20250118

Confebask considera que la revisión foral de la fiscalidad se queda "corta" y es "una oportunidad perdida". La presentación del Informe de Coyuntura de Confebask quedó eclip­sada por la desilusión manifestada por los representantes de la organi­zación sobre aspectos clave para la competitividad industrial. La refor­ma fiscal de las haciendas forales, la injerencia del Gobierno central en la jornada laboral y la negociación co­lectiva, el absentismo y el talento pe­saron más que una décima arriba, o abajo, de crecimiento del PIB. 
La presidenta de Confebask, Ta­mara Yagüe, condensó la situación al indicar que "la música y los men­sajes que transmite el nuevo Gobier­no vasco, en principio, nos gustan. Compartimos la apuesta por la in­dustria, reforzar el arraigo y la inver­sión empresarial, apostar por una es­trategia de país en materia de talen­to, utilizar el Concierto Económi­co ... , pero tenemos que esperar a co­nocer la letra. También es cierto que la única letra que hemos visto hasta ahora: la revisión fiscal, no acompa­ña a la música". Precisamente, la partitura fiscal de las haciendas forales desató las ma­yores críticas: "Creemos que es posi­tivo que se alivie la situación de determinados grupos vulnerables, co­mo pueden ser la juventud, y que se apoye la descarbonización empresa­rial. Dicho esto, creemos que esa re­visión fiscal es una oportunidad perdida para utilizar el Concierto en el impulso del crecimiento económico. No se contemplan medidas que re­fuercen la competitividad empresa­rial, ni que den atractivo fiscal al te­rritorio para vivir, trabajar, o inver­tir, al menos como lo entendemos nosotros". 

Auditores y consultores de los interesados en hacerse con Talgo intensifican el trabajo para cerrar una oferta económica vinculante antes del 31 de enero, y saben que tendrán competidores. EL CORREO ha confirmado de fuentes conocedoras de las negociaciones que la compañía india Jupiter Wagons ultima también una oferta pública de adquisición (opa) por Talgo. El interés del fabricante indio que cotiza en la bolsa de su país ya se conocía, pero sus planes avanzan y contemplan una oferta que va más allá del accionariado del principal accionista de Talgo, el fondo de inversión Trilantic, que tiene el 29,9% de las acciones. Un movimiento que obligaría a abrir el proceso reglado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para hacerse con el 100% de la empresa. No es el único aspirante. Este periódico ha podido confirmar que la empresa pública polaca, Pesa, ha contratado a Societé Generale. El banco de inversión trabajará para estudiar también la presentación de una opa por Talgo, como publicó ayer ‘El Confidencial’. Se trata de una compañía que es propiedad de la ‘Sepi polaca’, el fondo PFR controlado por el Gobierno de Donald Tusk. Pesa tiene firmados acuerdos de colaboración con Talgo. Así las cosas, la vía Sidenor podría complicarse. La compañía vasca presidida por José Antonio Jainaga cuenta, eso sí, con el respaldo firme de los Gobiernos central y vasco, dispuestos a participar con dinero público, pero si cualquiera de las alternativas se sustancia en una opa, solo podría bloquearse con una decisión del Consejo de Ministros.

El temor a una escasez de mano de obra en Euskadi, motivada por el envejecimiento de la población vasca que se traduce en más jubilaciones y una fuga de talento que seduce a los jóvenes cualificados con puestos mejor pagados en el extranjero, ha encontrado un refugio en los inmigrantes. Los cotizantes foráneos siguen creciendo en el territorio. Al cierre de 2024 alcanzaron los 97.642 afiliados medios según los datos difundidos ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, lo que supone un aumento de 6.012 personas. El dato implica que esta población representa ya algo más de la mitad –exactamente un 52%– de todos los cotizantes incorporados al País Vasco durante el último año. Aunque los registros no marcaron un nuevo techo el pasado mes –en Euskadi el número total se redujo en 26 personas respecto a noviembre–, 2024 sí mantiene la escalada que se viene materializando durante los últimos años. Diciembre se tradujo en un crecimiento interanual del 6,2%, pero cuando se abre la horquilla y se observa la evolución del mercado laboral vasco durante la última década, la gráfica se vuelve mucho más pronunciada. De hecho, en ese plazo de tiempo los cotizantes foráneos se han duplicado. Crecen un 94,7% desde 2015, cuando se contabilizaron 50.162 extranjeros. Su peso crece en la economía vasca. Al mirar el número total de afiliados que trabajaron en Euskadi se ve que en la actualidad casi uno de cada diez trabajadores es inmigrante (representaron el 9,5% del millón de cotizantes, medio punto más que el año pasado), pero todavía por debajo del 13,7% del conjunto de España. De todos ellos casi la mitad ejercen en Bizkaia –con más de 47.000 foráneos dados de alta en la Seguridad Social–, mientras que Álava tuvo el mayor crecimiento proporcional –ganó un 9,4% y cerró con más de 17.000–, y Gipuzkoa, por su parte, superó los 33.000.

