20241221

Confebask presenta en rueda de prensa su informe de coyuntura. 2025 seguirá siendo un año de gran incertidumbre y numerosos riesgos, y en función de cómo evolucionen, el crecimiento final puede oscilar en una horquilla entre el 1’3% y el 2’5%. En cuanto al empleo, y de cumplirse las previsiones, se prevé una tasa de paro del 6’5% y un aumento de 12.000 afiliados más a la Seguridad Social, con otro récord de ocupación por encima del millón de cotizantes. Las empresas ven ‘estable’ el mercado de forma mayoritaria, también pretenden mantener el nivel de inversión, pero las perspectivas de empleo se moderan. Renuevan su preocupación por la dificultad para encontrar personal cualificado, el crecimiento de los costes laborales, el absentismo, la debilidad de la economía en general, la reducida rentabilidad, y la fiscalidad empresarial. La economía vasca cerrará 2024 con un aumento del 1’8%, con una parte final del año de menor dinamismo por las crecientes dificultades para la industria y el sector exterior. Ver más en Confebask 

La patronal vasca Confebask ha adoptado un discurso crítico en torno a la propuesta de reforma fiscal que han presentado las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa y que no ha dudado en calificar como «una oportunidad perdida para incentivar la actividad económica y la creación y retención de talento». Estas han sido, al menos, las palabras que Tamara Yagüe, la presidenta de la organización que representa a los empresarios de Euskadi, utilizó ayer en su balance económico de este año y las proyecciones realizadas para 2025. La sensación que se ha instalado en la patronal vasca es que la Administración ha mirado para otro lado a la hora de abordar los cambios fiscales. La reforma fiscal planteada por las diputaciones forales apenas recoge medidas directamente vinculadas a la empresa. Tan solo se salva el aumento de las deducciones fiscales para inversiones que estén ligadas a procesos de descarbonización. La deducción para los planes de pensiones de empleo –en los que empresa y trabajadores hacen aportaciones– no supone consuelo alguno. Al contrario, los empresarios creen insuficiente una medida que persigue mejorar el ahorro de los empleados de cara a su jubilación, pero a costa de aumentar los costes laborales. «Está bien que se apoye a los más vulnerables y también los procesos de descarbonización, al igual que a los jóvenes, pero la propuesta no hace el territorio más atractivo para invertir o trabajar aquí», insistió Yagüe. Así, por ejemplo, propusieron aumentar las deducciones por inversiones en trabajos de investigación y desarrollo e incluso otra para quienes realicen contrataciones con salarios dignos. La modificación del Impuesto de Sociedades no tiene ni rastro de esas propuestas.  «No permite una adecuada compensación de las pérdidas a las empresas que acaban de nacer, no hay deflactación de la tarifa, lo que hace que una parte del esfuerzo de subida de salarios que hacen las empresas tan solo beneficie a Hacienda, y ni siquiera apoya el pretendido salario mínimo vasco, como habíamos propuesto con deducciones para las empresas que pagan un 70% por encima del salario mínimo», se dolió la presidenta de Confebask. «Insisto, la música del Gobierno está bien, nos gusta, pero sin embargo la primera letra que hemos visto, la que hace referencia a la utilización del Concierto, no ha encajado y es diferente a la música».

La patronal cree que las reformas fiscales que se plantean en las diputaciones suponen una "oportunidad perdida" para generar riqueza y competitividad. Confebask calcula que la economía vasca crecerá el año que viene un 1,8%, el mismo porcentaje con el que estima que se clausurará 2024. No obstante, la previsión se encuentra sometida a una "gran incertidumbre" debido a los "numerosos riesgos" que condicionan la economía a nivel mundial, especialmente por el anémico estado de la industria europea. En cuanto al empleo, la patronal vasca observa un panorama de "moderación" en la creación de puesto de trabjo, aunque baraja que la tasa de desempleo se reduzca al 6,5%, con 12.000 nuevos afiliados. Las dificultades y retos seguirán siendo los mismos: lograr talento cualificado, crecimiento de los costes laborales, absentismo y estrechos márgenes de rentabilidad. La presidenta de Confebask, Tamara Yagüe,  también se ha referido a la revisión fiscal que plantean las diputaciones forales y ha señalado que, por una parte, consideran "positivo" que se "alivie" la fiscalidad a determinados colectivos "más vulnerables" como las rentas bajas o los jóvenes y también valora que se "apoye la descarbonización empresarial e industrial". Sin embargo, cree que esa revisión fiscal es "una oportunidad pérdida para utilizar realmente el Concierto económico a favor del crecimiento económico, la creación de riqueza y la competitividad". "No se contemplan medidas que refuercen esa competitividad empresarial, ni que generen un atractivo fiscal del territorio para vivir, para trabajar, para invertir y para emprender, tal y como nosotros proponíamos", ha señalado.

