20250214

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

“Tres grandes semanas, quizá las mejores de la historia, pero hoy es el gran día: ¡Aranceles recíprocos! ¡Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo!”. Con estas palabras, y en mayúsculas, anunció ayer el presidente de EEUU, Donald Trump, una nueva batería de tarifas que aumentan la presión en la guerra comercial contra el mundo y que tiene a la Unión Europea como una de las principales damnificadas, junto a Japón y Corea del Sur. Lo hizo a través de sus redes sociales horas antes de comparecer con mucho retraso en una rueda de prensa en el Despacho Oval. Trump jugó ayer con los tiempos y la presión, facilitando información con cuentagotas, a sabiendas de que el mundo estaba ayer pendiente de sobre quién recaería esta vez el látigo arancelario de Trump. Fue especialmente duro con Europa y definió la política comercial de la UE como “brutal”. Habló del IVA a las importaciones, que previamente ya había tachado de “elevado e injusto”, pero también se refirió a las denuncias a los gigantes tecnológicos como Apple o Meta que han supuesto sanciones millonarias y criticó la tasa Google, vigente en España, entre otros países. También habló de los impuestos que “están matando” a las aerolíneas norteamericanas por volar a Europa. Trump aseguró ayer que la UE cobra un IVA del 20%. Lo cierto es que la normativa establece un tipo mínimo del 15% de forma generalizada, aunque los países de la UE también pueden utilizar tarifas reducidas, pero nunca por debajo del 5%, y solo para bienes o servicios específicos, como alimentos, agua, medicamentos o transporte de viajeros. Los tipos superreducidos inferiores al 5% quedan reservados para excepciones. A partir de aquí, la casuística es amplia. Por ejemplo, Donald Trump siempre se ha quejado públicamente de que no le parece justo que Europa cobre una IVA del 10% a los coches importados de Estados Unidos, pero sin embargo solo pague un 2,5% cuando los exporta a la mayor economía del mundo.

La declaración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, resuena con fuerza en el Viejo Continente, que mantiene un importante superávit comercial con Washington y que se enfrenta ahora a una nueva amenaza arancelaria que promete cambiar las reglas del juego. A diferencia de EE UU, donde no existe un impuesto indirecto uniforme a nivel federal, en Europa el IVA se aplica a todas las transacciones comerciales, lo que a juicio del republicano, encarece artificialmente las importaciones estadounidenses en comparación con los productos europeos. En la UE, los bienes fabricados localmente y los importados pagan el mismo impuesto al consumo, pero las exportaciones quedan exentas. Judith Arnal, investigadora del Instituto Elcano y del CEPS, señala que el tributo puede ser considerado una barrera no arancelaria porque introduce trámites adicionales para los importadores. “Cuando un productor europeo vende un bien en la UE, el IVA se repercute en el precio final del consumidor, pero en el caso de las importaciones desde EE UU, debe adelantarse en la aduana, lo que puede generar problemas de liquidez y suponer un obstáculo adicional para las exportaciones estadounidenses”. “No hay precedentes. Probablemente, lo que busca es presionar para que los otros países ofrezcan una compensación de otro tipo a EE UU”, explica Arancha González Laya, exministra de Exteriores de España e investigadora del Instituto Elcano. “Trump está jugando a la gran confusión económica entre los impuestos al consumo que cada país puede establecer legítimamente, de forma equilibrada y de manera libre, y el desequilibrio de la balanza comercial de EE UU”, añade.

México se ha visto obligado a revisar a la baja su previsión de crecimiento del PIB de este año tras los aranceles aprobados esta semana por el presidente de EEUU, Donald Trump. Se trata de tarifas globales del 25% al acero y al aluminio que cruce las fronteras estadounidenses procedente de cualquier parte del mundo. El golpe definitivo llegó a final de semana, cuando la Casa Blanca confirmó que los aranceles son acumulativos y, por tanto, se sumarían al otro 25% aprobado a principios de este mes y que afecta a todas las importaciones que llegan desde México y Canadá. De momento, estos últimos están suspendidos. Sin embargo, se trata solo de una moratoria que caduca a finales de este mes. Ambos países trabajan contrarreloj para intentar que sean revocados de forma permanente, intensificando sus programas de control de fronteras, pero existen muchas dudas de que logren evitarlos. Si no es así, su factura en el caso de las exportaciones de acero y aluminio hacia EEUU será el doble de cara que para el resto del mundo, ya que las tarifas se sumarán y alcanzarán el 50%. El 4 de marzo será la fecha clave para conocer si los aranceles generales entran finalmente en vigor o no para Canadá y México. Canadá es el principal origen del acero importado por EEUU, seguido de México, Corea del Sur, Brasil y Vietnam, según datos del Instituto Americano del Hierro y el Acero. En cuanto al aluminio, dos tercios de las importaciones estadounidenses tienen su origen en Canadá.

