20241230

El absentismo, aunque sea justificado al haber sido autorizado por un médico, es una de las lacras que está asolando y dañando la actividad económica en España. No solo somos los reyes del paro en Europa, sino también del absentismo (solo Francia nos supera), hasta el punto de que prácticamente duplicamos los niveles medios que hay en la UE. Euskadi es líder en España de las bajas laborales, con una incidencia del 5,8% frente al 4,1% de media nacional, según un reciente informe de Orkestra, el Instituto Vasco de Competitividad de la Universidad de Deusto. Por ello se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de las empresas en estos últimos tiempos, y una de las causas que también alega la CEOE para rechazar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, puesto que penaliza de forma notable la productividad, otro de los talones de Aquiles de España y por el que también se sitúa muy por debajo de Europa. El número de bajas se ha disparado un 54% en apenas cinco años, en mayor medida entre los jóvenes, con un peso cada vez más importante de las de larga duración y un aumento exponencial de las ocasionadas por enfermedades mentales. En 2023 hubo tres millones de bajas por incapacidad temporal (IT) más que un lustro atrás y escalaron hasta los 8,3 millones, casi el doble de las que hubo en 2020, en plena pandemia de la covid. El Estado tuvo que desembolsar por ello 14.208 millones de euros, una cifra que ya se ha superado este año en más de un 15% pese a que aún no se ha sumado el gasto de diciembre, para lo que la Seguridad Social ha tenido que desviar más de 3.900 millones al haber gastado en nueve meses la partida de todo 2024. El coste de las ausencias al trabajo se ha disparado un 80% en un lustro, se ha triplicado en la última década (en 2014 apenas se gastaron menos de 4.900 millones en prestaciones por IT) y se ha convertido en la partida de mayor presupuesto tras las pensiones. Una de las causas que podría argüirse para este aumento desmesurado de las ausencias al puesto de trabajo por enfermedad es el envejecimiento que se está dando entre la población española: a mayor edad, peor salud. Sin embargo, unos datos proporcionados por el propio Ministerio de la Seguridad Social a los agentes sociales echan abajo este argumento. Paradójicamente, son los jóvenes los que más bajas cogen, hasta el punto de que duplican a las de los mayores de 55 años.

Durante 2023 se perdieron en España más de 396 millones de jornadas laborales, como consecuencia de los procesos de incapacidad temporal (IT), una cifra que supone elevar en un 62% las jornadas perdidas durante 2018, según los datos publicados por Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Esto equivaldría a que algo más de un millón de trabajadores no hubiera acudido a su puesto de trabajo ningún día del año pasado o a una media de 20 días de ausencia al año por trabajador, tan solo por incapacidad temporal, sin tener en cuenta el resto de posibles ausencias.

Los problemas de conciliación con unos horarios y jornadas durante los fines de semana que restan atractivo a los puestos, sumados a la falta de personal dotado de una formación específica para el sector, amenazan con poner contra las cuerdas la contratación en los supermercados. Sólo el año pasado ya quedaron sin cubrir 16.000 puestos en toda España, según cuantifica la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución ANGED, que agrupa a asociados como Eroski, Carrefour o El Corte Inglés. «Ocho de cada diez empresas reconocen problemas para encontrar determinados perfiles», advierte el portavoz de la entidad, David Gracia, quien reconoce que esta situación de toda España también se manifiesta con claridad en el País Vasco. «En los últimos años se ha producido un desajuste en el mercado laboral y muchos sectores encuentran dificultades crecientes para cubrir determinadas posiciones que van desde profesionales básicos en tiendas, como las secciones de pescadería o carnicería, a perfiles técnicos en los que se compite con otros sectores, como áreas de digitalización, logística, ciberseguridad...», enumera. En ANGED inciden sobre la necesidad de salvar la «brecha» existente entre «la formación y la realidad del mercado», que dificulta encontrar personal «con las competencias necesarias», si bien ésta no es su única advertencia. En su última asamblea anual la presidenta, Matilde García Duarte, denunció el «alarmante nivel de absentismo» que sintomatiza la realidad de un mercado laboral que en su contexto actual «puede llegar a frenar los planes estratégicos de las compañías», y recogió como uno de los principales desafíos la necesidad de «conectar con las aspiraciones laborales de las nuevas generaciones». «Nos preocupa mucho que se aborde una posible reducción de la jornada laboral a espaldas de los convenios ya pactados. Supondría un cambio en las reglas de juego, con un alto coste para los sectores que han encontrado a través de la negociación colectiva fórmulas que permiten la conciliación profesional y familiar sin pérdida de capacidad productiva», agregó entonces.