MasOrange, la propietaria de Euskaltel, ha reforzado el papel de su hasta ahora director, Jon Ander de las Fuentes, convirtiéndole en presidente de la compañía con poderes ejecutivos. Así lo comunicó ayer la compañía, que también informaba de unos cambios en su consejo de administración que suponen la salida de su hasta ahora presidente, Xabier Iturbe, quien permanecía en su órgano de gobierno desde de la anterior etapa y llevaba en el cargo desde 2019, aunque con un carácter meramente institucional. Jon Ander de las Fuentes, que fue director económico y financiero de Euskaltel entre 2014 y 2020, salió de la tecnológica con la llegada del fondo de inversión británico Zegona con José Miguel García como CEO, y regresó posteriormente como director de la mano de MásMóvil. La compañía, dirigida por Meinrad Spenger, adquirió Euskaltel en 2021 por 3.000 millones y cambió el consejo, manteniendo, eso sí, la presidencia de Iturbe. El que fuera vicepresidente de Kutxabank siguió como evocación de la presencia de las cajas vascas en la tecnológica naranja. Junto al cambio de presidencia, la compañía informó ayer de nuevas incorporaciones a su consejo de administración, reflejo de la realidad de la fusión entre MásMávil y Orange. Así entre los nuevos consejeros hay dos hombres de la tecnológica francesa, se trata de Ludovic Pech, actualmente jefe de operaciones de MasOrange, y Julio Gómez, director de Estrategia de la compañía fusionada. El resto de nuevos consejeros son Cristina Sustacha, una mujer con trayectoria en Euskaltel, y Alberto Castaña, secretario del consejo. Del órgano de gobierno de la compañía vasca salen Beatriz Mato, Iñaki Alzaga y Germán López. Por su parte, Meinrad Spenger continúa como consejero delegado. Euskaltel inicia así una nueva etapa en la que «reafirma su compromiso con Euskadi con una inversión histórica superior a los 3.700 millones». 

«Esta es una gran conquista laboral que se va a estudiar en todas las universidades del mundo». Con estas palabras y visiblemente emocionada, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó ayer junto a los líderes sindicales de CC OO y UGT el acuerdo alcanzado para reducir la jornada laboral máxima desde las 40 horas actuales hasta las 37,5 horas. Su satisfacción se entiende porque esta era su medida estrella y ha logrado imponerse incluso a las reticencias del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para cerrar el pacto que establece su aplicación para el 31 de diciembre de 2025 en todos los sectores. No obstante, y según reconocieron los propios sindicatos, el texto podría sufrir importantes modificaciones en su tramitación en el Congreso después de que Junts, y también el PNV, hayan reclamado el consenso con la patronal, que rechaza de forma tajante esta modificación. Su primer desafío es la aprobación en el Consejo de Ministros. Pese a que Euskadi es con diferencia la comunidad autónoma con la jornada laboral más corta, el impacto es considerable y alcanzaría a más de 350.000 trabajadores, según estimaciones del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco, lo que representa un tercio del total de cotizantes y la mitad del sector privado, dado que el público disfruta desde hace años de las 35 horas semanales. El acuerdo establece que se deben aplicar las 37,5 horas «en cómputo anual», lo que equivale a 1.712 horas. Tomando esta referencia, ahora se contabilizan más de 300.000 trabajadores vascos cuyos convenios –incluyendo vigentes, prorrogados y decaídos– tienen una jornada superior. A esa cifra habría que sumar los cerca de 50.000 trabajadores sin convenio que se regulan directamente por el Estatuto de los Trabajadores, entre los que figuran las 27.000 empleadas del hogar. Entre los sectores que están por encima del nuevo límite figuran la hostelería, el comercio o el transporte. Confebask insistió ayer en que es una «injerencia» del Gobierno y que «no se puede tratar a todos los sectores de la misma manera». Pero el documento presentado ayer establece que «las comisiones negociadoras de los convenios que a la entrada en vigor de esta norma contemplen una jornada superior a las 37,5 horas dispondrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2025 para realizar las adaptaciones necesarias».

