20250723

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El sector del metal sigue sin levantar cabeza en Euskadi. En un contexto marcado por la incertidumbre internacional –con la ofensiva arancelaria de Donald Trump paralizando inversiones y avivando el temor a una avalancha de productos chinos–, la patronal vizcaína alertó ayer de sus dificultades para regresar a las cifras de hace dos años, cuando el sector todavía no se había visto arrastrado por la ralentización de Francia y Alemania. El Informe de Coyuntura Semestral elaborado por la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) revela que solo el 16% de las compañías ha tenido en el arranque del año una actividad mejor que la prevista, frente al 30% que lamenta no haber alcanzado sus expectativas. La mayoría, por lo tanto, se mantiene en una situación de estancamiento que, aunque por el momento no empeora de forma significativa, tampoco logra consolidar una recuperación sostenida. La presidenta de la FVEM, Begoña San Miguel, atribuyó ayer esta ralentización a una tormenta perfecta que amenaza más de 17.000 empleos en Bizkaia. Por un lado, está la inestabilidad provocada por los aranceles de Trump, que ya gravan en un 50% las exportaciones de acero y aluminio y en un 25% los automóviles y sus componentes. Aunque el 24% de las empresas asegura no verse afectada por estas medidas, un 30% considera que su impacto será leve, otro 22% lo califica como moderado y un 13% lo define como «grave» o «muy grave». La conclusión, por lo tanto, es que el regreso de este proteccionismo comercial tendrá un impacto perjudicial para el sector, aunque su alcance sigue siendo incierto. Ver nota FVEM aquí. 

Un año más, Euskadi sigue encabezando la estadística de los costes laborales, que en 2024 alcanzaron una media de 42.434 euros netos por trabajador. Así lo constatan los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al ejercicio anterior, y que a su vez indican que tan solo la Comunidad de Madrid se sitúa por encima del País Vasco en este apartado, con una cifra que llega a los 44.458 euros. Son cifras en las que, además del salario bruto, se añaden las cotizaciones a la Seguridad Social. Que Euskadi se sitúe año tras año en los puestos más altos del ranking por comunidades se explica por varios factores: el alto coste de la vida en Euskadi empuja los salarios al alza y además, el componente industrial de una economía como la vasca es significativo, especialmente en sectores como la siderurgia, la automoción y la maquinaria, que suelen ofrecer sueldos más altos que otras áreas. De hecho, el coste total bruto en Euskadi en este sector se situó en 53.493 euros –unos 2.000 euros más que en 2023–. Por contra, el coste en la construcción fue de 43.542 euros de media y finalmente, en el sector terciario este parámetro se situó en los 39.894 euros. Dentro del coste que supone cada trabajador para las empresas vascas, el salario es lo que más pesa, representando así el 72,1% del coste total, es decir, 30.839 euros. Por otra parte, las cotizaciones obligatorias supusieron, de media, 10.624, lo que representa un incremento de casi 300 euros más que en 2023. 

Veinticuatro de cada cien euros que gastan los empresarios en tener contratado un trabajador se destinan ya al pago de cotizaciones sociales a la Seguridad Social, el máximo de los últimos años tras la subida aprobada en el marco de la reforma de las pensiones. Esto supone ya 9.000 euros al año por empleado a cierre de 2024, según la Encuesta Anual de Coste Laboral publicada ayer por el INE. Al tiempo que las cotizaciones ganan peso en el coste laboral total –en 2022, antes de la reforma, suponían un 23,5% y ahora son el 24%–, el peso de los salarios ha ido bajando desde el 74% en 2022 al 73,4% en 2024. En ese balanceo influye no sólo la subida de cotizaciones, sino el tímido incremento de los sueldos. Lo que resta hasta el cien por cien se va en prestaciones sociales directas (0,83%), cotizaciones voluntarias (0,51%), indemnizaciones por despido (0,50%), gastos en formación personal (0,21%), gastos de carácter social (0,04%) y gastos en transporte (0,03%). En términos absolutos, tener contratado un trabajador cuesta en España 37.525 euros de media al año, un 3,9% más que en 2023, de los que 27.558 constituyen el salario y los 10.000 euros restantes otros costes laborales, siendo las cotizaciones sociales el elemento principal (9.000 euros). En el último año, la parte salarial ha crecido menos que el resto: un 3,8% frente a un 4,4%, debido al tirón de las cotizaciones. Coincide que el peso de este componente sobre el total se ha incrementado especialmente tras la entrada en vigor de la reforma de las pensiones del exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que reforzaba los ingresos del sistema con el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), en vigor desde 2023 y que fija una cotización extraordinaria para todos los trabajadores cuyo objetivo es rellenar la llamada ‘hucha de las pensiones’, y el destope parcial de las bases máximas de cotización, que también se traduce en más contribución para los salarios más altos.

