20231208

Euskadi cuenta con un tamaño medio empresarial muy superior al español, 6,03 empleados por empresa frente a 4,7 en España, y ligeramente mayor que el europeo (5,7), pero alejado de países de referencia como Alemania (11,8), Austria (8,8), o Reino Unido (8,6). Asimismo, el porcentaje de pequeñas empresas (de menos de 50 empleados) en Euskadi es similar al europeo (98,66% en Euskadi y 98,91% en Europa), e inferior al que tienen en España (99,25%). En Alemania sólo suponen el 97,51% del total de empresas. En cuanto al volumen de empleo en pequeñas empresas respecto al empleo total, el peso en Euskadi supera al europeo (48,82% en Euskadi frente al 47,1% en Europa), aunque queda claramente por debajo al de España, donde supone el 54,7%. En Reino Unido, Suecia, Francia y Alemania se sitúan dicho porcentaje en el 40% o menos. Son algunas de las cifras que pueden consultarse en el último newsletter de Confebask sobre Dimensión Empresarial, en el que también se incluye una entrevista con el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. Entre otras cosas, el presidente de Cepyme asegura que "el principal obstáculo para el crecimiento empresarial es el exceso de burocracia y de normativas. Desde Cepyme hemos identificado más de 100 regulaciones de tipo fiscal, laboral, contable, financiero o de otro tipo que desalientan estos procesos de crecimiento. La mayor presión tributaria, las normas laborales más rígidas, el absentismo y la carga burocrática hacen que la pyme española sea menos rentable y, por tanto, limita sus recursos financieros y su capacidad para crecer”. Ver más en Confebask. 

El tejido empresarial vasco está muy alineado con la media europea, pero en determinados parámetros, como ocurre en todos los órdenes, tiene margen de mejora. Confebask difundió ayer una estadística sobre el tamaño medio de las plantillas laborales en Euskadi, que con un dato de 6,03 empleados por empresa se sitúa por encima de la media del Estado (4,7) pero lejos de países como Alemania (11,8) y Reino Unido (8,6). Aumentar plantilla no es sinónimo automático de crecimiento económico de la empresa, pero, por lo general, sí es una vía de consolidación de la actividad productiva y una posibilidad de ampliación de la misma. Las pymes son parte esencial de la economía vasca y española. Según datos del Eustat del año pasado correspondientes al informe ‘Estructura y Demografía Empresarial Vasca’, apenas 2.553 empresas, el 1,5% del total en la CAV, son establecimientos con 50 o más personas empleadas de media, si bien en conjunto, ocupaban al 41,5% del total de personas empleadas. Sin embargo, 122.164 establecimientos, “casi tres cuartas partes, son de pequeño tamaño -menos de tres personas empleadas- y recogían el 16,1% de todas las personas empleadas”. En su boletín estadístico, Confebask recoge que la media europea –con datos del año 2020– refleja que el tamaño empresarial medio era de 5,7 trabajadores. Asimismo, el porcentaje de pequeñas empresas –las que tienen una plantilla de menos de 50 trabajadores– en la CAV es similar al de Europa, con un 98,6% en Euskadi y un 98,9% en el continente.