La patronal española CEOE insistió ayer en arremeter contra el acuerdo de reducción de jornada, «una decisión totalmente errónea». El hecho de no haber contado con la organización que preside Antonio Garamendi encrespa todavía más los ánimos de esta entidad. Desde la CEOE insisten en que sigue «faltando mucho diálogo social». «Se ha tomado una decisión con una de las partes fuera de la mesa y a partir de ahí creemos que es una decisión totalmente errónea», agregaron. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sí ha agradecido el planteamiento «más colaborativo» del ministro de Economía, Empresa y Comercio, Carlos Cuerpo, sobre este asunto.

La ley que reducirá la jornada de los trabajadores españoles a 37,5 horas después de más de cuarenta años congelada obligará también a las empresas, a cualquiera, por pequeña que sea, a implantar el nuevo registro horario digital en apenas seis meses y elevará muy significativamente las multas a aquellas compañías que no lo tengan o falseen los datos. Así consta en el texto del acuerdo firmado ayer por el Gobierno y los sindicatos, que también establece la subida automática del salario de todos los trabajadores a tiempo parcial. El Ejecutivo ha aprovechado la norma que recorta el horario de los trabajadores media hora al día para endurecer el registro horario apenas cinco años después de haberlo implantado al no haber logrado el efecto deseado: reflejar fielmente la jornada de los asalariados para perseguir las horas extras que se hacen y ni se pagan ni se cotiza por ellas. Para ello, el Ministerio de Yolanda Díaz prohíbe que se haga ahora de forma manual y obliga a todas las empresas (también a los autónomos con empleados a cargo) a llevar un «registro diario de jornada realizado por medios digitales», para que ese registro y sus asientos no sean manipulables, no se puedan alterar ni por el empresario ni por ningún otro sujeto. Además, la empresa «deberá garantizar la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad del registro de jornada, para lo cual las personas trabajadoras practicarán los asientos de forma personal y directa, inmediatamente al inicio y finalización de cada jornada». Asimismo, en este registro se deberán contabilizar las horas extraordinarias, que se tendrán que totalizar en la nómina mensual, «entregando la empresa copia del resumen a la persona trabajadora en el recibo correspondiente sin perjuicio de la forma de compensación», señala el texto que hoy mismo sale a consulta pública y tardará entre dos y tres meses en aprobarse en Consejo de Ministros para llegar al Congreso ya en primavera, donde tanto el Gobierno como los sindicatos dan por hecho que sufrirá modificaciones a través de enmiendas. Y para adaptarse a esta nueva obligación el Gobierno apenas da de plazo a los negocios seis meses, una vez que haya sido publicada en el BOE, algo que genera una fuerte preocupación a las pequeñas empresas, que son las mayoritarias en España, muchas de las cuales no están ni siquiera digitalizadas e incluso no tienen acceso a internet.