El Gobierno decidió hace un par de semanas, después del debate monográfico del día 9 sobre el ‘caso Cerdán’, preparar un último pleno parlamentario antes del descanso estival casi de trámite, sin asuntos espinosos o iniciativas que ‘a priori’ le pusieran muy en el alambre como la reducción de la jornada laboral o la reforma de la carrera judicial. Pretendía visualizar que, pese a las dificultades, la mayoría de la investidura aún funciona. Pero Podemos, Junts y el BNG le aguaron ayer la fiesta con su rechazo a uno de los tres reales decretos que se sometían a convalidación, el de medidas de refuerzo del sistema eléctrico para prevenir apagones como el que dejó toda la Península Ibérica sin luz el pasado 28 de abril. Y el PP le dio presto la puntilla. Que la iniciativa saliera adelante, después de los durísimos discursos que los socios menos fieles del Ejecutivo habían desplegado desde la tribuna –y, en el caso de Podemos, ya desde el pasado sábado–, dependía del voto del primer partido de la oposición. Una abstención habría bastado para que los ‘síes’ superaran a los ‘noes’ (en los que hay que contar también el voto de Vox). Pero la tentación de evidenciar, una vez más, la debilidad parlamentaria en torno a Pedro Sánchez fue más fuerte para los de Alberto Núñez Feijóo que incluso las presiones de la industria energética, favorable a la norma. Fuentes del partido alegaron que presentarán su propia proposición de ley con buena parte del contenido incluido en el texto y que confían en su aprobación.

La industria electrointensiva, incluida la vasca, verá escapar una bonificación del 80% en los peajes eléctricos. Desde la patronal eólica (AEE) expresaron su «profunda preocupación» ante la no convalidación del real decreto. «No existe ninguna razón técnica para oponerse a su aprobación», afirmó ayer este colectivo, que defendió que el contenido era «claramente apolítico» por su carácter «estratégico». En la misma línea se pronunció el director general de UNEF, la principal asociación del sector solar fotovoltaico en España, José Donoso. «Se ponen en riesgo miles de millones de inversión y es por motivos políticos. Nadie en el debate hizo una crítica al fondo del texto. Hay que pensar en un plan B, aprovechar lo que se pueda de este texto y que lo apruebe el Gobierno». El texto era una hoja de ruta para evitar en el futuro otro ‘cero eléctrico’ como el que llevó a negro a la Península Ibérica el pasado 28 de abril. Pero el Ejecutivo no logró los apoyos necesarios. Al decaer, según datos de la consultora PwC, se pondrán en riesgo alrededor de 200.000 millones de euros. El sector va más allá y asegura en declaraciones a este periódico que además «se pone en duda la seguridad jurídica de España y su atractivo para el inversor». El decreto, que fue aprobado por el Gobierno en Consejo de Ministros hace un mes, planteaba un refuerzo del papel de las energías renovables no solo en el suministro, sino en su respaldo y ampliación. ¿Qué mejoras hubiera obtenido el sistema eléctrico de salir adelante? Podrían participar como parte de la red de respaldo, al igual que hasta ahora lo hacían las redes de generación energética convencional. Un papel por el que serían remuneradas y que es especialmente relevante para el control de episodios de sobretensión, la causa principal que generó el apagón del 28 de abril. El texto contemplaba, además, una flexibilización de la burocracia y de los plazos que permiten dinamizar los cambios y nuevos proyectos en el sector energético español. De este modo, se quería contribuir a una mejor planificación de las redes eléctricas a futuro y facilitar la tramitación y desarrollo de nuevas instalaciones de generación y de consumo, ayudando así a acelerar el desarrollo industrial y la electrificación de la economía española.