Donde hay un problema hay una solución y las cadenas de supermercados que operan en Euskadi ya han encontrado unas cuantas para hacer más seductoras y accesibles sus propuestas laborales. Así lo reflejan las condiciones que ofrecen grandes grupos como Uvesco, con 185 supermercados en Euskadi en los que trabajan 3.373 personas, la mayoría en BM. «En un contexto como el actual, de prácticamente pleno empleo técnico, buscar, seleccionar y mantener a los profesionales de nuestro sector es un reto», admite la subdirectora de Recursos Humanos, Eva Otazo. En la actualidad los certificados profesionales de Carne y Pesca «no se incluyen en ningún ciclo formativo», añaden, lo que podría entorpecer el incremento de una compañía que se define «en permanente crecimiento». «Siempre tenemos ofertas de empleo activas, especialmente en las secciones de frescos, ya que por su perfil y experiencia son muy valorados y necesarios», confiesan. Para solventar estas carencias, preparan a sus nuevos profesionales de carnicería y pescadería a partir de un programa de más de dos meses de formación tutorizada y un periodo de acompañamiento y prácticas», aclara. Los atractivos para captar empleados están bien fijados y pasan por la promoción interna –más del 95% de sus puestos de responsabilidad se cubren por esta vía– y unos «convenios sectoriales fuertes en Euskadi». «En Bizkaia, por ejemplo, una nueva incorporación percibe actualmente 20.525 euros brutos al año (1.710,42 repartidos en 12 pagas)», detalla Otazo. No es un caso único. En Eroski, con más de 8.700 trabajadores –más de 7.600 de ellos con un contrato permanente– están habituados a acudir a ferias de empleo y plataformas digitales para captar talento. 

En pleno despliegue de las energías renovables en Álava y lejos de gigantes como Solaria, Iberdrola o Statkraft, los pequeños proyectos de particulares también van dando pasos para darle al territorio un mayor suministro de kilovatios 'green'. Después de un momento de frenazo, la instalación de comunidades energéticas vuelve a coger velocidad. A las 21 que ya hay instaladas en el territorio, según los datos facilitados por la Red de Comunidades Energéticas, se sumarán en los próximos meses otras 24 más en concejos y barrios de Vitoria, así como en otros municipios alaveses. En total, 45. Ese crecimiento va a ser todavía mayor en número de hogares. De los 493 contadores que consumen ya su electricidad directamente del sol Álava van a pasar a 1.598 cuando se complete la instalación de las placas en las cooperativas energéticas que ya están en tramitación. De esas 24, doce, la mitad, no es que estén inmersas en el papeleo; es que ya están colocando los paneles para producir energía. Así sucede en puntos como Legutio o Gopegi. En Zalduondo puede ser cuestión de días que se empiece a usar la energía solar. Aunque Egoitz Iradier, uno de los ingenieros que ha impulsado el proyecto, duda porque «estando Iberdrola de por medio nunca se sabe». Esperan una respuesta de la comercializadora para hacer realidad el proyecto. De por medio, «casi tres años» de tramitación que «se cuentan en un momento», pero han supuesto un esfuerzo muy importante para las personas detrás de los 27 contadores –algunos del propio Ayuntamiento– que se beneficiarán de la energía 'green' de las placas. Matiza Iradier que la iniciativa «no es cerrada, está abierta a que se incorporen más vecinos». A esos 45 proyectos se sumarán más adelante otras once comunidades energéticas que ya están constituidas como tal en Álava pero en una fase aún muy temprana. Proporcionarían energía a otras 223 viviendas en puntos como Villafranca, Argandoña o Ariñez.

