20250718

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Declaraciones de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, tras la celebración de su Consejo General. En su intervención, ha destacado que se mantiene la previsión de crecimiento del PIB en el entorno del 2% para este año, así como la creación de empleo suficiente como para mantener el millón de cotizantes. Pero, ha señalado varios factores de riesgo que amenazan la competitividad y sostenibilidad del tejido empresarial vasco. En ese sentido, Tamara Yagüe ha alertado de la creciente debilidad del sector industrial, en contraste con el dinamismo de los servicios y la construcción. “La guerra arancelaria y la falta de unidad europea están impactando negativamente en nuestras empresas industriales”, ha afirmado. “Ni que decir tiene que el reciente anuncio de Donald Trump sobre aranceles del 30% a la UE, no hace sino aumentar nuestra preocupación. Lo imprevisible del presidente de EE.UU nos hacen ser todavía muy cautos, por si acaso hay nuevos giros de guion inesperados. Confiamos en que todavía sea posible un acuerdo de última hora, que mitigue los daños. Aunque algo ya va a quedar”. “De hecho, ya se están empezando a notar sus efectos en forma de ralentización de actividad y menores expectativas de ventas, lo que está obligando a afrontar los primeros expedientes de regulación de empleo, de momento eso sí, la mayoría temporales”. Asimismo, uno de los temas que más inquietud despierta en el empresariado vasco, ha dicho la presidenta de Confebask, es el absentismo laboral. En su cierre, Tamara Yagüe ha destacado la importancia de reforzar la colaboración entre instituciones y empresas. Y así, como últimos ejemplos, ha valorado positivamente iniciativas como el Plan de Industria Euskadi 2030 y el Pacto de Salud, en los que Confebask ha participado activamente. En ese sentido, ha defendido la estabilidad institucional como una condición previa imprescindible para avanzar y fortalecer dicha colaboración. Ver más en Confebask. 

Confebask mantiene su rechazo a negociar un salario mínimo vasco si no se vincula a cuestiones como la competitividad o el absentismo laboral. La organización empresarial ratifica así su postura. tras rechazar en marzo el primer intento impulsado por todos los sindicatos, que reclamaban un SMI autonómico adaptado a las condiciones socieconómicas del territorio. Ahora, con el informe del Ejecutivo autonómico sobre la mesa desde el miércoles –que plantea situar este sueldo entre 1.268 y 1.386 euros mensuales en 14 pagas–, la patronal insiste en que el espacio adecuado para abordar esta cuestión es la Mesa de Diálogo Social y no un foro paralelo. La organización que preside Tamara Yagüe insiste en que esta cuestión debe abordarse en un «foro tripartito» que reúna a los sindicatos y al propio Gobierno vasco. Esto supone, en la práctica, volver a cerrar la puerta al Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL), donde los sindicatos quieren negociar el salario mínimo vasco y de la que la patronal se levantó en su momento, lo que provocó críticas por parte del Ejecutivo autonómico. Confebask apuesta así por canalizar el debate a través de la Mesa de Diálogo Social, donde no están presentes ELA ni LAB, los dos sindicatos con mayor representación en el territorio.  Confebask, sin embargo, insiste en que este es el «lugar apropiado» ya que permite integrar al Gobierno vasco en el debate y abordar el conjunto de políticas laborales desde una perspectiva más amplia, incluyendo aspectos como la competitividad, la productividad o el absentismo.

