20250722

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La financiación de los más de 400 millones que endeudan a Talgo es el último obstáculo para la entrada del consorcio vasco liderado por el industrial José Antonio Jainaga en la empresa. Para ello es fundamental cerrar un préstamo de 150 millones de euros al fabricante de trenes lo antes posible. Un crédito que el lehendakari, Imanol Pradales, anunció que se ha encauzado «definitivamente» tras reunirse la semana pasada con el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez. La fórmula establece que 75 millones sean concedidos por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) y la otra parte por un conglomerado vasco que diseñó el Gobierno vasco en «tiempo récord» a través del fondo de participaciones público-privado, Ekarpen. El caso es que esa entidad participada por Kutxabank (44,4%), Ejecutivo autonómico (34,81%), diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava (con un 7%, 4,3% y 2%, respectivamente) y Mondragon Inversiones (7,4%) no tiene fondos para la operación. De los 75 millones que se financian desde Euskadi, tal y como explican fuentes conocedoras de la situación, Ekarpen concederá 50 millones, mientras que los otros 25 se reparten entre las fundaciones BBK y Vital y el propio Jainaga, que añadirán este desembolso al ya acordado para comprar las acciones de Talgo junto al Gobierno vasco. Pero Ekarpen no cuenta con capital suficiente para firmar ese préstamo de 50 millones. En su balance figura que la liquidez alcanza los 16 millones: 10,9 en inversiones financieras a corto plazo y 5,1 en efectivo y activos líquidos. El fondo cuenta con 58,2 millones invertidos en compañías, que reportan dividendos, pero que no puede emplear de modo inmediato para firmar el acuerdo con Talgo. Así, la urgencia que empujó al Ejecutivo vasco a diseñar la operación se ha trasladado ahora a los socios de Ekarpen para una ampliación de capital. Una cuestión que debe hacerse a contrarreloj y que requiere la aprobación de las inyecciones económicas que se harán en función de la participación en la entidad. 

Dominion sigue dando pasos en su apuesta por simplificar su negocio centrando sus actividades en los servicios a la industria y en el desarrollo de proyectos integrales. Una estrategia que, según llevan tiempo sosteniendo desde la cotizada, les permitirá aumentar el valor de acción actual y que pasa también por abandonar un papel protagonista en el negocio de la generación eléctrica, donde mantenía activos importantes. En este contexto, la compañía que dirige Mikel Barandiaran anunció ayer la venta de seis parques fotovoltaicos en República Dominicana con un total de 321 MW de potencia y por un valor de 322 millones de euros. Una operación que se ha visto recompensada con la confianza de los inversores. Después del anuncio, la capitalización de Dominion se elevó en más de un 10,6% durante la sesión bursátil de ayer, que a su vez representó la mayor subida en el parqué de su historia, pasando de los 3,3 euros en los que se valoraba la acción al principio de la sesión hasta los 3,64 con los que acabó al cierre de los mercados. La venta de los activos también reforzará la posición financiera de la compañía ya que dejará 102 millones de euros en la caja, de los cuales 82 se harán efectivos durante este mismo año. Una inyección que reducirá los 183 millones de deuda de 2024 y que dispararon sus gastos financieros reduciendo las ganancias un 30%.

La guerra arancelaria iniciada hace unos meses por Donald Trump vuelve a afectar a la economía de Euskal Herria. El presidente de Estados Unidos ha dado recientemente un paso más en su ofensiva proteccionista con el anuncio de una subida de aranceles del 30% a todos los productos procedentes de la Unión Europea si no se alcanza un acuerdo antes de que acabe el mes de julio.  El castigo comercial, que entraría en vigor el 1 de agosto, afectaría de lleno al Estado español y, de forma particularmente especial, a Euskal Herria, cuya economía mantiene una fuerte vinculación con el mercado estadounidense. “El impacto de los aranceles es innegable”, advierte Pablo Martín, responsable de Economía de Confebask. “Venimos de una situación que ya era delicada, con una producción industrial plana, niveles de confianza bajos y problemas en la evolución de las carteras de pedidos. A todo eso se suma ahora la incertidumbre provocada por las medidas arancelarias de la administración Trump, lo que agrava aún más el panorama económico para nuestras empresas”. “El mercado estadounidense tiene una importancia significativa para Euskadi”, destaca Martín. “El año pasado fue el cuarto destino de nuestras exportaciones, con más del 6% del total. Y si sumamos también México, donde muchas empresas vascas tienen plantas y vínculos industriales con EEUU, el impacto potencial de los aranceles se multiplica”. Los sectores de la CAV más expuestos son la automoción, la máquina-herramienta, el acero y la industria agroalimentaria. En total, solo el sector del automóvil vasco generó el año pasado más de 61 millones de euros en exportaciones al país norteamericano. En el caso del acero, que ya arrastraba las consecuencias de un arancel del 25% impuesto por Trump en marzo, la presión se redobla.

