20241220

Durante el pasado mes de julio, la patronal vasca denunció la pérdida de atractivo de Euskadi y pidió modificar el modelo fiscal actual. La intervención de la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, fue firme en defensa de una fiscalidad que favorezcan la competitividad empresarial y regional. Para entrar en la materia fiscal, el director general de Confebask, Eduardo Aréchaga, resumió el espíritu de la propuesta: “Hemos crecido por debajo de la zona Euro, Francia, Alemania, Madrid, Cataluña y Navarra”, una situación que ligó a la fiscalidad al aseverar que “se hubiera crecido más con una fiscalidad mejor” y, por tanto, también “se hubiera recaudado más”. La presidenta de Confebask dejó patente el descontento empresarial con la fiscalidad vigente al remarcar en su intervención que “ha llegado el momento de contribuir desde la fiscalidad y con las competencias que nos da el Concierto Económico al crecimiento económico del Euskadi”. Yagüe enmarcó la situación actual: “Tenemos que ser conscientes de que, desde la crisis financiera de 2008, el crecimiento de la economía vasca ha estado por debajo de la zona Euro y del resto de comunidades autónomas más prósperas. Por eso creemos que ha llegado el momento de volver a poner el Concierto Económico al servicio de la competitividad y del crecimiento del País”.

Acercando el talento a la empresa. Impulsado por Adegi, New Culturers Gunea reunió a 1.000 personas del mundo educativo y de la empresa en el New Culturers Gunea En Fabrika, casi 100 representantes de 24 empresas han compartido la nueva cultura de empresa que practican, con cerca de 1000 alumnos/as que están estudiando los últimos cursos de Formación Profesional o la Universidad y con más de medio centenar de profesores/as. Por otra parte,  más de 1000 alumnos /as de ESO han visitado 50 empresas durante la 6ª edición de Industria Eguna. Ver más en Adegi. 

 

Los últimos días de cada año están destinados a reuniones, celebraciones y reconocimientos de todo tipo y ayer fue SEA Empresas Alavesas la encargada de reunir a los grandes referentes empresariales de la provincia en el Palacio de Congresos Europa para hacer la tradicional entrega de los Premios Azurmendi. Estos galardones reconocieron en esta ocasión el desempeño de los empresarios Enrique Rico, fundador de de Deusto Seidor, y Fabián Tobalina, del restaurante Andere; de las empresas American Air Filter Vitoria (el premio lo recogió Diego González) e IMQ (Luis Fernández de Larrea subió al escenario a recibir el reconocimiento); así como la trayectoria profesional de José Luis Fernández, de la empresa de ingeniería IDOM, donde ha desarrollado una carrera de 40 años y puso en marcha en 1989 la sede de Vitoria. A la cita de entrega de los Premios Azurmendi de 2024 acudieron muchos de los principales representantes del panorama empresarial alavés, que fueron recibidos por el presidente de SEA Empresas Alavesas, Juan Antonio Sánchez Corchero, secundado por el resto de componentes de la directiva y la junta rectora. Ver nota SEA Empresas Alavesas. 

La actividad de Petronor, la principal compañía exportadora de Euskadi junto a Mercedes, ha ayudado a cambiar la tónica de las ventas vascas al exterior. Tras 14 meses con crecimientos planos y caídas –especialmente en el primer trimestre del año–, el mes de octubre ha registrado un incremento de las exportaciones del 11%, con un total de 3.122 millones de euros. Un dato que es, además, el mejor de los registrados por el Instituto Vasco de Estadística desde agosto de 2023. La reacción no arregla un acumulado que sigue evidenciando las dificultades que afronta la industria vasca. La situación de los principales compradores, Alemania y Francia, con crecimientos negativos, ha reducido las exportaciones acumuladas en 2024 un 3,3% respecto al mismo periodo del año pasado con un total de 26.205 millones. La recuperación en octubre, además de en la venta de los derivados del petróleo –ha aumentado un 54,4% con 226 millones–, se ha apoyado en el sector del metal. Las exportaciones de hierro y acero crecieron un 19% con 297 millones. Los metales no ferrosos lo hicieron un 80% –138 millones– y la maquinaria también aportó su grano de arena con crecimientos del 24,6% en equipos industriales (246 millones) y del 47% en el caso de los equipos y generadores de fuerza (131 millones). La otra cara de la moneda sigue en la automoción. La crisis de la demanda no activa la compra de coches y las dudas sobre el vehículo eléctrico y la entrada de China en el escenario europeo hacen que el sector siga sufriendo. Una situación que repercute en un ámbito industrial clave para la economía vasca. La fábrica de Mercedes en Vitoria cerrará este año con una producción de 125.000 unidades, la misma que el año del confinamiento. Así que la exportación de turismos de menos de 10 personas cayó un 4% en octubre con 318 millones, pero acumula un retroceso en el año superior al 15%. Lo mismo ocurre con otra industria auxiliar de la automoción, la de fabricación de neumáticos. Las plantas de Michelin en Álava y de Bridgestone en Bizkaia son sus mayores exponentes y firmaron en octubre un descenso del 24% en las ventas internacionales con 92 millones.

