20230426

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Miércoles 26 de abril de 2023
Núm 1383/2023
Año XXXVI

Iberdrola aportó 2.700 millones a la economía vasca el pasado año (El Correo)

Iberdrola ha estimado que su contribución a la economía vasca en 2022 alcanzó los 2.700 millones de euros. Esa cifra contempla las compras a unas 600 empresas de Euskadi que actúan como proveedoras, también la generación de impuestos, las inversiones y los salarios de los 1.830 empleados que la multinacional tiene en la comunidad autónoma. Las compras a empresas vascas supusieron el pasado año el desembolso de 1.700 millones de euros y entre las principales firmas figuran Ormazabal, Siemens Gamesa, Ingeteam, Arteche, Mesa y Lizelan. «Estas colaboraciones suponen una oportunidad para desarrollar una cadena de valor en las regiones en las que se asienta Iberdrola y situar a la industria española como referente internacional», señalaron ayer portavoces de la eléctrica. La actividad de la compañía permitió además a las arcas públicas vascas ingresar 400 millones de euros en el pasado ejercicio, cifra que incluye el IRPF aportado por los trabajadores que tiene su residencia fiscal en el País Vasco. Iberdrola, que el próximo viernes celebrará su junta anual de accionistas en al capital vizcaína, ha puesto énfasis en destacar también los proyectos de inversión que tiene en marcha en Euskadi, buena parte de ellos centrados en el desarrollo de la generación renovable y también en procesos compartidos con sus proveedores. En esta línea ha recordado los proyectos conjuntos abordados con el Ente Vasco de la Energía, a través de a sociedad Aixeindar, que tiene en trámite la instalación de varios parques eólicos. Ver nota Iberdrola. 

Entidades públicas y empresas vascas sufren una oleada de ciberataques (Diario Vasco)

La Ertzaintza alertó ayer de que en la última semana se ha tenido conocimiento de un incremento de casos denunciados de la tipología delictiva conocida como ‘Ransomware’ que afecta principalmente a empresas y entidades públicas. Consiste básicamente en el acceso no autorizado a sistemas informáticos, el robo de información contenida en los mismos y el cifrado de los archivos que contienen, imposibilitando el acceso a estos, según remarcó a través de un comunicado. La Policía vasca señala que para llevarlo a cabo, los ciberdelincuentes explotan las vulnerabilidades y realizan un secuestro virtual de los sistemas informáticos, solicitando a sus víctimas el pago de una cantidad para facilitar la clave de descifrado de los archivos. En los últimos años, además, amenazan con hacer públicos los datos sustraídos y venderlos al mejor postor si no se accede a sus peticiones. La Ertzaintza recuerda que el mejor recurso para evitar ser víctima de este delito es la prevención, siendo recomendable que se sigan varios consejos. Entre ellos, alertar y concienciar a los empleados que trabajen con sistemas informáticos de la ocurrencia de este tipo de hechos y cómo prevenirlos. También señala que hay que mantener actualizados los sistemas informáticos y los antivirus. Asimismo, conviene realizar copias de seguridad regularmente de los datos importantes y almacenarlas de modo adecuado: dispositivos desconectados de la red, en distintas ubicaciones y cerciorarse que son funcionales. Por último, la Policía vasca aboga por establecer protocolos de recuperación ante incidentes.

El gasto en pensiones sube un 10,4% en Euskadi y supera los 846 millones (El Correo)

Suma y sigue del gasto en pensiones. Tanto su número como su cuantía y, en consecuencia, su nómina crecen de forma imparable mes a mes y este abril ha superado ya los 846 millones de euros en Euskadi, un 10,4% más que hace un año, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. De igual forma, en el conjunto de España se ha alcanzado un nuevo récord de 11.962,7 millones en el pago de los 10.026.535 millones de pensiones contributivas, en este caso un gasto un 10,8% superior. Un importe disparado respecto al que se registró en abril de 2022, en su mayor parte por la revalorización de un 8,5% aplicada este año y en menor medida debido a la superior cuantía que perciben las nuevas jubilaciones, que en el caso vasco ya se elevan por encima de los 2.000 euros mensuales. Este mes el número de pensiones en Euskadi se ha situado en 572.247, que son 3.931 más que hace un año y cuya cuantía media (incluye las de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad y de favor familiar) se ha situado en los 1.478,6 euros. Álava es el territorio con la pensión media más alta, 1.502,5 euros, mientras que en Bizkaia es de 1.491,6 y en Gipuzkoa, de 1.448,7 euros. Como viene siendo habitual, la media vasca es la más elevada de España y la única que supera los 1.400 euros. En el conjunto del país la prestación promedio es de 1.193,1 euros (283,5 euros por debajo de la de Euskadi). Tras el País Vasco, y con más de 1.300 euros, se sitúan Asturias (1.398,1), Madrid (1.391,4) y Navarra (1.368,8). Cierra la tabla Extremadura, la única comunidad que no alcanza una media de 1.000 euros ya que se queda en 996,5, un 32,6% menos que en Euskadi. De todas las pensiones contributivas abonadas este mes en el País Vasco 380.074 son por jubilación, con una media de 1.681,3 euros, 308,3 euros más que la media del conjunto de España; y 134.367 corresponden a viudedad, con una prestación media de 1034,5 euros (la nacional es de 850,3 euros).

