20250213

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Los aranceles anunciados por Donald Trump han encendido todas las alarmas en Euskadi. Ayer fue la patronal vizcaína Cebek la que manifestó su «enorme preocupación» por la incertidumbre que han generado y su fuerte impacto en una industria «ya debilitada» por los problemas de Alemania y Francia. La presidenta de la organización empresarial, Carolina Pérez Toledo, pidió unidad a Europa para responder, a la vez que instó a evitar una guerra comercial «que va ser mala para todos». Pérez Toledo hizo estas declaraciones al presentar la última encuesta realizada a las empresas vizcaínas y el análisis sobre las previsiones económicas del territorio para este año. La presidenta de Cebek compareció a la mañana, antes de que se reuniese por primera vez el Grupo para la Defensa Industrial impulsado por el Gobierno vasco, precisamente para preparar a Euskadi frente a los aranceles. En su intervención expresó su malestar por el hecho que Confebask no hubiese sido invitada, pero poco después se le incluyó en la convocatoria. Acompañada por el secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu, y los vicepresidentes de la organización, Pérez Toledo alertó de que la industria ya atraviesa un momento muy delicado tras haber sufrido en 2024 la primera caída de actividad en más de una década. «El debilitamiento de mercados clave para nosotros como Alemania y Francia ha impactado en sectores estratégicos como la automoción, la metalurgia y los bienes de equipo», explicó. Cuestionada sobre la negativa de Confebask y las patronales territoriales a negociar un salario mínimo vasco como le pedían todos los sindicatos, Pérez Toledo aseguró que «fue una decisión muy meditada y muy hablada con los órganos de gobierno tras escuchar a las organizaciones sectoriales y a las empresas». La presidenta de Cebek argumentó ayer que no podían entrar a negociar un SMI vasco que «provocaría una escalada de las tablas salariales» cuando «la principal preocupación para las empresas es el alza de los costes laborales». Según la encuesta presentada en el acto, para un 88% de las firmas es el mayor foco de inquietud, un porcentaje que se mantiene altísimo en los últimos sondeos. Al aumento de los costes laborales se suma –añadió– la preocupación por la incertidumbre normativa en clara referencia a la reducción de jornada, la medida estrella de Yolanda Díaz, que ahora se tramita en el Congreso. «Hay que ir más allá de los mensajes fáciles de que se puede trabajar menos y ganar más» y alertó de que se están produciendo «cierres silenciosos» de comercios y pequeños negocios por falta de viabilidad. Ver más en Cebek. 

Euskadi y Europa se enfrentan a una amenaza «que no se veía desde hace décadas». La llegada de Trump a la Casa Blanca ha activado las alarmas en todas las instituciones europeas –desde la propia Comisión hasta los gobiernos regionales–, que buscan blindarse ante una ofensiva arancelaria «que nos condiciona de manera directa». El lehendakari, Imanol Pradales, no se anduvo este miércoles con paños calientes a la hora de describir esta sombra que acecha a la industria vasca e instó a dar una respuesta «rápida» para proteger sectores claves como la automoción, la siderurgia y la metalurgia». Esta urgencia por actuar y «posicionarnos en el tablero europeo» ha llevado al Gobierno vasco a constituir el llamado «Grupo para la Defensa Industrial», un foro anunciado por el propio lehendakari el pasado viernes en el Parlamento y que responde a la necesidad de blindarse ante la guerra comercial emprendida por Trump. El Ejecutivo autonómico, por lo tanto, quiere que este foro sirva como una mesa de diálogo interinstitucional para «compartir el diagnóstico de la nueva realidad arancelaria y realizar un seguimiento de los sectores afectados». Los primeros perjudicados por los aranceles –las empresas siderúrgicas– ya exigieron este mismo lunes a las instituciones vascas y comunitarias poner en marcha mecanismos que protejan el tejido industrial y aligeren las trabas burocráticas. Algunos de los que hicieron este reclamo estaban ayer sentados en la mesa, pues cuenta con la presencia de las principales empresas vascas, representantes de los clústers, Confebask, las tres diputaciones, las cámaras de comercio y el propio Gobierno vasco. 

