20241127

La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, ha encabezado la delegación de la organización vasca que esta tarde ha asistido a una nueva entrega de los ‘premios Korta’, la mayor distinción empresarial que otorga el Gobierno Vasco. En su alocución, Tamara Yagüe, ha transmitido su “orgullo por compartir la entrega de estos ‘Korta sariak’ que, año tras año, nos recuerdan los valores de un empresario vasco ejemplar. Aprovechamos este acto en su memoria para incidir en el decisivo papel que el empresariado juega en la consolidación de la sociedad vasca tal y como la conocemos hoy, con un nivel de desarrollo y bienestar comparables a las de los países más avanzados de nuestro entorno. La empresa – continúa la presidenta de Confebask-, ha sido, es y será parte de la solución, no del problema. El beneficio de la empresa es beneficio para toda la sociedad. Que a una empresa le vaya bien, hace que a la sociedad le vaya bien: en forma de empleo, de contribución fiscal y de bienestar colectivo. Desafortunadamente, no todos lo entienden así. En Euskadi, la cercanía de las instituciones vascas con la empresa es clara desde hace ya muchas décadas. Y ese compromiso de la empresa con la sociedad en la que ‘vive’, también. Tamara Yagüe terminaba su discurso alabando la trayectoria de los tres premiados, José Barreira Lorenzo, Begoña Castro y José Ángel Muro Zabaleta. “Destacan por su honestidad, su trabajo, su implicación y su compromiso con la sociedad de la que forman parte. Ejemplos como los de los premiados esta noche son, en el contexto actual, un referente excepcionalmente valioso”. Ver más en Confebask. 

José Ángel Muro Zabaleta, socio-presidente de la empresa Ezarri Mosaicos dedicada a interiorismo y decoración de interiores y piscina; el empresario alavés José Barreira Lorenz, que ocupa cargos directivos en una decena de firmas de hostelería, transportes y tecnológicas; y Begoña Castro Feo, de la biofarmacéutica Histocell, recibieron ayer los Premios Joxe Mari Korta de manos del lehendakari, Imanol Pradales, y del consejero de Industria, Mikel Jauregi. Estos galardones ponen en valor a «personas hechas a sí mismas que a través de su esfuerzo y sacrificio contribuyen a construir nuestro tejido económico e industrial. Día a día. Inversión a inversión. Empleo a empleo», destacó Pradales. Por su parte, la presidenta de la patronal Confebask, Tamara Yagüe, destacó que el empresariado vasco «apuesta por seguir invirtiendo y creando empleo, generando los recursos necesarios para nuestro nivel de vida y bienestar». «Desafortunadamente», apostilló, «no todos lo entienden así. La empresa ha sido, es y será parte de la solución, no del problema».

Artículo de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe. "Se trata de una de las preocupaciones que más ha crecido entre las empresas vascas en los últimos años. Y muy recientemente acabamos de celebrar un acto monográfico para situar este problema en el foco de la atención pública. Me refiero a los altos índices de absentismo laboral que padecemos en Euskadi desde hace décadas, muy superior a los de las economías de nuestro entorno, que afecta gravemente a la salud de las personas, así como a la competitividad de las empresas. No entendemos qué está pasando. No sabemos por qué en Euskadi, las personas enferman más que en otros sitios, ni por qué tardan más en recuperarse y en incorporarse a su puesto de trabajo. El objetivo de la jornada organizada por Confebask en colaboración con nuestras organizaciones territoriales – Adegi, Cebek y Sea- era situar este problema en el centro de un debate a gran escala. Y creo que lo hemos conseguido...La solución no pasa por cerrar los ojos. Todos los involucrados debemos reconocer que existe un problema con dos consecuencias graves: de una parte, la propia salud de los trabajadores y, de otra, la competitividad de nuestras empresas. Elaboremos, pues, un diagnóstico común y pongámonos manos a la obra. Nos va a llevar tiempo, pero los beneficios son claros...El otro reto a corto tiene que ver con la reforma fiscal... De la misma manera que una empresa detrae parte de sus beneficios para invertir en investigación, maquinaria, etc… y mejorar así su competitividad, creemos que ha llegado el momento de ‘invertir en fiscalidad’ para promover la actividad empresarial en Euskadi con el mismo objetivo: crecer más y mejor...Lo que pedimos es que haya más incentivos a la reinversión de nuestros beneficios, convencidos de que eso redundará en más riqueza, más empleo y, por lo tanto, mayor retorno social en forma de impuestos. Y recordamos que lo estamos pidiendo en un momento de recaudación récord: nunca nuestras instituciones han tenido tantos recursos a su disposición para afrontar gasto social. Repensemos la política fiscal para que se convierta en algo más que un mero instrumento de recaudación...". Ver más en Confebask 