España es la gran economía del euro donde más ha caído el salario real por la inflación (El Correo, El País)

España es el gran país de la Eurozona donde más bajaron los salarios reales en 2022 a causa de la elevada inflación. Este índice, que se calcula al incorporar al sueldo el impacto negativo de los precios, cayó un 5,3%, uno de los descensos más fuertes registrados en toda la OCDE, según se desprende del informe anual ‘Taxing Wages’ que publicó ayer la organización. Pese a que los sueldos crecieron un 2,9% (casi 800 euros) hasta los 28.360 euros brutos de media al año, la disparada inflación (que cerró el año en el 8,6%) hizo mermar el poder adquisitivo de los españoles en mayor medida que sus socios europeos. De media, el salario real de los 38 países que componen la OCDE sufrió una pérdida del 3,4%, dos puntos menos que en España. Es más, el poder adquisitivo de los españoles cayó diez veces más que en Francia (-0,5%), el triple que en Italia (-2,2%) y 1,4 puntos más que en Alemania (-3,9%), país que tuvo una tasa de inflación similar a la nuestra en 2022 pero donde la importante subida de los salarios amortiguó el golpe. Por poner varios ejemplos, en Italia los sueldos subieron de media 1.800 euros en un año (hasta los 33.855 euros anuales), en Alemania se alzaron en 2.200 (hasta los 55.041 euros de media al año) o en Francia, 2.100 (hasta los 41.540 euros). Unos sueldos que además están condicionados por los elevados impuestos a la renta que se pagan en España en comparación con la media de la OCDE. Así, los españoles pagaron de media el 39,5% de su renta en impuestos y cotizaciones en 2022, prácticamente lo mismo que en 2021. Esta presión fiscal (la suma de IRPF y cotizaciones sociales) está cinco puntos por encima de la media de los 38 países que componen la organización, que se quedó en el 34,6% en 2022, cuatro décimas por encima del año anterior.

El 39,5% del sueldo de los españoles se lo ‘comen’ IRPF y cotizaciones (Expansión)

La elevada carga fiscal que soporta el trabajo en España y la espiral inflacionista se convirtieron el año pasado en un cóctel explosivo para empresas y trabajadores, que vieron cómo los impuestos mantenían la presión sobre los costes laborales al tiempo que los salarios reales se desinflaban por efecto del zarpazo de los precios, lo que a su vez se tradujo en un renovado pressing sobre las empresas para incrementar en mayor proporción los sueldos. El peso de los impuestos y las cotizaciones sociales que trabajadores y empresarios desembolsan en España ascendió en 2022 al 39,5% de los costes laborales para un empleado soltero y sin hijos, cifra similar a la de 2021 pero 4,9 puntos por encima del promedio de la OCDE, que cerró el año en el 34,6%, según el informe anual Taxing Wages publicado ayer por el club de los países desarrollados. Es la llamada cuña fiscal; es decir, el peso que los impuestos sobre la renta y las cotizaciones que se abonan a la Seguridad Social tienen sobre los salarios de los trabajadores o, si se prefiere, la diferencia entre el coste que tiene para una empresa contratar a un empleado y el sueldo que éste finalmente percibe. Y el resultado es que casi 40 euros de cada 100 de ese coste laboral fue a parar en 2022 a las arcas de Hacienda o de la Seguridad Social, situando a España como el decimoquinto país de 38 con mayores impuestos al trabajo. España supera así a países como Grecia, donde la cuña fiscal es del 37,1%; Noruega, donde es del 35,7%; Países Bajos, con el 35,5%, o Irlanda, con un 34,7%.

