20250320

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo'  las noticias destacadas del día.

Irisbond, la rompedora firma donostiarra de tecnología ‘eye tracking’ que permite a personas con graves problemas motrices (como el ELA) comunicarse a través de los ojos, ha recibido una inyección de capital de 4,5 millones de euros de un fondo inversor del que la propia firma guipuzcoana no ha querido dar detalles. Estos nuevos fondos permitirán a la compañía afianzar la posición de liderazgo en los mercados de habla hispana, continuar ofreciendo la mejor propuesta del mercado para las licitaciones estatales, abordar la expansión internacional en Alemania, Francia y EE UU, y avanzar en el desarrollo tecnológico de los dispositivos de comunicación. A día de hoy más de 5.000 personas en todo el mundo utilizan la tecnología de Irisbond para comunicarse gracias a HIRU, la tercera generación de su sistema de ‘eye-tracking’ y el primer dispositivo a nivel mundial multiplataforma, capaz de funcionar indistintamente en Windows e iOS. Su rápido desarrollo de producto llevó a esta empresa donostiarra a ser merecedores en abril de 2022 de la certificación Mfi de Apple, algo que sólo ostentan tres compañías en todo el mundo. A lo largo de los últimos cuatro años la compañía se encuentra en pleno proceso de expansión, y es uno de los principales actores en el ámbito de la Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA). Irisbond comercializa sus productos y servicios en más de 20 países en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica a través de más de 30 distribuidores, y gozan de una red de socios como Samsung, Microsoft, Apple o el MIT. A nivel estatal, la compañía cofundada por Eduardo Jáuregui junto al Centro Tecnológico Vicomtech, ha gozado de un crecimiento acelerado debido a que su tecnología se ha añadido al catálogo de productos autorizados mediante prescripción por los médicos de la Seguridad Social, y gracias a su propuesta de valor ha sido la compañía adjudicataria de la mayoría de las licitaciones autonómicas. 

En pleno proceso de descarbonización de la industria vasca, el lehendakari elevó ayer el tono contra la saturación de la red eléctrica de Euskadi. El País Vasco tiene problemas a la hora de aumentar la tensión o la potencia cuando lo requieren las empresas. Y en los próximos años será necesario disponer de mucha más electricidad para eliminar los combustibles fósiles de sectores como la siderurgia o la automoción. Las inversiones en este sector están reguladas por ley y se planifican desde el Gobierno central. De ahí que Pradales volviese a reclamar que Madrid «se implique» en mejorar las conexiones eléctricas del País Vasco. «No puede ser que la saturación de la red eléctrica en Euskadi cortocircuite proyectos de inversión, crecimiento del empleo industrial y proyectos de descarbonización industrial en nuestro país», indicó. El lehendakari formuló esta reclamación en Ayala, un valle atravesado por el cierre de Guardian en Llodio desde enero. La apertura de la factoría de la multinacional SteelPhalt, con una inversión de 13 millones, supone, en su opinión, «un ejemplo del potencial de las tecnologías limpias para transformar nuestra industria». Las palabras del lehendakari, pronunciadas durante la inauguración de una planta para producir asfalto sostenible a través de residuos de la siderurgia, no fueron improvisadas.

Un reciente estudio publicado por BBVA Research confirma que el crecimiento de las energías renovables en el Estado no ha ido acompañado de una modernización suficiente de la infraestructura de distribución y almacenamiento. Esta problemática genera barreras estructurales en regiones con alta demanda, como Euskadi, «dificultando el acceso a una energía estable y asequible para la industria y el desarrollo tecnológico», subraya el estudio. Uno de los principales problemas identificados es la brecha entre producción y consumo eléctrico. Mientras que regiones como Castilla y León, Aragón y Extremadura producen un excedente gracias a la energía solar y eólica, Euskadi sigue dependiendo de la importación de electricidad, al igual que Cataluña y Madrid. La saturación de la red impide la integración eficiente de renovables y retrasa proyectos clave para la descarbonización industrial, agrega el documento. Además, el informe señala que la falta de inversión en la red de transporte y distribución ha creado «cuellos de botella», afectando la competitividad de sectores estratégicos y el despliegue de infraestructuras como los puntos de recarga de vehículos eléctricos. 

