20250306

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

La Comisión Europea está decidida a hacer todo lo posible para blindar la industria europea del automóvil para que pueda competir contra los fabricantes de EE UU y China. Para lograrlo, el Ejecutivo comunitario presentó ayer su Plan de Acción para la Industria Europea del Automóvil que incluye la flexibilización de la normativa de emisiones de carbono, la puesta en común de los incentivos de compra de vehículos eléctricos de los distintos países europeos y la creación de una alianza comunitaria para los vehículos autónomos, entre otros. Bruselas también facilitará fondos de innovación por valor de 1.800 millones en los dos próximos años para la fabricación de baterías de vehículos eléctricos en Europa. Se trata, en definitiva, de un cóctel de medidas proteccionistas que quieren asegurar la igualdad de condiciones de los fabricantes de la UE en el mercado global y la supervivencia de una industria que aporta el 7% del Producto Interior Bruto a la economía de la Unión Europea. «Hay mucho potencial a nivel global en innovación y soluciones limpias. Quiero ver cómo nuestra industria automovilística toma la delantera», aseguró la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien destacó que la prioridad será «evitar las dependencias estratégicas, sobre todo en la producción de baterías eléctricas». El objetivo no es otro que lograr un sector «sostenible, competitivo e innovador», para lo que se utilizarán mecanismos de defensa comercial, como medidas antisubsidios –ya se activaron con los aranceles a los vehículos eléctricos chinos– para favorecer los vehículos ‘made in Europe’. El sector se enfrenta a un panorama muy complicado ya que debe competir con los vehículos chinos, más baratos, y está amenazado por los aranceles del 25% que Donald Trump quiere imponer a los coches europeos que llegan a EE UU –una medida que afectará especialmente a Alemania, la principal economía del bloque–. La receta comunitaria a este dilema pasa por reducir los costes de las materias primas e impulsar la producción local de todos los componentes «para asegurar que la próxima generación de vehículos se fabrica en Europa», destacó el comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas.

La automoción vasca aplaude la «flexibilización» del nuevo Plan de Acción para la Industria Europea del Automóvil. Considera, además, que «aliviará» a aquellas empresas del sector que no atraviesan por un buen momento después de acometer importantes inversiones en pos de electrificar toda su línea de producción y haberse encontrado con una respuesta muy débil por parte de los compradores. Desde el clúster de automoción de Euskadi (Acicae) sostienen que los ritmos actuales que se había marcado Europa «no eran los adecuados debido a las circunstancias actuales que atraviesa el Viejo Continente». Es por ello que consideran «positivo» que Bruselas haya «reflexionado» y haya marcado una hoja de ruta más «flexible» para conseguir los mismos objetivos. Otra de las claves del nuevo documento está en la prórroga hasta 2027 de las multas a las empresas que incumplan con sus objetivos de emisiones de C02. Era a partir de este 2025 cuando esas infracciones iban a comenzar a penalizarse. «Es muy positivo que se premie con incentivos en lugar de con multas», aseguran desde Acicae. «Ahora la Comisión parece estar mucho más abierta a trabajar y valorar otras tecnologías y otras posibilidades, aunque siempre con el mismo objetivo de la electrificación», concluyen. A pie de calle, Jon Tolaretxipi, director general del Grupo Easo Motor, comparte la tesis del clúster y sostiene que la flexibilización de los plazos y la propia normativa es una «buena noticia para el sector, aunque esto no cambia el objetivo de electrificar el parque automovilístico, la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones de CO2 para llegar al año 2035 con cero emisiones».

