20250720

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La solución de Talgo, que se prolonga desde hace casi dos años, ha puesto el foco en la acción de los gobiernos y en la solución financiera para la empresa. Pero mientras tanto, han pasado más cosas en un sector, el ferroviario, que tiene en Euskadi a dos de los principales fabricantes de trenes: CAF y Talgo. Dos marcas que compiten en algunos sectores entre sí y que se mantienen mucho más alejadas en sus relaciones que el centenar de kilómetros que separan físicamente sus plantas en el País Vasco. Sin embargo, van a compartir a una parte muy destacada de sus accionistas elevando la inversión en estas compañías hasta los 457 millones –382 en acciones y 75 en un préstamo convertible–. En Talgo, la entrada del industrial José Antonio Jainaga va acompañada de la aportación para adquirir las acciones de 110 millones de euros –45 de Gobierno vasco, los mismos que BBK y a los que se sumarán 20 de Vital–. Una inversión que les dará una presencia en su consejo de administración en virtud del 30% de Talgo que compartirán con el presidente de Sidenor. Además, hay que sumar los 75 millones del crédito de Ekarpen –fondo que es en un 44% de Kutxabank– y que es convertible en acciones. De esos accionistas de Talgo, la fundación BBK, el Gobierno vasco y Kutxabank ya están en el capital de CAF. BBK elevó su participación del 1,5% al 3% el año pasado con una valoración de 50 millones. El 3% es también el porcentaje del Gobierno vasco a través de Finkatuz, tras un aumento hace dos años y con una valoración de otros 50 millones. Mientras que Kutxabank mantiene en el fabricante de Beasain un 10,34% de sus acciones (172,4 millones según la cotización). El principal accionista de CAF está en su plantilla, que tiene un 23,75% de los títulos. CAF estuvo en el punto de mira de muchos que vieron en ella una solución para Talgo. Tanto el Gobierno central, como el vasco plantearon a la compañía presidida por Andrés Arizkorreta que analizara esa posibilidad, pero la empresa guipuzcoana siempre rechazó esa opción. En su apuesta, señalan fuentes cercanas, no encaja el negocio de Talgo, ni esa fórmula de ‘muy alta velocidad’ por lo que han defendido siempre mantener su línea propia de negocio. Uno de sus accionistas, BBK, fue el que más se resistió a la operación de Talgo y el último en confirmar su participación. Varios de los dueños de ambas compañías, compartirán ahora representantes en los órganos de gobierno de las dos empresas.

En un mercado laboral ávido de trabajadores, la industria vasca no puede quedarse cruzada de brazos para atraer talento. El sector ha decidido tomar la iniciativa y lanzarse a la caza de perfiles dispuesto no solo a garantizar la formación de una nueva plantilla, sino también a dejar por escrito un compromiso de contratación que facilite a potenciales trabajadores extranjeros la regularización de su situación en Euskadi. Y de esta manera la población inmigrante ha asentado su presencia en el corazón de la economía vasca, duplicando su número en el sector en la última década hasta rozar ya los 10.000 trabajadores. La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) puede poner nombres y apellidos a muchos de estos ejemplos. En los últimos meses ha venido incentivando diferentes programas con ayuda de Lanbide para solventar obstáculos que pudieran entorpecer la captación de nuevos contratos a las empresas vascas. «Nuestras escuelas de Formación Profesional no son capaces de cubrir la demanda que hay en determinadas profesiones. Lo estamos viendo en puestos como soldadores, electricistas, torneros… no somos capaces de generar suficiente mano de obra como para cubrir todas las vacantes que se están dando hoy en día, y que se verán ampliadas en los próximos años», augura su director gerente, Adolfo Rey. Se trata de una colaboración más que necesaria por ambas partes. Por un lado, ofrece estabilidad y garantiza una situación de regularidad a trabajadores que subsistían en condiciones precarias. Por otro engrasa una cadena de producción que se enfrenta a la jubilación de buena parte de sus plantillas y a una falta de vocación que parece extendida entre los más jóvenes del territorio. «Una empresa no puede estar esperando siete, ocho o diez meses para que una persona obtenga la documentación necesaria. Si conseguimos agilizar ese proceso, será mucho más eficiente para todos», añade el director. Para la industria, además, la plurinacionalidad es más que conocida. «Nosotros estamos en el mundo. Un 60% de nuestras empresas tienen actividad internacional así que tener gente con diferentes perfiles no es nuevo y nos viene hasta bien», razona Rey, para quien la novedad ahora es que hay que sumar velocidad al proceso en un sector que sigue creciendo y demandando más personal, también sin limitaciones de edad. 

