20250310

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

El 4 de febrero, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró exultante ante los medios para anunciar que gracias a ella, España iba a ser «mejor» que ayer. «Los trabajadores y trabajadoras españolas ganan derechos. Se lo merecen. Gobernamos para ellos y para ellas. Les voy a pedir una cosa. Hoy es un día histórico, disfruten». Aquel 4 de febrero, a Díaz se le olvidó (o no quiso recordarlo) que aprobar algo en el Consejo de Ministros no es sinónimo de que finalmente vea la luz porque, entre otras cosas, el Gobierno de coalición apenas tiene 147 de los 350 escaños de la Cámara (120 socialistas y 27 de Sumar). Lo que anteayer era un anteproyecto de ley «histórico» para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales (beneficiaría a «12 millones de españoles», entre ellos a 350.000 vascos), hoy es una medida abocada al fracaso por el sonoro portazo de Junts, que lejos de recular en su negativa inicial insiste en reafirmarse en su ‘no’. Entre otras cosas, porque se trata de una iniciativa que «no han pedido las empresas» y tampoco ocupa el primer lugar «en las reivindicaciones de los trabajadores». Así lo aseguró la semana pasada en el Congreso el diputado independentista Josep Maria Cervera, quien instó a Díaz a sentarse con la patronal, negociar y acordar la medida. Si no lo hace y no cuenta con el plácet empresarial, los de Carles Puigdemont votarán en contra, lo que supondría ‘de facto’ el fin de la iniciativa, ya que el PP también está en contra si no existe un acuerdo entre todos los agentes sociales.

Comienza hoy su viaje a Washington y Nueva York, donde visitará la sede de IBM y se verá con republicanos y demócratas. El viaje oficial a Estados Unidos que inicia hoy Imanol Pradales viene a escenificar al mismo tiempo dos de sus máximas desde que el pasado junio llegó a Ajuria Enea: la primera, que Euskadi debe pasar a «jugar la partida en el mundo» y convertirse en un agente relevante en un contexto global de marcada inestabilidad y plagado de incertidumbres; y la segunda, que la industria, como sector clave en la economía vasca, precisa de un impulso decidido por parte de las instituciones públicas, tal y como se ha reflejado, por ejemplo, en la operación de Talgo. Estas dos líneas maestras del lehendakari estaban sobre la mesa incluso antes de que Donald Trump regresara a la Casa Blanca y pusiera patas arriba el orden mundial. Así que ahora, con una guerra comercial que amenaza el futuro de la industria vasca, las declaraciones de intenciones de Pradales han dejado de ser una apuesta política para convertirse en pura necesidad. «Testar el efecto de las políticas de Trump en los intereses de Euskadi» es precisamente el objetivo que Lehendakaritza se fija para un itinerario que durará cuatro días y que le llevará a Washington DC y Nueva York.

La dirección estatal de Podemos trasladó hasta en dos ocasiones a la ejecutiva vasca de la formación morada su posición contraria a un acuerdo para aprobar la reforma fiscal con PNV y PSE en Euskadi. En esas llamadas que se produjeron el pasado lunes, tal y como adelantó ayer DV, la dirección de Ione Belarra expresó su objeción a la consulta interna que realizó el partido con su militancia vasca por considerar que existían algunos fallos logísticos serios, como las dificultades para que el proceso fuese enteramente telemático. El propio coordinador de Podemos Euskadi, Richard Vaquero, reconoció ayer ante dirigentes de la formación la existencia de esta interlocución con la ejecutiva que lidera la diputada Ione Belarra, aunque también negó que en esa comunicación implicase algún tipo de orientación política o estratégica sobre la norma económica que se debate en las Juntas Generales de Gipuzkoa, Bizkaia y Araba. La secretaría general de Podemos intervino directamente para frenar el preacuerdo fiscal que había alcanzado la formación morada con jeltzales y socialistas y que había sido apoyado por el 46% de sus militantes frente a un 43% en contra en una consulta interna. Desde Madrid hablaron directamente con Vaquero tras mantener una conversación con un dirigente de EH Bildu que les transmitió su inquietud por los efectos a medio plazo de este pacto que puede suponer en Euskadi.