Una jornada parlamentaria de infarto para el Gobierno de Sánchez, que salvó por los pelos la ‘ley Bolaños’ sobre la mejora de la eficiencia judicial y la reforma fiscal, que entre otras cosas aumenta los gravámenes a las multinacionales. Pero esta última norma incluía también la prórroga del impuesto especial a las energéticas, pactado de víspera con los socios a la izquierda del Ejecutivo, y que fue rechazada tras sumarse el PNV y Junts a la enmienda presentada por los populares, lo que confirma su acercamiento en cuestiones tributarias. Junts no llegó a apoyar todas las enmiendas que el PP había introducido en el paquete fiscal a su paso por la Cámara alta, como en algún momento especularon los populares, pero sí, junto al PNV, avalaron una que tiene una sustancial carga simbólica: la derogación del gravamen extraordinario a las energéticas. La aprobación de la derogación por 183 votos a favor, diez por encima de la mayoría absoluta, evidencia, una vez más, que la mayoría de la investidura es difícil de preservar en determinadas materias con carga ideológica y que hay margen para una alternativa muy amplia de centro derecha aunque sea solo para cuestiones muy concretas. Un instrumento que el PP tratará de explotar. La continuidad de ese gravamen ya fue el principal caballo de batalla de los socios del Gobierno situados a la izquierda y estuvo a punto de hacer naufragar la reforma fiscal el mes pasado. La ley, clave para recibir unos 7.000 millones de la quinta entrega de fondos europeos, salió finalmente del Congreso sin impuesto a las energéticas por la oposición frontal de peneuvistas y posconvergentes, pero antes de claudicar, EH Bildu y ERC exigieron al Ejecutivo aprobar un real decreto ley que prorrogara el gravamen vigente antes de que acabara el año.

La medida, aprobada hace un mes en el Congreso a instancias del PNV, queda en suspenso al menos un año tras un pacto del Ejecutivo con Podemos. El Gobierno de Pedro Sánchez, obligado a hacer equilibrios entre todos sus socios en una mayoría que se antoja cada vez más inestable, tenía que optar ayer por satisfacer a Podemos o al PNV. Contentar a los dos era imposible, y el Ejecutivo eligió a los morados. Lo que hizo fue aplazar la entrada en vigor de la reforma para agilizar las desokupaciones, una medida que el Congreso aprobó hace un mes a instancias de los jeltzales. Ahora la iniciativa queda en el alero en un claro desaire para la formación jeltzale, que en los últimos días había entrado en guerra abierta con Podemos sobre esta cuestión. El origen de toda la tormenta está en una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para agilizar los procesos de desalojos en casos de okupación. Para lograrlo, el PNV introdujo una enmienda en el proyecto de Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, uno de los proyectos estrella de Félix Bolaños, que escenifica a la perfección las dificultades que está teniendo el Gobierno para satisfacer a sus socios a la izquierda y a la derecha. La iniciativa salió adelante en el Congreso el 14 de noviembre gracias a una insólita mayoría formada por el PP, Junts, PNV, EH Bildu y ERC, aunque solo unas horas después la coalición soberanista aseguraba que se había tratado de un error que intentaría subsanar. 

La decisión de Junts y PNV de aliarse con el PP para derogar el impuesto a las empresas energéticas “no es ninguna sorpresa, y el Gobierno va a seguir intentando” aprobarlo, sostuvo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, de hecho, confirmó que el Consejo de Ministros del lunes aprobará la prórroga por decreto del gravamen a sabiendas de que decaerá un mes después, por falta de apoyos, cuando se someta a la convalidación del Congreso de los Diputados, admitió. Entre las modificaciones que el Ejecutivo ha planteado promover sobre este gravamen para tratar de captar el apoyo de Junts y PNV están la introducción de fuertes bonificaciones a la inversión de las compañías en electrificación y descarbonización, y la cesión plena de la gestión de la nueva figura a los territorios forales, lo que requerirá que la convalidación del decreto de paso a su tramitación como proyecto de ley. Después de todo, la oposición de los grupos nacionalistas se fundamenta en buena medida en el riesgo de que empresas como Repsol opten por deslocalizar sus inversiones en territorio español si siguen sujetas al gravamen. Con todo, desde el Ministerio de Hacienda asumen ya que, de momento, no se dan las circunstancias para mantener vivo un tributo que el último año le ha reportado unos 1.200 millones de euros en ingresos, y su foco está puesto ahora en sustituir esta vía de recaudación por la equiparación fiscal del diésel a la gasolina. Un alza de unos 10 céntimos por litro que estuvo a punto de prosperar dentro de la reforma fiscal pero a la que Podemos se acabó oponiendo “por error”, según Montero. La vicepresidenta aseveró ayer que tienen pendiente negociar con los morados para tratar de garantizar su respaldo a esta medida por separado, que el Gobierno aspira a aprobar también el próximo lunes en el último Consejo de Ministros del año. La medida podría reportar a las arcas públicas los 1.500 millones de recaudación anual que la Comisión Europea ha exigido a España en el marco de su plan de reequilibrio de las cuentas públicas.

