20250315

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

PNV y el PSE están comprobando cómo el pacto alcanzado con Podemos para salvar la reforma fiscal está generando un entusiasmo más bien limitado más allá de los tres firmantes de un documento que, en líneas generales, beneficia a las rentas más bajas y penaliza a las grandes empresas. Las críticas llegan, además, desde casi todos los frentes: político, económico, sindical... Y ayer se visualizaron de forma clara con dos duras andanadas lanzadas por Confebask y el PP vasco, que se unieron a las vertidas el jueves por EH Bildu. La postura de los empresarios, además, demuestra la complicada situación en la que se encuentra en estos momentos su relación con el PNV. El último episodio de este distanciamiento se vivió hace unas semanas, cuando el todavía responsable de Relaciones Institucionales del EBB aseguraba, a cuenta de las negociaciones sobre el SMI, que Euskadi «se siente huérfano de un núcleo dirigente dialogante y responsable que mire más allá de sus ganancias de clase». Un clima cargado que el pacto con Podemos no ha ayudado a aligerar. Más bien al contrario. Porque, en realidad, el acuerdo con la formación morada ha dejado entre los empresarios una sensación de «desánimo total». En un tono muy duro y sin ocultar su malestar, la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, recalcó ayer que la patronal ha recibido las nuevas medidas como «un castigo». «A partir de ahora, claramente, la fiscalidad que se aplica en el Estado es mejor que la de Euskadi», apuntó la líder de los empresarios vascos en una entrevista a una radio pública vasca. En un primer momento, el mensaje lanzado en privado por las haciendas de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa trataba de transmitir la idea de que la letra pequeña del texto que llegará a las Juntas Generales no será lesivo para las empresas. Pero, al final, ese relato se ha visto superado por los acontecimientos.

Entrevista con la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza. El acuerdo para la reforma fiscal ha pillado a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, en Nueva York. En la ‘Gran Manzana’, además de asistir al anuncio de la llegada a Donostia del superordenador cuántico de IBM, se reunió ayer con empresas guipuzcoanas con presencia en Norteamérica como CAF, Ulma, GH, Salto Systems y Garrigues. Precisamente las patronales han sido las más críticas con la reforma fiscal acordada por los socios de gobierno PNV y PSE con Podemos. Pero Mendoza rebate estos reproches. Es bueno para Gipuzkoa puesto que beneficiará a más de la mitad de la ciudadanía mayor de 19 años. Este acuerdo garantiza la suficiencia financiera para ofrecer servicios públicos e impulsar materias tan relevantes como el acceso a la vivienda, la conciliación, la competitividad de nuestras empresas y la transición energética… La reforma fiscal viene a dar una respuesta a los retos socioeconómicos que tenemos como territorio. Mediante este proyecto hemos buscado avanzar en la progresividad de nuestro sistema garantizando la cohesión social del territorio, apoyando a los colectivos más vulnerables, y ayudar a los jóvenes a acceder a la vivienda, que es la principal preocupación de hoy en día e incide directamente en sus proyectos de vida. Estamos haciendo política con mayúsculas…La reforma contiene incentivos a la inversión en transición energética e impulso a las microempresas y autónomos a través del incremento de los ‘forfaits’ y otra serie de incentivos como la eliminación de la limitación de las bases imponibles negativas…Además de esas nuevas medidas que hemos introducido en la reforma, ya contamos con multitud de deducciones e incentivos: inversión en activos fijos nuevos, inversiones en I+D+i... Si sumamos los nuevos incentivos a las inversiones para la transición energética, esto hace que el Impuesto de Sociedades sea en su conjunto atractivo para las empresas, algo necesario sin duda alguna para promover una economía industrial moderna, avanzada, que genere empleo de calidad y bienestar en la sociedad. Más concretamente, en lo referente al incremento del tipo mínimo al 19%, quiero recordar que sólo afectaría a las empresas que no generan empleo o no invierten…”

