20250730

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La economía vasca tiembla por la guerra comercial desatada por Donald Trump. Los aranceles genéricos del 15%, que en sectores estratégicos como la siderurgia alcanzan hasta el 50%, amenazan la línea de flotación de una industria vasca altamente expuesta al exterior y que reclama medidas de protección urgentes. Y aunque el pasado abril el Ejecutivo autonómico puso en marcha un «escudo comercial» de 2.000 millones destinado a amortiguar el impacto, ahora abre la puerta a reforzar este paquete de ayudas. El consejero de Industria, Mikel Jauregi, explicó ayer que a partir de septiembre iniciará una ronda de reuniones con los sectores más afectados para estudiar de qué manera se pueden articular nuevas líneas de apoyo. Esta vez no será a través del Grupo para la Defensa Industrial, que sirvió de marco común tras los primeros envites arancelarios, sino mediante mesas sectoriales específicas, diseñadas para abordar de forma individualizada cada ámbito productivo. El Gobierno vasco comparte así la visión de que cualquier barrera aduanera supone «un lastre» para la competitividad. Es el mismo término que utilizó Confebask el lunes, cuando reclamó una colaboración público-privada eficaz para hacer frente a una crisis cuyos efectos aún resultan difíciles de cuantificar.

El pacto arancelario que sellaron el pasado domingo la Comisión Europea y Estados Unidos «no es bueno para Álava». Así de contundente se mostró ayer el diputado general, Ramiro González, tras analizar las consecuencias que el acuerdo puede tener para el acero y el vino, dos sectores esenciales en el territorio. «Amenazan nuestra competitividad y la del conjunto de la UE», subrayó. Por eso, el dirigente foral reclama a las instituciones comunitarias que siga negociando para mejorar un compromiso que, incide, «lastrará» la economía local, pero también la de sus principales mercados exportadores: Alemania y Francia. Con la incógnita del vino aún pendiente de resolver, el máximo dirigente foral reclamó que «Europa tiene que seguir trabajando para que se asimile a la agricultura y que no haya aranceles en este sector». La idea es que como máximo sea del 15%, aunque se mantiene la puerta abierta a «eventuales reducciones». «Europa debe trabajar y hacer los mayores esfuerzos para que la viticultura se asimile a la exención arancelaria aplicada al primer sector», subrayó. «El sector del vino está en una situación complicada y Estados Unidos es un mercado muy importante para Rioja Alavesa. Europa tiene que seguir trabajando», remarcó González. La preocupación en el sector es generalizada, aunque tanto los productores alaveses como sus importadores llevan meses adelantando compras para disponer de vino sin tarifas al otro lado del Atlántico. 

Las empresas españolas se sumaron ayer a las denuncias ya realizadas por industrias como la alemana y arremetieron de plano contra el acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, mostrando su “más absoluto rechazo y máxima preocupación”. La imposición de un arancel generalizado del 15% a las exportaciones comunitarias al mercado estadounidense y los billonarios compromisos de compras energéticas, militares o de chips a Washington, denuncia la CEOE, principal patronal del país, “perjudican de forma clara la competitividad” de la industria española. “Las empresas españolas queremos expresar nuestro más absoluto rechazo y máxima preocupación ante el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos en materia de aranceles”, arranca, sin ambages, el comunicado emitido ayer por la organización empresarial que preside Antonio Garamendi. El acuerdo sellado el pasado domingo en Escocia entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de EEUU, Donald Trump, denuncia CEOE “rompe directamente con el principio del libre comercio, genera inseguridad y supone un paso atrás respecto al sistema de multilateralismo sobre el que operan nuestras empresas”. El pacto, denuncian los empresarios, es “fruto de la presión generada por los reiterados anuncios de incrementos” arancelarios de la Casa Blanca, buscando “tratar de amortiguar las amenazas”, pero queda “abierto al cambio arbitrario en las decisiones del Gobierno estadounidense”, y conlleva medidas que “impactan directamente en las exportaciones europeas”. Ver nota CEOE aquí. 

