20240415

Las ausencias en los puestos de trabajo siguen creciendo y la guerra para reducir las tasas actuales de absentismo no son cosa sólo del sector privado. La Diputación alavesa y el Ayuntamiento de Vitoria también trabajan para que cifras como el 10,4% de faltas que registra la plantilla del Consistorio decaiga. Junto a Michelin y Mercedes, estas cuatro empresas dan trabajo directo a más de 12.000 alaveses y en los cuatros casos presentan tasas de absentismo que doblan la creciente media del 5% que registra el territorio, según los últimos datos de la Seguridad Social. La plantilla municipal es la que peor registro experimenta, con un 10,4%, pero las ausencias de doble dígito también se dan en Michelin Vitoria. Portavoces de la planta de la Avenida del Cantábrico las cifran en «aproximadamente un 10%» y advierten de que «ha ido incrementándose en los últimos años». «Con respecto al resto de fábricas de Michelin en España es muy superior», subrayan. En Mercedes, la advertencia sobre esta cuestión la lanzó el propio director general de la fábrica vitoriana. En unas jornadas celebradas hace unos días en Bilbao, Bernd Krottmayer fue tajante con el absentismo «es algo que tenemos que resolver», sentenció. Para hacer frente a este problema, las instituciones y empresas están optando por distintos enfoques. El más contundente es el de Mercedes. Sus cerca de 5.000 empleados cobran todos los años una paga de resultados. En ella son varios los elementos con los que se pondera el rendimiento de la fábrica alavesa y el del conjunto de la división de furgonetas a nivel mundial. Y entre los factores para medir la ‘eficacia’ de Vitoria –que luego se computa junto al de toda la multinacional–, el absentismo cuenta un 35%. Según los datos aportados por la propia dirección a la plantilla, la tasa actual se sitúa en el 7,79%. En el último año se ha conseguido reducir algo, pero aún se está muy lejos del mínimo aceptable para Mercedes: un 5,3%. El convenio firmado hace dos años con los sindicatos fija ese objetivo como cifra máxima. En Michelin, los portavoces de la empresa señalan que el fenómeno les «preocupa» y que se están «dedicando recursos para analizarlo en detalle».

Preguntados por el absentismo, portavoces de SEA Empresas Alavesas apuntan a este fenómeno como la «principal preocupación» entre las firmas del territorio, empatada con la falta de mano de obra. Las bajas médicas y su incidencia en Álava, advierten desde la patronal, afectan de forma «notable» en «la productividad y la competitividad de nuestras empresas». El territorio padece una tasa de ausencias más alta que la media nacional –fijada en un 4,1% en 2022 según el Banco de España– y portavoces de la organización empresarial apuntan a tres grandes factores: «la salud, el uso eficiente de los recursos públicos y la productividad de las empresas». «En los dos primeros puntos el sistema sanitario es el que debe pronunciarse. Algo tienen que decir desde Osakidetza cuando todos los ciudadanos asistimos a listas desbordadas que, evidentemente, dilatan la recuperación de los trabajadores de baja», refieren desde la entidad que preside Pascal Gómez. Para paliar este problema, desde la patronal alavesa se apuesta por «la complementariedad de los recursos sanitarios públicos y privados, de forma que la obtención de una prueba médica no suponga una prolongada demora». Aun así, sus portavoces reconocen que esa no es la única solución y argumentan la necesidad de implantar en las empresas programas de bienestar y salud, algo que ya promueve SEA a través de su programa ‘Empresa Saludable’. Esa iniciativa de la patronal promueve hábitos como el ejercicio regular, una alimentación variada o una mejor gestión del estrés, claves para «reducir la aparición de enfermedades y lesiones que puedan derivar en el absentismo». Por último, los empresarios alaveses también subrayan la influencia de algunos convenios en los que se permite «la misma remuneración económica estando de baja que trabajando», algo que «no motiva la reincorporación del trabajador a sus quehaceres laborales».

