20230701

Empresarios y gestores reivindican su aportación al bienestar colectivo en un foro organizado por El Correo y EY. La misión de una empresa es ganar dinero, explican con una rotundidad que hoy suena desfasada. Hace tiempo que las compañías tienen una percepción más amplia de sus propósitos, aunque la vieja definición siga constituyendo un obstáculo a la hora de reivindicar su aportación al bienestar social. «Las compañías ya tienen interiorizado que deben devolver una parte de lo que han recibido y que eso genera beneficios para el personal, para los clientes... Y, por supuesto, para el propietario, que es quien asume los riesgos, y que muchas veces es una figura muy poco valorada», explicaba Pablo Sanz, socio responsable de la zona norte de EY, a los asistentes al encuentro empresarial ‘El impacto más allá de la cuenta de resultados’. En la cita participaron Xabier Sagredo, presidente de BBK; José Galíndez, presidente del Círculo de Empresarios Vascos y vicepresidente de Solarpack; Jordi Albareda, fundador de Fair Saturday Foundation; y Leire Bilbao, directora general de la Agencia Vasca de la Innovación (Innobasque), quien abrió el debate asegurando que «el beneficio de las empresas debería tener reconocimiento social, pero este solo se puede adquirir si los beneficios implican reinversión en la propia organización y sus personas, por un lado, y en la sociedad, por otro. Necesitamos capitalismo, pero también humanismo». «Hasta hace poco no teníamos demasiados mecanismos de inversión que permitieran que las empresas que necesitaran capital para crecer lo pudieran encontrar cerca, sin necesidad de ponerse en otras manos. Es algo en lo que hay que seguir trabajando, porque junto a la disponibilidad de talento, es una de las claves para que una empresa tenga arraigo. Cuando las pymes van cogiendo tamaño y entran en la economía global, a veces ese arraigo corre peligro. Pero hay ejemplos en países de nuestro entorno que muestran que el arraigo no es un impedimento para crecer», añadió José Galíndez, quien además quiso borrar la imagen del empresario «obsesionado por mejorar sus márgenes». «Tener beneficios es una condición ‘sine qua non’ para seguir siendo empresa, pero a lo largo de mi trayectoria no he visto que sean una obcecación en ninguna. Sí lo es, en cambio, optimizar lo que se tiene y trabajar en productos y servicios que sean líderes en su mercado. La contribución a la sociedad de una compañía es esa; mejorar esos productos y servicios, y al hacerlo generan empleo, pagan impuestos y mejoran la vida en su entorno –explicó–. Si te obsesionas por lo que debes hacerlo, llegan los beneficios y estos tienen consecuencias sociales dentro de la empresa, con empleados motivados, y fuera, con un entorno ciudadano orgulloso de las compañías que acoge».

Sidenor ha anunciado su decisión de invertir en parques de generación eléctrica renovable, con el objetivo de autoabastecer al menos una parte de las necesidades de energía de sus instalaciones de producción. Así lo ha anunciado esta semana el presidente y propietario de la compañía, el empresario José Antonio Jainaga, en su discurso tras recibir un premio de la publicación Estrategia Empresarial. Jainaga, en su intervención, también criticó con dureza los retrasos en la aplicación de los fondos europeos y los elevados índices de absentismo que se registran en el País Vasco. El presidente de Sidenor indicó en la entrega de los premios ‘José Ignacio Arrieta’ –creados en recuerdo de quien fuera consejero de Trabajo del Gobierno vasco– que todos los detalles de esta operación se conocerán pronto. Fuentes del sector de la producción de electricidad dan por hecha la inversión y apuntan que se trata de la adquisición de algunos parques de generación solar ubicados en Cataluña. La inversión, al parecer, se ha realizado de forma conjunta con un socio, del que aún no se conoce la identidad. La operación permitirá a la compañía siderúrgica formalizar también un contrato de suministro de energía de varias decenas de megavatios. En el discurso que Jainaga pronunció tras recibir el premio se refirió en un tono muy crítico a los retrasos y al destino de los fondos europeos de recuperación. «No sé si alguno de ustedes ha recibido algo. Se oye hablar de asignaciones de muchos millones de euros a grandes compañías, pero la verdad es que los fondos europeos deben estar volando por ahí y no aterrizan. Nosotros, al menos, no hemos recibido ni un euro y lo necesitamos», dijo a los asistentes al acto. Entre el público se encontraba la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, y el empresario no dudó en pedir medidas para rebajar los elevados índices de absentismo laboral que sitúan a Euskadi en la cabeza del ranking nacional.