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) ha dado un paso muy importante para cerrar en Bélgica el contrato más importante de su historia. La compañía goierritarra ha sido elegida como postora preferente por el operador ferroviario de ese país para renovar su flota de trenes. «A raíz de una licitación europea lanzada a tal efecto, CAF ha sido seleccionado como ‘preferred bidder’ para el desarrollo, fabricación y suministro de los trenes AM30 para el operador NMBS (SNCB-Sociedad Nacional de los Ferrocarriles Belgas)», comunicó ayer la firma radicada en Beasain a través de una nota. «La Junta Directiva de NMBS ha dado su aprobación para continuar el proceso de compra con la empresa seleccionada como preferred bidder, con el objetivo de cerrar la adjudicación definitiva de dicho acuerdo marco», prosiguió. En juego, un pedido jugoso de 12 años de duración y dinero. Mucho dinero. Nada más y nada menos que 1.695 millones de euros para el compromiso de desarrollar, fabricar y suministrar coches que aporten 54.000 plazas en su totalidad. Pero el contrato marco no se queda ahí. Contempla la fabricación de trenes por el equivalente a 170.000 plazas, lo que supondría elevar el valor del contrato por encima de los 3.400 millones. En ambos casos, sea la primera cifra o la segunda, hablamos del pedido más relevante de la compañía pilotada por Javier Martínez Ojinaga. ¿Pero qué significa ser postor preferente o ‘preferred bidder’ como se dice en inglés? Se trata de una empresa o consorcio que ha sido seleccionado como licitador preferente en un proceso de adjudicación de contrato, generalmente en licitaciones públicas o privadas. Se otorga este estatus cuando una empresa ha sido preseleccionada como la mejor opción para un contrato, aunque aún no se haya firmado el acuerdo definitivo. Es decir, aunque la noticia conocida ayer es muy importante y coloca a la empresa guipuzcoana en una buena posición para adjudicarse el contrato, aún no está la operación cerrada y conviene ser cautos. Para que se hagan a la idea, la compañía guipuzcoana lidera la carrera en estos momentos, es el caballo que se ha colocado en primera posición, pero todavía hay que seguir trabajando para celebrar el triunfo final, que podría conocerse en días, semanas o incluso meses.

Multiverse Computing vive días «frenéticos» en el Mobile World Congress de Barcelona. Es la tercera vez que la start up donostiarra participa en la feria internacional catalana, pero esta edición está siendo un poco más especial. Mientras la firma de computación cuántica e inteligencia artificial apuntala los últimos flecos de una nueva ronda de inversión público-privada que acompañará a los 67 millones del Gobierno central, sus representantes, con el cofundador Enrique Lizaso-Olmos a la cabeza, presentan ante agentes líderes del sector, fondos de inversión e instituciones nacionales su joya, el CompactifAI. Una herramienta de compresión de modelos de lenguaje de IA que ha catapultado a la empresa a ostentar el título de futuro «unicornio europeo», un término utilizado para referirse a las pequeñas empresas con el potencial de alcanzar un valor de 1.000 millones sin haber salido a bolsa. Diversos agentes de instituciones europeas, estatales y vascas, también con presencia de entidades del Gobierno Vasco, han visitado estos días el stand 19 del pabellón 4 del congreso de Barcelona, donde está ubicada Multiverse Computing. Lizaso-Olmos, que fundó junto a Román Orús y Sam Muge la compañía en 2019, conversa en uno de los poquísimos tiempos libres que le deja la feria. «Principalmente estamos presentando la herramienta CompactifAI, que es lo que más ha llamado la atención. Al final, en este tipo de congresos se trabaja el ámbito comercial, y de divulgación, pero también estamos aprovechando para cerrar los últimos flecos de la nueva ronda. La noticia de la inversión del Gobierno ha sido muy positiva, y la verdad es que están siendo unos días frenéticos, pero estamos muy agradecidos por el reconocimiento», apostilla. En este Mobile World Congress, en el que los organizadores esperan superar el récord de 109.000 congresistas que obtuvo en la edición previa a la pandemia, Multiverse Computing está teniendo un papel muy protagonista dentro de las start up tecnológicas emergentes. 