En plena digestión del ‘sí’ de Podemos a la reforma fiscal –tras introducir una batería de medidas que gravan a las rentas más altas y las empresas– la Diputación de Bizkaia publicó ayer los datos de la recaudación hasta febrero. En los dos primeros meses del año, la Hacienda vizcaína ingresó 2.325 millones de euros, una cantidad 267 millones superior a la obtenida en el mismo periodo de 2024. Este montante ya supone un 22,8% del total presupuestado para el presente ejercicio. El buen comportamiento de la recaudación de los dos primeros meses del año –un 13% más que en 2024 en el mismo periodo– dispara a la Hacienda vizcaína hacia un nuevo récord anual, alcanzado en 2023 cuando la hucha foral se llenó con 9.409 millones. Por su parte, Gipuzkoa sigue en la buena línea recaudatoria y en los dos primeros meses del año ha ingresado 928 millones de euros vía impuestos de los contribuyentes, lo que supone un aumento del 6,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados ayer por la Diputación foral. Las arcas de Hacienda han obtenido 57 millones más gracias al vigor del consumo y las retenciones sobre las nóminas, que continúan reflejando la fortaleza del mercado laboral. Es decir, el IVA y el IRPF siguen siendo los motores de la buena marcha de la economía del territorio, ya que aportan casi el 90% de los ingresos totales. Y en Araba, en los dos primeros meses del año, la Hacienda foral ingresó 375,6 millones de euros, una cantidad 38,3 millones superior a la obtenida en el mismo periodo de 2024. Esto supone un aumento del 11,4% respecto al mismo periodo del pasado ejercicio. El Fisco alavés destacó que tanto los impuestos directos como los indirectos han obtenido un buen comportamiento en este inicio de ejercicio registrando un incremento en su recaudación del 12,9% y del 9,5% respectivamente, en relación a 2024.

«Nada ha cambiado». Confebask mantiene su rechazo a abrir una mesa de negociación sobre un salario mínimo vasco. Después de dar un portazo al primer intento, en el que todos los sindicatos se habían unido para solicitar un SMI autonómico acorde a las condiciones socioeconómicas del territorio, la respuesta será la misma en el segundo. La patronal ratifica su postura contraria a una propuesta que, considera, «pondría en riesgo la sostenibilidad y competitividad de las empresas». En esta ocasión, Confebask ni siquiera asistirá a la mesa del próximo jueves en el Consejo Vasco de Relaciones Laborales (CRL), convocada por ELA y LAB. Los sindicatos nacionalistas, sin coordinarse con CC OO y UGT, reclaman un salario mínimo de 1.500 euros brutos mensuales con 14 pagas anuales. Es un planteamiento que rebaja de manera sustancial las aspiraciones que las centrales tenían hace tan solo un mes, cuando ELA pedía 1.795 euros de SMI y LAB 1.600 euros. En cualquier caso, la organización empresarial continúa considerando inviable la nueva propuesta. La patronal considera que no es el momento de abrir el debate de un salario mínimo propio si este no se vincula a otras cuestiones como la reducción del absentismo laboral o una mejora de la competitividad. Confebask –junto a las organizaciones empresariales de cada territorio, Adegi, Cebek y SEA– reclama a los sindicatos abordar estos temas junto al Gobierno vasco dentro de la Mesa de Diálogo Social, a la que ELA y LAB no asisten al considerar que es un foro «antidemocrático». Ante la negativa de Confebask a acudir a la reunión convocada el próximo jueves, ELA y LAB amenazan con aumentar «la conflictividad laboral». Las centrales, en un comunicado en el que califican a la patronal como «reaccionaria», redoblaron ayer su presión sobre el Gobierno vasco al reclamar «que se posicione a favor de unos salarios mínimos». CC OO se expresó en una línea similar al instar al Ejecutivo autonómico a reevaluar su interlocución «con una patronal que abandona de facto el diálogo para elegir conflicto». 