El Gobierno vasco dio esta mañana luz verde al convenio por el que asumirá el diseño y la ejecución del nudo de Arkaute, el último tramo del trazado del TAV que queda por construir. La obra era competencia del Ejecutivo central, pero hace ya varias semanas que el Consejo de Ministros había autorizado la cesión. El avance de este proyecto, que permitirá canalizar la circulación de la alta velocidad desde las afueras de Vitoria, determinará el momento en el que podrá inaugurarse la 'Y' vasca. Y todo hace indicar que los plazos marcados volverán a sobrepasarse. La cuestión es que las últimas previsiones del ministerio de Transportes calculaban que los primeros trenes en pruebas circularían a finales de 2027 o durante 2028, pero no parece que eso vaya a ser posible. La consejera vasca de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, explicó que espera licitar la redacción del proyecto constructivo del nudo de Arkaute «durante los primeros meses del año que viene». Una vez adjudicado, lo habitual suele ser que se tarde «entre 22 y 24 meses» en tenerlo definido. Esta demora implicaría que las obras del tramo no van a arrancar, en el mejor de los casos, hasta finales de 2027. No será por tanto posible ver trenes circulando antes de 2029 o 2030. Desde el Ejecutivo ni siquiera quieren «aventurar» una fecha de entrada del TAV hasta que los trabajos en esta infraestructura se pongan en marcha.

La noticia de que la llegada del TAV a Euskadi se retrasa sobre los plazos previstos no sorprenderá a nadie, ya que ha sido una constante desde que en 2006 se puso la primera piedra de esta infraestructura en Arrazua-Ubarrundia (Álava), paradójicamente a pocos kilómetros de donde se construirá el futuro nudo de Arkaute que debe culminarla. Las obras de la alta velocidad en Euskadi acumulan mucho retraso respecto al plan original, que hablaba de poder coger el tren en las tres capitales vascas en 2012. Es decir, el desfase entre esa fecha y la nueva de 2029 –que sigue siendo optimista– se va ya hasta los 17 años de retraso. Todo ello en un contexto en el que prácticamente todas las comunidades autónomas han visto cómo el AVE llegaba hasta ellas, lo que ha agudizado el aislamiento de Euskadi de la red de alta velocidad. Las obras de la 'Y' vasca han sobrepasado en una docena de ocasiones los diferentes plazos estipulados. El último cronograma fijaba 2027 como el año de término de las obras de las estructuras básicas (sin contar los accesos y estaciones de Bilbao y Vitoria, aún sin comenzar y para los que quedan más de una década) y 2028 como el de la puesta en servicio del TAV. Unas previsiones que ayer saltaron por los aires al anunciar la consejera de Movilidad Sostenible que las obras del nudo de Arkaute, una conexión clave con la meseta, no comenzarán hasta antes de 2027. Lo que, por lógica, retrasará la finalización de la infraestructura hasta, como mínimo, 2029. Y puede que más allá.

La voz de María Callas, de Luciano Pavarotti o Montserrat Caballé ha resonado entre las paredes de un edificio histórico de Bilbao que este martes acoge a casi 200 personas. Son los empleados, en su mayoría ingenieros, que Zelestra tiene en Euskadi, además de otros 800 por todo el mundo. Es la compañía fundada por los empresarios vascos José Galíndez y Pablo Burgos con el nombre de Solarpack y que fue adquirida por el fondo de inversión sueco EQT en 2021. Este martes, su consejero delegado, Leo Moreno, ha inaugurado la sede en el Edificio Coliseo Albia con la presencia de la diputada general de Bizkaia, Elixabette Etxanobe, que ha reconocido el hecho como una apuesta por el «arraigo, el talento y la sostenibilidad». El propio Moreno, ha insistido en que con la sede se quiere demostrar el «compromiso con el País Vasco de la empresa», donde nació hace 19 años. Zelestra, aunque se creó enfocada en la energía fotovoltaica, ha abierto su campo de operaciones a la eólica, el hidrógeno verde y las baterías –de ahí el cambio de nombre–. La compañía desarrolla todo el proceso, desde la identificación de los emplazamientos de los parques, su desarrollo, diseño, construcción, gestión y mantenimiento, hasta la venta de energía. Una labor con la que ha prevé desarrollar este año 1.500 MW de potencia de instalada, cinco vences más que los 300 MW de 2023. Entre las acciones destaca la puesta en funcionamiento del primer parque eólico, en India. Los planes de la compañía pasan, además, por una fuerte inversión de 5.000 millones para desarrollar un total de 9.000 MW de potencia en 2026.