Procesaron más barriles de petróleo y vendieron más litros de combustible que en 2023, pero el resultado final fue bastante peor. Petronor cerró el ejercicio de 2024 con un descenso del 80% en su beneficio neto, que se situó en 72 millones de euros. Pese a este limitado beneficio –extraordinariamente bajo en comparación con los 348 millones que ganó en 2023 y más lejos aún de los 470 de un espectacular 2022–, la compañía ha dado muestras de que apuesta por su desarrollo futuro, con unas inversiones en el ejercicio que son el doble de su beneficio: 147 millones. El resultado está en línea con el descenso de resultados de todas las empresas petroleras de Europa. El dato de beneficio contrasta con la actividad industrial y comercial de la empresa. Y es que en 2024 la refinería procesó 69,7 millones de barriles de petróleo, lo que supone un 7% más que en el ejercicio precedente. Incluso, sus ventas en volumen también crecieron hasta situarse en casi 10 millones de toneladas de combustible, lo que supuso un incremento del 5%, siempre en relación a los datos de 2023. Las exportaciones mejoraron de forma sensible hasta alcanzar el 35% de las ventas. Hay dos factores combinados que han condicionado ese descenso tan drástico de los beneficios. El más importante es el recorte en el margen de refino, el ratio que relaciona en cada momento el coste de un barril de petróleo y el ingreso que se puede obtener con los productos que se obtienen tras su destilación. Las tensiones en el mercado energético habían disparado ese margen en los dos años anteriores.

Los retrasos en las entregas y la multa de 116 millones de Renfe han agravado la situación financiera de Talgo hasta convertirla en uno de sus principales frentes. Eso mientras el consorcio vasco liderado por Sidenor trabaja en cerrar el acuerdo definitivo para hacerse con el control del fabricante de trenes a través de la adquisición del 29,7% de sus acciones, en manos del fondo Trilantic. El calendario de la deuda eleva la urgencia para reestructurarla porque de aquí a 2027 vencen 318,8 de los 405,4 que Talgo debe a 23 entidades financieras que conforman su ‘pool’ bancario. Así se refleja en la auditoría de cuentas de la empresa, que establece un plan de pagos que tiene un vencimiento de 54,9 millones este año, 117,8 el que viene y otros 146,1 en 2027. La periodificación dejaría de 2028 en adelante una parte menor de 86,6 millones. Todo esto mientras Sidenor, Gobierno vasco, BBK –con 45 millones cada uno– y Vital–con otros 20– han alcanzado un principio de acuerdo para abonar 152 millones por las acciones de Talgo en manos de Trilantic. Una cantidad que, en función de una serie de condiciones que se negocian actualmente, podría ascender hasta los 183 millones. Ese desembolso coincidiría en el tiempo con los vencimientos de la deuda, la multa de Renfe pero también con la inversión en un urgente plan industrial que aumente la capacidad de fabricación. De ahí que el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, trabaje ya en una refinanciación del déficit de Talgo con varios bancos.

El Gobierno vasco firmará finalmente hoy el traspaso a Euskadi de la competencia de permisos de trabajo para personas extranjeras, una fuerza laboral que «necesitamos» en un contexto de «escasez de mano de obra» y que es necesario incorporar al mercado laboral «de la forma más rápida posible». «Como sociedad no podemos permitirnos desaprovechar el potencial que tenemos inactivo», afirmó ayer el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres. Lo hizo en un acto del Pacto Social por el Empleo, un acuerdo que cumple su primer año y que suma el apoyo de 113 entidades. Este acuerdo, suscrito el 31 de enero de 2024, supone una herramienta para fomentar la cooperación entre empresas, sindicatos, instituciones y centros educativos a fin de abordar los retos económicos actuales y los que están por venir. «Se trata de un pacto para situar al empleo en el centro de la acción política», resumió Torres. La iniciativa recoge una decena de compromisos que incluyen el desarrollo de la ley de empleo, la generación de entornos de conocimiento e innovación, la cualificación y recualificación de los ocupados y los parados, o la promoción de actividades económicas sostenibles y competitivas, entre otros. «Sabéis que el empleo es el motor que impulsa nuestra economía y el pilar sobre el que se construye nuestra sociedad. Pero el buen empleo, el de calidad, el decente, nos dice también qué modelo de mercado laboral queremos hacer», destacó el vicelehendakari en la apertura del encuentro celebrado en Bilbao. Allí defendió que el pacto supone «una herramienta fundamental para hacer Euskadi mucho más justa y mucho más inclusiva», incorporando también a los colectivos más vulnerables.