Cincuenta años asesorando en la compra de empresas, diseñando operaciones de financiación con banca, fondos y emisiones de deuda, así como prestando servicios de gestión. Es un bagaje que da una perspectiva más que cualificada para analizar la economía en Euskadi. Ese es el recorrido que acumula Norgestión, una firma que nació en Gipuzkoa y que se ha convertido en referente en el País Vasco con oficinas también en Madrid, Barcelona, Pamplona y 90 trabajadores. José Antonio Barrena acaba de llegar a la presidencia de la firma y ve esperanzado un 2024 que cree que será bueno para la banca de inversión con bastantes compras de empresas. Destaca además que el encarecimiento de los tipos de interés ha disparado la refinanciación de la deuda empresarial y alerta sobre las repercusiones del absentismo y la conflictividad laboral en Euskadi, ya que pueden alejar a los inversores. "El riesgo es que tenemos los salarios más elevados, las jornadas más cortas, el mayor absentismo y la mayor cantidad de huelgas de España. Cualquier consultor estratégico nos diría que eso no es sostenible. Es algo que puede provocar que el foco de la inversión se mueva de Euskadi a otras zonas. Los inversores hoy son globales. Para mí ese es el principal problema, junto al demográfico, y que no está sucediendo en otras zonas de España...No se puede olvidar el papel de Europa para igualar las reglas fiscales. Pero sí da la sensación de que a veces no somos lo dinámicos que pudiéramos ser en esta materia. Tiene todo el sentido que pudiéramos ayudar fiscalmente a quién invierte en personas, en medios, en comprar una compañía...El Gobierno ha mostrado su intención de fomentar esas inversiones. Es necesario y loable. Y las fundaciones propietarias de Kutxabank me consta que están buscando la fórmula para acompañar a los planes de crecimiento empresarial. Pero me parece importante recordar que lo público no debe liderar las inversiones, sino coinvertir, acompañar y ayudar a la acción privada". 

No corren los mejores tiempos para la industria vasca. El estancamiento lo confirmó la semana pasada el Eustat, que informó de la caída, en tasa interanual, de la actividad del sector en un 1% durante el pasado mes de febrero. Además, en relación al mes anterior, la producción descendió un 0,3%. El sector atraviesa los mismos problemas que en el resto de Europa, con un fuerte aumentos de costes e inversiones en ‘stand by’ por la incertidumbre. Pero, al mismo tiempo, trata de capear el temporal sin medidas drásticas a la espera de que vuelvan a soplar vientos más adecuados. “Desde hace un año estamos experimentando un crecimiento bastante plano. Era lo que esperábamos”, explica Pablo Martín, responsable de Economía de la patronal vasca, Confebask. El descenso del 1% en febrero en el denominado Índice de Producción Industrial hace que, en el acumulado de los dos primeros meses del año, el retroceso total sea de un 0,4%. Para Pablo Martín, de Confebask, la industria vasca está acusando la “debilidad” de Europa, su principal destino exportador. “Alemania está en recesión y Francia apenas crece unas décimas. Si el cliente al que vendes está mal, a ti no te va a ir muy bien”, indica. En efecto, el parón de la economía en Alemania se está prolongando más de lo esperado mientras los precios allí no ceden en su presión, lo que dificulta el objetivo de que el BCE acometa la esperada bajada de tipos de interés. Un movimiento, este último, que aliviaría la carga financiera de muchas empresas vascas. Así que parece obligado confiar en que se pueda producir un cambio de rumbo en la economía europea, sobre todo en la alemana, para que el sector industrial vasco recobre fuerza. De todas formas, “la industria en Euskadi sigue siendo competitiva y se está sabiendo mantener, pese a que estamos en un horizonte con muchas incertidumbres”, indica el responsable de Economía de Confebask.