El Supremo no ve margen para que los jueces eleven la indemnización prevista para el despido improcedente, de 33 días por año trabajado, en función de las circunstancias del trabajador. Así lo establece una sentencia dictada ayer por el pleno de la Sala de lo Social adoptada por unanimidad, si bien advierte de que este caso es previo a que se aplique en España la versión revisada de la Carta Social Europea, con lo que deja un mínimo resquicio abierto para un cambio de criterio. Pero la contundencia del fallo no permite albergar muchas esperanzas. La sentencia llega en un momento de máxima controversia en torno a este asunto. Hay que recordar que este año el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS), en respuesta a una demanda de UGT, dictó una resolución en la que consideraba insuficiente el sistema español para indemnizar en estos despidos porque la compensación solo tiene en cuenta la antigüedad (33 días por año trabajado) con unos topes máximos. Estima que debería tener en cuenta las circunstancias de la persona despedida. Al calor de esta resolución ha habido sentencias, como la del Superior vasco, que fijaban una compensación extra por encima del tope que marca la ley. Así lo estableció en el caso de un trabajador despedido por el Ayuntamiento de Oñati apenas un mes después de haberle contratado y de que dejara su trabajo fijo en una empresa. La Sala de lo Social del TSJPV, liderada por Garbiñe Biurrun, decidió entonces reunirse y cambiar su criterio para abrirse a incrementar la indemnización establecida por ley. El Supremo no analiza en este caso el debate sobre la Carta Social Europea revisada, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en 2021, y que recoge «el derecho de los trabajadores despedidos sin razón válida a una indemnización adecuada o a otra reparación apropiada». El despido examinado, dice, «es previo». Pero la sentencia es tan contundente en contra de las compensaciones extra que no deja apenas margen para el cambio de criterio.

El último eslabón del Tren vasco de Alta Velocidad (TAV) ya está en camino. El Gobierno central formalizó ayer el encargo al Gobierno Vasco para que se ocupe de la construcción del nudo de Arkaute, el punto a las afueras de Vitoria donde la Y vasca conectará con la línea procedente de Burgos-Vitoria y, está por ver, quizás también con un eventual trazado de alta velocidad entre la capital alavesa y Pamplona. La firma de la encomienda se celebró en Vitoria a cargo del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano; la consejera vasca de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca; y el presidente de Adif (la empresa pública estatal gestora de las infraestucturas ferrroviarias), Pedro Marco. El nudo de Arkaute es un punto estratégico de la Y vasca. Una encrucijada ferroviaria donde convergerán las líneas, tanto de alta velocidad como convencionales, procedentes de Gipuzkoa y Bizkaia por el norte, Burgos Vitoria por el oeste, y Pamplona desde el este. Tal y como destacó García Chueca durante el acto, «ordenará a lo largo de 10,7 kilómetros y por medio de viaductos tanto las vías de alta velocidad como las convencionales, dando solución a los diferentes trazados ferroviarios» distribuyendo los tráficos entre Euskadi, Burgos y Navarra. Con la encomienda ya formalizada, la previsión del Gobierno Vasco es licitar el proyecto constructivo «en los primeros meses de 2025». Teniendo en cuenta que los plazos de redacción de estos proyectos suelen oscilar entre los 22 y los 24 meses, todo apunta a que las obras no podrán comenzar antes de 2027. Será el propio proyecto constructivo el que determine el tiempo estimado de ejecución de los trabajos propiamente dichos y, en consecuencia, el plazo en el que razonablemente se pueda calcular la entrada en servicio del TAV.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) cerró ayer un nuevo contrato con el operador francés SNCF Voyageurs para el suministro de 22 trenes Oxygène dirigidos a la conexión que cubre las ciudades de Burdeos y Marsella. El montante total de la operación de la beasaindarra asciende a los 400 millones de euros, y los ferrocarriles se construirán «íntegramente» en las instalaciones de Alsacia, según anunció ayer la compañía guipuzcoana. Se trata de la segunda relación contractual que cierra la empresa que dirige Andrés Arizkorreta con SNCF Voyageurs, después de que CAF se comprometiera a producir otros 28 ferrocarriles del citado modelo para la conexión entre París Limoges-Toulouse y París-Clermont-Ferrand. La compra de nuevo material rodante de Intercités está financiada por el Estado francés como autoridad que gestiona la red TET (Trains d’Équilibre du Territoire), trenes de media y larga distancia que dan servicio entre las principales ciudades francesas no conectadas por alta velocidad. Fuentes de CAF valoran que esta operación «refuerza» la fábrica de la compañía de Reichshoffen, en Alsacia, donde ya se están produciendo la mayoría de los 28 trenes del pedido inicial. «Este acuerdo de trenes adicionales aumenta la carga de trabajo de la planta de Reichshoffen hasta el año 2029», agregan.