El Departamento de Vivienda ha ideado un plan de choque para atender la demanda en el mercado inmobiliario vasco. Entre las medidas presentadas ayer por el consejero Denis Itxaso destaca la reducción del 75% al 60% de la reserva de suelo obligatoria para la VPO, una exigencia que retraía a los promotores privados. También se aborda la simplificación de los trámites administrativos y licencias municipales que, muchas veces, paralizan las nuevas edificaciones. Todo ello con el objetivo de activar los proyectos residenciales que los constructores no consideran rentables con la legislación vigente. Lo hará a través de una ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo, norma que los partidos que forman el Ejecutivo (PNV y PSE) registrarán en el Parlamento en las «próximas semanas» y que tiene garantizada su entrada en vigor ya que ambas formaciones políticas suman la mayoría absoluta. El texto, que prevé ser aprobado «durante el presente año», tiene como finalidad reactivar los proyectos que están paralizados por falta de viabilidad económica sin la necesidad de esperar a la redacción y posterior aprobación de una nueva Ley del Suelo, que aún tardará años. 

PNV y PSE-EE diseñaron durante casi dos años una reforma fiscal –«revisión» o «ajuste», en sus palabras– que presentaron el pasado noviembre al resto de partidos casi como un caramelo imposible de rechazar. ¿Quién podría negarse a eximir del pago del IRPF a las rentas más bajas, a ampliar las deducciones por vivienda a los jóvenes, a conceder más ayudas para fomentar la natalidad...? Pero, poco a poco, ese caramelo se ha ido envenenando para sus propios fabricantes, que entre vetos cruzados y giros de guion se han topado de bruces con un escenario que ninguno alcanzaba a imaginar ni por asomo en un primer momento: que el fracaso del proyecto se convirtiera en la posibilidad más factible. Y es que, llegados a este punto, sólo un inesperado volantazo de alguno de los actores concernidos puede salvar ya la modificación impositiva que tratan de aprobar las tres diputaciones. La negociación, si es que puede llamarse así ante la escasa comunicación entre unos y otros, ha entrado en vía muerta porque nadie está dispuesto a moverse de su respectiva parcela. Si el martes el PNV se plantaba y fijaba el preacuerdo fallido con Podemos como su «posición definitiva» ante todos los partidos, ayer EH Bildu, PP y la propia formación morada dieron un sonoro portazo a lo que consideran un «ultimátum». Las fichas continúan estáticas y, en consecuencia, no hay apoyos suficientes. Todo ha llegado a este punto por motivos diferentes en cada uno de los casos: en el de EH Bildu, porque siempre ha condicionado un eventual entendimiento a una reforma «en profundidad» y a un aumento en la recaudación, requisitos que no cumple el proyecto; en el del PP, porque pese a su disposición inicial al pacto, fue vetado por el PSE-EE entre comparaciones con el modelo de Isabel Díaz Ayuso en Madrid; y en el de Podemos, porque la dirección morada decidió reventar el preacuerdo –ni siquiera quisieron llamarlo así– alcanzado la semana pasada amparándose en un «empate técnico» entre sus bases, pese a que la consulta interna arrojó una victoria del ‘sí’ por tres puntos porcentuales frente al ‘no’.

La Fundación BBK celebra estos días su décimo aniversario. Una efeméride que ha querido conmemorar con la grabación de un documental «sobre el poder transformador de las decisiones» y un calendario de actividades hasta final de año que se centrarán en el arte, la tecnología y la innovación. BBK organizó ayer un acto en su sala ubicada en la Gran Vía bilbaína para presentar en sociedad el cortometraje, en el que han participado una veintena de agentes relacionados con la fundación. El evento también sirvió para echar la vista atrás y poner en valor la decisión, adoptada hace una década, de convertirse en fundación bancaria como consecuencia de la ley de cajas de ahorro y fundaciones bancarias, promulgada en 2013. Gracias a una participación del 57%, BBK se hizo con el control del recién nacido banco Kutxabank, fruto, a su vez, de la fusión de las tres cajas de ahorro vascas (BBK, Kutxa y Vital). Una de las decisiones más trascendentales entonces fue no salir a Bolsa para evitar que el banco «estuviera en los mercados y cayera en manos de terceras entidades», recuerda el documental. Precisamente por todo ello, la campaña por el décimo aniversario se centra «en la importancia de las decisiones» y en «el vértigo de lo desconocido». El presidente de la fundación bancaria, Xabier Sagredo, rememoró aquellos días. «Parecía que estábamos abocados a la desaparición, se presumía que el banco no iba a poder sobrevivir en un sector dominado por las operaciones corporativas, por el cuestionamiento continuo sobre su tamaño, sobre nuestro modelo de gobernanza... Nada más lejos de la realidad. Nos rebelamos contra el destino», subrayó.