Francisco Pérez Botello, presidente de Volkswagen Group España Distribución, en un encuentro en Madrid, indicó que en estos momentos el mercado del coche eléctrico “ha parado en seco” a causa del fin de las ayudas a la compra de coches eléctricos (Plan Moves), aunque prevé que los efectos de la no continuidad de los incentivos se notarán desde marzo, por lo que solicitó la reactivación “cuanto antes” del apoyo público. El directivo señaló que precio y autonomía han dejado de ser barreras de acceso para que los clientes apuesten por un eléctrico. “Conducir un coche eléctrico ahorra 90 euros mensuales respecto a uno de combustión (incluyendo cuota y repostaje)”. Asimismo, añadió que las autonomías de 400-700 kilómetros que ofrecen ahora los coches eléctricos del mercado se sitúan en los mismos niveles de los de gasolina y diésel. Pérez Botello quiso, de esta forma, combatir lo que denominó “falsos mitos y bulos” en torno al eléctrico, por lo que defendió hacer “pedagogía” para dar a conocer las virtudes de esta tecnología. En cuanto a la infraestructura de recarga, el directivo confirmó que en la actualidad existe un punto de recarga por cada cinco coches eléctricos en circulación, una cifra superior a los datos del parque de combustión, que tiene un surtidor de combustible por cada 250 turismos.

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, negocia ya en solitario con el dueño principal de Talgo, el fondo Trilantic, la adquisición de sus acciones para controlar la compañía. La férrea defensa que el Gobierno de España ha hecho del consorcio vasco –formado también por el Ejecutivo del lehendakari, Imanol Pradales, y las fundaciones bancarias BBK y Vital– terminó por disuadir a la polaca Pesa y a la india Jupiter Wagons de intentar competir con Sidenor. Así, fuentes conocedoras de las negociaciones confirmaron ayer a EL CORREO que la compañía controlada por el fondo público de Polonia, PFR, desistía de presentar la opa por el 100% de Talgo pese a mostrar su interés en un anuncio realizado este pasado sábado. Todo para evitar un encontronazo con el Gobierno de España que, como adelantó en exclusiva este periódico, trasladó a comienzos de semana un contundente mensaje a la Administración polaca presidida por Donald Tusk. Moncloa pidió que no interfirieran en una vía que garantizaba una solución nacional e industrial para Talgo. La presión era máxima. El miércoles, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que participaba en Varsovia en una cumbre empresarial entre España y Polonia, recordó que la legislación española disponía de herramientas para proteger empresas estratégicas.

En el Ejecutivo se mantiene la preocupación sobre el problema industrial de Talgo, de salir adelante el cambio de Trilantic por el grupo vasco que lidera Sidenor. Jainaga está acompañado por las fundaciones bancarias BBK y Vital, además del fondo público vasco Finkatuz, en su puja de 4,15 euros por título para hacerse con el 29,77% del capital, a lo que podrían sumarse otros 0,65 euros en función del cumplimiento del plan de negocio de Talgo en 2027 y 2028. Más allá de estos 177 millones de máximo (153 millones de pago fijo y 24 millones en variable) que este grupo pone sobre la mesa, al descartar por completo una opa por el 100%, Talgo necesita una inversión urgente de unos 100 millones para ampliar su capacidad de planta. Se trata de una emergencia que no se cubre en unos meses. Es por este déficit de fuerza productiva por lo que el Gobierno está recetando paciencia tanto a PFR como a Jupiter. Los ministerios implicados en la tutela del cambio de control de Talgo, que son Transportes, Economía e Industria, están seguros de que la española precisará una segunda operación para su fortalecimiento industrial, que debe pasar por alianzas comerciales o su integración en un grupo de mayor tamaño. La compañía que preside Carlos de Palacio ha demostrado tener problemas para cumplir en tiempo y forma contratos firmados con la española Renfe o la alemana Deutsche Bahn. Su reserva de trabajo está en máximos, con 4.000 millones en ingresos por ejecutar, y el rendimiento de esta cartera es estrecho tras la espiral inflacionista y la agresividad de Talgo para ganar mercado.