Las ventas de las empresas de Gipuzkoa crecieron hasta noviembre del año pasado un tímido 0,8% en comparación con el mismo periodo del año anterior, y lo hicieron gracias a la aportación del consumo interno, puesto que las exportaciones retrocedieron. El mercado laboral, en cambio, tuvo una subida muy superior a la facturación empresarial al subir 1,7 puntos porcentuales. Los datos ofrecidos hoy por el departamento foral de Hacienda y Finanzas reflejan el significativo impacto de la ralentización de las economías alemana y francesa, sobre todo, en la actividad empresarial guipuzcoana, que según ha transcurrido el año ha ido aumentado. Una cifra esclarecedora es la caída de un 10,7% que experimentaron las exportaciones del territorio en el mes de noviembre en relación con el mismo mes de 2023, en tanto que el mercado interno compraba 3,4 puntos porcentuales más. El desplome del comercio exterior en noviembre, no obstante, ha sido un caso puntual porque en el acumulado de los once primeros meses del año las ventas al exterior de los negocios del territorio sólo han retrocedido dos décimas, lo que de todos modos no ofrece una visión optimista de esta actividad, que no tiene visos de recuperarse hasta que las economías que son las principales clientas de Gipuzkoa comiencen a mostrar signos de mejoría. La retribución media se fija con una subida del 5,6%, porcentaje que se supera en industria, donde los salarios medios suben seis puntos porcentuales, en tanto que servicios se acerca a esta media con un incremento de cinco puntos que en construcción es del 3,6%.

Las exportaciones de las empresas de Gipuzkoa sufrieron en noviembre una caída del 10,7% respecto al mismo mes de 2023. A este dato negativo se suma que las ventas totales interanuales en el mismo mes registraron un retroceso del 2,1%. Pese a que aún falta un mes para realizar la fotografía completa de 2024, este comportamiento negativo en la comercialización de las compañías del territorio puede estar relacionado con la contracción de Alemania, principal motor europeo, que encadena varios meses retrocediendo. En el informe, elaborado mensualmente por la Hacienda foral, la Diputación de Gipuzkoa indica que «los datos de noviembre han sido positivos en lo que respecta a ventas interiores (+3,4%)». Si ponemos el foco en los diferentes sectores, servicios es el que experimenta el mayor descenso en ventas (-3,5%), seguido de la construcción (-1,7%) y la industria (-1,1%). A nivel acumulado, la institución foral explica que «los datos de ventas desde enero hasta noviembre continúan manteniéndose positivos», ya que se han incrementado un 0,8% con respecto al mismo periodo de 2023. «Ello se debe principalmente al crecimiento de las ventas interiores, que han crecido un 1,3% mientras que las exportaciones han disminuido un 0,2%». El principal crecimiento de las ventas totales durante los primeros once meses del año se debe, sobre todo, al sector servicios (+2,1%), mientras que en el caso de la industria el crecimiento ha sido muy pequeño (+0,1%). Atendiendo al destino del comercio exterior, si bien es verdad que las exportaciones a la UE han descendido un 3,3%, las ventas al resto de países han aumentado un 3,8%. 

La Hacienda foral aspira a registrar todas las transacciones económicas que realizan los vizcaínos y las empresas del territorio a través del sistema TicketBai. En un principio estaba previsto que el 1 de enero de 2024 todos los contribuyentes contaran con este mecanismo, que permite a la Administración tener información en tiempo real de cada venta. Sin embargo, la Diputación decidió retrasar su aplicación y diseñar un sistema de ventanas más flexible para que cada sector se adaptara al nuevo mecanismo. Todo ello con el plazo máximo de 2026 para que todos los contribuyentes trabajen con este sistema de control dirigido a evitar el fraude fiscal. Las empresas de comercio y hostelería –aquellas que no están en manos de un autónomo– han sido los últimos con la obligación de ponerlo en marcha. La Administración foral solo tiene constancia de que, por el momento, únicamente la mitad de ellos están emitiendo facturas, aunque apuntan a que la cifra podría aumentar cuando presenten las cuentas del primer trimestre del año. El 1 de enero de 2024 solo las grandes empresas tenían la obligatoriedad de emitir esa factura electrónica. Son cerca de 6.150 contribuyentes que ya funcionan con esta herramienta. El 1 de julio del año pasado, en cambio, llegó el momento en el que se debían incorporar aquellas empresas dedicadas a las actividades industriales, fabriles, de construcción y de transporte. También lo hicieron los sectores dedicados a actividades financieras, jurídicas y de seguros. De un censo total que supera los 47.000 contribuyentes, 38.963 cuentan ya con esta herramienta. Será este 2025, en cambio, cuando el grueso de las tiendas vizcaínas deban integrar el sistema Batuz en su día a día. El 1 de enero les correspondió a las empresas dedicadas al comercio y la hostelería y el 1 de julio lo harán los autónomo. Esto supone, en la práctica, que tendrán que registrar cada actividad financiera y será prácticamente imposible cualquier intento de ocultar la recaudación. Los bares ya deben imprimir una factura por cada consumición que se pide, ya sea un pintxo, un menú o un refresco. La cuestión es que a partir de ahora tendrían que hacerlo a través del sistema TicketBai, con el que ya cuentan las tabernas guipuzcoanas y alavesas e imprime un código QR con el que el consumidor puede consultar en tiempo real si su factura se ha emitido. Esto implica que deben cambiar el software de su caja registradora.

