20241224

El Consejo de Ministros aprobó ayer un gravamen temporal a las compañías energéticas en 2025 que, sin embargo, es muy posible no vea la luz porque carece de una mayoría parlamentaria suficiente para que así sea. Y si carece de esta mayoría es, sobre todo, porque Junts lo rechaza de plano. Una negativa también manifestada por el PNV, aunque con muchos más matices. Los jeltzales nunca se han posicionado radicalmente en contra de esta figura, sino que siempre han defendido que el gravamen extraordinario que estaba vigente debía convertirse en un impuesto tradicional para poder concertarlo con las haciendas forales y, una vez aquí, tomar las decisiones que consideren para diferenciarse del régimen común y adaptarlo a la realidad vasca. Esto es, precisamente, lo que EH Bildu anunció ayer que ha pactado con el Gobierno central a través de una disposición adicional del texto legal avalado por el Consejo de Ministros. En concreto, se trata de la disposición adicional segunda. Dice así: «El Gobierno revisará la configuración del gravamen temporal energético para su integración en el sistema tributario en el ejercicio fiscal 2025, que se concertará o conveniará, respectivamente, con la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra». Sin embargo, el PNV señaló ayer en un comunicado que «roza el insulto a la inteligencia que ahora se presenten (en alusión a Bildu) como salvadores del autogobierno vasco quienes hace apenas cinco días han votado a favor de un gravamen que iba directamente contra la línea de flotación de nuestro autogobierno». Además, los jeltzales dudan de que si el gravamen llega a convertirse en impuesto en su tramitación como Proyecto de Ley, se convenie con las haciendas forales. «¿Qué hace pensar que ahora se concertará y que no se mantendrá un gravamen?», se preguntan.

Lagun Aro, la EPSV que gestiona la previsión complementaria de los cooperativistas de la Corporación Mondragon, ha recibido el respaldo del Consejo de Ministros mediante un Decreto-Ley, que excluye ese grupo en relación con el nuevo sistema de cotización de autónomos que entró en vigor en 2023 y ponía en riesgo la viabilidad de sistemas como el de Lagun Aro. En concreto, se ha aprobado que, con efectos de 1 de enero de 2025, a las personas socias de cooperativas incluidas en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) que dispongan de un sistema intercooperativo de prestaciones sociales, complementario al sistema público (como es el caso de Lagun Aro, EPSV), no se les aplique el nuevo modelo de cotización que entró en vigor en 2023. En este sentido, únicamente se establece que este colectivo deberá cotizar por una base de cotización mensual igual o superior a la base mínima del tramo 1 de la tabla general (947,71 euros en 2025). De la misma manera, se recoge expresamente que este colectivo a partir del 1 de enero de 2025 estará exento del proceso de regularizaciones contemplado en el nuevo sistema de cotización de autónomos. Este Real Decreto-ley, no obstante, debe ser objeto de convalidación por parte del Congreso en un mes. 

El Gobierno central había dejado para el último Consejo de Ministros del año una larga lista de asuntos pendientes de aprobación. El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, comenzó su comparecencia presumiendo de datos macroeconómicos al recordar que España es hoy el país que más crece de las principales economías del mundo y lo hace de forma «equilibrada» tras crear 400.000 puestos de trabajo. Sánchez hizo hincapié en que el crecimiento económico está asentado sobre la sostenibilidad fiscal. Así, apostó porque en 2027 el déficit público bajará al 1,8% del PIB, aunque el Banco de España prevé que el déficit continué para entonces en el 2,7%. Bajo este contexto, el Gobierno prorrogó ayer una serie de medidas y dio por finalizadas otras, que se detallan a continuación: Impuesto al diésel. Una de las medidas estrella con la que el Gobierno pretendía recaudar 1.500 millones al año era la subida del impuesto al diésel, una obligación de Bruselas que finalmente no fue ayer a Consejo de Ministros como estaba previsto. Desde Hacienda indicaron que siguen «hablando y negociando» esta medida, por lo que el 1 de enero no entrará aún en vigor. Aunque no hay plazo encima de la mesa para su aprobación, durante la negociación se habló del mes de abril para su puesta en marcha. Fuentes de Hacienda aseguran que retirar esta medida prevista del Consejo de Ministros no ha obedecido más que a querer «garantizar el apoyo» del resto de los grupos. IVA de los alimentos. La medida que decaerá a partir del 1 de enero es la rebaja del IVA a los alimentos básicos. 

