20240722

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advierte en una entrevista contra una reducción por ley de la jornada laboral. Trata este tema, así como el alto precio de la vivienda, la marcha de la economía o el debate migratorio en España. "La reforma laboral fue un hito importantísimo. Somos partícipes y actores de esa reforma. Pero no podemos estar de acuerdo en que por motivos políticos se cambie en un año y medio. El tema de la prioridad de los convenios [autonómicos] viene como consecuencia de un pacto político. Eso da una inestabilidad a los acuerdos a los que llegas. Nosotros, si llegamos a saber eso, posiblemente no hubiéramos... No estaríamos de acuerdo...Nosotros pensamos que la reducción de jornada se gestiona a través de la negociación colectiva, que es como hay que hacerlo. Si nos recortan la jornada va a haber muchos convenios que se paralicen. Yo creo que es evidente. Y luego hay algo que sí tengo que decir: es legítimo, pero es un pacto político. Que dos partidos lleguen a un acuerdo, pero a nosotros no nos obliga a un pacto. Nosotros tenemos que estar a lo que tenemos que estar y diremos que sí o diremos que no en función de cómo sean las cosas. Nos hemos sentado a la mesa y se nos dice “esto es así y tienes que aceptar esto y luego hablamos”. Pero, ¿cómo que tengo que aceptar esto y luego hablamos? Esto no se hace así. Y yo no discuto, hazlo por real decreto. Vete al Parlamento y que te lo aprueben...-¿Por qué les parece mal la entrada de otras patronales en el Consejo Económico y Social?-  Porque no representan a nadie. Es política de amiguetes. Conpymes no es nada. Ya está. Si quieren hablar con los empresarios que vengan a esta casa. Si quieren hacer amigos, que hagan lo que quieran...Llevamos 47 años trabajando por este país. Aquí están todas las empresas, las grandes, las medianas, las pequeñas, de todos los sectores y todos los territorios. Si quiere jugar otro partido, pues que se juegue. Cuando vayan ellos nosotros no estaremos..."

El Gobierno ha ofrecido a la CEOE la posibilidad de duplicar las horas de trabajo que las empresas pueden repartir de manera irregular a lo largo del año para cubrir picos de actividad. En un nuevo intento por atraer a la patronal a un eventual acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa esta cesión, según revelan distintas fuentes del diálogo social involucradas en las negociaciones. Los empresarios, de momento, siguen sin dar su brazo a torcer, aunque este mismo lunes van a valorar las últimas propuestas del Ejecutivo a puerta cerrada para definir su posicionamiento –y sus líneas rojas– de cara a la próxima reunión. Tras debatir con los representantes de las organizaciones empresariales y sindicales la semana pasada, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, comunicó en rueda de prensa que el Ministerio estaba dispuesto a ampliar el plazo de entrada en vigor de la nueva jornada de 37,5 horas hasta finales de 2025 y deslizó que la mesa estaba estudiando «mecanismos que permitan cierta flexibilidad en el uso del tiempo de trabajo». Se refirió específicamente a la distribución irregular de la jornada, que en estos momentos permite a las empresas repartir hasta un 10% de la jornada laboral a lo largo del año para cubrir picos de actividad, y aseguró que se está trabajando en propuestas para mejorar los márgenes de distribución irregular, pero no fue más allá.