El absentismo laboral se ha convertido en una de las principales amenazas para la competitividad del tejido productivo vasco. Así lo denunció ayer Tamara Yagüe, presidenta de Confebask, durante la rueda de prensa posterior al Consejo General anual de la patronal, donde repasó la coyuntura económica del primer semestre y detalló las principales preocupaciones de las empresas vascas. Según expuso, los datos que manejan las organizaciones territoriales –Adegi, Cebek y SEA– muestran que Euskadi lidera los niveles de bajas por enfermedad común no solo en el conjunto del Estado, sino también en Europa, con unas cifras que, en algunos casos, duplican las de regiones cercanas con estructuras productivas similares. «El absentismo se ha convertido en un problema capital para nuestra competitividad», subrayó Yagüe, quien insistió en la necesidad de abrir «un diagnóstico lo más compartido posible» que permita entender por qué el fenómeno alcanza en Euskadi cifras tan elevadas. En su análisis de la coyuntura económica, Yagüe confirmó que Confebask mantiene su previsión de crecimiento del PIB vasco en el entorno del 2% para este año, con un volumen de empleo suficiente para sostener el millón de cotizantes. Sin embargo, matizó que este crecimiento se está apoyando más en los servicios e incluso en la construcción, mientras que la industria «se mantiene débil» en un contexto de crecientes incertidumbres globales. Uno de los factores que más está lastrando al sector industrial, alertó, es el nuevo escenario de guerra comercial. «El reciente anuncio de Donald Trump de imponer aranceles del 30% a la Unión Europea ha encendido todas las alarmas», señaló. Aunque confían en que todavía sea posible un acuerdo que mitigue los daños, advirtió de que ya se están percibiendo efectos como «ralentización de la actividad, menores expectativas de ventas y los primeros expedientes de regulación de empleo, de momento temporales».

Aunque se espera que la economía vasca crezca en torno al 2% este año y el próximo –una cifra sólida en el contexto internacional–, el Consejo Económico y Social (CES) de Euskadi alertó ayer de que las tensiones externas ya empiezan a hacer mella en el territorio. En su memoria de 2024, que ofrece una radiografía detallada de la situación socioeconómica, la institución advierte de la «preocupante» ralentización del crecimiento provocada por la caída de la producción industrial. El problema de fondo es que la industria vasca, claramente orientada a la exportación, lleva dos años acusando el impacto de la desaceleración económica en Francia y Alemania, sus principales mercados. A esta situación se suma la guerra arancelaria impulsada por Donald Trump, cuyas consecuencias aún están por determinar, conformando un cóctel incierto para el sector, que solo creció un 1% durante el pasado ejercicio. La salud de la industria es una prioridad para el nuevo Gobierno vasco, que ha hecho de su revitalización una de sus principales banderas desde que se constituyó hace un año. Jon Barrutia, presidente de la comisión responsable del informe presentado ayer, advirtió al Ejecutivo de que esta «preocupante» caída de la producción industrial ya está generando pérdidas de empleo en todo el tejido productivo asociado.

Euskadi llega al ecuador del año con 18.900 empleos nuevos, una marca que le permite superar por primera vez el millón de puestos de trabajo en los registros del Eustat (en datos exactos, 1.010.400). Toca este techo y lo hace con una caída del paro de 13.200 personas respecto al trimestre anterior hasta fijarse en el 5,7% (1,3 puntos menos). Así lo refleja la encuesta PRA (Población en Relación a la Actividad) que publicó ayer el Instituto Vasco de Estadística. Los datos muestran como el mercado laboral vasco se repone del habitual parón que suele suponer el arranque del año y da una nueva muestra de fortaleza alcanzando unas cifras récord que se apoyan en su mayor parte sobre el tirón que vive el sector servicios. En este ámbito la ocupación crece en 13.800 personas (un 1,9% más que durante el trimestre anterior). Le sigue la industria, con 3.400 empleos más (un 1,7%), y la construcción, que añade 1.900 (3,3%). Por su parte el sector primario mantiene su descenso y se deja 300 personas en los tres últimos meses (un 3,2% menos). Además, un 65% de los empleos creados han sido indefinidos, esto es que 12.300 contratos han sido firmados siguiendo este modelo. Por su parte, la tasa de actividad que estima las personas en edad de trabajar, ya tengan empleo o estén en busca de uno, se mantiene respecto al trimestre anterior en el 56%. En cambio la tasa de ocupación que representa el total de las personas entre 16 y 64 años que están actualmente empleadas crece 1,2 puntos y supone ya el 71,9%. Actualmente seis de cada diez hogares vascos –se estima que hay 927.600 en todo el territorio– tienen a todas sus personas activas ocupadas. De nuevo el registro es fruto de una mejora, ya que supone un aumento de 9.800 familias respecto al arranque del ejercicio. 