Los gobiernos central y vasco se reunieron ayer en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico para alcanzar nuevos acuerdos, entre los que se encuentra la transferencia normativa y de recaudación del impuesto a las entidades financieras, así como el pacto para limitar el déficit y la deuda autonómica en los próximos tres ejercicios. Un déficit que podrá alcanzar el 0,3% del PIB en cada uno de los tres ejercicios –en torno a 220 millones de euros–, al tiempo que la deuda deberá mantenerse en un límite del 13%, frente al 11,7% con que se cerró el tercer trimestre de este año, según el Boletín Estadístico del Banco de España. Por su parte, las diputaciones forales dispondrán de un margen del 0,1% de déficit también para los próximos tres ejercicios. La Comisión de Concierto se volvió a reunir de forma telemática con el objetivo de cumplir varios compromisos que había asumido el Gobierno de Pedro Sánchez en sus negociaciones parlamentarias en el Congreso con el Partido Nacionalista Vasco. Entre las medidas ahora pactadas está la inclusión en el Concierto del impuesto a la banca, que va a requerir, sin embargo, una tramitación legal en el Congreso. Cualquier modificación pactada en la Comisión exige una modificación del Concierto y su aprobación en el Congreso como ley de lectura única. Cuando esto sea plenamente efectivo las diputaciones podrán realizar cambios en la normativa que regula el impuesto, tanto en sus tipos como en hipotéticas deducciones, al tiempo que asumirá la recaudación. Así, las entidades financieras que tributan ya con normativa foral –aquellas que tiene su sede fiscal en Euskadi y realizan más del 25% de su negocio dentro de la comunidad autónoma– también podrán acogerse a la versión vasca del nuevo tributo, cuyas características por el momento se desconocen. También se acordó la transferencia a las diputaciones de la capacidad normativa en torno al tipo mínimo en el Impuesto de Sociedades para las multinacionales y empresas locales que tienen una facturación superior a los 750 millones. Está ligado a la directiva de la Unión Europea de fijarlo en el 15%, pero ahora queda por saber si los ejecutivos forales van a introducir cambios como, por ejemplo, que pueda reducirse por deducciones a la inversión en proyectos de investigación y desarrollo. Algo que ya se aplica en la tributación mínima con la actual normativa foral de Sociedades, fijada en el 17%.