De momento –conviene no olvidar aquello de que en el mercado jamás se puede dar algo por seguro–, Euskadi ha salvado el ‘match ball’ que suponía el hecho de que una compañía polaca llamada Pesa y otra india denominada Jupiter lanzasen una opa por el 100% de una de las empresas señeras vascas, una de las pocas joyas que quedan en el mermado tejido empresarial de Euskadi. Y si nada se tuerce, el fondo de inversión británico Trilantic venderá el 29,7% de sus acciones al consorcio vasco liderado por el industrial José Antonio Jainaga, propietario de Sidenor. Porque él, no hay que olvidarlo, es la imagen de referencia, pero aquí el soporte institucional es clave con el Gobierno de Pradales asumiendo un rol decisivo tanto en lo político –en unas negociaciones muy duras– como en lo económico, porque inyectarán 45 millones a través de Finkatuz. La misma cantidad, por cierto, que pondrá Jainaga y la fundación BBK, que ha sido la última en subirse al tren pero cuyo papel ha sido decisivo para poder cerrar la ecuación inversora. La Fundación Vital, por su parte, aportará 20 millones. Es verdad que gana Euskadi tras haber sufrido recientes experiencias traumáticas con otras compañías bandera que se fueron a manos extranjeras, pero también gana, o al menos respira aliviado, el nuevo Gobierno de coalición PNV-PSE liderado por Pradales, que a las primeras de cambio está teniendo que lidiar con un contexto económico muy delicado en lo industrial (además de Talgo, ahí está el inminente cierre de Guardian en Llodio), con Donald Trump rompiendo a golpe de aranceles el orden mundial establecido.

El ministro Óscar Puente aseguró en San Sebastián que los gobiernos central y vasco llevan destinados ahora mismo casi 5.000 millones al proyecto y auguró que el presupuesto se irá hasta los 9.000 para finalizar el trazado, las estaciones y su conexión con la frontera francesa. De cumplirse, la cifra estimada por el ministro supondrá duplicar el coste previsto del TAV cuando arrancaron las obras hace 18 años, en el otoño de 2006, en el municipio alavés de Arrazua Ubarrundia. Allí se puso la primera piedra de un trazado del que ni los más pesimistas se imaginaban entonces el retraso que iba a acumular. El primer convenio de colaboración firmado por el Ejecutivo central y el autonómico meses antes de aquel simbólico día cifraba en 4.178 millones el dinero necesario. «Ha habido que superar muchas vicisitudes», reconoció ayer la consejera vasca de Movilidad, Susana García Chueca, durante la multitudinaria y larga «visita de obra» que las autoridades –ministro, alcalde, delegada del Gobierno, viceconsejeros, el presidente de Adif, el máximo responsable de Euskal Trenbide Sarea...– realizaron a Atotxa. La estación de la capital guipuzcoana está siendo remodelada para adaptarla a las necesidades de la alta velocidad y se espera que quede lista dentro de un año. En total, la transformación costará 93 millones. Puente decretó durante su intervención «el principio del fin» de las obras del TAV y llamó a «vencer el escepticismo» de una sociedad vasca que ve cómo prácticamente todo el país lleva años, si no décadas, disfrutando del AVE mientras aquí se sigue a la espera recordando la inversión realizada hasta ahora. Aunque hoy por hoy el Gobierno central y el autonómico comparten casi a partes iguales la inversión realizada, la factura la acabará pagando completamente el Estado ya que Euskadi detrae del Cupo lo que va aportando.

La inauguración del superordenador cuántico IBM en otoño y un festival de cuántica para celebrar el Año Internacional de la Ciencia y las Tecnologías Cuánticas. No es casualidad que nuestro territorio acoja una gran actividad relacionada con esta ciencia. «Gipuzkoa tiene un ecosistema cuántico desde hace varios años. Veintiún instituciones de investigación utilizan la capacidad cuántica en el territorio. Por eso viene IBM a Euskadi», subrayó Javier Aizpurua, director científico de Basque Quantum en el acto de presentación del Año de la Cuántica, celebrado ayer en la Cámara de Comercio de Gipuzkoa. El plan de actividades para este año fue presentado por Maialen Agirre, directora de Innovación del Gobierno Vasco, sin concretar las fechas. «Será dividido en dos trimestres. En el primero se ofrecerán formaciones en cuántica, una exhibición de arte y cuántica en Tabakalera, una conferencia sobre algoritmos cuánticos y formación respecto al ordenador IBM para universitarios», detalló Agirre. «En el segundo se organizarán cursos sobre cuántica con el programa ‘Kuantika herriz herri’, se celebrará la inauguración del ordenador IBM y se finalizará el año con un festival de cuántica». Juan Ignacio Pérez Iglesias, consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco se encargó de abrir el acto, destacando el «impacto cultural de la física cuántica» y anunciando que «va a recibir un impulso tremendo en forma de proyectos, eventos y actividades».