"...España y Euskadi están llenas de pequeños y medianos empresarios que trabajan de sol a sol, para poner en marcha y sacar adelante sus negocios. Empresas que generan empleo remunerado para el trabajador y –con algo de suerte– un margen de rentabilidad para quien soporta el riesgo. En ambos casos se trata de recursos que contribuyen a financiar la ingente estructura salarial del sector público, además de los servicios y las ayudas sociales que solidariamente pagamos todos (también las empresas) vía impuestos, fijados ya de forma progresiva por el legislador, por un principio de equidad en el reparto de la riqueza, de manera que el que más ingresa, más tributa. Aunque a medida que se disparan el gasto público y el gasto social ese «más» nunca parece ser bastante. De ahí el enfado que ha generado en la patronal vasca el acuerdo para la aprobación de una reforma fiscal que, en su afán recaudatorio, eleva el Impuesto de Sociedades y grava al alza los beneficios extraordinarios de las empresas y las rentas del capital. Una medida que no parece destinada a incentivar la inversión, ni a atraer y retener el talento altamente cualificado y bien remunerado que nuestro sector industrial y productivo precisan, por más que desde los partidos que la respaldan se diga que la patronal sobreactúa y desde EH Bildu se la acuse de negarse por puro egoísmo a negociar el SMI vasco con los mismos sindicatos que evitan sentarse a hablar de los problemas que lastran la productividad de nuestro tejido empresarial (absentismo, bajo rendimiento y mano de obra de escaso valor añadido) en la mesa de diálogo social. Como decía Winston Churchill: «Muchos miran al empresario como el lobo al que hay que abatir, otros como la vaca a la que hay que ordeñar, pero muy pocos lo ven como el caballo que tira del carro». Quizá por eso más de la mitad de nuestros jóvenes preferirían ser funcionarios". 

Un año después de empezar las obras, la empresa SteelPhalt inauguró ayer su planta alavesa de Murga, en la comarca de Aiaraldea. La compañía, filial del grupo americano Harsco, sitúa en el territorio alavés su primera fábrica para producir asfalto sostenible fuera del Reino Unido. El producto, a diferencia de los firmes que se componen con áridos naturales, se obtiene aquí de los residuos de las acerías, conocidos en el argot del sector como la escoria. La factoría alavesa cuenta con capacidad para producir al año hasta 200.000 toneladas de asfalto mediante este proceso de economía circular. Para ello, cuenta desde hoy con una nave de 15.000 metros cuadrados que será punta de lanza de una futura expansión de la firma por otros países como Estados Unidos, Brasil, Portugal o Turquía. En Reino Unido ya hay dos fábricas que producen este tipo de pavimento asfáltico. «En 2019, se decide internacionalizar este modelo de negocio y se apuesta por Euskadi», explicó ayer Mikel Barandalla, director de Operaciones de SteelPhalt, durante la inauguración de la planta. La forma de elaborar este producto, a partir de la escoria, permite reducir en un 50% las emisiones de dióxido de carbono. De entrada, la firma dará trabajo a 15 personas tras una inversión de 13 millones de euros que, más allá de la fábrica, permite a la compañía contar con un laboratorio de I+D de 100 metros cuadrados.