1- Más poder a la CNMC La CNMC tendría seis meses para evaluar las obligaciones de control de tensión de los agentes del sistema eléctrico obligados a prestar el servicio...2- ITV eléctricas cada tres años La CNMC completaría un plan de inspección extraordinario de instalaciones eléctricas de Iberdrola, Endesa y Naturgy y sus redes de distribución, que se repetiría cada tres años. 3- Red Eléctrica, juez y parte Se encargaría al operador del sistema que elabore en un plazo de entre seis y quince meses propuestas de modificaciones normativas sobre control de tensión y programación de centrales...4- La luz, como la portabilidad móvil Red Eléctrica incorporaría a sus funciones servir como punto de acceso único (’hub’ eléctrico) a los datos de los clientes finales...5‘- Big Bang’ anual de la ley Cada tres años se revisaría toda la planificación de la red de transporte en vigor...6- El que no se enchufe, se va. Para facilitar la conexión a las redes eléctricas de nuevas actividades económicas –industriales principalmente en lugar de centros de datos– se revisaría la normativa de puntos de conexión. Si no se usan en cinco años se pierden...7- Electrolineras, al máximo. Las facilidades de conexión para vehículos eléctricos quedarían exentas de autorización, solo deben tener evaluación de impacto ambiental. 8- Autoconsumo, más lejos. La distancia máxima entre generación y autoconsumo aumentaría a 5 kilómetros (ahora son dos), para instalaciones menores de 5 megavatios...9- Rebajas fiscales. Se favorecería la electrificación de la climatización en las comunidades de vecinos y se habilitaría a los ayuntamientos la aplicación de deducciones...10- Industria, bonificada. Exención del 80% de los peajes eléctricos a la industria electrointensiva con carácter retroactivo desde el pasado 23 de enero...11- Sin hitos ni agobios en renovables. Se flexibilizaría la tramitación de los proyectos de renovables...12- Almacenamiento, por fin. Se regula el almacenamiento...13- Agregadores, la novedad. Se regularía la figura del agregador independiente, que combinará múltiples consumos y la electricidad generada por consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento para su venta o compra en los mercados de electricidad.

La Audiencia Nacional ha dado luz verde a Iberdrola para conocer de primera mano las diligencias que se están practicando en la causa que investiga si el apagón masivo que tuvo lugar el pasado 28 de abril fue consecuencia de un sabotaje informático. Sin embargo, no podrá tener acceso a toda la documentación hasta que se levante el secreto de sumario que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acordó nada más iniciar las pesquisas. Por el momento, la Sala de lo Penal ha reconocido el derecho de la empresa a estar personado en el procedimiento, que se incoó un día después de corte del suministro eléctrico que sufrió toda la península Ibérica. La eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán solicitó, el pasado 6 de mayo, su personación como perjudicada en la causa, si bien el juez instructor decidió posponer la decisión sobre si procede o no dar acceso a la multinacional a la causa hasta después del alzado del secreto de las actuaciones. Esta medida, que permite únicamente al juez y al fiscal ir conociendo el avance de las pesquisas, fue acordada para impedir cualquier tipo de interferencia o manipulación de la investigación, “teniendo presente la posible existencia de información sensible que pudiera comprometer la seguridad de servicios esenciales”, indicó el instructor en el auto en el que aceptó la petición de la Fiscalía de poner en reserva los datos.

Red Eléctrica Española ha reforzado la seguridad del sistema dando más entrada en el plan de operación a las centrales convencionales para evitar incidencias. Una dinámica que en Euskadi se ha notado, según los datos de consumo de gas que publica el operador estatal, Enagás. Así, la actividad más intensa de las dos instalaciones vascas con una potencia similar de algo más de 750 MW, ha tenido su fiel reflejo en la demanda de este combustible, que se ha incrementado un 30% desde el 28 de abril en comparación con los meses de mayo y junio del pasado año. En estos 60 días se han quemado un total de 946 Gwh de gas en las instalaciones vascas, lo que equivale a la cantidad transportada en un buque gasero. Esta dinámica, según han venido señalando las empresas eléctricas, ha provocado un sobrecoste en el precio de la luz. Según las asociaciones del sector este impacto se ha movido entre los 5 y los 10 euros por MWh, lo que ha supuesto una media de encarecimiento de la factura mensual del cliente doméstico de cerca de 3 euros. El aumento del consumo de gas para la generación contrasta con las caídas en el uso de este combustible para uso convencional, la industria principalmente.