La Seguridad Social aprobó en el último Consejo de Ministros del año la nutrida subida de cotizaciones a empresas y trabajadores para 2025 con la que espera reforzar los ingresos del sistema en un año en que la factura de las pensiones volverá registrar un nuevo récord tras la revalorización con el IPC, superando los 210.000 millones de euros. Cabe recordar que los incrementos de las cotizaciones previstos para la entrada de año tienen sustento en la reforma de las pensiones aprobada entre los años 2021 y 2023 que fía al aumento de los ingresos a la sostenibilidad del sistema de pensiones, para lo que se introdujeron nuevas cargas como el mecanismo de equidad intergeneracional, el destope de las bases máximas de cotización –acompañado de un aumento de la pensión máxima diez veces inferior– y la denominada como cuota de solidaridad que deberán abonar los sueldos que se sitúen por encima de la base máxima establecida para cada año. Todo para soportar un aumento de gasto acelerado con la indexación de las pensiones al IPC y la subida extra que se aplica a las mínimas y no contributivas. Mecanismo de equidad intergeneracional: la cuota destinada a reflotar el fondo de reserva de la Seguridad Social sube al 0,8% del sueldo bruto mensual. La empresa cargará con el 0,67% del coste y el trabajador con el 0,13% restante. Se aplica a la totalidad de los sueldos con independencia de su nivel, no genera derechos para la pensión y también la pagan los trabajadores autónomos. Base máxima de cotización: el Gobierno subirá la base máxima de cotización un 4% en 2025. Producto de la medida de destope aprobada con la reforma de pensiones el porcentaje se incrementa en el nivel que lo haga el IPC (2,8%) más 1,2 puntos porcentuales extra. De este modo, la base máxima se situará a partir del 1 de enero en 4.909,5 euros mensuales (58.914 euros anuales brutos). Pensión máxima: de forma correlativa a la base máxima pero en un nivel diez veces inferior, la pensión máxima de jubilación subirá el 2,8% por la inflación media, pero el incremento extra será del 0,115%. De este modo, se situará en 3.267,6 euros al mes. Cuota de solidaridad: a partir de 2024 se comienza a aplicar el recargo extra a los sueldos que se sitúen por encima de la base máxima de cotización (4.909,5 euros en 2025). Se aplica en tres tramos en función de en cuánto porcentaje superen la base máxima: un 10% por encima, entre un 10 y un 50% mayor y a partir del 50% de más. Los tipos se irán incrementado para todos los tramos entre 2025 y 2045. Para el año próximo esta cuota se situará en el 0,92% para el primero de ellos, el 1% en el segundo y el 1,17% en el más elevado...

El Consejo de Ministros aprobó el lunes un real decreto ley que formaliza la aprobación de la revalorización de más de 12 millones pensiones del sistema de la Seguridad Social, del régimen de Clases Pasivas del Estado y de otras prestaciones públicas para 2025. La subida, que será efectiva desde el próximo 1 de enero, y afectará a más de 11 millones de personas, supondrá un incremento del 2,8% para las pensiones del sistema de Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado. Pero, además, los más de 2,1 millones de beneficiarios de pensiones mínimas contributivas las verán incrementadas “alrededor” de un 6% y aquellos que reciben pensiones no contributivas (cerca de medio millón de personas) y el ingreso mínimo vital experimentarán una subida del 9% en la cuantía de sus prestaciones, según avanzó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No obstante, el porcentaje de incremento de las pensiones mínimas contributivas será aún mayor para las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, que aumentarán un 9,1%. Las pensiones SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) se revalorizarán también un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes. De esta forma, la pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales se fija en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros de 2024), o lo que es lo mismo, 874,4 euros al mes en 14 pagas; y de 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2024 ha sido de 14.466,2 euros), lo que equivale a 1.127,6 euros mensuales en 14 pagas para 2025.

El lehendakari Imanol Pradales valoró ayer sus seis primeros meses al frente del Ejecutivo, en los que, según indicó, se ha establecido «el rumbo» para la Euskadi del futuro. No son pequeños los retos que deberá afrontar el Gobierno autonómico en los próximos años. La vivienda y la situación de Osakidetza se han convertido en algunas de las mayores preocupaciones de los vascos, y el lehendakari puso deberes a sus consejeros al pedirles que «aceleremos el paso» porque «la ambición y la autoexigencia demandan velocidad». En definitiva, espera «resultados» en 2025. Pradales quiso ayer mirar al futuro y marcar un triple objetivo para su legislatura: «fortalecer los servicios públicos, invertir en las transformaciones para preparar el futuro de Euskadi y reforzar nuestro sentido de comunidad». Para ello, 2025 se presenta como un año «clave» en el que se pueda mejorar la atención en Osakidetza o se solucione el problema de acceso a la vivienda de los jóvenes. «Las bases están puestas, la dirección está fijada» —dijo Pradales— pero «ahora debemos aumentar la velocidad», insistió. Respecto a la revisión fiscal prevista para los tres territorios históricos, Pradales señaló que «ya veremos qué ocurre en relación con esa cuestión» y consideró que la modificación del sistema tributario «va a salir adelante porque sus contenidos favorecen a las personas jóvenes y a las clases medias». 