Indra y el fondo norteamericano Bain han alcanzado un principio de acuerdo para que la compañía tecnológica española, que tiene al Gobierno como socio de referencia, tome una participación accionarial destacada en la empresa vasca ITP, fabricante de componentes de motores de aviación. El acuerdo definitivo, sin embargo, está condicionado a que Bain e Indra cierren un pacto industrial que recoja las sinergias de negocio que podrán desarrollar las empresas al margen de la mera participación financiera en el capital. Ambas partes se han dado dos semanas para cerrar la venta y, de culminar, se alcanzaría uno de los objetivos marcados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para situar a Indra como eje de la industria de defensa en España. Bain adquirió la totalidad de las acciones de ITP el pasado mes de septiembre, tras una dilatada negociación con la firma británica Rolls Royce. Pagó por ellas 1.600 millones de euros y, a cambio de que el Gobierno español autorizase la operación, accedió a dar entrada a socios nacionales, con el objetivo de garantizar que habrá un núcleo estable y ‘de confianza’ en el futuro al frente de la empresa aeronáutica. Hubo un primer plazo hasta el 31 de diciembre, que fue aprovechado por el Gobierno vasco para adquirir el 6% y también por la gestora de fondos JB Capital, aunque en este caso no se ha desvelado el detalle de su participación.

José Vicente de los Mozos se convirtió el viernes definitivamente en consejero delegado de Indra, tras recibir un 89% de votos afirmativos en la junta general de accionistas ya es oficialmente consejero delegado de Indra, tras ser ratificado en una junta de accionistas en la que esbozó las primeras líneas maestras de su gestión que pasan por centrar la compañía en los productos de mayor valor añadido y que se concretarán en un nuevo plan estratégico para entre 2024 y 2026. «Debemos evolucionar de un portfolio amplio (...) a un portfolio más pequeño y detallado con tecnologías civiles y militares», señaló el directivo durante su intervención. El ex presidente de Renault España equiparó el momento de la industria de la defensa en España con el de la industria del motor hace 20 años y reafirmó la necesidad de una reordenación de las empresas del sector para alinearse con las necesidades de los grandes proyectos en liza. Al mismo tiempo, el directivo también mostró su voluntad de hacer lo mismo con la propia Indra y transformar sus procesos internos, así como introducir cambios en el organigrama del comité de dirección próximamente. La empresa española tiene el objetivo de convertirse en un campeón nacional y europeo en la industria de la defensa, una meta para la que necesita ganar dimensión y escala, lo que hará necesarias nuevas compras. Tanto De los Mozos como el presidente de la compañía, Marc Murtra, declinaron hacer comentarios sobre si el futuro plan incluye la compra de ITP o la venta de Minsait, la filial de tecnologías de la información. En el caso de Murtra, se limitó a decir que la compañía solo hará operaciones con vocación industrial y pidió tiempo para analizar las distintas alternativas estratégicas del grupo. De los Mozos emplazó a la próxima presentación de resultados, que se celebrará a finales de julio, para conocer los primeros detalles del plan estratégico del grupo.

La Junta General de Accionistas de Kutxabank celebrada ayer acordó distribuir un dividendo de 48,8 millones de euros con cargo al resultado del grupo en 2022. Con esta cantidad se completa al anticipo de 150,28 millones que la entidad ya había abonado en noviembre del pasado año. De esta manera, la dotación global que percibirán las fundaciones accionistas se elevará así hasta los 198,3 millones de euros. La cantidad supone el 60% del resultado neto alcanzado durante el pasado ejercicio. Esta no fue la única decisión adoptada ayer. La Junta también aprovechó para nombrar además a su nuevo consejero independiente, un cargo que recae en el director general de Sidenor, Marco Pineda Gómez. Licenciado en ciencias económicas y empresariales, y con un máster en administración de empresas por el IESE Business School, previamente ya había asumido el cargo de director general en Elkargi SGR. También fue gerente en la firma internacional Accenture, desde donde trabajó para CIE Automotive, Grupo Antolín, Astilleros Españoles o Babcock Wilcox, entre otras firmas. Ayer Kutxabank destacó su «amplio conocimiento del tejido industrial de Euskadi» fruto de su participación en «empresas tractoras».