Bilbao-Arasur Data Center Campusaren lehen eraikinaren inaugurazioak lehen lerrora ekarri ditu datozen urteetako protagonista izango diren datuak prozesatzeko zentroak (DPZ). Ribabellosan kokatua, Merlin Properties promotoreak bultzatutako eraikuntza-proiektua da, eta horren proiektu eta obren zuzendaritza izan du Kreanek. Denera hiru eraikin izango ditu datu zentroak, 300 megawatioko gaitasunarekin campusa eraikita dagoenean, eta Europako handienetako bat izateaz gain, AA sortzailearen beharretara egokituta izango da. Bigarren eraikina egiten hasi berritan, Juanjo Uriarte Kreaneko Industria-instalazioen eta DPZen arduradunarekin hitz egin du EnpresaBIDEAk, halako zentro batek dituen berezitasunak jorratzeko. Gehiago irakurri hemen. 

Trimestre a trimestre, la Comunidad de Madrid se reafirma como gran catalizadora de la inversión extranjera que decide apostar por España al calor de su atractiva fiscalidad, un marco institucional estable y predecible y un clima de negocios amigable que busca, precisamente, atraer al dinero foráneo. Un cóctel de factores que han consolidado a la comunidad como la más competitiva del país y como gran motor regional de impulso de la economía española. Con este telón de fondo, entre enero y septiembre España contabilizó 23.607 millones de euros de inversión internacional bruta en nuestro país, cifra de la que 16.946 millones fueron a parar a un único destino: Madrid, que acaparó casi el 72% del total, según los datos publicados ayer por la Secretaría de Estado de Comercio. Junto con Catalunya, copan más del 86% de la inversión extranjera directa contabilizada hasta septiembre (20.394 de los 23.607 millones totales), lo que deja poco margen al resto de autonomías. La tercera en el ránking, a enorme distancia, es Asturias, con 596 millones captados; seguida de Andalucía, con 481 millones de euros; la Comunidad Valenciana, con 426 millones, y Aragón, con 364. Euskadi registró en ese periodo una inversión extranjera por valor de 163 millones, un 0'7% del total. 

Al final la lógica política se impuso. Pese al rocambolesco proceso de negociaciones y tras un pleno de máxima expectación, los Presupuestos vascos de 2025 fueron aprobados ayer de la forma que cabía esperar desde el inicio: con el ‘sí’ de los partidos que sustentan el Gobierno, PNV y PSE-EE, que disponen de una holgada mayoría absoluta; y con el ‘no’ de la oposición en bloque. EH Bildu, que jugó al despiste hasta el último minuto en lo que fue el remate a su estudiada estrategia posibilista, acabó uniéndose a PP, Sumar y Vox en el rechazo a las Cuentas, valoradas en 15.728 millones de euros. Son las primeras de un Imanol Pradales que celebraba precisamente ayer seis meses desde su investidura como lehendakari. La ratificación de los números fue el desenlace a una tramitación parlamentaria de casi dos meses en el que apenas ha variado el destino de 16 millones, un 0,1% del total. 15,5 de ellos responden a ‘autoenmiendas’ de PNV y PSE-EE con las que trataron de seducir al resto de grupos y que incluyen la ampliación de ayudas a la emancipación juvenil, la compra de furgonetas para la Ertzaintza y la apertura de un nuevo PAC en Vitoria. La única enmienda de la oposición aceptada como tal fue una de Sumar, valorada en medio millón de euros, para ayudar a los ayuntamientos a aplicar el canon de vivienda vacía. Las mayores partidas de las Cuentas irán a parar a Salud, Educación y Trabajo. El primer Presupuesto de Pradales lo es también para su titular de Hacienda, Noël d’Anjou, quien se congratulaba tras la votación de haber recibido el visto bueno a un proyecto «responsable, riguroso y ambicioso». 