 Google ha seleccionado a CounterCraft, firma tecnológica con sede en Donostia, para que participe en un programa que persigue avanzar en soluciones innovadoras de ciberseguridad basadas en la Inteligencia Artificial. La compañía guipuzcoana es, junto con dos catalanas, las únicas representantes del Estado entre las 16 seleccionadas por el gigante tecnológico para contribuir a “hacer del mundo un lugar más seguro”, apunta Google. El anuncio del listado definitivo de las startups seleccionadas para este programa de alto nivel se ha producido hoy en la Conferencia de Ciberseguridad que se desarrolla en Munich en paralelo a la Conferencia de Seguridad, que reúne a altos mandatarios de todo el mundo que abordarán las claves para hacer frente a un mundo polarizado y muy incierto. La cita de la ciudad alemana es una de las conferencias cibernéticas más reconocidas del mundo, que ofrece una plataforma única para intercambiar y discutir soluciones a los múltiples desafíos de la información y la seguridad cibernética. Google impulsa desde hace tres años un programa denominado Google for Startups Growth Academy: AI for Cibersecurity con el objetivo de potenciar la capacidad de empresas de este ámbito que despuntan a nivel internacional a través de tutorías, formación y recursos de la multinacional estadounidense para que desarrollen soluciones únicas y avanzadas que empleen la Inteligencia Artificial para garantizar la ciberseguridad. La propuesta de CounterCraft y su exitoso recorrido desde que en 2015 fuera fundada en Donostia ha captado el interés de Google, que le invita a participar en esta iniciativa. 

En el momento en el que parece más complicados sacar adelante la reforma fiscal en Euskadi –un texto con vetos cruzados en todas las direcciones– los diputados generales de los tres territorios instaron ayer al conjunto de formaciones políticas a reconsiderar sus posiciones y sentarse a negociar. El mensaje de los tres cargos jeltzales fue inequívoco: «Estamos abiertos a recibir propuestas, pero no contemplamos que caiga una norma que beneficia a los jóvenes y facilita el acceso a la vivienda». Estas declaraciones llegan en un momento en el que los plazos para tramitar la reforma en las Juntas Generales de los tres territorios comienzan a agotarse sin que se haya registrado ningún avance significativo. Los Ejecutivos de Bizkaia y Gipuzkoa ya han solicitado a las Cámaras de ambos territorios un aumento del plazo para acordar la norma, con la intención de que las negociaciones se alarguen hasta finales de mes. La diputada general vizcaína, Elixabete Etxanobe, precisó que si el texto no sale adelante, «será la oposición quien se lo tenga que explicar a la ciudadanía». La complejidad de la cuestión, no obstante, radica en que Bizkaia podría aprobar la reforma sin tocar ni una sola coma. Sin embargo, la determinación de las administraciones vascas para que rijan las mismas normas fiscales en toda Euskadi supedita al Ejecutivo de Etxanobe a esperar los siguientes pasos de los gobiernos liderados por Eider Mendoza (Gipuzkoa) y Ramiro González (Álava). La duda es si el texto se acordará con EH Bildu o con el PP.

La dificultad de los jóvenes de Gipuzkoa para acceder a una vivienda es uno de los problemas que pretende solucionar la reforma fiscal con numerosas deducciones a la compra y el alquiler o con la ampliación de la cuenta vivienda de seis a diez años. La posibilidad de que este texto fiscal no se apruebe en el territorio al no encontrar los votos suficientes de la oposición en las Juntas Generales ha llevado a la Diputación de Gipuzkoa a advertir de que 87.000 jóvenes del territorio se quedarán sin estas nuevas medidas para vivienda si finalmente la reforma no recibe luz verde en el parlamento territorial. Es el titular que dejó ayer la diputada general, Eider Mendoza, durante la celebración del Consejo Vasco de Finanzas (CVF), en el que el consejero de Hacienda, Noël d’Anjou, y las tres diputaciones forales manifestaron que «no contemplan un escenario en el que no se apruebe esta reforma», y emplazaron a la oposición a actuar «con responsabilidad» ante el riesgo de no aprobarla. Conviene resaltar que este nuevo texto fiscal ha elevado el umbral de edad hasta los 36 años para acceder a deducciones por alquiler o compra de vivienda dirigidas al colectivo joven. Así, 25.945 jóvenes guipuzcoanos se beneficiarían de las deducciones por la compra de una vivienda, mientras que 61.050 lo harían por los beneficios fiscales destinados al alquiler. Las principales medidas dirigidas a fomentar la compra y el alquiler de un hogar para los jóvenes que recoge el proyecto de la reforma fiscal contempla, por ejemplo, que la deducción general de los gastos para alquiler seguirá siendo de un 20%, con un tope de 1.600 euros al año, pero este grupo podrá deducirse entre un 30% y un 35%. Así, el trato fiscal se hace especialmente ventajoso para los jóvenes menores de 36 años, con una deducción del 35% y un límite anual que se duplica hasta los 2.800 euros. Para la compra, se mantiene el crédito fiscal por contribuyente de 36.000 euros y las deducciones en general. 