Los máximos responsables de la compañía Siemens Gamesa mostraron ayer su confianza en que el continuo crecimiento de la demanda de electricidad y las necesidades de inversión en su infraestructura van a permitir a la compañía superar la actual crisis en la que se encuentra inmersa. Una crisis provocada por el aumento de costes de las materias primas pero, sobre todo, por la paralización de la fabricación y venta de nuevos aerogeneradores terrestres después de haberse detectado importantes problemas técnicos en sus modelos principales. El mensaje lanzado por el presidente de Siemens Gamesa, Christian Bruch –es a su vez el consejero delegado de Siemens Energy, el ‘holding’ del que depende la empresa vasca– da a entender que el buen comportamiento económico de la multinacional germana va a permitir sostener la senda de recuperación de la antigua Gamesa, hasta que se reanude la venta de esos generadores terrestres. Siemens Gamesa perdió en el primer trimestre de su actual ejercicio fiscal –el que va de octubre a diciembre de 2024– un total de 423 millones de euros. Una cifra que encaja con las estimaciones previas realizadas por la compañía y que permite anticipar que los números rojos del año se acercarán a los 1.300 millones, según la empresa. La cifra tiene algo de botella medio llena, ya que supone una ligera mejoría respecto a los resultados de los últimos años, pero también medio vacía, porque se suma a las pérdidas de 1.734 millones de 2024 y a los 4.347 de 2023. En cualquier caso, los datos del primer trimestre del nuevo ejercicio demuestran que permanece la situación de sangría, con un deterioro de 568 millones en la generación de caja de la empresa eólica.

El fondo polaco PFR, de propiedad estatal y dueño del fabricante polaco de ferrocarriles Pesa, ha desistido en su intención de presentar una propuesta en solitario por el 40% de Talgo en manos de Pegaso (Trilantic, Torreal y la familia Oriol) tras no haber conseguido luz verde por parte del Gobierno, que en última instancia debía autorizar la transacción, según varias fuentes del mercado consultadas. PFR tenía previsto presentar ayer una propuesta en el entorno de los 5 euros por acción que, de ser aceptada, se iba a extender al 100% del accionariado a través de una oferta pública de adquisición (opa). El precio era mayor al precio máximo de 4,8 euros (está condicionado a la evolución de negocio) que ofrece el consorcio liderado por José Antonio Jainaga, propietario de Sidenor (junto a Vital, BBK y Finkatuz) por un 29,8% en manos de Pegaso (Trilantic, Abelló y la familia Oriol). No obstante, el Ejecutivo español ha transmitido al polaco su apoyo a la propuesta de Sidenor, por lo que PFR ha optado por no presentar su oferta en solitario y, por el momento, no está previsto que lo haga de aquí al viernes, fecha en la que concluye el plazo estipulado por PwC, asesor financiero de Pegaso, para presentar ofertas vinculantes por su 40% en el fabricante de trenes español. Y es que, como ocurrió en su día con la oferta frustrada del grupo húngaro Magyar Wagon, cualquier inversión significativa en Talgo necesita el visto bueno de Moncloa, al ser una empresa que ha obtenido el rango de estratégica para los intereses de España, por lo que está protegida por el conocido popularmente como escudo antiopas, que se ha prorrogado dos años más hasta para los inversores procedentes de la Unión Europea.

Talgo vivió ayer otra jornada de vértigo en Bolsa entre los rumores sobre el inminente lanzamiento de una oferta para su compra por par¡te del fondo público polaco PFR, las declaraciones ambiguas del Gobierno sobre su arbitraje en la operación y las aclaraciones exigidas por el regulador sobre si los accionistas del fabricante de trenes con sede en Madrid han recibido una oferta formal por sus títulos. En concreto, a mediodía de ayer PFR trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que «a día de hoy no se ha presentado ninguna propuesta a Pegaso para la adquisición de su participación en Talgo» y que no ha tomado «ninguna decisión» todavía respecto». Pegaso, sociedad formada por el fondo estadounidense Trilantic y las familias Abelló y Oriol, es el eje para el control de Talgo dada su participación del 40% en la compañía. A pesar de la aclaración del fondo polaco, el mercado siguió apostando por la llegada de una oferta entre hoy y mañana y así, el precio que alcanzaron ayer las acciones de Talgo llegó a 4,31 euros, rebasando de largo el que cobrará el fondo Trilantic si accede a vender su participación de control a Sidenor. Con 4,15 euros en un primer pago y hasta 4,80 en el plazo de dos años si se cumplen determinadas condiciones en la evolución de la empresa, se trata de una propuesta aún mejorable. La venta de Talgo se ha convertido así en una especie de puja en la que sólo hay una oferta pero se espera al menos otra que la mejore. 