La productividad de la empresa baja 4,38 puntos, hasta 54,4 (Cinco Días, El Correo)

El nivel de productividad y eficiencia medios de la empresa en España bajó este año 4,38 puntos respecto a los datos de 2022, cuando registró una puntuación de 58,78, situándose ahora en los 54,40 en una escala de 0 a 100, según se desprende del último informe de Adecco Outsourcing, compañía especializada en externalización de procesos auxiliares. El director comercial de la compañía, Daniele Tramontín, explicó que las variables que más han influido en la bajada son las que tienen que ver “con la capacidad de hacer una correcta gestión de los recursos humanos”. En este sentido, indicó que “algo de culpa puede que tenga la reforma laboral de finales de 2021, cuyos efectos reales están aflorando de manera más significativa en el arranque de este año”. Este indicador, que se sitúa prácticamente en la mitad de la escala, muestra cómo tan solo el 18,5% de las empresas cuenta con una productividad alta o muy alta y el 19,13% tiene un nivel de productividad y eficiencia nula. El 12,51% la tiene muy baja y un 12,11% baja, mientras que otro 12,06% la tiene discreta, un 12,31% moderada y un 13,83% notable. Solo el 18% de las compañías tiene una productividad sobresaliente, porcentaje que ha bajado seis puntos porcentuales respecto al 2022. El informe resalta que “la gran mayoría tiene un amplio margen de mejora para hacer más eficientes sus procesos de cara a maximizar sus oportunidades y recursos”. El director de The Adecco Group Institute, Javier Blasco, destacó que España “sigue a la cola de los países de la Unión Europea en recuperación económica y pérdida de productividad”. En este punto, señaló que “es un problema grave por la mayoritaria estructura de pymes y el poco peso de la industria, nivel de digitalización y de cualificación profesional orientada al empleo”. “El crecimiento de nuestra productividad, y por ello de la competitividad de nuestra economía, depende de que se frene la elevada presión fiscal, tanto en impuestos como en cotizaciones a la Seguridad Social, si es que queremos atraer inversiones que mejoren nuestro tejido productivo y nuestros retos tecnológicos”, defendió Blasco. Ver informe Adecco. 

Los empresarios avisan a los sindicatos de que no elijan “la senda equivocada” (El País)

“Sobre la dignidad empresarial”. El lema que la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) eligió para celebrar su 45 cumpleaños ayer en Madrid era un aviso afinado. El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, reivindicó en su discurso el papel de las empresas en el diálogo social y lanzó una advertencia a los sindicatos, sin mencionarlos: “En el año 1978 se perdieron 128 millones de horas en huelgas. En 1998, un millón y medio. Cuidado con coger la senda equivocada. Se ha trabajado mucho en los últimos años para tener la paz social que tenemos”. Las declaraciones llegan poco después de que los sindicatos advirtiesen de un aumento en la conflictividad si la patronal no accede a negociar una subida general de salarios. Las retribuciones crecieron el año pasado en torno a un 3%, mientras la inflación se disparó a una media del 8,4%. A la vez, los beneficios empresariales casi se duplicaron. Por esta combinación de factores, CC OO y UGT dejan la puerta abierta incluso a una huelga general. Cuerva reclamó “libertad y respeto” para la acción empresarial, y advirtió de que denunciarán “cualquier intento de intervencionismo”. “Soy un fiel convencido de que lastra el sistema económico”, añadió, antes de advertir sobre el “amanecer del populismo” que quiere “dejar fuera de juego la actividad de la empresa”. Después tomó el testigo el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi: “Vamos a seguir trabajando, aunque algunos pongan chinas en el camino, buscando la paz social”. “Estamos al margen de debates políticos. Tenemos nuestro espacio, que marca la Constitución. Seguiremos trabajando con independencia”, añadió el presidente de la patronal, que también reclamó seguridad jurídica y estabilidad regulatoria.

Garamendi acerca el acuerdo sobre los salarios (El Mundo)

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, espera llegar en «pocos días» a algún avance sobre el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), el marco que están consensuando patronal y sindicatos para orientar a todas las empresas y representantes de los trabajadores del país en las subidas de sueldos, a pesar de que UGT y CCOO consideran que estas negociaciones están «estancadas». Así lo señaló ayer el líder de la patronal en una jornada con motivo del 45 aniversario de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), en la que se mostró optimista sobre la posibilidad de poder hacer algún anuncio próximamente. Fuentes cercanas a la CEOE señalan a EL MUNDO que ha habido avances en los últimos días sobre el marco del acuerdo, es decir, sobre los elementos concretos que se van a negociar. La idea es que si se aíslan los temas, será más fácil ir llegando a acuerdos que si se negocian muchos puntos a la vez. Aún así, ese optimismo contrasta con la percepción que tienen en los sindicatos, donde la sensación es que la CEOE no se toma en serio la negociación. UGT y CCOO llegaron a un acuerdo a finales de febrero para presentar una propuesta conjunta a la patronal, como adelantó este medio, y dos días después anunciaron que aspiraban a incrementos salariales del 5% en 2022 –que ya se aplicaría en tablas, es decir, de forma ficticia para calcular sobre ese sueldo incrementado la subida de 2023–, del 4,5% este año y del 3,75% en 2024. Además, como medida estrella, proponían incluir una cláusula de revisión salarial que combinara dos criterios: la evolución de la inflación y los beneficios empresariales.