Luca de Meo (Milán, 1967) es el presidente de la asociación europea de fabricantes de automóviles ACEA y consejero delegado de Renault Group desde 2020 tras cinco años al frente de Seat. Concede esta entrevista a cuatro periódicos de las cuatro grandes economías de la UE  y su mensaje es claro: o la UE adopta más flexibilidad en la transición energética y escucha al sector o seguirá perdiendo cada vez más la partida frente a China. "Respeto lo que decida el legislador. Pero pasar del 10% de cuota de mercado de VE al 100% en 12 años es realmente muy complicado. No somos los únicos que lo decimos...Todos hablan de 2035, pero primero hay que analizar los plazos de 2025 y 2030. Hasta la fecha, la mayoría de los países no han superado el 5% de cuota de mercado para los vehículos eléctricos, mientras que a los fabricantes se les pide que alcancen más del 20% el año que viene, y el mercado europeo en su conjunto está en el 15%. El ecosistema tiene que avanzar en conjunto, todos juntos. A eso me refiero cuando pido flexibilidad y agilidad. Fíjense en lo que está ocurriendo en Reino Unido este año. Allí también se pide a los fabricantes que contribuyan con el 22%, y el mercado está lejos de estar preparado. Si el año que viene el mercado sigue la misma tendencia que hoy, la normativa CAFE [Corporate Average Fuel Economy, que impone a los fabricantes un umbral de emisiones de CO2] costará a los fabricantes europeos más de 10.000 millones de euros en multas. O tendríamos que dejar de producir dos millones de vehículos híbridos. Sería absurdo...Los chinos nos llevan claramente la delantera. Los reguladores, los mercados financieros y las empresas de Europa deben impulsar el progreso tecnológico. Esta transformación es un deporte de equipo: los fabricantes de automóviles necesitan que todo el ecosistema se una a ellos en esta carrera...Lo cierto es que aún no estamos en el buen camino para alcanzar el 100% de coches eléctricos en 2035. Ésa es la verdad. Si los clientes no nos siguen, todos somos responsables. Tenemos que reducir costes. Hay que instalar infraestructuras de recarga mucho más rápido. La electricidad descarbonizada debe estar disponible a un precio más bajo. El problema es que todos miran hacia 2035. A nosotros nos preocupan plazos mucho más cortos. Las normas actuales ya son extremadamente estrictas y costosas..."

El presidente de Ford en España reclama mejoras en las ayudas para la compra de automóviles conectados y una mejor red de puntos de carga. "Yo creo que las ayudas como tal son buenas, lo que pasa es que la gente, para que vean que son útiles de verdad, necesita ver que se conceden directamente en el momento de la compra, entonces las personas lo apreciarían mucho más. Pienso que se pueden hacer las cosas en este sentido bastante mejor...Desde mi punto de vista la infraestructura tiene que acompañar el proceso. En España tenemos todavía un hándicap y espero que se arregle pronto, y es que en general no están identificados los puntos de recarga en la carretera. En consecuencia la gente no sabe si existen estos puntos, salvo que tenga un coche eléctrico. pero si no, no es evidente dónde están, con lo cual la percepción es peor que la realidad, es verdad que todavía hay puntos donde hay que reforzar, pero es verdad también que en la mayor parte de los casos puede recargar tranquilamente el coche en casi cualquier sitio...Es cierto que para los viajes largos, por ejemplo, debes de planificarlos un poco más por la autonomía de los coches. No obstante, cuando se hace un viaje la mayor parte de la gente reserva un hotel o un apartamento con tiempo. Con el coche eléctrico ocurre lo mismo, y es que hay que planificar una parte más del viaje...La mayor parte de la gente hace tres viajes al año, al pueblo, a ver a la familia, de vacaciones, pero el resto del tiempo lo hace alrededor de donde vive o donde trabaja. En este contexto el coche eléctrico en estos casos no es ningún problema, no tienes que planificar nada, si acaso normalmente es más cómodo, sobre todo si tienes un enchufe en el garaje. Para las distancias cortas, el vehículo eléctrico supera al de combustión. Es más cómodo..."

La actividad del sector de la construcción se redujo un 25% durante el primer semestre en Euskadi con respecto al mismo mes del pasado año. De este modo, se ofertaron un total de 520 obras, cifra que representa el 5% del total del Estado. Según datos de Nalanda, Euskadi se sitúa así como la séptima Comunidad del Estado español en el ranking. Las obras que más crecieron en Euskadi durante estos seis meses fueron las de entre 1 y 10 millones de euros, que aumentaron un 12,3%. Entre enero y junio de 2024 el sector de la construcción ha ofertado un total de 10.295 obras a través de esta plataforma, un 1,4% menos que en el pasado año. El mes de junio, con 2.421 obras ofertadas, ha representado el 23,5% de todas las del semestre, siendo el mes con más licitaciones en la historia de la plataforma. El número de obras ofertadas por comunidades autónomas lo sigue encabezando Catalunya, que acumuló un 20,7% de todas las obras ofertadas hasta junio de 2024 (2.132 obras). Tras Catalunya, las comunidades con más proyectos de construcción fueron Andalucía (1.405 obras, un 13,6% del mercado), Madrid (1.302 obras, un 12,6% de cuota) y la Comunidad Valenciana (989, un 9,6%).