El endurecimiento de las condiciones financieras ya se deja notar en la actividad de la Eurozona, que registró una contracción económica del 0,1% en el tercer trimestre del año, lo que deja a la región al borde de una recesión técnica en la que caerá si en este último trimestre de 2022 su PIB vuelve a caer. Los datos publicados ayer por Eurostat confirman la estimación preliminar, así como también la del estancamiento que presenta el conjunto de la UE. De los Veintisiete, un total de 13 países registraron tasas de crecimiento negativas en el tercer trimestre y de ellos, siete (Dinamarca, Estonia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Suecia) entraron ya en recesión técnica. Pero el mayor lastre, por su peso en la economía regional, sigue siendo Alemania cuyo el PIB retrocedió un 0,1%. La buena noticia es que España vuelve a mostrar el mayor ritmo de crecimiento entre las principales economías europeas al avanzar un 0,3% en el tercer trimestre, frente al 0,4% del anterior. La otra cifra positiva llega de la mano del empleo, que sigue demostrando una fuerte resistencia ante el frenazo económico, permitiendo incluso el aporte positivo al PIB del consumo final de los hogares. En concreto, la ocupación aumentó en la zona euro un 0,2% entre julio y septiembre respecto al trimestre anterior y un 1,3% sobre el mismo periodo de 2022. España repite de nuevo como una de las economías más fuertes en términos de mercado laboral, con un avance del 1,3% tras superar el estancamiento observado entre abril y junio. Según los datos de la oficina estadística comunitaria, se trata del segundo mayor aumento trimestral entre los Veintisiete, solo por detrás del 1,4% que registró Malta. Los datos de la oficina estadística europea serán tenidos muy en cuenta por el Banco Central Europeo (BCE) en su última reunión del año el próximo 14 de diciembre. Aunque la resistencia del mercado laboral puede generar todavía ciertas tensiones inflacionistas, el parón del crecimiento y, sobre todo, la moderación de la inflación (que cerró noviembre en el 2,4% en la Eurozona) permiten anticipar que no habrá cambios en los tipos de interés, actualmente en el 4,5%.

Las empresas de Gipuzkoa siguen poco a poco recobrando el pulso de sus ventas. El último dato conocido ayer habla de unas ventas de nuestras compañías el pasado octubre de un 6,8% superiores al mismo mes del año anterior. El mayor incremento de los últimos seis meses, según la estadística mensual de la Diputación. El incremento, al igual que el mes pasado, se ancla en el buen comportamiento de las ventas internas (en el mercado español) que en octubre experimentaron un alza del 10,4%. Pero en esta ocasión se ha roto la mala tendencia de las exportaciones al extranjero y por vez primera en los últimos meses se han incrementado, aunque sea un tímido 0,8%. Eso sí, las ventas a otros países siguen cosechando un balance negativo en el acumulado de los diez primeros meses de este año. Un 0,3% menos, debido al parón económico de compradores importantes como Alemania y Francia, lo que constituye una evolución negativa. El alza en las ventas de Gipuzkoa se ha dado en todos los sectores, según el informe sobre la situación de las empresas guipuzcoanas que realiza la Hacienda foral. A nivel acumulado (comparativa de los diez primeros meses de 2023 respecto al mismo periodo del año pasado) cabe destacar el aumento en un 2,6%, derivado del buen comportamiento de las ventas internas (+4,4%). El crecimiento de estas ventas se ha dado en todos los sectores en general. Ha sido más acusado en el caso de la construcción (+8,9%). En el sector servicios ha ascendido un 4,7% y en la industria ha crecido ligeramente un 0,5%. En lo que respecta al volumen de exportaciones, este continúa disminuyendo (-0,3%) con respecto a los diez primeros meses de 2022. Así las exportaciones a la UE apenas han aumentado un 0,6% y las referentes al resto de países de fuera de la Unión han descendido un 1,5%. Esta disminución también se ha experimentado en las importaciones que en los diez primeros meses del año han caído un 7,1% respecto al año pasado.