Euskadi es, en prácticamente todas las variables analizadas por el INE, la comunidad autónoma con el porcentaje más bajo de población con problemas económicos, con un 14,8% de sus residentes en la cuerda floja, tras tres años de descensos. Esa sería la tasa Arope, la herramienta más completa de medición ya que incluye también el riesgo de exclusión. Contabiliza a las personas que están en situación de pobreza (viven por debajo del 60% de la media de ingresos); a las que tienen carencias materiales severas (no pueden hacer frente a gastos imprevistos, ir de vacaciones, poner la calefacción...); y a aquellas en cuyos hogares hay una baja intensidad laboral (familias en las que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial). La media nacional es muy superior, con un 25,8% de ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión (0,7 puntos menos que en 2023), y dibuja un mapa en el que Euskadi se queda cada vez más solo al crecer la tasa en las regiones que tenían los porcentajes más próximos al vasco. En Navarra, la que históricamente ha sido una de las regiones con los niveles más bajos, aumentó hasta el 18,3%. Además de estas dos regiones, solo Baleares (16,2%) y Galicia (18,8%) están por debajo del 20%. Y, aunque de forma generalizada haya descendido la tasa, hay autonomías como Andalucía, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha y Murcia en las que supera el 30%. Para Alfonso López, portavoz de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Euskadi (EAPN), «ahora que el problema tiene ese volumen, es el momento de intervenir», sin esperar a que «sea más grande». La mejor posición del País Vasco responde a un sistema de protección fuerte.

En el último año, de acuerdo a los datos provisionales, el crecimiento de la población vizcaína, de un 0,6%, se situó por debajo de la media nacional (0,9%) y por encima de la vasca (0,5%). A nivel estatal, de hecho, se superaron los 49 millones de habitantes, con un aumento de más de 458.000, y en Euskadi los 2,24 millones, al ganar 12.429 vecinos. Volviendo a Bizkaia, un aumento similar en habitantes al de 2024 se dio en 2019, con 7.107 personas más. La población entonces iba al alza, si bien esa evolución fue frenada por la pandemia, que disparó los fallecimientos y paralizó los flujos migratorios, traduciéndose en la pérdida de más de 6.000 residentes entre 2020 y 2021. La recuperación comenzó ya en 2022, cuando se sumaron 4.605 y continuó en 2023 (6.086). Pero, según la información del Instituto Nacional de Estadística, pese a los notables incrementos de los últimos años, hay que remontarse a hace 45 para encontrar un crecimiento de población más abultado en Bizkaia que el del año pasado. Fue en 1980, cuando el territorio sumó 8.379 vecinos. Entonces, la natalidad, aunque descendía, era muy superior a la actual, con 16.569 bebés por los 6.677 de 2023 (último ejercicio con datos completos), mientras que la mortalidad era inferior a la de estos momentos (8.455 decesos ese año frente a los 11.893 de 2023).

A 1 de enero de 2025 residían en Gipuzkoa 732.196 personas, una cifra récord que viene marcada principalmente por el aumento de la población extranjera. A comienzos de este año el número de residentes nacidos fuera de nuestras fronteras superó por primera vez la barrera de los 100.000 habitantes, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un empuje que permite mantener el balance demográfico en nuestro territorio. La Estadística Continua de Población, que fue publicada ayer, refleja la tónica de los últimos años tanto en Gipuzkoa como en el resto de provincias. La población va en aumento, pero el ritmo de esta subida viene marcado por la llegada de extranjeros. En los últimos doce meses, la población del territorio ha aumentado en 2.474 personas hasta situarse en 732.196 personas. Aunque los datos son aún provisionales, el INE refleja que, por primera vez, Gipuzkoa ha superado la cifra de 100.000 habitantes de nacionalidad extranjera. A 1 de enero de 2025 en nuestro territorio residían un total de 100.465 personas inmigrantes, cuatro veces más que hace veinte años. Repasando la serie histórica de población desde 2005 se puede constatar el imparable crecimiento del número de extranjeros en nuestro territorio, con un aumento de un 259%. Hace veinte años residían en Gipuzkoa 27.961 extranjeros, frente a los 656.308 autóctonos. Desde entonces, la llegada de extranjeros ha ido creciendo año tras año, salvo en 2013 y 2014, dos periodos marcados por la crisis económica.

