20230203

Rueda de prensa de Cebek sobre Coyuntura Económica, salarios, absentismo, contrataciones y percepción empresarial. Un 44% de las empresas considera que la coyuntura es buena y un 40% considera que sus mercados están ahora en reactivación y continuarán en esa situación en los próximos 6 meses. La industria y los servicios, y entre ellos las empresas de mayor dimensión, son las que trasladan mejores valoraciones, mientras que las empresas del sector comercial y, en general, las de menor tamaño, trasladan su preocupación sobre la coyuntura en el territorio. El 67 % de las empresas mantendrá su plantilla en 2023 y el 25% la incrementará. Un 62 % de las empresas consultadas incrementarán los salarios en 2023, una parte sustancial de ellas a través de un incremento general de las tablas salariales correspondientes. Preocupante: Un 55% ha mantenido sus cifras de absentismo de 2021, mientras que un 34 % las ha incrementado. Las principales preocupaciones de las empresas son, en este orden, el descenso de la rentabilidad sobre las ventas, la debilidad aún del escenario económico y los elevados costes laborales e incrementos salariales. Ver más en Cebek

La mesa de diálogo social del País Vasco va a analizar las causas y también va a proponer recomendaciones en torno a uno de los problemas que existen en el funcionamiento de la economía de Euskadi: la elevada incidencia del absentismo laboral. Gobierno vasco, empresarios y los sindicatos UGT y CC OO, los componentes de esa mesa –las centrales LAB y ELA han renunciado a participar en ese foro– han decidido profundizar en este tema, según desveló ayer la presidenta de la patronal vizcaína Cebek, Carolina Pérez Toledo. Desde hace ya mucho tiempo el País Vasco lidera el ránking de absentismo laboral en España, e incluso los últimos datos apuntan a una mayor apertura de la brecha que separa Euskadi con otras comunidades autónomas y con la media nacional. Según las últimas estadísticas, el País Vasco padece un absentismo del 9,8% –recoge bajas por enfermedad y todo tipo de ausencia del puesto de trabajo, incluida la representación sindical–, frente a la media del 6,7% para el conjunto de España. Ese porcentaje significa que, como media, cada vasco falta a su puesto de trabajo 21 días al año. «Es un tema que nos preocupa mucho y tiene una especial gravedad porque sigue creciendo y afecta de forma muy negativa a la productividad», señaló ayer la presidenta de Cebek para justificar el hecho de que los empresarios, la Administración y los sindicatos se sienten a analizar la cuestión. En su opinión se necesita «un mayor reproche social» en torno a este fenómeno.

Los empresarios vascos han pedido esta mañana que la reforma fiscal que se abordará este año en Euskadi garantice un "equilibrio" entre las políticas sociales y las medidas de estímulo de la economía y la competitividad del tejido productivo. Ha sido la Confederación Empresarial de Bizkaia (Cebek) la que ha trasladado esta "reflexión" del comité ejecutivo de Confebask. La presidenta de la patronal vizcaina, Carolina Pérez Toledo, y su secretario general, Fran Azpiazu, han mostrado el respaldo de los empresarios vascos a la decisión de retomar el proceso de actualización de las normas tributarias vascas al contexto actual. Un capítulo que se aplazó por la pandemia. De hecho, el lehendakari trasladó a finales del año pasado a la dirección de Confebask la intención de abrir el diálogo del PNV y el PSE, con mayoría en las tres juntas generales para aprobar la reforma. Los empresarios vascos tienen sus "deberes hechos" y confían en que sus aportaciones tengan reflejo en el texto final. "Nos alegramos de que hayan decidido abordar la reforma después de mayo [tras las elecciones locales] y esperamos que haya un equilibrio entre las políticas sociales, que suponen un 76% del gasto social del Gobierno vasco, lo que nos parece muy bien, y medidas que generen competitividad y permitan a las empresas mantener su actividad", ha afirmado Pérez Toledo.

El paro subió en Euskadi, al concluir el mes de enero, en 2.107 personas, un 1,9% más respecto al mes anterior, con lo que el total de desempleados se ha elevado a 112.905. Con respecto al mes de enero del año anterior, sin embargo, el desempleo ha descendido en 3.039 personas (-2,62%). Otro tanto se puede decir de la creación de empleo. Se pierden 9.762 cotizantes con respecto al mes de diciembre (-0,98%), pero en comparativa interanual (enero 2022), el saldo todavía es positivo: 10.729 afiliados más (+1,10%). Para el responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, “estamos ante un mes de enero que transcurre en su línea habitual, aunque también es verdad que en esta ocasión hay más aumento del paro y mayor destrucción de empleo porque se está trasladando al mercado laboral la paulatina desaceleración de la actividad económica que observábamos para este primer trimestre, tal y como ya adelantábamos en las previsiones que hicimos en diciembre”. Ver más en Confebask. 