El año pasado volvió a ser un ejercicio trágico para Gipuzkoa en lo que respecta a la siniestralidad laboral y más en concreto a su parte más amarga, las muertes en el trabajo. Y es que nuestro territorio acaparó más de la mitad de los fallecimientos registrados en todo Euskadi, con quince pérdidas humanas en el trabajo de un total de 27 en el País Vasco. Estos son los datos oficiales que deja Osalan en sus registros de cierre de año y que vienen a corroborar la tendencia que se estaba produciendo durante todo el año. Y es que los quince fallecidos en nuestro territorio superan con creces los ocho de Bizkaia, con una población trabajadora más elevada que la de Gipuzkoa, y también a los 4 de Araba. Y además, esas quince muertes laborales suponen tres más que en 2023. De esos trabajadores fallecidos, trece se produjeron durante la jornada laboral y dos en los desplazamientos al trabajo o ‘in itinere’. Esas trece muertes son tres más que las que se produjeron el año anterior durante la jornada laboral, que es el aspecto en el que suelen incidir las patronales para analizar la evolución de los accidentes laborales. Por su parte, los ‘in itinere’ fueron los mismos, dos. La inmensa mayoría fueron siniestros mortales traumáticos (11), ya que cuatro fueron de carácter no traumático. El sector servicios es el que acapara más muertes en el trabajo, con siete, de los que seis fueron traumáticos y uno no traumático. Por su parte, en la industria se produjeron cinco, con dos traumáticos y tres no traumáticos, y en la construcción tres, todos ellos de origen traumático.

Juan Carlos Cubeiro (Madrid, 1964) es un reconocido experto en liderazgo, coaching y desarrollo de talento. Autor de 62 libros, a lo largo de su trayectoria ha dirigido proyectos de consultoría estratégica para más de trescientas compañías y ha aconsejado a cientos de líderes con el fin de impulsar sus mejores habilidades para liderar a sus empresas. "Un líder lo es por la percepción de su equipo, no por el cargo. Según el Foro Económico Mundial, cuatro fuerzas determinan el liderazgo: globalización, tecnología, expectativas de los clientes y talento, siendo este último el verdadero motor, pues es muy escaso y marca la diferencia...Las empresas, más que vender productos o servicios, son el talento que poseen. Ocho de cada diez vacantes no se cubren por la falta de perfiles adecuados. Además, fenómenos como la renuncia silenciosa, el absentismo y la resistencia al cambio hacen que el talento sea aún más valioso...El absentismo en las empresas se puede reducir con atracción, fidelización y compensación. Contratar personas responsables es clave y cuando hay buenos líderes, el absentismo es menor, qué duda cabe. También hay otro condicionante: antes pedir una baja era casi un drama, ahora parece lo normal. Dos tercios de los casos son enfermedades reales, pero el otro tercio debe atajarse mejorando la satisfacción laboral...Un país es el reflejo de sus empresas. El 90% de la atracción de talento depende del liderazgo y el 70% de los trabajadores se queda o se va de la empresa en función de la calidad directiva. La fuga de cerebros es un problema, ya que fuera hay oportunidades que no sabemos responder aquí. Aparte de los salarios, las personas abandonan sus empresas porque no se sienten valoradas por sus jefes y no tienen orgullo de pertenencia. Debemos tener organizaciones que estén a la altura de las circunstancias..."

La millonaria factura de las bajas laborales se somete al examen de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La fuerte escalada que ha experimentado el gasto en Incapacidad Temporal en los últimos años mantiene encendidas las alarmas en el Gobierno, que desde hace un tiempo viene monitorizando la evolución de las horas de trabajo perdidas por enfermedad. Y ahora va a ser objeto de la evaluación del organismo fiscalizador, que tiene encargada una doble misión: detectar las tendencias que han llevado a estas prestaciones a situarse ya como la mayor rúbrica de gasto de la Seguridad Social, sólo por detrás de las pensiones; y proponer un plan de choque para evitar que se expanda el agujero en las cuentas públicas. La AIReF ha iniciado los trabajos de la segunda fase del conocido como Spending Review para los años 2022 a 2026. Se trata de un proyecto que realiza la División de Evaluación del Gasto Público y que tiene como objetivo analizar el impacto presupuestario de distintas políticas públicas por encargo del Gobierno. En este momento, el equipo que dirige Cristina Herrero tiene encomendado evaluar el gasto en la prestación por Incapacidad Temporal (IT), en el área de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y en el Ingreso Mínimo Vital (IMV), según explica la institución en el Plan de Acción que acaba de aprobar el Consejo de Ministros. Entre estas tres políticas públicas, la prestación por IT cobra especial relevancia en un contexto de escalada del gasto por el incremento exponencial que vienen registrando las bajas laborales en los últimos años. La propia AIReF constata en su informe preliminar que el gasto que implica esta prestación para la Seguridad Social ha venido creciendo a un ritmo anual del 12% desde 2014 y que hasta 2022 (último dato disponible para su análisis) se ha disparado nada menos que un 171%, desde 5.015 millones de euros hasta 13.590 millones.

Los sindicatos registraron ayer la convocatoria de huelga en la enseñanza pública que arranca la próxima semana, la primera de la ‘era Pradales’ y a la que están llamados 30.000 trabajadores. En términos generales, ELA, LAB, Steilas y CC OO piden al Departamento de Educación medidas para aliviar las cargas laborales, adelantar la jubilación, recuperar el poder adquisitivo, estabilizar y garantizar el empleo, así como garantizar la salud laboral, el euskera y la igualdad. Los paros convocados afectan a tres colectivos profesionales: personal docente (22 y 23 de enero; 26 y 27 de febrero); personal de Haurreskolak (28 y 29 de enero; 12 y 13 de febrero); y personal de cocina y limpieza (30 y 31 de enero; 19 y 20 de febrero). Las centrales acudieron en la mañana de ayer a la sede del Ejecutivo autonómico en Bilbao para registrar la solicitud. En declaraciones a los medios de comunicación, recordaron que los convenios de los colectivos llamados a la huelga llevan caducados quince años. «Hemos visto que los trabajadores de la escuela concertada han conseguido grandes avances saliendo a la calle, y creemos que nosotros no vamos a conseguirlo si no hacemos lo mismo», indicaron los portavoces. Los representantes sindicales lamentaron, además, que el «nuevo Departamento de Educación sigue adoptando decisiones unilaterales en perjuicio tanto del personal como de la comunidad educativa y sigue convocando mesas de negociación sin suficiente contenido y dejando a un lado demandas de los sindicatos». Por su parte, Educación se defendió de las críticas de los trabajadores. En una comunicación remitida tanto a las familias como a los docentes, señala que «resulta difícil de entender la convocatoria de huelga en un momento en el que las negociaciones están activas».