El rechazo de determinados colectivos ecologistas y vecinales ha sacudido al poder municipal de EH Bildu en un terreno siempre sensible: el de la relación con los movimientos sociales en los que históricamente ha sido fuerte. La contestación en Oion, en la Rioja alavesa, a la instalación de una infraestructura eólica en el barrio de Labraza ha reflejado una brecha de alcance. Se ha visualizado el apoyo del pleno del Ayuntamiento con el voto a favor del gobierno municipal, de EH Bildu, que justificó su decisión por «imperativo administrativo». El alcalde José Manuel Villanueva explicó su postura para evitar una vía penal que puede acabar en una acusación de prevaricación con perjuicios para su propio patrimonio. Sin embargo, y a pesar de este voto a favor, EH Bildu reiteró su oposición al plan, impulsado por la anterior mayoría municipal PNV-PSE. Al contar con todos los informes favorables, tanto los de los técnicos municipales como los de impacto ambiental del Gobierno Vasco, el Ayuntamiento carece de margen legal de maniobra para no dar luz verde al plan especial en el que se ubicarán los molinos. En el pleno, grupos de vecinos críticos con el proyecto afearon con gritos y pancartas el cambio de posición del alcalde y se vivieron algunos momentos de tensión en la sesión con partidarios del equipamiento. La controversia está servida en el municipio. La Corporación está compuesta por cinco ediles de EH Bildu, tres del PNV, dos del PP y uno del PSE. Todos los grupos municipales votaron a favor, aunque no participó en el pleno el concejal socialista, que además es vecino de Labraza. La realidad de Oion refleja un caso puntual pero se enmarca en el seno de un debate abierto con la transición energética. 

Masorange, la teleco líder del mercado español por volumen de clientes, tiene previsto obtener entre 3.500 y 4.000 millones de euros, según señalan fuentes cercanas al proceso, como consecuencia de la creación y venta de una participación de la empresa mayorista de fibra óptica (una fiberco o netco, en la jerga del sector) que ha constituido junto a Vodafone España, la firma controlada por el grupo financiero británico Zegona. Esta horquilla de entre 3.500 y 4.000 millones de euros es considerablemente superior a los 3.200 millones de ingresos por este concepto que manejaba anteriormente Masorange. Ambos grupos rubricaron el pasado 2 de enero un acuerdo por el que se comprometían a crear una empresa –un proyecto conocido internamente como Surf–, que nacerá con una infraestructura que dará cobertura a unos 12,2 millones de unidades inmobiliarias (viviendas, oficinas y locales). De esta forma será la operadora mayorista de FTTH más grande de España y de Europa, superando a Onivia, el grupo mayorista controlado por Macquarie, Abrdn y Arjun Partners, que tras la compra de una parte de la red de fibra de la rumana Digi, sumará aproximadamente 10,6 millones de hogares cubiertos con su infraestructura de fibra.

Mercadona no toca techo, sino que crece más y amplía la ventaja frente a sus rivales. La cadena valenciana cerró el ejercicio 2024 con una cuota de mercado del 26,6%, la mayor registrada por el grupo en un ejercicio completo, y 0,5 puntos por encima de un año antes, lo que representa el mayor crecimiento entre las grandes cadenas de supermercados. La evolución de la empresa que preside Juan Roig fue especialmente sólida en la primera parte del año, cuando el despunte de la marca blanca por la crisis de precios fue muy relevante, y en zonas donde todavía Mercadona cuenta con margen de crecimiento, como es el norte de España, donde está arrebatando clientes a su mayor rival en la región, Eroski, según el Balance de la Distribución de Kantar, presentado ayer por la consultora. La cadena líder de los supermercados amplió además su penetración en los hogares. El 93,1% de los consumidores realizaron alguna compra en Mercadona en 2024, 0,6 puntos más que en 2023. Las únicas enseñas que le siguen el ritmo a la empresa valenciana son los supermercados regionales, agrupados en la central de compras Grupo IFA, que incluye a cadenas como Ahorramás, Alimerka, Uvesco (BM) o Condis. En 2024, el conjunto de estas empresas sumó 0,5 puntos de cuota, hasta un 10,5% en total, gracias a su crecimiento fuera de sus zonas de referencia, como es el caso de BM más allá de la Comunidad de Madrid, o los planes de expansión puestos en marcha por Family Cash.