En un contexto de máxima incertidumbre global, marcado por la guerra arancelaria desatada por Donald Trump, Miguel Ángel Vázquez Taín es, desde el pasado 2 de junio, el nuevo presidente del Consejo General de Economistas (CGE). "El acuerdo alcanzado representa una solución pragmática: elimina, de forma inmediata, una incertidumbre que amenazaba las cadenas de valor y la planificación empresarial. Aunque no es un trato ideal, evita una escalada arancelaria que habría tenido consecuencias más adversas. Desde una óptica económica y estratégica, es un avance positivo hacia un entorno más estable. Esperemos que un futuro próximo volvamos a la situación arancelaria previa...Sin duda, estamos ante un nuevo contexto internacional, donde incertidumbres como los aranceles o las guerras han venido para quedarse. Las empresas están comenzando a interiorizar que, a la hora de planificar y analizar su actividad, deben tener margen de maniobra para adaptarse a las nuevas realidades. Es verdad que EEUU no es uno de nuestros mercados principales, pero sí que nosotros somos una economía muy abierta, donde las exportaciones tienen muchísima importancia. Por ello, los aranceles van a limitar nuestro potencial de crecimiento en el mercado norteamericano, donde teníamos un potencial muy grande. No digo que vayamos a perder una parte de ese mercado, que seguramente sí, sino que también estamos perdiendo la capacidad de crecer...Una de las tareas que tenemos que hacer es diversificar nuestros ámbitos geográficos de destino, porque tenemos muy concentradas las exportaciones en los países europeos, que son los países de nuestro entorno. Sin embargo, las empresas deberán buscar otros mercados...Es cierto que el tejido está muy atomizado, formado por una gran mayoría de pymes, lo que lo hará más complicado. Entre otras cuestiones, esto provoca que la mayoría de las empresas tengan problemas para internacionalizarse y buscar otros mercados por sí mismas. El sector público debería seguir poniendo en marcha políticas para ayudar a los sectores que exportan a EEUU, muchos de los cuales están constituidos por pymes, para que puedan llegar a otros mercados..."

“El presidente Trump no cerró un acuerdo con Ursula von der Leyen. Donald Trump se desayunó a Von der Leyen”. La valoración del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, del resultado de las negociaciones que han llevado al acuerdo comercial con Estados Unidos no son sorprendentes, vista la inquina del ultranacionalista con Bruselas y su máxima exponente. Este es un sentimiento compartido por las fuerzas más ultras de Europa, que han encontrado en el acuerdo una nueva manera de atacar el proyecto europeo y a la alemana, a la que ven como su mayor símbolo. Las malas noticias para Von der Leyen son que en esta ocasión las críticas no llegan solo desde las fuerzas ultras. Varias capitales de la Unión Europea y sectores políticos del continente no esconden su malestar con la gestión ultrapersonalizada y vertical de la presidenta, unas acusaciones que van más allá del asimétrico pacto cerrado el domingo en Escocia. Ya había una creciente molestia entre un número cada vez mayor de Estados que creían, conforme se acercaba el límite del 1 de agosto para la negociación comercial fijado por Trump, que la Comisión Europea debía mostrar más firmeza ante las tácticas de matón del presidente estadounidense y sus negociadores. Lo que ha colmado el vaso de la paciencia de muchos fue la escena final del pacto de este domingo, en el club de golf escocés del mandatario republicano, “entre dos partidas de golf” de Trump, como lamentó el excomisario europeo Thierry Breton (muy crítico con la alemana). Trump no dudó en interrumpir a Von der Leyen incluso cuando esta asumía sin rechistar sus argumentos para aceptar un acuerdo que para muchos es, sencillamente, desequilibrado. Todo ello, rematado además por una foto de familia –distribuida por la propia Comisión– de Trump y Von der Leyen y sus equipos posando sonrientes y con el pulgar en alto, asumiendo el gesto típico del magnate que lleva décadas jactándose de sus agresivas técnicas negociadoras.

El pacto comercial entre la UE y Estados Unidos alcanzado el domingo todavía es, en realidad, un acuerdo político. Falta un documento conjunto con los detalles acordados. Pero ya hay aspectos que se antojan casi imposibles de cumplir cuando se aterrizan en la realidad. No hay mejor ejemplo de ello que el compromiso europeo de gastar 750.000 millones de dólares (unos 650.000 millones de euros) en comprar petróleo o gas natural al otro lado del Atlántico. Tampoco puede el Ejecutivo de la UE, ni las capitales, garantizar que los 600.000 millones de dólares en inversiones en la primera economía del mundo se vayan a llevar a cabo porque la decisión depende de las empresas y sus accionistas, no de los Gobiernos. “Hemos recopilado lo que sabemos sobre las intenciones de inversión de las empresas y esto, en la declaración conjunta, se expresará como una intención. Por tanto, no es algo que la UE, como autoridad pública, pueda garantizar”, admitía una fuente de la Comisión Europea el lunes sobre el acuerdo alcanzado en Escocia. La misma lógica puede aplicarse al compromiso de adquirir a EE UU combustibles por 750.000 millones de dólares en tres años. “No podemos forzar a una compañía a hacer algo, ni pretendemos poder hacerlo. Pero podemos hablar con ellas para transmitir esto”, asume el portavoz de asuntos comerciales Olof Gill. “Eso es un deseo. No son los Estados los que compran. Lo hacen las empresas”, zanja Óscar Guinea, investigador del Centro Europeo para la Economía Política Internacional. La conclusión es que no hay mucho que los Ejecutivos puedan hacer para que las empresas compren más crudo o gas en EE UU si lo encuentran más barato en otro lugar. Aunque hay excepciones, como recuerda Guinea: “El objetivo de prescindir del gas ruso en 2028 está ahí. Para hacerlo, tienes que comprar esta materia prima en otro sitio. EE UU es lo más fácil”.