El impacto de la guerra comercial desatada por Donald Trump en abril mediante la imposición de aranceles a las importaciones estadounidenses no se detuvo en el cuarto mes del año. Las exportaciones de las empresas españolas al país norteamericano aceleraron en mayo su hundimiento hasta el 14,4%, por el 13,8% registrado el mes del llamado Día de la Liberación. Los aranceles en EEUU están transformando el retrato del mercado exterior, a tenor de los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, correspondientes a mayo. El impacto podría ser incluso mayor en los próximos meses, tras la finalización de la tregua comercial que podría aumentar los gravámenes impuestos por EEUU a todas las importaciones provenientes de la UE. En este sentido, algunas voces apuntan a que Donald Trump estaría presionando para impulsar un arancel mínimo de entre el 15% y el y el 20%. La afectación de la guerra comercial en las exportaciones durante mayo fue diferente en función de la comunidad autónoma. Las peor paradas fueron Galicia, con una caída de las ventas hacia EEUU del 52%; Andalucía, que registró un descenso del 40,9%; Cantabria (39,6%); y Asturias (35,6%). Por su parte, el hundimiento de las ventas en Estados Unidos parece haber tenido un impacto más limitado en las regiones que lideran las cifras absolutas de exportaciones al país norteamericano. Es el caso, por ejemplo, de Cataluña, donde se redujeron un 3,3%, o la Comunidad Valenciana, donde incluso crecieron un 0,1%. Los datos publicados por la Secretaría de Estado de Comercio también muestran un reparto desigual entre los sectores que más están sufriendo la guerra comercial desatada por Donald Trump tras el Día de la Liberación. Las ventas de productos energéticos en EEUU se hundieron un 60,4% interanual en mayo, seguidos por los productos químicos (-21,4%); el sector del automóvil (-19,3%) y las manufacturas de consumo, que cayeron un 18,2% respecto al mismo mes del año pasado.

A tan solo 10 días de que entren en vigor los nuevos aranceles con los que Donald Trump viene amenazando desde que regresó a la Casa Blanca, España se prepara para encarar un golpe que podría llegar a afectar a exportaciones a Estados Unidos por valor de unos 23.000 millones de euros. Así lo estimó ayer el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que mantiene su estimación de que la guerra comercial arrebatará una décima al PIB español este año y aseguró que el Gobierno está dispuesto a “ajustar” el plan de respuesta en función de las tasas que finalmente acabe imponiendo Washington a la Unión Europea tras la negociación que apura Bruselas. “El volumen de exportaciones de la Unión Europea afectado por los aranceles norteamericanos está cerca de los 380.000 millones de euros, en torno al 70% del total de las exportaciones” comunitarias al mercado estadounidense, expuso Cuerpo durante su comparecencia ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados. “España cuenta con una exposición más contenida”, agregó, detallando que “el volumen de exportaciones afectado de manera directa para España está en torno a los 15.100 millones”, el 83% de las dirigidas al mercado estadounidense. A partir de ahí, sin embargo, “en términos de reexportaciones”, teniendo en cuenta una “primera capa de impacto indirecto, podríamos llegar a los 22.700 millones de euros expuestos”, cifró.