Junts está volcado en conseguir la cesión de las competencias de inmigración para Cataluña. Es su absoluta prioridad. Pero eso no significa que vaya a renunciar a seguir condicionando la acción del Gobierno de España valiéndose de sus decisivos siete votos en el Congreso. Su nuevo objetivo es forzar a que la reducción de la jornada laboral impulsada desde el Ministerio de Trabajo que dirige la líder de Sumar, Yolanda Díaz, se acomode a sus exigencias, que coinciden, a su vez, con las de la patronal catalana. Según precisan fuentes de la dirección de Junts, el objetivo es «negociar que sean los convenios de las pymes los que establezcan la jornada en función de su sector, tamaño y necesidades». El partido liderado por Carles Puigdemont reclama la adecuación de la norma al «modelo catalán», «donde no se quiere trabajar menos, sino ganar más». Alega que las pymes y los autónomos representan más del 98% del tejido empresarial en la comunidad autónoma y que, por tanto, las pequeñas corporaciones tienen que poder escoger la jornada de sus asalariados sin que les sea impuesta una genérica de 37,5 horas semanales.

Una de las circunstancias que acucia al mercado laboral y que está impidiendo la recuperación de las horas trabajadas en los últimos años a pesar de los récords de ocupación es el absentismo desbordado. Las bajas laborales no dan tregua y suponen uno de los principales frenos que sustenta que, según las cifras más actuales publicadas en las Encuesta de Población Activa del INE, el número total de horas efectivas trabajadas a la semana se haya incrementado apenas un 6,7% entre el cuarto trimestre de 2019 y 2024. Mientras que los ocupados han aumentado en el mismo periodo en un 9,5% –casi dos millones más–, hasta el máximo de 21,85 millones de trabajadores. En estos cinco años, y una pandemia mediante, el absentismo se ha convertido en uno de los principales problemas que afecta al mercado laboral y que está generando, además de un obstáculo para la recuperación del tiempo efectivo de trabajo, importantes costes tanto para las empresas como para la Administración. Según los datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) el número de procesos de incapacidad registrados a lo largo del año se ha incrementado en un 67% entre 2018 y 2024, hasta alcanzar los 8,7 millones el pasado ejercicio. Aunque la duración media se ha mantenido prácticamente inmóvil en los 42 días, las mutuas de accidentes de trabajo registraron el pasado año 133.341 procesos vigentes con una duración superior a los 365 días, un volumen cuatro veces mayor que hace cinco años. Así, con una tasa de absentismo del 8,3%, las cifras de AMAT señalan que esto equivale a que 1,6 millones de trabajadores falta cada día a su puesto de trabajo.

El petróleo ha saludado con un optimismo algo cauteloso el acuerdo entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el ruso, Vladímir Putin, para negociar la paz en Ucrania. Optimismo porque la paz y el cese de las sanciones permitirán la vuelta total de Rusia al mercado petrolero lo que, sumado al enorme excedente de crudo por la debilidad de la demanda global, puede seguir presionando a la baja sobre los precios. Cautela porque, en realidad, el impacto de las restricciones occidentales sobre la producción petrolera rusa ha sido muy limitado, ya que la mayor parte de la oferta ha encontrado salida a través de terceros países. Todo ello ha provocado que el precio del barril de Brent haya caído casi un 3% en las dos últimas sesiones y que apunte a situarse de nuevo en el entorno de los 60 o 70 dólares por barril, donde se ubicaba antes de que comenzaran a sonar los tambores de guerra, a finales de 2021. Y el gas, incluso, ha reaccionado de forma todavía más contundente, dado que se trata de una materia prima cuyo envío a través de gasoductos reduce significativamente el coste. La cotización del barril de Brent, de referencia en Europa, cayó ayer un 0,2% después de retroceder el miércoles un 2,4%, en un movimiento motivado por el pacto entre Trump y Putin, avalado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para zanjar la guerra en este país. Este descenso se debe fundamente a la posibilidad del retorno del petróleo ruso al mercado europeo, ya sin intermediarios en Asia central o África que encarecían el tránsito. Con ello, algunos analistas y los mercados de futuros apuntan a que el petróleo podría mantener su senda bajista en los próximos meses, ubicándose en el entorno entre los 60 y los 70 dólares por barril. Esto es, las mismas cifras entre las que se movía en el segundo semestre de 2021, hasta que empezaron a sonar tambores de guerra en el frente ucraniano. 