Los sindicatos ELA, LAB y CCOO convocaron ayer por la tarde una huelga indefinida a partir de hoy jueves, 20 de marzo, en la empresa Aiala Vidrio, del grupo Vidrala, ante la decisión de la empresa de externalizar y subcontratar el servicio de expediciones y transporte interno en la fábrica. Estos sindicatos informaron a través de un comunicado de que la dirección de la empresa de Llodio ha comunicado al Comité la subcontratación de los servicios de transporte interno con Adecco Oursourcing. ELA, LAB y CCOO aseguran que en este proceso Aiala Vidrio ha cedido a la empresa subcontratada trece trabajadores de manera ilegal. Las centrales sindicales opinan que esta decisión de la compañía es un «atropello y un ataque a la plantilla», y que se ha informado sobre la decisión de forma «sorpresiva y sin posibilidad de negociar o buscar soluciones». La convocatoria de huelga surge apenas tres semanas después de que la cúpula directiva de Vidrala informase de que tiene en estudio una inversión de 70 millones de euros para estas instalaciones en Llodio, que permitiría mejorar de forma sustancial la competitividad de la planta por un largo periodo. El comunicado se hizo a primeros de este mes y entonces el primer ejecutivo de la compañía, Raúl Gómez, señaló que la decisión de invertir o no se adoptaría previsiblemente después del verano. Advirtió también de que está condicionada a un «conjunto de circunstancias que nos permitan estar seguros de que merece la pena hacerlo. Hay una oportunidad y vamos a ver si lo materializamos». La inversión se realizaría entre los años 2025 y 2026 y comprende un conjunto de instalaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de la planta, que justo en estos momentos, se encuentra en pleno proceso de renovación de uno de los dos hornos de producción de vidrio. Gómez, sin embargo, matizó que la decisión está supeditada a un conjunto de factores entre los que destacó «la moderación en los incrementos salariales y un respaldo claro de la Administración pública» mediante ayudas, incentivos fiscales y compromisos de futuro sobre infraestructuras energéticas.

La cúpula de UGT en Madrid, encabezada por Pepe Álvarez, ha decido tomar las riendas del sindicato en Euskadi ante la crisis desatada en la central tras la suspensión sorpresiva del congreso que debía elegir al relevo del actual secretario general, Raúl Arza, en medio de una pugna por la falta de consenso en torno a los posibles candidatos. La Comisión Ejecutiva Confederal (CEC) acordó ayer, en una reunión extraordinaria, nombrar una gestora que estará liderada por el secretario de Organización, Andrés Orta. «Esta comisión dirigirá los asuntos ordinarios de UGT en Euskadi hasta la celebración de un nuevo congreso», señala la resolución. La decisión es un golpe para Arza, que ya había anunciado su pretensión de mantenerse al frente del sindicato con total «normalidad» hasta que se fijase fecha para un nuevo congreso. El actual secretario general anunció a principios de mes que no optaba a la reelección tras doce años de mandato. Arza trató de impulsar una transición ordenada con una candidatura única –a ser posible una mujer, según dijo–, pero tras un enorme caos en el que se barajaron varios nombres para sucederle, se llegó al congreso del 13 de marzo que debía elegir a su sustituto con tres candidaturas y gran tensión, sin que ningún aspirante suscitase el suficiente consenso. En medio de esa pugna, la Comisión Ejecutiva Confederal decidió aplazar el congreso, apenas unas horas antes de su celebración, alegando la impugnación del procedimiento para elegir a los delegados de una federación (FICA). Según pudo saber este periódico, las tres candidaturas que llegaron al congreso correspondían a las tres federaciones más representativas del sindicato. 

Usue Gonzalezek ibilbide profesional luzea egin du prozesu industrialen garapen fase askotarikoetan lanean, eta gaur egun mota guztietako ingeniaritza proiektuak egiten ditu Euskal Herriko nahiz nazioarteko industria lantegietan. EnpresaBIDEArekin hitz egin du industria sektoreaz eta Kreanek orain bizi duen uneaz. Gehiago irakurri hemen. 

Tras 10 meses de infructuosas negociaciones, tras el preacuerdo alcanzado en mayo del año pasado, que finalmente no llegó a fructificar por fuertes desavenencias internas y con la patronal, CC OO, ELA y UGT alcanzaron ayer un acuerdo para renovar el convenio de hostelería, que llevaba sin actualizarse desde 2020. Afectará a cerca de 26.000 trabajadores, prevé una subida salarial «histórica» del 15,5% desde el 1 de marzo y contempla una jornada laboral máxima de 1.746 horas anuales –7 horas y 45 minutos al día–. Este convenio permanecerá vigente hasta 2027, lo que garantizará, según las centrales, el «poder adquisitivo» en el sector. Ha sido rubricado por todas las centrales, salvo LAB, que ha vuelto a desmarcarse. El acuerdo recoge la reducción de la jornada anual en 4 horas, el registro telemático en todas las empresas y la inclusión en el convenio de los ‘riders’, colectivo dedicado a las labores de reparto que siempre ha trabajado de una manera «muy precarizada». La Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB) ha apoyado la paz alcanzada en un gremio marcado por la inestabilidad y las constinuas disensiones, pese a reconocer que «no es oro todo lo que reluce». Héctor Sánchez, gerente de AHB, aseguró ayer que todas las partes han tenido que «ceder para llegar a un punto de encuentro». Explicó que algunas empresas «sí» han aplicado a sus trabajadores subidas en los últimos años y adelantó que aquellas que no actualizaron los salarios tendrán que «adaptar ahora los precios de venta», lo que augura «un fuerte encarecimiento de las consumiciones». «Será más pronto que tarde», esgrimen algunos hosteleros.