 En un mercado que lleva años al ralentí en Europa por la siempre incómoda competencia de los países asiáticos, ArcelorMittal tiene en estos momento una mano de cal y otra de arena. En el capítulo positivo, la multinacional con sede en Luxemburgo ha destacado hoy los "notables avances" en las actuaciones dirigidas a aumentar a 1,6 millones de toneladas anuales la producción en su planta de Productos Planos en Sestao,, donde cuentan con dos hornos de arco eléctrico. En cambio, en el mismo comunicado anunció que, a día de hoy, no se dan las condiciones para invertir en instalaciones de reducción directa del mineral de hierro (DRI, por sus siglas en inglés). Una de estas plantas estaba proyectada en Gijón y, para ella, el Gobierno español ya les había concedido una subvención de 450 millones con cargo a una ayuda del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de Descarbonización. Sin embargo, la compañía ha confirmado respecto a sus planes de descarbonización que ese tipo de inversiones "no son rentables y aún no se dan las condiciones". "Supondría producir más caro y la tecnología aún no es competitiva frente a la sobrecapacidad de producción de China", han explicado fuentes del primer producto mundial de acero. También tenía proyectadas otras iniciativas similares en otros países de la UE. "No obstante, los entornos político, energético y de mercado en Europa no han avanzado en una dirección favorable. La evolución de la situación con respecto al hidrógeno verde, para que constituya una fuente de energía viable, se está produciendo de manera sumamente lenta y la producción de prerreducidos de hierro basada en el uso de gas natural en Europa aún no resulta competitiva como solución provisional", han detallado. 

Los trabajadores de Balenciaga han criticado este martes con dureza la actuación de Cofides, la empresa semipública que depende del Ministerio de Economía del Gobierno Central, y cuya negativa a respaldar el plan de reestructuración aprobado por un juez para salvar el astillero de Zumaia le ha abocado a un concurso de acreedores al no poder hacer frente a una deuda de 37 millones. La plantilla se ha mostrado indignada ante la actitud de Cofides, compañía de financiación del desarrollo y con quien Balenciada tenía contraída una deuda de doce millones. Los trabajadores han indicado en una rueda de prensa realizada delante del astillero que Cofides «se ha dedicado a torpedear el plan de viabilidad alcanzado en el preconcurso de acreedores». Han añadido que «es el principal responsable de que haya entrado en concurso y del probable cierre del astillero. No solo se niegan a un acuerdo, sino que han actuado deliberadamente para hacer imposible el plan de viabilidad con el único objeto de recuperar el máximo dinero posible de los despojos de Balenciaga». Consideran «lamentable» que el Gobierno central esté comprometido con «una estrategia que condena al cierre a una empresa de un sector estratégico». Pero no solo han puesto el foco en la compañía de financiación, ya que también miran al Gobierno Vasco, al que le acusan de «impugnar el plan de viabilidad poniendo en riesgo el futuro del astillero, mientras dicen ofrecer todo su apoyo a la empresa». Muestran su extrañeza por esta actitud. «No sabemos a qué están jugando. Desde aquí pedimos su intervención activa para salvar nuestros puestos de trabajo. Nos los deben como nuestros representantes».

Todavía faltan un par de meses para que Donad Trump asuma la presidencia de Estados Unidos, pero el multimillonario no ha querido esperar a entonces para retomar su costumbre de amenazar con aranceles. En un mensaje en su propia red social, Truth Social, ha advertido de que impondrá desde el primer momento una tasa del 25% a todas las importaciones de Canadá y México y un 10% adicional a los ya existentes para China. El anuncio ha hecho caer este martes en Bolsa a BBVA cerca de un 3% y en torno al 1,5% a las empresas de componentes de automoción CIE Automotive y Gestamp. En el caso de BBVA este descenso se explica por que más de la mitad de sus beneficios proceden de México. En concreto, en los nueve primeros meses obtuvo unas ganancias de 7.622 millones de euros y de esa cifra 4.193, un 55%, procedieron del país azteca. El banco se encuentra inmerso en estos momentos en la opa sobre el Sabadell, que está siendo analizada por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. El sector de automoción, ya muy castigado, ha sido otro de los grandes damnificados de la primera andanada de Trump. Grandes fabricantes de automóviles como Stellantis, con fábricas en México para abastecer el mercado norteamericano (NAFTA), han sufrido caídas y lo mismo ocurre con los proveedores de piezas, un ámbito en el que Euskadi tiene una posición muy fuerte, con multinacionales de la envergadura de CIE Automotive o Gestamp. Según la patronal vasca de automoción Acicae, las empresas vascas del sector cuentan con 50 plantas en México y 19 en Estados Unidos. Durante décadas el país azteca, con bajos costes laborales, ha sido base de producción para surtir al mercado norteamericano, con lo que los aranceles supondrían un gran revés. 

La UPV/EHU votó ayer por el cambio y Joxerramon Bengoetxea fue proclamado ganador de las elecciones a rector. Se impuso a la actual mandataria, Eva Ferreira, en todos los colectivos que componen la comunidad universitaria hasta obtener el 63,63% del voto ponderado total. De esta manera, el catedrático de Filosofía del Derecho dirigirá la institución académica a partir de enero, cuando sea investido. En virtud de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario, el mandato tendrá una duración de seis años improrrogables y no renovables. Era la primera vez en 16 años que dos candidatos se disputaban el timón de la Universidad del País Vasco, lo que favoreció una participación muy superior a la registrada en las últimas citas con las urnas. Especialmente llamativa fue la del alumnado: votó el 14,6% de los casi 43.000 estudiantes, el dato más alto en veinte años. Ocho de cada diez papeletas fueron para Bengoetxea, que cimentó su éxito entre los más jóvenes en una activa campaña en redes sociales y una continua presencia en los campus. El colectivo donde, en proporción, el profesor guipuzcoano ganó con menos holgura fue entre los catedráticos y titulares de plaza, el que más peso tiene en la decisión final al ser un sistema de voto ponderado. Aquí, Bengoetxea cosechó 976 papeletas por 777 de Ferreira. La distancia fue mayor entre el resto de docentes y, sobre todo, entre los trabajadores.