«La población de origen extranjero hoy es clave para el futuro del territorio y de toda Euskadi», sentencia Oier Ochoa de Aspuru, investigador del Observatorio Vasco de Inmigración (Ikuspegi). Gipuzkoa cuenta hoy con 94.635 inmigrantes. Lo cierto es que los datos de afiliados extranjeros de la Seguridad Social, con una curva cada vez más ascendente, refuerzan la tesis de la labor cada vez más relevante que desempeñan los inmigrantes en el mercado laboral guipuzcoano. Y es que hoy los trabajadores extranjeros representan ya cerca de uno de cada diez afiliados en el territorio, con especial peso en sectores como el empleo doméstico, la hostelería o la construcción. Los datos oficiales, de junio de este año, son los siguientes: de las 342.223 personas en activo en Gipuzkoa, 34.127 son de nacionalidad extranjera. Es decir, un 9,98% del total. El investigador de Ikuspegi hace especial énfasis en la importancia de diferenciar el origen y la nacionalidad. ‘Origen’ se refiere al país en el que ha nacido una persona, algo que no se puede cambiar, mientras que ‘nacionalidad’ hace referencia, básicamente, al país que aparece en el DNI. «Por ejemplo, hoy en día sucede que, de todas las personas que han llegado desde Latinoamérica a Euskadi, la mitad son ya ciudadanos españoles», dice. «Por tanto –continúa– nos estamos dejando fuera a todas esas personas que han llegado de otros puntos del planeta pero que ya son ciudadanos con DNI español». Lo que significa que la cifra de personas de origen extranjero que viven y trabajan en nuestro territorio se dispararía si se tuviera en cuenta esta casuística y que el peso de la población migrante es, en realidad, mucho mayor. Aunque hay más variables que habría que atender para contar con una radiografía global, como es la economía sumergida.

Tximi López, vicepresidente de la comisión gestora de UGT Euskadi, critica a Confebask por dejar el debate sobre el salario mínimo a la mesa de diálogo social, donde las decisiones «carecen de carácter obligacional». "El estudio del Gobierno vasco avala nuestra tesis de que el coste de la vida en Euskadi es superior a la media nacional, por lo que se dan las condiciones socioeconómicas para que aquí exista un salario incluso por encima de ese techo que marcan. Entendemos que a día de hoy entre los convenios sectoriales autonómicos, los provinciales y los de empresa, la mayor parte de los casos ya están regulados. Es la herramienta que más afecta a los trabajadores y donde tenemos mayor incidencia a la hora de establecer nuestro criterio...UGT Euskadi, y yo personalmente, hemos participado en la mesa de absentismo que se creo a tal efecto. Ahí lógicamente ponemos el acento en la falta de control de las medidas preventivas. Pero el problema de dejar todo este debate en la mesa social es que cualquier acuerdo que se adopte carece de un carácter obligacional, por lo que habría que ratificarlo en otros ámbitos. Nosotros apostamos por las mesas de negociación donde es obligatorio el salario que se establezca...– ¿Saldrá la reducción de la jornada a 37,5 horas?– Desgraciadamente en normativa laboral dependemos de las leyes que se aprueban en el Parlamento de Madrid y los últimos movimientos parecen indicar que se va a retrasar, pero creemos que tiene la suficiente relevancia para que todos seamos capaces de trabajar de manera conjunta...– Preside el comité de empresa europeo de Gestamp desde 2015. ¿Cómo ve el sector de automoción vasco? – Está directamente influenciado por la llegada de las marcas chinas y su expansión por Europa. El grave problema para la automoción y la industria vasca es que no negocian, contratan o compran aquí los componentes, sino que los traen todos en contenedores. A día de hoy aquí solo se dedican a realizar el montaje...– En su despedida, Arza advirtió que la conflictividad frenaba las inversiones en el País Vasco. ¿Comparte esta visión? – La conflictividad en sí no frena la inversión, pero cuando las empresas tienen que localizar sus nuevas plantas y van a decidir donde la instalan, la alta conflictividad es un elemento que estoy seguro que todos los empresarios valoran, igual que valoran el coste salarial, el coste eléctrico, el coste de logística… No es el elemento clave, pero sí que es uno de los que se valoran".