Las webs de la Diputación y de los ayuntamientos de Donostia, Irun y Hondarribia han sufrido ataques por parte de hackers prorrusos que lograron paralizar algún servicio durante horas. El apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez a Ucrania frente a la agresión rusa ha desatado «desde febrero una oleada de ciberataques por parte de grupos de hackers prorrusos a páginas webs de instituciones españolas», según explica un hacker ético. El último ataque, o puede que penúltimo porque este tipo de acciones son constantes, ha tenido como objetivo a la Diputación de Gipuzkoa y los ayuntamientos de San Sebastián, Irun y Hondarribia, entre otras entidades de todo el Estado, cuyas webs se vieron afectadas en mayor o menor medida entre la tarde del martes y la mañana de ayer. Según pudo confirmar este periódico, la ofensiva incidió a IZFE, la Sociedad Foral de Servicios Informáticos, una plataforma que utilizan los distintos consistorios del territorio, lo que provocó que los sitios ‘online’ de estas instituciones estuvieran caídos un tiempo. En algún caso, como el consistorio irundarra, varias horas. Los expertos consultados explican que esta serie de acciones por parte de ciberdelincuentes de filiación rusa son «ataques de denegación de servicio, conocidos como DDoS (Denegación de Servicio Distribuido), que buscan causar una molestia a instituciones públicas y apuntarse una victoria que les dé principalmente notoriedad» en su objetivo de apoyar y reivindicar a Rusia. 

La decisión de la Fundación Bancaria La Caixa de volver a establecer en Cataluña tanto su sede social como la de su hólding de participadas, CriteriaCaixa, agitó ayer el panorama empresarial y político en España. La entidad y la compañía presididas por Isidro Fainé, con participaciones muy relevantes en algunas de las mayores empresas españolas, como CaixaBank, Naturgy, Telefónica, Colonial o ACS, sitúan de nuevo en Barcelona su domicilio social, casi siete años y medio después de hacer las maletas rumbo a Palma de Mallorca. El traslado se produjo en octubre de 2017, después de la declaración unilateral de independencia de Cataluña, aunque la Fundación La Caixa y Criteria mantuvieron su sede corporativa en las Torres Negras de la Diagonal de Barcelona. El acuerdo de traslado de sedes fue adoptado por unanimidad por el patronato de la fundación en una reunión extraordinaria convocada por Fainé. El cambio del domicilio social de CriteriaCaixa fue comunicado posteriormente a la CNMV. El clima político y social ha cambiado en Cataluña en los últimos años y ése es el argumento esgrimido por La Caixa para dar marcha atrás. “El acuerdo alcanzado hoy por el patronato se toma atendiendo a que ya no se dan las circunstancias que causaron el traslado temporal de dichas sedes a la ciudad de Palma en el año 2017”, señaló en un comunicado la Fundación La Caixa. “El cambio no implica movimiento de personas ni de espacios o servicios corporativos, en la medida en que la mayoría de los empleados y centros de trabajo han estado siempre ubicados en Barcelona”, añadió la entidad.