A apenas unos días de dejar el liderazgo de UGT-Euskadi después de doce años de mandato, Raúl Arza admite que la alta conflictividad laboral que sufre el País Vasco –acumula la mitad de las huelgas que se convocan en toda España– «frena inversiones» extranjeras en la comunidad autónoma. "...Hay veces que no queda otra, como ocurre con el convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia, que lleva años bloqueado. Pero la huelga no puede ser un fin en sí mismo sino un medio para conseguir algo...- Es de Llodio y ha vivido de cerca los problemas de la industria en el Valle de Ayala. ¿Está la conflictividad frenando la llegada de inversiones? – Yo creo que sí, aunque no sea lo único que determine la toma decisiones de las empresas. Pero en un mundo tan globalizado como el nuestro, en el que las decisiones se toman a miles de kilómetros de aquí, no cabe duda de que la conflictividad es uno de los parámetros que se tienen en cuenta. No podemos estar orgullosos de que un país tan pequeño como el nuestro tenga el 50% de las huelgas a nivel de Estado...– Se va con la negociación del salario mínimo vasco sin arrancar por el portazo de Confebask. ¿Era viable un acuerdo con diferencias tan grandes entre los propios sindicatos? – Eso es lo que debía debatir la mesa. Desde UGT no hemos entendido el portazo a la negociación cuando hay un compromiso del Gobierno vasco para hacer un estudio sobre cuál podría ser. Esperemos que se incorporen en la reunión del próximo día 20...– ¿Está bloqueada la mesa para estudiar las causas del absentismo como denuncia Confebask? – Diría que está parada, no bloqueada...La seguridad y la salud en el trabajo es una asignatura pendiente. No podemos consentir que en Euskadi cada día 120 trabajadores sufran un accidente con baja. Falta darle una dimensión social al problema porque no es solo una cuestión de empresarios y trabajadores. Creo que la lucha contra la siniestralidad debe ser un objetivo de la sociedad como los accidentes de tráfico y la violencia de genero. Falla el control porque la policía laboral, que es la Inspección, no tiene cubiertas sus plazas y faltan recursos. La prevención es una responsabilidad de las empresas según marca la ley..."

Raúl Arza dejará el próximo viernes la secretaría general de UGT de Euskadi tras doce años al frente de la central. Satisfecho por los muchos logros alcanzados y con la espina clavada por «no haber conseguido la reducción de jornada, una conquista que demanda la sociedad», remarca. Al mismo tiempo reclama a Confebask que se siente a negociar un salario mínimo vasco «para evitar que se sigan marchando muchos de nuestros jóvenes». "Se queda en el tintero no poder dejar la secretaría general con el logro de la reducción de la jornada a 37 horas y media. Hago un llamamiento a los partidos nacionalistas vascos a que piensen en los 350.000 trabajadores y trabajadoras que verían reducidas su jornada. Que tengan altura de miras y que aporten sus votos para que la reducción de jornada llegue cuanto antes. Llevamos desde 1983 con la jornada de 40 horas. Ya es hora. Además, con los avances tecnológicos que se están produciendo, aun trabajando menos, se puede producir más. Y, además, la sociedad lo demanda... Si le hubiésemos hecho caso a la patronal nunca hubiéramos tenido ningún avance social, tampoco la subida del SMI, porque auguraban un aumento del paro y no se ha perdido ningún puesto de trabajo. Además, las empresas están teniendo unos años muy buenos. Y cuando han estado mal los trabajadores han sabido apechugar...Hacemos un llamamiento a la patronal para que reconsidere su postura y venga a la mesa a ver si somos capaces de buscar un salario mínimo garantizado en la negociación colectiva. Porque las empresas hablan mucho de atraer y retener el talento, y una forma es tener buenas condiciones laborales, entre ellas un salario digno. Muchos de nuestros jóvenes se están marchando a Madrid, a Barcelona, al extranjero, y tenemos que hacer una reflexión. No puede ser que nuestros jóvenes, al acabar la carrera, tengan los salarios que tienen y además estén varios años con contratos en prácticas. Nosotros no creemos en ese modelo de relaciones laborales, sino en uno con una contratación estable, de calidad y con buenos salarios...El tema del absentismo es una cortina de humo para no asumir su responsabilidad en la prevención laboral. El único responsable del cumplimiento o incumplimiento de la normativa es el empresario. Y en el tema de las bajas por incapacidad temporal hay varias cuestiones que están influyendo, entre ellas que seamos una de las comunidades con la población más envejecida –uno de cada cuatro trabajadores es mayor de 55 años– y con un fuerte peso del sector industrial. Queremos hablar de todo eso, porque queremos que las empresas sean saludables...– En el Grupo para la defensa de la industria que ha impulsado el lehendakari está la patronal Confebask pero no los sindicatos. ¿Les hubiera gustado estar? – Deberíamos estar. Ya se ha abierto una vía de diálogo con la Consejería de Industria y esperemos que se cuente con los trabajadores. Tenemos un papel relevante también que jugar ahí..."