La nueva planta de la empresa Metal 78 iniciará su actividad a principios de 2026 en la antigua Arcelor de Zumarraga, diez años después del cierre de la emblemática compañía. Cuatro meses después del anuncio de su implantación, las instalaciones acogieron ayer una visita institucional para conocer el avance de las obras de la factoría, llamada a convertirse en referente estatal en la recuperación de metales críticos preciosos mediante procesos 100% hidrometalúrgicos. El director gerente de Metal 78, José Manuel Muriel., detalló que se ha ejecutado el 90% de la inversión de 12 millones contemplada para la puesta en marcha de la planta. «A principios de septiembre empezaremos a vislumbrar el final de la obra civil y a finales de año culminaremos la instalación de los elementos que están en proceso de fabricación para la actividad que se desarrollará en la empresa, la idea es que podamos iniciar la producción en el primer trimestre de 2026», detalló el responsable de Metal 78. Recordó que esta planta será la primera a nivel estatal en aplicar procesos 100% hidrometalúrgicos para el reciclaje de catalizadores tanto industriales, como de vehículos, para la recuperación de metales críticos preciosos como el platino, el paladio o el rodio, materiales clave para el desarrollo industrial y tecnológico en la Unión Europea, «siendo un ejemplo claro de economía circular, que permite convertir residuos en recursos, generar empleo de calidad y reducir las emisiones de CO₂ en más de 17.000 toneladas al año». El responsable de Economía Circular del Estado, Alejandro Dorado, destacó el respaldo del Gobierno de España –que ha aportado 5 millones procedentes de los fondos Next Generation– al proyecto.

A escasos días de que se dilucide si se mantiene la adjudicación a CAF del llamado ‘contrato del siglo’ para la construcción de 180 trenes en Bélgica por valor de 1.695 millones, ampliables a 600 unidades (3.400 millones), la compañía beasaindarra pugna con la francesa Alstom, que presentó alegaciones a esta adjudicación, por otro megacontrato. En concreto, se trata de una licitación en México cuyo monto total asciende a 2.600 millones de euros. Según indican fuentes del mercado, se trata de una de las mayores operaciones en estos momentos, ya que supone la compra de quince trenes en un contrato que también incluye el mantenimiento, el equipamiento de los talleres y la operación del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), un componente clave para modernizar las rutas nacionales. La flota de trenes irá destinada a cubrir la línea que une Ciudad de México con el aeropuerto AIFA y Pachuca que pretende atender una demanda de 80.000 pasajeros diarios. Una licitación en la que también participa la compañía ferroviaria China Railway Rolling Stock Corporation. No obstante, las mismas fuentes indican que uno de los requisitos es que el 55% se construya en el país azteca, lo que limita la competencia de la firma china, que no cuenta con una planta en México, mientras que CAF y Alstom sí tienen implantación productiva en el país centroamericano.

Los resultados de Mercedes en España se desplomaron un 71,5% en el pasado 2024. Según reza en las cuentas presentadas por la compañía en el registro mercantil, ganó 29,7 millones de euros frente a los 105,2 de 2023. La principal causa de estas cifras reside en la única fábrica que tiene la multinacional alemana en España, la de Vitoria. La planta vasca es la segunda más grande de la marca en todo el mundo y acusó un doble impacto en 2024. Por un lado una fuerte caída de la demanda de vehículos que se hizo general en Europa por la desaceleración económica que llevó a países como Alemania a una recesión técnica. Pero, por otra parte, el despliegue e inicio de las obras de su ampliación para fabricar el nuevo modelo eléctrico ‘VAN.EA’ también obligó a revisar la producción. El caso es que de la instalación en la que trabajan 5.000 personas y que ocupa una superficie de 642.000 metros cuadrados, solo salieron 120.355 unidades, un 24% menos que el año anterior. Se trata de cifras que, en una fábrica que puede producir más de 150.000 vehículos al año, no se veía desde el año de la pandemia. De las unidades producidas, el porcentaje eléctrico sigue siendo muy reducido. Así, los vehículos enchufables ascendieron a 7.903, solo el 6,5% del total de la fabricación. En cuanto a la inversión, sigue siendo el principal esfuerzo que se refleja en las cifras del ejercicio 2024. Y es que la compañía afronta la puesta en marcha de las nuevas instalaciones para el año que viene y que requieren una inversión cercana a los mil millones. Es una de las mayores actuaciones industriales desarrolladas en los últimos 25 años en Euskadi, junto a la que proyecta Petronor en Bizkaia.