En pleno debate sobre la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2024, con la patronal CEOE planteando un alza del 3% más un posible punto adicional dependiendo de la inflación; los sindicatos reclamando una subida de al menos el 5%, y el Gobierno navegando en un punto equidistante entre ambos (esto es, un incremento del entorno del 4%), el Ministerio de Trabajo hizo ayer públicas las estadísticas sobre convenios colectivos hasta noviembre. Y las cifras muestran que los sueldos han ido in crescendo, sin prisa pero sin pausa y de forma prácticamente ininterrumpida, a lo largo de los últimos 23 meses. Durante la mayor parte de ese lapso las mejoras salariales fueron claramente inferiores a la tasa de inflación, erosionando el poder adquisitivo de los trabajadores, pero el desequilibrio se mitigó a partir de mayo pasado, cuando los sueldos batieron por primera vez en mucho tiempo, aunque tímidamente, al IPC. Desde entonces y pese al rebote de la inflación, salarios y precios se han ido alternando, manteniendo acotada la brecha. Los sueldos pactados en convenio hasta noviembre recogen una subida media del 3,49%, casi tres décimas por encima del IPC registrado ese mes (3,2%), batiendo a la inflación por quinto mes desde mayo, aunque no de forma consecutiva, y registrando su mayor incremento desde 2008, cuando subieron de media un 3,6%. La inflación media entre diciembre del año pasado y noviembre de 2023 se situó en el 3,8% y, a falta del dato de diciembre, se espera que ronde el 3,6% en el conjunto del ejercicio. Si los pronósticos se cumplen, los trabajadores sujetos a convenio todavía perderán, en conjunto, algo de poder adquisitivo este año. Aunque no todos. Muchos, de hecho, lograrán ganarlo, con mejoras salariales que superan con cierta holgura a la inflación. Así, las estadísticas de Trabajo revelan que hasta noviembre un total de 564.401 empresas pactaron con sus trabajadores un aumento salarial medio del 4,91%, 1,7 puntos por encima del IPC de noviembre y 0,4 puntos respecto a la inflación subyacente, que cerró el mes en 4,5% y es la que vigila el BCE para decidir el rumbo de su política monetaria. En concreto, 4,73 millones de empleados cobrarán cerca de un 5% más este año. Es un dato relevante porque esa cifra representa casi el 45% del total de trabajadores incluidos en los convenios registrados hasta noviembre. 

España es un crisol de territorios con importantes contrastes, que en lo económico se perciben en el diferente coste de la vida, en las pensiones que cobran sus jubilados, en la renta per cápita de sus ciudadanos, o, por supuesto, en los salarios y las mejoras retributivas de sus trabajadores. Un mes más, la brecha entre unas provincias españolas y otras en materia de incremento salarial es muy abultada, con una diferencia de 4,5 puntos entre la zona en la que más suben las remuneraciones de los empleados y en la que menos. Lidera el ránking Gipuzkoa, con una mejora salarial media del 6,42%, fruto del peso que ejerce sobre los salarios su convenio del metal; seguida de Salamanca, donde meses atrás se activó la cláusula de actualización salarial pactada en el convenio del sector del comercio salmantino, con un alza del 8,7%. Por encima del 5% se encuentran Murcia (5,13%) y Almería (5,04%). En el reverso de la moneda, Cuenca es la provincia donde menos suben los sueldos: un 1,84%, muy por debajo del IPC; seguida de Sevilla, con un 2,39%; Huelva, con un 2,44%, y Zamora, con un 2,45%.

Los funcionarios vascos recibirán, casi con toda seguridad, una subida salarial adicional del 0,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2023 como consecuencia del acuerdo alcanzado con los sindicatos a escala nacional para toda la función pública. La condición para cobrar esta ‘paguilla’ es que el aumento del Producto Interior Bruto (PIB) de España supere este año el 2,1%, y mucho tendrían que torcerse las cosas para que no sea así. De hecho, las últimas previsiones apuntan a un crecimiento de entre el 2,3% y el 2,4%. De confirmarse el dato, que se publicará a comienzos de 2024, este sería el tercer incremento salarial aplicado para el presente ejercicio. En un principio se pactó una subida del 2,5% y el pasado octubre se abonó, con efectos retroactivos, un aumento adicional del 0,5% al cumplirse la primera de las condiciones establecidas ligada al alza del IPC de 2022 y hasta septiembre de este año. De esa forma el aumento de los sueldos ya se situó en el 3% y ahora llegaría al 3,5%. La subida es ligeramente inferior al IPC promedio hasta noviembre, que alcanza el 3,8%, la referencia para elevar las pensiones en 2024. El anterior aumento del 0,5% abonado en octubre tuvo un coste de 20,7 millones de euros para el Gobierno vasco. El incremento se aplica a los 115.000 trabajadores de la función pública, Osakidetza, Educación, EiTB, la Ertzaintza o el resto de sociedades públicas. También deberán asumirlo las diputaciones y ayuntamientos vascos. Las subidas salariales para los funcionarios vascos vienen marcadas por normativa básica, es decir, por lo que se pacta a escala nacional. Pero eso va a cambiar a tenor de lo pactado por PSOE y PNV en el acuerdo para a investir a Pedro Sánchez. 