Bilbao como capital económica de Euskadi, va a quedarse con los emblemáticos edificios Lancor y Consonni (en la parcela RZ-10), que reconstruirá para crear ahí el Bilbao Bizkaia Digital Faktory. Invertirá más de veinte millones de euros para desarrollar tecnologías que tienen que ver con la inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad... En Lancor se emplazará Vicomtech, que ahora está en el edificio Beta I, también en Zorrozaurre; y en Consonni desarrollarán actividades de manera conjunta Mondragon Unibertsitatea e Ikerlan, cuya presencia en la capital gana así más dimensión. La otra empresa que llega a la isla es Idom. La ingeniería ya fue en su día punta de lanza en implantaciones empresariales en este mismo macrodesarrollo urbanístico, pero al otro lado del canal de Deusto, en San Ignacio, donde tiene su sede. Ahora va a dar el salto a la lámina de agua y en la parcela RZ-7, muy cerca, fijará Idom Science Factory/Zientziola, con una inversión de 50 millones de euros. Allí impulsará su actividad de diseño y suministro de sistemas de ingeniería complejos en campos como la astronomía, la física de partículas y nuclear, el espacio y las energías renovables, entre otros. Desde hace años las administraciones están tratando de atraer empresas que den sentido a un parque tecnológico que, a su vez, da sentido a la isla de Zorrozaurre. Hay que recordar que la razón de ser de este nuevo espacio, de este enorme desarrollo urbanístico que se está ejecutando, es mezclar uso residencial y económico. Se trata de ofrecer suelo que sirva como pista de aterrizaje para firmas que generen empleo y riqueza en sectores de alto valor añadido, firmas que tomen el testigo de la vieja industria. Y que, además, interactúen con centros formativos y universidades. Que la Mondragon e Idom se atrevan a dar el paso puede ser incentivo bueno para que compañías foráneas decidan que Bilbao es un buen sitio para invertir.

Una empresa de capital vizcaíno ha apalabrado el desembolso de «unos 4,5 millones de euros» para hacerse con la vasta parcela de la antigua Esmaltaciones San Ignacio, enclavada en el corazón del polígono industrial de Júndiz. El acuerdo es entre esta firma y los propietarios actuales –BBVA, Kutxabank y Santander–, cada uno con un 33,33% de participación–. Según fuentes conocedoras de la ambiciosa operación, tan sólo quedan por cerrar unas comprobaciones administrativas sobre la capacidad de crédito del comprador. En todo caso, el cierre de la venta se prevé para antes de que acabe este mes de julio o septiembre a más tardar. A partir de ahí, indican los medios consultados, esta compañía pretende reactivar la parcela en desuso. No ha trascendido todavía el uso que dará a la equipación. Algunas fuentes apuntan por un futuro «logístico». Tendrá terreno a su disposición ya que cuenta con 48.389 metros cuadrados de superficie, de los que 30.738,34 corresponden a las naves industriales y a un edificio de oficinas.

Tras el pinchazo de Semana Santa, el primer plato fuerte del año, el verano ha empezado con buen pie para el sector turístico y la entrada de viajeros vuelve a marcar cifras de vértigo en Gipuzkoa, con hasta 155.444 entradas en establecimientos hoteleros en junio, un 11,5% más que el mismo mes de 2024, esto es, 16.025 visitantes más eligieron los rincones guipuzcoanos para disfrutar de sus vacaciones. El territorio también arrasa con el precio por noche, un 10% más caro que el año pasado hasta alcanzar los 165,58 euros de media y los 208,38 en Donostia, según los datos publicados ayer por el Instituto vasco de estadística, Eustat. A pesar de estos precios, el territorio bate un nuevo récord y marca el mejor junio de la historia, con más visitantes que nunca, lo que anticipa un nuevo verano en el que se podrían volver a pulverizar todos los registros. Después de que la Semana Santa se cerrase con unos datos sensiblemente peores a los del pasado año, el número de viajeros volvió a despegar en mayo y tomó vuelo en junio. Los alojamientos son el mejor termómetro para comprobar la situación que atraviesa el turismo y, si se atiende al grado de ocupación, se ha situado en junio en el 70% al medirlo por plazas y en el 81% al medirlo por habitaciones. La cifra aumenta hasta el 85,8% en Donostia. De seguir esta senda faltará poco para colgar el cartel de ‘completo’ los próximos meses, con calles que volverán a bullir de turistas. También hay buenas noticias para el resto de Euskadi. En Bizkaia, los crecimientos han alcanzado el 10,7%, con un total de 167.392 entradas. En Álava, la subida ha sido algo menos llamativa, con 45.573 entradas, lo que representa un ascenso del 1,9% sobre el año anterior.