El descenso de los precios en la industria avala una bajada del IPC (Cinco Días)

Tras confirmar el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado día 14 la bajada histórica del IPC en marzo de 2,7 puntos porcentuales, la mayor caída desde 1977, hasta el 3,3% interanual, este martes se ha conocido cómo el índice de precios industriales (IPRI) cayó en este mismo mes en 9 puntos, hasta registrar un descenso interanual del 1%, tras 26 meses consecutivos de tasas positivas, según publicó el INE. La tasa mensual, experimentó también una caída del 2,2%, todo ello como consecuencia de la importante caída del componente energético, lo que sin duda será un elemento primordial para rebajar la tensión sobre el IPC, el indicador por excelencia que mide la evolución de la inflación, a lo largo de los próximos meses. Este viernes se conocerá el indicador adelantado del IPC de abril, que según los analistas podría subir ligeramente por encima del 4% interanual, afectado sobre todo por el precio de los alimentos, que se mantendrán en el entorno del 16% interanual, en cualquier caso nada que ver con lo sucedido en 2022. Los efectos de la sequía sobre las cosechas y la mala calidad de estas pesarán más en los precios de los alimentos que el precio del componente energético, que poco a poco abarata el transporte hacía la cadena de suministro y el uso de la maquinaria necesaria para su elaboración. El componente energético experimentó una caída del 15,9%, cerca de 21 puntos por debajo de la tasa de febrero, como consecuencia del descenso de los precios de la producción, transporte y distribución de energía eléctrica, y en menor medida, del refino de petróleo y la producción de gas, en comparación al importante aumento de marzo de 2022, como consecuencia de la guerra en Ucrania, que supuso un verdadero colapso para las economías occidentales, que veían peligrar sus suministros procedentes de Rusia, principalmente gas y petróleo.

El euribor roza el 4% y amenaza con más alzas (Expansión)

En las últimas doce jornadas, el euribor ha subido en once y ha dado un gran salto desde el 3,322% hasta el 3,90%. El índice está recogiendo expectativas de tipos de interés más altos, con una primera subida del precio oficial del dinero en mayo que cada vez apunta más a los 50 puntos básicos. En estos momentos, las apuestas por una subida de dicha envergadura o de 25 puntos básicos están repartidas al 50%. En este escenario, los expertos creen que, aunque con un desarrollo en el tiempo muy distinto, no hay otro camino que el que apunta hasta un euribor al 4% que ya está a la vuelta de la esquina. Un nivel que el euribor ya rozó antes de la crisis en tasa diaria y del que se alejó mucho inmediatamente después. El 21 de marzo, en plena tormenta, el índice cayó hasta el 3,322%. Desde entonces ha rebotado un 17%. Y aunque puede que con algunos altibajos a partir de ahora, todo apunta a que seguirá subiendo. Algunas previsiones señalan que se mantendrá en niveles elevados bastante tiempo. Funcas ha elevado su previsión de crecimiento para el euribor en 75 puntos básicos tanto para 2023 como para 2024. Este año, el indicador al que está ligada la suerte de cuatro millones de hipotecas variables se situaría en tasa media anual del 4,25%, frente al 3,735% de media provisional de abril. Para 2024, no habría demasiadas buenas noticias para los hipotecados, porque la fundación de las cajas de ahorros cree que se mantendrá alrededor del 4%.

El peso de los impuestos verdes sobre PIB cae a mínimos de 2012 (Expansión)

“España recauda el 1,8% de su PIB en impuestos medioambientales mientras que Europa ingresa el 2,2%”, ilustró Alain Cuenca, director del Instituto de Estudios Fiscales y coordinador del Libro Blanco para la reforma tributaria encargado por Hacienda, que ponía buena parte del foco en la necesidad de reforzar el abanico español de tributos verdes. “Tarde o temprano, esto va a pasar y habrá más impuestos sobre el combustible”, por ejemplo, sostuvo. De momento, sin embargo, el país no está avanzando en acortar distancias con la UE. La presidenta de la Airef, Cristina Herrero, apuntó durante la clausura del foro a que “para 2023, la recaudación por impuestos medioambientales será del 1,6% del PIB”, acentuando una “dinámica de reducción respecto a la década de los 90, cuando alcanzó el 2,6%”, subrayó. De hecho, aunque Herrero no lo acotó, los datos de Eurostat indican que de cumplirse su proyección la recaudación medioambiental española caerá este año a su punto más bajo desde el 1,58% de 2012. La rebaja se produce por los efectos contrapuestos de un PIB que seguirá creciendo este año, tras avanzar un 5,5% durante los dos últimos ejercicios, y una imposición sobre la energía que el Gobierno ha reducido con fuerza para tratar de paliar la crisis abierta tras la invasión rusa en Ucrania, que le llevó a guardar en un cajón el Libro Blanco. Por este motivo, destacó Herrero, el Ministerio de Hacienda ha rechazado formalmente la propuesta de Airef de equiparar la fiscalidad de diésel y gasolina, que pasaría por acabar con el millar de euros de rebaja fiscal que opera sobre los gasóleos ahora que se sabe que son igual de contaminantes.