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados advierte que la decisión en torno a la conexión del TAV entre Euskadi y Navarra apunta a seguir retrasándose todavía más debido a los «muchos sabotajes» con los que se están encontrando los estudios geotécnicos del Ministerio de Transportes en la sierra de Aralar. «Se están retrasando las catas porque hay sabotajes», denunció ayer Aitor Esteban en una entrevista en Radio Euskadi. La decisión sobre si la conexión de la ‘Y’ vasca con Navarra se realizará a través de EzkioItsaso o de Vitoria sigue pendiente de los estudios técnicos que el Gobierno central está llevando a cabo en la sierra de Aralar para dilucidar cuál es la mejor opción, pero esas catas, que arrancaron el pasado mes de octubre, no se están realizando al ritmo esperado por causas externas, como denunció Esteban. «Está habiendo muchos sabotajes (...) y en algunos sitios tampoco se permite ocupar el terreno para hacer esas catas, y en ello está el Estado. Ha habido maquinaria que la han estropeado deliberadamente». «Aquí ya conocemos esas actitudes, ocurrían en el pasado. En este momento, sin mucho ruido, están sucediendo también en el estudio de la conexión del TAV con Navarra».

ArcelorMittal ha planteado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa productiva, con una duración de un año, para un total de 6.600 trabajadores. La medida afectaría a cuatro plantas, incluyendo a la vasca de Etxebarri. Se le suman también las ubicadas en Asturias, Sagunto y Lesaka. Ya se ha constituido formalmente la Comisión Negociadora formada por seis representantes de UGT, cuatro CC OO, dos de ELA y uno de USO. El ERTE para 2025 aumenta los porcentajes de afectación producidos este año, debido a la previsión de una mayor caída. Tras una reunión celebrada en Avilés, se ha emplazado a otra nueva para este próximo viernes en la que ya se dará por iniciado el periodo de consultas tras constituirse la Comisión formada por los 13 representantes de la parte social. La multinacional ha entregado a la parte sindical la memoria justificativa y el informe técnico que recoge las causas del ERTE por causa productiva. La dirección alega «la caída de la demanda tanto en el sector del auto como en la distribución», así como «incertidumbres» del mercado en 2025.

Solaris, la filial de autobuses eléctricos del Grupo CAF, ha cumplido uno de sus grandes objetivos del año. Acaba de firmar su primer contrato de autobuses eléctricos en Estados Unidos, que abarca el suministro de cuatro autobuses eléctricos a King County Metro, la principal autoridad de transporte público de Seattle (estado de Washington), con una flota superior a los 1.500 autobuses, y cuyo sistema es utilizado por más de 78 millones de personas al año. En concreto, el acuerdo incluye la entrega de dos autobuses eléctricos de 40 pies (12 metros) y otros dos autobuses eléctricos articulados de 60 pies (18 metros), y se contempla la opción de ampliar el suministro hasta en 12 unidades adicionales. Las entregas de los vehículos están previstas para la segunda mitad de 2026. Como publicó este periódico en mayo, el Grupo CAF quería asaltar este año el pujante mercado de autobuses ‘limpios’ norteamericano. Su filial Solaris ha peleado para intentar colarse en los concursos abiertos en Nueva York, Seattle, Calgary o San Francisco, mientras saca pecho en Vancouver con su Trollino. El gran contrato de Seattle confirma que poco a poco se va cristalizando su estrategia.