Hasta 415 beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) rechazaron un trabajo sin justificación el último año, lo que les supuso la extinción de esta prestación y la imposibilidad de pedirla durante un año. Es una cifra un 59% superior a la de 2023 (261) y un 163% mayor que en 2021, cuando fueron 158. Son datos aportados por el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, en una respuesta parlamentaria al representante del PP Álvaro Gotxi García. De acuerdo a la normativa, «una persona perceptora de la RGI no puede rechazar una oferta de empleo adecuada, dado que tiene la obligación de estar disponible para el empleo y participar en las estrategias de mejora de la empleabilidad que el servicio público vasco de empleo Lanbide ponga en marcha», explica Torres. Así, «el rechazo a una oferta adecuada, sin causa justificada, conlleva la extinción de la prestación y la imposibilidad de poder solicitar la RGI durante el periodo de un año, a contar desde la fecha en que sea firme la resolución de extinción». No obstante, «existen excepciones justificadas para proteger a las personas beneficiarias de condiciones laborales desfavorables». De hecho, más de 800 vascos siguen cobrando la RGI tras haber rechazado, al menos, una oferta laboral. A la mayoría, 772, Lanbide les ha mantenido el pago de esta prestación después de haber dicho que no a una sola oportunidad de trabajo, mientras que 49 han rehusado dos ofertas, y una, hasta cinco.

El 13,1% de los empleados del País Vasco ya utiliza el teletrabajo de manera habitual. Así lo reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que constatan que el número de vascos que trabajan desde casa de forma regular asciende hasta los 134.211. De ese 13,1%, el 5% invierte más de la mitad de su tiempo laboral de manera telemática, es decir, de forma regular, mientras que otro 8,1% lo hace de manera ocasional –menos de la mitad–. La pandemia fue un punto de inflexión para esta fórmula de trabajo. Desde entonces, este modelo ha crecido de manera muy notable ya que, anteriormente, el porcentaje de españoles que trabajaban desde casa no llegaba al 5%. Ahora, sin embargo, la tesitura es diferente, tal y como señala Randstad en su último Informe Workmonitor, que prevé que esta modalidad «irá avanzando año tras año». En 2024, Euskadi se sitúa como la cuarta comunidad donde el teletrabajo tiene una presencia mayor. Las tres autonomías que la superan son Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana. La capital del país es, con diferencia, la que reina en la lista, con el 25,9% de los afiliados. En Cataluña el porcentaje es del 16,2% y en la Comunidad Valenciana del 14,4%. En la otra cara de la moneda están La Rioja –6,3%–, Canarias –8,2%– y Navarra, donde el 9% de los empleados trabajan desde casa. Según Oriol Mas, director general de Randstad Enterprise, «los nuevos modelos de trabajo híbrido están consolidándose en España y en el resto de los países desarrollados como consecuencia de la demanda por parte de los empleados de implementar medidas que faciliten la conciliación entre la vida laboral y personal».

Imanol Rego Iturralde ha sido nombrado quinto presidente de la Agencia Vasca de Innovación, Innobasque. La junta se reunión ayer de forma extraordinaria para abordar el relevo de Manuel Salaverria, que ha representado a la entidad durante siete años, Rego, nacido en San Sebastián en 1972, ha formado parte de la junta directiva de Innobasque desde 2022, cuando fue nombrado director general del Grupo Irizar. Ingeniero con formación internacional en Administración de Empresas, cuenta con una amplia trayectoria vinculada a la industria, la movilidad y el mercado exterior. En su primer discurso como presidente, alertó de «los factores que requieren una atención especial, desde la reconfiguración geopolítica hasta la transición energética».