El choque en el seno del Gobierno entre el bloque socialista y el de Sumar se recrudece en esta recta final de negociación de la medida estrella de Yolanda Díaz: la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Los últimos días antes de la firma del acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos se han convertido en una carrera de obstáculos para la ministra y su idea de llevar a cabo la reforma sin el consenso de la patronal. Sin embargo, la también vicepresidenta segunda se mantiene firme y desafía al PSOE sellando hoy mismo el pacto con UGT y CC OO para la reducción de la jornada laboral en 2025. Sin más dilación, aunque, eso sí, corre el riesgo de eternizarse en el Congreso e incluso de ser rechazada, puesto que no tiene los votos amarrados y cuenta con la férrea oposición de los empresarios. Es más, podría retrasarse su aprobación en el propio Consejo de Ministros, que en ningún caso lo abordará será antes de dos meses y medio. Díaz ha hecho caso omiso de las declaraciones de su compañero en el Ejecutivo, el ministro de Economía Carlos Cuerpo, quien ayer mismo volvió a mostrarse partidario de aprobar «una propuesta equilibrada», que se aplique de forma «suave y sin afectar a los salarios o a la productividad», y que lleve aparejadas medidas para «acompañar» a los pequeños negocios en esta transición de las 40 a las 37,5 horas semanales. De nada ha servido la posición del ala socialista de que no son tan importantes los plazos como que llegue al Congreso con la seguridad de que será aprobada. El presidente Pedro Sánchez no quiere volver a jugarse el rédito político que tiene con otra votación en la Cámara baja ‘in extremis’ que le aboque a una derrota parlamentaria como la protagonizada ayer mismo, con el veto de las Cortes a la prolongación del impuesto energético. Pero Díaz rechaza dar un paso atrás y el texto que rubricará hoy con los sindicatos recogerá que la jornada laboral máxima en España quedará establecida en 37,5 horas semanales al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tampoco incluye ningún tipo de bonificación o ayudas para compensar de alguna manera los costes que generará a las empresas, tal y como se puso encima de la mesa para tratar de atraer a la patronal.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, impone su criterio al de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La jornada laboral de 37,5 horas no se implantará de manera generalizada en 2025, tal y como pretendía la ministra de Trabajo, sino que las empresas tendrán todo un año para adaptar sus convenios al nuevo marco y no estarán obligadas a aplicarlo, como pronto, hasta el 1 de enero de 2026. Así lo ha firmado la propia Díaz con los sindicatos CCOO y UGT en el acuerdo que rubricarán hoy mismo en el Ministerio de Trabajo. Según El Mundo, finalmente el texto incluye una disposición transitoria que amplía el margen para que las compañías puedan adaptar sus convenios hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que en la práctica implica que tendrán todo el año para incorporar la jornada de 37,5 horas, pudiendo hacerlo incluso de manera progresiva hasta el año siguiente. Esto, en el mejor de los escenarios en el que el Consejo de Ministros diera luz verde al acuerdo sin modificaciones en el mes de enero y la tramitación parlamentaria fructificase antes del verano. En el flanco sindical admiten que, ante la complejidad para sacar adelante la norma en el Congreso, los plazos podrían alargarse, lo que «obligaría a ampliar el periodo transitorio», reconocen fuentes involucradas en las negociaciones del diálogo social que concluyeron ayer por la tarde y que dan paso ahora al debate político. Antes de que la norma aterrice en el Congreso, Yolanda Díaz tendrá que enfrentarse a la validación del Consejo de Ministros. Previamente, incluso, se someterá al examen de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, el órgano que coordina toda la política económica del Ejecutivo, presidido por Cuerpo y con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, como vicepresidenta.