La plataforma Abando Habitable alertó ayer de que la deuda de la empresa Construcciones Murias asciende a 32 millones de euros. Un dato que, a su juicio, hace más «profundo» el «agujero de Abando», donde esta empresa iba a construir el proyecto del Obispado de Bilbao y Mutualia. Un bloque urbanístico que ha quedado paralizado tras entrar la constructora en concurso de acreedores. Ha sido la propia plataforma la que ha dado a conocer los datos del informe provisional de la Administración Concursal, que tomó las riendas de la compañía tras la quiebra declarada el pasado febrero. Los vecinos, que reclaman más espacios verdes en la zona, explicaron que las obras están paralizadas desde abril hasta que el proceso concursal se resuelva. El nudo del asunto son las deudas. Según la plataforma, el informe sobre la solvencia de la empresa identifica a 490 acreedores a los que debe 32 millones, entre ellos bancos, ayuntamiento y empresas de todo tipo, «a los que se desconoce si podrá pagar». Según la asociación, el informe, a la vista del análisis de los ejercicios entre 2021 y 2023, señala que los resultados ponen de manifiesto la «incapacidad» de generación de flujos positivos de caja, dados los resultados negativos y se alude a la «delicada» situación financiera de Murias hasta el punto de «encontrarse en situación de elevada probabilidad de suspensión de pagos». La plataforma Abando Habitable señala que hay diversos acreedores de la constructora, entre los que se encuentra el estudio de arquitectura Katsura, que firma el proyecto de clínica y sede obispal. «Murias debe facturas mensuales, con sus intereses por demora, desde noviembre de 2023. Esto es, lleva sin pagar desde noviembre de 2023, a 36.000 euros por mes», apuntan.

La compañía de ingeniería e instalación de plantas industriales Tamoin y el fondo de capital riesgo Henko se unen para crecer juntos en el negocio de servicios a parques eólicos y fotovoltaicos. Esta alianza, sellada la semana pasada, va a suponer la integración de Tamoin Wind, el negocio eólico del Grupo Tamoin, focalizado en mantenimiento, con Revergy, empresa sevillana de renovables que el fondo de inversión compró hace dos años. La nueva sociedad se denominará Tamoin Green Technologies, y aspira a convertirse en referente en el mantenimiento y los servicios técnicos para las plantas renovables, en especial para los parques eólicos y fotovoltaicos. Su facturación alcanzará los 50 millones de euros, según los planes de los nuevos socios. A su frente estará Javier Coloma, directivo con más de 25 años de experiencia en la industria renovable en firmas como STI Nortland y Naitec. GTM, denominación que el Grupo Tamoin estrenó hace un año, y Henko dan por hecho que el negocio eólico de la vasca complementará “claramente” las capacidades de Revergy, lo que permitirá a la recién creada compañía tener una mayor presencia en la cadena de valor del sector energético, al incorporar la experiencia eólica y la gestión de la cadena de suministros.

En lo que va de año ni siquiera llegan a 10.000 los trabajadores que han decidido compatibilizar su empleo con la pensión. Son exactamente 9.552 las personas que se han jubilado de forma anticipada pero, al mismo tiempo, siguen trabajando a medio gas, mientras que otras 109 lo han hecho una vez han cumplido la edad ordinaria, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Seguridad Social, con cifras del mes de mayo. Compatibilizar empleo y pensión para que el retiro no sea tan abrupto es una fórmula muy residual en España, a diferencia de otros países del entorno, donde está mucho más extendida. Y, o mucho cambia la nueva propuesta del Gobierno, o cada vez serán menos los que se acojan a esta modalidad, puesto que el departamento dirigido por Elma Saiz está poniendo más impedimentos y trabas, nuevas exigencias, para poder disfrutar de ella. Así, aunque permitirá a los asalariados de cualquier sector jubilarse un año antes que ahora, se le pedirá a cambio trabajar más años, hasta cinco años y medio más. Si en la actualidad los trabajadores pueden adelantar dos años su jubilación respecto a la edad ordinaria y trabajar con un recorte de jornada (con un relevista que le sustituya), con la nueva ley podrán hacerlo tres años antes, si el nuevo documento ve la luz. Es decir, se podrían jubilar parcialmente a los 62 años en el mejor de los casos. Pero, para ello, tendrán que acumular 38,5 años de cotización, cuando ahora se piden 33 años. Endurecen, por tanto, los requisitos para su acceso, algo que, además, dejará fuera principalmente a las mujeres, que son las que tienen carreras laborales más cortas, según denuncian los sindicatos.

La Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) y, sobre todo, Bruselas, vienen advirtiendo desde hace tiempo que las cosas han cambiado y que la barra libre ha llegado a su fin. Un mensaje que llega en un momento delicado para el Gobierno de Pedro Sánchez, que ha elaborado sus líneas maestras presupuestarias aumentando los niveles de gasto público y dando más manga ancha a las comunidades autónomas para que tiren de chequera. El primer paso para sacar adelante las cuentas públicas de 2025 –las de este año no se presentaron para no sufrir una derrota parlamentaria– pasa por la aprobación de un techo de gasto –no incluye las partidas financieras, como los intereses de la deuda–, que alcanzará los 195.353 millones el próximo año, un 3,2% más, sin contar con los fondos europeos. Se trata de contentar a todas las administraciones a la espera de concretar cómo se encaja la «singularidad fiscal» de Cataluña. El Ejecutivo insiste en que no habrá un concierto económico como el vasco, pero Esquerra asegura que si no lo hay, el socialista Salvador Illa no será presidente de la Generalitat y, por ende, la legislatura española estaría herida de muerte. ¿Cómo se concilian los intereses políticos con los económicos? Esa es la clave de todo, pero la vicepresidenta María Jesús Montero se ve capaz de lograr la cuadratura del círculo. Por ejemplo, en el capítulo fiscal, asegura que se gastará más, que se repartirá más dinero, pero a su vez también se reducirá el déficit y la deuda pública. ¿Cómo? Aprovechando el tirón de la recaudación tributaria y los vientos de cola de la economía española, con un crecimiento potencial por encima del 2% del PIB en los próximos años gracias al tirón del turismo o las exportaciones.

Xavier Bonal es catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde hace más de una década ha abordado el fenómeno de la segregación escolar en Cataluña y ha asesorado al Gobierno vasco en esta materia. También ha analizado otros temas sensibles, como el cobro de cuotas en la red concertada. "Es un cambio estructural que necesariamente es a largo plazo. El recorrido para que se transforme la composición social de una escuela es lento. Y simultáneamente hay que tomar otras medidas, con políticas mucho más focalizadas. Los dos planos tienen que coexistir...Tenemos modelos de asignación de docentes a escuelas que facilitan el efecto huida de centros de mayor complejidad social. No se genera un sistema de incentivos, sean económicos o no, a una carrera profesional en estos centros. Siempre utilizo una frase a modo de eslogan: ¿Cómo ponemos a los mejores profesores en las ‘peores’ escuelas? Este debería ser el objetivo...Se ha creado de cero, prácticamente, un nuevo sistema de admisión escolar. Es bastante revolucionario. Durante unos años trabajé de adjunto de infancia en el Síndic (el homólogo catalán al Ararteko). Nos llegaban muchísimas quejas sobre el derecho a elegir escuela para mi hijo. Claro, eso es una mala interpretación del derecho. – ¿No existe el derecho a elegir centro? – No existe el derecho absoluto. Y la Administración tiene no sólo el derecho, sino la obligación de planificar las plazas escolares con una lógica de equidad. La ciudadanía lo irá comprendiendo y se adaptará a las reglas de juego..."