Nueva central. Starmer destinará 43.000 millones a una fuente “limpia y segura”. El Instituto Tony Blair para el Cambio Global publicó en abril un informe titulado La paradoja climática: por qué necesitamos reiniciar la acción contra el cambio climático. Envuelta en un planteamiento provocador, el texto anticipaba lo que más tarde sería una decisión concreta del actual Gobierno laborista de Keir Starmer: la necesidad de superar el debate histórico en torno a la energía nuclear y abrazar de nuevo esa industria. “La energía nuclear va a ser una parte esencial de la respuesta”, aventuraba Blair en su informe. “La confusión con las armas nucleares y el consiguiente miedo irracional generado, intensificado por campañas exageradas, ha llevado al mundo a cometer un error flagrante, al dar la espalda muchas naciones a esta fuente de energía desde la década de los ochenta. De haber abrazado esta energía, la trayectoria registrada de las emisiones globales habría variado significativamente”, concluía. Dos meses después de aquel texto, Downing Street anunciaba una inversión pública de 11.500 millones de libras esterlinas (unos 13.600 millones de euros) para el proyecto de la central nuclear Sizewell C, en la localidad de Suffolk. Haciendo gala del “pragmatismo sin escrúpulos” que el Gobierno de Starmer ha desplegado para intentar incentivar el crecimiento de una economía aletargada, la decisión dejaba atrás años de debate e incertidumbre respecto a la energía nuclear. “Porque es la decisión correcta para abaratar el coste de la vida y crear empleos, y la decisión correcta para obtener seguridad energética, hoy anuncio que este Gobierno laborista va a invertir en el mayor despliegue de energía nuclear realizado en una generación”, proclamaba aquel día entre aplausos la ministra de Economía, Rachel Reeves.

La beasaindarra Construcción y Auxiliares de Ferrocarriles (CAF) afronta una jornada decisiva en Bruselas. La Sociedad Nacional de Ferrocarriles Belgas (SNCB) tiene previsto pronunciarse hoy sobre el futuro del mayor contrato ferroviario en juego actualmente en Europa, el bautizado ya como ‘contrato del siglo’: la renovación masiva de su flota eléctrica, con un pedido base de 1.695 millones de euros que podría ampliarse hasta 600 trenes y alcanzar los 3.400 millones. La oferta de CAF fue seleccionada en febrero como la mejor valorada, tanto técnica como económicamente. No era la primera vez que la firma guipuzcoana entraba con fuerza en el mercado ferroviario belga, donde ya opera en ciudades como Bruselas y Lieja. Sin embargo, la adjudicación fue impugnada por Alstom y Siemens, que acudieron al Consejo de Estado belga reclamando una revisión por considerar que no se valoraron adecuadamente factores como el empleo local. El auditor del Consejo dio parcialmente la razón a los reclamantes, recomendando suspender el proceso, lo que hizo la SNCB, y obligándole a justificar mejor su decisión. Desde entonces, el caso se convirtió en una patata caliente en Bélgica. El fondo del conflicto supera lo técnico y roza lo político. Alstom cuenta con dos plantas en el país, Brujas y Charleroi, que emplean a más de 1.500 personas, y su exclusión del concurso encendió una oleada de críticas por parte de sindicatos y cargos públicos. La presión ha sido intensa, incluso aunque el pliego de condiciones no exigía ningún tipo de implantación industrial en el país. CAF ha respondido subrayando su respeto al marco legal europeo y recordando que fue seleccionada tras «un procedimiento transparente, basado en criterios objetivos», como defendió su consejero delegado, Javier Martínez Ojinaga, en medios como el diario económico belga L’Echo.

Un total de 80 empresas de Gipuzkoa, la mayoría pymes, se ha beneficiado de un proyecto de ciberinteligencia predictiva lanzado por ZIUR. El Centro de Ciberseguridad Industrial de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha ayudado a estas organizaciones a prevenir ataques, usando una herramienta que logra descubrir en foros clandestinos si los cibercriminales tienen información relevante de una empresa para poder atacarla. Esta herramienta llamada Kela permite a las pymes identificar tanto amenazas conocidas como desconocidas, lo que les da la posibilidad de adelantarse a los ciberdelincuentes y proteger sus activos críticos. Es decir, les ayuda a adoptar un enfoque proactivo en lugar de uno reactivo, algo «crucial en un entorno donde los métodos de ataque evolucionan constantemente», señala la directora general de ZIUR, María Penilla. El proyecto llevado a cabo por Ziur ha tenido una duración de doce meses, de mayo de 2024 a mayo de 2025, tiempo durante el cual se analizaron 1.622 dominios pertenecientes a esas pymes. Este estudio fue posible gracias a la tecnología KELA, que permite de manera automatizada buscar en foros, en grupos de discusión, en bases de datos, repositorios y en la ‘internet oscura’ si los ciberdelincuentes están «compartiendo, moviendo o intentando vender información sobre esos dominios», explica Penilla. «Sabemos que si en esos foros se mueve información asociada a un dominio es muy probable que la empresa sufra en seis meses un intento de intrusión o hackeo», apunta.