El mercado laboral acusa un frenazo en enero y el número de autónomos obtiene el registro más bajo de la serie histórica. Los ministerios de Trabajo y Seguridad Social hicieron público ayer que en enero se volvió a destruir empleo en Euskadi. En concreto, el mes pasado 9.761 vascos dejaron de cotizar. El global de la población que conforma el grupo con actividad económica –bien sea como autónomos o contratados por cuenta ajena– descendió en el primer mes del año hasta los 981.315 afiliados. Los números no son malos, de hecho, sigue cerca del millón de personas que supone un techo histórico para Euskadi, y desde el mes de enero del año pasado se han incrementado en 14.345. Pero son ya dos los meses que anotan una caída. Lo mismo ocurre con los parados que están buscando trabajo. Lanbide, contabilizó en enero un aumento de los desempleados de 2.107 personas. No es anómalo que esto ocurra en el primer mes del año. Así lo recordó ayer el viceconsejero de Empleo e Inclusión del Ejecutivo autonómico, Alfonso Gurpegi, al analizar las estadísticas. Pero sí es revelador que las 2.107 personas que engrosaron las filas del paro en Euskadi hasta los 112.095 en los 31 primeros días de 2023 sean el doble de los que lo hicieron en el mismo mes del año pasado. En este caso, también, el dato de los parados no es malo y así lo señaló el propio Gurpegi al incidir en que el mercado laboral vasco «vuelve a demostrar solidez tras la crisis pandémica». Pero es el segundo mes con datos decrecientes rompiendo así una estela de crecimiento sostenida a lo largo del pasado año. Además, estas cifras llegan después de que la economía vasca se frenara en el pasado verano, con un crecimiento casi cero del 0,1% entre julio y septiembre; y del 0,4% en el último trimestre del año.

Los datos de la Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo arrojaron ayer la destrucción de 215.047 empleos y 70.744 desempleados más en el primer mes del año. Es cierto que enero suele ser un mes tradicionalmente negativo para el mercado de trabajo por el final de la campaña de Navidad, que cada año envía a decenas de miles de trabajadores a las listas del paro. Pero también lo es que la tendencia en la creación de empleo, que ha mostrado una notable resiliencia hasta ahora, se ha desinflado en los últimos meses, acusando el impacto de la desaceleración económica inducida por la guerra en Ucrania, la carcoma inflacionista y la incertidumbre a corto y medio plazo. Un giro que ya anticipaba la última EPA, con la destrucción de casi 82.000 empleos en el cuarto trimestre del año pasado, dejando patentes los síntomas de agotamiento del mercado laboral. De hecho, solo en el último día laborable de enero se dieron de baja 164.300 cotizantes frente a los 48.510 que se dieron de alta. El resultado fue una “destrucción neta de empleo el último día del mes de 115.800 personas, el 0,6% del total de afiliados a la Seguridad Social”, subrayó ayer BBVA Research. En este contexto, los más de 215.000 cotizantes perdidos en enero superan con holgura los 197.750 ocupados menos del mismo mes del año pasado, aunque están por debajo de los 218.953 puestos de trabajo destruidos en 2021 y, sobre todo, de los 244.044 de 2020, un mes antes de que el Covid provocara un terremoto económico. Sin embargo, es un dato peor a los registrados entre 2015 y 2019, cuando la economía española estaba en plena recuperación tras la tormenta financiera.

En la última reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), su presidenta Christine Lagarde advirtió de que las subidas de tipos seguirían en 2023. Y así se constató en el encuentro que mantuvo la entidad europea ayer en Frankfurt, en la que volvió a encarecer el dinero otro 0,5%, lo que eleva los tipos hasta el 3%. Además, en un anuncio poco habitual, el organismo avanzó que habrá una nueva subida del 0,5% en marzo. Todo ello con una inflación que, a pesar de seguir disparada, empieza a dar signos positivos y lleva ya tres meses en la senda de la reducción a nivel de la Eurozona. Aunque de momento el BCE no ha dado pistas de dónde situará el techo de subidas, Lagarde repitió que «aún queda mucho terreno por cubrir» para llegar al objetivo de reducir la inflación al 2% a medio plazo. Con ese objetivo en mente y una hoja de ruta «de continuidad y consistencia», la entidad decidió por una «amplia mayoría» una nueva subida de 50 puntos básicos en marzo. Esta decisión «no es irrevocable», sino que dependerá de la evolución de los indicadores económicos, advirtió Lagarde. La entidad espera que la actividad económica europea siga a la baja, después del ligero avance del 0,1% registrado a finales de 2022. Las consecuencias de la guerra en Ucrania continuarán lastrando el consumo y la producción de los países del euro, aunque la subida de los salarios y el pequeño respiro de los precios energéticos podría compensar la pérdida del poder adquisitivo de las familias. «La economía europea ha sido más resiliente de lo esperado», destacó Lagarde. El ‘pico’ de precios también está cada vez más cerca y se irán reduciendo «muy gradualmente» a lo largo del año. Con todo, la presión de la inflación subyacente «sigue siendo alta» y existe el riesgo de un nuevo repunte, advierte Lagarde.