Entrevista con Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo. El caballo de batalla de Hereu en este año en el cargo ha sido la renovación de una anticuada ley de industria, que, tras la reciente aprobación en Consejo de Ministros del proyecto de la Ley de Industria y Autonomía Estratégica, ya se acerca a su resolución. El objetivo de la norma, explica Jordi Hereu es reindustrializar España, sobre unos pilares de competitividad, autonomía estratégica, descarbonización y digitalización. “España tiene la oportunidad de ser el gran hub de inversión industrial en Europa”, afirma el titular de la cartera de Industria y Turismo, que resalta que el objetivo del Gobierno es hacer de España un destino atractivo para la inversión de las empresas, para lo que apuesta por un marco de colaboración público-privada, en el que tiene que haber un apoyo público, pero recayendo el grueso de la inversión sobre las empresas. Hereu subraya las bondades de España para desplegar grandes proyectos industriales: coste energético, acceso a energía renovable, disponibilidad de terreno, mano de obra cualificada y competitiva y buen clima laboral. Además, alaba la competitividad de algunos sectores nacionales como el de automoción, el químico o el metalúrgico. Las perspectivas de futuro de la industria española son positivas, tanto por la actualización de una ley sectorial que databa de hace más de 30 años y en la que no se recogían términos como descarbonización o digitalización como por el trabajo que se ha hecho para reforzar la competitividad industrial, sobre todo a través de los Perte. “En un contexto de bajada de tipos de interés, en el que algunos motores europeos empiecen a despertar, debemos enlazar la fuerza que tiene España con la de Europa. Creo que Alemania y Francia despertarán, aunque sea porque han tocado suelo”, asegura Hereu, que añade que desde todos los ministerios se están tomando medidas de apoyo a la industria como el Corredor Mediterráneo (Transportes), el refuerzo a la formación profesional (Educación), la inversión en innovación (Ciencia) o la política energética (Transición Ecológica). En opinión del responsable de la cartera de Industria y Turismo, la industria está en la mente de todos los ministerios, lo que hace que “gane enteros” en la agenda política y pública.

Continuación de la entrevista con Jordi Hereu. No habrá una extensión del Plan Moves, de incentivo a la compra de vehículos eléctricos, antes de final de año. En la entrevista con este diario, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, asegura que desde el Ejecutivo se está negociando con el sector para desplegar un nuevo paquete de incentivos a la adquisición de eléctricos, pero confirma que no dará tiempo a tenerlo antes del 31 de diciembre, cuando finaliza el Moves. Hereu resalta que el Gobierno ahora mismo está centrado en que tenga éxito el Plan Reinicia Auto+, lanzado para ayudar a las personas que perdieron su vehículo por la dana, que tiene como gran novedad que haya ayudas directas en el momento de la compra. Esto ha ocasionado que no haya dado tiempo a tener un plan que reemplace al Moves antes de fin de año. “Quiero ser muy claro, en estos momentos no estamos en ninguna concreción”, indica Hereu, que apunta que hay que trabajar en ello y que existe un “buen diálogo”, pero a corto plazo no hay nada aún, por lo que no considera “realista” afirmar que habrá pronto un nuevo Plan Moves. Estas palabras se producen después de que el presidente de la patronal de los fabricantes de coches Anfac, Josep María Recasens, afirmara que el Gobierno se había comprometido a extender el actual Plan Moves antes de final de año y a lanzar un programa nuevo de ayudas al eléctrico, con incentivos directos a lo largo del año que viene, recogiendo los frutos y los conceptos aprendidos con el plan de apoyo a la compra de vehículos por la dana.

El sector turístico se prepara para cerrar un año récord en visitas e ingresos, pulverizando la marca registrada en 2023, cuando llegaron a España 85 millones de visitantes internacionales. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, lo tiene muy claro. "Sin ninguna duda. Hace un año me estrené anunciando el resultado de 2023, que ya estaba por encima del que había sido en los últimos años el referente: el dato del año prepandemia. Al cabo de un año, todo es aún provisional, pero con datos de noviembre y expectativas de diciembre todo apunta a que, sin duda, será el mejor año de nuestra historia a nivel turístico...Claramente, superaremos los 90 millones, (estaremos) más cerca de los 95 millones que de los 90, pero un dato mucho más importante es que aumentamos más el gasto en destino. Hay previsiones de unos 125.000 millones de gasto en destino en España, que es una inyección de prosperidad muy grande. Significa que en 2024 habrá aumentado más el valor añadido que el número de visitantes, pero ambos crecen de manera muy importante: el gasto más del 15%, mientras que el número de visitantes aumenta un 10%. Nos gusta más el modelo que aumenta más el gasto que el número de visitantes. Esto es expresión de un éxito de país, porque refleja el atractivo de España, más otro sumatorio que es la enorme competitividad de nuestro sector empresarial turístico. Ahora, lo que tenemos que tener como gran estrategia es hacerlo sostenible en el tiempo, social, ambiental y económicamente. Y esto significa desconcentrar destinos; diversificar productos, compartiendo productos de alto valor añadido que elaboramos, y desestacionalizar, ganar en regularidad a lo largo del año. Y después, digitalizar la experiencia turística..."