Euskadi cerró febrero con el Índice de Precios de Consumo (IPC) situado en el 3,3%. Así lo constata el informe publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que refleja que el dato vasco es dos décimas mejor que en enero, aunque al mismo tiempo evidencia que la tensión de los precios no desaparece de los bolsillos de los vascos. La comunidad, que ha registrado la tasa más alta del país durante varios meses, se mantiene en cabeza solo por detrás de Baleares, que ha llegado a un 3,6% interanual. La inflación vasca sigue, por tanto, por encima de la media nacional, que cerró febrero en el 3%. Una de las causas de esta brecha es un mayor encarecimiento de la cesta de la compra. En Euskadi subió un 3,2% en febrero, un punto por encima del conjunto de España. La coyuntura actual es, sin embargo, notablemente distinta a la de 2022 y 2023, cuando la invasión rusa de Ucrania desencadenó una subida desorbitada en el coste de varios alimentos. El más afectado fue el aceite, ya que hubo un tiempo en el que una botella de aceite de oliva virgen extra, el denominado ‘oro líquido’, era difícil de encontrar a menos de diez euros. Ahora, este alimento se ha anotado la mayor bajada de precios anual en Euskadi, ya que se ha abaratado un 22,8% respecto a febrero de 2024. Desde entonces, el azúcar también ha reducido su precio de manera considerable, un 19,9%.

La mitad de las compañías vascas que cotizan en el mercado continuo redujeron sus ganancias en 2024, según los resultados que las empresas presentaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) al cierre de febrero. En conjunto, los beneficios netos de las doce firmas llegan a los 16.867 millones, un 20% más fruto del tirón de BBVA e Iberdrola. También crecen las ganancias de CAF, Cie Automotive, Faes Farma y Vidrala. Se reducen, en cambio, las de Dominion, Gestamp, Iberpapel, Neinor, Tubacex y Tubos Reunidos.

La construcción del IBM Quantum System Two en San Sebastián, el último y mejor superordenador cuántico del gigante neoyorquino, no sólo supone un paso agigantado de Euskadi en la carrera internacional por atesorar la tecnología del futuro, también y, sobre todo, es un elemento tractor y dinamizador de la actividad científica y económica. Es difícil predecir con exactitud dónde tendrá el mayor impacto, pero Etxenike y otros expertos consultados por DV ya anticipan algunas áreas clave. Por ejemplo, el procesamiento de datos, la inteligencia artificial y la simulación de materiales serán algunas de las aplicaciones inmediatas. La industria farmacéutica sigue también con mucha atención el desarrollo de esta tecnología porque permite simular moléculas de manera mucho más eficiente. Un campo en el que la capital guipuzcoana ya ha tomado la delantera de la mano de la construcción de un nuevo Polo biotecnológico en Illunbe.

Plan estrategikoa aurkeztu berri du Hegan aeronautika eta espazio klusterrak, 2025-2028 tarterako. Lau urteko epean, %9,5eko hazkundea aurreikusi dute fakturazioan, %38koa salmentetan, eta 18.720 langile izatea, 2023an baino 3.320 langile gehiago, alegia, ezegonkortasun ekonomiko eta geopolitikoa kezka izanik ere. Hazkundea, baina, jasangarritasuna atzean utzi gabe egin nahi dute, baita negozio azpisegmentu berriak esploratuta. Plana aurkeztu berritan, Ana Villate klusterreko zuzendari nagusiarekin bildu da EnpresaBIDEA, sektorea nondik joango den ezagutzeko.

El sindicato de UGT-Euskadi está en estado de convulsión después de que este jueves se anulase ‘in extremis’, con solo unas horas de antelación, el congreso en el que se debía elegir el sustituto al actual secretario general, Raúl Arza, que deja el cargo tras doce años de mandato. Esta decisión, adoptada por la comisión ejecutiva tras una impugnación de última hora, ha tensado más la cuerda del relevo, sobre el que había una falta total de consenso. Ahora el malestar y la división es aún mayor. Según ha podido saber EL CORREO de fuentes conocedoras del proceso, al congreso iban a llegar tres candidaturas, correspondientes a las tres federaciones más representativas del sindicato. Por la parte de FICA (Federación de Industria, Construcción y Afines), José María Rojo, que ejerce de responsable del Metal; por la de FESMC (incluye servicios privados, movilidad y consumo) su secretario general, Pedro Markina; y por la de Servicios Públicos, Juanma González Mosquera, concejal socialista del Ayuntamiento de Getxo. Estas tres federaciones copan la práctica totalidad de los 165 delegados elegidos para el congreso. FICA tiene un peso cercano al 40%, FESMC está en torno al 37% y Servicios Públicos, de donde procede el actual secretario general, ronda el 23%. Pese a las negociaciones de las últimos semanas, no se había logrado un acuerdo, con lo que todo estaba abierto para el congreso.