El estallido de la guerra en Ucrania supuso el inicio de una travesía por el desierto para la industria europea que ahora puede estar tocando a su fin después de tres años. Los precios del gas TTF, el índice que marca la cotización en Países Bajos y sirve de referencia para Europa, cayeron ayer un 8,3%, hasta los 51 dólares. Es cierto que este precio ha estado algo más bajo en los últimos meses, situándose en el entorno de los 40 dólares por barril, pero el hecho de que se haya anotado un descenso tan importante en solo una sesión apunta a que los mercados prevén el retorno del flujo del gas ruso. De hecho, los mercados de futuros ahondan en esta dirección y pronostican una caída adicional del entorno del 20% a lo largo del próximo ejercicio. El precio del gas es determinante para la competitividad de la industria, especialmente en los países centroeuropeos. Es el caso de Alemania, tras el cierre de las nucleares y la dificultad de las renovables para cubrir el hueco de ambas tecnologías a la vez, y más si se tiene en cuenta que tanto el gas como la nuclear ofrecían un precio competitivo y una mayor seguridad de suministro, al menos hasta 2022. Dado que la mayor parte de los sistemas eléctricos europeos son marginalistas (esto es, que toda la energía se paga al precio de la tecnología más cara que entra en el pool), el descenso del suministro de gas ha hecho estragos en los precios de la electricidad.

Las autoridades europeas temen tener que asumir el coste de la seguridad y la reconstrucción de la posguerra, sorprendidas al verse excluidas de las negociaciones de paz entre EEUU y Rusia sobre Ucrania. Donald Trump dijo el miércoles, tras hablar con el presidente ruso, Vladímir Putin, que sus delegaciones “comenzarían inmediatamente las negociaciones” para poner fin a la guerra, cogiendo por sorpresa a las capitales europeas. Más de media docena de altos funcionarios europeos aseguran a Financial Times que esperan que el presidente estadounidense les diga que deben pagar la reconstrucción de Ucrania y desplegar tropas allí para mantener un acuerdo de paz en el que no participarán. “Los estadounidenses no ven un papel para Europa en las grandes cuestiones geopolíticas relacionadas con la guerra. Va a ser una verdadera prueba de unidad”, asegura un alto funcionario de la UE. “Trump nos ve como dinero. Y francamente no hemos sido claros sobre cómo sería nuestro asiento en la mesa a cambio de ese dinero”. En una declaración el miércoles por la noche, seis países europeos, entre ellos Alemania, Francia y Reino Unido, dijeron: “Queremos discutir el camino a seguir con nuestros aliados estadounidenses... Ucrania y Europa deben participar en cualquier negociación”. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, lamentó ayer que Washington hubiera hecho concesiones a Moscú antes del inicio de las conversaciones de paz, entre ellas descartar el ingreso de Ucrania en la OTAN. “Es lamentable... que Trump ya haya hecho concesiones públicas a Putin antes incluso de que hayan comenzado las negociaciones”, afirmó Pistorius antes de una reunión de los ministros de Defensa de la OTAN en Bruselas. “Habría sido mejor hablar primero en la mesa de negociaciones sobre el posible ingreso de Ucrania en la OTAN”.

La próxima semana se cumplirán tres años desde el inicio de la agresión rusa sobre Ucrania, que se saldan con una devastación total, especialmente en el este del país, por la proximidad con los frentes de guerra. El Banco Mundial, Naciones Unidas, el Gobierno de Kiev y la Comisión Europea estiman que la reconstrucción del país ascenderá a 452.000 millones de euros en diez años. Se trata de una cuantía provisional, actualizada hasta el 31 de diciembre de 2023, y que incluye partidas para vivienda, modernización de la economía, sostenibilidad, infraestructuras de transporte y energía, los costes de demoler estructuras devastadas o seriamente dañadas, la gestión de los escombros, prestaciones sociales y ayudas para sectores estratégicos como agricultura y energía. En cuanto a vivienda, se estima que el 10% del parque ha quedado arrasado. Son 167.200 edificios civiles, según un cálculo de las autoridades ucranianas hicieron público a principios de noviembre. A todo ello, se suman objetivos ambiciosos en materia de interconexiones (ver información adjunta), sostenibilidad y atracción de inversiones. El hecho de que se esté hablando ya abiertamente de tregua o de reconstrucción, y no sobre cómo hay que financiar el armamento de Ucrania, son un síntoma de inflexión, explica Victor Burguete, experto en geopolítica y economía del Cidob, centro de estudios sobre política exterior con sede en Barcelona. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya ha dicho que aspira a tener un rol clave en la reconstrucción y Ucrania está dispuesta a entregárselo mediante la participación de empresas estadounidenses en estas labores o en yacimientos de las llamadas tierras raras.