El Gobierno foral logró ayer aprobar los Presupuestos de 2025 para Gipuzkoa. PNV y PSE, socios de coalición en la Diputación, lograron la mayoría absoluta en el pleno celebrado en las Juntas Generales gracias a los tres votos del PP. Un pleno marcado por acusaciones de «electoralismo», «falta de confianza», «blanqueamiento» e, incluso, de «comunismo utópico» y «conservadurismo clásico». La diputada general, Eider Mendoza, obtiene así las primeras Cuentas de su legislatura, ya que el año pasado tuvo que retirar el proyecto y prorrogar los Presupuestos tras no recibir el respaldo de ninguno de los grupos de la oposición. Las negociaciones entre el Gobierno foral y la oposición se intensificaron tras el verano, con un total de 26 reuniones. Si bien todos los grupos partían con una voluntad pública de llegar a acuerdos, el proceso, tal y como adelantó este periódico, se precipitó hace dos semanas cuando el PP anunció que apoyaría los Presupuestos. Esto provocó que EH Bildu presentase pocas horas después una enmienda a la totalidad –que fue tumbada en las Juntas con los votos del PNV, PSE y PP– para pedir que se retirase el proyecto al no estar de acuerdo con la oferta común que hizo la Diputación a los tres grupos de la oposición, porque «los modelos de la coalición abertzale y los populares son antagónicos».

Las Juntas Generales de Álava han ratificado este viernes lo que ya se sabía desde hace días. PNV y PSE, que gobiernan en minoría, han aprobado los presupuestos de Álava para 2025 con el apoyo de EH Bildu y en paralelo han sacado adelante las nuevas medidas tributarias gracias al respaldo del PP. El mismo día que el PNV y PSE han aprobado los Presupuestos vascos con el rechazo de toda la oposición (Bildu votó finalmente en contra del proyecto), en el palacio de la Provincia se ha escenificado un acuerdo que evita una segunda prórroga presupuestaria consecutiva. Con su abstención, la izquierda abertzale posibilita unas cuentas que ascienden a casi 702 millones de euros y que tienen como prioridad el gasto social. La formación de Eva López de Arroyabe, quiso eso sí, marcar distancias mientras que la oposición tachó los presupuestos de «continuistas». PP, Elkarrekin y Vox votaron en contra. En el palacio foral las negociaciones con el PP se rompieron hace semanas debido a unas condiciones inasumibles, entre ellas la reapertura de las Urgencias de Santiago y la paralización del centro de refugiados de Arana. Ayer, Iñaki Oyarzabal, tachó el presupuesto de «muy continuista», falto de ambición y señaló que «incide en los mismos errores sin adoptar ninguna medida para reformar la estructura de la Administración». 

El mercado hipotecario ha entrado en fase de despegue en el tramo final de 2024. En octubre se inscribieron en los registros 51.535 préstamos para compra de vivienda, segun datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Las subidas, del 60,8% respecto al mismo mes del año pasado, y del 24,8% frente a un buen mes de septiembre anterior, son espectaculares. Pero aún lo es más el hecho de que no se registraba un mayor nivel de actividad desde el mes de septiembre de 2010. La combinación de una fuerte demanda de vivienda y una gran rebaja del precio de las hipotecas, en paralelo al descenso del euribor, está disparando la actividad en un mercado en plena ebullición. El cambio de velocidad es especialmente palpable tras la vuelta del verano. En los ocho primeros meses del año, la cifra de contratación mensual se situó en una banda entre las 29.653 y las 37.232 operaciones. El primer gran salto llegó en septiembre, cuando rebasó por primera vez este año el listón de las 40.000, pero el boom definitivo no ha llegado hasta octubre. El resultado es que en los 10 primeros meses del año se han firmado 351.015 hipotecas para compra de casas, un 9,2% más que en el mismo período del año pasado. Además, el capital que ha prestado la banca para la compra de viviendas alcanzó en octubre los 7.758,8 millones de euros. La cifra supone un alza del 72% respecto a octubre del año pasado y alcanza niveles no vistos desde octubre de 2008.