Particulares aparte, las empresas también están impulsando sus propias comunidades energéticas. En Vitoria, la Asociación de Empresas de Júndiz ya trabaja en un proyecto pionero para hacer la primera ekiola industrial de la capital. El proyecto, impulsado por la anterior junta directiva de la entidad y continuado por la actual, cuenta con el respaldo de diez firmas ubicadas en el polígono y que serán directamente dueñas de la instalación. Para el proyecto han contado con el apoyo de Edinor (una filial de Petronor) y ayudas del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). La entidad estatal cubrirá un 60% de la inversión, que asciende a un millón de euros. Para obtener energía del sol, las empresas van a instalar 370 kilovatios (kW) de potencia renovable en las instalaciones del Centro Intermodal de Transporte y Logística de Vitoria (CTV). Fuentes de la asociación explican que la comunidad dará energía a «grandes consumidores y pequeñas empresas». «Hay perfiles muy diversos: desde firmas del sector agroalimentario hasta entidades ligadas al automóvil. Algunas incluso ya tenían placas en sus tejados y han invertido para obtener más energía de este modo», sostienen estos mismos medios. La inversión permitirá un ahorro medio de entre 50.000 y 55.000 euros al año, con la previsión de que la inversión se rentabilice en apenas seis ejercicios. Si nada se tuerce, la instalación estará en marcha «a lo largo del primer cuatrimestre» de 2025. «Es una inversión muy importante», recalcan.

Astigarraga, ‘green house’ –vivienda verde–. Si Vitoria creó en 2012 el lema ‘green capital’ –capital verde– para promocionar sus numerosos parques en la ciudad, Astigarraga bien podría tomarle el relevo en materia de eficiencia energética. Porque la localidad de Buruntzaldea es el municipio de Gipuzkoa con el mayor porcentaje de casas sostenibles con un 31% –1.006 pisos de 3.242– sobre el total del parque –ver gráfico adjunto–, según un informe del Grupo Sociedad de Tasación, al que ha tenido acceso DV, basado tanto en las estadísticas de la Dirección General del Catastro a nivel estatal como las oficinas de Catastro forales y las gerencias del resto de autonomías. Gipuzkoa no sale mal parada en este ranking, ya que con un 12% ocupa la décima posición en la clasificación provincial, que lidera Toledo con un 21%, en una tabla que copan zonas de la Meseta donde suele hacer frío. El territorio guipuzcoano es el que más porcentaje de ‘vivienda verde’ tiene de la Comunidad Autónoma Vasca, aunque cinco puntos por debajo de Navarra. Esta calificación es el resultado del cálculo del consumo de energía necesario para satisfacer la demanda energética de un edificio en condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Los inmuebles son clasificados en siete letras, donde la G y la A corresponden al menos y al más eficiente, respectivamente, según el consumo de energía y las emisiones de CO2 comparadas con un edificio base de similar tipología y localización. Las características de la eficiencia energética son la calefacción y refrigeración, la ventilación, la iluminación y los sistemas de aislamiento y de agua caliente. Así, una vivienda con letra A consume hasta un 90% menos de energía que una con la clasificación G, según el portal Inarquia, especializado en edificios sostenibles.