En su discurso en el acto de entrega del Premio al Mejor Empresario del Año, otorgado por Actualidad Económica, revista económica de El Mundo, diario de Unidad Editorial, editora de EXPANSIÓN, Imaz valoró que los empresarios son “los que invierten, arriesgan e innovan”, y aseguró que no quiere un país “donde el debate sea el salario mínimo interprofesional (SMI)”. Imaz, que acaba de cumplir 10 años como CEO de Repsol, comenzó su discurso mostrando su gratitud a los “industriales” de su generación, que fueron amenazados, secuestrados o asesinados por ETA, y afirmó que “es la industria la que crea empleos en las sociedades avanzadas, de calidad y bien pagados, y es la industria la que promueve la innovación y permite tener una sociedad que pueda dar a los jóvenes formados oportunidades para desarrollar un proyecto de vida”. El CEO de Repsol recordó uno de sus mensajes habituales: “La necesidad de apostar por la industria”. Durante su intervención, Imaz también insistió en la necesidad de reconocer el valor social de los empresarios y aseveró: “Yo no quiero un país en el que el debate sea el del salario mínimo interprofesional o de la ayuda social, que son, por supuesto, herramientas absolutamente necesarias para las personas con menos recursos, quiero un país en el que los jóvenes puedan aspirar a salarios muy superiores y que tengamos un país con seguridad jurídica, social y fiscal”. “Tenemos que atraer, incentivar y cuidar a los empresarios y esta es la receta para construir una España moderna, competitiva, en la que los jóvenes tengan un futuro diferente”, concluyó.

«Venga, vámonos que a los últimos nos hacen pagar la factura del evento», suele bromear el presidente de Repsol, Antonio Brufau, cuando su consejero delegado, Josu Jon Imaz, se deja llevar por su tendencia a permanecer en un acto social hasta haber saludado a todos. Una tendencia que sólo puede concretar si está relajado y este miércoles era uno de esos días, pese a que había votación de un decreto en el Parlamento a la misma hora que recibía el Premio al Empresario del Año de este diario. Si Imaz no hubiera logrado doblar el brazo a Moncloa en el llamado impuesto energético habría tenido que estar pendiente durante la ceremonia de, una vez más, cualquier nuevo intento del Ejecutivo de perpetuarlo en el Congreso como ha venido sucediendo en los últimos meses. Pero este miércoles ya no era el caso por primera vez desde octubre. Se sometía a convalidación un nuevo decreto llamado «ómnibus» de forma engañosa por lo delgado que ha ido quedando el texto fruto de la debilidad parlamentaria a la que ha contribuido Repsol con una estrategia elogiada por el sector bancario, que no se ha librado de su impuestazo. ¿Tan decisivo ha sido Imaz? El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha personalizado en este astuto doctor en Ciencias Químicas –que ha repartido su vida profesional entre la política y la empresa– el fracaso de Moncloa con el impuesto energético. Fue cuando el líder socialista, como publicó este diario el pasado día 22, arrancó una reunión en Davos con los dirigentes del Ibex dirigiéndose así a Josu Jon Imaz: «¡Estarás contento!». En esa jornada, el Gobierno de coalición había consumado su fracaso para sacar adelante el decreto llamado Para el establecimiento de un gravamen temporal energético durante el año 2025. Empezó la mañana con una propuesta de convalidación y llegó a la tarde con «acuerdo de derogación».