Cuenta atrás para una de las citas más concurridas en torno al vino que se celebra en Vitoria. Ardoaraba regresa la próxima semana y se descorcha desde el jueves 5 de diciembre por la tarde hasta el domingo 8 de diciembre. A pesar de que el puente de diciembre será este año más corto al coincidir el festivo con el viernes se ha mantenido el programa de cuatro jornadas. Serán tres las carpas que se instalarán en las plazas de Los Fueros, la Provincia y la plaza de España en un evento organizado por Gasteiz On. El montaje, de hecho, ha comenzado esta semana para que todo esté listo para acoger un evento que marida turismo y enogastronomía. En esta ocasión participan total de 36 bodegas con 134 vinos diferentes, 19 colectivos (hostelería, sociedades, asociaciones...) con 55 ofertas gastronómicas y 60 establecimientos de hostelería y restauración que completan las propuestas de zonas de degustación y actividades paralelas con 221 ofertas de vino, menús y pintxos. El talonario tendrá un precio de 22 euros e incluirá 28 puntos canjeables en las zonas de degustación (carpas), bares y restaurantes adheridos a la Ruta de la Hostelería y actividades del Txoko Gastronómico. Podrán adquirirse en los puntos de información de las carpas o en el ubicado en la Virgen Blanca. «No ponemos de meta superarlo porque se celebra menos días, pero hay una buena sensación por parte de los hoteles y restaurantes», señala Patricia García, gerente de Gasteiz On.

La opa de BBVA sobre Banco Sabadell ha superado un nuevo trámite administrativo tras el aval concedido por la Comisión Europea para autorizar la operación. Bruselas entiende que no existen subvenciones de terceros países sobre el negocio y, por tanto, no se beneficiará de ayuda extracomunitaria para llevar a cabo dicha operación. Es uno de los requisitos que el Ejecutivo comunitario se encarga de valorar para autorizar este procedimiento que era prácticamente dado por válido en la mayor parte de los mercados. La operación le fue notificada a Bruselas el pasado 21 de octubre y el plazo se extendía hasta este mismo 26 de noviembre. La Comisión estaba obligada a determinar si era necesario iniciar una «investigación en profundidad» o la fusión podía seguir adelante sin un examen de mayor dimensión. Finalmente, Bruselas se ha decantado por esta segunda opción. Los servicios de Competencia de Bruselas han decidido no investigar la operación bajo este nuevo marco de inversiones extranjeras. No se ha tratado de una autorización de concentración habitual, ya que bajo ese prisma está siendo estudiada a nivel nacional. La autorización de la Comisión llega casi tres meses después del aval concedido por el Banco Central Europeo (BCE) para que BBVA compre Sabadell. En realidad, la del BCE era la autorización más importante para poder llevar adelante la fusión y la que el mercado daba por descontada. El banco central tenía como prioridad fijarse sobre todo en la solvencia bancaria y es partidario de concentraciones bancarias, aunque prefiere las transfronterizas que las nacionales. El Banco de España envió al BCE un informe favorable a la fusión y también los reguladores británicos aprobaron el futuro control indirecto por el BBVA de TSB, filial del Sabadell.

Trabajar menos tiempo pero cobrando lo mismo... o incluso más. Es lo que promete Yolanda Díaz para 2025. Con el portazo de la patronal a la reducción de jornada todavía reciente, recorte que el Gobierno negocia ahora bilateralmente con los sindicatos, el Ministerio de Trabajo ha puesto en marcha los mecanismos para abordar un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). Será el séptimo desde 2018, periodo en el que el SMI ha pasado de los 735,9 euros mensuales a los 1.134 por catorce pagas en 2024; esto es, se ha disparado un 54% en apenas seis años. Ayer, el Ministerio que lidera Yolanda Díaz reunió formalmente a su comité de expertos para analizar la situación salarial y formular una recomendación de subida, como hizo en años anteriores, con excepciones como la de 2024, en la que Trabajo pactó con las organizaciones sindicales un alza del 5% con el rechazo de las patronales empresariales, desmarcadas del acuerdo en los últimos años. El objetivo, que el SMI represente siempre el 60% del salario medio en España y “que nadie pierda poder adquisitivo en nuestro país por culpa de la inflación”, señaló ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Díaz, que tras recibir el informe de su comité de expertos convocará a los agentes sociales para abordar la cuestión, rehusó ayer hablar de una posible horquilla de subidas. La titular de Trabajo se limitó a señalar que el “mandato” efectuado a su grupo de asesores es solo uno: “Que no haya pérdida de poder adquisitivo” para los trabajadores y “desde ahí que trabajen” (los expertos). Es decir, el punto de partida mínimo será el que marque la inflación, cuya tasa media interanual rondará el 2,8% para el conjunto del año, según el panel de Funcas, o el 2,9% según las proyecciones más recientes del Banco de España. Esto es, el SMI subiría como mínimo hasta los 1.165–1.166 euros mensuales dependiendo de cómo finalice el año el IPC. Sin embargo, el proceso, que afectaría a unos 2,5 millones de trabajadores que están fuera de la negociación colectiva, solo se encuentra en la rampa de salida y es poco probable que el incremento final se limite al encarecimiento del coste de la vida.