Al Kursaal le han sentado de maravilla los 25 años. La sociedad que gestiona el centro de congresos y el Palacio Miramar cerró 2024, sus bodas de plata, con récord de facturación e impacto económico. Los ingresos en ventas se elevaron hasta los 5,7 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 14,2% respecto al año anterior, mientras que todas las actividades generaron en su conjunto 61,9 millones en la ciudad –6,5 más que en 2023–. Estas y otras cifras fueron anunciadas ayer en la rueda de prensa que ofreció el director gerente del Kursaal, Iker Goikoetxea; junto a la diputada general, Eider Mendoza, y el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia. Una comparecencia que sirvió para hacer el balance económico y de actividad. Un ejercicio extraordinario como atestiguan los 364.000 euros de «beneficio contable» que obtuvo la sociedad, según desveló Goikoetxea. Así, el crecimiento sostenido se refleja en el resultado que, en términos de Ebitda –el indicador financiero del beneficio bruto de explotación antes de deducir los gastos financieros–, ascendió a 1,1 millones, un 39,6% más que en 2023, impulsado por el «excelente nivel de actividad», el aumento de ingresos y la gestión del gasto.

El Gobierno vasco propondrá al actual director de la agencia foral Bizkaia Talent, Iván Jiménez, como nuevo presidente del Puerto en un trámite reglado que sancionará el Ejecutivo central confirmando así el relevo tras el mandato de siete años de Ricardo Barkala. Jiménez, de 50 años y licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, lleva desde 2011 al frente de Bizkaia Talent, en la que participan empresas y universidades con el objetivo de atraer al territorio a profesionales altamente cualificados. Un puesto en el que sustituyó al actual lehendakari, Imanol Pradales, con quien mantiene una estrecha relación desde la ikastola, en la que ambos fueron alumnos de Iñigo Urkullu. Iván Jiménez, de hecho, ya salió en las quinielas para participar en el equipo de Pradales en el Gobierno vasco al inicio de la legislatura. El que será nuevo presidente del Puerto de Bilbao trabajó diez años como abogado en Mapfre, donde fue responsable de grandes y medianas empresas del área norte de la compañía. Además ha completado su formación con diversos másteres MBA y un programa de Transformación Digital del Massachusetts Institute of Technology (MIT). Precisamente el perfil en el desarrollo de estrategias basadas en datos, la innovación y el conocimiento del ámbito internacional son elementos que requerirán los retos del Puerto de Bilbao. La infraestructura marítima afronta un ambicioso plan de inversiones que contempla 76,7 millones para este ejercicio con el cometido de digitalizar el Puerto, avanzar en la electrificación de los muelles y el refuerzo de las energías renovables repotenciando el parque eólico de Punta Lucero e instalando placas fotovoltaicas.

Primero fue en Oion y ahora el problema para Bildu se ha trasladado a otro municipio alavés: Arratzua-Ubarrundia, con poco más de 1.000 vecinos y emplazado junto al embalse de Ullíbarri-Gamboa. La instalación de una planta solar, impulsada por el Gobierno vasco y Solaria, ha provocado un importante rechazo de los vecinos, que han cargado contra los tres concejales de Bildu aunque la alcaldesa sea del PNV. La plataforma contra el proyecto acusa a la coalición abertzale de «perder el norte» con su «política de moqueta» y sus tres concejales han dimitido «frustrados» por no poder parar el parque solar. EH Bildu está viviendo en los últimos meses una tormenta interna que de forma esporádica sale a luz y evidencia las dificultades que tiene la coalición soberanista para compaginar su actual apuesta institucional con su discurso histórico. El debate gira sobre el modelo energético y la implantación de renovables. La dirección capitaneada por Arnaldo Otegi ha asumido la necesidad de avanzar en su desarrollo, de forma ordenada y contando con los municipios. Pero, aun así, ese giro estratégico está chocando con el malestar de parte de sus bases. El último ejemplo se ha vivido en Arratzua-Ubarrundia, donde tres de sus concejales han dimitido por la «frustración» de no poder parar un macroproyecto solar. Lo sucedido en este municipio colindante con Vitoria de poco más de 1.000 habitantes y con alcaldesa del PNV demuestra la tensión existente. El Gobierno vasco y la empresa Solaria tienen pensado impulsar un parque con 90.000 paneles, una propuesta que cuenta ya con el visto bueno de Lakua, pero que también se enfrenta a un importante rechazo vecinal que canaliza, en gran medida, la plataforma ‘Proiektu Honi Ez’.