La exportación de gas hacia Europa por el gasoducto de Irun se disparó este invierno (Diario Vasco)

El gasoducto pirenaico, que incluye el reformado tubo de Irun y el de Larrau, ha batido récords exportadores de gas a Francia y Europa este invierno, en plena crisis energética por el cierre del grifo ruso a Alemania a raíz de la guerra de Ucrania. De esta forma, se confirma el carácter estratégico de la instalación irundarra, cuya capacidad de trasvase se amplió en otoño ante la crisis energética. Y eso que el incendio de febrero le ha impedido durante medio invierno operar con toda su nueva capacidad, aunque se ha garantizado el suministro normal en todo momento. La instalación denominada VIP Pirineos que engloba los dos pasos fronterizos incrementó el envío de gas entre enero y marzo de este año más de un 100% respecto a este mismo periodo invernal del año pasado. Y en el caso de marzo, la instalación que comparten Gipuzkoa y Navarra batió el récord exportador de toda su historia en este mes, con un saldo final de 2.662 gigavatios exportados al norte de Europa, un 40,7% más que el ejercicio anterior, según datos que figuran en el boletín de Enagás, el gestor técnico del sistema gasístico en España. Todas estas marcas, además, se han logrado pese a que el incendio del pasado 8 de febrero en el gasoducto de Irun ha impedido desde entonces aprovechar la capacidad adicional que tenía el tubo de la ciudad fronteriza, reformado el pasado otoño para aumentar la capacidad de exportación ante la llegada del invierno y los problemas de suministro surgidos en la Unión Europea tras la decisión de Rusia de recortar el suministro por las sanciones económicas de la UE a raíz de la invasión de Ucrania.

Vitoria acelera con las electrolineras y tendrá un centenar de puntos de carga tras el verano (El Correo Araba)

A principios de este mismo año sólo había 575 coches ‘limpios’ matriculados en la ciudad, que supone un 0,4% de su parque automovilístico. Pero la capital alavesa sólo tiene diez puntos de carga en su espacio público, divididos en dos aparcamientos que gestiona Tuvisa (Artium y Manuel Iradier). El resto se reparte en garajes privados o grandes superficies comerciales, como El Boulevard, o supermercados con amplios aparcamientos. La infraestructura contrasta con la apuesta del transporte eléctrico (tranvía y BEI, con unas cocheras con capacidad para 40 buses eléctricos). Tampoco parece el mejor argumento para que los vitorianos se lancen a un concesionario a pedir un coche eléctrico, mientras las gasolineras han proliferado en la trama urbana. La situación, que le ha valido al Ayuntamiento algún que otro tirón de orejas por tener una infraestructura escasa de puntos de carga, cambiará de manera drástica el próximo verano. Vitoria contará a partir de septiembre con algo más de un centenar de tomas de energía para repostar vehículos eléctricos en diferentes puntos de la ciudad. Se dividen en dos intervenciones. La primera, muy esperada y que quedó desierta en dos procesos de contratación, se ubicará en Arriaga, junto a la rotonda de América Latina, y tendrá capacidad para diez coches. Las previsiones apuntan a que las obras concluirán a principios del verano. De hecho, buena parte de la instalación ya es visible para quienes paseen o conduzcan por la zona.

«Los camiones parados hacia Ucrania nos cuestan 50.000 euros por día de retraso» (Diario Vasco)

«Cada día que está un camión parado con su mercancía cuesta 500 euros y ya son más de un centenar los vehículos que se han visto afectados en la muga guipuzcoana por un cambio en los protocolos de los camiones que van con destino a las zonas no ocupadas de Ucrania. Si se tiene en cuenta que la demora media es de unos cuatro o cinco días los gastos se disparan». Quien así se expresa es Martín Visiers, presidente del Colegio de Agentes de Aduanas de Irun, organismo que junto con el Consejo General de Agentes de Aduanas denunció este lunes que se están aplicando unos protocolos distintos, más exigentes, a las mercancías que salen de Irun con destino a las zonas no ocupadas de Ucrania y que no se están exigiendo en La Junkera, lo que implica demoras en la entrega de las mercancías y gastos añadidos. Unos gastos que hasta el momento se pueden cuantificar en 50.000 euros por día, lo que multiplicado por los cuatro o cinco días de demora el perjuicio económico supera hasta la fecha los 200.000 euros. Una sangría que si no se soluciona en las próximas semanas podría dispararse por encima del millón de euros. Aunque, según explica Martín Visiers, ya se está produciendo una derivada, como es el desvío de tráficos de mercancías hacia la frontera catalana, lo que puede llegar a ser más preocupante. ¿Pero de qué mercancías estamos hablando? El presidente del Colegio de Agentes de Aduanas de Irun explica que se trata de aquellas que requieren de una licencia de doble uso, que tienen un mayor control y se exige más protocolos e información adicional, porque van dirigidas a determinados países, como son Irán, Libia, Siria, Rusia y Bielorrusia. Una licencia que no se requería hasta ahora cuando estas mercancías iban dirigidas a los territorios no ocupados de Ucrania, pero que desde hace casi tres semanas lo están haciendo a los camiones que pasan por la muga de Irun pero no a los de La Junkera o en Polonia, Holanda, Francia o Alemania.