Aunque el BCE apunta a una reducción en la intensidad de los incrementos que le permita seguir subiéndolos de forma sostenible durante más tiempo, los inversores conocen de sobra cómo es ese recorrido. Consta de tres pasos: En primer lugar, la autoridad monetaria sube con fuerza el precio del dinero para dar un golpe sobre la mesa y refrendar su credibilidad. Después, con la emergencia algo más controlada, va poco a poco reduciendo el ritmo de sus intervenciones. Finalmente, opta por frenar y mantener las tasas habiendo alcanzado el pico. Los inversores cuentan con que el BCE se encuentra ahora en la segunda etapa, mientras que la Fed, adelantada unos meses, estaría a las puertas ya de la última fase. Las expectativas de revisión del rumbo de la política monetaria en marzo, junto con un mensaje más tranquilizador sobre la inflación por parte de Christine Lagarde, la presidenta del BCE, es lo que ha llevado a que una reunión que tenía potencial de acabar con el rally de las bolsas haya terminado contribuyendo a la fiesta. “Los riesgos sobre la inflación están ahora más equilibrados que en diciembre”, indicó Lagarde ahondando en ese deje de optimismo con el que transcurrió la cita. Sin embargo, tal y como también refrendó el BCE, la lucha aún no se ha terminado. Los mercados han optado por mirar la parte buena del anuncio, pero el crecimiento de los precios sigue en el 8,5%, niveles desorbitados teniendo en cuenta el objetivo de inflación de la institución Europea se encuentra en el 2%. Esas cifras muestran que aún queda un largo recorrido en ese túnel de las alza de los tipos de interés, que de seguro se aproximarán mucho al 4%, un nivel que hace tan sólo un mes tanta conmoción causó entre los inversores.

Desde que se materializó la fusión entre las compañías Siemens Wind Power y Gamesa, en la primavera de 2017, la compañía resultante se ha convertido en una máquina de generar pérdidas millonarias. En los últimos tres meses de actividad, en el periodo octubre-diciembre del pasado año, la compañía eólica vasca ha cosechado nada menos que 884 millones de euros de pérdidas. Sería un «trimestre complicado», como lo ha calificado la empresa invadiendo de lleno el eufemismo, si no fuese porque perdió 924 millones en el último ejercicio completo y otros 627 en el anterior. La firma, ahora controlada casi al 100% por la multinacional germana Siemens Energy, no acaba de encontrar la salida a su particular crisis y para cada problema llega no una solución sino un contratiempo adicional. El último, reconocido ya por sus directivos, es que buena parte de los equipos de generación eólica vendidos en los últimos años tienen más problemas técnicos y eléctricos de los que cabía esperar. Como consecuencia han tenido que provisionar ya –anticipar pérdidas futuras que se dan como seguras– más de 400 millones de euros para atender a las reparaciones y cumplimiento de garantías que han dado a sus clientes. A diferencia de otros casos de empresas en pérdidas o en crisis, Siemens Gamesa no tiene un problema de mercado –la energía eólica está de moda– y tampoco de ventas o cartera de pedidos. Es lo único que mejora, aunque en este caso parece que a mayores ventas le suceden mayores pérdidas.