El grupo automovilístico Stellantis, propietario de marcas como Jeep, Fiat, Opel, Lancia, Peugeot o Citroën, inicia en 2025 una nueva etapa tras la era de Carlos Tavares. La compañía, sin embargo, no lo va a tener fácil para remontar el vuelo, ya que su actividad se está viendo afectada por factores exógenos, entre los que destaca la guerra comercial iniciada por EEUU. La compañía, que presentó ayer sus resultados financieros semestrales, anticipa que la escalada arancelaria impulsada por Donald Trump tendrá un impacto de 1.500 millones de euros sobre las cuentas de la empresa solo en este año. De este total, 300 millones ya se han dejado notar en el primer semestre. Sin embargo, los aranceles no han sido el único obstáculo para la empresa en los últimos meses, sino que también se tuvo que enfrentar a los efectos adversos del tipo de cambio de divisas, así como a la bajada de los volúmenes de ventas de vehículos comerciales, un segmento clave para la empresa. Stellantis inicia esta nueva etapa bajo la dirección de Antonio Filosa, que ha nombrado a un nuevo equipo directivo de confianza que le tiene que llevar a salir de la crisis que está atravesando tanto la compañía como el sector. En este difícil contexto, el grupo se anotó unas pérdidas netas de 2.256 millones de euros, en línea con las cifras preliminares adelantadas hace unos días y que supone dar una vuelta de 180 grados a los 5.647 millones que ganó en el primer semestre de 2024. Estos datos recogen cargos de 3.300 millones vinculados con la cancelación de programas, el impacto de la regulación europea y con la reestructuración del negocio.

La política arancelaria de Donald Trump, que acaba de pactar una tasa general del 15% a la UE, y la estrategia fiscal de la Casa Blanca en contra de las tecnologías renovables están provocando que Acciona mantenga levantado el pie inversor en EEUU, donde dispone de una amplia cartera de oportunidades, condicionada por la incertidumbre política en la primera economía del mundo. “El clima de incertidumbre y volatilidad se ha disparado”, reconoció ayer el presidente de la empresa, José Manuel Entrecanales, cuyos planes de crecimiento en el país se han puesto en revisión. Los títulos de Acciona retrocedieron ayer en Bolsa un 3,18%, hasta 167,4 euros por acción. En lo que va de año, sube un 59% incluyendo dividendos. Por su parte, Acciona Energía perdió en la sesión un 4,2%, hasta los 23,26 euros. Mejora en el año un 33,6%. La CEO de Acciona Energía, Arantxa Ezpeleta, fue más explícita sobre EEUU al considerar que la incertidumbre se explica, por un lado, por la imposición de aranceles a las importaciones, y por otro, por la aprobación de la denominada por Trump como la Gran Hermosa Ley, que pretende eliminar en los próximos 12 meses los créditos fiscales a las energías eólicas y solares. “Cuando combinamos las guerras comerciales con esta ley, nuestra conclusión es que va a haber un aumento del coste del capital y del coste de las nuevas construcciones de proyectos de energías renovables en Estados Unidos. Todos estos aranceles e incertidumbres en la cadena de valor, desde la contratación a la concesión de permisos o el uso de las normas sobre equipos chinos, pasarán factura tanto a los proyectos asegurados como a los nuevos”, señaló la directiva española.

El Consejo de Ministros firmó ayer el último paso para abrir la puerta de Talgo al consorcio vasco liderado José Antonio Jainaga. Moncloa autorizó la participación de la Sepi con 75 millones para hacerse con el 7,8% de las acciones del fabricante –lo que ascenderá a 45 millones de euros– y para la suscripción de obligaciones convertibles de la empresa –los otros 30 millones–. El Gobierno de España suma este movimiento al que ya realizó la semana pasada el Ejecutivo vasco ampliando el capital del fondo Ekarpen. Es la figura en la que participan el Gabinete Pradales, Kutxabank, las diputaciones y Mondragon y que, junto al propio Jainaga y las fundaciones BBK y Vital aportarán otros 75 millones, cantidad concedida en crédito convertible a Talgo. Es la fórmula que pactaron ambos gobiernos para inyectar 150 millones con los que reordenar toda la deuda –supera los 400 millones– y las líneas de crédito de Talgo. Así, el fabricante podrá disponer de 650 millones con vencimiento a seis años y una línea de circulante de 120 millones en tres años. La Sepi defendió la operación en una comunicación enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) señalando que Talgo es «un actor clave para la movilidad ferroviaria en España» y que cuenta con «fortalezas que permiten sostener el plan de negocio que tiene previsto para los próximos años». 