Bruselas prorroga la excepción ibérica hasta final de año (El Correo)

La Comisión Europea dio ayer su espaldarazo a la prórroga de la excepción ibérica. La medida, que permite reducir el impacto del aumento del coste del gas en la factura eléctrica de hogares y empresas en España y Portugal, se extenderá hasta final de año, cuando expira el marco temporal de ayudas por la guerra en Ucrania. El mecanismo también se ha modificado ligeramente y fijará un precio de referencia de 55 euros, que irá aumentando gradualmente hasta llegar a los 65 en diciembre. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya adelantó hace un mes que el Ejecutivo español contaba con el respaldo de Bruselas para extender este mecanismo más allá de marzo. Y el comunicado de ayer supone la confirmación formal definitiva de ello. Ribera destacó que se trata de una decisión «muy importante» para el Gobierno de España. El invierno, con temperaturas más suaves de lo esperado, ha permitido mantener un alto nivel de reservas de gas a nivel europeo, lo que ha contribuido a contener los precios de la energía. Si los costes energéticos se mantienen en los niveles actuales, «lo más probable es que el mecanismo no se active», reconoció Ribera en marzo. Con todo, el visto bueno de la Comisión Europea permitirá a los consumidores eléctricos españoles y portugueses contar con una «red de seguridad adicional» frente a la volatilidad de los precios.

El Santander gana 2.571 millones, apenas un 1% más, tras el impuesto a la banca (El Correo, Expansión, El País)

Doble lectura para los resultados de Banco Santander en el primer trimestre. Por un lado, la entidad se mantiene en cifras récord con un beneficio de 2.571 millones de euros entre enero y marzo. Un dato que, sin embargo, es prácticamente igual (un 1% superior) al registrado hace un año. Uno de los motivos que ha frenado un mayor incremento del beneficio ha sido el impuesto al sector que entró en vigor el pasado 1 de enero y que la entidad ha contabilizado en estas cuentas. En total, unos 224 millones de euros (la cifra corresponde al pago de todo el año) sin los que el banco hubiese ganado un 10% más. «Nosotros nos tenemos que centrar en lo que podemos controlar», insisten desde el banco, que también ha confirmado que han impugnado el gravamen. El aumento de los costes por el entorno inflacionista y las mayores provisiones en algunas de sus filiales como EE UU y Brasil, también han contribuido a este efecto que, no obstante, mantiene las cuentas de la entidad en cifras históricas para un primer trimestre. «Hemos tenido un muy buen comienzo del año, con un aumento interanual de los ingresos del 13% gracias al fuerte crecimiento de clientes y de los volúmenes», confirmó Ana Botín, presidenta del Santander, en el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Mientras, el banco descarta trasladar la subida de tipos de interés de los bancos centrales a los ahorros de sus clientes. «No tenemos una oferta determinada; lo iremos viendo según se vaya comportando el mercado». No obstante, incluso si la competencia se mueve, Santander descarta que esto desemboque en una guerra del pasivo.

El Gobierno vasco lanza su ley educativa sin acuerdo PNV-PSE sobre el modelo lingüístico (El Correo, Diario Vasco)