Iberdrola ha cerrado con la proveedora eléctrica Ingeteam, con sede en Zamudio y una fábrica en Beasain, contratos por valor de 350 millones de euros en los últimos cinco años. Una delegación encabezada por el director de compras de la energética, Ignacio Sánchez-Galán –hijo del presidente de la compañía, Ignacio Galán– visitó ayer el centro beasaindarra de la vizcaína con el objetivo de conocer de primera mano la fabricación de los generadores que Ingeteam produce y desarrolla para la central hidroeléctrica de Villarino de Iberdrola, en Castilla y León. Las compras de Iberdrola a la proveedora vasca están fundamentalmente relacionadas en proyectos renovables, la digitalización de las redes y la electrificación de la economía. En concreto, la energética destacó los acuerdos para el futuro suministro de seis estatores de motores generadores para la central de Villarino por 22 Millones de euros; los centros de transformación, tanto para plantas solares, como para almacenamiento para cuatro plantas fotovoltaicas; la compra de centros integrados de operación y control para las subestaciones de Portugal, o el arrancador para la Central Hidráulica de Valparaíso, que permitirá «aprovechar oportunidades en tecnologías de bombeo de la mano de Ingeteam».

Hay que retrotraerse hasta 2020 para encontrar números en rojo en las exportaciones de Gipuzkoa. Por aquel entonces, las ventas al exterior de las empresas del territorio se hundieron un 18,7% por la crisis económica provocada por la pandemia. Cuatro años después, las exportaciones guipuzcoanas vuelven a números negativos, en este caso por la debilidad económica de los principales clientes europeos, como Alemania. Es la conclusión que se extrae del informe mensual presentado ayer por la Diputación foral, en el que se constata cómo las ventas al exterior de las empresas del territorio cerraron el pasado 2024 con una caída del 1%. La principal causa de esta caída es el freno en la actividad de los países europeos, donde las ventas a la Unión Europea (UE) descendieron un 4%. En contraste, las exportaciones al resto de países aumentaron un 2,7%. «Estos signos de debilidad en nuestros socios europeos también se reflejan en las importaciones, ya que las compras procedentes de la UE apenas han crecido un 0,1%, mientras que las provenientes de fuera de la Unión han aumentado un 1,7%», detalló la portavoz foral, Irune Berasaluze. En total, las importaciones crecieron un 0,5% en el pasado ejercicio. Fue la Cámara de Comercio de Gipuzkoa la que hace un par de semanas sustentó el crecimiento de la economía del territorio para este presente 2025 en la diversificación exportadora fuera de Europa, principal destino. El órgano cameral enumeró a Estados Unidos, México, la India, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos como los nuevos potenciales clientes de las empresas guipuzcoanas. 

Lucha y movilizaciones. La estrategia de ELA no tiene visos de cambiar, según advirtió ayer su responsable de negociación colectiva, Pello Igeregi, ante la actitud de Confebask. «Tenemos una patronal muy autoritaria que no quiere negociar voluntariamente y que solo llega a acuerdos cuando hay huelgas sobre la mesa», incidió en un acto para presentar los resultados cosechados por el sindicato en 2024, donde recordó el peso que tiene la caja de resistencia de ELA. «Es un elemento fundamental», valoró. Sólo el año pasado sostuvo a 5.653 personas y para este 2025 ofrecerá una indemnización básica de 1.450 euros al mes. ELA sacó pecho de los avances logrados durante el último ejercicio, un periodo en el que organizó 125 huelgas y que se cerró con la mayor cobertura de la última década. 436.600 trabajadores del País Vasco terminaron el año con sus convenios renovados, unos datos que suponen prácticamente doblar el número de convenios actualizados hace diez años. Igeregi también condenó «el portazo» que la patronal vasca dio la semana pasada al debate sobre un Salario Mínimo Interprofesional ajustado a la realidad socioeconómica vasca. Se trata de una decisión que, en sus palabras, «dio la espalda a las personas más vulnerables, sobre todo a las mujeres, y demostró que con esta patronal no hay negociación posible si no hay movilizaciones y huelgas». En 2024, ELA firmó 225 convenios de empresa –en la mitad de los casos (112) tuvo que recurrir a las huelgas– y 15 sectoriales. En todos los acuerdos se garantizó un sueldo mínimo de 1.400 euros. De hecho la central soberanista presumió de conseguir una subida salarial 0,3 puntos mayor que el resto de los sindicatos. Igeregi criticó especialmente la actitud de un Gobierno vasco «donde han cambiado las caras» pero no observan nuevas actitudes. Según lamentó, se trata del mayor sector con los convenios retrasados. 