Los grandes fabricantes mundiales de automóviles lograron mejorar sus cifras de rentabilidad durante 2023 después de los resultados históricos obtenidos en 2022 con motivo de la alteración del mercado provocada por la crisis de suministro de microchips, que ocasionó una caída generalizada de la producción de coches, con la consiguiente escasez de oferta que motivó que los precios de los automóviles y las ganancias de las marcas se dispararan. En teoría, 2023 fue un año de normalización de la cadena de suministro, tras la crisis de los chips y los desajustes logísticos por la guerra de Ucrania en 2022, por lo que se presumía que los precios de los coches se contuvieran y, por tanto, bajaran los márgenes de los fabricantes. Sin embargo, en términos generales los fabricantes mundiales mejoraron su rentabilidad frente a 2022, aunque algunos como Tesla, General Motors o Mercedes-Benz la redujeron de forma significativa. En este entorno de normalización, la enseña alemana Mercedes-Benz fue la compañía más rentable de entre los grandes grupos mundiales, arrebatando la primera plaza a Tesla y todo ello pese a que su rentabilidad se resintió el año pasado. La empresa de la estrella cerró 2023 con un margen operativo del 12,8%, subiendo de la segunda plaza de 2022 a la primera, incluso pese a perder ocho décimas de rentabilidad. Stellantis fue el segundo fabricante que obtuvo un mayor margen anual el año pasado, con un 12,1% (11,7% en 2022), lo que también le sirvió para subir un puesto en el podio, superando a BMW, que fue tercera, con un margen operativo del 11,9%, es decir, 2,1 puntos más que el ejercicio previo, según recoge el último análisis realizado por EY.

Artículo de Xabier Iturbe, presidente de Euskaltel: "...José Antonio Ardanza era un hombre de empresa, pero de empresa con mayúsculas, en el más amplio y genérico sentido de la palabra. Así, se enfrentaba a cualquier reto u objetivo con tenacidad y voluntad inquebrantables por muy difícil que fuera. Y no fue un reto menor tomar las riendas de Euskaltel, en 1999, cuando la compañía era tan solo una promesa. El lehendakari del consenso fue un presidente que dejó una gran impronta en los años en los que estuvo al frente de Euskaltel. Y es que Ardanza reunía todas las capacidades necesarias en un líder empresarial: en los años que compartí con él, fui testigo de su predisposición para asumir responsabilidades; su capacidad para motivar a las personas; su tolerancia ante los errores o su capacidad de escucha y de reflexión colectiva. En aquella época, la compañía naranja había nacido con la ilusión de hacerse un hueco en el mundo global de las telecomunicaciones. Pero existían enormes dificultades para el despliegue de la red y el sueño naranja corría el peligro de convertirse en una quimera. Sin embargo, Ardanza consiguió en sus doce años como presidente de Euskaltel que el proyecto pasara de la promesa a la consolidación...Al brillante talante empresarial de José Antonio hay que sumarle su también brillante capacidad de gestión y consecución de consenso; una habilidad que supo manejar con maestría y prudencia. Me atrevo a decir que, en los años en los que estuvo al mando de la compañía naranja, todas las decisiones del consejo de administración, con tantas sensibilidades diferentes, lograron tomarse por unanimidad. El consejo de Euskaltel se caracterizaba en esta época por la cercanía, y es que Ardanza lo convirtió en un ‘consejo familiar’, tal y como coincidían en llamarlo varios de los consejeros y consejeras del momento...Por todo ello, desde mi recuerdo como compañero, le dedico estas líneas como homenaje al lehendakari Ardanza, un gran hombre de empresa". 