Ante una inminente decisión, la posibilidad de un relevo por parte de Aitor Esteban eleva la temperatura interna. Expectación máxima en el seno del PNV, que espera a que en las próximas horas el presidente de su EBB, Andoni Ortuzar, despeje finalmente su futuro, y comunique si se retira de la primera línea y da paso a la renovación o se presenta a la reelección, por última vez, después de doce años. Ambas hipótesis son factibles a estas alturas. En principio se esperaba que Ortuzar comunicara ayer mismo su decisión definitiva. No lo hizo. Todo es ya posible, que lo haga a lo largo de este fin de semana e, incluso, el día 20 de enero, fiesta de San Sebastián, que marca el inicio del debate a doble vuelta en el interior de las bases del PNV. La situación es un tanto inédita. El enigma, rodeada de especulaciones y rumores, alimenta cierta sensación de estrés en el seno de la militancia jeltzale, que no está acostumbrada a que sus procesos internos tengan tanta proyección mediática. También se generan dudas sobre si el método de comunicación ha sido el más adecuado. A partir del lunes serán los afiliados del PNV los que propongan los nombres. Pasarán a la segunda vuelta si obtienen, como mínimo, el respaldo de tres asambleas de las organizaciones municipales. Los designados en los batzokis pasarán una nueva criba y la lista definitiva será sometida a las asambleas territoriales. La última palabra la tendrá los próximos 29 y 30 de marzo la asamblea general del PNV, que decidirá el orden y la composición definitiva del EBB. También elegirá a su presidente.

«El riesgo de ruptura es real», advirtió Puigdemont, que anunciaba la suspensión de relaciones con el PSOE, negaba su apoyo a los Presupuestos y exigía una reunión en Suiza. Las relaciones entre el PSOE y Junts están entrando en una especie de callejón sin salida aunque ninguna de las partes se atreva todavía a partir peras. Carles Puigdemont, que cada vez se le hace más difícil defender que su partido cobra por adelantado a los socialistas, dio ayer un paso más hacia la ruptura, pero sin consumarla, ya que aún cree que puede obtener cesiones del presidente del Gobierno. El líder de Junts tiene la llave de la gobernabilidad en España, con siete escaños en el Congreso que son decisivos para articular las mayorías, y no se desprenderá de tan preciada joya con facilidad, teniendo en cuenta que en Cataluña su partido apenas tiene poder institucional. Carles Puigdemont elevó la presión a los socialistas. En una comparecencia desde Bruselas, quiso escenificar que lleva la manija de la legislatura y decretó la «suspensión de las negociaciones sectoriales con el PSOE». Se plantó además para negociar los Presupuestos Generales del Estado e instó a los socialistas a convocar de manera «urgente» una reunión en Suiza con el mediador internacional para que «verifique» cómo de grave es la crisis.

La reducción de la jornada laboral a 37,5 horas no entrará en vigor de golpe para todas las empresas a finales de 2025. A su vez, las pymes, al menos las más pequeñas y las de los sectores que más complicado lo tienen, tendrán algún tipo de ayudas para afrontar este recorte horario. El objetivo que se había marcado la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, de que el 31 de diciembre de este año la jornada laboral máxima de 37,5 horas fuera una realidad para todos los trabajadores españoles no se cumplirá. Estos dos elementos de flexibilidad tendrán que incluirse en la nueva ley que modificará el horario laboral aunque sea durante el trámite parlamentario si la medida estrella de la legislatura quiere ver la luz. Ya no es solo que así lo reclamarán algunos grupos parlamentarios para votar a favor, sino que es una exigencia propia del ala socialista del Gobierno. Así, el ministro de Asuntos Económicos, Carlos Cuerpo, reconoció ayer de forma clara que apostará por «una entrada en vigor más progresiva» de la reducción de la jornada laboral «para aquellas empresas que lo necesiten», como las pymes que «pueden tener mayor dificultad a corto plazo». Esta apuesta choca de plano con el deseo de Díaz, que repite una y otra vez, de que todas las empresas estén a 31 de diciembre de 2025 con la jornada de 37,5 horas. Sin embargo, Cuerpo sí accederá a que esta modificación del texto acordado por Trabajo con los sindicatos para incluir un plazo más amable se haga durante el trámite parlamentario y no antes de su llegada al Consejo de Ministros, tal y como dejó caer el sucesor de Nadia Calviño. «Hay que encontrar esos márgenes de flexibilidad. Esto será una parte no solo de la discusión inicial, sino sobre todo de la tramitación parlamentaria, estoy seguro», explicó. Lo avanzó precisamente el mismo día que el aval del Congreso a esta medida se complica aún más tras suspender Junts toda negociación con el PSOE.