EH Bildu sigue queriendo reforzar su papel de primer partido de la oposición y fuerza con aspiraciones de gobernar las principales instituciones del país. No cierra la puerta a negociar la reforma fiscal consensuada por el PNV y el PSE y la semana que viene tiene previsto iniciar una ronda de contactos con diferentes agentes sociales para abordar un debate «integral» sobre los principales retos de Euskadi en materia económica. La agenda definitiva no se ha hecho pública, pero entre los colectivos con los que se citará la coalición soberanista están las patronales vasca y guipuzcoana, Confebask y Adegi. Durante los últimos años, EH Bildu ha mostrado su interés en escenificar la normalización en sus relaciones con el mundo empresarial y tratar de hacer olvidar la presión que los industriales vacos sufrieron durante décadas por parte de ETA y la izquierda abertzale. La visita de Arnaldo Otegi a la sede de Confebask en 2018 supuso un antes y un después. En esta ronda no estará el secretario general. Irán Pello Otxandiano, Nerea Kortajarena y Ander Goikoetxea, quien lleva los temas de industria en el Parlamento. También se reunirán con los diferentes sindicatos. EH Bildu recogerá las aportaciones de sus interlocutores para trasladarlas, a través de diferentes iniciativas, a la Cámara autonómica. «Estamos hablando del Salario Mínimo Interprofesional, de la política industrial, de la fiscalidad. Desde nuestro punto de vista, es importante guardar una coherencia en todos esos debates; y tenemos la sensación de que estamos haciendo esos debates de forma bastante parcial», explicó Otxandiano a las puertas del Parlamento. 

Gipuzkoa se agarra al incremento en la llegada de inmigrantes que vienen a trabajar para cubrir la falta de mano de obra local. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por DV, el territorio suma 82.489 inmigrantes que tienen entre 20 y 64 años, 61.026 más de los que había hace veinte años. Frente a este aumento, la población de autóctonos en esta misma franja de edad se reduce en 27.644 personas, al pasar de 369.896 a 342.252. En este contexto, cobra una especial importancia el traspaso de la competencia que el Gobierno Vasco y el central han cerrado esta semana, que permitirá a Euskadi tramitar a partir del 1 de julio los permisos de trabajo a extranjeros con el objetivo de agilizar su incorporación al mercado laboral para cubrir el déficit de profesionales debido al actual reto demográfico. Lakua prevé un aumento del 40% en los expedientes solicitados por inmigrantes. Volviendo a la estadística publicada por el INE, ese aumento de 61.000 inmigrantes en edad de trabajar entre 2005 y 2025 supone un espectacular aumento del 284% frente al retroceso del 7,4% que ha registrado la población local en el mismo periodo. Unos porcentajes que previsiblemente irán aumentando en los últimos años, habida cuenta de la inminente jubilación del ‘baby boom’, los nacidos entre 1958 y 1975, uno de los colectivos más numerosos de la sociedad y cuya próxima retirada del mercado laboral rasgará la costura de las pensiones. Es decir, pese al gran aumento de población extranjera en edad de trabajar, no es suficiente para suplir el relevo generacional. El envejecimiento de la población guipuzcoana avanza lento pero inexorable, como un gran transatlántico. 

Cambiar la estructura de los negocios para aplicar medidas que faciliten que los trabajadores puedan compaginar su vida laboral y personal era, a grandes rasgos, el objetivo de la línea de ayudas puesta en marcha en 2022 por el Gobierno para que las compañías radicadas en Euskadi desarrollaran planes de conciliación. Sin embargo, según han ido pasando los años, el interés suscitado entre las empresas ha ido a la baja y, pese a que el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico aspiraba a que 80 centros de trabajo elaboraran diagnósticos y establecieran medidas cada año de la mano de estas subvenciones, en 2024 apenas se sumaron 18. Así consta en una información remitida por la consejera Nerea Melgosa al Parlamento vasco a petición del PP. De los 420.000 euros presupuestados el año pasado para este programa, que otorga una ayuda del 70% del coste a las empresas interesadas en hacer una radiografía y un plan de acción para que contraten los servicios de una consultora especializada, se ejecutaron 124.474, menos de un 30%. En otro escrito, el departamento achaca la baja ejecución al cambio de gobierno. «El final de la legislatura y el comienzo de la nueva condicionó el calendario establecido», aseguran. Eso, sostienen, «desencadenó» un retraso en las fechas de publicación de la orden de subvenciones y de inicio del plazo de solicitud. El año pasado, de hecho, se abrió la convocatoria en octubre, mientras que en 2023 el periodo comenzó en julio. Aunque ya en ese ejercicio se había producido un descenso respecto a la primera convocatoria y el resultado quedó lejos de las expectativas. En ese sentido, en 2022, el año en el que se inició este programa, 44 empresas recibieron esta ayuda, que en su cuantía total alcanzó los 220.500 euros y que, según valoró entonces la consejería, había beneficiado a «más de 2.260 personas trabajadoras».