La patronal de la Construcción de Álava ha alertado este viernes de las dificultades para encontrar personal cualificado y del "alarmante" incremento del precio de las materias primas. La patronal de la Construcción de Álava SEA Uneca ha celebrado una asamblea en la que se han constatado además otros problemas que atraviesa el sector como la "morosidad de los clientes", ha informado en una nota esta organización empresarial. Estas circunstancias están repercutiendo "negativamente" en el sector, ha advertido la patronal que, sin embargo, ha reconocido que el "esfuerzo" que están haciendo las empresas está permitiendo que el empleo se mantenga e incluso que se creen nuevos puestos de trabajo. La patronal también ha expresado su preocupación por el impacto que la nueva Ley de Vivienda tendrá en la promoción pública y privada de vivienda de compraventa y alquiler. Ver nota SEA Uneca. 

El Gobierno acaba de acordar el nuevo catálogo de ocupaciones de difícil cobertura, la lista de puestos para los que el Ejecutivo permite a las empresas contratar en el extranjero. Por primera vez este listado incluye profesiones de la construcción, pero entre esas ocupaciones no están las más comunes, como peones o capataces. Son ocupaciones técnicas, como conductor operador de grúa o carpintero de aluminio metálico. Más general es la inclusión de instaladores electricistas. Este nuevo catálogo se decidió el miércoles en una reunión en la que participaron el Ministerio de Trabajo, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sindicatos y patronal. En realidad, la única opinión vinculante es la de los representantes del Gobierno, y quien toma la decisión definitiva es el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que depende de Trabajo. “Fue una reunión larga, de más de dos horas, en la que se decidió incluir varias nuevas profesiones del ámbito de la construcción de carácter muy técnico”, explica el responsable confederal de Migraciones de CC OO Obreras, José Antonio Moreno. Fuentes de Trabajo confirman que el nuevo catálogo incluirá profesiones “muy técnicas” del sector de la construcción, pero matizan que las negociaciones con los agentes sociales siguen abiertas. Las mismas fuentes indican que “en España no existe un problema de vacantes, tal como demuestran las estadísticas oficiales”. Por ello, en el departamento que dirige Yolanda Díaz creen que “no se pueden abrir sectores enteros a la contratación externa”. “El Ministerio de Trabajo y Economía Social entiende que hay que analizar caso a caso y por territorios la situación y en el seno en la comisión tripartita con la participación y el acuerdo de los agentes sociales”, añaden las mismas fuentes.

CAF ha logrado un contrato de suministro de once trenes para la red de metro ligero de Londres por valor de 90 millones, según informó ayer la compañía beasaindarra. Se trata de la ampliación del que suscribió en junio de 2019 para la línea de metro ligero sin conductor que opera entre el área de Docklands, al este de Londres, y el centro, que está gestionada por Transport for London (TfL). El acuerdo de ampliación incluye el suministro de las once unidades adicionales, que se sumarán a las 43 iniciales que contemplaba el contrato. El volumen de esta ampliación se sitúa por encima de los 90 millones de euros. Estas nuevas unidades estarán formadas, al igual que las anteriores, por 5 coches cada una, y proporcionarán una serie de mejoras adicionales a los pasajeros, que incluyen entre otras la tecnología más avanzada en cuanto a información visual y audio en tiempo real sobre el viaje, además de aire acondicionado y espacios reservados a sillas de ruedas. Tom Page, Gerente General de TfL para DLR, destaca que «estos nuevos trenes transformarán la movilidad de los millones de usuarios actuales». Esta adjudicación consolida aún más la trayectoria reciente de CAF en el mercado ferroviario del Reino Unido, reafirmando los recientes éxitos de la empresa en el país, donde ha desarrollado varios contratos con diversos operadores. Ver nota CAF. 

Siemens señala a la firma de origen vasco por los problemas técnicos, pese a llevar siete años como principal accionista y nombrar a los ejecutivos clave. Necesitamos pensar en problemas culturales decisivos”, dijo el consejero delegado de Siemens Energy, Christian Bruch. Con rapidez quiso matizar sus palabras, quizás consciente de su impacto. “No me refiero a las nacionalidades [alemana y española], sino a la forma en que se abordan los fallos”. El ejecutivo del gigante alemán intentaba salir al paso de la fuerte caída en Bolsa registrada la semana pasada, cercana al 40%, tras destaparse el alcance de los fallos en las turbinas de Gamesa. Firma con solera, de larga tradición en el ecosistema empresarial español y radicada en Zamudio, la compañía está controlada por el grupo germano desde el año 2017. Los mensajes no pudieron ser más perturbadores para los analistas y el mercado, al admitir la cúpula alemana que resolver el desaguisado llevará tiempo y será caro –se aludió a la cifra de 1.000 millones de euros–, sin contar con que el derrape está lejos de encontrarse ya bajo control. “Aún no tenemos la cifra final, pero puedo adelantar que el resultado de la revisión que estamos llevando a cabo será mucho peor de lo que hubiera creído posible”, reconoció Bruch. Antes de la integración con Siemens, Gamesa era una compañía española líder mundial en aerogeneradores. Hoy se presenta por sus nuevos dueños como una escopeta de feria.