La tasa turística en Euskadi será finalmente un impuesto municipal y los ayuntamientos vascos tendrán plena autonomía para establecer las bonificaciones que consideren oportunas. Es decir, llegado el caso podrían incluso aplicar una exención del 100%. Esta decisión haría, en la práctica, que los viajeros no pagaran ni un solo euro por su estancia en esa localidad. Además, la puesta en marcha de este tributo requerirá de la aprobación de tres normas forales, una para cada una de los territorios históricos de Euskadi. Así lo dio a conocer ayer el consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno vasco, Javier Hurtado, durante la celebración de la Mesa de Turismo, un foro en el que estuvieron presentes representantes de las diputaciones, de los ayuntamientos de las capitales vascas y de Eudel, de las Cámaras de Comercio, de la universidad y escuelas de turismo, de empresas de alojamiento y de organización de eventos, agencias de viajes y guías turísticos, empresas de turismo activo, asociaciones de hostelería y asociaciones de personas consumidoras y sindicatos. Hurtado dio a conocer el momento en el que se encuentra el desarrollo de un impuesto a las estancias turísticas contemplado en el programa de Gobierno para esta legislatura. En este sentido, destacó que «es positivo que, al fin, ya no hablemos sobre si se debe establecer un impuesto a las estancias turísticas, sino de cómo establecerlo».

Revolución en la sanidad vasca. Alberto Martínez ha decidido realizar una renovación profunda en su departamento, equiparable a la que aplicó hace ahora un año, cuando cambió casi por completo la cúpula de la consejería que heredaba de Gotzone Sagardui. El actual titular de Salud ha nombrado de golpe cinco nuevos altos cargos. Entre ellos los de máxima responsabilidad en la organización tras el del propio consejero. ¿Y por qué lo hace ahora, tan solo doce meses después del inicio de la legislatura? La respuesta la dio ayer el propio Martínez: «Estas modificaciones son necesarias para afrontar la transformación que necesita el Servicio Vasco de Salud». El consejero aseguró que está decidido a «arriesgar» para reformar Osakidetza. Quiere modernizarla. Adaptarla a las necesidades de la sociedad vasca, cada vez más envejecida. Y no va a esperar más para afrontar estas modificaciones. «El momento es ahora», subrayó. El consejero busca que el servicio de salud preste a la población una atención de calidad, basada más en el valor, la importancia y la necesidad de los procesos y tratamientos que se llevan a cabo y no tanto en la cantidad de pruebas u operaciones que se realizan. Se trata de un cambio de cultura tanto para la población como para los propios profesionales. Entre los primeros existe una «demanda de atención creciente» que habrá que gestionar. En los segundos, sobre todo en las estructuras de las organizaciones sanitarias, Martínez ha detectado «resistencia al cambio». 

El sector automovilístico europeo se enfrenta a una profunda crisis causada por motivos diversos, aunque los dos principales son la lenta transformación hacia la movilidad eléctrica y la fuerte competencia procedente de China, que está afectando tanto a los volúmenes de producción como a los márgenes de los principales fabricantes europeos de automóviles. La caída de la demanda de vehículos interna y en los mercados de exportación de los coches made in Europe ha provocado una alarmante situación de sobrecapacidad industrial en Europa. Desde la pandemia del Covid, es decir, en apenas cinco años, en la región se han dejado de fabricar más de tres millones de vehículos al año, lo que supone el equivalente a la actividad de alrededor de ocho plantas. En este entorno, las factorías españolas están afrontando la competencia china, la transformación al coche eléctrico, la incertidumbre tecnológica y los cambios en el comportamiento de los conductores de forma dispar. Muchas de ellas se están preparando para la nueva era en la que fabricarán coches eléctricos –algunas de ellas ya producen este tipo de modelos desde hace años–, mientras que otras como la de Ford o las de Renault tendrán que esperar todavía para recibir sus primeros eléctricos. Los grupos automovilísticos Stellantis y Volkswagen son los que tienen un mayor peso sobre la producción nacional de turismos, furgonetas y vehículos industriales, ya que representan casi tres cuartas partes de la producción total en España.