El turismo está disparado en Bizkaia. Algo más de la mitad de los clientes de los hoteles vizcaínos en junio eran extranjeros. Los hoteles del territorio, pese a la cada vez mayor competencia de apartamentos y habitaciones de particulares, recibieron en los primeros seis meses de este año 836.623 clientes, casi 300.000 más que hace una década, un incremento de viajeros que han convertido las recepciones de estos establecimientos en lugares con un intenso trajín, con más de 4.500 personas de media registradas cada día. Es cierto que en este balance influye la celebración de la final de la Europa League, que disparó las reservas –y los precios– en mayo, cuando las entradas a los hoteles crecieron un 14,8%. Pero el incremento con respecto a 2024, de un 8,8% en la primera mitad de 2025, se ha dado en todos los meses. En junio, últimos datos hechos públicos por el Instituto Vasco de Estadística, pernoctaron en algún hotel de la provincia 167.392 personas, un 10,7% más que en el mismo mes del año anterior y por encima de la media de Euskadi, donde el aumento fue de un 9,8%. Los clientes pagaron 125,2 euros por habitación y noche (en mayo abonaron 126,24), muy por debajo de los precios de Gipuzkoa (165,6 euros). Eso sí, dentro del propio territorio existen notables diferencias. Dormir en la capital costaba en junio 140,11 euros, una tarifa considerablemente más alta que los 92,03 que se desembolsan en el área metropolitana. En la zona de costa la factura ascendía hasta los 116,01.

La Mesa de Turismo de Euskadi, el foro que agrupa a las administraciones públicas vascas y al sector, celebra hoy en Vitoria su primera reunión del año, en un clima marcado por las últimas novedades en torno al impuesto turístico que gravará las pernoctaciones en los alojamientos de los municipios cuyos ayuntamientos decidan aplicarlo. Tras meses de debate no habrá un impuesto vasco como tal. Como en muchos otros ámbitos en Euskadi, será cada territorio el que regule su normativa propia mediante una norma foral. Otra cosa será que estas puedan estar más o menos armonizadas y resulten iguales o similares. Así, serán las diputaciones de Gipuzkoa, Álava y Bizkaia las que reglamenten su propio tributo que, eso sí, en la práctica será de naturaleza municipal. Esto es, lo recaudarán los ayuntamientos y serán estos los que decidan si lo aplican en su localidad o no, ya que se les dejará libertad de elección. Al menos en Gipuzkoa, según ha adelantado ya la diputada general, Eider Mendoza. La cuestión de la competencia, en apariencia irrelevante para el ciudadano, es troncal en la compleja arquitectura institucional vasca y es, de hecho, el principal elemento que explica el retraso acumulado en la aprobación de este gravamen. Y es que mientras el consejero de Turismo, Javier Hurtado, y el PSE siempre han defendido una regulación de ámbito autonómico, como sucede en Cataluña y Baleares, las dos comunidades donde se cobra este recargo, el PNV ha defendido en el tramo final del debate un tributo de naturaleza foral.

Las muertes laborales se han reducido de forma drástica este primer semestre del año en Gipuzkoa, hasta el punto de que han bajado de los doce fallecimientos que se produjeron el año pasado hasta cuatro, según los datos que ofrece el Servicio Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan). Un dato significativo, ya que aunque 2024 fue un ejercicio que estuvo marcado por la alta siniestralidad mortal en el territorio con un pico nunca visto en muchos años, una comparativa de los ejercicios anteriores permite visualizar con más perspectiva la evolución. El resultado es que estos cuatro fallecidos en la primera mitad del año es la cifra más baja desde 2019, antes de que estallara la pandemia excluyendo lógicamente 2020 y 2021, unos ejercicios que estuvieron marcados por unas menores tasas de siniestralidad y también de muertes laborales debido al parón que se produjo en la actividad y su recuperación paulatina. El índice de incidencia, que mide la proporción de accidentes por cada mil trabajadores, también arroja un descenso en estos seis primeros meses. En concreto, en el territorio ha bajado de 16,43 trabajadores por mil del año pasado al 15,23 por mil de este ejercicio. Un descenso que es más significativo sobre todo en construcción, donde cae más de cuatro puntos; en concreto de los 34,01 por mil a los 29,34. Por su parte, la industria reduce algo más de un punto –desde 32,01 por mil a 30,73 por mil–; los servicios bajan un punto –desde 11,13 a 10,24–, mientras que la agricultura es el único sector en el que aumenta este índice de incidencia pasando de los 26,39 por mil a los 27,77. Un descenso que también se produce en Bizkaia y Araba, lo que deja al conjunto de Euskadi con 16,45 siniestros laborales por cada mil trabajadores frente a los 18,26 del año anterior. Y es que en Euskadi la siniestralidad laboral en cifras absolutas se ha reducido en este primer semestre en un momento en el que coincide con una población trabajadora en máximos, ya que que hay récord de afiliación tanto en el País Vasco como en Gipuzkoa.

El vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha destacado el papel que "las políticas activas" del Departamento juegan en el impulso a la creación de empleo en Euskadi y la caída del paro al 5,7 %, junto al "crecimiento económico y la estabilidad". A través de un mensaje, Torres ha recordado que Lanbide movilizará durante este año 33 millones para mejorar la empleabilidad de colectivos vulnerables en un momento en el que el paro desciende en Euskadi al 5,7 %, dos décimas por debajo de la media europea. Sin embargo, ha subrayado, este crecimiento del empleo "no es fruto únicamente del dinamismo económico", sino que está "estrechamente ligado" con una "estrategia pública activa, estable y planificada en el tiempo, liderada por el Gobierno vasco y por el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, a través de Lanbide", ha considerado Torres. El vicelehendakari ha destacado que "Lanbide va a movilizar 33,2 millones de euros en políticas activas de empleo en 2025, con especial atención a los colectivos con más dificultades de inserción laboral: personas desempleadas de larga duración, jóvenes, mayores de 50 años y personas con discapacidad". Entre las medidas acordadas en su última reunión del Consejo de Lanbide, destacan 19,1 millones de euros para financiar más de 2.000 contrataciones en entidades locales y empresas del entorno, a través de programas de fomento del empleo y ayudas a la contratación.

El sector eléctrico se juega hoy 200.000 millones de euros en nuevas inversiones en renovables, despliegue de redes y nuevos proyectos de descarbonización industrial con la convalidación del real decreto-ley 7/2025, el denominado decreto antiapagón. El nerviosismo es máximo en el sector y todas las empresas trataban de hacer piña ayer frente a algunos partidos políticos reacios a validar la norma –como Podemos– o que no terminan de decantarse –como el PP–. Si el Congreso no convalida el real decreto por mayoría parlamentaria –algo que aritméticamente no tiene garantizado el Gobierno–, la norma decaerá y no será efectiva, echando por tierra una iniciativa que, por primera vez en muchos años, había contentado a todo el sector. Las empresas ven en esta norma un revulsivo para impulsar inversiones en todos los ámbitos, desde las renovables hasta las redes eléctricas, el autoconsumo o el vehículo eléctrico. Esta norma fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 24 de junio. Además de una serie de medidas urgentes para evitar nuevos apagones, como el que ocurrió en toda la España peninsular el 28 de abril –de ahí que fuera rebautizada como decreto antiapagón–, el Gobierno aprovechó el decreto para introducir otras medidas, a modo de decreto ómnibus.

El sector manufacturero se encuentra de capa caída, cada vez más alejado de la meta del 20% del PIB marcada por la Comisión Europea. En concreto, el Valor Añadido Bruto de la industria se ha reducido en los últimos años hasta el 11,8% del total de la economía española, 3,9 puntos por debajo de la media europea, de acuerdo con los cálculos de Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) para el año 2024. Con ello, en el primer cuarto de siglo, las manufacturas han perdido 6,1 puntos en su trozo del pastel de la actividad económica, un tercio del total. El declive de la industria es progresivo a lo largo de las últimas décadas, aunque se ha intensificado en algunos momentos, como el boom inmobiliario de principios de siglo, el posterior estallido de la burbuja o el más reciente incremento de los precios de la energía. Así, el aumento de la construcción desplazó a buena parte de los trabajadores a este sector y llevó a la reconversión de numerosos polígonos industriales en zonas residenciales, mientras que su colapso se llevó por delante buena parte de las fábricas ligadas a la construcción, como las cementeras, las de aluminio, las de electrodomésticos o las de muebles. Y, finalmente, la fuerte subida de los precios energéticos e industriales a partir de la segunda mitad de 2021 amenazó la continuidad de muchas industrias electrointensivas. Todo ello ha provocado que el sector manufacturero haya pasado de generar el 17,9% del Valor Añadido Bruto de la economía nacional en el año 2000 al 11,8% el pasado ejercicio, 6,1 puntos menos, al tiempo que el empleo industrial se reducía de 17,3% del total al 9,9%. Algo que resulta problemático para la estabilidad de la economía y la continuidad de su crecimiento a medio plazo, ya que “la industria de las manufacturas es un pilar fundamental del sector exterior de la economía por su elevada propensión exportadora”, además de tener que aglutinar el 40% de toda la inversión en I+D , tener una mayor estabilidad laboral y elevada productividad. Por todo ello, la Comisión Europea se marcó como objetivo la pasada década elevar el peso de la industria al 20% del PIB, si bien esta meta está cada vez más alejada de la cifra real.