Tras un periodo en el que la tensión entre Garamendi y Cuerva había ido in crescendo, ambos exhibieron sus diferencias en público, ante un nutrido auditorio formado por empresarios y en presencia tanto del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Y es que el choque se produjo en plena ceremonia de los XI Premios Cepyme, un acto destinado a reconocer y dar visibilidad a las pequeñas y medianas empresas y que acabó derivando en un cruce de mensajes y dardos, más o menos velados, entre Garamendi y Cuerva, mostrando la tensión que está generando el proceso electoral que está a punto de abrirse en la patronal de las pymes. “Las organizaciones somos el portavoz del tejido empresarial, defendiendo los intereses de las empresas y los empresarios en todos los ámbitos ante los distintos gobiernos, ante todos los partidos y ante los sindicatos”, afirmó el presidente de CEOE, quien añadió que “para ello, es fundamental hacerlo desde la unidad”, porque “todos estamos en el mismo barco y, en este caso, toca tener generosidad y altura de miras y dejar los intereses personales a un lado”. Un mensaje con un obvio destinatario, Gerardo Cuerva, que, a su vez, se reivindicó al frente de Cepyme trasladando a Pedro Sánchez en persona el “clamor” que, a su juicio, existe en las empresas contra las políticas económicas del Gobierno y asegurando que “mientras pueda, voy a seguir defendiendo a las pymes españolas y voy a darle voz a ese clamor, porque creo que es lo que necesita la empresa, pero también porque creo que es lo que necesita España”. Cuerva fue aún más allá y, ante Sánchez, aseguró que “para mí sería más fácil adoptar hoy, por tu presencia aquí, la cual agradezco profundamente, una posición pretendidamente institucional, tibia, condescendiente... Hay quien piensa que me iría mejor, pero, querido presidente, creo sinceramente que lo institucional no puede estar reñido con lo responsable”. Frases lapidarias por parte de ambos que ayer dejaron meridianamente clara la intensidad de la batalla interna que se libra en el seno de CEOE-Cepyme. Un enfrentamiento con luces y taquígrafos delante del mismísimo presidente del Gobierno y en presencia de buena parte de la directiva de Cepyme y otras patronales, que se produjo pocas horas después de que trascendiera el nombre de quien disputará a Cuerva la presidencia de Cepyme: Ángela de Miguel, presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios CEOE-Cepyme, a quien Garamendi habría mostrado su apoyo y su “total confianza”. 

El consejo del Banco Central Europeo (BCE) se reúne hoy para decidir si vuelve a bajar los tipos de interés, algo que nadie duda que hará, en su camino hacia la normalización de la política monetaria. Lo hará a la luz de las nuevas previsiones macroeconómicas que los expertos de la institución, en colaboración con los de los distintos bancos centrales nacionales de la zona euro, han preparado y que, con gran probabilidad, mostrarán un empeoramiento del crecimiento económico en la eurozona y la constatación de que, al menos por ahora y a la espera de posibles problemas si finalmente Estados Unidos empieza a imponer nuevos aranceles, la inflación continúa su marcha hacia el objetivo del 2%, después de bajar una décima y situarse en el 2,4% en febrero. Los indicadores de actividad señalan que esta sigue floja en la eurozona, especialmente en los países centrales, aunque hay quien considera que la posibilidad de un Gobierno de coalición en Alemania en el que los conservadores lleven la voz cantante puede ser un acicate para una cierta recuperación. Ayer se supo que perfilan un fondo de 500.000 millones de euros para dinamizar la economía. Y que ello, unido a la senda descendente de los precios, puede acabar impulsando con mayor celeridad la caída de la inflación y llegar a situarla por debajo del objetivo. Ello podría inclinar al BCE a reducir los tipos de interés más allá de lo que se pudiera pensar, con el objetivo de conseguir algunas tensiones al alza en los precios.

Conservadores y socialdemócratas alemanes han alcanzado un histórico acuerdo para dinamitar el ortodoxo freno de deuda germano con el doble objetivo de liderar el rearme militar que encara la Unión Europea y de alimentar el lánguido fuego de la tradicional locomotora económica europea. Diez días después de ganar las elecciones, el futuro canciller alemán, el democristiano Friedrich Merz, ha perfilado ya una gran coalición de gobierno entre CDU y SPD a partir de un acuerdo conjunto para romper el corsé del endeudamiento alemán y crear un macrofondo de 500.000 millones de euros para inversión en infraestructuras que, en todo caso, requerirá llevar a buen puerto una reforma constitucional a contrarreloj. “A la vista de la situación de amenaza cada vez mayor, somos conscientes de que Europa y, junto con Europa, la República Federal de Alemania deben hacer ahora grandes esfuerzos para reforzar rápidamente las capacidades de defensa de nuestro país y del continente europeo”, defendió el líder de la Unión Cristianodemócrata (CDU). “Quiero dejarlo muy claro. En vista de las amenazas a nuestra libertad y la paz en nuestro continente, nuestra defensa ahora también debe basarse en el principio del cueste lo que cueste”, defendió Merz, citando el famoso whatever it takes con el que Mario Draghi, entonces al frente del Banco Central Europeo (BCE), se mostró decidido a hacer todo lo que fuera necesario para salvar el euro durante la crisis de deuda soberana europea de 2012. La respuesta alemana “no puede aplazarse más” en vista de “las últimas decisiones del Gobierno estadounidense”, declaró Merz, según recoge Efe, apenas unas horas después de que la Administración de Donald Trump retirase el apoyo militar a Ucrania frente a la invasión rusa y de que Bruselas reaccionara lanzando el plan Rearmar Europa para movilizar 800.000 millones de gasto en defensa.