MasOrange, la propietaria de Euskaltel, presentó ayer una evolución de los ingresos del 4,7% con 3.777 millones en el primer semestre del año. Además, mejoró casi un 13% en términos interanuales su beneficio operativo –antes de impuestos y gastos financieros–, que cerró junio en 1.475 millones de euros. La compañía facturó 2.937 millones de euros por servicios a clientes finales, un 1,73% más. Mientras que los ingresos por servicios a otras compañías o alquiler de redes creció un 9,72%, hasta los 275 millones. El ingreso medio por usuario, un indicador habitual en el sector, se situó en 52,1 euros, la misma cifra que hace 12 meses. La compañía resaltó ayer su «fuerte» desempeño comercial en el periodo y su intención de alcanzar unas sinergias fruto de la fusión superiores a los 300 millones de euros al cierre del presente ejercicio, así como que su objetivo es lograr un crecimiento del beneficio operativo de doble dígito gracias al aumento de los ingresos. A la espera de vender la red que la compañía desarrolla con Vodafone, conocida como proyecto Surf, y que conecta más de 13 millones de puntos, MasOrange se prepara para un terremoto entre sus socios. Orange comparte la empresa con los accionistas de la antigua MasMóvil (los fondos KKR, Cinven y Providence y algunos inversores vascos como Ybarra Careaga y José Eulalio Poza). El mercado especula con una venta de estos a un fondo o con una salida a Bolsa.

Las diputaciones vascas han iniciado el proceso para regular el impuesto a la banca por sus ingresos originados con el margen de intereses y las comisiones. El tributo, que fue aprobado de modo permanente en el conjunto de España en diciembre del pasado año, ha tenido que esperar al acuerdo para su transferencia a Euskadi en el marco del Concierto Económico. Una circunstancia que concede a las diputaciones capacidad normativa y, por lo tanto, libertad para orientar el impuesto con autonomía. En ese ejercicio, la propuesta vasca mantiene los tipos impositivos tal y como están en el Estado, es decir, con el pago de un 1% hasta unos ingresos de 750 millones, 3,5% entre 750 y 1.500 millones. Un 4,8% para la horquilla de entre 1.500 y 2.000 millones. Y un 7% a partir de esa última cifra. La tabla afecta a los ingresos que presentan Kutxabank, con 2.012 millones en 2024, y Laboral Kutxa, que cosechó el pasado año 779 millones por comisiones e intereses. Pero la normativa foral, que arranca ahora el proceso de exposición pública para recoger alegaciones, presenta novedades en su aplicación en Euskadi. Y es que suavizará el impacto para los bancos vascos con reducciones de la base imponible «equivalentes a la cantidad que destinen de sus resultados a la financiación de obras benéfico sociales». Una medida que afecta de pleno a Kutxabank, que reparte el 60% de sus ganancias a las fundaciones BBK, Kutxa y Vital. Dotaciones que, en parte, estas entidades emplean para mantener la obra social de las antiguas cajas. Esta suma será la que pueda emplear el banco presidido por Anton Arriola para reducir la base imponible. Del mismo modo, se recoge la intención de dar el mismo tratamiento a las aportaciones que se realicen para acciones de «educación, promoción cooperativa y a otros fines de interés», así como a «las instituciones de cooperación intercooperativas destinadas al saneamiento financiero o a la promoción y desarrollo de cooperativas o de nuevas actividades». Una propuesta que encaja a la perfección en el reparto de beneficios que realiza cada ejercicio Laboral Kutxa.

La planta de Arcelor Mittal en Legasa, con 42 empleados, cerrará definitivamente tras el acuerdo firmado este lunes entre la dirección y UGT, sindicato mayoritario en el comité. Aunque el sindicato se oponía inicialmente al cierre, la plantilla votó a favor de la última propuesta presentada por la multinacional, que permitirá culminar el expediente sin despidos forzosos. De los 42 trabajadores, los nueve de administración quedan fuera del ajuste. Los otros 33 se reparten entre 13 prejubilaciones y 20 recolocaciones en centros cercanos como Lesaka, Zalain, Berrioplano y Hernani. Quienes rechacen el traslado recibirán una indemnización de hasta el máximo legal y, en el caso de mayores de 55 años, el abono del convenio especial. El acuerdo ha sido duramente criticado por ELA, que denuncia «irregularidades» y tacha de «drástica e innecesaria» la decisión de la empresa, a la que acusa de haber impuesto prejubilaciones no voluntarias. El sindicato recuerda además que Arcelor Mittal acumula beneficios anuales, por lo que considera que existían alternativas al cierre.