La crisis industrial y de la automoción que ha sufrido Alemania a lo largo de este año se ha dejado notar en diferentes ámbitos de la economía vasca y guipuzcoana. Uno de los más afectados ha sido el del sector exterior, que encuentra en el Puerto de Pasaia un termómetro sobre los bienes y servicios que importa y exporta Gipuzkoa fuera de nuestras fronteras. Transcurridos ya los primeros once meses del año, la dársena guipuzcoana ha movido hasta noviembre 3.128.519 toneladas, frente a las 3.221.565 toneladas del mismo periodo del pasado ejercicio, lo que se traduce en una caída del 2,9%, según los datos mensuales de Puertos del Estado. Eso sí, tan solo en noviembre el puerto pasaitarra presenta un crecimiento del 4,7%. De esta forma, todo apunta a que Pasaia cerrará el año con peores números que en 2023. El parón del sector de la automoción, lastrado sobre todo por el enfriamiento de la economía alemana, se notó en el tránsito de coches, el denominado ‘tráfico roro’, que sigue a la baja en noviembre y acumula caídas en lo que va de año del 10,4%. El hecho de que Europa haya pasado de vender 15 millones de automóviles a solo 13 tiene incidencia, ya que Pasaia traslada los coches que potencialmente se pueden comprar, señalan fuentes portuarias. El resto de mercancías, como graneles sólidos (cereales), también arroja números en rojo, con un descenso del 14,2% en el acumulado del año y representa nada menos que el 27% de todas las mercancías movidas en el puerto pasaitarra. 

La UPV/EHU va a incorporar a su inventario seis nuevos instrumentos de última generación que permitirán a la institución académica dar «un salto cualitativo» en el campo investigador, en palabras de la rectora en funciones, Eva Ferreira. Los aparatos se adquirirán a lo largo de los próximos dos años gracias a una subvención de 4,5 millones de euros del Ministerio de Ciencia e Innovación. El dinero llega en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 del Gobierno central. La Universidad pública vasca solicitó seis nuevos equipos y le han sido concedidos todos ellos. Se trata de máquinas de última generación que pasarán a gestionar los servicios generales de investigación de la institución académica. Entre ellas se encuentra una fuente de pulsos láser ultracortos, que cuesta casi un millón de euros. La idea es que ayude a ahondar en áreas como física molecular, materiales, medicina y física de partículas. También permitirá nuevas exploraciones en óptica cuántica y nanomagnetismo, según destacó ayer la Universidad en un comunicado.

En el mismo día en el que la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) empieza su camino en solitario para defender ‘Viñedos de Álava’, el mundo vitivinícola de esta comarca se vuelve a agitar. Bodegas Gil Berzal hizo ayer pública su decisión de abandonar la DOCa Rioja y empezar un nuevo rumbo por su cuenta y riesgo. La sociedad del expresidente de ABRA, Saúl Gil Berzal, sostiene que esta desvinculación le permitirá «desarrollar su proyecto con mayor enfoque y vigor», «preservar la esencia de Laguardia» y «asegurar la continuidad de su legado», detalló en un comunicado. «Esta decisión (de la bodega) responde a su firme compromiso con la autenticidad, la tradición vinícola y el respeto por la naturaleza, valores que han caracterizado a la bodega a lo largo de cinco generaciones». Gil Berzal es la segunda productora alavesa que abandona la DOCa Rioja después de que Artadi tomase ese rumbo en el año 2015. Plantea la salida como una «reafirmación de su visión» frente a «los modelos de producción masiva que predominan en la industria vitivinícola». En un comunicado, la entidad afirma que quiere «seguir explorando el camino hacia la diferenciación, con una identidad clara y honesta que honre la grandeza vitícola de Laguardia» con una decisión que, dice, «potencia la visión de futuro». En declaraciones a El Correo, Saúl Gil Berzal habla de una decisión que llega tras constatar que la DOCa Rioja «aprieta mucho hacia una visión industrial» y que «valora poco a los pequeños productores». «No somos escuchados».