La patronal de la construcción quiere poner freno al déficit de mano de obra con un plan de choque que pasa por la regularización de inmigrantes en situación irregular y por atraer trabajadores formados en el extranjero. La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) propondrá hoy al Gobierno dos vías claras: impulsar itinerarios formativos cortos y reglados, de entre 60 y 100 horas, para extranjeros que ya residen en España, pero que se encuentran en la economía sumergida, y facilitar la contratación de profesionales cualificados desde sus países de origen, lo que de facto pasa por ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura. Ambas medidas, sostiene la organización, son “imprescindibles” para cubrir la falta de trabajadores en un sector que representa en torno al 5% del PIB. En su asamblea general, que se celebrará en la sede de la patronal en Madrid, la CNC trasladará al Ministerio de Vivienda y al de Seguridad Social estas propuestas para combatir la escasez de mano de obra en la construcción. La patronal quiere aprovechar la capacidad de los más de 60 centros de la Fundación Laboral de la Construcción para formar a migrantes en situación administrativa irregular mediante programas específicos enmarcados en el arraigo por formación, regulado por el Real Decreto 629/2022. Aunque estos cursos ya se imparten desde la aprobación de dicha norma, tradicionalmente tienen una duración mucho más larga –de unas 200 horas–. Sin embargo, la nueva propuesta plantea adaptar la formación a itinerarios más breves, de entre 60 y 100 horas, acelerando así su inserción laboral. Además, la CNC reclamará al Ministerio de Seguridad Social que se agilice la incorporación de profesionales formados en la construcción desde sus países de origen. Se interpela de forma directa al departamento de Elma Saiz y no a Trabajo porque la patronal considera que, tras la entrada en vigor, el próximo 20 de mayo, del nuevo reglamento de extranjería, son ellos los que tendrán más capacidad para intervenir en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura.

El emirato árabe de Abu Dabi sigue hambriento de crecer en renovables y de hacerlo a través de grupos españoles. Masdar, su compañía estrella en energías limpias, negocia una alianza con Iberdrola para comprar activos en Reino Unido, indican diversas fuentes del sector. En Iberdrola no hacen comentarios, pero la negociación que mantienen abierta ambos grupos se centra en estos momentos en la entrada como socio de Masdar en East Anglia. Conocido internamente en Iberdrola como East Anglia Hub, se trata del mayor proyecto de eólica marina (eólica offshore) de Iberdrola en todo el mundo. Sumará una capacidad instalada de 2.900 megavatios e implica una inversión aproximada de 10.000 millones de libras (casi 12.000 millones de euros). Además, Iberdrola ha añadido un nuevo paquete inversor de 6.000 millones de euros más que permitirá duplicar la capacidad. Iberdrola ha dividido East Anglia, en la zona sur del Mar del Norte, en tres fases o tres paquetes: East Anglia I, East Anglia II e East Anglia III. Los parques eólicos marinos se están desarrollando simultáneamente, pero trocear el activo está facilitando la búsqueda de socios dentro del modelo de partnership, que Iberdrola lleva ya dos años impulsando. Bajo esta modalidad, Iberdrola incorpora, a cambio de una rentabilidad garantizada, socios a sus proyectos estrella, mientras el grupo español conserva la mayoría y la gestión del activo. 