El 71% de los ejecutivos españoles asegura que aumentará su facturación a lo largo del año, a lo que se une que el 53% prevé incrementar sus inversiones, según las conclusiones de la vigésimo primera edición del informe ‘Perspectiva España’, elaborado por KPMG en colaboración con la CEOE. Estas buenas perspectivas económicas se trasladan al empleo, ya que el 42% de los empresarios prevé aumentar la plantilla. Este año también apunta a convertirse en el del despegue definitivo de la inteligencia artificial (IA) entre las compañías españolas, ya que el 85% de los directivos asegura que ha invertido o va a invertir en ella en los próximos meses, frente al 54% que lo declaraba el año pasado. Si uno atiende a las respuestas por sectores, en cambio, las diferencias son significativas. El 80% de los empresarios dedicados a la banca o el turismo –ya consolidado como el principal motor de la economía española– califican como «buena» o «excelente» la situación actual. Sin embargo, este porcentaje cae al 20% entre la industria automotriz, fruto de la desaceleración de la economía alemana y la amenaza de Trump de imponer aranceles a las exportaciones europeas. La cuestión es que, pese a que el FMI prevé un crecimiento del 2,3% de la economía durante este año, existe un consenso entre los directivos en que la «incertidumbre» derivada del panorama geopolítico –sumado a la inestabilidad de la política doméstica– es la gran amenaza para la economía española. La «inseguridad jurídica» y los «cambios regulatorios» emergen como el segundo y tercer problema. Los empresarios españoles, siempre según recoge la encuesta, reclaman al Gobierno central que garantice un marco jurídico y regulatorio estable, un requisito que consideran fundamental «para fomentar la inversión, la innovación y el crecimiento sostenible». Coinciden también al demandar una simplificación de los trámites administrativos e incentivos fiscales para «la mejora de la competitividad».

El presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva (Granada, 1971), vive horas difíciles al frente de su cargo ante la determinación de la cúpula de CEOE de impulsar un cambio de timón en la patronal de la pequeña y mediana empresa coincidiendo con las elecciones que la organización debe celebrar en las próximas semanas. Cuerva confirma su intención de concurrir a ese proceso electoral, en el que competirá por el cargo con Ángela de Miguel, actual presidenta de CEOE Valladolid, porque “no se entiende que ante el Gobierno más hostil para la empresa se quiera acallar la voz de la pyme”. "Es una decisión personal de Antonio Garamendi que considero que no corresponde, en modo alguno, al sentir general de las organizaciones empresariales y de cómo hemos venido trabajando desde Cepyme en estos últimos cuatro años, donde todos los acuerdos y actuaciones han sido adoptados por unanimidad. No se entiende que, ante el Gobierno más hostil para la empresa de las últimas décadas, se quiera acallar la voz de la pyme...No me ha dado ninguna razón de peso, salvo que quiere un nuevo modelo de Cepyme. A mí me preocupa que ese modelo sea una Cepyme limitada en la defensa de la pyme y un presidente que no tenga criterio propio. En definitiva, que por una razón que no se explica, quiera rebajar el tono que ha tenido Cepyme en la defensa de la pyme. Y hay que recordar que ese tono ha estado siempre consensuado con el 100% de nuestras organizaciones: el manifiesto de la pyme por la libertad empresarial fue suscrito por todas ellas. Es difícil entender que se pida una mayor complacencia con un Gobierno que no ha tenido en cuenta cómo están sufriendo las pequeñas y medianas empresas en este país...Lo que le dije a Antonio (Garamendi) es que me voy a presentar porque creo que ahora está en riesgo el modelo de una Cepyme que le dé voz a la pyme, que pone sobre la mesa los problemas de las pymes, dentro del paraguas de CEOE y con la unidad de acción empresarial como norma. Por cierto, el modelo que creó Garamendi. Me da mucha pena ver que ahora existen otros intereses dentro de las organizaciones que no son la defensa de la empresa...