El proyecto prevé levantar ocho aerogeneradores de 115 metros de altura. Pese al rechazo frontal de la Diputación y los reparos de los ayuntamientos concernidos, el Gobierno vasco seguirá adelante con la tramitación del proyecto que prevé la construcción de un parque eólico con ocho aerogeneradores entre Arcentales, Sopuerta, Galdames y Muskiz. El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente aguarda a la Declaración de Impacto Ambiental, cuya elaboración depende del propio Ejecutivo autonómico, para tomar la decisión definitiva. Lakua tendrá la última palabra porque la instalación tendrá una potencia inferior a los 50 MW, por lo que el permiso no dependerá del Gobierno central. Además, desde hace un año, una reforma legal le permite imponer iniciativas de «interés público superior». En este caso, el Gabinete de Urkullu tiene garantizado por dos vías que su criterio prevalezca sobre los informes de otras administraciones. El último cambio normativo aprobado por el Parlamento vasco modificó la Ley de Ordenación del Territorio y a través de una disposición final incluida en otra norma –la de Administración Ambiental, aprobada en diciembre de 2021– le asegura al Gobierno vasco un mecanismo para dar prioridad a aquellos proyectos que sean de utilidad para el conjunto de la comunidad, incluso si el ayuntamiento afectado se muestra en contra. Es decir, que puede imponer la ejecución, por ejemplo, de vertederos y parques eólicos, causa habitual de fricciones con vecinos, colectivos ecologistas y entre los propios partidos políticos. La modificación legal ya supuso un importante terremoto político, porque no sólo se mostraron en contra todos los grupos parlamentarios de la oposición. También en Eudel, la Asociación de Municipios Vascos, hubo un intenso debate y fueron decenas los ayuntamientos que aprobaron mociones en contra.

El Gobierno vasco ha recibido solicitudes para construir 18 parques eólicos en la comunidad, pero los que realmente cobran forma se autorizan con cuentagotas. El Ejecutivo acaba de dar luz verde a dos en Álava, 16 años después del último levantado sobre el espigón de Zierbena: uno en Labraza, que se extiende también por Navarra; y el segundo en los montes de Azáceta, pendiente aún de la Declaración de Impacto Ambiental que gestiona la propia Administración autonómica. Estos dos parques anunciados se unirán a los cuatro que ya están en funcionamiento: Badaia y Elgea en Álava; y monte Oiz y el Puerto de Bilbao en Bizkaia, este último de 2006. En total, los nuevos proyectos, si se añaden tres plantas fotovoltaicas, suman 603 MW de potencia que requerirán una inversión de cerca de 630 millones de euros y permitirían suministrar el consumo energético de 448.000 hogares. La actual generación renovable instalada en Euskadi alcanza poco más de 600 MW, menos del 10% de la energía que consume y que está muy lejos del 25% que la UE se ha fijado como objetivo en 2030. El Departamento de Desarrollo Económico no aspira a la autonomía energética, pero «sí trabaja para reducir la dependencia del exterior y eso pasa por tener más generación de este tipo». Este despliegue llega en un momento en el que la Comisión Europea aprieta el acelerador en el desarrollo de una red de generación que dé seguridad frente a la dependencia del gas ruso.

La firma vasca CIE Automotive ha adquirido el 100% del capital social de la sociedad IberOleff Brasil en una operación cuya transacción ha ascendido a unos 20 millones de euros, lo que equivale a alrededor de 6,7 veces el resultado operativo obtenido en 2022 por la empresa brasileña. En un comunicado emitido ayer, la compañía vasca informó que la compra incluye también la adquisición por aproximadamente dos millones de euros de un terreno colindante a la fábrica que se dedicará a la expansión de sus instalaciones. El precio de la transacción será abonado por parte de CIE Automotive en metálico y se financiará a través de la caja actualmente disponible. Con cerca de 400 empleados y unas ventas en 2022 de 25 millones de euros, Iber-Oleff Brasil cuenta con una planta en la localidad de Salto, en el estado de Sao Paulo, y está especializada en la fabricación de componentes de plástico para el interior de vehículos, integrando en sus procesos inyección, soldadura, pintura, láser y ensamblado. El consejero delegado de CIE Automotive, Jesús María Herrera, subrayó en la nota que la integración de Iber-Oleff Brasil da entrada a la compañía vasca «a importantes fabricantes de vehículos eléctricos asiáticos en el país» sudamericano, además de reforzar el posicionamiento con fabricantes de equipo original europeos y americanos».

Gipuzkoa estará presente a través de Cidetec, Vicomtech y Lazpiur en ‘Future: Fast Forward’, el mayor consorcio conformado en España en el ámbito de la electromovilidad, en el que participan 52 socios y que, liderado por Seat, prevé una inversión de 10.000 millones de euros. Los dos centros tecnológicos tendrán un papel de primer orden en el megaproyecto; Cidetec, como entidad especializada en el almacenamiento de energía, y Vicomtech, siendo como es una referencia en la aplicación de inteligencia artificial a la conducción autónoma y en la introducción de inteligencia a través de la visión artificial. Lazpiur, reconocido en el mundo por sus máquinas de precisión, tiene también una división de e-movilidad que trabaja la electrónica de potencia y las baterías. También están en el consorcio las vascas Azterlab, Gestamp, Kautenik e Iberdrola.

El presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, alertó ayer de que las bajas ventas de coches en España son un obstáculo para que el país pueda liderar en el ámbito de la movilidad eléctrica. “Unas ventas inferiores a un millón de vehículos y menos de un 10% de cuota de mercado para eléctricos, son incompatibles con el objetivo de ser un hub de electromovilidad”, indicó el directivo en la presentación del proyecto Future: Fast Forward, liderado por el grupo VW y del que forman parte más de 50 compañías, para electrificar la producción del consorcio alemán en España. Griffiths aprovechó la presencia en el acto de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para pedir por una fiscalidad “atractiva para el vehículo eléctrico”. El empresario, que también es presidente de Anfac (la patronal española de fabricantes de coches), recordó las peticiones que transmitió el sector la semana pasada, cuando solicitó cambios en el IVA, IRPF y en el impuesto de sociedades para impulsar la venta de eléctricos. El año pasado, las matriculaciones de este tipo de coches quedaron un 35% por debajo de los objetivos que Anfac estipuló necesarios para cumplir con la hoja de ruta que el Gobierno impuso hasta 2030. Apenas se vendieron 78.329 unidades entre híbridos enchufables y eléctricos, muy lejos de las cifras de los principales mercados europeos. Además, el mercado en general matriculó 813.000 vehículos, una cifra que no se veía desde los peores momentos de la crisis financiera. “El 2023 es un año que no podemos perder, porque ya hemos perdido dos años”. 

Era ilegal pero no hay que devolver el dinero a las arcas de la Hacienda española. Esta es la consecuencia del fallo que ha dictado el Tribunal de Justicia Europeo en torno al controvertido ‘tax lease’ de la industria naval española, que estuvo en vigor entre los años 2001 y 2011. Un aparente error de la Comisión Europea al señalar a los contribuyentes que debían devolver las ayudas fiscales ha servido de base para una resolución que cierra definitivamente este controvertido asunto. Este sistema de ayudas a la construcción naval en España fue ideado por el Gobierno de Aznar para intentar impulsar ese sector, que ya entonces se encontraba en declive. Los armadores podían conseguir ahorros de hasta el 30% en el precio de los buques que encargaban gracias a una compleja estructura que en último término permitía al Estado conceder una subvención equivalente a ese descuento. Para ello se creaba una estructura intermedia, una Agrupación de Interés Económico, formada por empresas con un importante volumen de beneficios y a la búsqueda de desgravaciones fiscales. Era esa agrupación la que anticipaba el dinero, formalmente encargaba el barco al astillero y con posterioridad lo ponía en manos del armador con un descuento importante, primero en régimen de alquiler y con una venta posterior. A cambio, Hacienda concedía a los inversores una deducción fiscal en el Impuesto de Sociedades que incrementaba su beneficio neto y les permitía recuperar la inversión y una rentabilidad también cercana al 30%. Empresas como BBVA, El Corte Inglés, Inditex, Banco Santander, Sabadell o Bodegas Muga entraron en aquellas operaciones financieramente atractivas y avaladas por el Gobierno, aunque se estrellarían más tarde contra el muro de vigilancia de la Comisión Europea. El modelo no difiere en su estructura del que se utiliza ahora para subvencionar por la vía fiscal la producción de cine.

La central abertzale avanza medio punto, hasta el 19,59%, mientras que ELA pierde tres décimas y se queda con el 40,74%; y CC OO y UGT se mantienen. LAB es el único sindicato que gana representación en Euskadi en el llamado ‘periodo concentrado de elecciones sindicales’, que tiene lugar cada cuatro años y celebrado desde el 1 de septiembre del año pasado y hasta el 31 de diciembre, según destaca la central abertzale en una nota en la que da a conocer los resultados. El sindicato abertzale pasa de tener el 19,09% de representación sindical a finales de 2018 al 19,59% en 2022, tras ganar 249 delegados en las elecciones celebradas en esos cuatro meses en numerosos centros de trabajo. Se queda así con 3.523 delegados y la central celebra que se consolida como el segundo sindicato tras ELA y que se acerca a la barrera del 20%. Por su parte, la central nacionalista pierde tres décimas al pasar del 41,04% de representación al 40,74%, pese a haber ganado 298 representantes sindicales en este periodo concentrado en el que se juegan varios miles de delegados. CC OO se queda como tercer sindicato prácticamente con la misma representación que tenía hace cuatro años ya que pierde un 0,01% al pasar del 18,58% al 18,57% aunque ha ganado 153 delegados . Cierra diciembre con 3.340 delegados sindicales. Finalmente, UGT avanza una centésima y se queda con el 10,69% tras lograr 1.923 delegados, 91 más que hace cuatro años.