Vía libre para la ampliación de 90 hectáreas del parque tecnológico de Miñano para acoger la planta de la empresa de baterías eléctricas Basquevolt. El Consejo de Gobierno de la Diputación desencalló ayer el embrollo urbanístico en el que se había sumergido esta operación estratégica para Álava, pues 20,59 hectáreas estaban catalogadas como ‘monte de utilidad pública’ y técnicamente eran incompatibles con los futuros planes del polo vitoriano de la innovación. El Ejecutivo foral excluyó ayer de esa categoría estos terrenos, por lo que ya será posible la ampliación completa de sus instalaciones. Pero todavía nadie ha explicado cómo fue posible que, en 2007, la junta administrativa de Miñano Menor lograse vender por 3,2 millones unos terrenos que en gran medida eran incompatibles con los planes de desarrollo del parque tecnológico siendo conscientes, o no, de ello. Ninguna alerta se encendió. En aquella época, Alfonso Arriola era el gerente del centro y fue condenado a cuatro años de inhabilitación por su participación en el ‘caso De Miguel’, la mayor trama de corrupción descubierta en Euskadi.

Dominion ha adquirido la empresa alemana Züblin, dedicada a la descarbonización industrial, y una planta de tratamiento de aguas industriales y centro de transferencia ubicados en Cartagena (Murcia), según señaló ayer la compañía en un comunicado. Dos operaciones que «refuerzan la presencia de Dominion en el ámbito medioambiental» y que forman parte de la hoja de ruta que mantiene el grupo bilbaíno por apostar en el ámbito de la economía circular. Züblin, con sede en Bremen, factura alrededor de 26 millones y cuenta con una cartera de clientes «muy consolidada» en el mercado centroeuropeo. Por otra parte, la planta de aguas industriales es un activo que «complementa y amplía la capacidad operativa de Global Dominion Environment (GDE)».

Álava apunta a un nuevo verano de récord tras los buenos datos turísticos del año 2024. Si se cumplen las previsiones del sector hotelero, este 2025 podría ser todavía mejor teniendo en cuenta las cifras de junio, julio y las optimistas previsiones para el mes de agosto para el que de media ya hay más de un 60% de habitaciones ocupadas a falta de las reservas de última hora. «Llevo media vida en el sector y te puedo decir que esto no tiene nada que ver con lo de hace veinte años. Entonces todos nos cogíamos vacaciones en verano porque no había movimiento, ahora ha cambiado muchísimo para bien», sostiene Diana García, directora de los hoteles VAS y Centro Vitoria. En su caso cerraron julio con una ocupación cercana al 88%, por encima del año pasado, y en agosto «estoy convencida de que llegaremos al 90%». Es la misma cifra a la que aspiran otros empresarios del sector consultados por este periódico. En este sentido, las fiestas de La Blanca siempre son un empujón importante y con público fiel. En el caso del hotel Jardines de Uleta ya manejan una ocupación cercana al 75% para el próximo mes y julio lo cerraron completos al 95%. «En buena medida gracias al Ironman, el torneo internacional de tenis de la Peña Vitoriana y el Festival de Jazz. Son eventos que atraen mucho público», celebra Yula Doukoure, responsable de comunicación y marketing del alojamiento. «La previsión es cerrar la temporada estival con un 10% de ocupación más que el año pasado, y siempre teniendo en cuenta que Vitoria es un destino muy de última hora. En una jornada podemos llegar a recibir hasta diez reservas de un día para otro», añaden desde Jardines de Uleta. A estas buenas cifras ayuda también el incremento de rodajes en la provincia, que se han multiplicado, y cuyos equipos ocupan habitaciones y apartamentos durante semanas e incluso meses. Hay otra tendencia que constatan los que tratan con los turistas en el día a día y es que cada vez vienen más informados y con el viaje mejor planificado, dejando poco lugar a la improvisación.

El Departamento de Salud quiere hacer una apuesta firme por la inteligencia artificial (IA) en aras a reducir el tiempo que dedican los sanitarios a las tareas burocráticas. Algunos hospitales de Osakidetza ya utilizan esta herramienta para gestionar grandes volúmenes de información o como ayuda para los profesionales a la hora de ajustar los diagnósticos y los tratamientos. Pero los actuales gestores de la Sanidad vasca quieren ir un paso más allá y apostar por asistentes clínicos que puedan elaborar, por ejemplo, un historial médico a través de la conversación que un paciente mantiene en la consulta sobre alguna dolencia. En estos momentos, «gran parte del tiempo que emplean los profesionales sanitarios se va tanto en procesos burocráticos como en diagnósticos, como puede ser el análisis de imágenes, de grandes volúmenes de información, de pruebas analíticas y eso, muchas veces, les resta tiempo para el contacto directo con el paciente», reconoció ayer el recién nombrado viceconsejero de Salud, Transformación Digital y Resultados, Gontzal Tamayo. En ese sentido, «la máquina puede hacer mejor que el humano todas estas tareas que son repetitivas y que tienen un alto componente técnico», un mecanismo «que nos va a permitir eliminar carga burocrática y de procedimientos técnicos repetitivos, que tienen importancia, pero que no aportan valor real al paciente». La inteligencia artificial, por ejemplo, «es muy buena valorando grandes volúmenes de imágenes y, sobre todo, descartando las que son normales, las que no tienen patología», lo que libera de una gran carga de trabajo al médico, que puede dedicarse «solo a aquellas imágenes que presentan anomalías», defendió el viceconsejero en Radio Euskadi. 