El tráfico en el aeropuerto de Bilbao cayó el pasado enero un 3,8%. Este descenso constituye toda una novedad en la trayectoria de Loiu, ya que, desde el reinicio de los vuelos a gran escala tras la fase álgida de la pandemia, ‘La Paloma’ no había hecho otra cosa que crecer. Acumulaba subida tras subida desde abril de 2021. Además, hay que recordar que viene de marcar dos récords anuales de pasajeros consecutivos. La caída, no obstante, será temporal. Posiblemente, este febrero y marzo también puedan acabar en números rojos, pero las perspectivas para la temporada de verano (que arrancará dentro de siete semanas y se extenderá hasta finales de octubre) son buenas, ya que está previsto que salgan al mercado un 5,9% más de billetes que en el mismo periodo estival de 2024. Una de las razones que explican la pérdida de tráfico está relacionada con un recorte en algunas frecuencias de rutas nacionales de gran volumen que ha llevado a cabo Vueling. Este febrero, la aerolínea líder en Loiu parece estar volviendo a su operativa habitual. También hay que tener en cuenta que enero ha sido un mes con un número destacado de operaciones desviadas y canceladas por la mala meteorología en Bizkaia.

La caída en los índices de la natalidad está teniendo un impacto directo en el sistema educativo vasco. Entre enero y septiembre de 2024 hubo 4.782 nacimientos en Bizkaia, un 4,8% menos que el ejercicio anterior. Esto ha provocado ya varias fusiones de centros educativos, tanto públicos como concertados, para los próximos cursos. Según los datos recopilados por este periódico, en Bizkaia una treintena de centros –el 10% del total– se están viendo especialmente golpeados por esta realidad. Entre los cursos 2020/21 y 2024/25 han perdido al menos un tercio de su alumnado en el segundo ciclo de Infantil (de tres a seis años) y/o Primaria. La mitad son públicos y la otra mitad concertados, y han pasado a tener una sola línea en esas etapas. En algunos cursos ni siquiera logran conformar al menos un grupo, lo que evidencia su debilidad a largo plazo. Estos centros, además, se ubican en grandes núcleos urbanos, lo que permitiría su fusión con otros colegios. No se han tenido en cuenta para este cálculo las escuelas rurales o los centros públicos ubicados en pequeños municipios, cuyo cierre dejaría a sus poblaciones sin alternativas. Las distintas comisiones de trabajo, al menos en la red concertada, monitorizan la situación y ya se anticipan nuevas fusiones. «La caída de la natalidad nos obliga a adaptar el mapa a la nueva realidad», reconocía el pasado viernes en el Parlamento vasco la consejera de Educación, Begoña Pedrosa. «Es un proceso delicado y complejo, pero debemos hacerlo con planificación, mimo y tranquilidad, de mano de la comunidad escolar», insistió. 

A lo largo de toda esta semana se están desarrollando en Euskadi hasta 60 actividades en el marco de la novena edición del Emakumeen Zientzian, una iniciativa que nació en 2017 para incentivar la todavía insuficiente presencia de la mujer en las carreras científicas. Baste un dato: solo el 30% de las cátedras están ocupadas por mujeres. El punto álgido fue este martes, con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez, se sumó a la jornada con la lectura de un comunicado tras la reunión del consejo de Gobierno en el que aseguró que «las mujeres necesitan a la ciencia y la ciencia necesita a las mujeres». "...Estoy convencido de que no se han identificado todavía todos los elementos que entran en juego. Hay cuestiones familiares, educativas, falta de referentes… Las percepciones son muy importantes. Un estudio de ‘Science’ encontró una relación estadísticamente significativa entre el porcentaje de hombres que cursan determinados estudios como Física y las Ingenierías y la percepción de la brillantez que hace falta para cursarlos. En resumen, se asociaba esta brillantez con los hombres o al menos con que estos se atrevían aunque realmente no fueran brillantes. Luego está lo que se llama la regla de la modestia. A las niñas se les enseña, aunque no sea de forma explícita, que deben ser modestas sobre sus capacidades. En los chicos está bien visto que sean más echados para adelante. Con esto lo que se quiere decir es que la percepción de brillantez influye negativamente en las mujeres y de forma positiva en los hombres. A las chicas se les enseña a tener menos aspiraciones... – ¿Funcionan las campañas para atraer a las mujeres a las carreras científicas? – Hay gente que dice saberlo, pero yo, Juan Ignacio Pérez Iglesias, no. Lo voy a decir como creo que lo debe decir un científico: no tenemos suficientes pruebas de su eficacia. Financiaremos estudios para saberlo. Por ejemplo, la insistencia en los referentes es positiva pero hay que tener cuidado. Para ser científico no hace falta aspirar a ser Marie Curie o Albert Einstein. Hay que transmitir que la ciencia es un oficio. Yo mismo soy un científico del montón y como yo hay miles..."