La demanda eléctrica aumentará este año por primera vez desde la salida de la pandemia: hay que remontarse a 2021, un ejercicio desvirtuado por la comparación con el confinamiento, para dar con el último incremento en esta variable. A poco más de una semana vista del cierre de 2024, el consumo de energía eléctrica acumula un aumento del 1,4%, ya corregido por calendario y temperaturas. La última previsión de Red Eléctrica de España (REE) apunta incluso algo más alto: hasta el 1,6%. Cifras, ambas, que contrastan con la caída del 1,9% en 2023 y del 3,5% en 2022, en plena crisis de precios de la energía. “El crecimiento es leve, poco significativo, pero es”, valora Juan Antonio Martínez, analista de la firma de asesoría energética a empresas ASE. Una subida “pequeña y que probablemente tenga que ver con la bajada de precios este año, ya están lejos de los valores de la crisis energética. Eso incentiva el consumo, sobre todo el industrial”. Con todo, Martínez recuerda que este año terminará con cifras “muy inferiores” a las de los años anteriores a la pandemia. “Lo achaco, sobre todo, a la industria, que ha tocado fondo, al crecimiento de la economía y, en menor medida, a la electrificación de los hogares”, esboza Óscar Barrero, socio responsable de Energía de la consultora PwC, que prevé que la tendencia al alza continúe el año que viene, “quizá con aumentos pequeños hasta que lleguen los grandes proyectos de electrificación industrial, como las fábricas de baterías y los centros de datos. Eso es lo que va a pegar el tirón definitivo”.

Las compañías que cotizan en el Mercado Continuo mantienen un buen ritmo de crecimiento en los nueve primeros meses del año y afianzan sus ganancias en niveles récord gracias a la excelente marcha de bancos y compañías turísticas, y a los buenos resultados de algunas empresas energéticas, de concesiones y de telecomunicaciones. Las empresas sostienen así la marcha pese a la incertidumbre global y los conflictos geopolíticos y alargan el ciclo virtuoso de resultados históricos anotados entre 2021 y 2023, una vez superado el golpe de la pandemia que estalló hace cuatro años. Con los datos de algo más de 90 compañías sobre un total de 120 que conforman el Mercado Continuo (en Acciona, Acciona Energía, Naturgy y Puig se ofrecen las cifras del primer semestre porque no presentan las cuentas de los nueve meses), las cotizadas obtuvieron un beneficio neto conjunto de 55.057 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 8,5% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Pese al buen dato, la evolución de las cuentas se frena porque en el primer trimestre, con datos de unas 90 compañías sobre el total del Continuo –en dicho periodo no están obligadas a presentar las cuentas–, las ganancias subieron más del 19% y en el primer semestre, con las cuentas de todas las cotizadas, el beneficio global aumentó un 10%.

«Va a ser un año divertido». Con diferencia, es la frase que más se repite entre los altos ejecutivos del motor en España durante los últimos meses, aunque no todos ponen una sonrisa cuando la pronuncian. De hecho, más de uno tira de ironía. Se refieren, sobre todo, al impacto que tendrá durante el próximo año la norma CAFE (por Clean Air for Europe) de la Unión Europea. Una regulación que viene de lejos y plantea una drástica reducción de las emisiones de las flotas de coches vendidas en el Viejo Continente. Así, de una media cercana a los 116 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, la cifra tendrá que reducirse hasta los 93,6 gramos con carácter general. Como ya pasara a comienzos de esta década, cuando los fabricantes tuvieron que pasar otro examen de este tipo, las multas son amenazadoras en extremo: 95 euros por cada gramo de exceso y por cada automóvil matriculado. Para hacernos una idea de máximos, tomemos el caso del Grupo Volkswagen, primer fabricante de automóviles en Europa. Durante 2023, despachó en la región casi 2,8 millones de vehículos entre todas sus marcas (VW, Skoda, Seat, Audi....). Suponiendo una desviación en el CO2 de cinco gramos, el consorcio alemán tendría que abonar una sanción de más de 1.330 millones de euros. Hace meses, cuando desde la patronal europea Acea empezaron a pedir árnica por lo que se les venía encima, hablaban de un monto en sanciones de hasta 13.000 millones para todo el sector. En las últimas semanas, han subido hasta los 15.000 millones de euros.