La ley vasca de Educación, la promesa estrella que Iñigo Urkullu lleva tratando de cumplir desde hace una década, se presenta al examen final sin haber completado primero los deberes en casa. El Consejo de Gobierno, integrado por nueve representantes del PNV y tres del PSE-EE, dio ayer su visto bueno al proyecto y lo remitió al Parlamento para iniciar su tramitación, condicionada por unos plazos ajustados a un año del fin de la legislatura. Pero, pese a contar con el aval formal de todo el Ejecutivo de coalición, los socialistas advierten de que sigue habiendo «diferencias» en cuestiones tan nucleares como la lingüística y que deberán ser «subsanadas» para lograr su apoyo. Tras la firma del acuerdo de bases junto a EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU en abril de 2022, un año entero de negociaciones y de sucesivos borradores no ha resultado suficiente para que los socios del Gabinete autonómico hayan llegado a un entendimiento puertas adentro. Ya desde el comienzo el papel de la escuela pública y el peso del euskera en la enseñanza se perfilaron como los dos grandes temas que les separaban. Y al final ha sido el segundo, histórico generador de agrias fricciones en la política vasca, el que se ha confirmado como obstáculo marmóreo para el pacto. El texto presentado ayer, compuesto por 101 artículos y nueve disposiciones, no hace una sola referencia a la fórmula de modelos lingüísticos por la que se rige la enseñanza en Euskadi desde hace 40 años. En lugar de hablar de los itinerarios A, B y D, se limita a proyectar un «sistema educativo plurilingüe» que sitúe el euskera como «eje» y deja su puesta en práctica en manos de los decretos curriculares que desarrollarán la norma. Aún no están aprobados, pero los borradores remitidos a los centros a comienzos de este curso mencionan directamente al euskera como «lengua vehicular». Una desaparición de facto del actual sistema diferenciado que ayer el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, se esforzó en negar –«cualquier familia puede elegir el modelo», repitió– pero de la que advirtió incluso la Comisión Jurídica Asesora (COJUA) del propio Gobierno vasco en su informe. Ver nota Gobierno Vasco proyecto de ley

La oposición marca distancias con el texto y los sindicatos anuncian huelgas (Diario Vasco)

Las primeras reacciones por parte de los partidos de la oposición y los sindicatos en torno al proyecto de ley de Educación aprobado ayer por el Gobierno Vasco auguran un camino empedrado para el departamento de Jokin Bildarratz a la hora de buscar un consenso en torno a la nueva norma. Entre los partidos políticos, EH Bildu fue con diferencia el más optimista sobre las posibilidades de acuerdo. Tanto ellos como LAB acogen favorablemente el proyecto, mientras que PP y Elkarrekin Podemos-IU lo rechazan. Mientras, ELA aseguró que la ley «no resolverá los problemas» del sistema educativo y advirtió de que «la movilización y la huelga serán imprescindibles para que se den pasos eficaces hacia una educación pública generalizada, el modelo de inmersión en euskera, el currículum vasco o unas condiciones laborales dignas». «El objetivo de este proyecto de ley es perpetuar el actual sistema educativo introduciendo pequeños cambios superficiales», criticó la central. Para el sindicato, hará que perduren problemas como «un sistema educativo dividido en tres redes», ya que la ley «no dará oportunidad para que se produzca la transición» hacia «una red pública soberana».

Hacienda alerta de la «dificultad de asumir» el presupuesto de la ley (El Correo)

El Departamento de Educación prevé un fuerte incremento presupuestario en los próximos años para asumir dos de los principales compromisos adquiridos. Por un lado, un potente plan de inversiones en la red pública. Por otro, la progresiva eliminación de las cuotas de la concertada, lo que conlleva un aumento en su financiación. En términos absolutos, Educación prevé destinar 1.794 millones de euros este año a ambas redes (1.105 a la pública y 689 a la concertada). En 2027, el importe será de 2.028,8. Son 234,8 millones de euros de diferencia. De año en año, los aumentos son del 6,4% en 2024; del 3,9% en 2025; del 1,5% en 2026; y del 1,3% en 2027. El principal foco de gasto es la inversión en los colegios públicos, con un pico de incremento del 43,2% entre 2025 y 2026. Sin embargo, el Departamento de Hacienda no ve viable estas previsiones. Entre los informes que conforman la documentación que acompaña al proyecto de ley remitido ayer al Parlamento se encuentra el de la Dirección de Presupuestos. Este órgano señala «la dificultad de asumir esos importes e incrementos en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Vasca para los ejercicios 2024 y posteriores». No es la única crítica que realiza Hacienda. También señala que las cifras de la memoria económica no coinciden con los Presupuestos. Así, afirma que en 2023 Educación consigna en la memoria una partida de 680,7 millones para la concertada. Sin embargo, indica, «en el Presupuesto de 2023 se ha recogido un importe de 647,0 millones». Es decir, 33,7 millones menos.