“Mensaje de confianza” a los ciudadanos dice una y otra vez la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migración, Elma Saiz, (Pamplona, 1975). No quiere transmitir ni una duda de que controla con firmeza el Ministerio que tiene, de largo, el mayor presupuesto del Gobierno y la repercusión social más importante. "Los ingresos están aumentando un 10% por la cotización adicional del mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) y estamos rellenando la hucha de las pensiones [Fondo de Reserva] esquilmada por los gobiernos del PP. Terminaremos la legislatura con 25.000 millones de euros. Estamos mejorando las previsiones en ingresos. Por lo tanto, con total prudencia, pero también con contundencia, quiero lanzar ese mensaje de confianza sobre las pensiones...Yo quiero resaltar la reforma de las pensiones de la legislatura pasada, que seguía las recomendaciones del pacto de Toledo [con una fuerte subida de las cotizaciones sociales]. Dicho esto, el mercado laboral está mejorando sustancialmente, pero sigue siendo un objetivo luchar contra el desempleo. Vamos a trabajar sobre las reformas hechas, y con cuestiones tan importantes como las cotizaciones por ingresos reales de autónomos, como la cuota de solidaridad [de los salarios más altos] que entrará en vigor a partir de enero de 2025, y el propio mecanismo de equidad intergeneracional que va ir incrementándose [hasta un 1,2% en 2029], y esos son nuestros objetivos de trabajo...Si lo que pretende el presidente Garamendi es que los trabajadores conozcamos lo que es el coste salarial, el coste en las nóminas del IRPF, del fondo de garantía salarial, de la formación, los trabajadores de este país ya conocemos ese coste. Y la cuota empresarial y la cuota obrera. Y me parece muy importante que lo conozcan, porque, al final, ese es nuestro sistema público de pensiones. Y que ha permitido también financiar los ERTE y el cese de actividad [el desempleo] de los autónomos durante la pandemia del Covid-19. También, la educación... En fin, si la intención de Garamendi es reflejar cómo se financia nuestro sistema del bienestar pues ya lo sabemos..."

La furibunda reacción del Gobierno por boca de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, por plantear que los asalariados y no las empresas abonen al Estado todos los conceptos que gravan sus nóminas revela el temor a que se genere un mayor malestar social por las elevadas cargas que soportan los salarios en España. Las subidas encadenadas de las bases de cotización y del salario mínimo, además de la no deflactación del IRPF a pesar de la histórica subida de la inflación, han llevado a máximos la cuña fiscal del empleo. De hecho, a diferencia de lo que sucede en algunos países de la zona euro, el 80% de las contribuciones recae sobre los empleadores y el resto en los asalariados. Para los trabajadores con mayor nivel de ingresos la extracción máxima supone hasta el 59,5% de su salario bruto si se suman todos los conceptos, siendo la cuarta más elevada entre las economías de la OCDE. Pero también para el asalario medio en España es muy superior frente a la que recae sobre los trabajadores de otros países europeos con mayor poder adquisitivo: del 39,5%, cinco puntos por encima del promedio en las economías más avanzadas. Este diferencial se ha ensanchado debido al aumento de las cotizaciones decretado por el actual Ejecutivo desde 2018. Las mayores cargas sociales reducen el margen de las empresas para subir los salarios. Un Estado democrático desarrollado debería tender a un régimen tributario simplificado y transparente que permita una relación más directa con los contribuyentes, pero el Gobierno de PSOE y Sumar está empeñado en caminar en el sentido contrario.

La inteligencia artificial (IA) y los centros de procesamientos de datos (CPD, o data centers) que la hacen posible, se están topando con un cuello de botella: el consumo de electricidad que necesitan para funcionar. Es tan gigantesco que trastoca todo el mercado eléctrico mundial. Gigantes tecnológicos como Amazon, Google, Microsoft y Meta (Facebook, Instagram y WhatsApp), están arrasando con la mayor parte de los contratos de suministro de luz a largo plazo (PPA) que salen al mercado (ver información adjunta). Irlanda, que ha ido a la cabeza en Europa en data centers, ha empezado a restringir su desarrollo, ante el desbordamiento del consumo de luz en estas instalaciones, que ya se comen casi el 20% de toda la electricidad del país. Son solo algunos ejemplos de una revolución que ha pillado a todos por sorpresa y que desborda cualquier estimación. Aunque desde hace años se sabe que los CPDs son devoradores de energía, el consumo está creciendo exponencialmente por la presión de la IA. Si a ello se suman las denominadas granjas, o minería, de criptomonedas –grandes instalaciones para procesar datos de esas monedas digitales–, se genera un cóctel molotov para el sector energético. Según la Agencia Internacional de la Energía (IEA, por sus siglas en inglés), el consumo mundial de electricidad para atender a los centros de datos y sus negocios paralelos (IA, criptomonedas y las redes de telecomunicaciones anexas), se ha duplicado en siete años, hasta sumar casi 900 teravatios hora (TWh) al año. Es tres veces lo que consume España. Esta revolución llega en un momento crucial para el sector. 

