluye también a los estadounidenses JPMorgan y Capital One y a DBS, con sede en Singapur. “La solución no pasa por aumentar o reducir el volumen de inversión [dedican un 16% de promedio], sino por un plan estratégico de modernización del negocio que permita acelerar su crecimiento mediante procesos más simples y eficientes”, dice Bain & Company en un informe recién publicado. Los bancos con mayor foco en la tecnología pagan mejores dividendos (5 puntos más), tienen una mejor eficiencia de costes (10 puntos más) y el mayor nivel de satisfacción de sus clientes (12 puntos más), según datos de los últimos tres años. BBVA lleva desde 2008 invirtiendo en su transformación digital. En 2013 creó una división de Banca Digital y, dos años después, colocó a su responsable (Carlos Torres) en el vértice de la cúpula del banco, primero como CEO y después como presidente. En 2017 creó un área de datos cuyo director forma parte del organigrama de primer nivel del grupo. BBVA tiene 2.000 profesionales con perfil STEM (matemáticos, ingenieros, físicos, expertos en inteligencia artificial, ciberseguridad y datos) a nivel global, el 19% de la plantilla. Cuenta con más de 16.000 desarrolladores y su app ofrece más de 700 funcionalidades.

La carrera para el relevo en la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI) entra en su recta final con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como clara favorita. Según fuentes gubernamentales, la candidata española ha logrado ganarse en los últimos días el favor de Bélgica, un apoyo clave que podría darle el último impulso que necesita para hacerse con el cargo, al que también aspira la excomisaria de Competencia, la danesa Margrethe Vestager. Se espera que la votación final tenga lugar durante la reunión de ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE) que se celebra mañana en Bruselas, y todo apunta a que será el voto de Francia, que aún no lo ha desvelado, el que incline la balanza. Bélgica es el país encargado de coordinar el proceso de sustitución del actual presidente del BEI, Werner Hoyer. Sin embargo, las negociaciones llevan encalladas desde septiembre. El motivo, que había dos claras favoritas y el ministro de Finanzas belga, Vincent van Peteghem, no quería celebrar una votación sin que hubiera una «candidata de consenso». Pero ahora parece que la hay. Peteghem envió hace unos días una carta al resto de ministros de la UE dando su apoyo a Calviño como próxima presidenta del BEI, tras las consultas llevadas a cabo entre los Estados miembros, lo que supone un claro impulso a su candidatura. 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) espera que los beneficios netos de la industria aérea alcancen los 23.300 millones de dólares (21.500 millones de euros) en 2023 y asciendan a 25.700 millones de dólares (23.800 millones de euros) en 2024, dejando atrás tres años de pérdidas por el impacto de la crisis de la covid-19, según el informe anual presentado ayer en Ginebra. Las compañías aéreas salen así de tres años negros, con pérdidas récord en 2020 de 137.000 millones de dólares; de 42.000 millones en 2021 y de 6.900 millones de números rojos en 2022. Pero están lejos aún de los niveles de 2019, cuando alcanzaron un beneficio récord de 29.300 millones de dólares. La asociación, que agrupa a la mayoría de las aerolíneas mundiales, espera que los ingresos totales en 2024 crezcan un 7,6% interanual hasta alcanzar la cifra récord de 964.000 millones de dólares, mientras que el crecimiento de los gastos será ligeramente inferior, del 6,9%, para un total de 914.000 millones de dólares. El número de pasajeros alcanzará los 4.700 millones en 2024, marcando también un máximo histórico que supera el nivel prepandémico de 4.500 millones registrado en 2019. El número de vuelos se elevará a 40,1 millones (38,9 millones en 2019). Sin embargo, debido al incremento de costes y otros factores estructurales, este máximo de ingresos y viajeros no se traducirá en resultados récord para las compañías por el estrechamiento de los márgenes (2,7% sobre ingresos). 

El ministro de Economía y Trabajo de Bélgica, Pierre-Yves Dermagne, ha propuesto poner en marcha una experiencia piloto para reducir la jornada laboral a cuatro días por semana y sin reducción de sueldo con el objetivo de «trabajar menos para trabajar mejor». «Queremos poder analizar los beneficios y las dificultades de esta experiencia de reducción colectiva del tiempo de trabajo en empresas de diferentes sectores», explicó ayer. El Gobierno belga ya ofreció en 2022 a sus trabajadores la posibilidad de reducir sus jornadas laborales a cuatro días, pero sin trabajar menos horas, de modo que tenían que acumular horas trabajadas para disfrutar de ese día de libranza. Sin embargo, la nueva propuesta no trata de esa «compresión» de la jornada, sino de una verdadera «reducción colectiva del tiempo de trabajo», explicó el ministro. Dermagne señaló que su intención es dejar «la mayor libertad posible» a las empresas para que tengan en cuenta las especificidades de su actividad y de su organización, por lo que el Gobierno será «muy flexible» en su organización. Convencido de que esta es una de las soluciones a los problemas del mercado laboral, el ministro confía en poder poner en marcha una experiencia a «gran escala» para poder aprender de ella, además de ofrecer mejores condiciones para aquellas profesiones más «arduas».