Europa se ha embarcado en una carrera de fondo para mejorar su competitividad, pero no irá a ninguna parte, quizás ni siquiera consiga arrancar del todo, si no cuenta con trabajadores cualificados a la altura de los desafíos industriales y tecnológicos que requiere una Unión Europea que busca no quedarse atrás frente a otros grandes bloques económicos, tanto al este como al oeste de sus fronteras. Y ahí, los Veintisiete tienen bastantes carencias. Por ello, la Comisión Europea presentó ayer la Unión de Capacidades, un plan para mejorar las habilidades de los trabajadores —desde la educación básica en el colegio a su entrenamiento continuado a lo largo de su vida laboral—, facilitar su movilidad en la UE y, también, para atraer a los más capacitados extracomunitarios, sobre todo en sectores como el sanitario donde quedan muchos puestos por cubrir. “Hablamos mucho de competitividad, de inversiones, de tecnologías o de descarbonización… pero por muchos deseos y recursos que tengamos para ser más competitivos, también necesitamos personas cualificadas, formadas y con talento, a todos los niveles para lograrlo”, subrayó la vicepresidenta de la Comisión para Derechos y Capacidades Sociales, Empleos de Calidad y Preparación, Roxana Mînzatu, en un encuentro con periodistas para desgranar su plan, presentado formalmente ayer. Un plan que adquiere urgencia, según Bruselas, cuando se mira la línea demográfica: si ya casi cuatro de cada cinco pymes tienen dificultades para encontrar trabajadores con las capacidades adecuadas, sobre todo en áreas como la Inteligencia Artificial o la computación cuántica, el problema no va a hacer más que acrecentarse conforme envejece la sociedad, con el consiguiente declive de la población activa, de 265 millones de personas en 2022 a 258 millones en 2030, según cálculos del Ejecutivo comunitario.

El 2 de abril Estados Unidos aplicará los aranceles recíprocos y, al mismo tiempo, las tarifas a los productos agrícolas, ampliando así el radio de su guerra comercial a todo el mundo. Donald Trump confirmó la fecha durante su discurso ante el Congreso de EEUU en la noche del martes (la madrugada del miércoles en España), en una bronca sesión que incluyó la expulsión de la sala del congresista demócrata Al Green, que obligó al presidente a interrumpir su intervención. “Los aranceles recíprocos entrarán en vigor. Lo que nos cobren se lo cobramos de vuelta. Si quieren sacarnos de su mercado, entonces nosotros aplicamos barreras para sacarlos de nuestro mercado”, aseguró Trump. En concreto, se refirió a Europa, que será una de las mayores damnificadas por estas tarifas, que apuntan a igualar con aranceles tributos que gravan a las importaciones en la UE, como el IVA, aunque su funcionamiento sea diferente. La guerra comercial se extenderá en abril por todo el mundo. Corea del Sur, a la que Trump también hizo alusión en su discurso, respondió ayer asegurando que no es cierto que imponga aranceles a las importaciones de EEUU y que además existe un tratado de libre comercio entre ambos países que garantiza que no hay tarifas. Pero Trump lo tiene claro y no tiene intención de cambiar de opinión. “No vamos a dar marcha atrás”. Sin embargo, los analistas recuerdan que los cambios de guión en el último minuto son habituales en el Despacho Oval. Es más, 48 horas después de entrar en vigor los aranceles del 25% a Canadá y México, y de asegurar que “no hay espacio para la negociación”, en la Casa Blanca se plantean ya suavizar estas medidas de manera inmediata. Al cierre de esta edición, el único cambio anunciado era la moratoria de un mes aprobada ayer para los aranceles a la importación de coches de Ford, GM y Stellantis. De momento, tanto China como Canadá han respondido ya con la aplicación de nuevos aranceles de entre el 10% y el 25% a los productos estadounidenses. 