Pedro Sánchez volvió ayer a perder otra votación en el Parlamento al abandonarle en esta ocasión los socios nacionalistas catalanes que le llevaron hasta la Moncloa. El Congreso aprobó ayer una proposición no de ley presentada por el PP que insta al Gobierno a paralizar el cierre de las centrales nucleares españolas previsto para los próximos años. Los 171 votos del PP, Vox y UPN se impusieron a los 164 del PSOE, Sumar, Podemos, Bildu y PNV. La derrota de Sánchez fue posible gracias a la abstención de los 14 diputados nacionalistas catalanes. Fue una sorpresa a medias. Estaba previsto que los siete diputados de Junts aprobaran o se abstuvieran en la propuesta del PP, pero en ningún caso el Gobierno fue capaz de prever la abstención de ERC. Al margen de consideraciones ideológicas a izquierda y derecha, que los nacionalistas catalanes no apoyen el cierre de las centrales nucleares españolas que ha decretado este Gobierno tiene toda la lógica si todavía la política sirve de alguna manera para defender el interés general y los puestos de trabajo de los ciudadanos que votan. El pasado martes la representante de Junts en el Congreso, Pilar Calvo, ya avanzó que la posición de este grupo no avalaría la decisión del Gobierno de seguir adelante con el cierre nuclear. Y esgrimió razones de peso. La primera es que el apagón nuclear obligaría a esa comunidad autónoma a importar energía de Francia o de Aragón para suministrarse, lo que multiplicaría su dependencia. Calvo advirtió que Junts ha esperado que el Gobierno ofrezca alguna alternativa al cierre sin obtener una respuesta convincente. En cualquier caso dejó claro que pondrán en cuarentena cualquier propuesta que venga de Moncloa porque Sánchez “no es de fiar”. La segunda razón por la que los nacionalistas catalanes no avalan el cierre nuclear que impulsa el PSOE está en el polo petroquímico de Tarragona. 

Cerca de una cuarta parte de los autónomos está cotizando menos de lo que debería a la Seguridad Social y deberá regularizar sus cuotas. Otra cuarta parte, por el contrario, está pagando una cuota mayor que la que debe por los ingresos que genera, mientras que la mitad sí abona la cuantía que le corresponde. Esta es la principal conclusión que se extrae del primer proceso de regularización de cotizaciones de este colectivo de trabajadores por cuenta propia que comenzó la Tesorería de la Seguridad Social el pasado diciembre y que terminará el 5 de abril. Se trata de los primeros datos que ayer hizo públicos el Ministerio de Seguridad Social y que ya permiten, por tanto, evaluar cómo ha funcionado el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales que entró en vigor en enero de 2023, tras comenzar a aplicarse de forma progresiva la reforma del RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) acordada por el Gobierno y las principales asociaciones del colectivo. Atrás quedó el ya obsoleto sistema que tenían hasta entonces en el que ellos mismos podían elegir la cuota que querían pagar, siempre que se mantuvieran dentro de un mínimo y un máximo. Desde 2023 esto ya no es posible y los autónomos tienen que encuadrarse en un tramo de cuotas que se asemeje lo más posible a sus rendimientos netos, en función de la estimación que hagan de sus ingresos para ese ejercicio, porque a posteriori les tocará rendir cuentas a la Seguridad Social.