Las secciones sindicales de UGT, CC OO y USO en Sidenor Azkoitia denuncian la actitud «antidemocrática y obstruccionista» de quienes representan a ELA y LAB en la planta, a las que acusan de tratar de «boicotear y reventar la voluntad de una parte importante de la plantilla que exige su derecho a decidir sobre el futuro del convenio colectivo». A su juicio, su negativa a realizar un referéndum «no solo es un desprecio hacia los derechos fundamentales de la plantilla», sino también «un intento descarado de secuestrar la decisión de los trabajadores».

El objetivo del viaje era claro: testar en primera persona el efecto de la política de Donald Trump en los intereses de Euskadi. Y cinco días después de emprender su primer viaje oficial fuera de la Unión Europea, Imanol Pradales hizo un balance positivo de su particular periplo a Estados Unidos, donde ha aprovechado para tejer nuevas alianzas políticas, económicas, culturales y sociales. El lehendakari reconoció que su viaje ha llegado en un momento muy «convulso e incierto» en el contexto internacional. Y, en concreto, para las relaciones trasatlánticas entre Europa y el país norteamericano. «En ese contexto el objetivo era claro: buscar nuevas alianzas que fortalezcan nuestra relación trasatlántica, tejer nuevos lazos políticos, económicos, culturales y también sociales que nos ayuden a dar un paso adelante y defender nuestros intereses comunes», dijo Pradales. El jefe del Gobierno Vasco manifestó que ha constatado que «existe un Estados Unidos que quiere cooperar con Europa y que quiere reforzar las relaciones trasatlánticas». «Más allá del ruido estridente político y mediático de Trump, hay una Estados Unidos real, potente, con la que podemos y debemos reforzar nuestras relaciones comerciales, nuestras relaciones científicas, culturales, académicas y también políticas», defendió el lehendakari, que puso de relieve que «la inestabilidad y la incertidumbre que está generando Trump contrasta con lo que necesitan nuestras empresas y con lo que necesita Euskadi: multilateralismo, cooperación y apertura».

El sector vinícola español mantiene la respiración cortada ante la amenaza de la administración de Donald Trump de imponer un arancel del 200% a las bebidas alcohólicas europeas, una medida que pondría en riesgo los 326 millones de euros que vende España en vino a EEUU cada año. Cataluña, sobre todo por el cava, y La Rioja son las dos regiones que más vinos exportaron a EEUU el año pasado, con 77,5 y 53,7 millones de euros respectivamente, según un informe de la Interprofesional del Vino de España. Le siguen los vinos de País Vasco (36,4 millones), Castilla y León (31,1 millones) y Murcia (24 millones). No obstante, si se analiza por su peso relativo, Galicia sería con mucha diferencia la región más afectada. EEUU representó el pasado año el 41% de las exportaciones de esta región, al tratarse del primer mercado exterior para la DO Rías Baixas con 23,4 millones de euros en ventas. Un total de 85 bodegas de esta denominación de origen exportan a Estados Unidos. En cambio, en el caso de La Rioja el país norteamericano representó el 15% del total de sus ventas exteriores, mientras que pesó un 13% sobre el total de vino catalán exportado, siendo el cuarto mercado internacional más importante para el cava en el año 2024, aunque en algunos ejercicios llegó a ser el segundo.