Por cada diez MWh de electricidad que necesita Euskadi, siete los tiene que traer del exterior. Su capacidad de producción, con una potencia instalada de casi 3.000 MW, no cubre más que el 33% de las necesidades de sus empresas y hogares. Pero es que la situación se ha agravado este año ya que esa dependencia ha crecido un 86%. Es lo que ha aumentado la energía eléctrica importada por el País Vasco. Según los datos del distribuidor estatal, Redeia, hasta el 30 de agosto pasado la demanda vasca había ascendido a 10,3 millones de MWh, de los cuales se atendieron con generación propia 3,4 millones. Eso ha obligado a traer de fuera un total de 6,9 millones de MWh. Esa cantidad, en el mismo periodo del año pasado, fue solo de 3,7 millones, un 86% menos. La demanda total no ha variado. Se mantiene estable en el entorno de esos 10 millones de MWh en los últimos cinco años. Lo que cambia es el origen de la energía. Es ahí donde se nota el bajón en la generación de las estaciones eléctricas ubicadas en Euskadi. El más importante, el de los ciclos combinados que emplean gas. Esta fuente representó en 2022 el 68% de toda la generación eléctrica vasca con 4,3 millones de MWh. Sin embargo este año ha caído un 60%, hasta 1,7 millones. A pesar del descenso sigue representando la mitad de la electricidad producida en Euskadi. Las razones que explican este fenómeno residen principalmente en el buen comportamiento de las energías renovables en el conjunto de España. A diferencia de 2022, este año ha habido varios momentos en los que la generación ‘verde’ ha sido suficiente para responder a toda la demanda nacional. Ese sobrante se ha aprovechado por el distribuidor estatal desactivando la demanda de otras fuentes como los ciclos combinados vascos, que hasta verano debían afrontar además elevados precios por el gas. La tendencia podría cambiar con los datos de un otoño en el que ese combustible ha bajado de precio y su demanda ha crecido un 25%.

El entramado de autopistas de alta tensión que ha planificado la empresa aragonesa Forestalia, con el fin de transportar electricidad producida en grandes polos de generación de energía renovable de Aragón hacia Cataluña, el País Vasco y Valencia provoca el rechazo casi unánime de los territorios a los que afecta. A pesar de ello, cinco de sus seis grandes líneas de alta tensión han logrado el visto bueno ambiental del Ministerio de Transición Energética. Se trata de una red de evacuación de energía de muy alta capacidad (400 Kv) con más de 1.300 kilómetros de longitud y decenas de torres de hasta 70 metros de altura. La gran novedad del entramado además es que sería una red privada, cuando hasta ahora era la empresa pública Red Eléctrica de España (REE) la que gestionaba estas redes. El País Vasco, donde se prevé descargar la energía transportada desde Tauste (Zaragoza) en dos puntos, la localidad alavesa de Júndiz y la vizcaína de Gatika –donde conectaría con el cable submarino que ya se ha comenzado a construir con destino Francia–, se ha opuesto a una declaración de impacto ambiental como la aprobada el martes por Transición Energética. El impacto de la autopista de alta tensión entre Labastida, Berantevilla y Zambrana sería de 30 torres (251 en La Rioja), pero no es la única gran línea de Forestalia que afecta a la provincia alavesa. Por la muga con Navarra entra en el territorio la línea de 179 kilómetros que va desde Biota (Zaragoza) hasta Vitoria (Júndiz) y que contó con las alegaciones de la Diputación alavesa al considerar que «los daños son inasumibles» por su alto impacto, en línea con el Gobierno vasco que la consideró igualmente «no aceptable» por sus importantísimas afecciones, especialmente en la zona de La Llanada. La Diputación alavesa calificó este tipo de planes de «medioambientalmente insostenibles». «Somos contrarios a un proyecto así porque es absolutamente ineficiente trasladar la energía que se produce en un punto a una distancia tan larga», sostiene el Gabinete de Ramiro González, que considera que los puntos de ‘volcado’ de la energía deberían estar lo más cerca posible del lugar donde se producen.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró ayer que se está trabajando en el “rediseño” del impuesto extraordinario a las energéticas, aunque negó que ello se deba a las advertencias de Repsol de que este impuesto “condiciona” sus inversiones en España. Eso sí, señaló que la crisis energética llevó a las compañías energéticas a obtener beneficios “por no hacer nada”, los denominados beneficios caídos del cielo, razón por la que el Gobierno planteó este impuesto. “¿Qué es lo que estamos viendo ahora mismo? Afortunadamente, gracias también a la política energética europea y en España de las energías renovables estamos viendo que la factura de la luz está reduciéndose, que el precio de la energía se está conteniendo, continúa alto, pero se está reduciendo; y también estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que, de alguna manera, estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable”, apuntó. De este modo, Sánchez confirmó en una entrevista con Antena 3, que el impuesto extraordinario a las energéticas se encuentra ahora mismo en fase de “rediseño” para ver también cómo se pueden incentivar dichos proyectos industriales. El presidente negó que en España falte seguridad jurídica y apuntó que el 20% de todos los proyectos mundiales vinculados con el hidrógeno verde, “que es la energía del presente y del futuro, están localizados en España”.