En ocasiones, ni siquiera una gran nota en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) te garantiza el acceso a la formación soñada. Lo que lleva a alumnos con buenos expedientes a reservar plazas en centros privados ante la duda de si podrán matricularse en universidades públicas como la EHU, donde la oferta de plazas se mantiene estable en los últimos años pese a haberse disparado las preinscripciones. Además, esa reserva de plaza en una universidad privada no sale gratis, ya que la horquilla va desde los 500 euros hasta los 3.000 que pide la Universidad de Deusto para garantizar una plaza en el grado de Medicina. En la Universidad del País Vasco (EHU) se han dispuesto para el próximo curso 8.789 plazas y se han recibido hasta 20.638 preinscripciones. ¿Va a haber alumnos que se queden sin sitio? Sí, claro, «pero no van a ser 12.000. Esa es una cifra sobredimensionada», aclara a este periódico Urtza Garay, la viceconsejera de Grado y Transformación Digital de la EHU. «Cuando un alumno hace la preinscripción en nuestra universidad, pone en una lista hasta ocho carreras por orden de prioridad», indica. Poder solicitar varias plazas es uno de los factores que explicaría, en parte, que la demanda esté siendo cada vez más alta en la red pública, donde los precios son sensiblemente más bajos que en los centros privados. Esa cantidad de aspirantes a entrar en septiembre en la EHU –más de 20.000– irá, eso sí, menguando con la publicación de cada lista de admisión en los grados. 

Entrevista con Juan José Etxeberria, rector de la Universidad de Deusto. "...En Ciencias de la Salud hemos pasado de 1.154 estudiantes en el curso 2020/21 a 2.197 este año. Hemos duplicado los alumnos, es increíble. Y en Ingenierías pasamos de 1.172 a 1.728. Lo lógico sería pensar que otras áreas como Economía o Derecho hubieran bajado, pero no ha sido así...Seguramente en Ciencias de la Salud podamos desarrollar nuevos grados. En Ingeniería me resulta más difícil pensarlo, aunque los campos de Ingeniería Matemática o Biomédica están teniendo muy buena respuesta...La caída de la natalidad nos llegará a partir de 2030. Tenemos que ser muy innovadores ante el reto demográfico. Seguramente un área muy importante va a ser la internacionalización. Hace poco he estado en Colombia, ahora me voy a México, en noviembre visitaremos Argentina, Chile y Uruguay. Tenemos muy buenas relaciones con muchas universidades, sobre todo latinoamericanas. Asia también tiene oportunidades...Será crucial qué tipo de formación ofrecemos. Por ejemplo, tenemos que desarrollar más todo lo ‘online’. Pero creo que la clave va a ser la formación continua a lo largo de la vida...– ¿Se ajusta el perfil de sus alumnos a lo que demandan las empresas?– Nos piden muchos ingenieros, de ciencias de la salud... Pero también nos piden gente con pensamiento crítico, con humanismo. Lo que antes eran la filosofía, el humanismo... Carreras de ese tipo, que también pueden aportar mucho a la sociedad, son importantes...Nuestra Universidad tiene 140 años. La comercial cumplirá el próximo año 110 años, el campus de Donosti, 70, la Facultad de Informática, 50... Claramente cumplimos con las condiciones que pide la ley estatal. Somos una Universidad sin ánimo de lucro, con impacto social y compromiso. Nuestra calidad está garantizada por las acreditaciones y estamos bien posicionados en los rankings. El de CyD nos sitúa entre las diez mejores universidades de España. Y en el ámbito de la investigación tenemos un gran reconocimiento. Entiendo que están surgiendo muchas universidades privadas, pero es una problemática que se da en otros sitios. Lo importante de una universidad es que pueda demostrar su calidad académica..."