El mercado inmobiliario se encuentra en su momento más intenso desde el estallido de la burbuja inmobiliaria y las previsiones de los analistas apuntan a que esta tendencia se mantendrá a lo largo del año 2025, aunque en ritmos algo más moderados que en 2024. ¿Las razones? Por un lado, la rebaja de los tipos de interés está dando entrada a los particulares a un mercado en el que hasta ahora los inversores tenían un gran peso. Por otro, el desequilibrio entre la oferta y la demanda seguirá agravándose por la escasez de nuevas promociones. Y todo ello seguirá tensando los precios, tanto en la compra como en el alquiler, donde además los propietarios podrán de ser más selectivos, lo que puede expulsar del mercado a los inquilinos de más riesgos, como inmigrantes y familias con hijos. La rebaja del euribor y la guerra entre las entidades financieras por hacerse con nuevos clientes ha disparado la compra de viviendas en la segunda mitad de 2024 y, especialmente, la adquisición con hipoteca. Y para 2025 la tendencia seguirá al alza, apoyándose en las próximas rebajas de tipos que se vislumbran en el horizonte, aunque en cifras algo más moderadas. De hecho, el consenso de analistas, con más de una veintena de profesionales del sector, prevé que las compraventas crezcan en torno a un 6,5% anual el próximo ejercicio, lo que llevaría las transacciones a superar la cota de las 680.000. Esto es, el máximo desde la época de la burbuja. Sin embargo, se puede anticipar un cambio muy importante en el mercado: si antes la demanda estaba liderada por los inversores, ahora serán las clases medias y medias-bajas, muy golpeadas por la carestía del alquiler, las que empiecen a tomar el relevo, con la ayuda de la familia en los casos en los que sea posible. Y eso se traduce en que, según señalan algunos analistas, la presión de la demanda se irá trasladando progresivamente de las grandes ciudades a los pequeños municipios; y, dentro de las grandes áreas urbanas, de las zonas más céntricas y exclusivas, a la periferia y los distritos más asequibles. Está presión compradora, junto con la falta de oferta disponible, provocará que los precios sigan al alza el próximo año aunque, de nuevo, a ritmos algo más moderados que en 2024.

El próximo 2025 mantendrá en el primer semestre los descuentos del transporte público vigentes desde 2022, las pensiones se revalorizan un 2,8%, y los costes hipotecarios bajarán gracias a la previsible reducción del euríbor. La otra cara de la moneda es que finalizan las rebajas fiscales a los alimentos y a la energía, habrá incrementos de cotizaciones para empresarios y para trabajadores, nuevos impuestos a los cigarrillos electrónicos, y las grandes compañías de telecomunicaciones subirán sus tarifas. El próximo 2025 se presenta como un nuevo ejercicio de normalización de precios en muchos ámbitos y de contención tras las sacudidas que empezaron con la pandemia. Las previsiones apuntan a que la inflación seguirá moderándose; el transporte público gozará de una prórroga de los descuentos articulados en 2022; las pensiones se revalorizarán en línea con el índice de precios al consumo, y los costes hipotecarios y de endeudamiento bajarán gracias a la previsible reducción del euríbor con la relajación de la política monetaria. La otra cara de la moneda es que finalizarán del todo las rebajas fiscales a los alimentos y a la energía, habrá incrementos de cotizaciones para empresarios y para trabajadores, nuevos impuestos a los cigarrillos electrónicos, y las grandes compañías de telecomunicaciones subirán sus tarifas. Además, los precios de los inmuebles, tanto en alquiler como en venta, no tienen viso de ceder y mantendrán el acceso a la vivienda como uno de los mayores problemas de la ciudadanía.

Ni PNV ni Junts están, al menos por ahora, en ningún tipo de operación para que germine una mayoría alternativa a la actual que sostiene al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta de Junts y su portavoz en la Cámara baja, Miriam Nogueras, recalca que su partido “no está en ningún bloque español”. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, va más allá y anima a todos los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez a respaldar los próximos Presupuestos para blindar la legislatura. En el caso del PNV, que suele ser mucho más previsible y anuncia sus acuerdos cuando ya están sellados, sí tienen muy claro que no observan en el horizonte una alternativa al bloque de legislatura actual. El portavoz parlamentario, Aitor Esteban, molesto con el Gobierno especialmente por cómo se llevó el tema de los gravámenes a las multinacionales energéticas, ha querido lanzar un mensaje en estos días de renovación del compromiso de los partidos que votaron la investidura de Sánchez: “Creo que hay que generar confianza entre todos los grupos, porque hacen falta todos los votos todo el tiempo. Y si se ha apoyado a un Gobierno, creo que hay que darle un Presupuesto. En eso está trabajando el PNV. Y esto aseguraría cumplir gran parte de la legislatura”. Fuentes de la cúpula del Euzkadi Buru Batzar del PNV próximas a Andoni Ortuzar remachan que no ven “una mayoría alternativa a la actual por varios motivos: el principal, el factor Vox; y otro, este PP tan echado al monte en su pugna con la ultraderecha”. Las mismas fuentes confiesan, además, que su relación actual con el PP no solo “no pasa por sus mejores momentos” sino que “apenas va más allá de lo protocolario”.