La denominada tasa de “solidaridad” ha supuesto unos ingresos para el Fisco español de 1.500 millones de euros este año a cuenta de las compañías energéticas españolas. La empresa que más ha pagado hasta el momento ha sido Repsol, con 450 millones de euros, seguida de Cepsa, con 323 millones. Naturgy ha pagado 300, Iberdrola 216 y Endesa 208 millones. Otros grupos que también han tenido que liquidar ese impuesto son EDP (50 millones) y Acciona Energía (15 millones). Entre las energéticas, estos comentarios se han recibido con alivio, tras la tensión que generó a finales de octubre el pacto de Gobierno para la nueva legislatura firmado por PSOE y Sumar. Y también como una victoria de Teresa Ribera frente a Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y líder de Sumar. Ribera defiende la salud financiera de las energéticas como pieza fundamental para abordar la transición ecológica. Díaz ha tenido públicamente una actitud ultrabeligerante contra las grandes energéticas y sus beneficios, a los que ha llegado a calificar de “obscenos”. El pacto PSOE-Sumar contemplaba mantener e incluso “reforzar” en el tiempo el impuesto para que se convirtiera en “fijo”. La tasa a las energéticas es del 1,2% de los ingresos. Se aprobó el pasado año con una vigencia para dos ejercicios. En 2023, se está cobrando el impuesto con cargo a los ingresos de 2022. En 2024, se cobrará con cargo a los ingresos de 2023. El impuesto a las energéticas tiene su equivalente en la banca, aunque por ahora ningún miembro del Gobierno se ha referido a la tasa aplicada a las entidades financieras. 

Los esfuerzos de la Unión Europea y EE UU por contrarrestar a China en el sector del vehículo eléctrico no están surtiendo efecto, al menos de momento. La locomotora del gigante asiático no solo mantiene su ventaja, sino que la aumenta gracias a su mercado interno y a la expansión a otras regiones, como Europa. Como muestra de ello, China aglutina ya el 41% de las exportaciones mundiales de coches eléctricos, según datos de un estudio elaborado por Natixis CIB. Esto son 20 puntos porcentuales más que en 2019, último ejercicio completo antes de la pandemia. Ese incremento no se debe solo a las firmas chinas, sino también a las automovilísticas europeas y estadounidenses que fabrican allí, como es el caso de Tesla. La compañía propiedad de Elon Musk exporta un buen número de vehículos desde su factoría de Shanghái. Respecto a las ventas de marcas chinas, estas acaparan el 52% de las matriculaciones mundiales de vehículos enchufables (eléctricos e híbridos enchufables), con siete millones de unidades. Las marcas europeas quedan muy atrás, apenas por debajo de los tres millones de coches, pero por encima de las estadounidenses que superan levemente los dos millones, según el citado estudio. Entre las firmas chinas que más están creciendo se encuentra BYD, marca que llegó a España este año y que en octubre alcanzó un récord: fue la primera vez que comercializó más de 300.000 vehículos enchufables en un solo mes en el mundo. 