La primera tarea que tiene por delante Valdis Dombrovskis (53 años), comisario de Economía y Simplificación Administrativa, es convencer de que, en esta ocasión, el intento de la Comisión Europea de reducir cargas administrativas va en serio. La pregunta escéptica sobre por qué esta vez hay que creer al Ejecutivo comunitario cuando asegura que su prioridad será la reducción de cargas administrativas a las empresas aparece nada más comienza la entrevista con un grupo de periodistas europeos: “Diría que hay una necesidad [de reducir cargas administrativas] más aguda, más comprensión entre los Estados miembros y entre las partes interesadas, porque la UE se enfrenta a graves problemas de competitividad. Tenemos que actuar para resolver este problema y [reducir] la carga administrativa es un elemento importante en esta tarea”. La “simplificación”, como le llama la Comisión Europea para evitar la expresión “desregulación”, ya estuvo en los discursos en ocasiones anteriores, con José Manuel Durão Barroso y con Jean-Claude Juncker al frente del Ejecutivo comunitario. Ahora, en cambio, continúa este letón que acumula quinquenios en los pasillos de la capital de la UE –ha sido comisario en dos ocasiones antes–, los objetivos están alineados y la Comisión tiene en el frontispicio de su programa de acción la rebaja de carga administrativa. Y esta vez, para que no sea una tarea de todos y de nadie, Von der Leyen le ha encargado a Dombrovskis, una de sus personas de más confianza en el Colegio de Comisarios, que lidere esta tarea en la que también deberá implicar al resto de compañeros que, según el documento que presentó ayer, tendrán que evaluar dos veces al año la marcha de las normas que les conciernen consultando con las partes afectadas. El objetivo es reducir la carga administrativa un 25% para las empresas en general y un 35% en el caso de las pymes. Según los cálculos de la Comisión, eso supone rebajar en 35.000 millones de euros una tarea que ahora les consume 150.000 millones en toda la UE.

El pionero en la fabricación de vehículos eléctricos, que redujo a la mitad su beneficio en 2024 (cayó un 53%, hasta los 7.091 millones de dólares), vio desplomar sus ventas en el Viejo Continente en el primer mes del año. En el caso concreto de España, por ejemplo, sus matriculaciones se derrumbaron un 75,5%, con apenas 268 unidades; mientras que en países como Alemania o Francia el retroceso alcanzó el 60% y el 63%, respectivamente. Este sonoro derrumbe ha provocado incluso que la china BYD, su principal competidor mundial, la haya superado en ventas en enero en Reino Unido, España, Irlanda y Portugal, según datos recopilados por Bloomberg. Hay varias posibles razones que podrían explicar este momento de la compañía. En primer lugar, Tesla presentó en enero el nuevo Model Y Juniper, que cuenta con cambios importantes en diseño, aerodinámica y autonomía de la batería. Una teoría con la que especulan fuentes del sector es que muchos usuarios están esperando su llegada a los concesionarios, lo que está lastrando las ventas del vehículo más vendido en el mundo en 2023 (fue el primer eléctrico en conseguirlo) y 2024. El Model Y, cabe señalar, se fabrica en la megaplanta de baterías y coches que Tesla tiene en Alemania. Por otro lado, el Model 3, el eléctrico más vendido en España el año pasado, se fabrica en China, por lo que sus matriculaciones sufren de cierta irregularidad dependiendo de la periodicidad con la que lleguen los barcos provenientes del gigante asiático. 

El fabricante europeo de aviones Airbus vive un momento dulce en Bolsa. La empresa, que cotiza en las Bolsas de España, Alemania y Francia, cotiza en los 168 euros por acción, a apenas un 1% de sus récords históricos marcados el pasado mes de diciembre. A pesar de que la cadena de producción de las aeronaves es larga y compleja, la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos no se está reflejando en la Bolsa. La empresa publica sus resultados de cierre de 2024 la próxima semana, el día 20, donde aportará detalles sobre márgenes, nuevos pedidos y ejecución de las órdenes ya en marcha. Pero los analistas ven señales positivas. Desde UBS indican, en un informe de esta semana, que “existe un fuerte exceso de demanda de aeronaves en comparación con la oferta disponible, lo que se traduce en aumentos significativos de los precios de arrendamiento”. El banco cita la aparente frustración de las aerolíneas por los tiempos de entrega, y señala que esta idea no casa del todo bien con la contención de los precios. Pero tiene mejores perspectivas a medio plazo. “Los inversores creen que los precios son estables actualmente, a pesar de la fuerte demanda y la oferta inadecuada, porque los aviones entregados hoy se encargaron durante la coley vid: los contratos se firmaron en condiciones desventajosas para Airbus. Esta lógica sugeriría que solo hay un viento en contra temporal para los precios y que una vez que los contratos negociados a partir de 2023 empiecen a entregarse, los precios aumentarán materialmente”.