Las dificultades económicas que están atravesando las empresas y también las familias se está dejando notar en la cifra de concursos de acreedores que se están presentando en los órganos judiciales vascos. En concreto, el año pasado se interpusieron 1.216 concursos, lo que supone un incremento del 37,6%. Una subida ligeramente superior a la del conjunto del Estado, donde el aumento fue del 35,5%, según los datos dados a conocer ayer por el Consejo General del Poder Judicial. Llama la atención que la mayoría de ellos fueron presentados por personas naturales no empresarios; es decir, las familias, ya que fueron 916, lo que supone un aumento del 42,2%. Por su parte, los concursos interpuestos por personas naturales empresarios fueron 39 frente a las 14 del año anterior, con lo que suben un 178,6%. Finalmente, los presentados por personas jurídicas aumentaron un 15,5% hasta alcanzar las 261. El año pasado también crecieron un 13,5% los procedimientos especiales de microempresas de reestructuración o liquidación simplificada, hasta los 81. Sin embargo, las ejecuciones hipotecarias registraron un descenso en Euskadi; en concreto, del 22,8%, al contabilizarse 475. Una evolución que contrasta con la registrada en el conjunto del Estado, donde subieron un 18,3%. Además, se elevaron en todas las comunidades autónomas salvo en Euskadi y Canarias (-0,2%).

Artículo del consejero de Vivienda del Gobierno Vasco. “…No me detendré en el diagnóstico del tensionamiento porque está sobradamente descrito, pero baste decir que el número de hogares crece a mayor velocidad de lo que lo hacen las nuevas viviendas. La construcción de vivienda –protegida y libre–, los alojamientos dotacionales, la movilización de viviendas vacías, la segregación de pisos o la conversión de lonjas comerciales en viviendas no alcanzan el ritmo necesario para nutrir una demanda que no tiene visos de disminuir. Y el desequilibrio del mercado da lugar a un incremento inasumible de los precios para la clase media vasca. Encuentro a diario un amplio consenso sobre este juicio entre todo tipo de agentes implicados en la compleja cadena de valor de la vivienda… La evidencia muestra que determinadas exigencias urbanísticas dificultan demasiados desarrollos urbanísticos en nuestro país. Esta es una verdad incómoda de asumir, pero el Gobierno tiene prohibido ignorarla si quiere poner el problema en vías de solución y ofrecer esperanza a amplios sectores de la sociedad tentados de tirar la toalla… La frustración y resignación que acumulan los demandantes de vivienda, ayuntamientos, arquitectos y promotores merecen nuevas respuestas…”

En 2019, el Gobierno Vasco declaró la situación de emergencia climática, con la que planteó situar esta cuestión como un objetivo central de las políticas vascas por su impacto en la salud humana y porque preocupa al 76% de la población. Entre las afectaciones que generará, el Gobierno destaca un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares e insuficiencia cardíaca, insolaciones o alergias respiratorias o incluso malaria, paludismo, dengue, encefalitis o cólera. Euskadi está mejorando, pero queda mucho por hacer para lograr los avances previstos en la propia normativa medioambiental autonómica, estatal y europea. El viceconsejero de Medio Ambiente, Josu Bilbao, presentó ayer el informe ‘Coyuntura Ambiental Euskadi 2024’, elaborado por la sociedad pública Ihobe, una especie de diagnóstico del estado del medio ambiente con los últimos balances disponibles sobre emisiones o la calidad del agua, aunque sin ofrecer datos pormenorizados acerca de ciertos contaminantes atmosféricos o los niveles de ruido ambiental. Lo que sí recoge el informe son los gases de efecto invernadero lanzados a la atmósfera en 2023. Entonces, Euskadi emitió 17 millones de toneladas de CO2, lo que representa una disminución del 8,4% respecto al año 2022, –cuando se lanzaron 18,5 millones de toneladas–, del 33% respecto a 2005, cuando se superaron las 25,4, y de un 18% respecto a 1990, cuando se emitieron 20,7. El Gobierno Vasco las calculó empleando datos de coyuntura energética y de emisiones de empresas muy contaminantes, entre otros. 