Pepe Álvarez (68 años, Belmonte de Miranda, Asturias) estará cuatro años más al frente de UGT en su tercer mandato. El 80% de los delegados lo respaldaron ayer en el Congreso Confederal del sindicato en Barcelona, la ciudad donde se fundó la UGT en 1888. Álvarez llegó en 2016 al cargo, cuando relevó a Cándido Méndez, y después de haber estado 26 años al frente de UGT en Cataluña. Se siente con ánimo para seguir pilotando la organización en el que considera que es su mejor momento, y ante retos como el de las pensiones, la duración de la jornada laboral o la vivienda. " Nosotros vamos a estar muy satisfechos si finalmente hay un acuerdo con la CEOE para la reducción de la jornada, pero sobre todo si el acuerdo se publica en el BOE. Lo que no podemos es darle a nadie la capacidad de veto. Si no fuera porque los conozco, pensaría que la patronal ha actuado de mala fe. Porque llevamos más de un año negociando, y daba la sensación de que efectivamente iban a dar el paso. Si realmente queremos que se apruebe en esta legislatura, necesitamos ocho meses, y en este tiempo vamos a reunirnos con las direcciones de los partidos políticos, con [el presidente del PNV, Andoni] Ortuzar; con [el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo] Otegi, o con [el presidente de Junts, Carles] Puigdemont... Sabemos que al PNV les gustaría que llegáramos a un acuerdo con la CEOE, y en este periodo de tramitación parlamentaria estamos dispuestos a hablar con ellos...En Alemania y Francia están por debajo de las 35, en los países nórdicos están cerca de las 32, todos ellos más productivos que España. Para ganar productividad, tenemos que subir los salarios y bajar la jornada... Las dos grandes organizaciones sindicales tenemos un objetivo con el SMI: que crezca entre el 5% y el 6%. Por una razón muy sencilla: la masa salarial real, no la de los convenios colectivos, ha subido este porcentaje. Y si de verdad vamos hacia un SMI que sea el 60% del salario medio del país, el IPC ya no sirve, es un indicador viejo. Saldrá adelante, pero el Gobierno tiene que posicionarse claramente. Y la CEOE, que dijo que después del aumento del año pasado iban a venir las siete plagas de Egipto, ve que la economía española continúa brillando más que cualquiera de las de la Unión Europea..."

En la cita de ayer de Pedro Sánchez con UGT, en el 44º Congreso Confederal del sindicato, hubo sobre todo muestras de agradecimiento, abrazos y sonrisas, pero también alguna reclamación. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el único candidato que se presenta en este congreso y que presumiblemente será reelegido hoy para un tercer mandato, pidió al presidente del Gobierno que impulse un acuerdo para que el Estado retribuya a los agentes sociales —sindicatos y patronales— por el trabajo que hacen al representar a trabajadores y empresarios. Minutos más tarde, en su intervención, Sánchez recogió el guante, y afirmó que pretende aprobar una ley de participación institucional en esta legislatura “que reconozca el trabajo de los agentes sociales”, sin concretar si se tratará de aumentar la financiación o solo de incrementar su peso en el diálogo social. Álvarez ya reclamó el lunes que mejorase la financiación pública a los agentes sociales, tanto sindicatos como patronales, que son los que pilotan las relaciones laborales y pactan los convenios en la negociación colectiva, así como los planes de igualdad. “Vivimos en un país donde el Estado reclama más y más trabajos a los sindicatos, y solo lo pagan los afiliados con sus cuotas”, expresó Álvarez.