Solo en los primeros seis meses de este año, 137 sucursales echaron la persiana, y, aunque es cierto que donde más se produce es en las principales urbes, donde más se hace sentir es en los municipios más pequeños porque son aquellos que se quedan sin banco o sin cajero. Desde el estallido de la crisis financiera de 2008, seis de cada diez sucursales bancarias han cerrado. En grandes cifras esto supone que los bancos han prescindido de cerca de 28.000 oficinas (el 61% del total), hasta contar con poco más de 17.800 a nivel nacional. Por el camino, y no es baladí, se han quedado también sus trabajadores. Desde el año de la gran crisis algo más de 115.600 personas han perdido su empleo en el sector bancario, el 41% de los que había quince años atrás. Cataluña agrupa las tres provincias donde se han producido más cierres desde entonces, por encima del 70% de las oficinas que había en el año 2008. Barcelona es la región donde más sucursales han desaparecido en los últimos tres lustros, con algo más de 4.300; seguida de Tarragona y Gerona, por encima de las 600 cada una; Palencia y Castellón, donde han desaparecido casi siete de cada 10 oficinas; mientras que en Valencia, Madrid, Salamanca y Alicante desaparecieron algo más del 65%. Por número (en bruto), la Comunidad de Madrid es el segundo territorio con un mayor número de cierres, con cerca de 4.000 sucursales menos. Al otro lado de la balanza, hay provincias que sólo han perdido por el camino un tercio de las sucursales bancarias en su territorio. Es el caso de Teruel (con 77 oficinas menos), Badajoz y Cuenca. En Albacete, Navarra, Gipuzkoa y Huesca las entidades decidieron cerrar entre el 40% y el 45% de sus establecimientos a pie de calle.

Ya hay un principio de acuerdo entre las instituciones europeas para empezar a encauzar regulatoriamente uno de las cuestiones más espinosas de los últimos años, al menos en el campo tecnológico: la inteligencia artificial (IA) y sus aplicaciones. Pero la complejidad del asunto exige seguir hablando, y por eso ayer en Bruselas se emplazaron a un nuevo encuentro que dará comienzo esta mañana, y eso que las negociaciones ya han sido extensas desde que arrancaron el miércoles: “Más de 22 horas y aún no ha terminado. Nos vamos ahora pero continuaremos mañana a las 09:00 para, con suerte, una discusión final”, escribió ayer la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de Justicia, Vera Jourova, que lidera el equipo negociador del Ejecutivo Comunitario en la negociación con el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo. El objetivo es cerrar la que supondría la primera ley de inteligencia artificial de Occidente, un asunto no exento de polémica por sus numerosas ramificaciones en materias como la colisión entre seguridad y privacidad o la militar, así como los dilemas éticos que plantea. Como apuntó la Comisión Europea en un texto preliminar sobre la inteligencia artificial, la ley persigue establecer cómo las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial pueden clasificarse “en función del riesgo que suponen para los usuarios. Estos niveles de riesgo significarán mayor o menor regulación”. Eso implica evaluar y atajar el potencial que esta tecnología puede tener en cuestiones como la represión, la manipulación o la discriminación, pero a la vez no establecer un nivel regulatorio tan alto que atente contra la competitividad europea en la inteligencia artificial. Esta segunda cuestión es especialmente relevante, sobre todo teniendo en cuenta la falta de regulación de esta tecnología en otras economías. Supondría, simple y llanamente, perder la ventaja competitiva que da ser pionero en su regulación.