Tres de los cinco bancos entre los 25 mayores de Europa que más han elevado sus ingresos en el arranque del año son españoles. CaixaBank, Sabadell y BBVA han incrementado su facturación muy por encima de la media y han conseguido compensar con creces el viento en contra del impacto que han tenido las bajadas de los tipos en el margen de intereses. Solo hay dos entidades que han logrado seguir el ritmo de la banca española. Ambas son británicas y no es casualidad. En Reino Unido la gestión del riesgo se hace de forma diferente, con coberturas que difieren los beneficios de las subidas de los tipos de interés durante más años y que han permitido que el sector siga mejorando su margen de intereses. CaixaBank, Sabadell y BBVA están en lo alto a pesar de que esta partida ha empeorado en todos ellos. Pero los tres lo han suplido con creces con mayores ingresos por comisiones y negocios fuera de balance. Eso hace que la subida del 14,7% del margen bruto de CaixaBank en el primer trimestre de este año sea la segunda mayor de Europa, solo por detrás del 16,8% de NatWest, según los datos de S&P Global Market Intelligence. Barclays logra la tercera posición, con el 13,7% de mejora, mientras que Sabadell (+13,6%) y BBVA (+13,5%) le pisan los talones y se quedan con el cuarto y el quinto puesto, respectivamente.

La guerra arancelaria pone en guardia al sector bancario español. Más allá de su propia exposición al ciclo económico, algunas entidades han comenzado a vigilar el crédito concedido a empresas que ahora ven peligrar la evolución de sus negocios por el impacto de las nuevas tasas. Así lo refleja la última encuesta de préstamos bancarios publicada ayer por el Banco de España. De momento, los bancos se muestran confiados y, aquellos que han contestado, estiman que ese impacto sería más bien residual. Pero el supervisor apunta a que «algunos habrían empezado a realizar un seguimiento algo mayor a los sectores y empresas que pudieran verse más afectados por estos temas». No es para menos. Casi el 30% de las empresas españolas declaran verse afectadas negativamente por el caos arancelario. Y aunque este efecto negativo operaría principalmente a través de canales indirectos –derivados del aumento de la incertidumbre o la menor actividad económica global– hay algunos sectores a los que los bancos están expuestos y sobre los que conviene hacer, al menos, cierto seguimiento. Otra encuesta reciente del supervisor apunta a que los fabricantes de productos minerales no metálicos, los de productos informáticos y electrónicos, los de alimentación y bebidas, o de maquinaria y vehículos de motor, están entre los que se consideran más afectados de forma directa por las tasas.

Conforme pasan los días y se acerca el 1 de agosto –el plazo que dio el presidente de EE UU, Donald Trump, para las negociaciones comerciales–, en la UE crece el hartazgo con las formas de negociar de Washington. Las últimas noticias que reciben los Estados miembros de esas conversaciones no apuntan precisamente hacia el acuerdo. “Hay un consenso creciente entre los Estados miembros de que la situación no es satisfactoria”, definen fuentes diplomáticas europeas, que creen que hay que acelerar más la preparación del escenario del posible fracaso. Algo similar señalan desde otras delegaciones e instituciones. Esto se traduce en la necesidad de tener listos los aranceles adicionales que ya están en la recámara, gravámenes a productos de Estados Unidos por unos 92.000 millones de euros, y pasar a ultimar réplicas adicionales, como gravar el comercio de servicios, lo que conllevaría la activación del mecanismo anticoerción. La última oferta de Estados Unidos fijaría unos aranceles horizontales y generales entre el 15% y el 20% para todas las importaciones procedentes de la UE, apuntan fuentes al tanto de los últimos pasos de las conversaciones. En este escenario, habría excepciones para varias medicinas genéricas e instrumental y dispositivos médicos, el sector aeronáutico, algunas bebidas espirituosas (sin estar incluido el vino, lo que minoraría mucho su efecto) y productos industriales difíciles de encontrar al otro lado del Atlántico. En cambio, las investigaciones sectoriales que la Administración estadounidense tiene abiertas apuntan a sectores como el farmacéutico –al que Trump ha amenazado con imponerle aranceles del 200%– o el de los semiconductores.