La difícil aritmética parlamentaria y los exigentes compromisos para acceder a los fondos europeos han forzado al Gobierno a solicitar una prórroga a Bruselas en el proceso de evaluación del quinto desembolso del plan, que incluye subvenciones por valor de 9.100 millones de euros y otros 16.000 millones en préstamos, además de los 158 millones pendientes del anterior pago –el cuarto–, cuando no se cumplió con el hito 201, relacionado con la digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Según ha podido confirmar EL CORREO, la Comisión Europea ha accedido a la petición del Ejecutivo. Fuentes de la institución explican que fue el pasado 3 de marzo cuando España realizó esa solicitud de prórroga. «La Comisión ha concedido una prórroga hasta el 11 de abril», indican, recordando que el plazo límite fijado inicialmente para el proceso era este próximo 21 de marzo. Fue el pasado 20 de diciembre cuando el Gobierno remitió a Bruselas su solicitud para este quinto pago, que incluía el compromiso para cumplir 71 hitos y objetivos correspondientes a las subvenciones y otros 13 para los préstamos. «De estos, 55 forman parte de hitos y objetivos de futuros desembolsos, pero que se presentan en la solicitud actual al haber sido ya cumplidos», apuntaba entonces en Moncloa.

España ha sido tradicionalmente un mercado en el que los conductores han apostado por marcas de coches con gran tradición, principalmente europeas. Sin embargo, en los últimos años, las firmas que dominan en ventas ya no son europeas, sino que vienen de Asia, aunque, de momento, las chinas no consiguen situarse en los primeros puestos por matriculaciones. En los años noventa y en la primera década de los 2000, lo habitual era ver en los primeros puestos de ventas en España a enseñas como Renault, Seat, Peugeot o Citroën, aunque la irrupción de nuevas marcas, sobre todo procedentes de Asia, ha cambiado la fotografía en los últimos años. Al igual que sucede en otros sectores, el peso de lo europeo se está diluyendo con la oferta de producto de las marcas asiáticas, que combinan una alta tecnología con una gran fiabilidad y un precio muy competitivo. Sin embargo, no todas las marcas se comportan igual. A cierre del año pasado, las enseñas de coches europeas continuaron siendo las más vendidas en nuestro país, con poco más de un 60% de cuota, mientras que las asiáticas representaron el 34,4% del total y las estadounidenses el 5,1%. Pese a este dominio, las firmas europeas están rebajando su peso en el conjunto de las entregas en España, al igual que las de Estados Unidos. De hecho, las firmas europeas perdieron 1,4 puntos de cuota el año pasado y las de EEUU se dejaron algo más de medio punto, todo ello en favor de las firmas de Asia, que incrementaron en dos puntos porcentuales su representación en el mercado español.

Toyota hace tiempo que juega en otra liga y lo ha demostrado en 2024. El fabricante de coches japonés se ha distanciado, aún más, de sus grandes competidores internacionales y se ha quedado completamente sola liderando el motor tanto en beneficios como en ventas. Según los resultados financieros de los tres primeros trimestres (abril a diciembre) del actual ejercicio fiscal japonés y del último trimestre del anterior ejercicio (enero a marzo), Toyota obtuvo un beneficio neto de 5,1 billones de yenes, unos 32.572 millones de euros, un 13,5% más que en 2023, cuando también fue la automovilística con mayores ganancias. El fabricante nipón, que se vio beneficiado por la debilidad del yen, logró aumentar sus beneficios en un contexto especialmente complicado para el sector, por la competencia con China, el paso al vehículo eléctrico y las tensiones geopolíticas. La compañía siguió centrada en aumentar su oferta de coches híbridos (el tipo de tecnología favorita de los europeos, más reacios a cambiar al eléctrico que los chinos) y vendió 10,8 millones de vehículos en todo el mundo, incluyendo a sus joint ventures en el gigante asiático.

El Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) anticipan dos decisiones discrecionales que complican la Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) de BBVA sobre Sabadell. Esta actitud ha puesto en guardia al presidente de BBVA, Carlos Torres, según evidenció su intervención este viernes en un acto organizado por la Asociación Española de Banca (AEB). El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, mostró en el mismo evento su «preocupación por el impacto en la competencia» de la fusión, aunque sabe que ese no es el criterio de los técnicos. La Comisión Nacional de Mercados y de Competencia (CNMC) ha avanzado a ambos bancos que ve posible autorizar la fusión con unos llamados «remedios» temporales que son asequibles para BBVA. La hostilidad de Cuerpo a estas alturas del expediente anticipa la voluntad del Gobierno de imprimir más dureza que la CNMC, lo que c0mplica la operación. El Ministerio de Economía tiene facultad legal para introducir cambios en la res0lución de la CNMC. Además, hay otro revés adicional para BBVA. El nuevo presidente de la CNMV, Carlos San Basilio, ha anunciado también que es partidario de mantener bloqueada la OPA no sólo hasta que concluya la CNMC su expediente, previsto para las próximas semanas, sino hasta que el Gobierno desvele qué va a hacer con ello. Ese momento puedo llegar cerca del verano.

Cataluña ha aflorado como el punto más crítico del plan de cierre nuclear. Con una dependencia casi total de la energía atómica, será la región que más se resienta con el desmantelamiento. Por eso, Iberdrola y Endesa, dueñas de los reactores catalanes, han redirigido su campaña hacia el Govern de Salvador Illa, de la mano de Foment del Treball. Advierten del riesgo de apagón en el territorio y defienden que extender diez años más la vida de las centrales ahorraría a la región 5.400 millones de euros. Ayer, Foro Nuclear, la patronal sectorial, y PwC pusieron cifras al impacto económico del cierre de centrales a nivel nacional. Lo hicieron desde Barcelona, arropados por Foment y Amac, la asociación que representa a las localidades afectadas por la actividad nuclear, diez de ellas en la órbita de los reactores catalanes. El documento, de casi 100 páginas, incluyó un capítulo exclusivo y exhaustivo sobre Cataluña. ¿La conclusión? «No puede permitirse el cierre de su parque nuclear sin perjudicar la seguridad de su suministro eléctrico». Cataluña concentra tres de los siete reactores nucleares activos en el país, que aportan alrededor del 60% del suministro eléctrico de la región. Se trata de Ascó I (1.032,5 MW), cuyo cese de explotación se fijó para 2030; Ascó II (1.027,2 MW) que se apagará en 2032, y Vandellós II (1.087,1 MW), que lo hará en 2035. Pese a que se enfrenta al cierre de más de la mitad de su parque de generación, Cataluña es uno de los territorios que menos renovables ha instalado en los últimos años, apenas 242 MW desde 2015. Para alcanzar los objetivos verdes fijados en el Plan Nacional de Energía (PNIEC) del Gobierno, Cataluña debería instalar alrededor de 1.500 MW cada año el próximo lustro, esto es, tendría que multiplicar por 65 el ritmo de instalación que ha mantenido en la última década.

Desde hace unos años, la okupación de viviendas en España ha sido retratada como una amenaza creciente, protagonizada por grupos organizados que entran a la fuerza en casas ajenas, dejando a familias en la calle. Algunos programas de televisión, algunos titulares de prensa y anuncios de empresas de seguridad han alimentado la idea de que cualquiera puede perder su hogar de un día para otro, que hay mafias detrás del fenómeno y que los propietarios están desprotegidos. Sin embargo, los datos muestran que no se trata de un fenómeno tan frecuente ni tan descontrolado, y en la mayoría de los casos las personas que recurren a este delito tienen una realidad más compleja de la que se cuenta, según las estadísticas judiciales. España cuenta con 27 millones de viviendas, según las últimas estimaciones del Ministerio de Vivienda. El año pasado se registraron 16.400 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles, según los datos recabados por el Ministerio del Interior. Esto supone un impacto máximo del 0,0006% sobre el parque total asumiendo que todos estos hechos conocidos terminen en sentencia condenatoria. Si se mira con más detalle, y se contrasta con las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se observa que del total de denuncias por intromisión en la vivienda, solo un 7% fueron ocupaciones ilegales de casas habitadas o segundas residencias. Es decir, el año pasado los juzgados recibieron 2.309 denuncias por okupación de vivienda habitual, lo que significa que la mayoría de los casos este fenómeno se da en inmuebles vacíos.