Banco Santander da un giro en Reino Unido, en medio de numerosos rumores de venta de su negocio en el país. De momento, la entidad que preside Ana Botín anunció ayer el cierre de 95 sucursales, con lo que unos 750 empleados estarán en riesgo de despido, según informó en un comunicado. En la actualidad, cuenta con 444 sucursales en Reino Unido, con lo que una de cada cinco oficinas desaparecerán y se reforzará la banca digital y otras opciones complementarias. El número final de trabajadores afectados dependerá de las negociaciones con los sindicatos, aclaró la entidad. Santander UK operará a partir de ahora 349 oficinas, de ellas 290 de servicio completo y 36 en horario reducido, especifica en el comunicado. “El banco ha observado un rápido movimiento de clientes que optan por realizar sus operaciones bancarias digitalmente, con un aumento del 63% en las transacciones digitales desde 2019, mientras que las transacciones financieras realizadas en sucursales se redujeron un 61% en el mismo periodo”, señaló la entidad como explicación a la decisión. Según detalló un portavoz de Santander en la misma nota de prensa publicada ayer: “A medida que cambia el comportamiento de los clientes, nos aseguramos de que nuestras sucursales se mantengan preparadas para el futuro. Nuestra nueva combinación de sucursales con servicio completo, junto con work cafés, sucursales sin mostrador y sucursales con horario reducido, busca lograr el equilibrio perfecto entre la banca digital y la gestión y el asesoramiento presencial del dinero. Como empresa, debemos adaptarnos a los clientes y equilibrar nuestra inversión en todos los espacios donde interactuamos con ellos, para ofrecerles lo mejor ahora y en el futuro”.

Tesla está contra las cuerdas. El fabricante de coches eléctricos del magnate Elon Musk, que el año pasado redujo sus beneficios un 53% y paró en seco el crecimiento mundial de sus ventas (bajaron un 1%), vio esta semana cómo su mayor competidor mundial, la china BYD, presentaba una nueva plataforma de vehículos eléctricos, la Super e-Platform, capaz de ofrecer 400 kilómetros de autonomía tras un tiempo de carga de apenas cinco minutos. La prueba de BYD se ha hecho en el nuevo modelo Han L, según explicó el presidente y director general de BYD, Wang Chuanfu. BYD, que hace una demostración de músculo brutal con esta tecnología, señaló que comenzará a comercializarla el mes que viene en China (no hay confirmación sobre si llegará a Europa, ni mucho menos cuándo). Los primeros vehículos que ofrecerán este sistema de carga ultrarrápida serán el ya mencionado BYD Han L y el Tang L, que costarán 270.000 yuanes (34.320 euros al cambio actual) y 280.000 yuanes (35.590 euros), respectivamente. Para hacerse una idea, estos modelos son vehículos de mayor tamaño, con más distancia entre ejes, que los Han y Tang que se venden en Europa, los cuales se comercializan en la web del fabricante en España desde 69.990 y 73.200 euros, respectivamente. La nueva plataforma ofrece una potencia de carga máxima de 1.000 kW, la más alta hasta la fecha para los vehículos de producción en serie (hasta ahora, el máximo eran unos 800 voltios). Esto se traduce en unos dos kilómetros de autonomía por segundo de carga. Gracias a esta nueva plataforma, los nuevos Han L y Tang L podrían alcanzar velocidades superiores a los 300 kilómetros por hora.

El contexto internacional ha cambiado, y la Unión Europea está tratando de adaptarse a las sacudidas de Donald Trump y de China. «Debemos proteger a nuestras acerías frente a la competencia desleal extranjera, venga de donde venga», apuntaba ayer el vicepresidente para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, en la rueda de prensa en la que anunció el nuevo Plan de Acción para el Acero y los Metales. Por una parte, los aranceles del 25% introducidos por el nuevo presidente de Estados Unidos tanto al acero como al aluminio de Europa limitan sobremanera la salida de producción hacia EEUU. Y, al mismo tiempo, China, en gran medida gracias a subsidios estatales, está sobreproduciendo este mismo material que reconduce hacia Europa y que provoca una caída en los precios. Una situación endiablada y ante la que la Comisión reforzará a partir del próximo 1 de abril, esto es, de manera «inmediata», la llamada cláusula de salvaguarda que ya prevé aranceles del 25% para el acero que, a partir de unas cuotas, entra en la UE. Este ajuste, según ha señalado Séjourné, tendrá en cuenta las categorías en las que la «presión es más aguda». En otras palabras: en donde hay una mayor importación combinada con una caída de la demanda. «La medida será más efectiva que la actual», subrayó el vicepresidente francés, que además adelantó que la situación no es menos desalentadora para el aluminio. En este caso, la Comisión va a estudiar cómo puede evitar lo que se denomina como fundido y vertido.