Emntrevista con Eneko Andueza, secretario general del PSE. Descarta de forma tajante cualquier tipo de vinculación del PSE-EE con la trama corrupta encabezada por Santos Cerdán e incluso pone «la mano en el fuego» por todos sus compañeros de partido, algo que dirigentes del PSOE y hasta ministros también hicieron en su día por el ex secretario de Organización de Ferraz ahora encarcelado. El líder de los socialistas vascos también defiende la respuesta de Pedro Sánchez y no cree que tenga ninguna responsabilidad que asumir. "Cuando uno nombra a alguien en un puesto de responsabilidad dentro de su ejecutiva, lo hace teniendo plena confianza en esa persona. Pero si esa confianza se ve quebrada, la responsabilidad es de quien la quiebra, no de quien lo nombra...Yo lo que veo en Euskadi es que la gente sigue apoyando a este Gobierno porque es beneficioso para la mayoría social. A mí me piden en la calle que sigamos adelante...– El PNV advierte de que su confianza en Sánchez va «camino de la UCI». ¿Qué hay que darle para recobrar esa confianza? – Seguir hablando y seguir trabajando. La confianza no está en los discursos, sino en los hechos. Lo vimos el martes con la reunión de la Comisión Bilateral, en la que se avanzó en cuestiones como el autogobierno y Talgo.– ¿Ve al PNV capaz de abandonar a Sánchez y apoyar a Feijóo? – No lo creo, no le veo pegando un viraje con un PP que nos vino a vender un giro hacia la moderación y nos ha traído todo lo contrario, un volantazo hacia la extrema derecha. – En el caso de que sí, ¿eso implicaría una ruptura de las alianzas con el PSE-EE en Euskadi? – Nosotros tenemos mucho sentido de la responsabilidad y somos fieles a nuestra palabra. Tenemos un acuerdo de gobierno que finaliza en 2028 y, mientras la hoja de ruta siga siendo ésa, será muy difícil que el PSE-EE se descabalgue de la coalición..."

“Quién nos iba a decir que el que iba a acabar julio pidiendo la hora, deseando que lleguen las vacaciones, iba a ser el PP”, bromea un ministro. Después de dos meses infernales, en los que realmente ha estado en cuestión la supervivencia política de Pedro Sánchez —él mismo admite que pensó en dimitir—, el caso de Cristóbal Montoro, el exministro de Hacienda del PP imputado por ayudar a empresas privadas a pagar menos impuestos a cambio de dinero para su equipo de confianza, ha reequilibrado de forma muy clara la batalla política española en la recta final de la temporada y con el parón de agosto ya a la vista. No tanto por sus consecuencias directas, porque Montoro no es un miembro clave del equipo de Feijóo como lo era Cerdán en el de Sánchez. Pero sí por el mensaje demoledor que traslada en forma de recordatorio sobre un PP del que su actual líder se ha considerado siempre heredero: el de Mariano Rajoy, y antes el de José María Aznar. Al contrario que Pablo Casado, que quiso romper simbólicamente con el pasado e intentó incluso vender la sede central en la calle Génova, pagada en parte con dinero negro, Feijóo renunció a ese proyecto y no solo anunció que Montoro y otros de su entorno le asesoraban o incluso se incorporan a su equipo, como acaba de hacer Alberto Nadal. Además, el líder del PP ha buscado la imagen de continuidad en el último congreso, con un gran protagonismo de Aznar y Rajoy, que dieron lecciones de limpieza e incluso en el caso del primero pidió cárcel para Sánchez. Ahora ese gesto se vuelve en su contra...