El plan para construir el subfluvial de Lamiako es ya imparable. La Diputación aprobó ayer el proyecto definitivo con un presupuesto de 543,7 millones de euros y anunció que las obras comenzarán en el primer trimestre del año que viene. Las licitaciones se lanzarán este mismo verano. No hay vuelta atrás. La institución foral tiene claro que la carretera bajo tierra que unirá las dos márgenes a través de una galería de 3,2 kilómetros «es necesaria, no es un capricho», en palabras de su máxima responsable, Elixabete Etxanobe. Serán finalmente 543,7 millones de euros y un plazo de algo más de 6 años (74 meses) lo que requerirá la gran obra para su finalización. A contar, posiblemente a partir de la firma de los contratos con las constructoras, que podrían rubricarse a comienzos del año que viene. Otro detalle es que la obra se realizará por fases. En gran medida porque hay pocas empresas capaces de llevar a cabo un tajo de esta magnitud del tirón. Al menos, ese es el mensaje que dejaron fuentes forales. Y, por último, parece claro que la posible construcción de una lanzadera ferroviaria adosada al subfluvial queda, por ahora, en el aire y en manos del Gobierno vasco. Ayer, fuentes oficiales insistieron en que es una competencia del Ejecutivo autonómico y que será el PTS ferroviario el que decida si se aprovecha la galería por la que se habilitará la carretera para añadir este servicio. La financiación de este plan iría también a cargo del Ejecutivo autonómico.

Buena parte del discurso que ayer ofreció la diputada general en la presentación del subfluvial giró en torno a la utilidad de la futura galería. En la solemnidad del salón de recepciones, Elixabete Etxanobe calificó la actuación de «necesaria». «No es un capricho ni una ocurrencia», argumentó. «Es la pieza que le falta a la red de carreteras y está plenamente justificada porque está en juego la cohesión y el desarrollo económico del territorio», insistió. De hecho, Etxanobe valoró que el proyecto es «ambicioso» y que «más que un plan de ingeniería», se trata de «una declaración de intenciones» de lo que la nueva Bizkaia quiere ser. Etxanobe lanzó un mensaje para los detractores de la galería, para aquellos que critican que se apuesta por un modelo centrado en el coche. «Una de las claves de la movilidad del futuro son las carreteras más seguras y que generen menos molestias, con nuevas variantes para sacar tráfico del centro de los pueblos y con medidas también que calmen el tráfico en los entornos urbanos», con «una red principal de carreteras que garantice la cohesión y el desarrollo económico». La otra «clave», dijo, es «la mejora constante del sistema público de transporte». En ese sentido, indicó que mientras se construye el túnel bajo la Ría «iremos viendo cómo se pone en funcionamiento el nuevo servicio de Bizkaibus, más Bizkaibizi, las líneas 4 y 5 de Metro, los nuevos trenes en las líneas 1 y 2, e, incluso si se considera necesario, el túnel bajo la Ría estará preparado para coger una conexión

El País Vasco contaba hace dos décadas con unas 30.000 explotaciones agrícolas. A día de hoy, son 12.919. El éxodo del pueblo a la ciudad, los nuevos modelos de producción, la globalización, los cambios en el consumo... han derivado en una situación que hace imposible regresar a esas cifras. El reto, que no es pequeño, es lograr mantenerse en los números actuales, con negocios viables que permitan vivir de ellos. Y para eso, si algo hace falta, es savia nueva. A la pregunta de cómo atraer jóvenes al campo es a lo se que trató ayer de dar respuesta en el Itsasmuseum, en el foro ‘Primer sector: oportunidad para el relevo generacional’. La Estrategia de Relevo Generacional impulsada por el Ejecutivo autonómico y las tres diputaciones pretende incorporar en los próximos diez años a 1.250 jóvenes al primer sector. ¿Por qué 1.250? Porque se aspira a garantizar un futuro, en palabras de la consejera Amaia Barredo, «al 85%» de las en torno a 1.500 explotaciones viables en las que sus titulares están ya jubilados o a punto de estarlo. En ese proceso un actor clave es Hazi, que «trabaja en red» con otros agentes sectoriales para prestar apoyo a los jóvenes productores. Para Mentzia Otxoa de Zuazola, directora de Emprendimiento e Innovación de la fundación, «las explotaciones tienen que ser rentables, pero el campo ofrece otras externalidades positivas como desarrollar una pasión y un proyecto empesarial que contribuye a mantener nuestro paisaje, pueblos y cultura». 