Los líderes de las instituciones europeas miran hacia Asia. Se trata de una gira que ha cobrado especial importancia por la tensión en las relaciones con un socio histórico como EEUU y que se esperaba con impaciencia desde hace meses. Sin embargo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, afrontan con pesimismo estas citas. Los mandatarios europeos visitan hoy Japón, donde se encontrarán con el primer ministro, Shigeru Ishiba. El país nipón es, sin duda, el mayor aliado asiático de la Unión Europea y era la gran baza para salir de esta gira con un acuerdo tangible que, aunque todavía sigue sobre la mesa, llega en un momento de tensión. El Partido Liberal Democrático (PLD), que ha gobernado casi ininterrumpidamente desde 1955, y su socio Komeito, perdieron el domingo su mayoría en la cámara alta del Parlamento y, aunque Ishiba ha señalado que se mantendrá en el cargo, la debilidad es evidente. El batacazo electoral, además, se produce por el ascenso de grupos nacionalistas con ideas similares a Trump, precisamente antónimas al mensaje con el que los representantes de la UE llegan a Japón. Durante la visita, el bloque comunitario y Japón discutirán cómo reforzar sus alianzas en Seguridad y Defensa y Economía y Competitividad al tiempo que harán una defensa del apoyo al multilateralismo y al orden internacional basado en normas que tanto se ha resentido en lo que va de año.

La brecha entre los desequilibrios comerciales de las grandes economías se agrandó en 2024, lo que supone un cambio de rumbo respecto a la contracción observada desde la crisis financiera mundial. Así lo revela el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Informe del sector externo 2025 (ESR, por sus siglas en inglés) publicado ayer. La institución con sede en Washington receta “un ajuste concertado” de las políticas macroeconómicas internas. Pero, en un mensaje para el presidente estadounidense, Donald Trump, avisa de que un aumento de los aranceles tiene muy poco impacto para corregir los déficits por cuenta corriente, como le sucede a Estados Unidos. El Fondo aconseja un plan de consolidación fiscal a este tipo de economías, que les permita reducir el endeudamiento. El informe del Fondo evidencia que el desequilibrio entre las 30 economías analizadas, que representan alrededor del 90% del producto global, se amplió ligeramente en 0,6 puntos porcentuales del PIB mundial hasta diciembre del año pasado. Sin embargo, el organismo internacional advierte de que “una mayor escalada de las tensiones comerciales –en una alusión directa a los muros arancelarios anunciados y erigidos por Trump–, tendría importantes efectos macroeconómicos negativos, con una efidría cacia limitada para corregir los desequilibrios globales”.

Los recortes impuestos por Donald Trump están llevando al límite a la NASA. Casi 300 trabajadores y extrabajadores de la agencia han firmado una carta en la que advierten de las “terribles consecuencias” del tijeretazo presupuestario, que “compromete la seguridad humana”. La misiva que pone de manifiesto la rebelión ha sido secundada por más de 20 premios Nobel. “Nosotros discrepamos”. Es la frase que repiten, una y otra vez, casi 300 trabajadores y extrabajadores de la NASA en una carta abierta dirigida a Sean Duffy, el secretario de Transportes de EE UU, a quien recientemente Donald Trump ha nombrado jefe interino de la agencia espacial tras rechazar a Jared Isaacman (hombre de confianza de Elon Musk). Los firmantes del manifiesto advierten a Duffy de las consecuencias de los duros recortes al presupuesto de ciencia de la agencia —que la Casa Blanca pretende reducir a la mitad— porque eso supone una amenaza que “compromete la seguridad humana, desperdicia recursos públicos, debilita la seguridad nacional y socava la misión central de la NASA”. Además de advertir de esas “terribles consecuencias para la agencia y para el país” de los recortes que pretende hacer el presidente de EE UU, los califica de “arbitrarios” y critica que se intente llevarlos a cabo “en contra del mandato del Congreso”, que es quien decide los presupuestos de la NASA. En un momento en el que las críticas a Trump tienen fulminantes consecuencias, los empleados recuerdan un reglamento de la agencia espacial que les permite expresar a su jefe una discrepancia formal cuando creen que una decisión contraviene el interés de la institución. También se intentan proteger recalcando que el estatuto de la NASA fomenta que haya esa diversidad de opiniones, sin miedo a despidos y represalias. No obstante, 156 de los firmantes del manifiesto lo han hecho de forma anónima.