Volkswagen alcanzó ayer un acuerdo con el poderoso sindicato de la metalurgia IG Metall, tras más de 70 horas de negociaciones y jornadas de huelgas masivas, que implica dar marcha atrás a sus planes de cierre de alguna de sus fábricas en Alemania o llevar a cabo despidos forzosos. A cambio, el gigante automovilístico alemán eliminará 35.000 puestos de trabajo hasta 2030 de manera “socialmente responsable”. La plantilla de Volkswagen supera los 600.000 trabajadores en todo el mundo. El jefe negociador de IG Metall, Thorsten Gröger, subrayó las “dolorosas contribuciones de los empleados”, aunque puso en valor las “perspectivas” que el pacto crea para la plantilla. Según explicó Gröger en la rueda de prensa posterior a la reunión de ayer, se trata de un acuerdo que pone fin a un “conflicto laboral sin precedentes para Volkswagen pese a las condiciones históricamente adversas”. Los trabajadores han logrado fijar dos líneas rojas: no cerrará ninguna fábrica y no habrá despidos masivos con carácter obligatorio. La empresa con sede en Wolfsburgo se compromete a no prescindir a ningún empleado por razones operativas hasta, al menos, 2030. En otras palabras: no obligará a nadie a dejar su puesto de trabajo contra su voluntad, sino que promoverá su salida con incentivos monetarios a través de indemnizaciones o ayudando a encontrar trabajo en otras empresas o mediante jubilaciones. A cambio, los trabajadores renunciarán a aumentos salariales en los próximos años y se reducirán las primas.

Queda un mes para la toma de posesión como presidente de EE UU de Donald Trump y el populista republicano ya ha elevado su amenaza de lanzar una escalada comercial contra la Unión Europea. El futuro ocupante de la Casa Blanca ha advertido a la UE de que elevará los aranceles a los productos europeos si no aumenta la compra –y lo hace a gran escala– de gas y petróleo estadounidenses. Bruselas, que ha diseñado planes de contingencia para una posible guerra comercial, se ha mostrado ya dispuesta a ahondar los vínculos energéticos y comprar más gas natural licuado (GNL) –también a rubricar más acuerdos en defensa–. No obstante, prepara otras medidas para responder contra ciertos productos estadounidenses si no funciona un acuerdo previo con Trump para evitar la guerra comercial. Trump ya amenazó con imponer un arancel general de hasta un 20% a todas las importaciones a EE UU y uno adicional del 10% a las procedentes de China, que podría repercutir en la UE, ya que cabe la opción de que Pekín derive a Europa muchos de los bienes que ahora envía directamente al mercado estadounidense, según los analistas. El efecto de los aranceles a los productos europeos sería grande en el club comunitario, sobre todo en algunos Estados miembros, como Alemania, que mantienen fuertes vínculos comerciales con EE UU. Un aumento de los aranceles a los bienes de la UE en un 10% podría costar unos 180.000 millones de euros anuales al bloque comunitario, según la estimación del Instituto de Economía Alemana. 

Al menos dos personas perdieron la vida y sesenta y tres resultaron heridas –quince de ellas de gravedad– en un atropello masivo registrado a última hora de la tarde de ayer en el mercadillo central de Navidad de la localidad germanooriental de Magdeburgo, según informó anoche a los medios de comunicación Reiner Haseloof, ministro-presidente del estado federado de Sajonia-Anhalt, al que pertenece la ciudad. El cristianodemócrata añadió que las víctimas eran un adulto y un niño de corta edad. El conductor del vehículo, al parecer un médico de origen saudí, fue detenido inmediatamente, al tiempo que se desataban las alarmas antiterroristas. Sin embargo, al cierre de esta edición se desconocían los motivos que llevaron al hombre a lanzarse como un proyectil con su vehículo contra la masa de visitantes, a la que arrolló a gran velocidad en un tramo de casi cuatrocientos metros. Al parecer, actuó en solitario. La central de emergencias encargada de coordinar los servicios de rescate desplazó hasta la zona docenas de ambulancias, así como personal especializado de los bomberos algo después de las 19.00 horas locales. Minutos antes, un BMW negro de alquiler había invadido la plaza central llevándose por delante a toda persona que se puso a su alcance mientras circulaba en dirección al Ayuntamiento. Los agentes no explicaron cómo habían logrado parar el vehículo ni las circunstancias en que se desarrolló la captura del piloto. El atropello masivo provocó escenas de pánico entre la gente que se había congregado para pasar la tarde en el mercadillo de Navidad, que fue desalojado y cerrado inmediatamente. Haseloof se mostró conmocionado al conocer los hechos. «Es un suceso terrible, precisamente en los días previos a las fiestas», afirmó.