Greenpeace presentó ayer ‘Destrucción a toda costa’, un informe anual que comenzó a publicarse en 2000 y que revisa la situación de las costas ante el cambio climático y su efecto en el nivel del mar. Como todos los años, el diagnóstico no es nada esperanzador. En este caso, además, la asociación ha acusado al Gobierno vasco de «mirar para otro lado» ante el problema que puede suponer el avance de los océanos en las orillas. «Mientras los impactos climáticos nos muestran su crudeza, la administración vasca recupera modelos pasados que ya están obsoletos y pone al límite los ecosistemas costeros que nos protegen», aseguró Elvira Jiménez, coordinadora de campañas de Greenpeace. El documento ‘Destrucción a toda costa’ es especialmente duro con la gestión de las instituciones vascas en las zonas costeras y se centra en dos aspectos principales: la ampliación del Guggenheim en Urdaibai y el aumento del turismo en las zonas de playa. Con respecto a la construcción en Gernika de una segunda sede de la pinacoteca, Greenpeace considera que es el proyecto «más negativo, no solo de Euskadi, sino de todo el Estado español». «Resulta especialmente grave que el Ministerio para la Transición Ecológica haya modificado la Ley de Costas mediante una orden ministerial que aprueba la reducción de la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre en Murueta, para permitir que las instalaciones se construyan a 20 metros (y no a 100 como debería ser) de las marismas de Urdaibai», señalaron. Este proyecto ya ha sido denunciado este año ante la Audiencia Nacional por los ecologistas.

La Comisión Europea ha anunciado este jueves que abrirá un procedimiento de infracción contra España, al considerar que el Gobierno se habría extralimitado al imponer más condiciones a la operación del BBVA sobre el Banco Sabadell, como un plazo mínimo de tres años para la fusión de las dos entidades. El Ejecutivo comunitario considera que el país ha vulnerado la normativa relativa al Mecanismo Único de Supervisión, la directiva de Requisitos de Capital y las disposiciones del Tratado de la UE sobre la libre circulación de capitales y de establecimiento. La Comisión pide a España cambiar las tres normas nacionales que dan poder al Ejecutivo para obstaculizar este tipo de operaciones más allá del interés general en el que se ha escudado el Gobierno. De no hacerlo, el caso podría elevarse en última instancia a la Justicia europea. A finales de junio, la comisaria de Finanzas, María Luisa Alburquerque, ya advirtió de que el Gobierno no debía interferir en operaciones como la del BBVA sobre el Banco Sabadell y aseguró que el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades de Competencia son los únicos organismos que se pueden pronunciar en este tipo de transacciones. «Las reglas son muy claras: para entidades grandes tenemos al BCE, que indica si la operación es adecuada o no; y después tenemos a las autoridades de Competencia, que pueden expresar sus preocupaciones», afirmó en el evento Fórum Europa, en Bruselas.

La carta enviada por la Comisión Europea al Gobierno de España supone una dura censura sobre su intervención en la opa de BBVA sobre el Sabadell. Bruselas considera que la actuación de Moncloa no solo vulnera las competencias del Banco Central Europeo (BCE) y del Mecanismo Único de Supervisión, sino también las del propio órgano de Competencia en España, la CNMC, que autorizó la operación. Además de representar «restricciones injustificables» a la libre circulación de capitales. Pero este expediente de la Comisión Europea no tendrá afección alguna sobre la opa en curso, ni sobre las condiciones exigidas por el Consejo de Ministros al banco vasco. Estas, en caso de que la operación se materialice, obligan a mantener ambas marcas, sus negocios y figuras jurídicas de modo independiente, así como no cerrar la red de oficinas ni efectuar despidos en las plantillas. Unos requisitos que deben mantenerse tres años ampliables hasta cinco. La Comisión Europea pide explicaciones al Gobierno porque considera que la normativa nacional –las leyes de Solvencia Financiera y la de la Defensa de la Competencia–, en la que se apoyó Moncloa para actuar, vulnera competencias exclusivas del BCE y la propia normativa comunitaria en materia de libertad de establecimiento y de libre circulación de capitales. Se cuestiona, por lo tanto, la legislación española y su compatibilidad con las directivas de la UE. Así, este tipo de expedientes no busca levantar las medidas impuestas por el Gobierno, sino obligar al Estado miembro a modificar su legislación.