Entrevista con Meinrad Spenger, CEO de MasOrange. Ve clave la innovación y los nuevos negocios para
crecer en un sector que pierde ingresos y para el que pide una rebaja fiscal que ayude a invertir a las ‘telecos’. "Hemos tenido un año espectacular en muchos sentidos. Crecemos como compañía, como proyecto en prácticamente todos los indicadores principales: clientes, ingresos, rentabilidad y satisfacción. Crecemos también especialmente en las líneas de negocio donde tenemos mucho potencial, donde vemos las futuras líneas de crecimiento como puede ser el negocio de administraciones públicas. Acabamos de ganar los contratos más relevantes de CORA de la Administración General del Estado en comunicaciones fijas y móviles, ciberseguridad y conectividad de centros de datos. Salimos prácticamente en todos los rankings de calidad como número uno. En calidad de redes, muchos informes como, por ejemplo, el de la propia CNMC nos destaca como las redes más fiables y más rápidas de España...Ya no somos una factoría de gigas. Somos una empresa de soluciones tecnológicas...La presión fiscal sobre el sector de telecomunicaciones en España, a nivel comparativo con otros países, es alto, especialmente en las tasa de espectro. Porque hay países donde tú pagas, compras el espectro y luego es tuyo y lo usas. En España, el modelo es híbrido: hay que pagar, y pagar bastante, para la compra y luego abonar unas tasas anuales. La lógica de cálculo de estas tasas no han cambiado en 20 años, pero entonces los ingresos en telefonía móvil eran más o menos el doble que ahora. Mantener la misma lógica de cálculo cuando ya facturas solo la mitad, no tiene mucho sentido. Sería importante ajustar las tasas a los ingresos actuales..."

Bajo el pretexto de «emprender una nueva etapa», José María Álvarez-Pallete fue apartado de la presidencia de Telefónica un frío sábado de enero. Lo supo el día antes, en la Moncloa. La comunicación le llegó «de la nueva estructura accionarial» –como se explicó en el comunicado remitido a la CNMV–. Lo esperaban representantes del equipo de Pedro Sánchez, de Criteria Caixa y de STC. El ejecutivo madrileño –experimentado ‘runner’– supo que había llegado a la meta. Ese mismo viernes comenzaba la nueva etapa de Marc Murtra, que cambió su despacho en Alcobendas –la localidad madrileña donde está la sede de Indra– por el del Distrito de Telefónica. No fue un simple cambio de nombres, sino un efecto dominó que culminó con Ángel Escribano al frente de Indra. Detrás de los relevos, un objetivo común: levantar dos gigantes empresariales con sello español en Europa. Con el 28% en Indra y el 10% en Telefónica, el brazo inversor del Estado trata de hacer crecer ambas compañías, pero con estrategias opuestas. En Indra, Ángel Escribano apuesta por adquisiciones para hacerse con un hueco en el mercado europeo, aprovechando la fiebre por el sector de la defensa. Cuenta con un respaldo clave: el propio Estado. «Que la Sepi sea un accionista le abre la puerta a tener mayor posibilidad de acceder a muchos contratos en España», apunta Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano. Pero la ideología del Gobierno se convierte en un arma de doble filo y condiciona su proyección exterior. La urgencia de posicionarse en el sector no es casual. Desde la invasión rusa de Ucrania, Bruselas ha acelerado el rearme y multiplicado los mecanismos de financiación para la industria militar.