Los ERTE, la medida estrella desplegada por el Gobierno durante la pandemia que permitió proteger el empleo de más de cuatro millones de trabajadores durante la covid-19 y erigirse como el salvavidas de medio millón de empresas, están ahora, cinco años después, bajo sospecha de fraude. No todos, pero sí más del 40% de los concedidos. El Tribunal de Cuentas publicó ayer un profundo y exhaustivo informe en el que analiza si lograron su finalidad que, por las críticas que realiza, supone un fuerte varapalo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y, más específicamente, para Yolanda Díaz, ya que el departamento liderado por la vicepresidenta segunda, junto con el de José Luis Escrivá (actual gobernador del Banco de España), fue el encargado de gestionar y aprobar estas ayudas que supusieron un desembolso por parte del Estado de más de 26.200 millones, extraidos, por tanto, de los impuestos de los ciudadanos (además de los fondos europeos). Así, el órgano encargado de fiscalizar las políticas públicas detecta «indicios de incumplimiento» en las exoneraciones de cuotas realizadas a un total de 278.757 empresas, es decir, la mitad de las más de 550.000 que se acogieron a estos expedientes de regulación de empleo para protegerse de los efectos de la covid19 y que podrían afectar a 1,7 millones de personas, el 40% del total.

Cuando las empresas aún están digiriendo el impacto de la última subida del salario mínimo interprofesional, del 4,4% para 2025 hasta los 1.184 euros al mes (en catorce pagas), la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, confirma que volverá a revalorizar el suelo de remuneración para los trabajadores asalariados en el próximo año. Tal y como anunció ayer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, los trabajos para perfilar la revalorización para 2026 comenzarán a la vuelta del verano, cuando convocará la Comisión de Expertos que volverá a analizar el incremento pertinente para situar el salario mínimo en el 60% del sueldo medio. El nuevo aumento anunciado se sumará a los acometidos de forma consistente desde que Díaz es titular de la cartera de Trabajo, que acumulan una revalorización del 62% desde 2019. “Abandonamos aquel salario mínimo de 735 euros al mes en catorce pagas”, señalaba Díaz confirmando que convocará a los expertos con el inicio del curso político. También es prerrogativa del Ejecutivo consultar, ya con el dictamen de este órgano, a los agentes sociales pero con la determinación de llevar a cabo una nueva actualización del salario mínimo que, según la vicepresidenta, “da esperanza”.

El Consejo de Ministros aprobó ayer, en su última reunión antes del parón estival del mes de agosto, una mejora de los permisos laborales por nacimiento o adopción y cuidado de hijos. En concreto, se fijarán tres nuevas semanas de permiso por nacimiento y cuidados, que pasan de las actuales 16 semanas que disfrutan por igual hombres y mujeres a 19 semanas. Estas tres semanas serán retribuidas por la que se conoce actualmente como prestación de maternidad o paternidad con cargo a la Seguridad Social y, por lo tanto, su cuantía será del 100% de la base reguladora; o lo que es lo mismo, los beneficiarios recibirán su sueldo al completo durante este tiempo, según explicó la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior. No obstante, la ministra detalló también que, de estas tres nuevas semanas retribuidas, una (la semana 17 del permiso por nacimiento) deberá disfrutarse en el primer año de vida o adopción del menor, mientras que las dos restantes podrán disfrutarse de forma “absolutamente flexible, como quieran ser usadas por padres y madres hasta que el hijo/hija cumpla 8 años de edad”, dijo. Otra novedad es la que afecta directamente a las familias monoparentales, que en un 80% están formadas por mujeres solas con sus hijos, recordó Díaz. A quienes tengan hijos con un solo progenitor las semanas de permiso por nacimiento y cuidado se les elevarán de las actuales 16 semanas a 32.