Asociaciones ecologistas de Galicia se han lanzado a recaudar fondos para costear una batalla judicial contra los molinos de viento que ahora empieza a dar sus frutos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) gallego ha dado alas a la cruzada de estos grupos activistas al decretar la suspensión cautelar de la autorización administrativa de construcción, un permiso necesario para instalar los aerogeneradores, de hasta tres parques. La suma de pronunciamientos del TSJ ha hecho sonar las alarmas en el sector, donde temen que estos grupos se hagan fuertes en los tribunales y tumben masivamente unos permisos administrativos que, ya de por sí, implican una odisea burocrática. Este tema centró, como nunca antes, el debate en el VII Congreso Eólico Anual, organizado por la Asociación Empresarial Eólica (AEE) que se celebró los pasados jueves y viernes en Madrid. Durante las jornadas, Jorge Barredo, director general de Renovables de Naturgy, anticipó: «La judicialización va a hacer caer permisos y va a ir cada vez a más». Por su parte, Beatriz Mato, CSO y consejera ejecutiva de Greenalia, describió la situación derivada del posicionamiento del TSJ en Galicia como un escenario de «inseguridad jurídica» para el sector. Y es que, como recordó Barredo, las consecuencias de la contestación social a los molinos ha dejado de ser «humo» y, como convinieron distintos referentes de la industria, empieza a preocupar su impacto sobre los inversores. Hasta el momento, la gran damnificada ha sido Greenalia. A lo largo del pasado mes de junio, la compañía gallega de energías renovables sufrió dos varapalos judiciales consecutivos que han dejado en el aire tres de sus proyectos eólicos proyectados en territorio coruñés. El de Campelo, en los términos municipales de Coristanco y de Santa Comba; el Bustelo, situado en los ayuntamientos de Coristanco y Carballo.

Hoy se conmemora el día Internacional de las Cooperativas, un modelo que da forma en Euskadi a 1.856 empresas en las que trabajan más de 54.000 personas, el 5,9% de todos los empleos vascos. En total, las ventas alcanzadas por este colectivo superaron los 8.000 millones de euros. Según señaló ayer el Eustat, Bizkaia concentra un 43,4% de los 2.741 establecimientos en los que se distribuyen las cooperativas vascas, seguido de cerca por Gipuzkoa, con el 42,4%, y Álava, con un 14,2%. La industria manufacturera supone el mayor número de empleos, con 19.620, muy por delante del que generan los centros educativos cooperativistas, hasta 8.789, o el comercio al por mayor y al por menor, 8.600. Las sanitarias y de servicios sociales con 4.002 trabajadores, las profesionales, científicas y técnicas con 3.889, y la hostelería con 2.663 son las siguientes que más empleo generan. En cuanto al género, los hombres representan el 52,1% de todos los puestos, siendo el 77% de la industria y el 84,1 del transporte y almacenamiento. Las mujeres lideran en la hostelería con el 87,1% de los trabajos, el 76,8% en el comercio y el 65,5% de las actividades sanitarias y de servicios sociales.

Las tres Haciendas Vascas afloraron el año pasado un fraude fiscal por valor de 639,9 millones de euros, aproximadamente un 4,5% de todo lo recaudado en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava por tributos propios concertados, según el Informe Integrado sobre Fraude Fiscal en la CAV. De esa cifra, 172 millones correspondieron al territorio histórico de Gipuzkoa. Aunque la Comisión de Lucha contra el Fraude (creada en el seno del Organo de Coordinación Tributaria de Euskadi allá por 2013) acostumbra a subrayar que las comparaciones interanuales no siempre son la mejor manera de medir el desempeño de esta lucha contra los tramposos fiscales, es inevitable resaltar que la cifra aflorada en 2022 supone un incremento del 11,7% sobre los 572 millones del ejercicio precedente. Dentro de los casi 640 millones descubiertos (que no significa que se hayan recuperado) hay que resaltar los 17,3 millones que corresponden a los veinte delitos fiscales detectados. Junto a ellos, y dentro de la cifra global, se encuentran apartados como las cuotas a pagar detectadas en los distintos tributos (460 millones), los intereses y los recargos (23,5), las sanciones (31 millones), las deducciones indebidas (15 millones) o las regularizaciones entre distintas administraciones, con otros 15 millones.