La vivienda avanza de forma exponencial hasta convertirse en uno de los principales problemas de los vascos, según los datos del Deustobarómetro. El sondeo publicado a finales de junio indicaba que el 20% de los consultados situaba este concepto entre una de sus tres primeras inquietudes, una cifra que ahora se dobla hasta el 41%. Solo la situación de la sanidad sigue por delante (42%), aunque en este caso se percibe un cierto destensionamiento, porque antes de verano el dato se iba al 48%, en un constante ascenso que parecía no tener fin. La fotografía sobre la vivienda que ofrece la encuesta indica que un alto porcentaje considera que alquilar es «tirar el dinero» (70%), cuatro de cada diez vascos creen que solo una minoría tiene acceso a una vivienda digna, se apoyan de forma abrumadora las políticas para impulsar el parque público y para contener los precios y un 88% apuesta por modificar la legislación para impedir las okupaciones. La subida de los precios, la falta de oferta, ya sea para adquirirla en propiedad o para alquilar, y las dificultades para lograr una hipoteca han convertido todo lo relacionado con la vivienda en uno de las principales problemas. No sólo en Euskadi, sino en el conjunto de España. Los datos que expone la muestra indican de forma gráfica cómo ha sido la escalada. Ver Deustobarómetro 

El Parlamento Vasco aprobó ayer instar al Gobierno Vasco a que ponga en marcha esta legislatura dos líneas de avales dirigidos a apoyar a jóvenes en la compra de una vivienda, así como a ayudar a jóvenes y personas vulnerables a cubrir las fianzas de los contratos de arrendamiento de viviendas de alquiler. Lo que el pleno de la Cámara vasca sacó adelante fue una enmienda de los dos socios de gobierno, PNV y PSE, a una proposición original del PP que decayó. El único apoyo que recibió la enmienda de los dos socios de gobierno fue el de Vox. Jeltzales y socialistas señalaron que la enmienda aprobada tampoco era necesaria porque en el programa de gobierno que firmaron PNV y PSE ya hay «dos compromisos» sobre los avales para la adquisición de vivienda por parte de jóvenes y avales que ayuden a pagar la fianza del alquiler. En el texto de PNV y PSE aprobado, el Parlamento insta al Gobierno Vasco a que «instrumente dos líneas de avales» compatibles con las ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) u otras de similares características. Por un lado, pide una línea dirigida a personas jóvenes, para que puedan completar la financiación del préstamo hipotecario que hayan solicitado o vayan a solicitar en el caso de adquisición de una vivienda; y otra línea dirigida a jóvenes y personas vulnerables, para que contribuyan a cubrir las fianzas de los contratos de arrendamiento de vivienda que hayan suscrito o vayan a suscribir.

Con las Cuentas guipuzcoanas ya encarriladas, la Diputación deberá abordar una nueva negociación en los próximos meses. Y volverán a necesitar el apoyo de al menos un grupo de la oposición para aprobar la reforma fiscal que PNV y PSE han presentado en Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. El Gobierno de Mendoza aprobará la semana que viene el proyecto de norma foral y, según fuentes del Ejecutivo, «las conversaciones se intensificarán con los grupos para llegar a un acuerdo y seguir prestando buenos servicios públicos». Habrá que ver si el acuerdo presupuestario con los populares propicia también un pacto fiscal entre los mismos partidos, aunque el portavoz del PP en las Juntas, Mikel Lezama, cree que «la fiscalidad tiene un poso más ideológico». Y cree que, como ocurrió con las Cuentas, «también habrá vetos entre los partidos, y creo que serán más fuertes».

Instituciones, trabajadores y la dirección de Astilleros Balenciaga se reunieron ayer para analizar la situación de la empresa, en concurso de acreedores, y acordaron un diagnóstico que «pasa por encontrar un inversor que se apoye en una nueva gestión y sea capaz de impulsar y mejorar la actividad» de la centenaria empresa de Zumaia, con 71 trabajadores. En definitiva, apuestan por abrir «un nuevo rumbo» en la empresa. Las administraciones involucradas (Gobiernos central y vasco, Diputación de Gipuzkoa y Ayuntamiento de Zumaia) y el comité de empresa «reafirmamos que estamos alineadas y comprometidas en buscar una solución global y eficiente a la situación de Astilleros Balenciaga, para lo que continuaremos trabajando con discreción. Esto pasa por encontrar un inversor que se apoye en una nueva gestión y sea capaz de impulsar y mejorar la actividad», señala el Ejecutivo autonómico en un breve comunicado en euskera y castellano. Fuentes del Gobierno Vasco agregaron tras la reunión que todas las administraciones involucradas y el comité de empresa reafirman que están «alineadas y comprometidas» en buscar una «solución global y eficiente» a la situación de Astilleros Balenciaga. La mesa interinstitucional sobre Astilleros Balenciaga reclamada por los trabajadores se reunió para abordar el concurso de acreedores de la histórica empresa de Zumaia. 