La guerra arancelaria desatada por Donald Trump a principios de abril, tras el llamado día de la Liberación, no ha sido motivo suficiente para frenar el crecimiento de la economía española. A pesar de que algunas voces apuntan a que el nuevo acuerdo comercial firmado el pasado domingo entre EEUU y la Unión Europea restaría alrededor de una décima y media al PIB, los datos publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran un avance significativo en el segundo trimestre, hasta un 0,7%, debido al tirón de la inversión y el consumo entre abril y junio. En términos interanuales, el PIB creció un 2,8% en el segundo trimestre, lo que supone mantener el ritmo de crecimiento de la economía española registrado entre enero y marzo. No obstante, se trata de cinco décimas por debajo de la tasa de variación interanual registrada en el mismo periodo del año pasado, lo que confirma la ralentización del crecimiento. A tenor de estos datos, desde la Cámara de España mantienen sus previsiones de crecimiento en el 2,4% del PIB para este año, y del 1,9% para 2026, si bien los aranceles del 15% para las exportaciones a EEUU, que tendrán efectos más allá de sobre las propias ventas en el país, “podría restar alguna décima al crecimiento esperado.” Apunta la Cámara de España que, en aras de garantizar un crecimiento sostenible en el medio y largo plazo, la economía española debe ser capaz de “mitigar parcialmente el efecto de la convulsa situación internacional”. Para ello, destacan la urgencia de mejorar la productividad, después de encadenar dos trimestres consecutivos de descensos interanuales en la productividad del factor trabajo. “Sin incrementos de productividad, el crecimiento económico será insuficiente para generar los ingresos necesarios sin recurrir a mayores niveles de endeudamiento o incremento de impuestos”, advierten.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó ayer el primer informe sobre el apagón, según señalaron varias fuentes al tanto de los pasos del regulador. El pleno del organismo competente en materia sancionadora dio su visto bueno por unanimidad a un primer diagnóstico sobre qué ocurrió el pasado 28 de abril, cuando se produjo el peor incidente del sistema eléctrico de toda la historia: la península Ibérica se quedó sin luz durante horas. El documento no apunta a responsabilidades concretas y deja abierta la imposiciones de sanciones más adelante. Este primer informe de la CNMC responde a exigencias normativas de Bruselas, que después de un grave incidente como el ocurrido el pasado 28 de abril, obliga al supervisor a hacer una evaluación ex post que analice el diagnóstico que ya elaboró el comité de expertos formado por el Gobierno. En paralelo, la CNMC sigue investigando lo ocurrido. Las fuentes consultadas aseguran que el documento aprobado está muy medido, es de carácter técnico y hace pequeñas precisiones sobre lo que ya desveló el Ministerio para la Transición Ecológica el pasado 17 de junio. Fuentes de la CNMC declinaron hacer comentarios. En el sector señalan que es lógico que el informe elaborado por la institución presidida por Cani Fernández no señale ya culpables porque eso podría condicionar su investigación posterior. En términos más sencillos, no quiere pillarse los dedos en este momento para evitar dar argumentos a los potenciales responsables ante los previsibles recursos que se formulen cuando se dictaminen las sanciones. Esto significa que tanto Red Eléctrica como las principales energéticas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) siguen siendo potenciales culpables, ya que la CNMC no exonera a ninguno en este punto.

Álvaro García Ortiz se convertirá en el primer fiscal general del Estado de la historia judicial española en sentarse en el banquillo de los acusados. Una dividida Sala de Apelación del Supremo avaló ayer la decisión del juez del alto tribunal Ángel Hurtado de procesarle por haber supuestamente participado en la filtración de datos confidenciales del procedimiento abierto contra el novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un doble delito fiscal. Sin embargo, el Supremo enmienda la decisión de Hurtado de enjuiciar también a la jefa de la Fiscalía Provincial de la capital, Pilar Rodríguez, quien finalmente y en el último trámite, logra esquivar la vista oral. Pero la exoneración de Rodríguez no es la única rectificación al instructor. La sala corrige también al juez, quien aseguró que García Ortiz filtró el correo del letrado del empresario Alberto González Amador (pareja de la presidenta) «a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno». «Ciertamente esa afirmación fáctica no ha sido acreditada con suficiencia, por lo que su inclusión en el relato fáctico era prescindible», señalan los magistrados. Sea como fuere, los togados consideran que este dato «carece de relevancia alguna» para el proceso porque el instructor no ha procesado a ningún miembro del Ejecutivo. En cualquier caso, la Sala de apelación desestima –por dos votos a favor y uno en contra– los recursos de apelación tanto de la Fiscalía como del propio García Ortiz y decide «mayoritariamente» que los «indicios recabados durante la instrucción por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos son suficientes para que se pueda formular acusación por los hechos investigados». El magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular en contra de la opinión de sus dos compañeros –Julián Sánchez Melgar y Eduardo de Porres– de llevar a juicio a García Ortiz.