El grupo Stellantis ha cerrado la primera mitad del año con su cuenta de resultados en rojo tras perder 2.300 millones durante los seis primeros meses. El que es uno de los conglomerados automovilísticos más grandes de Europa –con firmas como Citroen, Peugeot, Opel, Alfa Romeo y Fiat– ha acusado en sus propias carnes la crisis estructural que atraviesa el sector de automoción europeo, lastrado por el enfriamiento de potencias como Alemania y Francia, la complicada transición al vehículo eléctrico o la feroz competencia china. Stellantis, que en el mismo periodo del año pasado se anotó unas ganancias netas de 5.600 millones, atribuye esta brutal caída a factores como la reducción de ventas en Europa y Estados Unidos, a los costes asociados a la retirada de determinados modelos de sus marcas y, como no podía ser de otra manera, a los aranceles del 25% que la Administración Trump impuso al sector de la automoción. En este sentido, desde el grupo destacan que el impacto de los gravámenes ha tenido un coste estimado de 300 millones. La caída libre experimentada por Stellantis en este primer semestre del año también es una muestra de lo que la industria vasca de la automoción vive en sus propias carnes. Se trata de un sector que genera alrededor del 35% del PIB industrial y más del 10% del PIB total del territorio, que cuenta con 300 grandes empresas y 48 multinacionales, y en el que están empleadas alrededor de 40.000 personas. Un caso que ejemplifica el impacto de la crisis en Euskadi son los beneficios de Mercedes en España, que se desplomaron en 2024 en un 71,5% por la gran caída de producción en su planta de Vitoria. 

El BBVA prefiere esperar a que pase el grueso del verano y retrasará la entrega del folleto definitivo de la opa sobre el Sabadell a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) algunas semanas, lo que implicará que el periodo de aceptación de la operación no arranque hasta principios de septiembre, y no a finales de julio como inicialmente calculaba. Fuentes del banco vasco han explicado que la decisión se ha tomado para poder incorporar en el folleto los resultados semestrales de ambas entidades y las votaciones de las juntas del Banco Sabadell que se celebrarán el próximo 6 de agosto. Un movimiento con el que, aseguran, permitirá que los accionistas del Sabadell tengan la información más completa posible. Por su parte, desde el supervisor del mercado comentan que este planteamiento les parece adecuado para proteger el interés de los pequeños accionistas y que estos cuenten con toda la información disponible. El 6 de agosto será clave para el desarrollo de la opa. Será entonces cuando el Banco Sabadell someta a la votación de sus accionistas dos cuestiones vitales para las cuentas de la opa lanzada por la entidad de origen vasco: la compra por el Santander de la filial británica del Sabadell, TSB, y el macrodividendo de 2.500 millones que saldrá de dicha venta y se entregará a los accionistas. Antes, este jueves, el Sabadell también presentará su nuevo plan estratégico y cualquier hoja de ruta que establezca la entidad catalana también deberá tenerse en cuenta en el folleto final.

Si se compara la evolución de los salarios reales en España y la media de la OCDE, en dólares a paridad del poder de compra (PPP), se observa que los sueldos en España sólo han estado por encima de la media en la década de los 90 y en los dos primeros años tras el estallido de la crisis financiera de 2008. En el resto del periodo siempre han estado por debajo y en los últimos años la brecha con la media se ha incrementado, hasta situarse hoy un 11% por debajo, el equivalente a 6.583 dólares. Según explican José Emilio Boscá y Javier Ferri, investigadores de Fedea, la evolución varía en función del nivel salarial, de forma que si se divide el total de trabajadores en diez partes (deciles) de menos a más salario, el impacto no es homogéneo: «Tras la crisis financiera, los salarios aumentaron de forma monótona a partir del tercer decil, siendo los trabajadores con salarios más altos los que más vieron aumentar sus salarios (casi un 15%). En cambio, los de los dos primeros deciles sufrieron caídas (del 3% para los del primero). De 2009 a 2019, el salario real cayó en todos los deciles excepto en los dos primeros. Mientras los salarios reales disminuyeron casi un 5% para el segundo decil de salarios más elevados, subieron un 5% para el decil de salarios más bajos. En los años de la pandemia y posteriores, los salarios cayeron en todos los deciles excepto en los tres más bajos». «Los deciles bajos han experimentado mejoras relativas, mientras que los altos han sufrido mayores caídas. Esto evidencia una percepción de que las fases expansivas no se han traducido en mejores ingresos laborales para la mayoría».