La economía española creció un 0,8% en el tercer trimestre del año, lo mismo que en el trimestre anterior, espoleada sobre todo por el gasto público, que avanzó a un ritmo trimestral del 2,5%; se trata de una cifra dos puntos superior a la del trimestre anterior y la más elevada de la serie, que se inicia en 1995. El dato negativo llega de la mano de la inversión, que retrocedió en el tercer trimestre un 1,3%, entrando en rojo tras tres trimestres de alzas. En tasa interanual, el PIB del tercer trimestre creció un 3,3%, lo que supone una décima más que en el trimestre precedente, aunque una décima menos que lo avanzado en octubre, según los datos de Contabilidad Nacional, publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La economía española acumula 17 trimestres consecutivos de incrementos trimestrales y 14 trimestres de avances interanuales. El crecimiento trimestral del PIB se fundamentó exclusivamente sobre la demanda interna, cuya aportación fue de un punto. Las exportaciones mostraron en el tercer trimestre del año su mayor alza interanual desde el primer trimestre de 2023, con un crecimiento del 4,3%. Sin embargo, las exportaciones de bienes y servicios empeoraron en relación al dato de avance publicado en octubre: si en ese mes crecían un 0,9%, ahora lo hacen menos de la mitad, un 0,4%. Esto podría significar que el sector exterior empieza a desacelerarse como consecuencia de la debilidad de los principales socios comerciales de España. Alemania se encuentra en recesión, Francia registra este año un crecimiento débil e Italia terminará el año con un avance muy exiguo.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, afirmó en una conferencia el pasado junio que “cuanto más se paga en una empresa, más dinero se gana” y que “cuando digo maximizar el beneficio digo que hay que maximizar los sueldos”. La cadena de supermercados ha comunicado a sus empleados un incremento salarial histórico para 2025, no sólo por encima del IPC, sino también de lo recogido en su convenio. En concreto, los sueldos subirán en Mercadona un 8,5% para toda la plantilla, formada por más de 100.000 trabajadores. El porcentaje de incremento es la suma del IPC y un extra adicional decidido por la empresa hasta alcanzar el citado 8,5%. La subida se hará ya efectiva en la nómina de enero de 2025. Aunque Mercadona no ha revelado una estimación de lo que representará en sus cuentas esta subida salarial, si se aplicara un alza del 8,5% sobre el último dato conocido de sus gastos de personal, correspondiente a 2023 y que ascendió a 4.115 millones de euros, el impacto total del incremento rondaría los 350 millones de euros. No obstante, el importe definitivo será previsiblemente superior, ya que este año han subido los salarios y ha aumentado la plantilla. Con el incremento anunciado, el personal base de Mercadona pasará a cobrar un mínimo de 1.685 euros brutos al mes en su primer año de contrato –la cadena destaca que es un 27% superior al salario mínimo interprofesional (SMI)–, mientras que los empleados que lleven más de cuatro años trabajando en la compañía percibirán un mínimo de 2.280 euros brutos mensuales. Además de la subida aplicada en los salarios, la cadena valenciana tiene previsto abonar una nueva paga de beneficios a las que ya abona a los empleados que hayan cumplido los objetivos del año 2024.

Mercadona no será el único gran grupo de distribución que ejecutará subidas salariales en 2025. El convenio de la patronal que agrupa a la gran distribución (Anged), el mayor de España con más de 234.000 empleados afectados, se firmó en el año 2023 e incluyó las alzas para un total de cuatro ejercicios. El acuerdo que rige los sueldos en El Corte Inglés, Carrefour, Tendam, Alcampo, Ikea, Leroy Merlin, MediaMarkt, Ikea o Eroski, entre otros, incluye una mejora salarial total del 17% durante los cuatro años de vigencia (2023-2026). El grueso del incremento, un 14%, corresponde a la subida del salario fijo y será consolidable: un 4,5% en 2023, otro 4,5% en 2024, un 3% en 2025 y un 2% en 2026. Además, patronal y sindicatos pactaron un variable garantizado, pero no consolidable, de otro 3% a abonar en 2024 (1%), 2025 (1%) y 2026 (1%). Dia, que no está en Anged, aprobó subidas salariales de entre el 8% y el 12% en 2023 y 2024. La cadena, que tiene cerca de 15.000 empleados en España, también aprobó dos pagas extraordinarias durante el periodo: la primera, en 2023, fue de 350 euros para los trabajadores con salario anual inferior a 23.487 euros; y la segunda se vinculó a los resultados de 2024. En el caso de la cooperativa valenciana Consum, aumentó un 3,6% este año el salario a toda su plantilla, formada por más de 21.100 trabajadores. 