El Gobierno, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha convocado los primeros concursos de “acceso de demanda a las redes eléctricas”, es decir, conexiones para que las empresas con gran consumo de luz puedan enchufarse a la red eléctrica. Estos primeros concursos, en varias comunidades autónomas, contemplan un total de 3.681 megavatios (MW). Es menos de lo previsto inicialmente (5.400 MW), pero es un arranque, y todo un aviso de cómo serán los procesos sucesivos. Es la primera vez en la historia del sector eléctrico que el Gobierno tiene que recurrir a concursos para que los interesados se hagan con los puntos de conexión. Ocurre porque en los últimos años las peticiones de enganche se han multiplicado exponencialmente, y superan la capacidad de absorción de la red. Lograr puntos de acceso a la red es ahora el nuevo tesoro del sector eléctrico. Las solicitudes se han disparado por la llegada masiva de proyectos de centros de datos, o data centers, y por los procesos de muchas empresas para “electrificar” su producción, es decir, para usar electricidad como energía en lugar de combustibles fósiles, de tal manera que logren su “descarbonización”. Esta palabra es clave en los concursos que ha sacado el Gobierno, y cuyos plazos han empezado a correr tras la convocatoria en el BOE. A la hora de conceder las licencias, el Gobierno va a dar prioridad a las empresas cuyo objetivo sea la reducción de emisiones, o descarbonización.

El crecimiento económico nacional, que ya estaba sumido en un proceso de moderación por la debilidad de la economía europea, se está viendo además afectado por las tensiones arancelarias, que han provocado una cascada de revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento. La última casa de análisis en sumarse a esta tendencia ha sido el Instituto de Estudios Económicos (IEE), que ayer rebajó dos décimas su pronóstico de avance del PIB para este año, hasta el 2,3%, aduciendo precisamente la creciente confrontación comercial entre Estados Unidos y sus principales socios. Además, el IEE alerta de que el escenario está muy condicionado por los riesgos a la baja en el ámbito interno por la incertidumbre política y regulatoria. El presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, explicó en la rueda de prensa para la presentación del último informe de perspectivas económicas que 2025 marcará “un punto de inflexión en la trayectoria económica de España” de los últimos años, ya que el PIB perderá dinamismo en un contexto de mayores riesgos globales que van a afectar a la evolución del sector exterior y no van a favorecer la inversión empresarial. Así, con el sector exterior posiblemente en negativo, por un avance de las importaciones mayor que el de las exportaciones (2,9% y 2,4%, respectivamente) y la inversión débil (2,8%, si bien hay que tener en cuenta que todavía no se ha recuperado por completo de la crisis del coronavirus), el crecimiento “se apoyará fundamentalmente en el consumo de los hogares”, gracias al aumento del empleo, la renta disponible y la moderación de la inflación y los tipos de interés, que reducirá la carga hipotecaria de los hogares.

La investigación que dirige el juez Rubén Rus Vela, el titular del uzgado de Instrucción 2 de Tarragona, ha constatado que la supuesta trama de ‘leyes a la carta’ o ‘normativa por encargo’ que ha valido la imputación al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro se activó en dos ocasiones muy concretas, 2013 y 2018. En ambas usó un ‘modus operandi’ casi idéntico y sin precedentes conocidos en la larga trayectoria de corrupción en España: permitir que los técnicos de las empresas llegaran a «redactar» las leyes y reglamentos que le interesaban a cambio de importantes pagos al despacho que había fundado Montoro o a la consultora vinculada a este bufete. Fue en su segunda etapa, ya como ministro con Rajoy, en la que, sostiene el magistrado, Equipo Económico comenzó a operar con un sistema inédito: una suerte de ventanilla externa de peticiones al Ministerio de Hacienda –previo pago, eso sí– para las empresas gasísticas bajo sospecha. Air Liquide, Abelló, Messer, Praxair y Carburos Metálicos se unieron para un fin común: que Rajoy les bajara los impuestos. El primer supuesto gran amaño legislativo fue en 2013 y fue para que a esas compañías se les incluyera en la rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad. Hasta recurrir al despacho de Montoro, estas empresas habían fracasado en sus intentos por hacer cambiar de opinión al Gobierno de Rajoy. Por su parte, según El País, las empresas gasistas no son las únicas que presuntamente recurrieron a los servicios de Equipo Económico (EE), el antiguo bufete del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, para conseguir reformas legislativas favorables. También lo hicieron numerosas mercantiles del sector eléctrico y de las renovables, con la esperanza de que los pagos sirvieran para aprobar rebajas fiscales.