Un total de 1.058,43 millones, el 1,3% de todo el PIB de Euskadi y el 7% del Presupuesto del Gobierno vasco. A eso es a lo que equivale toda la deuda que acaparan las empresas y ciudadanos a los que las haciendas de Bizkaia y Gipuzkoa reclaman por lo menos 600.000 euros, por un millón en la alavesa. Es el criterio que han aplicado las diputaciones para hacer pública esta lista que regula la normativa foral tributaria en aplicación de la regulación que desde la Administración central se activó en 2017, cuando presidía el Gobierno Mariano Rajoy y se vio forzado por la oposición a esta medida tras la aprobación de una amnistía fiscal. El problema es que la cantidad, siendo muy abultada, es muy complicado que pueda sustanciarse en las arcas públicas. Muchas de las empresas reclamadas tienen la actividad extinguida tras procesos concursales y llevan ya más de diez años sin presentar documentación alguna en el Registro Mercantil. Otras, están pleiteando en los tribunales sobre cuestiones como deducciones aplicables a las cantidades a pagar o sobre el lugar en el que hacerlo. Salvo en Álava, que lo recogerá así el año que viene, Bizkaia y Gipuzkoa han publicado los responsables directos de la deuda, así como los contribuyentes solidarios que deben responder en caso de insolvencia del primero. De ahí que una misma cantidad pueda acabar imputada a más de una persona o contribuyente. En Bizkaia sigue destacando el empresario Jabyer Fernández que desplegó varios negocios en la promoción inmobiliaria y que personalmente debe responder con hasta 38,2 millones, más los 60 millones que penden sobre la sociedad para construir viviendas prefabricadas que impulsó, Habidite, así como otros 52 millones de otra de sus empresas, Iurbenor.

Las ayudas pactadas entre el Gobierno de Pedro Sánchez y las entidades financieras para hacer menos gravosa la subida de la hipoteca a las rentas más vulnerables siguen siendo residuales en Euskadi. Así lo señalan fuentes de los principales bancos que operan en el País Vasco como Kutxabank, Laboral Kutxa o Caixabank. El total de los créditos que se han beneficiado del Código de Buenas Prácticas en los primeros seis meses del año ha alcanzado el millar. La cifra es el 3% de las poco más de 30.000 hipotecas que en Euskadi recogen las condiciones para poder solicitar medidas como la prolongación de plazos de devolución para limitar la cuota y que los bancos acordaron con el Ejecutivo el pasado mes de noviembre. El dibujo es muy parecido al del conjunto de España, donde del millón de posibles beneficiarios que estimó el Gobierno central solo se han concretado 33.000 solicitudes de las que el 40% están todavía en tramitación. En Euskadi, las solicitudes se acercan a 2.000, de las que se han resuelto favorablemente ese millar de hipotecas. Aunque el global de las cifras sea escaso frente a las 120.000 hipotecas variables contabilizadas en Euskadi, las mil que ya tienen aplicadas las condiciones del Código de Buenas Prácticas son el doble que las contabilizadas el pasado mes de abril. Así que, en mayo y junio, sí se ha apreciado cierto acelerón que ha llevado a registrar en solo dos meses el mismo número que de noviembre a abril.

La inflación se modera y comienza a notarse en las cuentas de las familias. Los hogares por fin logran ganar renta pese a una crisis de precios que empezó con la reapertura tras la pandemia, se disparó hasta niveles no conocidos en 40 años con la crisis energética que provocó la guerra de Ucrania y todavía persiste en la cesta de alimentos. Según datos del INE, los ingresos de las familias después de impuestos y cotizaciones aumentaron un 10% entre el primer trimestre de 2023 y el primero de 2022. Han crecido desde los 183.000 millones de euros en un trimestre hasta los 202.000 millones. Si se resta el IPC de ese periodo, del 5%, los ingresos del conjunto de las familias avanzaron un 5% en términos reales. Es el primer respiro tras más de año y medio asumiendo pérdidas de poder de compra. En el trimestre anterior, las familias todavía estaban perdiendo ingresos una vez se descontaba la inflación. Pero de un trimestre a otro, con un IPC cuya tasa interanual ha descendido del 7,3% de octubre al 3,3% de marzo, se ha dado un vuelco a la situación. Han contribuido también varios factores: el robusto aumento del empleo, con la creación en un año de 436.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo; la progresiva subida de los salarios; la fuerte mejora de las rentas de la propiedad y la actualización de las pensiones al 8,5%.