Carlos Tavares, CEO de Stellantis. El directivo pide, a diferencia de algunos fabricantes o países, que la UE mantenga la estabilidad regulatoria. Las dudas, dice, pueden hacer que colapse la demanda de coches eléctricos. Y cree que, mejor que estar contra los chinos, es aliarse con ellos y aprovechar su potencial. "Hablamos principalmente de la transición energética en la que se encuentra Europa. Digamos que la posición de Stellantis es muy ética. Pedimos que no se pospongan los objetivos de CO2 para 2025 porque se lo debemos a la sociedad y porque nuestras inversiones son a largo plazo, necesitan estabilidad. Estamos listos para cumplir esos límites, aunque no será fácil y entiendo que la posición de España es la misma, por lo que estamos muy alineados. Dicho lo cual, les hemos planteado tres sugerencias para aumentar el mix de ventas de eléctricos, que es de solo 5% en su país, por el 17% de Portugal o el 15% de Francia: acelerar la inversión en infraestructura de recarga, que las ayudas se den en el momento de la compra y subvenciones fiscales a las empresas para que tengan flotas sostenibles...el cliente lo que quiere son automóviles eléctricos a precio de modelos de combustión, una transición que requiere tiempo y apoyo del Gobierno español. No para nosotros, que a final de año tendremos 40 modelos de baterías a la venta, sino para el consumidor de clase media. En Francia, un Citroën C3 eléctrico cuesta, con los subsidios estatales, menos de 15.000 euros, como el de gasolina. Eso generará más demanda, lo que permitirá reducir los costes con mayor rapidez. Lo que no puede hacer Europa es crear dudas sobre la electrificación porque la demanda se derrumba y ya hemos visto como han quebrado fabricantes de baterías. Se debe ceñir a la hoja de ruta que culmina en la prohibición de vender coches de combustión en 2035, para que todos podamos trabajar en un objetivo que, al fin y al cabo, llevará años. Si las inversiones carecen de seguridad, que nadie se sorprenda si nos vemos comprando las baterías y los coches en otras partes del mundo. Es decir, en Asia..."

El grupo Stellantis es uno de los fabricantes de vehículos que más fuerte está apostando por la movilidad eléctrica y en sus planes España tiene reservado un papel de gran relevancia para el futuro, ya que se convertirá en un hub de producción tanto de coches eléctricos como de baterías. Sin embargo, han surgido voces entre los fabricantes europeos que piden retrasar los objetivos europeos de emisiones, ante la dificultad para cumplirlos y por el riesgo de tener que pagar fuertes multas desde 2025, año en el que se endurecerán los límites. En el lado opuesto se posiciona el grupo Stellantis, dueño de enseñas como Citroën, Peugeot, Opel, Fiat o Jeep, firme defensor de cumplir con los plazos establecidos. En una entrevista, el consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, asegura que todo este “ruido” alrededor del coche eléctrico está afectando a la demanda de este tipo de modelos que, en su despegue, necesita un fuerte apoyo por parte de los gobiernos. Tavares considera que las dudas sobre una posible prolongación de los plazos para cumplir con la normativa europea sobre emisiones de los coches, que se endurecerá desde 2025, no ayuda a la expansión de la movilidad eléctrica, por lo que reclama un “apoyo significativo” de los gobiernos al coche eléctrico. El directivo, que se reunió el pasado lunes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que el Ejecutivo español y Stellantis “están alineados” en su intención de mantener los plazos actuales, ya que, en su opinión, el grupo automovilístico ha invertido mucho dinero en movilidad eléctrica para cumplir con los objetivos medioambientales y evitar, así, las duras multas a las que se enfrentan los fabricantes. El ejecutivo portugués confirmó el compromiso de la compañía con sus operaciones en España, donde mantiene tres plantas productivas en Madrid, Vigo y Zaragoza. Así, asegura que España es el país donde más vehículos produce el grupo, con más de un millón de unidades al año, por delante de Francia o Italia, donde la empresa tiene un mayor recorrido histórico.

Continuación de la entrevista con Carlos Tavares. El megaproyecto industrial de Stellantis para España incluye inversiones de 1.000 millones de euros para producir una nueva generación de vehículos eléctricos con la plataforma STLA Small en Vigo y en Zaragoza, quedando fuera la planta de Madrid. El consejero delegado del grupo automovilístico, Carlos Tavares, explica que la factoría madrileña ha hecho un gran trabajo de reducción de costes en los últimos años que le han permitido no solo asegurar su viabilidad, sino casi igualarse en términos de costes a los otros centros españoles del grupo. “Madrid es un muy buen ejemplo de una fábrica que durante los últimos diez años ha hecho una gran transformación para mejorar costes, calidad y rendimiento”, explica el directivo, que recuerda que la compañía fue muy criticada por hacer esos ajustes. Sin embargo, destaca que de no haber llevado a cabo esa transformación el centro madrileño no tendría futuro. “Madrid ha hecho el trabajo”, destaca Tavares. No obstante, el primer ejecutivo de la compañía señala que la factoría de Madrid tiene que seguir mejorando y prestando mucha atención a la logística, al estar situada en una zona con alta densidad como es la capital española. “La planta de Madrid está en una zona que puede ser víctima de congestión logística y hay que tener cuidado con eso”, recalca Tavares, que añade que las operaciones logísticas tienen “que fluir” para poder transportar los vehículos que se producen en la factoría de Madrid.