Más de dos años después de que Yolanda Díaz, Unai Sordo y Pepe Álvarez presentaran el acuerdo del estatuto del becario, la norma que aspira a regular las prácticas laborales está un poco más cerca del Consejo de Ministros. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) dio ayer luz verde a la norma, paso previo a que se aborde en el Consejo de Ministros. En el mejor escenario para las previsiones de Trabajo, entraría en la reunión del Ejecutivo del 29 de julio, el último antes del parón veraniego. Pero fuentes del departamento de Díaz indican que los trámites previos no aseguran que llegue a esa reunión del Gabinete. A la vez, aún no hay consenso en el Gobierno para llevar la remuneración de cuatro de las ocho semanas de los permisos de conciliación para madres y padres (cuya falta de aplicación supone una multa diaria de Bruselas a España) a la CDGAE. “El estatuto del becario se culminó hace más de dos años con un acuerdo de diálogo social junto a los sindicatos. Es una norma decisiva para proteger los derechos de las personas en formación, que hasta ahora han sido utilizados para ocupar puestos de trabajo sin remuneración, sin cotización y sin derechos. A partir de su aprobación, gozarán de formación adecuada, de derechos y de seguridad”, sostienen fuentes del Ministerio de Trabajo. El estatuto del becario es el único acuerdo suscrito por Trabajo y los sindicatos que ni siquiera ha superado los trámites del Consejo de Ministros para ir posteriormente al Parlamento. La parte socialista del Gobierno rechazó desde el principio un acuerdo del que dijo que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”, lo que ha mantenido la norma en el limbo.

En dos años se acaba el millonario plan plurianual de financiación de Erasmus+ (2021-2027, que duplicó el anterior) y, aunque en Bruselas saben que nada ha cohesionado y vertebrado más Europa que este programa de movilidad entre universidades y centros educativos, está por ver si sube o no la partida ahora que la UE parece tener una prioridad muy diferente: rearmarse. Pero, al menos, en este 2025 se va a alcanzar en España el récord histórico en inversión en los 38 años de andadura del proyecto educativo: se prevé invertir 377 millones de euros para becas a universitarios, estudiantes de Formación Profesional, escolares o docentes. En total se van a financiar 4.538 proyectos de movilidad que beneficiarán a 153.717 personas. La inversión total sube un 17% respecto a 2024 —el porcentaje no se refiere al curso académico sino al año natural, porque muchas movilidades son a caballo entre dos de ellos—, sobre todo debido a la gran apuesta de la Comisión Europea, que aporta 306,5 millones para becas personales y partidas para que los centros educativos organicen intercambios con los de otros países. Aparte, se van a dedicar 31,8 millones a proyectos de cooperación entre organizaciones de educación y formación. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades destinará, por su parte, 70,5 millones a becas de educación superior (para 72.513 estudiantes y personal de la universidad y la Formación Profesional superior), frente a los 66,9 millones de 2024. 

Los bancos de negocios estiman que MasOrange tiene un valor de 12.374 millones de euros, según la media de siete informes realizados por firmas de inversión entre finales de junio y julio a los que ha tenido acceso este diario. Estas valoraciones se producen justo antes de la apertura de la primera ventana para el arranque de una oferta pública de venta (OPV) de acciones previsto en los acuerdos de fusión entre Orange y MásMóvil que dio lugar a MasOrange. Las valoraciones abarcan una horquilla que va desde los 10.781 millones de euros de equity value (sin incluir deuda) que estima JP Morgan a los 15.200 millones que calcula Kepler Cheuvreux. Entre medias, se encuentran las estimaciones de Barclays (10.842 millones), Berenberg (11.079 millones), Citi (11.586 millones), Santander (13.490 millones) y UBS (13.640 millones). La importancia de estas valoraciones es capital en este momento. De hecho, los fondos de inversión propietarios de MásMóvil (KKR, Cinven y Providence EquityPartners) han contratado a Goldman Sachs para solicitar la apertura del proceso en septiembre con el objetivo de poder solicitar formalmente la salida a Bolsa de MasOrange a partir de abril de 2026, dos años después de hacerse efectiva la fusión, como figura en los acuerdos con Orange. La multinacional francesa ha contratado a Santander y Lazard para el diseño de esta operación corporativa.