Continuación de la entrevista con Gerardo Cuerva. "Indudablemente, la subida de salario mínimo afecta muchísimo a la creación de empleo. Desde 2016 se ha subido más de un 80% sin tener en cuenta cómo afecta a la empresa. Las que más lo sufren son las pequeñas compañías de fuera de los núcleos de actividad, que están viendo hundida su productividad y van quedando poco a poco fuera de mercado. El número de microempresas sigue cayendo y cada vez cuesta más su relevo. Y una de las consecuencias más alarmantes: la agricultura está machacada, tiene el nivel más bajo de empleo de las últimas décadas. En 2024 cayó del millón de trabajadores. Esto es muy grave, no solo por la importancia del sector, sino también porque ese empleo va a ser muy difícil de recuperar y afecta muchísimo a zonas despobladas...Sinceramente, aunque va a ser muy improbable, esperemos que el Congreso no avale la reducción de jornada porque no se trata de suavizar la medida en alguno de sus puntos. Es una medida que afecta solo a las pequeñas empresas, supone un fuerte aumento de salarios y un desajuste en toda su producción. Va a ser muy difícil de asumir por muchas pymes. Esta medida no se puede paliar con enmiendas. Todo su conjunto será devastador para la organización de la empresa. Además, las duras sanciones en el registro horario afectarán a las pequeñas. Las empresas requieren flexibilidad y no se pueden organizar de forma homogénea, para eso están los convenios colectivos que han funcionado durante los últimos 45 años, dotando de la flexibilidad necesaria a cada sector, actividad y empresa para que funcione lo mejor posible...Sobre el absentismo, es uno de los temas que más preocupa ahora a la empresa y se debe empezar a tomar medidas para atajarlo, en un contexto además de falta de mano de obra. El nivel de absentismo se ha mantenido en términos similares a los que teníamos en plena pandemia, cercano al 7%. Y para avanzar y reducirlo es prioritario rebajar las cifras de incapacidad temporal. Nosotros hemos propuesto, y seguimos insistiendo, en que las Mutuas pueden jugar un papel importante en el seguimiento de las bajas poniendo sus recursos a disposición de la sanidad pública con la coordinación suficiente. Es un primer paso indispensable". 

«Acta Nº 800/280 de la Junta Directiva de Cepyme 18/2/2025». Es el encabezado del documento inédito que relata el fuerte enfrentamiento que ha hecho saltar por los aires la unidad en el seno de la organización empresarial nacional. Un total de 15 páginas que resumen la reunión en la que Gerardo Cuerva maniobró para modificar el reglamento de voto de cara a las próximas elecciones y cuyo contenido refleja el rechazo generalizado de la patronal y, en particular, de quien ahora sabemos que competirá contra Cuerva en la carrera electoral, la presidenta de CEOE Valladolid, Ángela de Miguel. Punto 8 del orden del día y origen del conflicto: «Propuesta de modificación estatutaria y reglamentaria. Acuerdos a adoptar». Cuerva somete a votación de la Junta la eliminación del voto delegado pese a que el Comité Ejecutivo, que es el órgano de gobierno que debe decidir previamente qué asuntos se elevan a la Junta, ha rechazado el cambio propuesto por el presidente por 15 votos en contra y 11 a favor. Entre los asistentes figuran dos apoyos clave para Cuerva ese día: el secretario general, Luis Aribayos, y la asesora jurídica, Silvia Venturi. Ambos tratarán de convencer a los vocales, sin éxito, de que lo que lo que se está votando esa tarde se ajusta a la legalidad. Arranca Cuerva señalando que están participando en «la junta directiva más numerosa de la historia reciente de la organización». Y pasa a centrarse en «los problemas que han trascendido con CEOE», una situación que define como «desagradable». Tras calificarse como «un hombre de CEOE», «defensor de la unidad de acción empresarial» y de la «lealtad», explica que «Antonio [en referencia a Garamendi, presidente de CEOE], de manera unilateral ha pensado que mi etapa en Cepyme ha terminado» y que la patronal de las pymes no debe tener «tanta voz».