Las dudas que afectaron al valor de la compañía por la evolución de los tipos de interés y los precios de la energía no han desaparecido del todo —en el primer semestre se han registrado 607 horas con precios negativos o cero en el mercado mayorista—, pero ya no están en primer plano. Pesan más las expectativas en España y en Europa —al menos en sus directivos— para sostener el desarrollo renovable y decisiones como la venta del 49% de su filial Generia Land, dedicada a la gestión de terrenos para parques solares, al fondo estadounidense Stonepeak, una operación que ha aportado un nuevo socio y ha los resultados de la primera mitad del año. En un ambiente más favorable, la empresa que controla la familia Díaz-Tejeiro (35% del capital) ha marcado nuevos objetivos y ha sacado brillo a su expositor en Bolsa. Lo ha hecho con un plan de recompra de acciones por el 10% del capital, del que ha ejecutado un 2%. La empresa explica la razón del plan: “Hemos entendido que ha habido una infraponderación de nuestro valor”. Solaria no había instalado paneles desde mediados de 2023, pero ahora se mueve. Eduardo Imedio, analista de Renta 4, destaca que Solaria “espera casi duplicar su capacidad operativa desde los 1.659 MW actuales hasta los 3.089 MW a finales de 2025”, algo que exigirá un esfuerzo inversor que puede meter presión a una caja con una deuda neta de 1.130 millones. “La contribución efectiva de estos nuevos activos al ebitda [beneficio de explotación]”, precisa Imedio, “se verá reflejada principalmente a partir de 2026”.

España es un país que lo tiene todo para tener un papel relevante en este objetivo: costes laborales bajos, un ecosistema de salud e investigación muy reconocido y una red de compañías farmacéuticas históricas muy asentadas, en plena transformación hacia negocios más rentables y enfocadas a la exportación. El Gobierno quería hacer valer estas virtudes y prometió elaborar un plan estratégico para facilitar la apuesta de las grandes farmacéuticas por España. A cambio, estas se comprometieron a invertir, en un plazo de tres años, 8.000 millones de euros en investigación biomédica, inversiones productivas para asegurar la tan ansiada autonomía estratégica, y actividades tecnológicas. El pasado mes de febrero, ya con más motivos todavía por redoblar la apuesta —con un Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos que ha roto la confianza en la vieja alianza occidental, y con China que presenta cada vez más competencia en terapias avanzadas—, Sánchez se volvió a reunir con los jefes de las grandes farmacéuticas. El sector le aseguró que espera cerrar el año y, por lo tanto, el trienio en el que estaba marcado el compromiso con una inversión realizada de 9.000 millones, 1.000 millones más de lo prometido. El Gobierno tiene en marcha su plan estratégico, que elaboró para el periodo 2024-2028, y el sector espera ahora que las reformas y los cambios regulatorios prometidos se vayan plasmando y remen a favor de la industria. España, recuerdan varias fuentes consultadas, está en una encrucijada. Cuenta con el esfuerzo inversor del extranjero; tiene una potente industria local y una red de centros de investigación y hospitales de primer nivel; es el país líder en Europa en ensayos clínicos, con 930 estudios autorizados el año pasado; es capaz de atraer profesionales altamente cualificados; y las firmas de inversión se fijan cada vez más en el mercado nacional. Lo tiene todo, en definitiva, para ser la punta de lanza de la autonomía estratégica europea en medicamentos, pero las mismas fuentes también identifican retos muy claros: la amenaza arancelaria de Estados Unidos, la competencia de China, y unos cambios regulatorios que no terminan de plasmarse y pueden o bien dar el empujón final para el gran salto, o bien frenar esta carrera.