La economía española sigue sumando respaldos internacionales. El último llega de la mano del Fondo Monetario Internacional (FMI), que revisó ayer al alza de nuevo las previsiones de crecimiento que maneja para nuestro país. El organismo cree que el PIB español avanzará este año un 2,3%, dos décimas por encima de lo que estaba previsto hasta ahora, gracias a una recuperación en el consumo. Para el próximo año, los datos apuntan a una ralentización, con un crecimiento del 1,8% previsto que el FMI mantiene sin cambios, según se desprende de la última actualización del informe Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés). Es una buena señal, teniendo en cuenta que en el caso de Alemania y Francia las previsiones no solo han empeorado para 2025, sino también para 2026, convirtiéndose en las economías de nuestro entorno más castigadas. A pesar de los recortes generalizados entre las grandes economías de la zona euro, los cálculos del FMI adelantan que Alemania saldrá de la recesión este año, aunque su PIB solo crecerá un 0,3%; mientras que el de Francia avanzará un 0,8% y el de Italia, un 0,7%. Por tanto, con un 2,3%, el organismo liderado por Kristalina Georgieva confirma a España como el motor de crecimiento económico de la eurozona. Aun así, el dinamismo del país no compensa los recortes entre las grandes potencias europeas, por lo que el FMI también ha recortado las previsiones para el conjunto de la zona euro en dos décimas para este año. El crecimiento estimado será el 1% este año y del 1,4% en 2026.

Encontrar una casa en venta en España se ha convertido en una tarea casi imposible. La oferta de viviendas de segunda mano disponible ha menguado hasta mínimos históricos. Sólo en el último trimestre de 2024 se ha reducido un 15% en comparación con el mismo período del año anterior. Se trata de la mayor caída interanual desde que existen registros, tal como revela el último informe que publicó ayer Idealista. El motivo, según apuntan desde el portal inmobiliario, se debe al «rally comprador registrado durante la segunda mitad del 2024», lo que ha provocado que «muchos mercados se encuentren en niveles mínimos de stock». Precisamente los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) constatan este afán comprador. En el mes de octubre, la compraventa de viviendas se disparó un 51,30% interanual y acumuló un total de 69.418 operaciones. Se trata del mayor incremento desde agosto de 2021 y su mayor cifra de transacciones desde mayo de 2007, cuando en plena burbuja inmobiliaria se superaron las 75.000 operaciones. Sin embargo, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista señala que «con un horizonte de tipos bajos, parece complicado que la demanda se relaje en los próximos meses, lo que provocará mayores tensiones aún sobre los precios. A pesar del esfuerzo político que desde instituciones y partidos se anuncia para acelerar la promoción de nuevas viviendas, la realidad del mercado muestra que la tensión sobre los precios se mantendrá al menos durante los próximos años, mientras no se consiga aportar oferta suficiente al mercado en aquellas zonas con mayor demanda».

Entre las medidas anunciadas este lunes por Pedro Sánchez destaca el traspaso de dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a la recién creada empresa pública de vivienda para construir miles de casas protegidas destinadas al llamado alquiler asequible o por debajo de precio de mercado. Aunque ni el presidente del Gobierno ni el Ministerio de Vivienda encabezado por Isabel Rodríguez han cifrado cuántas miles de casas podrá hacer esta nueva compañía ni cuántas al año, el sector promotor ve muy complicado que pueda arrancar desde cero su actividad con cierta rapidez si no es con la colaboración privada. A eso se suma la falta de relevo generacional en las obras y la dificultad para financiar la industrialización. La empresa pública de vivienda tiene como germen la actual Sepes, entidad estatal de suelo, con experiencia sobre todo en parcelas industriales. El primer proyecto anunciado será la construcción de más de 400 casas en el antiguo Cuartel de Ingenieros de Valencia, además de su relevante presencia en la Operación Campamento de Madrid. Un portavoz del Ministerio de Vivienda afirma que España necesita resolver un déficit en la construcción residencial que aún se arrastra de la burbuja inmobiliaria y considera una buena noticia que el pasado año se haya superado el número de 100.000 visados de obra nueva. “La empresa pública de vivienda servirá para incrementar la oferta y, sobre todo, para proteger la función social de la vivienda”, destaca. Desde el sector promotor, a su vez, se ve con poco optimismo la capacidad de la nueva entidad estatal. “Me parece complejo. Necesitan desde sistemas informáticos hasta gente que entienda del desarrollo residencial”, avisa Juan Antonio Gómez-Pintado, presidente de la inmobiliaria Vía Ágora. “El residencial es un mundo muy complejo, que necesita gente con experiencia en el sector y en Sepes no lo hay. Tendrán que empezar a conformar equipos. Les va a costar tiempo”.