El grupo automovilístico Volkswagen reducirá un 10% los bonus de 4.000 directivos, tras el acuerdo alcanzado en la noche del viernes con los sindicatos para evitar el cierre de fábricas en Alemania. Dicha rebaja se producirá en los próximos dos años, a lo que luego se le sumará una bajada de sueldos del 8%, 6% y 5% en los tres ejercicios posteriores, informó el periódico germano Suddeutsche Zeitung. El pacto, firmado con el poderoso sindicato IG Metall después de 70 horas de negociaciones entre las partes, contempla una reducción de la plantilla de Volkswagen en Alemania de 35.000 personas hasta 2030. Dicho ajuste, indicó Volkswagen, se llevará a cabo de una forma “socialmente responsable” y evitará el cierre de plantas en el país. Eso sí, estas verán reducida su capacidad de producción en 734.000 vehículos, según consta en el acuerdo, denominado Zukunft Volkswagen (Volkswagen del futuro). La reducción a corto plazo de los costes laborales (1.500 millones de euros al año), sumada a la disminución de la capacidad de producción y la reducción de los costes de desarrollo, se traducirán en un ahorro de más de 4.000 millones al año a medio plazo para el consorcio. “Esto permitirá a Volkswagen sentar las bases para importantes inversiones en productos futuros hasta 2030. El reajuste estructural de la empresa a nivel operativo y colectivo creará las condiciones para alcanzar el objetivo de rentabilidad de las ventas de la marca Volkswagen a medio plazo”, añadió la compañía al anunciar un acuerdo que los sindicatos tildaron de “milagro de Navidad”.

Menos de una semana han tardado Honda y Nissan en confirmar que negocian una posible fusión entre ambas compañías, a la que se podría unir Mitsubishi, que, en caso de llegar a buen puerto, crearía el tercer fabricante mundial de automóviles, tanto por volumen de negocio como por cifra de matriculaciones. Los consejeros delegados de las tres compañías –Makoto Uchida (Nissan), Toshihiro Mibe (Honda) y Takao Kato (Mitsubishi)– confirmaron ayer oficialmente que negocian una fusión, mediante la creación de una sociedad hólding, que permitiría maximizar las sinergias de fabricación y operativas, así como reducir costes en un momento clave para el sector del automóvil, en plena transformación hacia la movilidad eléctrica y con una fuerte presión de las marcas chinas. La confirmación de un secreto a voces disparó ayer los títulos de las tres firmas, que subieron significativamente –Nissan (+1,58%), Honda (+3,82%) y Mitsubishi (+5,25%)– en la Bolsa nipona. Con este anuncio se abre ahora un período de negociación en el que Honda y Nissan llevarán la voz cantante y en el que Mitsubishi también tendrá que decidir si se suma a esta alianza, aunque será la que menos peso tendrá, tanto por volumen de negocio, como porque Nissan posee un 24,5% en su accionariado. La previsión es que se alcance un acuerdo definitivo sobre esta fusión a tres bandas durante la primera mitad del año que viene, lo que en caso de salir adelante supondría que tanto Nissan como Honda dejarían de cotizar en Bolsa, para dar paso al nuevo hólding surgido de la unión entre Honda y Nissan que podría debutar en el parqué nipón en el año 2026.