Arcas vacías. El presupuesto propuesto para 2026 incluye brutales recortes sociales que pueden incendiar las calles como hicieron los ‘chalecos amarillos’. La economía apenas crece –el gobierno espera una pírrica expansión del 0,6% para este año, la tasa más baja de la década si se obvia el covid–, 2025 podría concluir con una subida de la tasa de paro hasta el 7,7%, y la deuda se dispara –alcanza los 3,3 billones de euros, y puede convertir el interés anual de 60.000 millones en la mayor partida presupuestaria del país–. «Estamos en la última etapa antes del precipicio y de que nos veamos aplastados por la deuda», afirmó el jueves, en tono apocalíptico, el primer ministro, François Bayrou. «Nos enfrentamos a una situación que ya sufrieron nuestros vecinos españoles, italianos y griegos. Ahora es nuestra hora de la verdad», añadió. Sin embargo, los franceses no están dispuestos a renunciar al estado del bienestar que disfrutan, y al que el país destina el 55% del PIB, en torno a diez puntos más que España, 19 por encima de Estados Unidos y 24 más que China. Si se analiza exclusivamente el gasto social, donde se incluyen la sanidad, la educación o las ayudas sociales, Francia no tiene parangón en el planeta: destina un 31,6% del PIB, casi diez puntos más que la superpotencia americana y el doble que Corea del Sur. Como soplar y sorber a la vez es imposible, Bayrou ha presentado esta semana el borrador de los presupuestos públicos de 2026 con un doloroso recorte de 43.800 millones de euros que afetará sobre todo al gasto social. En el horizonte de los franceses sobrevuelan también un aumento de impuestos y la congelación de las pensiones y del salario de los funcionarios. La guinda la ha puesto el anuncio de que los once días festivos del calendario laboral se quedarán en nueve. El objetivo es reducir el déficit público del 5,4% del PIB actual al 4,6% –aún por encima del listón del 3% que impone Bruselas– el año que viene. Cueste lo que cueste. 

"Cuando todas las miradas están puestas en el esperpento de las negociaciones comerciales entre la Unión Europea (UE) y EE UU, el impasse de política económica que atraviesa Francia podría pasar casi desapercibido. Sin embargo, tanto el devenir de nuestro principal socio comercial como las causas de sus males son de gran relevancia para la economía española. Francia es prácticamente la única de las grandes potencias que se enfrenta al reto de financiar un déficit público desbocado en un entorno económico deprimido. Incluso Italia ha logrado controlar el agujero presupuestario pese al lastre de su deuda...En los últimos cinco años, los ingresos públicos se han reducido en 1,7 puntos de PIB, es decir prácticamente lo mismo que el esfuerzo presupuestario que promete el plan Bayrou. Y, sin embargo, no se percibe una mejora notable del crecimiento ni de la inversión. El fallo está en el diagnóstico: Francia arrastra un déficit crónico de competitividad que refleja diversas barreras al crecimiento empresarial y otras rigideces que tienen poco que ver con la carga impositiva que pesa sobre las empresas. Los exportadores franceses pierden cuota de mercado, de modo que los déficits comerciales con otros socios europeos se acumulan año tras año, al tiempo que amplias zonas del territorio galo pierden tejido empresarial, nutriendo los populismos. Los problemas estructurales tampoco se resuelven a base de gasto público, siendo Francia la campeona europea en esta categoría (solo Finlandia le disputó ese lugar el año pasado). Sorprende la percepción muy extendida entre la ciudadanía francesa de deterioro de los servicios públicos o de agudización de las desigualdades, habida cuenta del volumen de recursos destinados al gasto social: un 19,2% del PIB, frente a 16,9% en España y una media del 16,4% en la UE. Persisten fallos de gestión y de diseño de las prestaciones, cuestiones que no pueden resolverse simplemente destinando un mayor volumen de recursos presupuestarios a dichos programas...La evolución favorable de nuestra prima de riesgo avala el buen momento. Pero se trata de un barómetro caprichoso. Hace dos años, cuando los desequilibrios estaban ya muy arraigados, los mercados confiaban en la solidez de la senda presupuestaria y financiera de Francia. Es preferible, por tanto, anticiparse a los shocks para mantener el espacio de soberanía. Y no tener que elegir entre un ajuste traumático como el que exige Bayrou, y la negación de la realidad, que consiste en dejar entrar a los mercados en el puesto de mando". 