Nada que ver con los malos viejos tiempos, los de la crisis energética, cuando el gas natural llegó a superar los 300 euros por megavatio hora (MWh) en Europa. El mercado gasista, sin embargo, empieza a arrojar señales preocupantes tanto para el precio de la luz como para la industria. Tras varias semanas al alza, la referencia continental flirtea de nuevo con los 50 euros, su nivel más alto en más de un año y el doble que en los primeros compases de 2024. Una subida que ha arrastrado consigo a la electricidad –el mercado eléctrico español ronda ya los 140 euros por MWh, máximos desde principios de 2023– y que agrava los problemas de competitividad de una industria, la europea, acostumbrada a pagar facturas estructuralmente más altas que sus pares estadounidenses. Como prácticamente siempre que suben con fuerza el gas o el petróleo, no hay una única causa detrás. Influye, y no poco, la meteorología. Por un lado, no está siendo un otoño particularmente ventoso, lo que está impidiendo a la eólica brillar con luz propia y evitar, así, la quema de gas en las centrales de ciclo combinado. Por otro, las temperaturas en algunas zonas de Europa están siendo ligeramente más frescas que en los últimos años, con el consiguiente mayor uso de las calefacciones. La suma de ambos factores ha provocado una caída algo mayor de lo esperado en las reservas subterráneas de este combustible, que siguen en niveles más que saludables en comparativa histórica (cerca del 88%) pero que se han dejado casi seis puntos porcentuales en solo dos semanas. En la primera mitad de noviembre, el consumo de gas almacenado fue el segundo mayor de los 15 últimos años, según los datos de Bloomberg. “Mientras América del Norte se prepara para la primera ola de frío de la temporada, Europa teme lo que en alemán se conoce como dunkelflaute: frío y poco viento, lo que está contribuyendo a la subida en el precio del gas”, explica Norbert Rücker, jefe de análisis económico del banco suizo de inversión Julius Baer.

Iberdrola ha adjudicado su principal contrato en Reino Unido desde que compró Scottish Power, en 2006. Se trata de la licitación, a través de su filial SP Energy Networks, por la que ha seleccionado a 19 empresas para desarrollar diferentes proyectos en redes y subestaciones en Escocia, valorados en 5.400 millones de libras (6.470 millones de euros al cambio). Estos importes forman parte del paquete inversor de 24.000 millones de libras (28.800 millones de euros) que el grupo español ha anunciado en Reino Unido para el quinquenio 2024-2028, una cifra que se ha doblado respecto de lo explicado en 2023. Entre las 19 compañías escogidas, solo una tiene la sede en España: es Cobra Instalaciones y Servicios, aunque el capital es francés, después de que Vinci se la adquiriese a ACS. Del total, 17 son de Reino Unido o Irlanda, que SP justifica por su “compromiso con las comunidades locales”. Cobra es una de las ocho empresas que participará en la parte de redes de transmisión, que a su vez se ha dividido en tres lotes, relativos al diseño y construcción de líneas eléctricas aéreas de diferente voltaje, globalmente por un importe de 3.000 millones de libras. Algunas de estas empresas repetirán en los contratos de subestaciones, para los que Scottish Power ha nombrado a un total de 15 firmas. En este caso, las actuaciones están divididas en cinco partes, como por ejemplo trabajos previos y la construcción propiamente dicha de las instalaciones. El importe ascenderá a 2.400 millones de libras.

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, realizó un reconocimiento de la posición que ocupa España en la “doble revolución ecológica y digital” que se vive en el mundo. Un posicionamiento, dijo, que ha sido posible “de la mano de la iniciativa privada, de la mano de los emprendedores, de los que hacen innovación, de la mano de quien invierte, de quien arriesga”. El ministro puso cifras al “mayor esfuerzo de colaboración público-privada” realizado nunca en España: “Uno de cada tres euros de los fondos europeos se ha destinado a la transición digital”, señaló. Durante su discurso de clausura de la gala de entrega de los XVII Premios CincoDías a la innovación empresarial, celebrados ayer en el Auditorio Repsol, en la sede madrileña de la compañía energética, el ministro destacó que gracias a ese impulso, 515.000 pymes y autónomos han recibido ayudas para digitalizar sus negocios, a través del Kit Digital. Unas ayudas, aseguró, que se tramitan en tres minutos –“porque también se está digitalizando la función pública”– y que sitúan a España entre los 20 países con la Administración pública más digitalizada. El ministro sostuvo en su presentación que, aunque España ha perdido otros trenes en la historia de las revoluciones industriales, en esta ocasión el país ha tenido la visión de que “esta vez sí había que estar en la doble transición ecológica y digital, y de la mano del sector privado”. Para refrendar sus palabras, recordó que se han creado más de 476.000 empleos nuevos vinculados a la innovación y a las nuevas tecnologías. 