Artículo del ministro de Economía, Carlos Cuerpo: "...2024 ha sido, una vez más, un buen año para la economía española. Se mantiene el pulso de crecimiento y creación de empleo que siguió a la pandemia. En efecto, el comportamiento de la economía española en los últimos años no ha dejado de sorprender al alza, tanto a nivel doméstico como internacional. Ni la pandemia ni la guerra en Ucrania, el posterior repunte inflacionario y el ciclo de subida de tipos de interés, ni las dificultades del entorno internacional han frenado nuestro crecimiento. Así, las previsiones para la economía española para 2024 se han ido revisando de forma sistemática al alza: mientras que en enero los analistas anticipaban un 1,5%, las previsiones de todas las instituciones ahora apuntan a que cerraremos 2024 duplicando dicha cifra, en un 3% o por encima. El pulso se mantiene en este final de 2024, lo que anticipa también un fuerte crecimiento en 2025. Atendiendo a las previsiones de distintos analistas, basadas en datos de alta frecuencia, el último trimestre podría crecer en línea con los anteriores, en torno a un 0,8%. Esto supondría un crecimiento por encima del 3% en 2024 y nos posicionaría con un crecimiento base del 1,2% para 2025, incluso desde antes de empezar el año. Estas cifras destacan aún más si las miramos en el contexto de atonía del crecimiento en nuestros países socios. España lidera el crecimiento entre las grandes economías europeas en 2024...El crecimiento de España en los últimos años se basa en un modelo distintivo, con características propias, que ha sabido hacer frente a circunstancias adversas y sacar partido a sus fortalezas. Los elementos esenciales de este modelo se pueden resumir en el concepto de equilibrio, compatibilizando logros que, hasta hace poco, parecían excluyentes o incluso contradictorios: (i) fuerte crecimiento y capacidad de financiación frente al exterior, sin acumular dependencias excesivas de sectores económicos susceptibles de derivar en nuevas vulnerabilidades; (ii) creación de medio millón de empleos al año y moderación de precios; (iii) descarbonización de nuestro mix energético y ganancias en competitividad, con atracción récord de inversiones en sectores estratégicos, (y iv) conquistas sociales y reducción de la desigualdad sin renunciar a la responsabilidad fiscal..."

Entrevista con Lorenzo Amor, presidente de la federación de autónomos ATA y vicepresidente de la CEOE. "Por primera vez en democracia se reduce la jornada de forma unilateral y sin tener en cuenta una de las partes de la negociación colectiva. Es un acuerdo de parte. La decisión estaba tomada desde el inicio de la negociación. Es un acuerdo político y unilateral en el que hemos sido figurantes porque el resultado estaba mascado...La jornada laboral se ha ido reduciendo vía acuerdos entre patronal y sindicatos en la negociación colectiva. Ahí están los convenios colectivos firmados...A quien más daño va a hacer es a autónomos y pequeñas empresas...Esto no se arregla con las ayudas que puso encima de la mesa el Ministerio de Trabajo, sino ayudando a los autónomos que tienen uno, dos o tres trabajadores a asumir el coste compensando el incremento de costes laborales, no vía nuevas contrataciones, porque la inmensa mayoría de autónomos van a asumir en sus espaldas, en sus jornadas laborales, la reducción de los horarios de sus trabajadores...Desde Economía se mantiene una vía de diálogo importante y se nos está escuchando. Lo que el ministro ha puesto de manifiesto es lo que la CEOE venía diciendo: hay unos acuerdos firmados, que son los convenios colectivos, y hay un nivel de empresas a las que va a castigar mucho la reducción de jornada. El crecimiento se va a resentir por aplicarla de forma unilateral y de manera excesivamente rápida, sin tener en cuenta la negociación colectiva. Coincidimos con las afirmaciones que se hacen desde el Ministerio de Economía...Nosotros tampoco negamos la reducción de jornada. Estamos dispuestos a que se reduzcan los horarios y llevamos trabajando muchos años en la negociación colectiva..."