Las energéticas, que hace algo más de un año surfeaban una escalada histórica que descontroló la factura de la luz de todo el continente, lidian ahora con precios próximos a cero (y puntualmente negativos) en el mercado mayorista o pool. Dentro de Europa, España es la punta de lanza de esta tendencia que, según el consenso de los analistas, es el fruto de una flota renovable «sobredimensionada» para una demanda que no despega. El refrán meteorológico no es azaroso. La causa del desplome es la suma de un consumo adormilado, la entrada masiva de renovables en el mix y las fuertes lluvias que han convertido 2024 en el primer año con una producción hidroeléctrica superior a la media histórica nacional desde 2020. «Hay sobreoferta de energía y no hay solución a corto plazo. Una de dos: o se frena la oferta o se activa la demanda. La instalación de renovables no va a parar porque es necesaria para los objetivos europeos, así que sólo queda impulsar el consumo y eso no es sencillo», explica Juan Antonio Martínez, analista de mercados energéticos de Grupo ASE. En línea con el experto, un reciente informe de Goldman Sachs prevé que la oferta eléctrica nacional casi triplicará la demanda hasta junio: «En el segundo trimestre, España contará con 95 gigavatios (GW) de capacidad must run (eólica, solar, hidráulica y nuclear), frente a una demanda máxima de unos 35 GW». Y proyecta que, para 2026, el riesgo de bajada de precios podría alargarse hasta el tercer trimestre por la entrada de renovables.

El Ente Vasco de la Energía (EVE) dará un nuevo empujón al autoconsumo con instalaciones solares y eólicas en Euskadi. El Boletín Oficial del País Vasco recoge las nuevas ayudas para producir electricidad de kilómetro cero a particulares y comunidades residenciales, en vigor desde hoy, con un importe de 8,5 millones de euros. A éstas se le añadirán otros 2,5 millones enfocados a los sistemas domésticos que emplean la geotermia, la aerotermia, la biomasa y la solar térmica. El objetivo será «aumentar la eficiencia del consumo de energía en Euskadi y, por consiguiente, repercutir en un sistema energético más competitivo, sostenible y seguro», detallaron en el EVE. En la actualidad el País Vasco suma 4.352 instalaciones de este tipo para cubrir las necesidades energéticas de las viviendas. Las instalaciones deberán contar con un sistema de monitorización de la energía producida, que deberá ser consumida al menos en un 80% por los propietarios o asociados a la misma. Será posible la producción de más de 25 kW, pero no podrá recibirse ayuda por la potencia que los supere.

Envision fabricará celdas de baterías para coches eléctricos en Cáceres y se ha asegurado 300 millones de euros de ayudas europeas para construir la planta. Zhenshi Holding Group ha adquirido la fábrica de Airbus en Cádiz para producir componentes de molinos de viento. Y en Barcelona esperan la llegada de Chery para hacer olvidar la mayor deslocalización en años en España, la marcha de Nissan de la Zona Franca. Mientras en Bruselas la Comisión Europea planea cómo proteger a la industria europea de las importaciones desde China, la industria manufacturera de aquel país avanza para instalarse en España y en el resto de Europa. “Hay indicios para pensar que hay una tendencia de fondo. Y tiene sentido, no sabemos cuántas empresas chinas van a llegar, pero se van a posicionar donde les dejemos”, explica Mario Esteban, investigador principal del Real Instituto Elcano, acerca de la llegada de nuevos jugadores asiáticos, posiblemente subidos a una nueva oleada de entrada en Europa. Llevan lustros picando piedra, primero con la participación de infraestructuras estratégicas para el comercio global: Cosco, China Merchants y Hutchison controlan en torno a un 10% del capital de los puertos europeos. Hace una década dejaron un récord histórico de inversiones en adquisiciones empresariales. De hecho, el año pasado tan solo se cerraron 119 compras de compañías europeas por parte de firmas chinas, la cifra más baja desde 2012, según el conteo de EY. Fueron 309 en 2016. Pero aquel momento era distinto. Los inversores chinos buscaban la adquisición de tecnología que no habían logrado desarrollar en su país.