La startup francesa Mistral AI atrajo los focos mediáticos durante la cumbre sobre la inteligencia artificial celebrada el lunes y el martes en París. El tercer encuentro internacional sobre esta innovación no solo reflejó una visión entusiasta respecto a la IA —y algo naíf, según advierten algunos expertos—, sino también la voluntad del Viejo Continente de no quedar descolgado en esta carrera tecnológica. Además de los anuncios de inversiones multimillonarias (109.000 millones en el caso de Francia y 200.000 millones en Europa), las autoridades galas consideran a Mistral como la punta de lanza de sus ambiciones. En concreto, su aplicación de inteligencia generativa ‘Le Chat’. «Me he descargado ‘Le Chat’ y se trata del modelo de lenguaje francés, por lo que se trata de un referente europeo y me ayuda en mi vida cotidiana (…) A todos aquellos que tengan Chat GPT les aconsejo que descarguen ‘Le Chat’», dijo el martes el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en los pasillos del Grand Palais (recinto de la cumbre), en declaraciones al diario 20 Minutes. Esta aplicación, cuyo nombre es un juego léxico a partir del doble significado gato y chat, utilizó la reunión internacional como campaña de promoción.

Bruselas sopesa nuevas competencias para limitar temporalmente los precios del gas en la UE, que recientemente han alcanzado niveles récord en comparación con EEUU. Los precios del gas natural en Europa han alcanzado esta semana su nivel más alto en más de dos años, debido en parte a las bajas temperaturas y a la falta de viento, que ha dificultado la producción de energía renovable. Son entre tres y cuatro veces más altos que en EEUU, lo que supone una desventaja crítica para las empresas europeas. La Comisión Europea está estudiando la posibilidad de establecer un tope en el marco de los debates sobre un documento de estrategia para un “acuerdo industrial limpio” que se presentará el mes que viene, según tres personas conocedoras de las conversaciones. El documento de estrategia debería esbozar formas de apuntalar las industrias pesadas de la UE ante los múltiples desafíos que enfrentan las empresas, entre ellos las agresivas medidas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump y la ambiciosa transición verde de la propia UE. Las conversaciones en torno a los mecanismos para limitar los precios, aunque todavía en una fase temprana, han provocado la oposición de grupos de la industria que advierten del peligro de dañar la “confianza” en el mercado europeo.

Resuelta, a su manera, la guerra de Gaza, mediante la expulsión permanente de todos los palestinos para crear ‘la Riviera de Oriente Medio’, Donald Trump se dispone ahora a resolver el otro gran conflicto que ha heredado, el de Ucrania. Con ese objetivo, ayer tomó el teléfono para acordar con Vladímir Putin el comienzo «inmediato» de las negociaciones. «Estoy convencido de que estos esfuerzos llevarán a un final exitoso, ¡con suerte pronto!», escribió en Truth Social, la red que él mismo creó. Volodimir Zelenski se enteró de la noticia como el resto del mundo, por las redes sociales, aunque Trump cumplió su promesa y tardó muy poco en llamarle para informarle de la «larga y productiva» conversación que había sostenido con el mandatario ruso sobre el futuro de su país. Zelenski dio cuenta de la llamada a través de Telegram. «Acabo de hablar con Donald Trump. Ha sido una larga conversación sobre las posibilidades de lograr la paz y nuestra voluntad de trabajar juntos», detalló, asegurando que también han discutido sobre capacidades militares, sobre todo drones. El presidente ucraniano también ofreció detalles sobre su encuentro con el Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que le presentó ayer en Kiev un plan que condiciona la ayuda de la superpotencia americana a su acceso a tierras raras y materias primas clave para el desarrollo tecnológico. «Ucrania quiere la paz más que nadie», apostilló Zelenski. «Definiremos nuestras medidas conjuntamente con Estados Unidos para detener la agresión rusa y garantizar una paz confiable y duradera. Como dice Trump, ¡hagámoslo!», concluyó.