Las empresas ya han empezado a retener el IRPF en las nóminas de los trabajadores que cobran el nuevo salario mínimo interprofesional (700 euros más al año). Como el incremento no vino acompañado de una actualización del mínimo exento, los beneficiados por la mejora tributan ahora por primera vez. Las empresas ya han empezado a practicar las retenciones correspondientes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en las nóminas de los trabajadores que cobran el nuevo salario mínimo interprofesional (SMI), cuya subida fue aprobada a mediados de febrero por el Gobierno. Con carácter retroactivo para todo 2025, la renta más baja legalmente se sitúa en los 16.576 euros anuales en 14 pagas (1.184 euros al mes), una mejora bruta de 700 euros por ejercicio respecto al suelo retributivo previo. Sin embargo, como el incremento no vino acompañado de una actualización del mínimo exento del IRPF —como sí había sucedido en los aumentos anteriores—, los beneficiados por la mejora del SMI tienen que tributar en este impuesto por primera vez a través de las retenciones, que son unos pagos a cuenta que el empleador descuenta del salario para ingresarlos en Hacienda. Y eso ya está sucediendo: “Las nuevas retenciones ya se están reflejando en las nóminas”, explican varias fuentes conocedoras.

El enorme desequilibrio existente entre la oferta y la demanda en el mercado residencial español sigue impulsando el negocio promotor y presionando al alza los precios. Las grandes promotoras dispararon un 25% sus ingresos en 2024, hasta alcanzar casi los 6.800 millones, según un análisis realizado a través de la información aportada por 17 de las principales empresas españolas (Aedas, Amenabar, Kronos, Metrovacesa, Vía Célere, Neinor, Pryconsa, Acciona Inmobiliaria, AQ Acentor, Gestilar, Culmia, Insur, Premier, Vía Ágora, Exxacon, Aurora y Realia). De acuerdo con estos datos, las mayores promotoras del país entregaron en su conjunto el pasado año más de 20.343 viviendas, lo que supone un 22% más, con precios medios unitarios de venta, en su gran mayoría, superiores a 2023. Encabezando el ránking por ingresos y entregas se encuentra Aedas. En el ejercicio natural 2024 entregó 3.760 unidades, incluyendo 717 viviendas del Plan Vive de Madrid. Esto supone un 2,7% más. Sin embargo, los ingresos crecieron casi un 18%, hasta 1.185 millones, dado que las viviendas entregadas fueron en general más caras. La compañía controlada por Castlelake cuenta con un año fiscal que va de abril a marzo y que, por tanto, todavía no ha finalizado. La empresa reitera su objetivo de mantener para el ejercicio 2024-2025 una facturación superior a 1.000 millones. La siguiente por ingresos es Amenabar. El grupo familiar vasco ingresó 801 millones en 2024, un 3% por debajo del año anterior, cuando logró un récord al alcanzar los 826 millones. El pasado año entregó un total de 1.111 viviendas propias, en términos muy similares a los 1.158 de 2023. Adicionalmente, con su constructora y para terceros se entregaron 1.366 viviendas en 2024, frente a las 1.390 de 2023.

La reforma de las pensiones está a menos de un mes de enfrentarse a su primer gran examen. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) presentará antes del 1 de abril el informe que evalúa el impacto de las nuevas medidas dirigidas a retrasar la edad efectiva de jubilación y equilibrar las cuentas, un análisis que será clave para saber si es necesario activar la ‘cláusula de cierre’ y tomar medidas adicionales para garantizar la sostenibilidad. Pero el Instituto de Actuarios Españoles se ha adelantado y ya ha emitido su veredicto: la reforma de las pensiones diseñada por José Luis Escrivá (actual gobernador del Banco de España) no ha sido suficiente para lograr un equilibrio financiero y garantizar la sostenibilidad del sistema, puesto que los pensionistas cada vez reciben unas prestaciones más generosas y la brecha entre lo que perciben y lo que aportan se agranda. «Las reformas acometidas en 2021 y 2023 han sido insuficientes y no han logrado frenar el cada vez mayor desequilibrio entre el valor actual actuarial de los ingresos por pensiones que una persona recibe a lo largo de su jubilación y el valor actual actuarial de las cotizaciones que ha realizado durante su carrera laboral para jubilación», concluye un reciente informe realizado por estos profesionales que, haciendo uso de estadísticas y teoría financiera, analizan los riesgos de situaciones futuras y cuantifican los posibles impactos financieros de determinados hechos. Este colectivo de profesionales advierte de que el desequilibrio entre lo aportado y lo recibido dentro del sistema de pensiones español «no ha dejado de empeorar en los últimos cinco años». Es decir, la generosidad de las pensiones ha crecido pese a las medidas encaminadas a contener el gasto. 