La inflación de la zona euro cayó más de lo previsto en junio, hasta el 5,5%, su tasa más baja desde principios del año pasado, pero el alivio para los responsables políticos se vio atenuado por un ligero repunte del crecimiento de los precios al consumo subyacentes. La inflación anual en la zona de la moneda única bajó del 6,1% registrado en mayo, según informó ayer la oficina estadística de la UE. También se situó por debajo del 5,6% previsto en una encuesta a economistas realizada por Reuters. Pero la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos, fue del 5,4%, frente al 5,3% de mayo. Esto supuso un revés para el Banco Central Europeo, que ha dicho que seguirá subiendo los tipos de interés hasta que las presiones subyacentes sobre los precios desciendan claramente hacia su objetivo del 2%. “No hay nada en este comunicado que disuada al BCE de subir los tipos de interés otros 25 puntos básicos en la reunión de julio”, afirma Jack Allen-Reynolds, economista del grupo de investigación Capital Economics, añadiendo que hay “muchas posibilidades de que se produzca otra subida” en septiembre. Las bolsas europeas subieron impulsadas por la esperanza de los inversores de que los tipos de interés del bloque alcancen pronto su techo. 

La banca cree que pintan bastos con el impuesto extraordinario aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez más allá de 2024. Gane quien gane las elecciones generales del 23 de julio. El sector recela de la promesa de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, y teme que no sea tan temporal como se dibujó al inicio. “Para estos dos años ya está perdido, a no ser que los tribunales digan lo contrario. Y luego, con el retorno de las reglas fiscales de Bruselas y el agujero presupuestario que puede haber, me temo lo peor”, explican con cierto pesimismo fuentes de uno de los bancos cotizados españoles. En la misma línea se pronuncia media docena de grupos financieros consultados, españoles y extranjeros, que vislumbran un horizonte cargado de nubarrones en el que el Gobierno tendrá que buscar recaudación debajo de las piedras. “En ese contexto, ¿cómo va a querer dejar de ingresar 1.500 millones anuales?”, se preguntan altos cargos de organismos públicos. Incluso entidades que en este momento no están obligadas a pagar ya se preparan para ese hipotético momento: “Me temo que tras 2024 se mantendrá de alguna forma y entonces entraremos más empresas”, argumenta un alto dirigente de uno de los bancos que está exento por el momento. Desde otra institución pública española, también bajo la condición de anonimato, dan pistas de por dónde pueden ir los derroteros: “Lo normal es que renegocien con el sector, les rebaje algo la factura individual, pero se mantenga de otra forma”. 

La industria aeronáutica está abandonando de forma progresiva un período negro vinculado con la pandemia, que motivó la paralización total del mercado y la caída en picado de los pedidos. La actual incertidumbre macroeconómica, así como la crisis geopolítica provocada por la invasión rusa de Ucrania o el entorno de alza de precios no han frenado la recuperación de la aviación. La mejor prueba de la buena salud del sector es la elevada participación y los grandes acuerdos a los que se llegó durante la pasada edición del Salón Aeronáutico de París (19 a 25 de junio). En el encuentro se firmaron acuerdos comerciales por unos 150.000 millones de euros, una cifra que sirve para asegurar el futuro de la industria y que pone de manifiesto su fase expansiva. Esta cifra gigantesca de contratos pone sobre la mesa la situación de bonanza, después de unos años complicados. Los datos son esperanzadores, hasta el pasado mes de mayo (últimos registros disponibles) los aeropuertos españoles de la red de Aena superaron la barrera de los 100 millones pasajeros (102,9 millones), lo que supone un fuerte incremento del 27,7% en comparación con el año pasado, aunque todavía las cifras son un 2,9% menores a 2019. Además, en 2022 se recuperó el 68,5% de la demanda de viajeros global respecto a 2019 por la supresión de las restricciones de viaje, según datos de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (Iata), que prevé que la industria aérea registre un beneficio neto de 9.800 millones de dólares (unos 9.000 millones de euros) en 2023 y unos ingresos de 803.000 millones de dólares.