"La semana pasada tuve la oportunidad de participar en el encuentro Finanza organizado por Elkargi en Bilbao, y acercar empresarios y representantes de entidades financieras y organismos públicos las iniciativas que el Grupo ICO está desplegando para dinamizar la transformación verde y digital y el crecimiento empresarial. Desde el ICO trabajamos en colaboración público-privada con el objetivo de dar una respuesta eficaz a las necesidades de financiación de las empresas en los diferentes escenarios económicos, impulsando su actividad y desarrollo...La razón de ser del Instituto de Crédito Oficial -compartida por las entidades como Elkargi que nos acompañan en esta tarea- son las empresas, de todos los sectores y tamaños. Queremos contribuir al crecimiento de las pymes y para ello innovamos y nos dotamos de nuevas capacidades que nos permitan ofrecer el abanico más amplio y flexible de instrumentos financieros. El crecimiento empresarial es clave para impulsar la competitividad, la innovación, la internacionalización y la capacidad de generación de empleo de calidad..."

La Universidad de Mondragón apuesta por este modelo formativo y laboral como una palanca de innovación. El doctorado industrial es una palabra que suena remota a la mayoría de los universitarios y, sin embargo, está llamado a ser una gran palanca de innovación. La idea es que el doctorando se instala en una fábrica o compañía que le contrata (con respaldo público casi siempre) y esta se beneficiará de su contribución científica. El número de doctorandos industriales en España no se conoce, porque los datos del Ministerio de Universidades no distingue esta modalidad del resto, pero no pasan de unos centenares (en 2021 se defendieron en total 11.300 tesis). Algunos datos: el Ministerio de Ciencia e Innovación invierte cuatro millones de euros cada año en formar a unos 60 doctorandos industriales; en 2020 la Generalitat de Cataluña financió o cofinanció 108 doctorados y la Comunidad de Madrid, este curso, otros 55. En ocasiones las empresas se ponen en contacto con una universidad porque ne- cesitan que sea doctor alguno de los trabajadores de sus centros de innovación para recibir subvenciones públicas y en otras los sueldos de los doctorandos salen del presupuesto de un proyecto de investigación de colaboración público-privado. El ingeniero Roberto Uribeetxeberria, coordinador de Investigación y Transferencia de la Escuela Politécnica de la Universidad de Mondragón (Gipuzkoa), contextualiza el auge de los doctorados industriales: “Desde hace ocho años, en Europa, todas las entidades que están financiando la investigación básica están dando la turra —hablando en plata— con que se está haciendo investigación que luego no se convierte en producto o en servicio. No hay transferencia de conocimiento, se queda en el laboratorio y hay que cruzar el puente. Por eso hay un esfuerzo grande de todas las entidades para que se materialice en nuevas empresas, nuevos productos, con lo que deriva eso en más empleo y de mayor calidad”.

Si el miércoles era el BBVA el que presentaba un récord histórico de beneficios de 6.420 millones de euros obtenidos el pasado año –un 38% más que en 2021–, ayer fue Banco Santander el que no se quedó a la zaga e igualmente reveló unas históricas ganancias de 9.605 millones de euros, un 18,2% más que el año anterior. Una cifra que supera incluso el hasta ahora récord de la entidad cántabra de 9.060 millones alcanzados en 2007. Solo en el cuarto trimestre del pasado año ganó 2.289 millones de euros. El inicio de las subidas de los tipos de interés desde mediados del pasado año ha supuesto un fuerte revulsivo para las cuentas de los bancos, que venían de varios años de tipos negativos en sus márgenes. Pero las tornas han cambiado y gracias al alza de los tipos, con especial incidencia en Reino Unido en el caso del Santander, su margen bruto subió en 2022 un 12% hasta los 52.154 millones de euros. El margen neto escaló un 15,7%, hasta los 38.619 millones de euros, mientras que las comisiones avanzaron un 12,3% (10.502 millones). De hecho, el banco reconoce que el efecto de la subida de los tipos de interés sobre el margen de intereses «aún no se ha reflejado plenamente en España, Portugal y EE UU». Así, calculan que el Santander podría obtener entre 2.000 y 2.500 millones de euros adicionales en los próximos 12 meses, según las previsiones actuales del precio del dinero. Asimismo, se cifra en 225 millones de euros el impacto que el impuesto a la banca tendrá sobre sus resultados de 2022 y que tendrá que abonar en este 2023. Por regiones, Brasil repite como motor de los resultados del grupo, contribuyendo con 2.544 millones de euros, un 10% más. Por su parte, EE UU aportó 1.784 millones de euros, un 21% menos tras la liberación de provisiones del año pasado. En cuanto a España, el beneficio logrado fue de 1.560 millones de euros, un 149% más. 