Un punto de inflexión en plena temporada alta, una llamada de atención a las administraciones para adoptar medidas y poner límites al turismo. Baleares salió ayer a la calle en Palma en una manifestación convocada para protestar por la masificación turística que asedia el archipiélago desde hace varios años. Más de 20.000 personas, según la estimación de la Policía Nacional, recorrieron las calles del centro de la capital balear en una marcha convocada por la plataforma ciudadana Menys Turisme Més Vida. A la protesta se adhirieron otras 111 entidades sociales, sindicales y cívicas de todas las islas bajo el lema “Cambiamos el rumbo: pongamos límites al turismo”. El cálculo de los organizadores sobre su poder de convocatoria va mucho más allá del oficial y aseguran que se han alcanzado las 50.000 personas. La manifestación sigue la estela iniciada en 2017 con la primera gran protesta contra la turistificación. En mayo se produjo otra movilización que aglutinó a más de 10.000 personas para denunciar una de las principales consecuencias que el turismo masivo deja en el archipiélago: las dificultades de acceso a la vivienda y el encarecimiento de los precios. “Hay 13 turistas que vienen a las islas por cada residente. Seguimos con el argumento de que vivimos del turismo, pero no es cierto, porque desde hace muchos años los ingresos derivados de esta actividad quedan acumulados en los grandes capitales y la pobreza alcanza al 21% de la población”, subrayó Pere Joan Femenía, portavoz de la plataforma convocante. Esta aboga por medidas como establecer un mínimo de tiempo de residencia en la isla para comprar una vivienda, la reducción de vuelos comerciales y la prohibición de jets privados.

Es el año de las opas. Contra todo pronóstico, la Bolsa española lleva semanas viviendo un frenesí que pocos recuerdan. Prácticamente cada semana un fondo o una compañía nueva anuncia su intención de comprar una cotizada española. Unos planes que roban durante días las portadas de la prensa salmón y la conversación en los cenáculos de poder del Madrid financiero. Ponen a trabajar a pleno rendimiento a bancos de inversión, despachos de abogados, grandes vehículos de inversión y también a los reguladores. Cada opa pasa a un segundo plano casi con la misma celeridad, superada por una nueva oferta llegada desde el lugar más insospechado. En cifras, esto se traduce en 11 ofertas en ciernes en lo que va de 2024, que suman un valor agregado de 22.600 millones, y que contrastan con un 2023 casi de encefalograma plano. Entre enero y mayo del año pasado el mercado español no recibió ni una sola opa y solo a finales de ese semestre llegaron tres (las ofertas del fondo Apollo sobre Applus, Antin sobre OPDE y de FCC sobre la propia compañía). La nómina de 2024 podría ser incluso mayor de no haberse frustrado las de la eléctrica emiratí Taqa y Criteria, el brazo financiero de La Caixa, sobre Naturgy, o la de Atitlan —una sociedad del yerno de Juan Roig, Roberto Centeno— sobre OHLA. Las opas que están sobre la mesa son, además, de muy distintos tipos. Hay ofertas hostiles, como la del BBVA sobre el Banco Sabadell, que además suponen una gran operación de concentración que transformará un sector, en este caso el bancario. También tiene un perfil industrial la pelea que se vislumbra en el sector de los trenes por Talgo, entre la puja de la húngara Magyar Vagon y otra que se perfila de la checa Škoda. 

"En 2024, España se encuentra en una presunta encrucijada fiscal. La necesidad de una reforma integral se antoja, según el Gobierno, imperativa...Se sigue añadiendo la denuncia de que, en el club europeo, España milita muy rezagada en la liga de la presión fiscal y que es necesario realizar esfuerzos para acercarnos a las posiciones de los mejores. Escuchados de sopetón estos alegatos, cabría rendirse a la iniciativa de una nueva reforma porque, además, subir impuestos constituye un hábito recurrente de las administraciones públicas. Solamente desde 1990, el Congreso y los sucesivos gobiernos han aprobado más de diez reformas tributarias sustantivas o ‘mayores’ y otras más de parcheo o de retoques circunstanciales...La presión fiscal es un concepto dudoso como indicador de crecimiento, de progreso e incluso de bienestar social. La prueba es que si bien economías europeas como Francia (46,9%), Dinamarca (45,4%) y diez más superan el ratio de impuestos a PIB de España (38,4%), la media de la OCDE se sitúa en el 34,1% y países como el Reino Unido (33,5%), Canadá (33,2%), Corea del Sur (29,9%), Suiza (28%) o Estados Unidos (26,6%), ejemplos de un desarrollo económico superior al de España, registran porcentajes inferiores al de nuestro país. La segunda objeción se refiere a la equidad fiscal representativa de un índice como la presión fiscal, el cociente de los impuestos entre el PIB. Hace ya medio siglo que el economista americano Henry Frank introdujo el criterio del ‘sacrificio fiscal’ más certero que el de presión fiscal. Para entenderlo nos basta comparar el ‘esfuerzo fiscal’ de un danés cuya presión media fiscal (45,4%) sobre la ‘renta per cápita’ danesa (63.290 euros/año) es inferior al ‘esfuerzo fiscal’ del contribuyente español cuya presión media (38,4%) gira sobre la ‘renta per cápita’ española (30.320 euros/año). La renta disponible de un danés siempre será superior a la de un español, aunque su presión fiscal sea superior. A pesar de que la presión fiscal española (38,4%) se sitúe en una zona media/baja entre los países centrales, su ‘esfuerzo fiscal’ se halla en puestos de cabeza. Solo países como Grecia, Portugal o Italia presentan un esfuerzo fiscal mayor para sus contribuyentes..."