Una vez pasada la conmoción inicial por el ataque de un hombre procedente de Arabia Saudí contra el mercado navideño de Magdeburgo, en el que perdieron la vida cinco personas y 200 resultaron heridas, llega el momento del debate político y de la predecible instrumentalización de la extrema derecha de la tragedia para promover el odio contra los migrantes a dos meses de las elecciones generales, obviando que el perpetrador procedía en realidad de su círculo de simpatizantes. Taleb al Abdulmohsen no era islamista, ni llegó a Alemania con la llamada ola de refugiados de 2015 y 2016. Criticaba frecuentemente el islam en sus redes sociales y se trasladó al país en 2006 para trabajar como médico. No fue hasta 2016 cuando el hombre, especializado en psiquiatría y psicoterapia, solicitó ser reconocido como refugiado. Alegó que su vida corría peligro si volvía a su país de origen ante el miedo de ser deportado. De hecho, su perfil atípico desconcertó a muchos expertos cuando comenzaron a filtrarse detalles sobre él tras su rápida detención. “Después de 25 años en este negocio, uno piensa que ya nada puede sorprenderle. Pero un exmusulmán saudí de 50 años que vive en Alemania del Este, ama a AfD [Alternativa para Alemania, partido de extrema derecha] y quiere castigar a Alemania por su tolerancia con los islamistas… Realmente, no tenía esto en mente”, escribió en la red social X el experto en terrorismo Peter Neumann. Sin embargo, en muchas plataformas y canales de Telegram donde es habitual que los extremistas de derecha intercambien información, ya está claro que este hecho simplemente se ignora. 

Pablo Iglesias lleva semanas planteándose volver a la política activa. Podemos piensa que hoy tendría más apoyo electoral que la coalición de Yolanda Díaz, a la que consideran atrapada en la tela de araña de Sánchez. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Es muy probable que ayer Pablo Iglesias estuviera rumiando todo lo sucedido en los últimos seis años, mientras observaba a Pedro Sánchez presumir de sus logros económicos y políticos de 2024, en una conferencia de prensa en la que habló casi 50 minutos y luego permitió cuatro preguntas. El ex líder de Podemos lleva algunas semanas pensando en volver a la política activa; aunque para ello tendría antes que acabar con el gobierno de coalición progresista que él contribuyó a formar en 2018 y del que fue expulsado sibilinamente por el secretario general del PSOE y por su sucesora al frente de la izquierda radical, Yolanda Díaz. La formación morada cuenta ahora con tan solo cuatro diputados en el Congreso de los Diputados, frente a los 23 que tenía en 2019 o a los 67 a los que llegó en 2016. Una cifra muy pequeña, pero que puede ser decisiva a la hora de aprobar las leyes que presente el Ejecutivo a las Cortes. Sus votos en contra pueden poner las cosas muy difíciles a un Gobierno cada día más debilitado por la actitud de sus socios y aliados a la derecha y la izquierda. En el año de esta legislatura, la portavoz de Podemos, Ione Belarra se ha mostrado especialmente dura con sus socios de coalición. Sus intervenciones han sido las de un partido de la oposición, aunque al final hayan votado a favor de la mayoría de las propuestas de La Moncloa. Cuando han votado en contra, han conseguido modificar los planteamientos oficiales, comprobando que con solo cuatro escaños se puede influir tanto como otras fuerzas políticas con más diputados.

Bernardo Atxaga, nombre literario de José Irazu (Asteasu, 1951), ha sido condecorado con la medalla de oro al Mérito en Bellas Artes, una de las máximas distinciones en el campo de la creación artística y cultural o por servicios prestados en el fomento o conservación del arte y el patrimonio. El escritor guipuzcoano ya contaba en su haber con otro importante galardón concedido por el Gobierno central en el año 2019, el Premio Nacional de las Letras Españolas, al que ahora se le suma esta medalla de oro. Así, Atxaga es el único vasco de una lista de 38 personalidades entre los que figuran también ilustres de la cultura, la escritura y el cine como Elvira Lindo, Eva Baltasar, Josep María Pou, Maribel Verdú o Eduard Fernández, todos ellos a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Del ámbito de la música, han sido reconocidos los compositores Robe Iniesta y José Mercé; los grupos musicales Los Planetas y Camela; el rapero Kase O, el cantante de ópera Carlos Chausson Gracia y el representante musical José Emilio Navarro Viña ‘Berry’.