La presidenta de Ericsson para Europa y Latinoamérica llama a la Comisión a aplicar rápidamente su hoja de ruta ante la creciente brecha con EEUU y China y alerta sobre las trabas burocráticas: «Hay barreras regulatorias muy altas» " La clave es llamar a la acción de Europa. Somos una empresa europea, la mayor parte de nuestro desarrollo está aquí. Tenemos una parte en España también, que es un mercado muy importante para nosotros. Necesitamos que Europa también nos ayude priorizando el sector tecnológico y no te estoy hablando necesariamente de ayudas gubernamentales. Tenemos que estar seguros de que las reglas del mercado son las correctas. Por ejemplo, en las posibilidades para la consolidación dentro de un mercado para que haya menos operadores, pero con más salud para invertir. También hay barreras regulatorias muy altas. Hemos tenido el informe Draghi, el informe Letta. Tenemos el rumbo correcto por parte de la Comisión y los Estados Miembros, pero hay que ejecutarlo y rápido......Suecia está por delante de algunas partes de Europa en ciertas cuestiones, pero sigue detrás de los líderes. Suecia comenzó muy pronto con el 4G y aplicaciones como Spotify o la nube se crearon en esos países. Es una de las claves por las que estamos preocupados por el 5G. No es importante solo para las viejas industrias europeas, sino para crear nuevos sectores que aún nos hemos visto. Y esas compañías no estamos viendo que se creen en Europa. Lo hacen en sitios con 5G real como Estados Unidos, India y China. Por eso necesitamos una estrategia industrial en Europa. La carrera es ahora, la innovación se está dando ahora y si no actuamos suficientemente rápido para crear valor se creará en otra parte..."

Dos elementos marcan el paso en el cambio de tendencia. Por un lado, los datos de consumo, los de confianza de los consumidores, las expectativas de inflación, las cifras de déficit comercial y otros indicadores apuntan a un debilitamiento de la actividad en Estados Unidos, hasta el punto de que la Reserva Federal de Atlanta prevé una contracción de la economía este trimestre. Un menor crecimiento eleva la presión sobre la Reserva Federal para volver a bajar los tipos de interés, lo cual debilita el dólar, como señala un informe de Bank of America. “Las tasas descuentan más recortes de la Fed, augurando que se centrará más en el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento que en los crecientes riesgos de inflación”. Las malas noticias para el dólar coinciden con las positivas para el euro, originando una tormenta perfecta. Alemania ha anunciado una reforma para liberarse del corsé que suponía el freno de la deuda, y tener así vía libre para sacar la chequera para gastar en infraestructuras y defensa. Junto al sustancial aumento del gasto militar propuesto por la Comisión Europea para hacer frente a la amenaza rusa, supondrán, sobre el papel, un estímulo para el crecimiento del continente, impulsando la divisa comunitaria. “Existe riesgo a la baja en el crecimiento americano y al alza en el europeo. Eso es lo que respalda al euro. No es tanto que Trump prefiera un dólar débil, sino el efecto de sus volátiles políticas en minar el crecimiento de EE UU”, resume Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners. 

La llegada de Donald Trump a la presidencia ha abierto un nuevo periodo de tensión entre la Casa Blanca y toda la Unión Europea, por las distintas posiciones sobre la guerra en Ucrania y por la posible imposición de aranceles a los productos que van al mercado estadounidense. Este enrarecimiento de las relaciones y el auge del proteccionismo puede volver a disuadir operaciones entre firmas a ambos lados del Atlántico. La nueva Comisión Europea, con Teresa Ribera al frente del departamento de Competencia, ya ha mostrado su predilección por la creación de campeones paneuropeos, antes que por abrir las puertas a las adquisiciones desde otras regiones. Los mecanismos para controlar estas transacciones extranjeras, creados tras el Covid por países como España y por Bruselas, y pensados originalmente para frenar a depredadores chinos o rusos, podrían ser utilizados ahora para impedir que grupos europeos pasen a manos americanas. Estados Unidos también ha endurecido su escrutinio y ya ha vetado compras desde países aliados, como la oferta de Nippon Steel para adquirir US Steel. La eléctrica española Iberdrola renunció el año pasado a comprar PNM Resources, en este caso por las objeciones del estado de Nuevo México. A su vez, Trump prefiere que las compañías de su país inviertan en el mercado doméstico, no fuera, para “hacer América grande otra vez” (MAGA, el gran lema de su campaña a las presidenciales del pasado mes de noviembre). La tensión geopolítica, y la propia incertidumbre sobre el efecto económico que van a tener las decisiones del líder republicano, ya están pesando en la actividad global de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en inglés). El valor de las transacciones anunciadas en los dos primeros meses del año bajó un 21% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta los 434.200 millones de dólares (402.000 millones de euros), según Bloomberg.