Corren malos tiempos para los guardianes de la ortodoxia fiscal. En Estados Unidos cada día tiene su afán y Donald Trump ha lanzado una rebaja de impuestos que contribuirá a disparar la deuda del 100% del producto interior bruto (PIB) al 124% en 2034, según la Oficina Presupuestaria del Congreso. Alemania, quintaesencia del rigor y con Gobierno conservador, se ha despedido de su mecanismo constitucional de freno de deuda y ha anunciado planes para emitir hasta 850.000 millones de euros en bonos. En el Reino Unido, el laborista Keir Starmer se acaba de envainar su plan de ajuste en medio de una rebelión interna pese a tener el quinto mayor déficit de las economías desarrolladas del mundo. Y Japón, con el 250% de deuda, celebra hoy elecciones legislativas con promesas de más rebajas de impuestos. La llamada indisciplina fiscal se ha convertido en una suerte de nueva normalidad, casi un mandamiento, en un buen puñado de las economías desarrolladas, independientemente del color político que gobierne y pese a que no hay, hoy por hoy, una gran crisis ni una pandemia que lo explique. La complacencia de los mercados financieros ha fomentado la laxitud en el desequilibrio entre lo que ingresan y lo que gastan las arcas públicas, hasta el punto que organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco de Pagos Internacionales han encendido las alarmas por la senda de deuda de algunos países.

Trump lleva meses queriendo fulminarlo al frente de la Reserva Federal (Fed) por su negativa a bajar los tipos de interés. El presidente estadounidense lo ha probado todo: los insultos (“mula testaruda”, “tonto de remate”, “cabeza hueca”...), los motes (Señor demasiado tarde, le gusta llamarlo), las sospechas por el sobrecoste en la reforma de la sede del banco central en Washington o las acusaciones de “estar destrozando” el país. Pero no hay manera: Powell resiste. Esta semana dio un paso más. Trump se reunió el martes con un grupo de congresistas a los que tanteó sobre la posibilidad de despedirlo para, al día siguiente, decir a la prensa que era “altamente improbable” que lo fuera hacer, “a menos que tenga que irse por fraude”. No está claro si iba en serio, o si solo estaba jugando a su juego favorito: el de la distracción. Después de todo, la ley le prohíbe a echar a Powell, al que le queda poco en el cargo: su mandato termina en mayo del año que viene. Sea como sea, la idea fue suficiente para que el dólar y Wall Street cayeran y los tipos de la deuda registraran subidas, porque los mercados verían a un responsable de la política monetaria complaciente con Trump como sinónimo de inflación. En la comparecencia en la que dijo que sí, pero no, Trump expresó un deseo recurrente: una bajada de tres puntos de los tipos, que ahora están en el 4,25%-4,50% y los inversores dan por hecho que así se quedarán en la próxima reunión del banco central, prevista para el 31 de julio. Casi todos los expertos coinciden en que un recorte como el que pide el inquilino de la Casa Blanca sería un suicidio económico.

China dispone de una posición dominante en las materias primas estratégicas, lo que representa una eficaz arma de presión internacional. La reactivación del suministro de microchips de Nvidia a Pekín, vinculada al alivio de restricciones a la exportación de tierras raras chinas, ha evidenciado esta semana esa eficacia. Los países occidentales buscan de forma acelerada reducir la dependencia. Las dos superpotencias globales —Estados Unidos y China— libran un pulso descarnado por la hegemonía mundial. Otros polos relevantes —como la UE, Rusia o la India— buscan nuevas capacidades para adaptarse a un mundo en reconfiguración. Todo ello entraña una aguerrida competición en múltiples niveles, desde la primacía en tecnologías clave hasta la configuración de arsenales poderosos, desde la afirmación de condiciones ventajosas de comercio hasta el control de la transición energética. En todos estos sectores desempeñan un papel clave un puñado de materias primas estratégicas. Y China dispone de una situación de dominio en una amplia mayoría de las más cruciales, sea en la fase de extracción o, sobre todo, en aquella de refinamiento, lo que se está demostrando un arma formidable en la competición global. La Comisión Europea elabora de forma periódica un informe de las materias primas consideradas estratégicas. En su última publicación, en 2023, China figuraba como potencia dominante en aproximadamente la mitad del medio centenar de elementos estudiados. Ese liderazgo sigue. El segmento de las tierras raras es el más emblemático, por el grado de dominio que esgrime Pekín y la utilización multisectorial de los elementos, en la transición energética, movilidad verde, pero también defensa y aeroespacial. En todo caso, la posición de fuerza de China es amplia, y tiene un efecto fortísimo en el pulso estratégico global.