Del ‘sí es sí’ al ‘no es no’. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero –también vicesecretaria general del PSOE– han desautorizado a sus compañeras del Consejo de Ministros, Yolanda Díaz y Ione Belarra, y han cerrado la puerta a la congelación de hipotecas que exigieron el miércoles las líderes de Unidas Podemos tras conocerse los resultados históricos de BBVA, que ganó en 2022 más de 6.400 millones. Una tendencia que ayer repitió el Banco Santander, con beneficios récord de 9.605 millones. Cifras «impúdicas» para Belarra, que insistió en congelar las hipotecas variables. «Cuanto más tardemos, peor», zanjó. La parte socialista del Gobierno, sin embargo, ha echado un jarro de agua fría a unas pretensiones que en privado consideran «electoralistas». En este sentido, los ministerios de Asuntos Económicos y de Hacienda abogan por «esperar» y «monitorizar» las medidas ya puestas en marcha para ayudar a los hipotecados más afectados por las subidas de tipos de interés, antes de tomar cualquier otra acción. Piden tiempo. Y hablar de tiempo en año electoral, con comicios en mayo y a finales de año, significa que no existe la menor intención de mover pieza.

Ana Botín

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, se sumó ayer a otros banqueros del país que han mostrado su disconformidad con las críticas del Gobierno a los resultados récord del sector. Y lo hizo tras presentar un beneficio histórico en 2022 de 9.605 millones de euros, un 18,2% más. Como era de esperar, la cifra reactivó el fuego abierto un día antes por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que exigió a los bancos que congelen las hipotecas ante esta tanda de beneficios nunca vistos. Aunque Botín se mostró algo más moderada que otros directivos del sector, sí advirtió del riesgo que supone «imponer condiciones» a los préstamos. Recordó lo ocurrido en México en los años 90 cuando, en plena crisis y con los tipos de interés disparados, se acordó perdonar las deudas de los préstamos. Lejos de ayudar al país, el efecto fue muy negativo, tal y como recordó también el nuevo consejero delegado del banco, Héctor Grisi, que ayer se estrenaba ante los medios con la presentación de resultados. «Se dejaron de conceder hipotecas y, si se daban, era solo a los que menos las necesitaban», indicó. Es decir, se acabó expulsando del mercado de la vivienda a los colectivos más vulnerables. Botín también aprovechó su intervención para reiterar las críticas al nuevo impuesto a la banca que la entidad aún estudia recurrir.

El Gobierno está trabajando para lograr un acuerdo este mismo mes de febrero y poner en marcha la segunda parte de la reforma de pensiones, que está en standby desde diciembre, tras la falta de entendimiento entre los agentes sociales. Ha sido el propio ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, quien desde Rabat se ha manifestado en este sentido, al tiempo que ha indicado que la negociación está siendo “más complicada” porque, a petición de los agentes sociales, la reforma se está hablando “simultáneamente” tanto con ellos como con los grupos parlamentarios, para garantizar su aprobación posterior en el Congreso. El objetivo, por tanto, del ministro es buscar un acuerdo en ambos ámbitos, lo que está provocando complicaciones adicionales que espera subsanar a lo largo de las próximas semanas. La propuesta inicial lanzada por el Gobierno contempla una ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora de la pensión, de los 25 años actuales a los 30, aunque con la posibilidad de eliminar aquellas 24 mensualidades peores, con lo que serían finalmente 28 años efectivos. Los argumentos que se han esgrimido por parte del Gobierno para justificar esta propuesta se han basado en que esta ampliación en el periodo de cálculo de tres años a quien más beneficia es a las nuevas carreras laborales que serán menos lineales y que cada vez son más frecuentes.