Decenas de las mayores empresas europeas, entre ellas la alemana Siemens y la francesa Airbus, se han manifestado en contra de un proyecto de ley de la UE sobre la inteligencia artificial (IA), afirmando que la normativa corre el riesgo de afectar a su competitividad, además de no abordar los retos potenciales. En una carta abierta firmada por más de 150 ejecutivos, las empresas señalan a las instituciones europeas que la IA ofrece la “oportunidad de volver a la vanguardia tecnológica” y que una normativa demasiado estricta podría frustrar esa oportunidad. En la carta, enviada el viernes a la Comisión Europea, el Parlamento y los Estados miembros, las empresas expusieron que “en nuestra opinión, el proyecto de ley pondría en peligro la competitividad y la soberanía tecnológica de Europa sin abordar eficazmente los desafíos a los que nos enfrentamos y nos enfrentaremos”. Tras casi dos años de negociaciones, los políticos de la UE acordaron hace poco el conjunto de normas sobre la IA más estricto del mundo. El borrador de la Ley de Inteligencia Artificial servirá de posición negociadora entre los Estados miembros y la Comisión Europea. Desde noviembre, cuando OpenAI lanzó su chatbot ChatGPT, una de las primeras aplicaciones de la IA al alcance de los consumidores, han aumentado las demandas de regulación ante el temor por los riesgos potenciales que representa una tecnología que avanza a velocidad de vértigo. Los firmantes, desde Renault hasta la segunda cervecera del mundo, Heineken, manifestaron su especial preocupación por la IA generativa. 

La economía de Reino Unido creció en el primer trimestre del año un 0,1% en términos intertrimestrales. El alza, con ser raquítica, supone un alivio por ser la confirmación de que el país podrá sortear la recesión, uno de los grandes temores derivados, entre otros, del continuo incremento de los tipos de interés, situados ahora en el 5% y con perspectiva de escalar más, hasta que la inflación, del 8,7%, esté domada. La UE entró en recesión técnica en el periodo entre enero y marzo tras enlazar dos trimestres con una caída del PIB del 0,1%. La economía británica, que sigue un 0,5% por debajo del nivel pre-Covid, se mantiene en positivo gracias al empuje de la industria, que avanzó un 0,6% en el trimestre. Uno de los cambios que subrayó la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) en su informe publicado ayer es el descenso de la tasa de ahorro en Reino Unido, que ha pasado del 9,3% a finales del año pasado al 8,7% del primer trimestre de 2023, coincidiendo con que la renta real disponible de los hogares se ha reducido un 0,8%. “Las familias han experimentado de forma simultánea y por primera vez una caída de los depósitos en sus cuentas y una reducción de los préstamos avalados”. 

El Gobierno francés se ha mostrado hasta ahora incapaz de atajar la violencia urbana y el estallido social provocado por la muerte el pasado martes de Nahel, un joven de 17 años, a manos de un agente que le disparó por saltarse un control policial cuando conducía sin carnet por Nanterre, en la región parisina. Desde la capital a Marsella, Lille, Lyon o Estrasburgo, entre otras ciudades, se han multiplicado desde entonces los disturbios, los saqueos de supermercados y comercios, la quema de entidades bancarias, los ataques a comisarías y ayuntamientos, los enfrentamientos violentos con la Policía y los destrozos de mobiliario urbano. Anoche, por cuarto día consecutivo, se repitieron los disturbios, principalmente en Marsella y Lyon. En Marsella asaltaron una armería y robaron armas de caza sin municiones. Al cierre de esta edición se habían practicado 21 detenciones en Lyon y 63 en Marsella. En las primeras tres noches de altercados fueron detenidas 1.128 personas en todo el país, 917 de ellas anoche. Sólo en la madrugada del jueves al viernes acabaron incendiados 500 edificios públicos (comisarías, ayuntamientos, escuelas y centros sociales), hubo 3.880 fuegos en la vía pública y ardieron 1.900 vehículos, según datos de Protección Civil. «Nada justifica la violencia», reiteró ayer el presidente francés, Emmanuel Macron, durante la reunión de la célula interministerial de crisis convocada para tomar medidas para frenar la violencia urbana.