Cuando al matemático Pak Tee Ng (Singapur, 1970), experto en liderazgo y políticas educativas, se le felicita en un correo electrónico por los resultados en el Informe PISA de Singapur —primera en las tres competencias (matemática, científica y lectora)— contesta con unas risas y quita importancia al hecho. Pak Tee, profesor asociado del Instituto Nacional de Educación de la Nanyang Technological University, la entidad que centraliza toda la formación de los maestros de la ciudad-Estado, con 5,4 millones de habitantes, es la cara más visible del éxito de este sistema gracias a sus vídeos en la red, su participación como conferenciante por el mundo y su libro Learning from Singapore: The Power of Paradoxes. "Nos preocupamos mucho de la educación de nuestros niños, pero no de PISA. Estamos en la prueba para saber cómo nos posicionamos en el mundo, pero no para competir. Nos sirve para entender y aprender del proceso. Por supuesto, es bonito estar arriba en el ranking, pero no es nuestro boletín de notas. La historia arranca en 1965, cuando ganamos la independencia. Nuestra historia es muy corta. Ha sido provechoso que entonces fuéramos tan pobres. Mucha gente pensó: no puedo tener una buena vida, pero trabajo muy duro para mandar a mis hijos al colegio para que tengan la opción de vivir mejor. Ese es el deseo de muchos padres. No tenemos nada más: no hay petróleo, ni agricultura, ni madera, ni caucho... Solo tenemos recursos humanos y la educación es el gran edificio de nuestro desarrollo nacional...Cuidamos mucho la selección del profesorado. Somos capaces de reclutar entre el tercio superior de cada cohorte de graduados universitarios. Para cada plaza de profesor tenemos al menos 10 solicitudes. Quieren ser profesores porque hemos trabajado duro para que enseñar sea una profesión respetable. Ellos son los artífices de nuestra nación. Se puede decir que los maestros son personas que plantan árboles para que otros se sienten debajo y nadie sepa quién los plantó. Tenemos que asegurarnos de que la gente los respete y entonces podremos obtener una mejor educación...Una cantidad adecuada de estrés puede ser útil. Acabamos de cambiar la forma en que hacemos nuestro examen final de primaria. En lugar de que cada punto cuente, utilizamos bandas de notas. Básicamente, esto significa que la herramienta no es tan afilada. Lo que les decimos es: los exámenes son importantes, pero no lo único importante en la vida, no te estreses tanto persiguiendo cada punto, pero aprende y hazlo bien...Antes éramos pobres, intentando resolver otros problemas mayores, y había pocas vías educativas. Ahora queremos que los jóvenes puedan encontrar un camino que les convenga en función de sus distintas personalidades, puntos fuertes y actitudes. Si pudieran encontrar ese camino, nuestro razonamiento es que serían más felices, estarían más motivados. La gente tiene la idea de que solo nos fijamos en las matemáticas, las ciencias... pero ahora tenemos muchos tipos diferentes de escuelas, escuelas de arte, de ensayo... y más problemas que soluciones. Por eso vamos por el mundo intentando aprender de todo el mundo y no al revés...En Singapur, la educación es inversión, no gasto. Incluso en tiempos difíciles, no se recorta en educación para que haya coherencia en la inversión; y para que los directores y los profesores sepan que pueden seguir adelante. Los niños necesitan educación, independientemente de si los tiempos son buenos o difíciles. Estamos en la media de la OCDE, no gastamos grandes cantidades. Es muy importante invertir en el desarrollo profesional de directores y profesores. Y hay que asegurarse que la financiación y el esfuerzo son coherentes. Atraemos a gente buena que esté interesada en la enseñanza, los formamos bien y tenemos un sistema educativo muy bueno. Es un trabajo muy duro y puede ser agotador no para la mente, sino para el corazón". 