La tensa situación geopolítica internacional ha hecho saltar las alarmas entre los gobiernos de los países miembro de la OTAN, que se han comprometido a aumentar el gasto en Defensa en los próximos años. Tras una larga etapa en la que hablar de armas y de proyectos de seguridad era casi un tabú, el sector vive ahora un momento histórico, tanto en imagen pública como en volumen de negocio y perspectivas de crecimiento de cara al futuro. Este boom de la Defensa ha llevado a los gigantes de la industria a disparar sus resultados en los últimos años, al adjudicarse nuevos proyectos y tener la proyección a corto plazo de que aumentarán los fondos disponibles para contratos en materia de Defensa. La bonanza de esta industria ha llevado a los líderes del sector en España, como Navantia, Indra, Escribano, General Dynamics European Land Systems (Santa Bárbara) o Sapa a engordar sus carteras de pedidos en Defensa hasta una cifra conjunta de más de 13.000 millones de euros, que anticipa unos próximos años de vientos de cola para dichas firmas. Todo apunta, a su vez, a que la tendencia seguirá siendo de crecimiento, tanto por el cada vez mayor número de conflictos en diferentes lugares del planeta como por el compromiso cada vez más férreo de los miembros de la OTAN de subir su gasto en Defensa a corto y medio plazo. Ahora negocian elevar el objetivo del 2% del PIB en gasto en Defensa (España no lo logrará hasta 2029) al 3%, coincidiendo con la llegada de Trump a la Casa Blanca.

La empresa española Sapa, especializada en tecnología de transmisiones y grupos motopropulsores para carros de combate, participa en programas estratégicos en España como el 8x8 Dragón, dentro del consorcio Tess Defence, el vehículo de zapadores Castor VZC o el vehículo de apoyo de cadenas (VAC), mientras que en el entorno internacional cuenta entre sus clientes con gigantes de Defensa como General Dynamics o BAE Systems. De cara a 2025, la compañía continuará con la producción del 8x8, con previsión de entregar 90 unidades el año que viene, y también modernizará las transmisiones de una flota de 86 unidades del vehículo blindado Pizarro II.

Muface pagará 343 millones a Adeslas, Asisa y DKV por la prórroga del convenio sanitario de la mutualidad de los funcionarios y sus familiares. La cifra se incluye en la Resolución de Muface que “ordena la continuidad del servicio por razones de interés general”. El importe se ha calculado aplicando el alza de la prima incluido en la licitación abierta para la sanidad de los funcionarios de Muface, que en 2025 es del 19,5% y suma el 33,5% en los tres próximos años. La prórroga estará vigente hasta que entre en vigor el concierto que ahora está en fase de licitación, del que SegurCaixa Adeslas se retiró el viernes pasado. Adeslas y DKV han presentado alegaciones –que no han sido tenidas en cuenta por la Administración– en el periodo de audiencia durante la elaboración de la prórroga. Adeslas pide, entre otras cosas, el “desistimiento” de la ampliación, mientras que DKV solicita “el archivo del expediente”. La resolución “indica expresamente [a Adeslas] que se pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso administrativo”. Asisa no ha mostrado ninguna critica a la prórroga.