El mayor centro penitenciario de Euskadi, ubicado en Álava y conocido como Zaballa, ha cerrado sus puertas al exterior ante la avalancha de bajas entre su plantilla. Desde comienzos de mes, 73 funcionarios han motivado su ausencia por diversas cuestiones a su puesto laboral de un total de 197 empleos. El 37% de su plantilla. La consecuencia directa es que desde hace unos días se han suspendido las comunicaciones de sus 900 presos (los vis a vis o las reuniones con sus abogados por ejemplo) y tampoco pueden recibir cartas ni paquetes de sus entornos. Ante esta situación, el Juzgado de Violencia Penitenciaria –ubicado en Bilbao– remitió ayer un auto de cuatro páginas al Departamento de Justicia del Gobierno vasco en el que le pide «medidas urgentes» para paliar esta situación y devolver «los servicios básicos que afecten a los derechos básicos de la población reclusa». Entre ellas, incluso reclama movimientos de carácter disciplinario, como así hará la Consejería, según explicó en una nota. A modo de réplica, el sindicato UGT, mayoritario en esta plaza alavesa, denunció «la masificación y la falta de personal» para contextualizar esta oleada de bajas. De manera paralela, este departamento del Gobierno Vasco –dirigido por la socialista María Jesús San José– activó la contratación urgente de 32 interinos. También facilitará un número indeterminado de tablets a los presos de Zaballa, construida a quince kilómetros de Vitoria, para «tener comunicaciones telemáticas»

 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de propinar un varapalo a una parte de la normativa fiscal de la Hacienda foral de Bizkaia –extensivo a las haciendas forales vascas, la navarra y a la Agencia Tributaria del Estado–, así como a sus prácticas en varios supuestos. Hasta ahora todas habían actuado igual. En algunas circunstancias, concluye la corte comunitaria, las interpretaciones legales suponían en la práctica una «restricción a la libre circulación de capitales» dentro de la UE. El procedimiento se inició por una reclamación de Credit Suisse Securities contra la Hacienda de Bizkaia. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) antes de emitir sentencia decidió hacer una consulta –elevar al Tribunal de la UE una cuestión perjudicial– para interpretar hasta qué punto la legislación europea y las prácticas del fisco vizcaíno entran en contradicción. Y ha decidido que lo hacen. El fallo, anticipan varios expertos, provocará un cambio obligado en los impuestos a no residentes. El caso se remonta a 2017, con Credit Suisse Securities operando con sede en Reino Unido –entonces aún miembro de la UE– y obteniendo 2,7 millones de euros de dividendos de una sociedad mercantil con sede en Bizkaia, a la que no se identifica en las resoluciones judiciales. La Hacienda vasca, siguiendo su operativa tradicional, retuvo el 10% sobre esos dividendos –una opción que forma parte del convenio sobre doble imposición entre España y Reino Unido– y se negó a devolverlo cuando la gestora de fondos de inversión lo reclamó. Credit Suisse argumentó que ese año había tenido pérdidas, por lo que no tenía que abonar el Impuesto de Sociedades en Reino Unido, aunque en esas circunstancias tampoco podía descontarse el importe pagado a cuenta en Bizkaia por los dividendos obtenidos.

Kutxabank decidió ayer entregar un nuevo dividendo a sus propietarios, las fundaciones bancarias BBK, Kutxa y Vital, con cargo a los beneficios de este año. El acuerdo fue adoptado en junta de accionistas y sigue la tónica de los últimos años de entregas periódicas del beneficio que genera el banco a sus accionistas. Con la decisión de ayer son ya 238 millones de euros el dinero abonado por Kutxabank a sus tres socios este año con cargo a los resultados del ejercicio. La primera entrega se realizó en julio y ascendió a 132 millones. Así las cosas, en lo que va de 2024 y a cuenta de la liquidación final en el reparto de los beneficios del año, la fundación vizcaína BBK ya ha recibido algo más de 135 millones de euros; la guipuzcoana Kutxa, 32 millones y la alavesa Vital 26 millones. En la junta de accionistas que se celebrará en 2025 para aprobar las cuentas de este año se decidirá el dividendo complementario. Con cargo a los beneficios de 2023 se distribuyeron 306 millones. Kutxabank reiteró ayer su compromiso de entregar a las tres fundaciones propietarias del banco el 60% del beneficio neto que sea capaz de generar cada año. Con ese dinero las fundaciones desarrollan su obra social, al tiempo que tienen un margen –más o menos amplio, según los casos–, para realizar inversiones. 