España batió un récord de captación de inversiones de fondos extranjeros estatales (soberanos) entre el inicio de 2023 hasta el primer semestre de 2024, con más de 7.000 millones de euros. Así se desprende del informe Fondos Soberanos, que elabora IE University, en colaboración con el Icex, y que se presentó ayer en Madrid. Un total de siete fondos soberanos diferentes realizaron trece inversiones directas en empresas españolas o en proyectos liderados por ellas, entre ellos los fondos de Abu Dabi, el país que está abanderando la llegada de capital foráneo a España, y los fondos soberanos de Catar y Arabia Saudí. El dinero árabe de Oriente Medio se configura así como el gran motor de la inversión de fondos estatales en la economía española, donde hasta hace unos años el líder absoluto era Norges, el fondo de pensiones de Noruega. El periodo cubierto por el informe (de enero de 2023 a junio de 2024) eleva el total de inversión realizada a 7.300 millones de euros, con una importante concentración en infraestructuras en energías renovables y digitales, además de una apuesta fuerte por el sector inmobiliario y hotelero. Se trata de un aumento del 160% en comparación con las cifras del ejercicio comparable anterior (2022-2023). Abu Dabi, a través del grupo empresarial Masdar, ha llevado a cabo grandes operaciones con Iberdrola, en cuyo capital está Catar. Abu Dabi también ha comprado activos de renovables, mientras que Norges también ha invertido en renovables con Iberdrola. En paralelo, el fondo de Arabia Saudí ha invertido en Telefónica. Son solo algunas de las grandes operaciones realizadas.

El líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, se ha convertido en una china en el zapato de Pedro Sánchez y sacudírsela va a costar algo más de lo que habían calculado sus detractores en la dirección del partido y en la siempre convulsa federación que comanda desde 2021. A solo cuatro días del 41º congreso federal del partido, adelantado el pasado septiembre con la idea de lanzar un mensaje de unidad en torno al jefe del Ejecutivo en una legislatura de alto voltaje, Lobato no solo ha puesto sobre el tapete información que puede comprometer a La Moncloa en la filtración de datos privados del novio de Isabel Díaz Ayuso por la que el Tribunal Supremo ya investiga al fiscal general del Estado, sino que, tras intensas presiones, transmitió este martes que no dará un paso al lado y, si es preciso, está dispuesto a morir matando. Los rumores sobre su posible dimisión, extendidos la víspera desde el partido, se disolvieron este martes bien temprano como un azucarillo. Después de que el diario ABC publicara el lunes que, a principios de este noviembre, Lobato acudió a notario para registrar una conversación de Whatsapp de marzo en la que la número dos del jefe de Gabinete de Sánchez, Pilar Sánchez Acera, le conminaba a usar políticamente el correo en el que Alberto González Amador planteaba un pacto de conformidad a la Fiscalía por el que reconocía haber cometido fraude fiscal y que hasta entonces ningún medio había publicado íntegramente, cargos de la formación comenzaron a exigir su cabeza por falta de lealtad.

Begoña Gómez ha aportado sin percatarse al juez Juan Carlos Peinado varias pruebas de que María Cristina Álvarez, la directora de Programas de la Secretaría General de Presidencia, en realidad trabajaba como asistente personal suya y que era esta alta funcionaria la que, a pesar de estar pagada con dinero público y ocupar un cargo público, se ocupaba del día a día de la cátedra extraordinaria y del máster de Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigía la imputada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Esas pruebas autoinculpatorias fueron aportadas el pasado lunes por el abogado de la esposa de Pedro Sánchez, el exministro socialista Antonio Camacho, dentro de una serie de mails para intentar desmontar una de las últimas imputaciones contra su cliente, la de apropiación indebida por haberse quedado para sí el famoso software creado en el seno de su cátedra, pero pagado con el dinero de empresas privadas.

Donald Trump golpea en la línea de flotación al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica justo cuando el acuerdo entre EEUU, Canadá y México celebra su treinta aniversario. El lunes por la tarde, a través de un mensaje en redes sociales, sorprendió al anunciar que los primeros aranceles que impondrá no irán solo dirigidos contra China, sino también contra sus vecinos y principales socios comerciales en el continente. “El 20 de enero, como una de mis muchas primeras órdenes ejecutivas, firmaré todos los documentos necesarios para cobrar a México y Canadá un arancel del 25% sobre todos los productos que entren a Estados Unidos, y sus ridículas fronteras abiertas”. Las reacciones no se han hecho esperar y prometen desatar una guerra comercial. Ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dejó clara su postura: “A cada arancel le seguirá otro como respuesta y así hasta dañar las empresas de ambos países”. La dirigente mostró su predisposición al diálogo para evitar que este escenario se materialice y abogó por respetar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Canadá también respondió, aunque su mensaje deja en evidencia las fisuras entre los tres socios comerciales. Si México esperaba contar con un aliado y presentar un frente común, estaba equivocado. Trump “no debería confundir la frontera mexicana con la canadiense”, en palabras del ministro de Industria, François-Philippe Champagne. El jefe del Gobierno de Ontario –una de las provincias que más tiene que perder con la amenaza arancelaria–, Doug Ford, fue más allá: “Compararnos con México es lo más insultante que nunca he escuchado por parte de nuestros amigos (estadounidenses)”. Se refiere al hecho de que Trump ha defendido la imposición de los aranceles justificando que México y Canadá no hacen lo suficiente para evitar el paso de drogas por las fronteras hacia EEUU.