Bruselas ha dado un paso inédito en la regulación de mercados y competencia. Fuerza a Apple a abrir su ecosistema digital para que los fabricantes de otros dispositivos, como televisiones, auriculares o relojes, puedan conectarse a sus iOS. Es la primera vez que se toma una decisión de este calado, por parte de la Comisión Europea e, incluso, de otras autoridades de competencia. Y supone, en cierto modo, un golpe incluso mayor que una multa para la gran empresa tecnológica estadounidense, ya que aunque no se enfrente a una sanción monetaria, ve cómo prácticamente se cuestiona su modelo de negocio. Ayer el Ejecutivo de la UE acusó a Alphabet de incumplir el reglamento de los mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés) al privilegiar sus propios servicios de búsqueda de venta de reservas hoteleras, compras o billetes de avión en el buscador Google. El movimiento llega pese a la cercanía que las grandes tecnológicas han mostrado con el nuevo inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y un mes después de que el vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, lanzara una advertencia en París que sonó a amenaza: “Estamos preocupados por los informes de algunos Gobiernos extranjeros que están considerando apretar las tuercas a las empresas tecnológicas estadounidenses”.

La Reserva Federal prefiere no moverse. Tal y como se esperaba, el banco central de Estados Unidos decidió ayer mantener los tipos de interés en el rango del 4,25%-4,50%, en medio de la neblina que cubre la dirección de la primera economía del mundo desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. “La incertidumbre en torno a las perspectivas económicas ha aumentado”, reconoció en su comunicado el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC). Los miembros de la Fed rebajaron sus previsiones de crecimiento económico y elevaron las de inflación para este año, en parte por los aranceles, lo que llevó al presidente del banco central, Jerome Powell, a pronunciar una palabra maldita: “transitoria”. Interpretar la inflación como transitoria en la recuperación de la pandemia fue el gran error del banco central, así que su sonido despierta a los fantasmas. La Reserva Federal aún proyecta dos recortes de 0,25 puntos en los tipos de interés oficiales, hasta dejarlos en el 3,75%-4,00% a final de 2025, pero Powell reiteró en su rueda de prensa que “no hay prisa” por acometer los recortes. Que nadie los espere para la reunión de política monetaria de mayo. En diciembre, los miembros de la Fed también esperaban que hubiera dos recortes de 0,25 puntos en los tipos de interés durante este año, aunque en el arranque de 2025 muchos inversores empezaron a pensar que solo habría uno, dada la fortaleza de la economía. Ahora, con el debilitamiento provocado por Trump, se mantiene la senda de dos bajadas de 25 puntos básicos este año y otras dos para el próximo, hasta el 3,25%-3,50%. Aun así, de los 19 miembros de la Fed que formularon sus previsiones, hay cuatro que no prevén ninguna rebaja de tipos este año y otros cuatro que solo esperan una.

Empresas chinas limitan el trabajo extra y Pekín pide corregir “prácticas que fomentan la competencia extrema”. Apenas se permiten excepciones y a los rezagados se les apremia: la regla es clara, hay que fichar la salida para esa hora. La prensa local resalta estos días que algunas firmas chinas están poniendo coto a las horas extra, y destacan también a los gigantes de los electrodomésticos Midea y Haier por incentivar “jornadas más cortas” y “el descanso obligatorio en fines de semana”. Que apagar el ordenador a las nueve de la noche se celebre ilustra hasta qué punto se ha normalizado una dinámica de trabajo extenuante en el gigante asiático. Estar más de 12 horas en la oficina es una práctica común, que incluso se considera un sello de identidad de las empresas de innovación: es una demostración de compromiso. Por eso, que algunas hayan dado el paso de restringir las horas extra ha desatado un aluvión de reacciones en las redes sociales del país, con muchos preguntándose: “¿Estamos ante el principio del fin de las jornadas maratonianas en China?” Oficialmente, el Consejo de Estado (el Ejecutivo) establece la jornada laboral en ocho horas diarias y 40 horas semanales, pero deja espacio para la ambigüedad.