Alemania tiene desde ayer el camino expedito para realizar una histórica inversión multimillonaria en Defensa e infraestructuras. Los conservadores y los socialdemócratas llegaron a un acuerdo con Los Verdes para sumar juntos una mayoría de dos tercios en el Bundestag y aprobar un paquete de medidas y reformas constitucionales que posibilitarán la asunción de nueva deuda por valor de un billón de euros para modernizar el Bundeswehr, el ejército federal, y destinar partidas masivas a carreteras, puentes, ferrocarriles, energía o digitalización. «Hemos llegado a un acuerdo. Ha sido una operación nada fácil», reconoció el líder conservador y próximo canciller federal Friedrich Merz, quien comentó que ahora se podrá acudir con la «conciencia limpia» a la votación en el Parlamento. Los tres partidos suman 31 diputados más de los necesarios para sacar adelante la propuesta. Mientras, Lars Klingbeil, copresidente del socialdemócrata SPD, señaló que «el centro democrático ha sentado las bases para que Alemania vuelva a tenerse de pie y sea capaz de defenderse», Se trata del «mayor programa de infraestructuras hasta la fecha. Tiene el potencial de hacer avanzar a nuestro país durante los próximos años, quizás décadas», agregó.

Canadá está en jaque. Estados Unidos le ha declarado una guerra comercial, y los aranceles que Donald Trump le ha impuesto van a hacer mella en la economía. Por si fuese poco, el líder republicano repite siempre que puede su deseo de anexionar al país vecino. Esta es la tensa coyuntura en la que el exdirector del Banco Central de Canadá, Mark Carney, asumió ayer el cargo de primer ministro. Sus primeras palabras fueron para dejar claro que no tiene ninguna intención de abandonar la hoja de arce de su bandera para convertirse en una estrella más en la de Estados Unidos. «Hablar de que nos podamos convertir en su 51 estado es una locura. En ningún momento, y de ninguna manera, pasaremos a ser parte de Estados Unidos», sentenció Carney, que toma el timón del país en sustitución de Justin Trudeau, cuya dimisión se produjo a principios del pasado mes de enero. «Estamos ante un tiempo de gran importancia para nuestro país», añadió, avanzando que tiene intención de visitar Francia y Reino Unido, con los que está alineado en asuntos clave como la guerra de Ucrania. Diferentes analistas coinciden en señalar que Carney buscará fortalecer sus alianzas en Europa a medida que sus relaciones con Estados Unidos se deterioran a niveles sin precedentes.

Los bancos de inversión tienen clara su apuesta de que 2025 será un buen año para ellos. La esperanza no se ha perdido. Pero la efervescencia de enero se ha convertido en parálisis en febrero y el arranque de marzo. Las grandes fusiones y adquisiciones (M&A) mundiales han desaparecido y el sector ya teme que la ventana de salidas a Bolsa previa a Semana Santa quede desierta en Europa. La española Cirsa ha sido la primera en dar marcha atrás. Su dueño, Blackstone, ha pospuesto unas semanas el estreno bursátil de su participada a la espera de que se calmen las aguas y ya no habrá cotización durante la Cuaresma. Eso deja a la alemana Stada Pharmaceuticals como la única candidata a romper la apatía en abril, según los cálculos de Dealogic. “Sobre el papel, no podría ser un mejor momento para las nuevas salidas a Bolsa en Europa. El Stoxx 600 está superando a los índices de referencia estadounidenses y los volúmenes bursátiles europeos se están disparando, a medida que los inversores asignan más dinero a valores europeos infravalorados”, señala la consultora de banca de inversión. Solo hay un problema. La política arancelaria y geoestratégica del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido los mercados en una montaña rusa. “La creciente volatilidad de la renta variable podría disminuir el apetito por las salidas a Bolsa”, añade Dealogic.