El lehendakari, Iñigo Urkullu, que no repetirá como candidato del PNV en las próximas elecciones autonómicas, sigue siendo el líder mejor valorado por la ciudadanía vasca. De hecho, en el que podría ser el último Sociómetro que pregunte por él como jefe del Ejecutivo de Vitoria, Urkullu se despide en cotas máximas de conocimiento y aprobación social y es el único dirigente político que logra rebasar el 5 junto a la portavoz parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena, que suena como posible candidata, y por la que el Gabinete de Prospección Sociológica ha preguntado por primera vez. Al cinco llega también la jefa de filas de Elkarrekin Podemos en el Parlamento vasco, Miren Gorrotxategi. El lehendakari, conocido por un 94% de la población, pierde una décima (5,5) respecto a la nota que obtuvo en el sondeo de mayo pasado, un 5,6. Una valoración que sólo superó en una ocasión, justo antes de la pandemia, cuando llegó a marcar un 5,7. Casi siete de cada diez encuestados le asignan cinco puntos o más (un 68%) y, además, los votantes de todos los partidos, excepto EH Bildu y Vox, le valoran por encima de la media. 

La decisión del deportista de Barrika, que hasta ahora había hecho oídos sordos a los petrodólares, desata un terremoto de consecuencias impredecibles en el mundo del golf, cuando la liga saudí estaba en plena negociación con los circuitos de Estados Unidos y Europa. El vasco ha firmado por 525 millones en cuatro años, uno de los mayores contratos en la historia del deporte. Era un rumor que crecía en los últimos días y ayer se confirmó. Jon Rahm abandona los circuitos norteamericano (PGA Tour) y europeo (DP World Tour) y pasa a jugar en el LIV Golf, la competición que nació en 2022 auspiciada por el Fondo Público de Inversión de Arabia Saudí. La decisión del vizcaíno supondrá una verdadera revolución en el golf mundial al tratarse de uno de los mejores jugadores de los últimos años en los torneos más prestigiosos y uno de los más populares. Además de haber ganado el US Open en 2021 y el Masters de Augusta del presente año, suma en total once victorias en el PGA americano y ocho en el europeo. Por su entrada al LIV recibiría 525 millones de euros hasta la temporada de 2029. La marcha del actual número tres mundial a la competición saudí, dividida en catorce citas en Estados Unidos y otros puntos del planeta, es un auténtico golpe a la estructura del golf tradicional. La llegada de Rahm al LIV privará de una de sus mayores estrellas a los torneos históricos. 

El enfrentamiento entre la ONU e Israel por el llamamiento de Naciones Unidas a un alto el fuego en Gaza ha alcanzado esta semana palabras mayores. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, calificó ayer la invocación del artículo 99 de la Carta Magna –anunciado la víspera por el secretario general, António Guterres– como un «apoyo a la organización terrorista de Hamás y respaldo al asesinato de ancianos, secuestro de bebés y violación de mujeres». De todo eso acusa al dirigente portugués, cuya destitución pidió, una vez más, el cuerpo diplomático israelí al considerarlo «un peligro para la paz mundial». Así fue la furiosa reacción de Cohen. Con la invocación a una cláusula del documento fundacional de Naciones Unidas que solo se había usado antes tres veces y en situaciones críticas, Guterres pide el alto al fuego. El alto diplomático también dirigió una carta al presidente del Consejo de Seguridad en la que advierte del «severo riesgo de colapso del sistema humanitario» en Gaza debido a «una situación que se está deteriorando rápidamente, para derivar a una catástrofe con implicaciones potencialmente irreversibles». Con los poderes adicionales que le da ese artículo, el secretario general ha podido convocar al Consejo de Seguridad para hablar sobre el tema sin necesidad de que un país miembro le invite formalmente. Es una de las prerrogativas que da esa norma, que también inviste de poderes especiales al máximo órgano de la ONU. Hasta esta semana solo se había invocado en tres ocasiones en la historia de las Naciones Unidas: en 1960, para proporcionar asistencia militar de este organismo al Gobierno del Congo Belga; en 1979 para pedir la liberación de los rehenes de la embajada estadounidense en Teherán en respeto a su inmunidad diplomática; y en 1989, cuando Javier Pérez de Cuéllar lo utilizó para pedir un alto al fuego en la guerra civil del Líbano.