El giro en la política estadounidense tras el regreso al poder de Donald Trump ha supuesto un toque de atención para la Unión Europea, pero Bruselas insiste en que Washington «es un aliado». La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, destacó ayer que Estados Unidos ha sido «nuestro mayor aliado en los últimos ochenta años». «Es cierto que tenemos diferentes visiones, pero nuestros objetivos comunes siempre han sido los mismos y eso ha sido suficiente para vencer nuestras diferencias», advirtió. La Administración Trump ha puesto fin a la ayuda financiera y militar a Ucrania, amenaza con aranceles a los productos de la UE y reclama un mayor gasto a los aliados europeos. Y, lejos de lanzar un dardo contra el inquilino de la Casa Blanca, Von der Leyen entonó ayer el ‘mea culpa’ en una comparecencia por los primeros cien días de su segundo mandato. «Que seamos aliados no supone que el patrón que hemos usado los últimos veinticinco años sea el adecuado. Tenemos que hacer los deberes y cumplir con nuestras responsabilidades en materia de Defensa», reconoció. El plan ReArm Europe que ha diseñado la política alemana –y que recibió el respaldo de los Veintisiete en la cumbre europea de la pasada semana– va en esa línea y busca crear un espacio para inversiones militares por valor de 800.000 millones de euros. 

La alargada sombra de Donald Trump se extiende por las cuatro esquinas del planeta. También condiciona la política de su vecino del Norte. Canadá cambia de primer ministro en plena guerra comercial con Estados Unidos y en año electoral. Tras casi una década al frente del Gobierno, Justin Trudeau dejó oficialmente la jefatura del Ejecutivo al dar por concluida su etapa como líder del Partido Liberal, que ayer nombró a su sucesor. Y, como vaticinaban las encuestas, el elegido para dirigir a la formación política y, en consecuencia, como nuevo presidente del país, fue Mark Carney. El exgobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra ganó la votación con 131.674 papeletas, el 85,9% del escrutinio. Segunda quedó la exministra de Finanzas Chrystia Freeland, a quien en su propio grupo muchos acusan de haber precipitado la caída de Trudeau, con 11.134 votos. El hasta ahora primer ministro anunció en enero que se iba superado por la pérdida de popularidad y acorralado por la división dentro de su Gobierno. «Este país merece una opción real en las próximas elecciones y me ha quedado claro que si tengo que librar batallas internas, no puedo ser la primera opción», declaró entonces. 

Es un encuentro decisivo. De él dependen los próximos pasos en el conflicto y, con ellos, asuntos tan trascendentales como la relación transatlántica, donde la guerra en Ucrania agiganta por días el desgarro entre EE UU y sus socios europeos. Zelenski subrayó el sábado que el diálogo en Arabia Saudí con EE UU se centrará “en tratar de ponerse de acuerdo en las decisiones necesarias y los pasos” para acabar con la guerra. “Ucrania ha buscado la paz desde el primer segundo de esta guerra. Hay propuestas realistas sobre la mesa. La clave es moverse rápido y con eficiencia”, señaló el mandatario ucranio. En la reunión tendrán que quedar de lado los resquemores acumulados en la relación entre los dos países. Abordar si va a reanudarse, y en qué condiciones, la asistencia militar suspendida. También se tratará el acuerdo sobre los minerales, que Trump ha indicado que quiere retomar aunque la ausencia de Sviridenko podría indicar que este tratado económico bilateral no será uno de los platos principales de la cita. El convenio para la explotación conjunta del 50% de los minerales, el petróleo y el gas ucranio es una de las exigencias que ha planteado el líder republicano para hablar de proseguir con la asistencia estadounidense a Kiev. EE UU tendrá que poner sobre la mesa qué tipo de paz en Ucrania es la que quiere. Dejar claro si desea una solución rápida y a toda costa, en la que Kiev deba ceder en todo y el Kremlin en nada: pérdida de territorios, renuncia definitiva a la integración ucrania en la OTAN, dimisión de un Zelenski al que el republicano detesta personalmente, y escasa o nula protección ante una posible repetición de la agresión rusa una vez Moscú haya repuesto fuerzas.