La progresiva estabilización de los precios de la alimentación, tras la inflación disparada que se registró hasta mediados del año pasado, ha llevado aparejada una fotografía del sector de los supermercados en la que solo dos actores crecen de forma destacada, mientras que el resto pierde cuota o crece muy lentamente. Así se desprende de los últimos datos de Worldpanel by Numerator (antes Kantar Worldpanel), que sitúan a Lidl y Mercadona como las cadenas que más clientes consiguen captar en España. El caso de Lidl es especialmente llamativo. Según la información de la consultora, la cadena alemana cerró junio con una cuota de mercado del 6,7%, lo que supone una ganancia de 0,4 puntos de cuota frente al mismo mes del anterior. La cifra sitúa a la compañía que dirige Claus Grande en España como la cadena que más ha crecido en los últimos doce meses, gracias en gran parte al ambicioso plan de aperturas puesto en marcha en los últimos ejercicios. Solo en su ejercicio 2025, que va desde marzo de este año hasta febrero de 2026, Lidl tiene previsto abrir 50 supermercados en el mercado español, 40 de ellos nuevos y el resto remodelaciones de tiendas que ya tenía. Lidl supera ya los 700 supermercados en España y su objetivo es seguir desplegando su plan de expansión al mismo ritmo tanto con tiendas como con nuevas plataformas logísticas.

La deriva autoritaria e intervencionista de Donald Trump da un nuevo salto de nivel. Después de haber despedido a decenas de miles de funcionarios, cerrado agencias como la de cooperación al desarrollo, señalado a jueces o amenazado con cortar los fondos a decenas de universidades, el presidente de EEUU pone en su foco a las empresas privadas. Trump ya había usado su posición contra ellas en diversas ocasiones: contra las grandes superficies como Walmart para instarlas a comerse las pérdidas de sus decisiones arancelarias, intentando que no repercutan las subidas de precios a sus clientes; contra las empresas de chips como Nvidia para que no vendan los productos más avanzados a China; o contra las tecnológicas como Apple para que traigan de vuelta la producción a EEUU. El presidente había roto todos los esquemas también con una campaña de presiones o extorsiones sin precedentes, algo que le ha reportado decenas de millones de dólares. Por un lado, llegando a acuerdos con las propietarias de todas las redes sociales, de Facebook a Twitter (ahora X), en demandas por haberle cerrado sus cuentas tras el asalto al Capitolio. Por otro, doblegando a grandes bufetes de abogados tras aprobar órdenes ejecutivas ad hoc contra algunos de ellos, con nombres y apellidos, logrando que estos hayan aceptado trabajar gratis para él, su familia o su partido, a cambio de que cesaran en sus intentos de destruirlas desde el Despacho Oval. O a cadenas de televisión que necesitan la aprobación de los reguladores federales para fusiones y han pagado millones de dólares para zanjar pleitos completamente delirantes. Hace unos días demandó a Rupert Murdoch por 10.000 millones de dólares.

El ejército de Israel rompió ayer una regla de oro y entró por primera vez a sangre y fuego en la parte sureste de la ciudad de Deir al-Balah, uno de los cuatro reductos de Gaza central que hasta ahora habían sido parcialmente respetados en esta guerra ante la posibilidad de que sirvan de cárcel para los rehenes. Nadie sabe lo que ha cruzado por la cabeza de Benjamín Netanyahu para ordenar una ofensiva donde se arriesga a la muerte de los cautivos justo en plena negociación de un canje y un alto el fuego con la milicia. El primer efecto de la entrada de los blindados y tanques en las calles es el éxodo de miles de familias hacia el campamento de AlMalwasi, en Rafah, donde el Gobierno hebreo quiere concentrar a la mayoría de los gazatíes. La ofensiva ha «conmocionado» a las familias de los secuestrados. Hamás ha prometido asesinar a todos los rehenes si los militares se acercan a ellos. Quedan por rescatar veinte vivos y los cuerpos de una treintena. «¿Puede alguien asegurarnos que esto no costará la vida a nuestros seres queridos? Esperamos que el primer ministro, el ministro de Defensa y los altos mandos militares expliquen urgentemente a los ciudadanos israelíes y a sus familias cuál es el plan de acción», exigió el colectivo de allegados. Lo que sucede dentro de Deir al-Balah no sale de sus muros. Es el último bastión real de Hamás.