La concertada deberá «priorizar» el euskera para recibir financiación pública (El Correo)

El Servicio Público Vasco de Educación es la clave de bóveda del futuro sistema educativo vasco. Se trata del «servicio dirigido a satisfacer el derecho fundamental a la educación, prestado a través de los centros públicos y privados concertados», según señala el proyecto de ley hecho público ayer. Es un cambio fundamental, ya que la actual ley educativa (oficialmente, Ley de la Escuela Pública Vasca) no menciona la red concertada pese a que ésta acoge a la mitad del alumnado. El Ejecutivo establece una serie de «principios» que los colegios deberán cumplir para formar parte de este servicio. Entre ellos se encuentra la «priorización del euskera». No sólo en la actividad educativa, sino también «en las relaciones formales e informales entre el alumnado y el profesorado». ¿Y qué pasa si un centro no cumple con los requisitos? El consejero fue ayer taxativo: «Todos los centros que ofertan o que prestan el Servicio Público Vasco de Educación van a tener que cumplir con una serie de requisitos y, si no los cumplen, no van a poder ser concertados». La priorización del euskera no es el único compromiso que deberán cumplir los centros que aspiren a recibir financiación pública. También se menciona la «carencia de ánimo de lucro», el «compromiso contra la segregación», la «atención al alumnado vulnerable», garantizar la laicidad... En total son catorce. Hay un caso muy reciente que ejemplifica la advertencia de Bildarratz. Hace dos meses, los colegios que segregan a sus alumnos por sexo aceptaron formar aulas mixtas a partir del curso que viene, ante el riesgo de perder la concertación. Es cierto que la exigencia de juntar a niños y niñas venía determinada por la ley estatal, pero es un ejemplo que ayer esgrimió el propio consejero para explicar lo que sucederá a los centros que se nieguen a cumplir los requisitos mencionados. En este sentido, cobra especial relevancia la polémica desatada con los más de 60 centros de Ikastolen Elkartea hace unas semanas a raíz del nuevo proceso de matriculación. 

Biden se atreve con un segundo mandato: "Es hora de terminar el trabajo" (El Correo, El Mundo, El País)

En el último siglo solo tres presidentes electos han perdido la reelección: Jimmy Carter, George H.W. Bush y Donald Trump. El ego del magnate que pone su apellido en letras doradas siempre sangró por formar parte de ese reducido club de perdedores. Ahora tiene la oportunidad de redimirse con el mismo anodino candidato que le echó de la Casa Blanca. Biden ya hizo historia por su edad cuando se convirtió en el senador más joven de Estados Unidos a los 49 años y ayer la volvió a hacer al convertirse en el candidato presidencial más viejo de la historia, sin paliativos, perteneciente a uno de los dos únicos partidos políticos con representación. El 68% de los encuestados por NBC la semana pasada cita la edad como el principal factor por el que el 70% no quiere que se presente. La vida le ha demostrado que lo que parece imposible es posible, como que un presidente de Estados Unidos gane las elecciones a los casi 84 años, que es lo que cumplirá en noviembre de 4046. Su eslogan de «¡Vamos a terminar este trabajo!» no es precisamente el que más entusiasmo desata, sobre todo cuando el 76% de los estadounidenses desaprueba su gestión. Por eso ha tenido que tirar del miedo. El vídeo con el que ayer lanzó su campaña de reelección comienza con las imágenes del asalto al Capitolio y continúa con las protestas por la abolición del aborto. El presidente de EE UU, que repite con Kamala Harris, abandonaría la Casa Blanca si sale reelegido con 86 años. 

Deloitte pide a su plantilla en España que no ponga datos confidenciales en ChatGPT (El País)

La inteligencia artificial ha irrumpido con fuerza en las oficinas de las empresas de consultoría. Y su capacidad para colarse en cualquier informe, asesoría, o trabajo desarrollado por sus empleados desata ya preocupaciones en las cúpulas. Así lo demuestra un correo electrónico interno enviado por Deloitte España el 11 de abril, al que ha tenido acceso este diario. “No se debe aportar a estas plataformas de IA información confidencial propiedad del cliente, de terceros o de Deloitte”, dice el texto de cuatro páginas remitido a los trabajadores. En él, la empresa, con más de 8.000 profesionales en España, avisa de que cualquier uso de ChatGPT o herramientas similares debe contar antes con su aprobación. La rapidez con que se está afianzando el uso de esta tecnología inquieta en las grandes corporaciones. La división australiana de otra Big Four (como se conoce a las cuatro grandes consultoras mundiales), PwC, ya envió en febrero un mensaje pidiendo a sus empleados que no utilicen con los clientes material creado por estas aplicaciones. En el caso de Deloitte España, los miedos son muchos. A que salgan a la luz informaciones sin autorización: “Si los datos ingresados son almacenados en un servidor o base de datos, existe un riesgo potencial de que sean divulgados a terceros sin autorización, bien sea por fallas de seguridad, ciberataques, o violaciones de datos”, dice el correo. A que haya sesgos: “Si los datos de entrenamiento utilizados contienen sesgos o prejuicios, existe el riesgo de que las respuestas generadas por el modelo sean discriminatorias o injustas, incluso afectando a la privacidad de los individuos que interactúan con el modelo y a la reputación de las empresas que lo utilizan”.