Las familias deberán poner a disposición de las empleadas de hogar –más de 27.000 en Euskadi– un sistema para registrar su jornada. Así lo establece una sentencia trascendental de la Justicia europea en respuesta a una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). El fallo considera contraria a las directivas europeas la normativa española que exime a los empleadores domésticos de la obligación de tener un control horario cuando la regulación de 2019 así lo establece para todas las empresas. Fuentes del Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, aseguraron ayer que en el nuevo sistema que se va a implantar junto a la ley de reducción de jornada –todavía pendiente de aprobación– se garantizará este derecho «a todos los trabajadores». Pero la normativa actual hace una excepción con las empleadas de hogar y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo desaprueba. En la sentencia publicada ayer dictamina que los empleadores domésticos deben también establecer un sistema que permita computar la jornada laboral diaria. Advierte que de lo contrario «los empleados se ven privados de la posibilidad de determinar de manera objetiva y fiable el número de horas de trabajo realizado y su distribución en el tiempo» en el caso de que tengan que reclamar sus derechos al ser despedidos. Su pronunciamiento es la respuesta a una cuestión prejudicial planteada por la Sala de lo Social del TSJPV, presidida por Garbiñe Biurrun. 

El Ministerio para la Transición Ecológica lanzó el miércoles a consulta pública la esperada orden por la que se crea un mecanismo o mercado de capacidad, por el cual las instalaciones eléctricas recibirán una retribución a cambio de estar disponibles cuando el sistema eléctrico atraviese situaciones críticas, como ocurrió la semana pasada por las bajas temperaturas y la casi ausencia de renovables. Según el texto, tendrán derecho a optar a este servicio los generadores de electricidad (incluso las plantas en proyecto), el almacenamiento, los consumidores, las comercializadoras y la nueva figura del agregador, a través de tres tipos de subastas: principales, transitorias y de ajuste. Sin embargo, para sorpresa del sector, el ministerio ha excluido de la medida, de una manera subrepticia, a la energía nuclear. La sorpresa ha sido doble teniendo en cuenta que lo que se va a subastar es potencia firme (la que garantiza que la instalación estará disponible en momentos de estrés del sistema), y la nuclear es la energía más firme, tras los ciclos combinados de gas, con casi un 100% de las horas disponibles, salvo los periodos de recarga del combustible. Fuentes empresariales entienden que se haya dejado fuera a las plantas de carbón, ya que la UE, para autorizar este mecanismo, que lleva implícita una ayuda de Estado, exige que se respeten los objetivos de descarbonización. Las pocas térmicas de este tipo que quedan en España no podrán acudir a las subastas de capacidad ya que la orden veta expresamente a las que emitan más de 550 gramos de CO2 por kWh. En el caso de la nuclear, la orden la expulsa de una manera indirecta (no se la cita), porque además de la disponibilidad se impone un coeficiente de flexibilidad que este tipo de plantas no tiene.

El cuello de botella de la red eléctrica nacional está empezando a dejar a su paso un reguero de proyectos industriales que están siendo paralizados por la saturación de una infraestructura que, principalmente debido al aluvión de peticiones de conexión de los centros de datos, vive una congestión sin precedentes. En esta situación se encuentra Laboratorios Normon, el fabricante español de genéricos que suministra el 20% de los medicamentos administrados al conjunto de los hospitales de España, que ha dejado en vía muerta un proyecto de 400 millones de euros para ampliar la capacidad de producción de su planta en la localidad madrileña de Tres Cantos, al habérsele denegado el acceso al suministro eléctrico que exigiría dicho crecimiento. Fue hace tres años cuando la compañía solicitó entre cinco y seis megavatios (MW) para alimentar la ampliación de la planta madrileña, un proyecto que el grupo de capital 100% español impulsó en el marco del creciente interés público por garantizar la autonomía nacional en el abastecimiento de bienes estratégicos, entre ellos, los productos sanitarios. Desde un primer momento, la respuesta que recibieron fue que en Tres Cantos no había «ni un megavatio disponible». Esta saturación eléctrica es absolutamente inédita. 