El intercambio de ataques entre Irán e Israel, que dio una vuelta de tuerca este fin de semana con una lluvia de misiles y drones sobre Israel, casi todos ellos interceptados por el país hebreo, amenaza una zona por la que discurre hasta el 15% del comercio marítimo global y que concentra uno de cada tres barriles de petróleo consumidos en el mundo...“Los precios del petróleo se pueden disparar en la apertura [de la jornada bursátil de hoy], dado que es la primera vez que Irán ataca a Israel desde su territorio”, explica Giovanni Staunovo, analista de UBS Group AG. “La duración del rebote dependerá de la respuesta israelí”, añade, si bien Jerusalén ha dicho que esta no será inminente. En concreto, la cotización, que ya incluye una prima de riesgo geopolítica de unos diez dólares, se puede elevar entre otros 2 y 5 dólares adicionales esta jornada, de acuerdo con Iman Nasseri, director gerente para Oriente Próximo por el temor a nuevas represalias. Además, en este contexto es muy difícil que Arabia Saudí incremente el bombeo para equilibrar sus precios. Por un lado, porque ello implicaría un apoyo tácito a Israel y a Occidente, con un enorme coste político interno. Por otro, porque supondría romper una alianza con Rusia que ha costado muchos años cimentar. Y Riad tiene claro que la única forma de influir en un mercado al que le surgen alternativas cada vez más eficientes es incorporar nuevos socios al cártel. A esto hay que sumar la posibilidad de que la entrada de Irán en la guerra intensifique y enquiste los problemas en torno al canal de Suez, una zona por la que habitualmente discurre entre el 12% y el 15% del comercio mundial.