El turismo consolidó su recuperación en 2022 tras dos años de parón sin precedentes por la pandemia. Un total de 71,6 millones de viajeros extranjeros llegaron a España en 2022, una cifra que está un 14% por debajo del récord alcanzado en 2019 y que supone un incremento del 129% respecto al año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El gasto conjunto rozó máximos y se situó en 87.061 millones de euros (un 95% de lo registrado hace tres años), mientras el gasto medio por viajero (1.217 euros) se situó un 10,5% por encima de la marca de 2019. El sector vuelve, así, a la normalidad para afrontar un año que, según todas las previsiones, será muy positivo pero estará marcado de la incertidumbre. Cataluña, Canarias y Baleares fueron las comunidades más beneficiadas. La vuelta de británicos y alemanes impulsa al sector en un año de subida de precios. 

La Justicia ha dictado sentencia contra Amazon declarando que los 2.166 repartidores que operaban con el modelo llamado Amazon Flex --en el que utilizaban sus propios vehículos-- eran falsos autónomos por lo que deben ser empleados por la multinacional. Un comunicado difundido por UGT, sindicato que forma parte en el procedimiento, indica que el Juzgado de lo Social número 14 de Madrid ha condenado a la multinacional por emplear como falsos autónomos a los repartidores que "eran obligados a trabajar con sus propios vehículos para repartir paquetes utilizando una aplicación de la compañía que les indicaba la forma de trabajar". El juzgado se ha servido así de la doctrina del Tribunal Supremo del 25 de septiembre de 2020 cuando determinó que los repartidores de Glovo tenían una relación laboral con la compañía, lo que supone un nuevo caso de utilización de falsos autónomos por parte de plataformas digitales. En dicha sentencia se descarta además que la empresa opere como mera intermediaria entre los comercios y repartidores y declara de forma tajante que "concurren los elementos de dependencia y ajenidad que determinan calificar las relaciones jurídicas analizadas (...) como relaciones laborales comunes". El juzgado considera que el concepto de trabajador por cuenta ajena, consolidado en el TJUE, contempla una noción de contrato de trabajo "más amplia", indica el sindicato.

Philips y PayPal han anunciado esta semana que reducirán 6.000 y 2.000 empleos, respectivamente. El grupo neerlandés de equipos y tecnología médica Philips recortará en total el 12% de su plantilla, sumando los 4.000 puestos que ya tenía previstos desde octubre, con el objetivo de reducir costes. La compañía perdió 1.608 millones de euros en 2022, frente al beneficio de 3.319 millones del año anterior, con un 3% menos de ingresos. Estos resultados se deben a la caída de la demanda, ante el menor crecimiento de la economía, los problemas de suministro, la depreciación de su filial de equipos respiratorios y los costes derivados de la retirada y revisión de más de cinco millones de aparatos para la apnea del sueño. PayPal, por su parte, recortará un 7% de su plantilla, medida enmarcada también en un plan para rebajar costes, dentro de la ola de despidos masivos en la industria tecnológica de EEUU. Ambos grupos se unen a la docena larga de multinacionales que en las últimas cuatro semanas han decidido adelgazar su fuerza laboral, sumando cerca de 90.000 despidos, una de las cifras más elevadas desde la crisis financiera de 2008. La ralentización de la economía en un contexto de incertidumbre y conflictos geopolíticos, que se está traduciendo en una caída de la demanda, junto a factores como el aumento de los costes energéticos y la inflación o los problemas relacionados con las materias primas, que afectan a la cadena de suministro, están lastrando las cuentas de resultados. La situación lleva a las empresas a poner en marcha planes de reducción de costes. 

El viaje de la plana mayor del Ejecutivo comunitario a Kiev, sede ayer y hoy de una cumbre bilateral UE-Ucrania, cuenta con una gran carga política de apoyo a la exrepública soviética. Fiel a ese esquema, la Comisión Europea anunció desde allí una nueva tanda de sanciones a Rusia, la décima desde que comenzó la guerra. Aunque al cierre de esta edición no habían trascendido los detalles sobre los nuevos castigos económicos, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, destacó que la UE se plantea cortar todos los vínculos tecnológicos con Moscú para mermar su capacidad de explotación de recursos naturales y de fabricación de armamento. En paralelo, el viaje sirvió para acelerar la integración económica de Ucrania en el mercado único y profundizar en las conversaciones sobre su futuro acceso al bloque comunitario. Las nueve rondas de sanciones europeas contra Moscú ya están teniendo consecuencias en la economía rusa, según la jefa de la Comisión, Ursula von der Leyen. «Estamos haciendo que Putin pague por su guerra atroz», aseveró antes de añadir que solo el tope del G7 y la UE al petróleo ruso ha tenido un coste de 160 millones de euros al día para el Kremlin. Por su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presionó a Europa para que tome nuevas medidas: «Cuanto más hagamos, más cerca estaremos de la derrota de la agresión rusa», aseguró.