Christine Lagarde parece controlar la inflación tras años de precios desbocados, pero está muy lejos de contener el malestar entre el personal del Banco Central Europeo sobre el modo en que la entidad se autogobierna. El último choque, adelantado ayer por el diario británico Financial Times, viene con una dura carta de cuatro páginas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que el presidente del comité de empresa, Carlos Bowles, acusa a la francesa de dirigir “una fortaleza legal irresponsable”, y al Eurobanco, de regirse con formas “antidemocráticas”. La misiva fue enviada el lunes por correo electrónico a Lagarde con copia a varios altos cargos, entre ellos al número dos del banco, Luis de Guindos. En ella, Bowles, también vicepresidente de Ipso, único sindicato reconocido en el BCE, con cerca de 700 miembros, se hace eco de “quejas generalizadas de favoritismo, altos índices de agotamiento y la vulnerabilidad de muchos colegas que trabajan con contratos temporales”. Las críticas se producen en un contexto de enfrentamiento. El BCE quiere que a partir de mediados de 2026 todos los representantes electos de los trabajadores dediquen parte de su tiempo a sus labores habituales, porque eso les facilitaría retomar su carrera en un futuro de un modo más sencillo. Las leyes alemanas permiten que los miembros de los comités de empresa se dediquen íntegramente a defender al personal, sin embargo, al ser una institución extraterritorial, el BCE no está obligado a seguir esa legislación. Un poder que los líderes sindicales consideran “desproporcionado”. Ahora dos personas se dedican al comité y al sindicato al 100%, otras dos al 80%, una al 75%, y cuatro al 50%. Con las modificaciones, el portavoz tendría el 75% del tiempo, y el resto de miembros el 50%.

En la conferencia de prensa que el pasado 7 de mayo siguió a la reunión del comité de política monetaria de la Reserva Federal, Jerome Powell, su presidente, dijo que no había buscado reunirse con Donald Trump. “Nunca lo haré; no creo que eso le corresponda a alguien que ocupe mi puesto”, advirtió. Desde entonces, Trump y Powell se han visto dos veces, siempre por iniciativa de la Casa Blanca. La última fue la semana pasada, cuando el presidente de Estados Unidos visitó las obras de los dos edificios de la sede del banco central para pedir explicaciones por el “sobrecoste” en esos trabajos. Y entonces, Powell le corrigió en directo ante el mundo. Ni a fuerza de ir a presionarlo en persona, ni tras meses de insultos y amenazas. Trump no ha logrado torcer el brazo a Powell, que sigue sin estar listo para tocar el precio del dinero. Las previsiones indican que de la reunión de política monetaria que comienza hoy no saldrá la noticia de una bajada de los tipos de interés, que están en el 4,25%-4,5%. Así que, más que nunca, el interés del anuncio de hoy llegará con la conferencia de prensa posterior, en la que Powell contestará a las preguntas de la prensa sobre su relación con Trump, sobre su futuro y sobre si la independencia de la Fed está en peligro. De cumplirse los pronósticos –la herramienta de previsión CME ofrecía pocas dudas ayer, con más de un 96% a favor de mantener las tasas– será la quinta vez consecutiva en que la Fed decide “esperar y ver” cuáles son las consecuencias reales en la economía estadounidense de la agresiva política comercial de Washington, que el viernes tiene otra fecha marcada en rojo en el calendario: salvo que Trump cambie de nuevo de opinión, el 1 de agosto entrarán en vigor los aranceles que Washington puso unilateralmente a decenas de sus socios comerciales con los que no haya sido posible alcanzar un pacto en estos meses.

La temperatura del agua del Golfo de Bizkaia está aumentando a un ritmo superior –casi al doble– que la media mundial y la causa principal de ese incremento es el cambio climático. Es una de las principales conclusiones que se extraen del último informe marino-costero de Naturklima, que fija la subida en 0,22 grados centígrados por década entre 1981 y 2023, por encima de los 0,13 grados que de media se están calentando los mares de todo el planeta. Ese dato, que ubica en 15,5 grados la temperatura media del Golfo de Bizkaia, responde al comportamiento climático ocurrido en las cuatro últimas décadas, pero no significa que la tendencia para las próximas vaya a ser la misma o que no se pueda ver afectadas por las condiciones que estén ya en curso. El Golfo de Bizkaia se encuentra dentro de la zona del Atlántico Norte y es considerada «una de las que se ve afectada por fuertes y poco usuales tasas de calentamiento en comparación con el resto del océano global», apuntan los expertos de Naturklima, fundación dependiente del departamento de Sostenibilidad de la Diputación, en el apartado de la temperatura del mar. No es un caso aislado. En Europa hay otros mares que tienen incluso mayores aumentos en su temperatura del agua. El Mediterráneo tiene un incremento de 0,41 grados por década, tres veces más que la media global. En el mar Báltico la tasa es de 0,38 grados, mientras que en el Mar Negro la cifra se dispara hasta los 0,65 grados cada diez años. Existen variaciones interanuales y decadales en los indicadores de la temperatura del agua del Golfo de Bizkaia, pero Dorleta Orúe-Echevarría, coordinadora del observatorio de Naturklima, aclara que «lo importante es la tendencia al alza. Una década puede ser un poco más fría que la anterior, pero no significa que no siga calentándose».