Oriente Medio se asoma a un escenario desconocido después de la decisión de Irán de acabar con décadas de una estrategia de contención y guerra indirecta contra Israel. Dos semanas después de un bombardeo hebreo contra el consulado de Teherán en Damasco, en el que fueron asesinados siete altos cargos de la Guardia Revolucionaria, la república islámica lanzó un ataque combinado de drones y misiles contra territorio del Estado judío con apoyo de sus grupos afines, Siria, Líbano, Yemen e Irak. «Buscamos crear una nueva ecuación. A partir de ahora ya saben que si atacan nuestros intereses en cualquier parte del mundo, nos vengaremos», dijo Hossein Salami, comandante del cuerpo de élite del ejército persa, para explicar el giro en la política de defensa. El bombardeo dejó doce heridos y daños leves en una base aérea en el desierto del Neguev, pero los iraníes y sus correligionarios lo celebraron como una gran victoria porque suponía el primer ataque directo. En este juego macabro de ofensivas y respuestas en una tierra donde impera el ojo por ojo, la pelota está ahora en el tejado de Benjamín Netanyahu, a quien le corresponde decidir cuándo y cómo será la represalia por los trescientos drones y misiles que le envió su gran enemigo. Casi la totalidad de las aeronaves y proyectiles fueron interceptados antes de entrar en el espacio aéreo del Estado judío. El escudo antimisiles ‘Cúpula de Hierro’ resultó efectivo, pero una de las grandes lecturas de la noche de zozobra fue comprobar que Israel no está solo. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, como único país árabe, formaron parte muy activa del blindaje. Benny Gantz, exministro de Defensa y miembro del gabinete de guerra, lanzó la idea de crear una «coalición regional» antiiraní y adelantó que la intención de su país es dar una respuesta al régimen islámico «en el momento adecuado» para que pague «el precio exacto». Gantz insistió en la necesidad de consolidar «un frente global unido» porque considera a Teherán una amenaza para todo el mundo. Un frente en el que los israelíes aspiran a contar con países como Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Llegó el momento con el que soñaban muchos votantes del Partido Demócrata: ver a Donald Trump sentado en el banquillo de los acusados en un caso penal. Nunca antes un expresidente había sido enjuiciado criminalmente. El magnate vuelve a hacer historia con su irreverencia a lo establecido y se prepara para medir su popularidad política durante las próximas seis u ocho semanas. El juez de origen colombiano Juan Merchán dará hoy el pistoletazo de salida en la corte estatal del Bajo Manhattan con la selección del jurado. Se trata de encontrar ente el millón y medio de estadounidenses adultos que viven en la isla de los rascacielos a doce hombres o mujeres justos que puedan ser imparciales a la hora de juzgar a alguien que no deja indiferente a nadie. Desde antes de que jurase el cargo en 2017, a Trump le precedía su fama de hombre de negocios sucio y despiadado que había aprendido el oficio inmobiliario entre ruletas de casinos y campos de golf. Son esas prácticas, amplificadas por la luz de los focos, las que le han llevado a los tribunales múltiples veces en los últimos dos años. Primero, con la demanda civil por abuso sexual y difamación que interpuso la periodista de ‘Vanity Fair’ Jean Caroll. Luego, para enfrentarse a las acusaciones de fraude fiscal por inflar y devaluar a su antojo sus propiedades para obtener préstamos ventajosos y pólizas baratas. En todos esos casos se buscaban reparaciones por daños y perjuicios, pero el juicio que comienza hoy es mucho más serio, porque no se puede resolver con dinero. A los 77 años Trump se encuentra ante la posibilidad de acabar en la cárcel, aunque nadie cree que ocurra, ya que no tiene antecedentes penales ni se trata de un crimen violento. Lo que sí está claro es que el proceso abre una fase particular y totalmente inédita en la historia política del país.

Unos 700 investigadores se instalaron hace dos años en España gracias al programa para atraer y recuperar talento María Zambrano, capitaneado por el extinto Ministerio de Universidades y sufragado con fondos europeos. Ahora esos mismos científicos están en una deriva laboral, sin poder consolidar sus plazas y pensando en hacer, de nuevo, las maletas. Unos 700 investigadores se instalaron hace dos años en España bajo el paraguas del programa de ayudas para la atracción de talento internacional María Zambrano, lanzado en enero de 2021 por el extinto Ministerio de Universidades y sufragado con fondos europeos. El sueldo en bruto era bueno (4.000 euros al mes) y se ofrecía además una pequeña ayuda para acomodarse (3.500 euros). La oferta estaba enfocada para jóvenes extranjeros y españoles con trayectorias brillantes y para científicos nacionales talentosos de más edad que estuvieran trabajando fuera y quisieran regresar. Aunque en el anuncio no había un compromiso por escrito de estabilización tras el final del contrato (de uno, dos o tres años), ellos no esperaban que el Estado trajese a españoles de vuelta para luego expulsarles otra vez. Su historia, sin embargo, se torció desde el principio y su porvenir laboral está ahora en el aire. Estos investigadores se sienten “ninguneados”. Tienen la sensación de haber pinchado en hueso con las universidades —“lo que han hecho es vampirizar los fondos europeos, se han gastado cero euros en nosotros”, resumen—. Han decidido hacer pública su situación con la complicidad de Sumar en la Comisión de Ciencia. Aspiran también a reunirse con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que no ha hecho declaraciones a este diario. Tampoco se ha pronunciado la conferencia de rectores (CRUE). Hoy, la ministra Diana Morant se reúne con los rectores en el seno del Consejo de Universidades para hablar de financiación.