España cedió el año pasado el octavo puesto en la fabricación mundial de coches a Brasil en plena crisis del automóvil europeo. Según los datos de producción de las plantas nacionales recopilado por este periódico (a falta del dato oficial de Anfac, la patronal de las automovilísticas), España ensambló 2,37 millones de coches en sus 12 fábricas, lo que supone un descenso del 3,1% respecto a 2023 y casi 200.000 unidades menos que las hechas por Brasil. Así, el automóvil español cortó su racha de dos ejercicios consecutivos de alzas de la producción y se quedó más de 400.000 unidades por debajo de su nivel prepandemia. Si bien la producción española sufrió el estancamiento de los mercados europeos, que es a donde va la mayor parte de la producción nacional (en torno al 90% se exporta), la caída de la actividad tiene un claro personaje principal: Ford Almussafes. La fábrica de la estadounidense, que hasta hace no mucho era una de las principales del país, apenas superó las 121.000 unidades en 2024, poco más de un tercio de lo que hacía antes de la pandemia y un 42,8% menos que en 2023, un año de por sí muy discreto para la planta. La principal explicación del momento de Ford Almussafes se encuentra en su pérdida constante de modelos: en los últimos años ha dicho adiós al Mondeo, al S-Max, al Galaxy y en el último abril dejó de hacer la furgoneta Transit Connect, para solo quedarse con el Kuga. Este SUV, si bien es un modelo de éxito para la marca del óvalo, que el año pasado lanzó una nueva versión del coche, ha sido incapaz por sí solo de mantener la actividad de la fábrica y, con ello, el empleo. La dirección de la planta y el sindicato UGT firmaron a mitad de año un ERE (expediente de regulación de empleo) de más de 600 personas junto a un ERTE rotatorio que afectó a otras 1.000 personas.

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, mantendrá un encuentro privado con sus homólogos de Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudí, la próxima semana durante la celebración en Davos del World Economic Forum (WEF), según fuentes al tanto de la agenda del ejecutivo. La reunión se producirá después de que en la primavera de 2024 trascendiera que el gigante árabe había mostrado interés por incorporarse al accionariado de la filial de energías renovables de la española. Fuentes próximas a esa potencial transacción esperan que la reunión pueda servir para avanzar en la operación. Para los inversores árabes, los gestos protocolarios en formato presencial necesarios de cara a cerrar un futuro acuerdo. No obstante, estas fuentes creen que aunque las negociaciones siguen avanzando, aún es pronto para alumbrar la adquisición del 25% de su filial de energías limpias. En el mercado incluso se llegó a especular con la posibilidad de que las partes se hubieran distanciado, dado el transcurso de muchos meses sin avances. Sin embargo, otras fuentes señalan que la negociación se mantiene, pero advierten que las conversaciones con inversores árabes son más lentas que las que se suelen entablar en Europa o EE UU. La cuantía de la operación podría elevarse a los 1.500 millones, según cálculos del sector.

Masorange, el grupo de telecomunicaciones nacido de la fusión de Orange y MásMóvil, está preparando la creación durante este año de tres nuevas filiales dentro del grupo que aceleren la generación de ingresos de diversificación, más allá de su actividad fundamental de venta de productos y servicios para conectividad y contenidos televisivos. Se trata de tres unidades de negocio que se segregarán de la compañía y se especializarán. La primera se orientará a las tecnologías de la información (IT) para el mercado empresarial. La segunda se focalizará en soluciones de publicidad a medida. Y habrá una tercera filial destinada a prestar servicios de gestión del riesgo crediticio (scoring), según han señalado fuentes conocedoras del proceso. Un portavoz de la operadora declinó hacer comentarios sobre esta información. Una muestra de la importancia que se otorga en Masorange al negocio de la diversificación ha sido el fichaje de Víctor del Pozo, que fue consejero delegado de El Corte Inglés desde octubre de 2017 hasta marzo de 2022. Del Pozo se incorporó al grupo en abril de 2024 para ocupar el puesto de director general de Innovación, Alianzas y Nuevos Servicios, por lo que es el responsable directo de la creación de estas nuevas filiales.

En un primer repaso del efecto de la política Trump sobre los intereses de las empresas españolas se vislumbran diferentes niveles de afectación entre gigantes españoles como Iberdrola, Indra, Seat, Acerinox, Ferrovial, Grifols o Deoleo, entre otras, ya que la tendencia que se anticipa proteccionista en la estrategia de Trump puede ser muy positiva a nuestras empresas, neutra o negativa. A priori, las firmas españolas de Defensa, como Indra, Navantia o Escribano, se beneficiarán de la era Trump por su presión para subir los presupuestos en seguridad de los miembros de la OTAN, mientras que los fabricantes de componentes para coches –Gestamp, Cie Automotive y Antolin– y las siderúrgicas Acerinox y Tubacex sacarán partido por tener plantas en EEUU, que se beneficiarán del enfoque made in USA. Constructoras como FCC, Ferrovial o ACS, por su parte, anticipan un efecto neutro de esta nueva etapa política, ya que son los estados y los condados los mayores contratistas, a través de una colaboración público-privada, que ha llevado a dichas empresas a ser de las que más contratos de infraestructuras logran. De su lado, energéticas como Iberdrola, Naturgy o Repsol confían en que la inquina de Trump a la energía renovable se diluya ante la defensa de este tipo de energía por parte de algunos estados, por lo que afrontan con un alto grado de incertidumbre la nueva presidencia de Trump.