Canarias destrona a Madrid como el destino más caro estas Navidades, con una tarifa mediana por las pernoctaciones en hoteles de 343 euros la noche. Diciembre, un mes clave para el sector turístico, comporta este año una contención en las subidas de precio en la mayor parte de las regiones, salvo en la propia Canarias, Baleares y Valencia. Así lo refleja el infome The Hotel Pricing Outlook, elaborado por Simon-Kucher. Según el documento, esta desaceleración en los precios sería parte de la estrategia de las cadenas hoteleras para estimular la demanda, en un intento de contrarrestar el freno en el crecimiento de las ocupaciones que se ha visto durante todo el año. El documento indica que la tarifa mediana mantendrá su tendencia alcista y alcanzará los 257 euros en Navidades, un 5% superior a la del año pasado y un 29% superior a 2023. En cuanto a destinos, Canarias supera con creces la hegemonía de Madrid por tarifa mediana prevista. El archipiélago adquiere el puesto más alto del ránking con unas cifras esperadas de 343 euros en fin de año, un 20% por encima de la capital, que registra una mediana de 287 euros. El informe subraya que el liderazgo en Canarias, con una drástica subida del 30% de la tarifa mediana, se debe en gran parte al segmento midscale, con una subida del 54%, pero también al segmento de lujo, que adquiere una tarifa mediana por encima de los 600 euros. En Madrid, Barcelona y Sevilla se experimentan unas subidas más controladas, incrementando los precios entre un 2% y un 3% frente al mismo periodo en 2023.

La nueva oleada de cayucos arribados esta Navidad a las costas españolas –una treintena en Canarias desde el día 25 con dos mil personas a bordo– y los distintos balances anuales sobre la inmigración irregular han devuelto al primer plano el desafío de una realidad que, tras haber copado la atención en verano a raíz de la crisis desatada en el archipiélago con los casi 6.000 menores migrantes no acompañados bajo tutela del Gobierno autonómico, había quedado solapado por la dana, los escándalos de presunta corrupción y la inestabilidad política. Las estadísticas oficiales y las que manejan las ONG, a la espera del cierre definitivo de este 2024, certifican que este ha sido un ejercicio de récord en lo luctuoso –casi 10.500 muertes, lo que lo convierte en el más mortífero en una década– y en cuanto a llegadas, con 57.738 extranjeros sin papeles contabilizados hasta el 15 de diciembre. El repunte de las cifras, que atañe también a los menores que afrontan en solitario viajes de alto riesgo, ejerce una singular presión sobre Canarias e interpela tanto al Gobierno de Pedro Sánchez como a los de las comunidades, en su mayoría en manos del PP, que colidera también las islas junto a Coalición Canaria. Si la firma hace un año por las principales familias de la UE, en medio del auge de la ultraderecha refractaria a la acogida de ciudadanía sin regularizar, del Pacto sobre Migración y Asilo está pendiente de desarrollo y contraste, el disenso ha reventado a lo largo del año en España motivado en origen por el hacinamiento de los menas en Canarias, pero que va ya más allá de lo coyuntural. 

El expresidente de EE UU Jimmy Carter falleció ayer en su casa de Plains, en el Estado de Georgia, donde había nacido hace 100 años. El más longevo de los ocupantes de la Casa Blanca se había convertido en centenario el pasado 1 de octubre, cuando recibió su último homenaje público. La presidencia de Carter solo duró cuatro años, entre 1976 y 1980, marcados por la crisis económica y el asalto a la embajada de EE UU en Irán. Pero a partir de entonces desarrolló una labor de mediador en conflictos internacionales y en defensa de los derechos humanos que en 2002 le fue reconocida con el premio Nobel de la Paz. Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, murió ayer a los 100 años en su casa de Plains, en el Estado de Georgia. Con la honradez y la sinceridad por bandera, Carter ganó las elecciones presidenciales de 1976 tras la conmoción de la guerra de Vietnam y del caso Watergate. Gobernó fiel a sus principios, pero la crisis del petróleo y la toma de rehenes en la Embajada de EE UU en Irán le condenaron a un solo mandato. Fue barrido por la era Reagan, aunque su figura se agrandó después de salir de la Casa Blanca. Volvió a su Georgia natal y se volcó en la promoción de la democracia y los derechos humanos en el mundo a través del Centro Carter. En 2002 recibió el Nobel de la Paz. En la ceremonia de entrega del premio, Gunnar Berge, presidente del comité del Nobel, dijo de él: “Es probable que Jimmy Carter no pase a la historia de Estados Unidos como el presidente más eficaz. Pero sin duda es el mejor expresidente que ha tenido el país”.