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, anunció ayer mediante un mensaje en la red social X que desiste de su empeño de presentarse a la reelección el próximo 5 de noviembre. Lo hizo tras 24 días agónicos de presiones desde su desastroso debate con Donald Trump. En un segundo mensaje en X, dirigido a los demócratas, Biden anunció que apoyaba a la vicepresidenta Kamala Harris para sucederlo como candidata. “Mi intención era la de buscar la reelección”, escribió en el primer mensaje, “pero creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y que me centre únicamente en cumplir mis deberes en el cargo durante el resto de mi mandato“. En el segundo, sostuvo que elegir a Harris como vicepresidenta fue su mejor decisión. “Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo”. La Convención Nacional Demócrata se celebrará en Chicago del 19 al 22 de agosto. Algunas voces del partido apuestan por unas miniprimarias. La campaña más atípica de la historia reciente de EE UU se adentra incluso más en la incertidumbre a poco más de 100 días de la votación, con un partido sin candidato claro y el otro rendido a un aspirante que acaba de sobrevivir a un atentado. Trump dijo que le será “fácil” ganar a Harris en las urnas. Fueron necesarios 24 agónicos días desde el desastroso debate que lo enfrentó en Atlanta a Donald Trump para que Joe Biden se rindiera a la evidencia: el presidente de Estados Unidos anunció ayer a las 13.46, hora de la Costa Este estadounidense (19.46 en la España peninsular), mediante un mensaje sorpresa en la red social X que, a sus 81 años, cejaba en el empeño de presentarse a la reelección el próximo noviembre.

A Kamala Harris le han inyectado desde niña la ilusión por abrirse un hueco en la historia. Su madre, Shyamala, una científica experta en la lucha contra el cáncer de mama, se lo repetía a menudo: «Tú puedes ser la primera en hacer muchas cosas». La duda es si su formación confía en ella tanto como su familia y convierte a la que parece la sustituta perfecta de Joe Biden en su nueva apuesta para plantar cara a Donald Trump en las urnas. Un relevo natural pero no automático. El presidente de EE UU agradeció ayer su trabajo como una «socia extraordinaria» y le dio su bendición: «Quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año. Demócratas: es hora de unirse y vencer a Trump. Hagámoslo». Los demócratas se enfrentan al reto de elegir a un aspirante a la Casa Blanca en tiempo exprés y nadie en la formación quiere llegar a la convención nacional que celebrará a mitad de agosto en Chicago con una guerra abierta en sus filas por ver quién sucede a Biden. Como Nancy Pelosi, aliada histórica del presidente, muchos en el partido abogan por una cita aparentemente abierta para generar ilusión en las bases y evitar la sensación de que se trata de un nombramiento a dedo, pero desean plantarse en ese momento con el mayor –si no absoluto– consenso posible sobre el futuro candidato. Harris es ahora mismo la mejor posicionada aunque sobre la mesa hay otros nombres como el de Gavin Newsom, gobernador de California, quien hace unos días aseguraba que jamás se postularía con la vicepresidenta enfrente. Ella ha sido la primera mujer, la primera persona de raza negra y la primera con orígenes en el sur de Asia en ejercer como mano derecha de un presidente en Estados Unidos, donde ni el color ni el género son hoy debates superados, lo que la convertiría en una apuesta histórica en caso de ser la elegida por los demócratas.