La imputación del exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro por una presunta red de influencias tejida durante su mandato para beneficiar a empresas gasistas a cambio de dinero (ver página siguiente) ha coincidido en el tiempo con el enésimo cuestionamiento judicial de una de las muchas subidas de impuestos que aprobó mediante reales decretos durante el Gobierno de Mariano Rajoy. En esta ocasión, la Audiencia Nacional ha decidido elevar ante el Tribunal Constitucional el llamado “impuesto a las pérdidas” empresariales, que vetaba a las compañías la posibilidad de deducirse fiscalmente las pérdidas sufridas por la venta de sus filiales. La medida fue incluida por Montoro en el ya célebre Real Decreto-ley 3/2016, buena parte de cuyo contenido ya fue tumbado por el Tribunal Constitucional en 2024 generando un agujero de recaudación de unos 5.000 millones de euros. Los magistrados consideraron entonces que el decreto no es una vía adecuada para plantear modificaciones sustanciales del Impuesto de Sociedades, y anularon tres de las medidas del paquete: los topes a la compensación de bases imponibles negativas, los límites a las deducciones por doble imposición y la obligación de integrar automáticamente en la base imponible deterioros de participaciones deducidos en ejercicios previos. Para reactivar los ingresos perdidos, el Gobierno tuvo que reimpulsar las tres medidas en la reforma fiscal aprobada a finales del año pasado. Al no afectar a la empresa entonces recurrente, sin embargo, los jueces no entraron a valorar otras de las alzas fiscales del decreto, como es el caso del conocido como impuesto a las pérdidas. Se trataba de una modificación de la Ley del Impuesto de Sociedades que, con efectos para los periodos impositivos iniciados desde el 1 de enero de 2017, fijaba que “no se integrarán en la base imponible las rentas negativas derivadas de la transmisión de la participación en una entidad”.

El Reino Unido y Alemania dieron ayer un gran paso para el fortalecimiento del E3, el eje que forman los dos países y Francia en el conjunto de Europa, y que lleva camino de convertirse en la voz influyente y de referencia en una UE mucho menos ágil en la adopción de estrategias comunes. Británicos y alemanes firmaron un tratado clave en dos apartados ahora mismo fundamentales en el continente: mejorar la cooperación en defensa, que incluye colaborar en la construcción de armamento, y atajar la migración ilegal, para lo cual han pergeñado una táctica novedosa. ¿En qué consiste? Es lo que se dice golpear en origen. La estrategia pasa porque los gobiernos no solo fomenten medidas de devolución o traten de atajar el salto del Canal de la Mancha en la costa, cuando los migrantes embarcan en una temible travesía entre Francia y el Reino Unido, sino en atacar desde lo profundo del territorio germano, donde las mafias almacenan los motores y las piezas de las lanchas neumáticas. Con ese fin, el jefe del Gobierno germano se comprometió a realizar las modificaciones legislativas para facilitar a la Policía las confiscaciones en la logística de las bandas antes de que salgan del país. El canciller, Friedrich Merz, se sorprendió cuando su homólogo británico, Keir Starmer, le comentó que éste es el primer acuerdo entre sus naciones desde la Segunda Guerra Mundial. «Los teníamos en la Unión Europea y pensamos que eso era suficiente. Pero ahora estamos aprendiendo que no lo es y por eso tenemos que hacer más», aclaró el mandatario alemán en una clara apuesta por la política de alianzas.