Tanto el actual presidente Joe Biden como el presidente electo Donald Trump, en su anterior etapa, implementaron políticas proteccionistas para intentar salvaguardar el sector siderúrgico estadounidense ante un exceso de oferta global que ha hecho bajar los precios. Esta medida llevó este mismo enero a vetar la compra, por 14.900 millones de dólares, de US Steel por parte de la japonesa Nippon Steel con el objetivo de evitar que el segundo mayor productor de acero de Estados Unidos caiga bajo control extranjero, creando un riesgo para la seguridad nacional y la cadena de suministro. A priori, grupos como Acerinox se beneficiarán de la política de Trump, partidaria de imponer elevados aranceles a las importaciones de metales. De hecho, Acerinox es, gracias a su filial NAS, con planta en Kentucky, el mayor productor de acero inoxidable del país. Pero además, Acerinox cerró hace unos meses la compra de la empresa de aleaciones de alto rendimiento americana Haynes, con tres fábricas (Indiana, Luisiana y Carolina del Norte), que se suman a las situadas en New Jersey y Nevada de la alemana VDM, que adquirió en 2020. El fabricante vasco de tubos Tubacex tiene, asimismo, una amplia exposición al mercado americano. Tubacex America tiene dos instalaciones principales, Salem Tube (Pensilvania) y Tubacex Durant (Oklahoma); y el negocio de tubos inoxidables, una planta de estirado en frío en Greenville (Pensilvania). A ellas se suman otras cuatro (Luisiana y Oklahoma y dos en Texas) a través del Grupo NTS.

Donald Trump no quiere repetir los errores de su primer mandato y ha optado por cerrar filas en torno a sus más leales lugartenientes para formar su equipo de Gobierno y, ya de paso, aprovechar para recompensar a los más fieles, los que se mantuvieron junto a él en sus horas más bajas o los que directamente han financiado su carrera electoral. Un único objetivo: que no haya brechas ideológicas para poder impulsar sin cortapisas su agenda política. Aunque no forma parte del Gobierno, uno de sus grandes pilares es Elon Musk, el hombre más rico del mundo, que ya es conocido popularmente como el presidente en la sombra de EEUU. Incluso ha estado viviendo estas últimas semanas en Mar-a-lago, la mansión que Trump tiene en Florida y que ha utilizado como cuartel general de campaña. Musk no se mudará a la Casa Blanca, donde solo vivirá la familia presidencial oficial, pero sí estará en el día a día, ya que es el encargado de auditar el gasto público del país como copresidente del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental de EEUU (Doge, por sus siglas en inglés). También preside este organismo el millonario Vivek Ramaswamy, premio por ser el primero en retirarse de la competición contra Trump y ofrecerle su apoyo incondicional desde entonces. Sin embargo, este organismo no será una agencia federal ni sus presidentes serán empleados del Gobierno, ya que se ha creado a modo de comisión asesora de la oficina del presidente para evitar posibles bloqueos en el Congreso, que tiene todavía que dar el visto bueno a todos los nombres propuestos hasta ahora por Trump para formar Gobierno. Uniformidad ideológica en los tres grandes pilares políticos de la nueva Administración: aranceles, control migratorio y recortes fiscales. El único contrapeso es Scott Bessent, que procede de Wall Street y está considerado un economista moderado. Aunque defiende los aranceles, no apoya las guerras comerciales globales y, además, también predica la reducción del déficit público, por lo que los analistas ya adelantan que este será un motivo de fricción con su nuevo jefe.

Trumpen itzuleraren atarian, Teslaren jabeak presidente berriak baino protagonismo gehiago bereganatu du. Etsaiak etxean zein kanpoan baditu ere, ekonomia eta geopolitika uztartzeko asmoa du. Munduko pertsonarik aberatsena da Elon Musk enpresari hegoafrikarra eta aurki boteretsuenen artean egon liteke, Donald Trumpekin duen loturak bultzatuta. Hauteskunde kanpainan hautagai errepublikarraren ondoan etengabe ikusi genuen, eta emaitzak Trumpekin jarraitu zituen, bere Floridako etxean, gutxi batzuk osatzen duten konfiantzazko lagunekin batera. Gertutasun horrek Muskek AEBko politikan izan dezakeen eraginari buruzko zalantzak eta susmoak piztu ditu, baita bere alderdi barruan ere. Steve Bannonek berak, 2016ko Trumpen garaipenaren atzean egon zen aholkulari ultrakontserbadoreak, jomugan jarri du Tesla, X eta Space X enpresen jabea. Musk Etxe Zuritik bota nahi du Bannonek, “pertsona gaiztoa” delako, eta Hegoafrikara bidali. Trumpengana hurreratu diren kolaboratzaileen arteko zatiketa, MAGAzaleen (Make America Great Again izan da Trumpen leloa) eta Silicon Valleyko teknologikoen artekoen talka, gero eta ageriagoa da, eta ikusteko dago zein den presidente berriak hartuko duen bidea. Gehiago irakurri hemen. 

A dos días de que asuma oficialmente la presidencia, Donald Trump ya ha revolucionado el tablero geopolítico internacional, sugiriendo la anexión a EEUU de Canadá y Groenlandia; recuperar el Canal de Panamá, incluso enviando al ejército de EEUU si es necesario; forzando un frágil acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás; y amenazando a todos sus socios comerciales con una guerra arancelaria sin precedentes, incluyendo a la Unión Europea. Entre tanto titular, se leía en Nueva York hace una semana la sentencia en el caso Stormy Daniels, en el que ha sido declarado culpable de cometer 34 delitos para ocultar una relación con una actriz porno, incluyendo falsificación documental y el pago de un soborno. Trump se ha librado de la cárcel con una condena poco común: “libertad sin cargos”. Sin embargo, eso no le exime de haberse convertido en el primer presidente convicto en la historia de EEUU. El juez esperó a después de las elecciones para condenarle. Lo cierto es que Trump llega a la Casa Blanca con una concentración de poder casi sin precedentes. Además del brazo ejecutivo del Gobierno, controla las dos Cámaras del Capitolio, en las que tiene mayoría y, por tanto, tiene garantizada la lealtad del brazo legislativo. En cuanto al judicial, de los nueve miembros que componen el Tribunal Supremo estadounidense, seis son conservadores y, de estos, la mitad fueron elegidos por el propio Trump durante su anterior mandato. A nivel doméstico, sus detractores se preparan. Trump nunca ocultó durante la campaña que buscaría venganza si volvía a la Casa Blanca. 