El 3 de marzo, Donald Trump tomó dos decisiones muy importantes. Una fue imponer aranceles del 25% a Canadá y México y del 10% a las importaciones chinas, además del 10% impuesto el mes pasado. Todo apunta a que también se aplicará un arancel del 25% a las importaciones de la UE. Juntas, estas cuatro economías producen el 61% de las importaciones de bienes de Estados Unidos. La otra decisión, más importante, fue suspender la ayuda militar estadounidense a Ucrania, lo que le da al asediado país lo que parece ser una elección de Hobson entre la rendición y la derrota. El amigo de Trump, Vladímir Putin, debe de sentirse extasiado: el presidente de EEUU está destrozando a Occidente ante su mirada feliz. Se trata simplemente de dos conjuntos de decisiones dentro del torbellino que envuelve la segunda presidencia de Trump. Pero para el mundo exterior, son de enorme importancia. Representan el fin de las relaciones comerciales liberales, predecibles y regidas por reglas con el país más poderoso del mundo y también el que creó el propio sistema. También ponen de manifiesto el abandono por parte de Estados Unidos de alianzas y compromisos fundamentales en favor de una relación más estrecha con un antiguo enemigo. Sin duda, Trump piensa que Rusia es más importante que Europa. En ambos casos, está muy equivocado. Como señala Maurice Obstfeld, ex economista jefe del FMI, los déficit comerciales de Estados Unidos no son consecuencia de los abusos de sus socios comerciales, sino del exceso de su gasto sobre los ingresos. El factor que más influye en los déficits comerciales de Estados Unidos es su abultado déficit fiscal federal, que actualmente ronda el 6% del PIB. El plan del Senado controlado por los republicanos de hacer permanentes los recortes impositivos de Trump de 2017 garantiza que este déficit persistirá al menos mientras los mercados lo financien. Dicho lo cual, los intentos de acabar con los déficits comerciales con aranceles carecen por completo de sentido...

Una veintena de empresas de producción de petróleo, gas y carbón y cementeras fueron responsables en 2023 del 40,8% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO₂) del sector fósil, sumando 17,5 gigatoneladas de este gas. Además, 16 de esas 20 compañías son estatales. Entre todas destacan las empresas de China, fundamentalmente públicas, que expulsaron ellas solas el 23% del conjunto de las emisiones. Estas son algunas de las conclusiones que se extraen de un informe elaborado por el centro de investigación británico InfluenceMap partiendo de su base de datos Carbon Majors, en la que rastrean la contribución al cambio climático de los grandes productores de combustibles fósiles y cementeras del mundo. En total, han contabilizado la actividad de 169 empresas activas en 2023, el último año del que tienen datos cerrados. Y, según denuncian estos expertos, a pesar de que los impactos de la crisis climática se están intensificando, las emisiones de estas empresas crecieron un 0,7% en 2023 respecto a 2022. La firma que más emitió en todo el mundo fue Saudi Aramco, la compañía estatal de Arabia Saudí. Le siguen Coal India, CHN Energy, National Iranian Oil Co, Jinneng Group y Gazprom, todas también controladas por gobiernos, que acumulan casi un 20% del dióxido de carbono del sector fósil. Este es el principal causante de los gases de efecto invernadero y, por lo tanto, el principal responsable del calentamiento global que golpea en forma de aumento de las temperaturas medias y de fenómenos meteorológicos extremos más duros y frecuentes, según la evidencia científica. Es abrumadora la presencia de compañías públicas en los primeros puestos del análisis.  Para encontrar la primera empresa de capital privado hay que descender hasta el puesto 14. Es ExxonMobil.