Los expertos de la comisión asesora para el análisis del salario mínimo interprofesional (SMI) se volvieron a reunir ayer y calcularon que esta renta debería incrementarse en 2025 entre un 3% y un 4%, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes conocedoras de esta deliberación. Con este aumento, estos técnicos estiman que no solo se garantiza el poder adquisitivo del SMI sino que también mantendría su equivalencia con el 60% del salario medio en España, tal y como exige la Carta Social Europea que quiere cumplir el Gobierno. De acuerdo con esta horquilla aproximada, el salario mínimo, que actualmente es de 1.134 euros al mes en 14 pagas, se situaría el próximo año entre los 1.168 y 1.179 euros mensuales en 14 nóminas. Una vez que estos expertos redacten formalmente su propuesta y se la envíen a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta, a su vez, elaborará el texto de su departamento y lo llevará a la mesa de negociación con los sindicatos y la patronal. Para llegar a esta propuesta, los expertos han considerado la inflación (que ha aumentado un promedio del 2,8% en los últimos doce meses) y, fundamentalmente, lo que están subiendo los salarios. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral correspondiente al tercer trimestre apunta a un aumento de las retribuciones del 4,1%, mientras que los convenios colectivos firmados este año recogen un avance del 3,8%.

Movistar, Masorange y Vodafone, los tres grandes operadores de telecos en España, han visto cómo su cuota de mercado en el segmento de banda ancha fija se ha reducido sustancialmente en los últimos años, ante el empuje de sus rivales. Según los datos del último informe trimestral de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el órgano regulador de varios sectores incluido el de telecos, Movistar, Masorange y Vodafone han pasado de controlar una cuota conjunta del 93,6% en el segmento de la banda ancha fija (fundamentalmente accesos de fibra óptica) en el tercer trimestre de 2022 a disponer de una participación del 85,1% en el tercer trimestre de 2024. Es decir, que en dos años su participación se ha reducido en 8,5 puntos porcentuales (p.p.), lo que equivale a que han perdido aproximadamente un 9% de su cuota conjunta, una pérdida muy sensible en sólo dos ejercicios. Con una base total al tercer trimestre de 2024 de 18,6 millones de líneas de banda ancha, una pérdida de 8,5 p.p. equivale a 1,58 millones de líneas, una cifra que coincide con los 1,6 millones de nuevas conexiones de fibra logradas por el mercado en los últimos doce meses. Es decir, que lo que han perdido en dos años los tres operadores grandes, es similar a todo lo que ha crecido el mercado en los últimos doce meses. El grupo más afectado porcentualmente por la pérdida de cuota de mercado es Vodafone España.

El grupo automovilístico Volkswagen y los sindicatos alemanes están acercando posiciones para sellar un acuerdo de reestructuración y reducción de costes en la enseña VW que evitaría el cierre de fábricas en Alemania. La dirección de la compañía, que barajó inicialmente cerrar tres plantas en el país, se inclina por mantener activas todas las factorías y recuperar cláusulas de garantías del empleo hasta 2030 a cambio de que la plantilla renuncie al cobro de bonus entre otras medidas salariales, según informa Bloomberg. Otras medidas adicionales que se negocian son trasladar la producción del modelo Golf de la planta alemana de Wolfsburg a México y finalizar la fabricación de eléctricos de la enseña VW en la factoría de Zwickau. Dirección y sindicatos llevan varias jornadas de negociaciones en las últimas semanas que se han intensificado estos días con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes de cerrar el año y evitar nuevos paros de la plantilla en Alemania. Aunque las posturas están cerca, Bloomberg añade que no hay garantías de que se alcance un acuerdo. Volkswagen busca una drástica reducción de costes en su mayor mercado para abordar la caída de la rentabilidad, la pérdida de cuota en China y el frenazo global en la venta de vehículos eléctricos.

La perspectiva de paz empieza a asomar en Ucrania. Su presidente, Volodímir Zelenski, pidió ayer en Bruselas el apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos para ganar fuerza contra Rusia y preparar el camino para un posible fin de las hostilidades en 2025. Fue el mensaje que transmitió a los socios de la OTAN el miércoles y a los líderes comunitarios ayer. «Solo unidos, la UE y EE UU, pueden parar a Putin, salvar a Ucrania y lograr la paz», reconoció. Y es que en el seno de la Alianza Atlántica y de los Veintisiete impera la sensación de que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca –que deja el apoyo militar a Kiev en la cuerda floja– abrirá una nueva fase en la contienda y añade presión a unas posibles negociaciones de paz. Por ello, europeos y norteamericanos se concentran ahora en acelerar el envío de equipamiento al país, sobre todo de sistemas de defensa antiaérea, ante un invierno «crucial». Para poder negociar una paz «justa y duradera», Zelenski insiste en que Ucrania necesita «una posición fuerte y garantías de seguridad». Actualmente, no ve al presidente ruso con «interés» de negociar y escéptico sobre un posible «alto el fuego» estas navidades. «No podemos vivir con un conflicto congelado en nuestro territorio. Tenemos que pensar en lo que va a ocurrir después», destacó. Y ahí entran en juego las garantías de seguridad, que subrayó «deben ser de los países aliados –de la OTAN–», algo que aún no ha ocurrido pero para lo que ve «una intención política».