Donald Trump, el “hombre arancel” según se llama a sí mismo, está a punto de volver a la Casa Blanca. Y eso puede añadir más problemas a la ya endeble economía europea, casi estancada en los últimos años. Si cumple su amenaza de subir aranceles de forma indiscriminada, hay pocas dudas de que la actividad se resentirá. Y su anuncio electoral es muy creíble porque ya lo practicó en su mandato anterior. Los interrogantes sobre los precios en la zona euro son mayores: no se descarta un repunte de la inflación, pero depende de la magnitud de las represalias que se adopten llegado el caso o de los movimientos de las divisas. La economía europea tiene una clara vocación exportadora y un grado de apertura que supera con mucho el de Estados Unidos. La suma de las relaciones comerciales con el exterior de la UE alcanza el 55% del PIB; el de EE UU, apenas llega al 25%. Ni China, la fábrica del mundo, alcanza el nivel de Europa: se queda en un 45%. Eso se traduce en balanzas comerciales positivas con la gran potencia americana año tras año: 160.000 millones de euros en 2023. Esta es una de las cifras a las que recurre el presidente electo para justificar sus anuncios.

Se acabó. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó ayer que prohibir TikTok en la superpotencia americana es constitucional. Así que, como la red social de vídeos cortos no ha vendido su versión internacional a una empresa no china, exigencia del Gobierno para continuar operando en el país, esta madrugada será la primera que quede fuera de la legalidad. A partir mañana no se podrá descargar desde las plataformas de las multinacionales americanas, imposibilitando también su actualización a los 170 millones de usuarios que tiene en Estados Unidos. Además, tendrán difícil acceder a su contenido, porque la compañía, propiedad de la china Bytedance, ha avanzado que optará por la opción más drástica y bloqueará el acceso en su totalidad. Es la culminación de un largo rifirrafe que inició Donald Trump durante su primer mandato, cuando prometió prohibir la aplicación. Joe Biden tomó el relevo y el pasado mes de abril dio el ultimátum que vence mañana, aduciendo que TikTok mantiene lazos con el Gobierno chino y que, debido a su capacidad para acceder a datos personales de tantos usuarios estadounidenses, es una amenaza para la seguridad nacional del país. No se han presentado pruebas de que Pekín haya interferido de manera alguna en la versión internacional de una red que nació en el país asiático –y continúa operando– con el nombre de Douyin. Pero algunos estudios han concluido que en su seno prolifera la propaganda china y que cualquier contenido crítico con el gigante asiático ve reducida su visibilidad y las interacciones que obtiene.

Los esfuerzos del Gobierno de China para corregir los desequilibrios de su economía, donde la oferta es mucho más fuerte que la demanda, terminaron dando sus frutos el año pasado, cuando el PIB chino creció un 5%, cumpliendo así los objetivos que se habían marcado las autoridades de Pekín, de acuerdo con los datos oficiales publicados ayer por la Oficina Nacional Estadística del gigante asiático. Los paquetes de estímulo a gran escala desplegados por la Administración china en los últimos meses para apoyar el crecimiento aceleraron la marcha de su economía en la recta final de 2024, después de que hubiera crecido a tasas interanuales inferiores al 5% en los tres primeros trimestres. En el cuarto, el PIB de China aumentó un 1,6% intertrimestral, aupando la tasa interanual hasta el 5,4% y haciendo factible alcanzar el objetivo gubernamental de avanzar “en torno a un 5%”, aun así un crecimiento inferior en dos décimas al registrado en 2023 (5,2%). Con el repunte registrado en 2024, la economía china alcanzó un tamaño cercano a los 18 billones de euros, según las estimaciones preliminares de la oficina estadística china, que si bien describió la situación de la economía del gigante asiático como “estable” y con “progresos sostenidos”, admitió que “debemos estar alerta ante el aumento de los efectos adversos provocados por el entorno exterior, la insuficiente demanda nacional, las dificultades de producción y operaciones para algunas empresas y los obstáculos y desafíos que todavía afronta la economía”.

La población de China continúa encogiéndose, aunque los datos revelados ayer por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) le dan un leve respiro: en 2024 se registró un ligero aumento en el número de nacimientos –el primero en siete años– y una disminución en el de fallecimientos con respecto a 2023. La tendencia, no obstante, sigue siendo a la baja y los expertos advierten de que no hará más que empeorar. El gigante asiático cerró el año con 1.408,28 millones de habitantes, lo que supone una reducción interanual de 1,39 millones y su tercera contracción poblacional consecutiva. La crisis demográfica es uno de los mayores retos que el país enfrenta en su historia reciente. La combinación de un desplome de la natalidad y el envejecimiento acelerado amenaza con socavar su modelo de desarrollo económico y pone en jaque su sistema de pensiones, que será financieramente inviable para 2035, según estimaciones de la Academia de Ciencias Sociales de China. La situación añade presión a los gobiernos locales, cuyos niveles de endeudamiento son ya muy elevados. Tienen poco tiempo para prepararse: se calcula que más de 400 millones de personas tendrán 60 años o más en la próxima década; actualmente superan los 310 millones.